LA REDACCIóN
MEXICO, D.F., 9 de septiembre (apro).- El secuestro de la aeronave de Aeroméxico concluyó a las 15 horas, luego de que ocho presuntos plagiarios se entregaran sin oponer la mínima resistencia.
Se trata de un extraño plagio que duró una hora con veinte minutos, entre el tiempo en que aterrizó en la terminal 2 del aeropuerto de la ciudad de México y el momento en que fueron detenidos los secuestradores.
El avión venía de Cancún con 104 pasajeros. Los supuestos plagiarios dijeron que si no hacían contacto directo con el presidente Felipe Calderón harían estallar la aeronave.
Sin embargo, una hora después de permanecer en tierra liberaron al centenar de pasajeros y, posteriormente, sin oponer resistencia, los ocho plagiarios fueron detenidos por elementos de la Policía Federal.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Los políticos karaoke
JENARO VILLAMIL
MÉXICO, DF, 8 de septiembre (apro).- Hay una nueva generación de políticos que confunden los asuntos públicos con negocios para la farándula. Piensan que gobernar es sinónimo de entretener o evadir las responsabilidades frente a los compromisos no cumplidos, les gusta la pantalla televisiva como un reflejo narcisista de su ego, pero también como una extensión de la opacidad en los gastos del erario.
No les importa pagar, con dinero público, para mentir o para maquillar ya no sólo su apariencia con fotoshop,sino su actividad política con 'infomerciales'.
El discurso para esta nueva generación de políticos es sustituido por el teleprompter, las entrevistas que conceden son tan cómodas que no dan paso a la crítica o al debate. Más que electores, quieren fans y confunden a los ciudadanos con índices de rating.
Ellos representan a la generación de los políticos karaoke. Como en el mecanismo de los canta-bares, prometen o afirman lo que quieren según la tonada que les pongan sus asesores, mercadólogos, encuestólogos y hasta cosmetólogos.
Se sienten la versión original, pero son un juego de apariencias y de espejos. Confunden la juventud con la frivolidad y se sienten modernos por su apariencia, no por su congruencia.
A los políticos karaoke les preocupa que la crítica desafine sus aspiraciones y ambiciones; sin embargo, su actitud no es tan inofensiva como el juego de los canta-bares.
Su ineficiencia cuesta mucho. Su egocentrismo ocupa una parte sustancial de los presupuestos y sus equipos no están formados para servir o comprometerse con el bien público, sino para negociar jugosos negocios privados que derivan del "canto" del jefe.
Los políticos karaoke creen que un discurso es una sucesión de lugares comunes y que los informes de gobierno son meros pretextos para un espectáculo de culto a la personalidad.
Pronuncian frases tronantes como que México debe convertirse en una potencia económica mundial (al estilo de Enrique Peña Nieto) o que ya es hora de un cambio drástico (al estilo Felipe Calderón Hinojosa) o que respetarán a las mujeres porque son "entes pensantes" (al estilo del nuevo coordinador legislativo del Partido Verde Ecologista de México) o que en nuestro país "no están dadas las condiciones para un estallido social" (como afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont).
Algunos hasta reclaman que ellos son propietarios de las estructuras gubernamentales (al estilo de Rafael Acosta o Juanito).
Sin embargo, ninguno de estos políticos 'problematiza' o ejercita la mínima autocrítica. Los problemas siempre vienen de fuera y el debate con los ciudadanos se acaba en las encuestas. La congruencia no es su fuerte y siempre tendrán una nueva tonada para distraer al respetable.
¿Qué sucederá con los políticos karaoke? Por ahora, han convertido a la política en un mal reality show y amenazan con transformar las contiendas electorales en un performance mal producido por los asesores telegénicos.
Durante los próximos tres años de gobierno, en los cuales se agudizarán las ambiciones sucesorias, veremos nuevos políticos karaoke.
Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx
¿Libertad de prensa o libertad de empresa?
Lucas Filip
Rebelión
Es una pregunta inevitable de hacer cuando se repite hasta el cansancio una expresión como “libertad de prensa”.
“Libertad de prensa”, dicen los grandes medios de información (o de desinformación, para ser más exactos), que también suelen ser los más grandes grupos económicos y de mayor influencia de nuestras sociedades latinoamericanas.
En estos días se habla mucho de “libertad de prensa” en Argentina, en relación la proyecto de ley de medios presentado por el gobierno nacional, y ante esto la Sociedad Interamericana de Presa (SIP) brama: “libertad de prensa”, al unísono del grupo Clarín, el gran monopolio multimediático argentino. Hasta se escuchan gritos desde España pidiendo que se respete la “libertad de prensa” en Argentina, gritos proferidos por otro gran concentrador multimediático conocido como el Grupo Prisa, con intereses en 22 países, muchos de ellos latinoamericanos y entre ellos la Argentina.
“Libertad de prensa” vociferan. Al igual que lo hicieron cuando el gobierno venezolano decidió no renovar la licencia de Radio Caracas, o cuando el gobierno ecuatoriano está analizando la cancelación de licencias a diferentes medios. Lo mismo hacen en Bolivia y Nicaragua. Está demás mencionar a Cuba.
Parece ser que en los únicos países del continente americano donde no se respeta la “libertad de prensa” es justamente en los países donde los gobiernos buscan el bienestar de la sociedad y no de los grandes poderes económicos. (Exceptuando en este caso a Argentina, por supuesto.)
La SIP, Reporteros Sin Fronteras y los grandes grupos económicos claman “libertad de prensa” en Venezuela, donde el 90% de los medios son opositores al gobierno socialista y hasta han llamado al magnicidio a través de la TV. Claman “libertad de prensa” los grupos separatistas oligarcas financiados por los EE.UU. que buscan derrocar al gobierno boliviano. Gritan “libertad de prensa” en Ecuador las elites que manejan los medios de información que pretenden someter a la población de mayoría indígena.
Lo curioso es que ni la SIP, ni Reporteros Sin Fronteras ni los grupos económicos que monopolizan los medios de comunicación pidan “libertad de prensa” en México, donde Calderón se consagró presidente en elecciones fraudulentas de las que fueron cómplices esos mismos grupos, o en Colombia, donde Álvaro Uribe ejerce un gobierno del terror apoyado por esos grandes grupos económicos.
¿Y qué pasa en Honduras? Sólo para seguir ejemplificando.
Donde un gobierno de facto hizo callar todos los medios que alzaron sus voces contra el golpe de estado. ¿Es que allí se respeta la “libertad de prensa”? ¿O será que en realidad no estamos hablando de “libertad de prensa” sino en realidad de “libertad de empresa”?
Se puede ver perfectamente en la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa (http://www.sipiapa.org), diferentes críticas al gobierno ecuatoriano, boliviano, argentino, etc. Hasta tienen espacios dedicados exclusivamente a Venezuela y Cuba.
Claman por “libertad de prensa” en los países que justamente están buscando eso, libertad de prensa, socialización de la información. Por supuesto que esto es en detrimento del negocio de la información. ¿Será esto lo que le molesta a la SIP?
Analicemos el caso argentino, que es el que en este momento está en la tapa de todos los grandes medios.
El proyecto de ley presentado por el gobierno para los Servicios de Comunicación Audiovisual propone una serie de modificaciones a la ley vigente (Ley Nº 22.285) promulgada por la última dictadura militar, firmada por Jorge Rafael Videla, José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy; dictador, ministro de economía y ministro del exterior respectivamente.
Según el gobierno argentino, el nuevo proyecto de ley está en concordancia con el Art. 13 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos.
Dicho artículo proclama:
“Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquiera otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Y por supuesto que este derecho está por sobre la posesión de riqueza, que es en este momento lo único que posibilita a un persona omitir su opinión a través de un medio. (Ya sea por la posesión directa de la riqueza o por salvaguardar la riqueza del poseedor del medio.)
Es muy interesante el artículo aplicado a nuestra realidad. Una antigua máxima para cualquier sociedad civilizadamente establecida dice que: “La propia libertad termina donde empieza la del otro”.
¿La “libertad de prensa” está por sobre eso? ¿Cuando justamente esa prensa no respeta los derechos y la reputación de los demás? ¿Cuándo incita constantemente al miedo y a la violencia contra el resto de la ciudadanía?
En relación a esto, veamos lo propuesto por el nuevo proyecto de ley y las diferenciaciones con la ley vigente.
El nuevo proyecto de ley propone un marco legal a todos los medios de comunicación independientemente del medio, mientras la vigente sólo regula radio y televisión.
El nuevo proyecto de ley garantiza el derecho universal a la información y a la libertad de expresión, mientras que la vigente restringe la libertad de expresión en “base a necesidades de la Seguridad Nacional”.
El nuevo proyecto de ley será regulado por un organismo integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del poder ejecutivo nacional, a la vez que se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por universidades, asociaciones sin fines de lucro, trabajadores del sector de medios, etc., mientras que en la ley vigente el organismo que regula los medios está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
El nuevo proyecto de ley reserva un tercio de las frecuencias exclusivamente para asociaciones, cooperativas, etc., sin fines de lucro, mientras que según la ley vigente sólo se puede ejercer esta actividad exclusivamente con fines de lucro. (En el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones.)
El nuevo proyecto de ley pretende impedir la formación de monopolios. El estado nacional, provincial y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Un tercio del total.) En la ley vigente se admiten los monopolios, y el estado tiene un participación subsidiaria, ya que sólo puede dar servicios en áreas no rentables para los medios privados.
El nuevo proyecto de ley permite tener hasta 10 licencias de servicios abiertos (radio y TV.), mientras que la ley vigente permite a un persona tener hasta 24 licencias para servicios abiertos.
El nuevo proyecto de ley propone el otorgamiento de licencias según criterios de idoneidad y de arraigo a la actividad, mientras que la ley vigente basa sus criterios para el otorgamiento de licencias en la posesión de riqueza y aspecto patrimoniales.
El nuevo proyecto de ley exige la transparencia de la titularidad de las licencias, mientras que la ley vigente posibilita mediante la utilización de sociedades por acciones esconder la titularidad de las licencias.
El nuevo proyecto de ley establece un régimen abierto de participación para sociedades cooperativas, implementando medidas para evitar el abuso de posiciones dominantes, mientras que la ley vigente prohíbe la participación de sociedades cooperativas. (Desde el año 2005 están permitidas pero de forma restringida.)
El nuevo proyecto de ley establece una cuota de pantalla para cine nacional, como han hecho algunos países europeos. En ley vigente no está previsto.
El Grupo Clarín, como principal monopolio informativo despotrica contra este proyecto de ley reclamando “libertad de prensa”. Pero en realidad lo que reclama es su libertad de empresa, de lucro. Si este proyecto de ley es sancionado, el grupo Clarín deberá desprenderse de la muchas de las licencias que regentea, y por lo tanto, su mayoría en el mercado.
Esto es lo que Clarín y la SIP llaman “libertad de prensa”. No en realidad a la posibilidad de todas las personas de llegar a la sociedad, sino a su monopolio del negocio.
Con la ley vigente basada en el otorgamiento de licencias en base a la riqueza, a la sociedad le es muy difícil el acceso a la pluralidad informativa. A los medios alternativos de información le es imposible llegar a la sociedad toda.
Hoy, un monopolio mediático que en vez de informar lo que hace es actuar como formador de opinión, imposibilitando a la sociedad toda de informarse y hacerse escuchar.
Estoy convencido que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el gobierno argentino no es el ideal, pero creo que es un primer y gran paso hacia la democratización y socialización de la información.
Y hablando claro y pronto. No será el ideal, pero seguro no es peor de lo que hoy tenemos.
Rebelión
Es una pregunta inevitable de hacer cuando se repite hasta el cansancio una expresión como “libertad de prensa”.
“Libertad de prensa”, dicen los grandes medios de información (o de desinformación, para ser más exactos), que también suelen ser los más grandes grupos económicos y de mayor influencia de nuestras sociedades latinoamericanas.
En estos días se habla mucho de “libertad de prensa” en Argentina, en relación la proyecto de ley de medios presentado por el gobierno nacional, y ante esto la Sociedad Interamericana de Presa (SIP) brama: “libertad de prensa”, al unísono del grupo Clarín, el gran monopolio multimediático argentino. Hasta se escuchan gritos desde España pidiendo que se respete la “libertad de prensa” en Argentina, gritos proferidos por otro gran concentrador multimediático conocido como el Grupo Prisa, con intereses en 22 países, muchos de ellos latinoamericanos y entre ellos la Argentina.
“Libertad de prensa” vociferan. Al igual que lo hicieron cuando el gobierno venezolano decidió no renovar la licencia de Radio Caracas, o cuando el gobierno ecuatoriano está analizando la cancelación de licencias a diferentes medios. Lo mismo hacen en Bolivia y Nicaragua. Está demás mencionar a Cuba.
Parece ser que en los únicos países del continente americano donde no se respeta la “libertad de prensa” es justamente en los países donde los gobiernos buscan el bienestar de la sociedad y no de los grandes poderes económicos. (Exceptuando en este caso a Argentina, por supuesto.)
La SIP, Reporteros Sin Fronteras y los grandes grupos económicos claman “libertad de prensa” en Venezuela, donde el 90% de los medios son opositores al gobierno socialista y hasta han llamado al magnicidio a través de la TV. Claman “libertad de prensa” los grupos separatistas oligarcas financiados por los EE.UU. que buscan derrocar al gobierno boliviano. Gritan “libertad de prensa” en Ecuador las elites que manejan los medios de información que pretenden someter a la población de mayoría indígena.
Lo curioso es que ni la SIP, ni Reporteros Sin Fronteras ni los grupos económicos que monopolizan los medios de comunicación pidan “libertad de prensa” en México, donde Calderón se consagró presidente en elecciones fraudulentas de las que fueron cómplices esos mismos grupos, o en Colombia, donde Álvaro Uribe ejerce un gobierno del terror apoyado por esos grandes grupos económicos.
¿Y qué pasa en Honduras? Sólo para seguir ejemplificando.
Donde un gobierno de facto hizo callar todos los medios que alzaron sus voces contra el golpe de estado. ¿Es que allí se respeta la “libertad de prensa”? ¿O será que en realidad no estamos hablando de “libertad de prensa” sino en realidad de “libertad de empresa”?
Se puede ver perfectamente en la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa (http://www.sipiapa.org), diferentes críticas al gobierno ecuatoriano, boliviano, argentino, etc. Hasta tienen espacios dedicados exclusivamente a Venezuela y Cuba.
Claman por “libertad de prensa” en los países que justamente están buscando eso, libertad de prensa, socialización de la información. Por supuesto que esto es en detrimento del negocio de la información. ¿Será esto lo que le molesta a la SIP?
Analicemos el caso argentino, que es el que en este momento está en la tapa de todos los grandes medios.
El proyecto de ley presentado por el gobierno para los Servicios de Comunicación Audiovisual propone una serie de modificaciones a la ley vigente (Ley Nº 22.285) promulgada por la última dictadura militar, firmada por Jorge Rafael Videla, José Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy; dictador, ministro de economía y ministro del exterior respectivamente.
Según el gobierno argentino, el nuevo proyecto de ley está en concordancia con el Art. 13 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos.
Dicho artículo proclama:
“Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Está prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquiera otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
Toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Y por supuesto que este derecho está por sobre la posesión de riqueza, que es en este momento lo único que posibilita a un persona omitir su opinión a través de un medio. (Ya sea por la posesión directa de la riqueza o por salvaguardar la riqueza del poseedor del medio.)
Es muy interesante el artículo aplicado a nuestra realidad. Una antigua máxima para cualquier sociedad civilizadamente establecida dice que: “La propia libertad termina donde empieza la del otro”.
¿La “libertad de prensa” está por sobre eso? ¿Cuando justamente esa prensa no respeta los derechos y la reputación de los demás? ¿Cuándo incita constantemente al miedo y a la violencia contra el resto de la ciudadanía?
En relación a esto, veamos lo propuesto por el nuevo proyecto de ley y las diferenciaciones con la ley vigente.
El nuevo proyecto de ley propone un marco legal a todos los medios de comunicación independientemente del medio, mientras la vigente sólo regula radio y televisión.
El nuevo proyecto de ley garantiza el derecho universal a la información y a la libertad de expresión, mientras que la vigente restringe la libertad de expresión en “base a necesidades de la Seguridad Nacional”.
El nuevo proyecto de ley será regulado por un organismo integrado por representantes de la legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría y representantes del poder ejecutivo nacional, a la vez que se establecerá un Consejo Multisectorial y Participativo integrado por universidades, asociaciones sin fines de lucro, trabajadores del sector de medios, etc., mientras que en la ley vigente el organismo que regula los medios está integrado por militares, servicios de inteligencia y empresarios.
El nuevo proyecto de ley reserva un tercio de las frecuencias exclusivamente para asociaciones, cooperativas, etc., sin fines de lucro, mientras que según la ley vigente sólo se puede ejercer esta actividad exclusivamente con fines de lucro. (En el año 2005 el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones.)
El nuevo proyecto de ley pretende impedir la formación de monopolios. El estado nacional, provincial y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Un tercio del total.) En la ley vigente se admiten los monopolios, y el estado tiene un participación subsidiaria, ya que sólo puede dar servicios en áreas no rentables para los medios privados.
El nuevo proyecto de ley permite tener hasta 10 licencias de servicios abiertos (radio y TV.), mientras que la ley vigente permite a un persona tener hasta 24 licencias para servicios abiertos.
El nuevo proyecto de ley propone el otorgamiento de licencias según criterios de idoneidad y de arraigo a la actividad, mientras que la ley vigente basa sus criterios para el otorgamiento de licencias en la posesión de riqueza y aspecto patrimoniales.
El nuevo proyecto de ley exige la transparencia de la titularidad de las licencias, mientras que la ley vigente posibilita mediante la utilización de sociedades por acciones esconder la titularidad de las licencias.
El nuevo proyecto de ley establece un régimen abierto de participación para sociedades cooperativas, implementando medidas para evitar el abuso de posiciones dominantes, mientras que la ley vigente prohíbe la participación de sociedades cooperativas. (Desde el año 2005 están permitidas pero de forma restringida.)
El nuevo proyecto de ley establece una cuota de pantalla para cine nacional, como han hecho algunos países europeos. En ley vigente no está previsto.
El Grupo Clarín, como principal monopolio informativo despotrica contra este proyecto de ley reclamando “libertad de prensa”. Pero en realidad lo que reclama es su libertad de empresa, de lucro. Si este proyecto de ley es sancionado, el grupo Clarín deberá desprenderse de la muchas de las licencias que regentea, y por lo tanto, su mayoría en el mercado.
Esto es lo que Clarín y la SIP llaman “libertad de prensa”. No en realidad a la posibilidad de todas las personas de llegar a la sociedad, sino a su monopolio del negocio.
Con la ley vigente basada en el otorgamiento de licencias en base a la riqueza, a la sociedad le es muy difícil el acceso a la pluralidad informativa. A los medios alternativos de información le es imposible llegar a la sociedad toda.
Hoy, un monopolio mediático que en vez de informar lo que hace es actuar como formador de opinión, imposibilitando a la sociedad toda de informarse y hacerse escuchar.
Estoy convencido que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado por el gobierno argentino no es el ideal, pero creo que es un primer y gran paso hacia la democratización y socialización de la información.
Y hablando claro y pronto. No será el ideal, pero seguro no es peor de lo que hoy tenemos.
EL CONGRESO: HERENCIA MALDITA
Por: Yvonne V. Arballo
Para paliar el “boquete” financiero de México, el Secretario de Hacienda Agustín Carstens está haciendo llamados al “sacrificio” a “apretarnos el cinturón”, cosa que claramente él no hace porque su cinturón debe medir alrededor de dos metros. Quizá el sr, Carstens no ha escuchado la publicidad del IMSS que dice que más de noventa centímetros de cintura no son nada recomendables para la salud. Un ejemplo más sería el de Emilio Gamboa Patrón cuyo refinado paladar le impulsa a beber los vinos más exquisitos a razón de 10,000.00 a 20,000.00 pesos por botella. Dice el dicho que para muestra basta un botón, estos serían dos botoncitos pequeños comparados con los cientos de miles de botones que conforman nuestra clase política incrustada en todos los niveles de gobierno y viajando de liana en liana.
Veamos, para paliar el “boquete” de millones de pesos se recortan presupuestos en donde no deberían hacerlo como es el rubro de la educación. Sin embargo, nuestros diputados, los hacedores de las leyes, se regalan con 82’780,000.00 pesos, únicamente para las comidas de 500 legisladores de la Cámara Baja. Sí leyó usted bien: ochenta y dos millones de pesos para comer, súmele usted otros gastos más sueldos y salarios e imagínese el resto. Lo grave es que son ellos, los diputados y senadores quienes aprueban leyes y presupuestos, de tal forma, ¿quién pone freno a su codicia y sus apetitos a su omnipotencia y autocratismo?
No es de extrañar el comportamiento de nuestros legisladores, si volteamos un poco atrás y buscamos la verdadera historia de México fuera de la historia oficial. El primer Congreso Constituyente del México independiente fue conformado por 102 individuos de la más diversa ralea. Su primer presidente fue Don José Hipólito Odoarde, abogado de ideas republicanas, como vicepresidente Carlos María Bustamante, quien fuera el inescrupuloso secretario de José María Morelos y Pavón y como secretario el rico heredero, a quien su familia compró la elección como a tantos otros, Manuel Arguelles. Estos primeros diputados fueron una disparatada miscelánea compuesta de antiguos insurgentes, comerciantes, hacendados, parientes influyentes, eclesiásticos de baja jerarquía y un nutrido grupo de presuntuosos, inmorales e ignorantes jóvenes herederos a quienes sus padres compraron la curul.
El Congreso Constituyente inició sesiones el 24 de febrero de 1822 y en menos de tres horas los señores diputados decretaron que la soberanía nacional residía en el Congreso designándose a sí mismos “inviolables”, o como diríamos hoy en día, con fuero. Una de las primeras e importantes tareas que este cuerpo legislativo debía de ocuparse era legislar sobre las bases políticas y fiscales de la naciente nación, entre ellas dividirse en dos cámaras y aprobar una urgente reforma hacendaria que echara a andar al país. Sin embargo los señores diputados tenían asuntos más importantes de que ocuparse, tales como asignarse un suculento salario anual, reglamentar el protocolo y la dignidad que se debía otorgar a los miembros del Congreso y aprobar que todos los diputados portaran en su saco una insignia con la leyenda Primus, Patriae, Parens (primer padre de la patria) con la finalidad de que la chusma los reconociera y encomiara cuando transitaban por las calles. Para 1824 el Congreso se convirtió en un congresismo radical alejado del movimiento popular y en el que el pueblo solo intervenía al momento de la elección. De tal forma que toda la dirección política quedaba en manos de los individuos electos que actuaban para bienestar y beneficio de sus propios intereses y los intereses de quienes los patrocinanaban, pero completamente alejados de la voluntad popular.
Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia es el resultado de la herencia maldita, una clase política que se perpetúa a sí misma, mutando de color y de insignia pero siempre al servicio de sí misma. Urge, por lo tanto, exigir la revocación de mandato y el referéndum, urge una reforma política, urge la educación más allá de la clase media. Para que el hartazgo popular no devenga en movimientos sangrientos que a fin de cuentas, a costa de muchas vidas vuelven a dejar al país en manos de los que tienen conocimiento. Tal como sucedió en las guerras de Independencia y de la revolución mexicana. En ambas el impulso popular fue usado y el poder político tomado por los mismos a quienes se derrocó.
Para paliar el “boquete” financiero de México, el Secretario de Hacienda Agustín Carstens está haciendo llamados al “sacrificio” a “apretarnos el cinturón”, cosa que claramente él no hace porque su cinturón debe medir alrededor de dos metros. Quizá el sr, Carstens no ha escuchado la publicidad del IMSS que dice que más de noventa centímetros de cintura no son nada recomendables para la salud. Un ejemplo más sería el de Emilio Gamboa Patrón cuyo refinado paladar le impulsa a beber los vinos más exquisitos a razón de 10,000.00 a 20,000.00 pesos por botella. Dice el dicho que para muestra basta un botón, estos serían dos botoncitos pequeños comparados con los cientos de miles de botones que conforman nuestra clase política incrustada en todos los niveles de gobierno y viajando de liana en liana.
Veamos, para paliar el “boquete” de millones de pesos se recortan presupuestos en donde no deberían hacerlo como es el rubro de la educación. Sin embargo, nuestros diputados, los hacedores de las leyes, se regalan con 82’780,000.00 pesos, únicamente para las comidas de 500 legisladores de la Cámara Baja. Sí leyó usted bien: ochenta y dos millones de pesos para comer, súmele usted otros gastos más sueldos y salarios e imagínese el resto. Lo grave es que son ellos, los diputados y senadores quienes aprueban leyes y presupuestos, de tal forma, ¿quién pone freno a su codicia y sus apetitos a su omnipotencia y autocratismo?
No es de extrañar el comportamiento de nuestros legisladores, si volteamos un poco atrás y buscamos la verdadera historia de México fuera de la historia oficial. El primer Congreso Constituyente del México independiente fue conformado por 102 individuos de la más diversa ralea. Su primer presidente fue Don José Hipólito Odoarde, abogado de ideas republicanas, como vicepresidente Carlos María Bustamante, quien fuera el inescrupuloso secretario de José María Morelos y Pavón y como secretario el rico heredero, a quien su familia compró la elección como a tantos otros, Manuel Arguelles. Estos primeros diputados fueron una disparatada miscelánea compuesta de antiguos insurgentes, comerciantes, hacendados, parientes influyentes, eclesiásticos de baja jerarquía y un nutrido grupo de presuntuosos, inmorales e ignorantes jóvenes herederos a quienes sus padres compraron la curul.
El Congreso Constituyente inició sesiones el 24 de febrero de 1822 y en menos de tres horas los señores diputados decretaron que la soberanía nacional residía en el Congreso designándose a sí mismos “inviolables”, o como diríamos hoy en día, con fuero. Una de las primeras e importantes tareas que este cuerpo legislativo debía de ocuparse era legislar sobre las bases políticas y fiscales de la naciente nación, entre ellas dividirse en dos cámaras y aprobar una urgente reforma hacendaria que echara a andar al país. Sin embargo los señores diputados tenían asuntos más importantes de que ocuparse, tales como asignarse un suculento salario anual, reglamentar el protocolo y la dignidad que se debía otorgar a los miembros del Congreso y aprobar que todos los diputados portaran en su saco una insignia con la leyenda Primus, Patriae, Parens (primer padre de la patria) con la finalidad de que la chusma los reconociera y encomiara cuando transitaban por las calles. Para 1824 el Congreso se convirtió en un congresismo radical alejado del movimiento popular y en el que el pueblo solo intervenía al momento de la elección. De tal forma que toda la dirección política quedaba en manos de los individuos electos que actuaban para bienestar y beneficio de sus propios intereses y los intereses de quienes los patrocinanaban, pero completamente alejados de la voluntad popular.
Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia es el resultado de la herencia maldita, una clase política que se perpetúa a sí misma, mutando de color y de insignia pero siempre al servicio de sí misma. Urge, por lo tanto, exigir la revocación de mandato y el referéndum, urge una reforma política, urge la educación más allá de la clase media. Para que el hartazgo popular no devenga en movimientos sangrientos que a fin de cuentas, a costa de muchas vidas vuelven a dejar al país en manos de los que tienen conocimiento. Tal como sucedió en las guerras de Independencia y de la revolución mexicana. En ambas el impulso popular fue usado y el poder político tomado por los mismos a quienes se derrocó.
Tribunales presionados
Miguel Ángel Velázquez
Nada peor para un juez que tener que elaborar un dictamen bajo amenaza. Y eso, el temor a recibir un daño en el patrimonio, en la carrera profesional, o como están las cosas, hasta en la vida, convierte la decisión libre, objetiva, la mayor parte de las veces, en un hecho injusto, en un fallo cuando menos sesgado; para sostenerlo se esgrimen argumentos descabellados o pueriles, que no convencen a nadie, pero que se dicen apegados a lo que marca la ley, o a lo que esa ley no dice.
A veces, sólo el temor al juicio de la historia, la fortaleza o la honestidad ideológica permiten evadir el aviso de un mal futuro para quien pretende romper la orden que se esconde bajo la máscara del llamado marco legal; pero en la mayoría de las ocasiones se pervierte la posibilidad de un juicio justo.
No sabemos, a ciencia cierta, qué es lo que pretendió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al declarar que en la entrevista que se le hizo a Demetrio Sodi en televisión abierta sí hubo proselitismo a su favor, pero que la propaganda no puede ser contabilizada como gasto de campaña porque no hay factura que lo compruebe. Nada más faltaba que ahora se dieran recibos por los actos que pudieran considerarse ilegales.
El tribunal electoral fue creado, como es obvio para la ley, con el fin de evitar que algún candidato use los medios masivos para desequilibrar el balance, o la equidad que debe guardarse en la contienda; eso es lo importante, porque, con o sin recibo de por medio, el hecho es que se transmitió hacia miles o millones de electores la propuesta política de un candidato sin que los otros, en la misma contienda pudieran gozar de ese beneficio, es decir, no se trata de saber cuánto costó la entrevista, sino cómo pudo haber impactado, en el caso a que nos referimos, en favor de Sodi de la Tijera, la transmisión de esa entrevista.
Es indudable que algunos o muchos electores pudieran haber cambiado el sentido de su voto a partir de aquel hecho, sobre todo si se toma en consideración la susceptibilidad del televidente en un momento de euforia o depresión que le causa el suceso deportivo. Eso, entonces, resulta ser lo más importante, y eso es lo que desestima el tribunal, que además, bajo el pretexto de sus atribuciones, sesionó de forma “extraordinaria” un día antes que el tribunal del DF para, como dicen algunos, “tirar línea” a quienes pudieran atentar contra el triunfo, en entredicho, del candidato oficial del PAN-gobierno.
El jueves pasado, en este espacio tratamos de explicar cómo Sodi se sentía del todo tranquilo porque sabía que siempre tendría el respaldo de los miembros del organismo federal, y que el gasto que realizó durante su campaña sería tomado como otra de las travesuras de los azules, que se niegan a perder, por las buenas, uno de sus bastiones.
Los magistrados del tribunal local han sentido, sin duda, la presión del federal, porque saben que su postura tiene que ver con una orden que viene desde las más altas esferas del poder, y que desacatarla podría traerles funestas consecuencias, y saben que ese “tirar línea” sólo es digno de las mafias políticas. Así pues, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido por su alias el Trife, ha dictado un fallo que hizo postergar, hasta ayer, el juicio que se supone ya se había tomado en la instancia local, y que a la luz de los hechos iba en contra de Sodi, pero lo cierto es que sin contabilizar la entrevista, los gastos que realizó Sodi, rebasan lo que la ley marca, según nos cuentan, así es que deberían estar tranquilos por la decisión de anular la elección en Miguel Hidalgo, y también Sodi, el asunto llegará al Trife, y allí, la orden de arriba se acatará sin discusión. De eso puede estar casi seguro.
De pasadita
Ahora resulta que la tan buscada participación, el acercamiento entre Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, que se ha venido dando poco a poco, ya se convirtió en una verdadera molestia para la gente de Los Pinos. Tan es así que en la Secretaría de Relaciones Exteriores se busca a toda prisa, entre los pretextos de protocolo, impedir que el jefe de Gobierno de la ciudad de México participe en la inauguración de la reunión de los Alcaldes por la Paz que preside Tadatoshi Akiba, edil de Hiroshima.
Y como esto de la no invitación a Ebrard parece que camina, el gobierno capitalino entregará el próximo jueves 10 las llaves de la ciudad al funcionario japonés y lo declarará huésped distinguido. Ni modo, ahora Ebrard se convertirá en el invitado molesto de las citas oficiales. ¿Hasta dónde llegará este nuevo berrinche?
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx
ciudadangel@hotmail.com
Nada peor para un juez que tener que elaborar un dictamen bajo amenaza. Y eso, el temor a recibir un daño en el patrimonio, en la carrera profesional, o como están las cosas, hasta en la vida, convierte la decisión libre, objetiva, la mayor parte de las veces, en un hecho injusto, en un fallo cuando menos sesgado; para sostenerlo se esgrimen argumentos descabellados o pueriles, que no convencen a nadie, pero que se dicen apegados a lo que marca la ley, o a lo que esa ley no dice.
A veces, sólo el temor al juicio de la historia, la fortaleza o la honestidad ideológica permiten evadir el aviso de un mal futuro para quien pretende romper la orden que se esconde bajo la máscara del llamado marco legal; pero en la mayoría de las ocasiones se pervierte la posibilidad de un juicio justo.
No sabemos, a ciencia cierta, qué es lo que pretendió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al declarar que en la entrevista que se le hizo a Demetrio Sodi en televisión abierta sí hubo proselitismo a su favor, pero que la propaganda no puede ser contabilizada como gasto de campaña porque no hay factura que lo compruebe. Nada más faltaba que ahora se dieran recibos por los actos que pudieran considerarse ilegales.
El tribunal electoral fue creado, como es obvio para la ley, con el fin de evitar que algún candidato use los medios masivos para desequilibrar el balance, o la equidad que debe guardarse en la contienda; eso es lo importante, porque, con o sin recibo de por medio, el hecho es que se transmitió hacia miles o millones de electores la propuesta política de un candidato sin que los otros, en la misma contienda pudieran gozar de ese beneficio, es decir, no se trata de saber cuánto costó la entrevista, sino cómo pudo haber impactado, en el caso a que nos referimos, en favor de Sodi de la Tijera, la transmisión de esa entrevista.
Es indudable que algunos o muchos electores pudieran haber cambiado el sentido de su voto a partir de aquel hecho, sobre todo si se toma en consideración la susceptibilidad del televidente en un momento de euforia o depresión que le causa el suceso deportivo. Eso, entonces, resulta ser lo más importante, y eso es lo que desestima el tribunal, que además, bajo el pretexto de sus atribuciones, sesionó de forma “extraordinaria” un día antes que el tribunal del DF para, como dicen algunos, “tirar línea” a quienes pudieran atentar contra el triunfo, en entredicho, del candidato oficial del PAN-gobierno.
El jueves pasado, en este espacio tratamos de explicar cómo Sodi se sentía del todo tranquilo porque sabía que siempre tendría el respaldo de los miembros del organismo federal, y que el gasto que realizó durante su campaña sería tomado como otra de las travesuras de los azules, que se niegan a perder, por las buenas, uno de sus bastiones.
Los magistrados del tribunal local han sentido, sin duda, la presión del federal, porque saben que su postura tiene que ver con una orden que viene desde las más altas esferas del poder, y que desacatarla podría traerles funestas consecuencias, y saben que ese “tirar línea” sólo es digno de las mafias políticas. Así pues, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejor conocido por su alias el Trife, ha dictado un fallo que hizo postergar, hasta ayer, el juicio que se supone ya se había tomado en la instancia local, y que a la luz de los hechos iba en contra de Sodi, pero lo cierto es que sin contabilizar la entrevista, los gastos que realizó Sodi, rebasan lo que la ley marca, según nos cuentan, así es que deberían estar tranquilos por la decisión de anular la elección en Miguel Hidalgo, y también Sodi, el asunto llegará al Trife, y allí, la orden de arriba se acatará sin discusión. De eso puede estar casi seguro.
De pasadita
Ahora resulta que la tan buscada participación, el acercamiento entre Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, que se ha venido dando poco a poco, ya se convirtió en una verdadera molestia para la gente de Los Pinos. Tan es así que en la Secretaría de Relaciones Exteriores se busca a toda prisa, entre los pretextos de protocolo, impedir que el jefe de Gobierno de la ciudad de México participe en la inauguración de la reunión de los Alcaldes por la Paz que preside Tadatoshi Akiba, edil de Hiroshima.
Y como esto de la no invitación a Ebrard parece que camina, el gobierno capitalino entregará el próximo jueves 10 las llaves de la ciudad al funcionario japonés y lo declarará huésped distinguido. Ni modo, ahora Ebrard se convertirá en el invitado molesto de las citas oficiales. ¿Hasta dónde llegará este nuevo berrinche?
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx
ciudadangel@hotmail.com
¿ Y la necesaria reducción de sus faraónicos sueldos ? : Propone SHCP subir IEPS e ISR y nuevos impuestos
En el paquete Económico 2010, la dependencia plantea un incremento de 4% a telecomunicaciones, 2 a Impuesto Sobre la Renta, 28 a cerveza, 1 al IDE, y el nuevo gravamen sería de 2% a ingresos derivados de ventas en cada etapa de la cadena productiva.
La Jornada En Línea
Publicado: 08/09/2009 20:08
México, DF. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens dio a conocer el contenido el presupuesto de egresos 2010 que incluye una reducción total del gasto público programable de 218 mil millones de pesos respecto al gasto aprobado para 2009 lo que equivale a cerca de 1.8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
En su paquete económico propone crear un nuevo impuesto de 2 por ciento a los ingresos derivados de ventas en cada etapa de la cadena productiva, comentó el secretario Agustín Carstens en rueda de prensa.
Además, busca aumentar temporalmente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales de 28 a 30 por ciento mayores ingresos hasta 2012, incrementar el tributo sobre los depósitos en efectivo y aplicarlo a los de menor monto.
En su plan también propone mayores impuestos para el tabaco, la cerveza, otras bebidas alcohólicas, juegos y apuestas y a las telecomunicaciones.
En lo que respecta a los ciudadanos para apoyar la economía del país, dijo que se ampliará la base de contribuyentes, hacer más progresiva la estructura impositiva, simplificar el pago de impuestos y especialmente generar ingresos fiscales permanentes destinados a combatir la pobreza y a promover el crecimiento sostenido.
La propuesta, destacó, se acompaña y complementa para dar una respuesta integral al objetivo de crecimiento sostenido y acelerado que requiere México con el conjunto de reformas estructurales propuestas el pasado 2 de septiembre por el presidente Felipe Calderón.
Consideró necesario que ciudadanía y gobierno pongan de su parte, para ello, dijo, se requiere aumentar la contribución de la sociedad, especialmente de quienes han sido más favorecidos
La reforma afecta a los tres grupos de gravámenes, los sistemas especiales como el IEPS, el sistema renta que grava el ingreso, que incluye el Impuesto Sobre la Renta, el IETU.
Así como los impuestos al consumo a través de la propuesta de un nuevo gravamen destinado al combate a la pobreza.
Señaló que se proponen diversas adecuaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de los cuales detalló que “en Telecomunicaciones se plantea establecer un impuesto de 4 por ciento a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones, exentando a la telefonía pública y rural, así como al servicio de interconexión”.
Esta disposición, aclaró, hace más progresiva la estructura tributaria, ya que la mitad del gasto en Telecomunicaciones lo realizan 20 por ciento de los hogares más ricos y como se exenta a los servicios de telefonía pública y rural, no se afecta a los usuarios de menores ingresos.
Señaló que la aplicación de un impuesto a las telecomunicaciones es una práctica común en todo el mundo; siguió, países tan distintos como Estados Unidos o Turquía gravan estos servicios a tasas mayores a la propuesta.
El titular de Hacienda afirmó que el Impuesto Especial para Depósitos en Efectivo (IDE) pasaría de 2.5 a 3.5 por ciento, y sería aplicado a los depósitos que excedan los 15 mil pesos, en lugar de los 25 mil actuales.
Por otra parte, Carstens informó que el congelamiento en los precios de las gasolinas que se aplicó en 2009 terminará el próximo año, reanudándose el ajuste gradual en los precios al que estaban sujetos antes de aplicarse esta medida que entró en vigor en enero de este año.
Al asegurar que no habrá variaciones bruscas en los precios, dijo que en el caso del Gas LP se mantendrá una reducción de 10 por ciento como el aplicado este año, aunque también se reiniciará el ajuste al precio de forma gradual, mientras que en lo referente a tarifas eléctricas no habrá cambios.
La Jornada En Línea
Publicado: 08/09/2009 20:08
México, DF. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens dio a conocer el contenido el presupuesto de egresos 2010 que incluye una reducción total del gasto público programable de 218 mil millones de pesos respecto al gasto aprobado para 2009 lo que equivale a cerca de 1.8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
En su paquete económico propone crear un nuevo impuesto de 2 por ciento a los ingresos derivados de ventas en cada etapa de la cadena productiva, comentó el secretario Agustín Carstens en rueda de prensa.
Además, busca aumentar temporalmente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas físicas y morales de 28 a 30 por ciento mayores ingresos hasta 2012, incrementar el tributo sobre los depósitos en efectivo y aplicarlo a los de menor monto.
En su plan también propone mayores impuestos para el tabaco, la cerveza, otras bebidas alcohólicas, juegos y apuestas y a las telecomunicaciones.
En lo que respecta a los ciudadanos para apoyar la economía del país, dijo que se ampliará la base de contribuyentes, hacer más progresiva la estructura impositiva, simplificar el pago de impuestos y especialmente generar ingresos fiscales permanentes destinados a combatir la pobreza y a promover el crecimiento sostenido.
La propuesta, destacó, se acompaña y complementa para dar una respuesta integral al objetivo de crecimiento sostenido y acelerado que requiere México con el conjunto de reformas estructurales propuestas el pasado 2 de septiembre por el presidente Felipe Calderón.
Consideró necesario que ciudadanía y gobierno pongan de su parte, para ello, dijo, se requiere aumentar la contribución de la sociedad, especialmente de quienes han sido más favorecidos
La reforma afecta a los tres grupos de gravámenes, los sistemas especiales como el IEPS, el sistema renta que grava el ingreso, que incluye el Impuesto Sobre la Renta, el IETU.
Así como los impuestos al consumo a través de la propuesta de un nuevo gravamen destinado al combate a la pobreza.
Señaló que se proponen diversas adecuaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de los cuales detalló que “en Telecomunicaciones se plantea establecer un impuesto de 4 por ciento a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones, exentando a la telefonía pública y rural, así como al servicio de interconexión”.
Esta disposición, aclaró, hace más progresiva la estructura tributaria, ya que la mitad del gasto en Telecomunicaciones lo realizan 20 por ciento de los hogares más ricos y como se exenta a los servicios de telefonía pública y rural, no se afecta a los usuarios de menores ingresos.
Señaló que la aplicación de un impuesto a las telecomunicaciones es una práctica común en todo el mundo; siguió, países tan distintos como Estados Unidos o Turquía gravan estos servicios a tasas mayores a la propuesta.
El titular de Hacienda afirmó que el Impuesto Especial para Depósitos en Efectivo (IDE) pasaría de 2.5 a 3.5 por ciento, y sería aplicado a los depósitos que excedan los 15 mil pesos, en lugar de los 25 mil actuales.
Por otra parte, Carstens informó que el congelamiento en los precios de las gasolinas que se aplicó en 2009 terminará el próximo año, reanudándose el ajuste gradual en los precios al que estaban sujetos antes de aplicarse esta medida que entró en vigor en enero de este año.
Al asegurar que no habrá variaciones bruscas en los precios, dijo que en el caso del Gas LP se mantendrá una reducción de 10 por ciento como el aplicado este año, aunque también se reiniciará el ajuste al precio de forma gradual, mientras que en lo referente a tarifas eléctricas no habrá cambios.
Suben los impuestos y eliminan 3 secretarías
Además, en el paquete económico para el próximo año propone la creación de un impuesto de 2% al consumo —incluye alimentos y medicinas— para combatir la pobreza y otro de 4% a telecomunicaciones
El Universal
Miércoles 09 de septiembre de 2009
politica@eluniversal.com.mx
El presidente Felipe Calderón anunció una reforma estructural en el gobierno federal que incluye la desaparición de secretarías y la reducción del gasto oficial.
Además, en el paquete económico para el próximo año propone la creación de un impuesto de 2% al consumo —incluye alimentos y medicinas— para combatir la pobreza y otro de 4% a telecomunicaciones, así como el incremento del Impuesto Sobre la Renta, de 28% a 30%, y un aumento en el gravamen a tabaco, cerveza y sorteos.
Para transformar a México y enfrentar la “gravedad de las circunstancias”, Calderón presentó cuatro acciones. La primera implica la desaparición de tres secretarías: Turismo, que será absorbida por Economía; la de Reforma Agraria, cuyas funciones se dividirán entre Desarrollo Social y Agricultura. Y la desaparición de la Función Pública, la cual se transformará en una contraloría dependiente de la Presidencia de la República.
La segunda medida incluye la reducción de altos mandos y el congelamiento de sueldos.
Como tercer punto, se recortarán recursos a embajadas y delegaciones federales en los estados. Por último, disminuirán los viáticos, los gastos de representación, consultorías y asesorías.
Al presentar el Presupuesto de Egresos para el año próximo, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, explicó que el gasto público programable se reducirá 218 mil millones de pesos respecto a lo aprobado para 2009.
En el documento entregado ayer al Congreso se plantea otorgar nuevas concesiones de radio y televisión, así como abrir el sector a la inversión extranjera directa.
En el proyecto, se propone una reducción de 2.7% a los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a Educación.
En los Criterios Generales de Política Económica, la Secretaría de Hacienda estimó en 3% el crecimiento del Producto Interno Bruto; en 53.9 dólares el precio del petróleo; en 2.5 millones de barriles diarios la plataforma de producción; fijó el déficit fiscal en 0.5% del PIB, es decir 4 mil 500 millones de dólares, y pronosticó una inflación de 3.3%.
El Universal
Miércoles 09 de septiembre de 2009
politica@eluniversal.com.mx
El presidente Felipe Calderón anunció una reforma estructural en el gobierno federal que incluye la desaparición de secretarías y la reducción del gasto oficial.
Además, en el paquete económico para el próximo año propone la creación de un impuesto de 2% al consumo —incluye alimentos y medicinas— para combatir la pobreza y otro de 4% a telecomunicaciones, así como el incremento del Impuesto Sobre la Renta, de 28% a 30%, y un aumento en el gravamen a tabaco, cerveza y sorteos.
Para transformar a México y enfrentar la “gravedad de las circunstancias”, Calderón presentó cuatro acciones. La primera implica la desaparición de tres secretarías: Turismo, que será absorbida por Economía; la de Reforma Agraria, cuyas funciones se dividirán entre Desarrollo Social y Agricultura. Y la desaparición de la Función Pública, la cual se transformará en una contraloría dependiente de la Presidencia de la República.
La segunda medida incluye la reducción de altos mandos y el congelamiento de sueldos.
Como tercer punto, se recortarán recursos a embajadas y delegaciones federales en los estados. Por último, disminuirán los viáticos, los gastos de representación, consultorías y asesorías.
Al presentar el Presupuesto de Egresos para el año próximo, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, explicó que el gasto público programable se reducirá 218 mil millones de pesos respecto a lo aprobado para 2009.
En el documento entregado ayer al Congreso se plantea otorgar nuevas concesiones de radio y televisión, así como abrir el sector a la inversión extranjera directa.
En el proyecto, se propone una reducción de 2.7% a los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como a Educación.
En los Criterios Generales de Política Económica, la Secretaría de Hacienda estimó en 3% el crecimiento del Producto Interno Bruto; en 53.9 dólares el precio del petróleo; en 2.5 millones de barriles diarios la plataforma de producción; fijó el déficit fiscal en 0.5% del PIB, es decir 4 mil 500 millones de dólares, y pronosticó una inflación de 3.3%.
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