JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Sin tomar en cuenta las críticas internas y externas por el estatus del fuero militar en México, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso un paquete de iniciativas que no sólo eleva a rango de ley la intervención del Ejército en labores de “seguridad interior”, sino que le otorga nuevas facultades, sin que los poderes Legislativo y Judicial tengan mayores funciones que las de trámite. En su exposición de mo-tivos, Calderón indica que formalizar esta cesión de poder al Ejército es un acto de “transparencia”...
El presidente Felipe Calderón busca militarizar aún más el combate a la delincuencia organizada: pretende que las Fuerzas Armadas tomen el control en aquellos lugares del país en los que el propio Poder Ejecutivo considere que está en peligro la seguridad interior.
Con el argumento de que se debe dar respaldo jurídico a la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad, en abril pasado Calderón presentó al Senado cuatro iniciativas para que en la legislatura que inicia en septiembre se modifiquen distintas normas relacionadas con la actuación de los militares contra el narcotráfico y otras formas de la delincuencia organizada.
Sus propuestas están encaminadas a facilitar la intervención de los militares sin que éstos enfrenten consecuencias legales y, en cambio, evita cualquier modificación al fuero militar, con lo que pretende que las violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las Fuerzas Armadas sigan siendo investigadas en el mismo ámbito castrense.
El presidente propone modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, al Código de Justicia Militar, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y un paquete de reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Código Federal de Procedimientos Penales.
La principal reforma que contienen las iniciativas del Ejecutivo es a la Ley de Seguridad Nacional, con objeto de introducir el concepto de seguridad interior. Y aunque en su iniciativa Calderón dice que busca definir cuándo y cómo debe actuar el Estado, reserva únicamente para el Ejecutivo la decisión de declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y, por lo tanto, de ordenar una intervención militar en cualquier lugar del país.
Al Congreso sólo le deja margen para que dé una opinión “sobre la oportunidad” de la declaratoria de esa alteración de la seguridad interior, a través de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, para lo que tendría un plazo de 48 horas.
En cuanto al Poder Judicial, tendría la función de avalar las decisiones del Ejecutivo, pues la iniciativa presidencial dice que “atenderá en forma inmediata, en un plazo que no exceda de ocho horas, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación formuladas por la autoridad competente”.
Justicia invadida
La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en enero de 2005 y se limitó a regular las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ahora Calderón impulsa su reforma para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, pero también para que participen particulares en las actividades de inteligencia y contrainteligencia de ese organismo.
Entre las nuevas atribuciones que le quiere dar al Cisen destaca la de “constituir personas morales de derecho privado” y la de “recurrir al uso de información anónima y a la colaboración de terceros para la operación de tareas de inteligencia”.
En lo que presenta como “participación de los sectores privado y social”, establece que las personas físicas y morales podrán proporcionar información que consideren de interés “para la eficaz atención de las afectaciones a la seguridad interior” y colaborar “con acciones” que deriven de la declaratoria de alteración del orden interno.
A las empresas que le proporcionen al Cisen servicios de comunicación, esta iniciativa las obliga a darle “todas las facilidades” para que intervengan líneas y canales privados con permiso judicial.
En la exposición de motivos se presenta como un avance que la reforma incluya un procedimiento para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior. Incluso, les da a éstas un nuevo nombre: la Fuerza Armada Permanente, integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Aunque dice que los militares sólo intervendrán en el restablecimiento del orden interno cuando su participación sea “estratégica y necesaria”, la propuesta presidencial agrega a la Ley de Seguridad Nacional tres nuevos capítulos que amplían la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones como la que actualmente vive el país.
Entre los supuestos para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, el Ejecutivo contempla la sublevación o el trastorno de una entidad federativa y las agresiones directas a las instituciones y funcionarios relacionados con la seguridad nacional, como sería el caso de los ataques que la semana pasada realizó La Familia michoacana contra la Policía Federal.
También incluye los actos que pongan en peligro el orden, la paz o la seguridad pública de un municipio, una entidad federativa o una región, y que vulneren la capacidad de las instituciones competentes para ejercer sus funciones.
Además, añade los actos de extorsión colectiva que afecten a la comunidad o población y cualquier otra situación que, de no atenderse de inmediato, pueda desembocar en una perturbación grave del orden público y poner a la sociedad en grave peligro o en conflicto.
Aclara que “en todos los casos en que exista una afectación a la seguridad interior, la Fuerza Armada Permanente deberá participar en la atención de la misma, ya sea como institución designada como responsable o en colaboración de otras autoridades”.
Cuando los militares queden como responsables, lo harán “de conformidad a las instrucciones del presidente de la República a los secretarios de la Defensa Nacional o de Marina”, especifica la propuesta.
La intención de Calderón es que, junto con las instituciones de seguridad pública, los militares tengan la facultad de verificar “la no circulación de mercancías o efectos ilícitos y de personas requeridas por la autoridad, así como el cumplimiento de las leyes de orden público”.
No paran ahí las atribuciones de la “Fuerza Armada Permanente”; las instancias gubernamentales relacionadas con la seguridad nacional tendrán la obligación de proporcionarle información “de manera expedita” a fin de que los militares “cuenten con elementos para hacer frente a la afectación a la seguridad interior”.
Más aún, dicha fuerza tendrá acceso a las averiguaciones previas que se abran por razones de seguridad interior y a la información que se derive de esas indagatorias y sirva para las labores de inteligencia.
En particular, faculta a los militares para obtener, recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar, procesar, explotar y almacenar información sobre hechos relacionados con la afectación a la seguridad, además de que podrán participar en los grupos de trabajo que se integren en la declaratoria.
Según Calderón, al establecer “de manera transparente” los ámbitos y el procedimiento de participación de los militares, se dará “certidumbre jurídica y operatividad a su intervención”.
Sobre el procedimiento para declarar un estado de afectación a la seguridad interior, propone que inicie con una solicitud de declaratoria “de la autoridad competente” al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, cargo que recae en el secretario de Gobernación.
Ese consejo está integrado por el presidente de la República, los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores, y Comunicaciones y Transportes, además del procurador general de la República y el director del Cisen.
Hecha la solicitud, el secretario de Gobernación la someterá al consejo, que evaluará la magnitud del daño, el carácter de las acciones que deben aplicarse, su temporalidad, la institución responsable de la situación y aquellas que la apoyarán.
Para realizar ese análisis, el consejo “solicitará opinión” a la comisión bicamaral de Seguridad Nacional. En su iniciativa, a eso limita Calderón la participación del Congreso, pues no le da ninguna facultad para investigar o evaluar la actuación del Ejecutivo.
Después de que el Consejo de Seguridad Nacional tome una decisión, el presidente de la República emitirá la declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior, misma que podrá prorrogarse, aunque no de manera indefinida.
Calderón dice que al explicarse ese proceso se “pone en vitrina, ante los ojos de los gobernados, la actuación de los cuerpos de seguridad” en situaciones extraordinarias.
Como “blindaje adicional”, dice que el secretario ejecutivo del consejo debe informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección a los derechos humanos de las entidades federativas.
El Congreso, relegado
El paquete de iniciativas de Calderón responde a la petición que hizo a principios de año el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, para que el Congreso modifique la legislación y favorezca la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero sin modificar el Código de Justicia Militar relativo a la jurisdicción castrense.
Las reformas propuestas van en ese sentido, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo varios acercamientos con legisladores que pidieron una mayor participación del Congreso en las decisiones sobre la intervención del Ejército en el combate al narcotráfico.
Inmediatamente después de que el Día del Ejército, el 19 de febrero, el general Galván pidiera la mencionada adaptación del marco jurídico, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, buscó al titular de la Sedena. Después hizo lo mismo la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
El legislador perredista Alfonso Suárez del Real cuenta que el 18 de marzo los integrantes de esa comisión se reunieron con el general Galván en el Campo Militar número 1. En el encuentro, el secretario adelantó que el Ejecutivo buscaría legislar sobre seguridad interior para garantizar la integridad de las instituciones.
Sin embargo, el PRD busca una mayor participación del Legislativo, en lugar del papel secundario que le asigna Calderón: “Nuestra propuesta es más completa, pues planteamos una reconformación del Consejo de Seguridad Nacional, con la participación no sólo del Ejecutivo, como es ahora, sino del Legislativo y del Judicial”.
A pesar de esos encuentros, Calderón presentó sus iniciativas en abril pasado, dejando fuera todo control legislativo o judicial a las decisiones que tome el Ejecutivo sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad interior.
En su propuesta de reforma al Código de Justicia Militar, Calderón considera “necesario actualizar la legislación militar”, pero sólo para conservar la disciplina castrense en el combate a la delincuencia organizada.
Tal y como lo pidió el titular de la Sedena, la iniciativa nada dice sobre las presiones internacionales para limitar la jurisdicción castrense en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, tema que se espera sea tratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto próximo.
Limitada a la delincuencia organizada, la reforma al Código de Justicia Militar propone la creación de una nueva figura penal para sancionar las conductas de los militares que se conviertan en sus colaboradores.
En particular, estipula prisión de 30 a 60 años y la baja de la fuerza armada para el personal que se incorpore al crimen organizado. El caso más conocido de esta deserción es la de aquellos militares de élite que formaron la agrupación paramilitar Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo.
La reforma también propone sancionar con prisión de 15 a 60 años y la baja de la fuerza armada a los efectivos que aprovechen los recursos puestos a su cargo para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o lo apoyen por medio de su cargo.
Prevé el mismo castigo para los militares que propicien el beneficio de la delincuencia al proporcionarle personal que tenga preparación militar o entreguen información a la que tengan acceso por su cargo, y falsifiquen o alteren documentos, o modifiquen una orden de servicio. Lo mismo para los que liberen o propicien la huida de los miembros de estas organizaciones.
En contrapartida, las otras dos iniciativas del Ejecutivo proponen modificaciones para ampliar las sanciones contra quienes atentan contra los integrantes de los cuerpos armados. En el caso de las Fuerzas Armadas, propone reformar con ese fin la Ley Federal de Armas de Fuego, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Precisa que las armas de fuego cuyo mecanismo sea modificado, o sean utilizadas con proyectos alterados, así como los subfusiles, serán considerados de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las sanciones serán mayores para quienes utilicen tal armamento y formen parte de una corporación policial o de un servicio de seguridad privada.
Sobre la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta iniciativa señala que se busca castigar “eficazmente y con severidad” los actos contra la vida o la integridad física de los servidores públicos encargados de la seguridad pública y de sus familiares hasta segundo grado.
Con esta propuesta también se pretende sancionar las extorsiones y los “levantones” de los candidatos a cargos de elección popular, como los que se cometieron en Michoacán a principios de 2008, cuando un grupo de nuevos alcaldes fue secuestrado y retenido por La Familia para advertirles que no debían intervenir en sus negocios y que esa organización designaría a los encargados de la seguridad pública en sus municipios (Proceso 1700).
