CFE clase mundial tecnología de punta donde contratista ya no sabe como bajarse

Balas y votos

José Gil Olmos



MÉXICO, D.F., 30 de junio (apro).- En las elecciones del próximo 4 de julio es posible que se desate la violencia en 15 estados del país. Esta presunción no es gratuita si nos atenemos al reciente asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, al de Enrique Mendivil, candidato a regidor en Sinaloa, de Joel Ortega, aspirante a regidor en Zacatecas, y al de Mario Guajardo, quien buscaba gobernar el municipio tamaulipeco de Valle Hermoso, hasta que una lluvia de balas se lo impidió.

Estas cinco ejecuciones, sin embargo, son apenas la punta del iceberg de la violencia que esta marcando los procesos electorales en varios estados, como en Oaxaca, donde en San Juan Copala un grupo parapoliciaco asesinó a dos integrantes de una caravana internacional de paz sin que el gobierno de Ulises Ruiz hiciera algo.

Varios candidatos a gobernadores, como Xóchitl Gálvez, así como de diversas presidencias municipales han denunciado amenazas de muerte por parte de grupos criminales, entre ellos Los Zetas. Los partidos políticos y sus candidatos han decidido no hacer campaña en ciertas regiones del norte donde es imposible meterse sin que el narcotráfico lo permita.

Pero la intemperancia a la que se ha llegado en la política mexicana vinculada al narcotráfico, es lo realmente grave porque esta mostrando la fragilidad del gobierno de Felipe Calderón y de todo el Estado mexicano, confirmando aquella idea duramente criticada del “Estado fallido”.

La muerte de 23 mil personas, centenas de discapacitados, miles de huérfanos, innumerables desaparecidos y decenas de policías y soldados muertos en todo el país son la expresión más clara del poder que ha alcanzado el crimen organizado en México sin que el gobierno haya podido detenerlo.

Según el investigador Eduardo Buscaglia, en el país se esta dando un “proceso de afganización”, que significa que la ausencia total del Estado en 982 zonas en las cuales el poder real de gobierno lo tiene algún grupo del crimen organizado. Señala el catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que tal fenómeno ha ido creciendo en los últimos tres años porque si en 2007 se contabilizaron 353, para 2009 eran 650 y ahora son 982.

El asesor de la ONU no es el único en afirmar esta idea del control territorial del narco. El exgobernador de Morelos y exdirector del Cisen, Jorge Carrillo Olea, afirmó recientemente que el narco controla 30% del territorio nacional. Mientras que, a principios de este año, en Estados Unidos un informe del Pentágono reveló que el narcotráfico controlaba la mitad del territorio mexicano.

El exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora y también extitular del Cisen, comparte de alguna manera esta idea. En su libro “Cisen: 20 años de historia”, dice que ciertas zonas del país, sobre todo en la frontera Norte, el crimen organizado y los narcotraficantes, “sin duda retan a esas autoridades estatales”.

Esta situación de inseguridad e incertidumbre que la sociedad en todo el país viene sufriendo durante varios años, principalmente en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, no la habían padecido la clase gobernante cubierta por una esfera protectora de guardaespaldas y policías pagados por el erario público.

Como ya se había dicho, no fue sino hasta que sintieron en carne propia los ataques del crimen organizado, y del narcotráfico en particular, cuando han empezado a reaccionar. El secuestro de Diego Fernández de Cevallos y el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, provocó que los partidos y el gobierno alzaran su voz para detener la espiral de violencia y el poder del narcotráfico en distintas regiones del país.

Todos los actores políticos, incluido el presidente del IFE, Leonardo Valdés, ha calificado el asesinato de Rodolfo Torre como un “atentado a la democracia”. Pero aquí habría que preguntar cómo le llaman a los asesinatos de miles de mexicanos por el crimen organizado. ¿Esas muertes no cuentan para la vida democrática del país?

Los temas de la agenda política del país, paradójicamente, no los están dictando los actores políticos sino el crimen organizado. Son ellos los que están incidiendo en la toma de decisiones en áreas de seguridad pública, política social, seguridad nacional, economía, empleo y gobernabilidad.

El crimen organizado se ha infiltrado hasta la estructura del estado y no se ve que exista la intención de tomar decisiones significativas y trascendentales por parte del gobierno y de los partidos para atajar este enorme peligro para la estabilidad social.

Como sea, las balas le están ganando la batalla a los votos en estas elecciones. Habrá que ver la participación ciudadana este domingo 4 y tomar en cuenta que todo esto habrá de tener una repercusión para la elección presidencial del 2012.

¡ Qué huevos de cabrones ! : "García Luna niega liberar a atenquenses "

Gustavo Sánchez/SDP | 01 de julio, 2010 - 17:57
Envía .Gracias a la SSP, tres de los doce atenquenses considerados “presos políticos”, seguirán recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano. Anoche a las 22:30 horas liberaron a nueve que estaban recluidos en Texcoco. .La Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Genaro García Luna, se negó a través de un comunicado a liberar a Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, a quienes la Corte ordenó, apenas ayer, dejar en libertad por el supuesto delito de "secuestro equiparado". La dependencia federal argumentó que a los tres atenquenses mencionados se les continuará el proceso correspondiente por la existencia de otros delitos.

"Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina y Felipe Álvarez Hernández, tienen en proceso las siguientes causas penales: 1) Robo agravado, causa penal 131/2006; 2) Lesiones y daño en los bienes públicos, causa penal 116/2006; 3) Despojo, causa penal 60/2006 y 4) Ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, causa penal 15/2008", expone el comunicado.

Aunque, eso sí, mencionó que la orden de la Suprema Corte fue "acatada"; pues, aseguró, la resolución judicial decretando la inmediata libertad de los tres atenquenses es "única y exclusivamente" por lo que hace al delito de secuestro.

Al respecto, cabe señalar, el Máximo Tribunal determinó que contra los doce dirigentes sociales de Atenco se aplicaron sentencias como una forma "maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición".

Por lo anterior, los ministros ordenaron la liberación inmediata de todos los presos, que purgaban condenas de entre 31 y 112 años, por los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco en el año 2006, casi al término del gobierno del panista Vicente Fox.

El líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, fue uno de los motivos principales de la movilización social.

Por lo pronto, gracias a la SSP, tres de los doce atenquenses considerados "presos políticos", seguirán recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano. Anoche a las 22:30 horas liberaron a nueve que estaban recluidos en Texcoco.

En Oaxaca, priistas y policías poniéndose de acuerdo para el domingo...

Castigo injusto-Hernández

Pronósticos-Ahumada

A la vuelta de unos años-Rocha

Disputa-Helguera

Caso Atenco-Fisgón

Astillero

Enmiendas con trampa

Peña Nieto amaga

Fiscalía electoral

Sucesión dinástica

Aguirre: sí se puede... ir

Julio Hernández López

Día de aparentes correcciones y sostenidas confusiones. La lucha de los pueblos de San Salvador Atenco consigue que la Suprema, usualmente Corta de Justicia, reconozca las aberraciones jurí- dicas cometidas por el foxismo y el peñanietismo para castigar con cárcel extrema a los dirigentes del movimiento de insurgencia cívica de esa región a la que los poderes coaligados pretendían convertir en sabroso negocio aeroportuario. La máxima instancia judicial mexicana acepta, así, que hubo maquinaciones y confabulaciones para exagerar e inventar discutibles tonos delictivos en lo que eran protestas sociales en que se produjeron excesos (las “retenciones” de funcionarios, por ejemplo, que pueden ser explicadas desde el discurso de la resistencia política y social, pero pueden configurar actos jurídicos punibles) que, sin embargo, no merecían ser encausados y sancionados con la dureza que esos gobiernos decidieron. En pocas palabras, el Poder Judicial de la Federación asume que a Ignacio del Valle y los demás dirigentes atenquistas les fabricaron expedientes y les urdieron resoluciones para castigarlos ejem- plarmente por su insurrección cívica. Tan generosa visión de un órgano de administración de justicia, que con frecuencia actúa facciosamente en beneficio de intereses cupulares, o en el sentido buscado e instruido por poderosos políticos que a su vez promovieron que esos ministros ocuparan los sitiales “justicieros”, ha generado especulaciones de distinta índole, algunas incluso sugiriendo que el súbito ataque de honestidad judicial tuviera que ver con destacados secuestros vigentes.

La presunta corrección de la Corte no tiene, por desgracia, correlación con el señalamiento de responsables de esa barbarie jurídica ni mucho menos con la exigencia de castigo para quienes así retorcieron leyes, procesos e instituciones: se puede decir el pecado, pero no castigar a los pecadores. Un causante fundamental de la represión física contra los atenquenses y del ensañamiento judicial contra sus dirigentes ha sido Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado de México y virtual precandidato presidencial pri- ísta, quien oportunamente sem- bró siete nuevas órdenes de aprehensión contra los líderes encarcelados, para quedar así en condiciones técnicamente adecuadas de volver a detenerlos, apenas pongan un pie en libertad o en días posteriores, guardando incluso ese recurso ya activado como amenaza contra quienes reanu- darán su trabajo político y social en cuanto les sea posible.

Un extraño movimiento de organigrama en la PGR, instruido o cuando menos autorizado por Los Pinos, deja al país en la extraña circunstancia de que abandone su cargo la responsable federal de atender denuncias por delitos electorales como las que seguramente se producirán a carretadas en la ardiente jornada de este domingo. Areli Gómez nunca fue garantía de prontitud ni sentido de justicia, sino todo lo contrario, producto como fue su nombramiento de una convergencia de intereses provenientes de la Suprema Corte, Televisa y el calderonismo más duro. Pero su salida en estos momentos no ayuda a fortalecer la impresión de que en la cúpula administrativa del país haya intención de respetar la legalidad electoral y buscar castigo a sus infractores. Según las versiones en curso, Gómez deja la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para pasar a una súper fiscalía que entre otras áreas “atenderá” lo relacionado con agresiones a periodistas, violencia intrafamiliar y casos de trata.

En Tamaulipas, el PRI dejó la sucesión de Rodolfo Torre Cantú en manos del mismo factor que lo había designado, el gobernador Eugenio Hernández, quien optó por una resolución dinástica: el hermano Egidio (significado: el que transporta en la batalla el escudo de piel de cabra). Está por verse la capacidad administrativa y política de quien de manera tan trágica llega a una candidatura que sin duda ganará este domingo. Cierto es que en Tamaulipas, como en varias entidades del país, no se necesitan gobernadores sino administradores, meros encargados de negocios, pero aún así puede resultar muy difícil para una persona con poca experiencia política de buen nivel en lidiar con los factores reales de poder, cada vez más agresivos e intolerantes. El PRI atajó en este caso los riesgos de las luchas intestinas que parecían intentar arrebatarle al jefe local la decisión postmortuoria, sobre todo desde flancos asentados en la ciudad de México.

El hombre que aspiró a revolucionar México a partir de anuncios demagógicos de televisión también entró ayer al paquete de las enmiendas bien pagadas. Javier Aguirre no se quedará en México para dar continuidad a sus arengas y planes, pues previamente había escogido el destino que ayer apresuradamente confirmó: ver desde el extranjero el desenlace de las mitologías de voluntarismo guerrero que por encargo de Televisa había revelado. Del sí se puede, al no se pudo, al ya me voy. Aguirre se va derrotado, pero no solamente él: también el salobre Calderón que fue factor esencial para convencerlo de encargarse de la selección mexicana, y los aficionados que creyeron las promesas de grandeza que a fin de cuentas sólo se reflejaron en cuentas e ingresos de los directivos y dueños del futbol profesional.

El creador del Gran Caldero Nacional tuvo, a su vez, momentos de anticipada nostalgia que hicieron a un diario capitalino, Reforma, cabecear su información de internet con una frase que emocionó a una parte de los ciudadanos: “FCH: me voy”. Pero en seguida venía la precisión: “violencia se queda”. No era la renuncia del ocupante de Los Pinos, sino una elaboración verbal en la que advertía que cuando él se retire del cargo persistirá la violencia como herencia impersonal.

Y, mientras el tronar de pistolas hace suspender el cierre de campaña del “opositor” José Aispuro Torres, en Durango, y Felipe sigue con sus anuncios electoreros de bondades gubernamentales, esta vez algunas simplificaciones fiscales, ¡hasta mañana, con tres mil boletas electorales robadas en Chihuahua!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero

¿El divorcio PRI-PANdilla…?

• La puerta de atrás de Fepade
• El Jefe Diego y los datos duros

Interesante el cierre de filas tricolor para demostrar que a partir del 5 de julio, o mejor aún, the day after, comienza la luna de hiel con el (des)gobierno deFelipe Calderón, rompiendo el tan conveniente matrimonio político que les ha funcionado en su estrategia de chantaje y de cínico jaloneo para jalar agua a su molino en diversos rubros. Como simpático botón, no se debe olvidar la empinada que le dieron a millones de mexicanos con su chistecito del IVA a cambio de evitar las alianzas electorales… que tensaron la cuerdita legislativa, donde se cayeron las mascaras de la ilustre clase política y se acusaron de asesinos, mentirosos, chillones, traidores y se abrió el delicado frente de la acusación de un fraude electoral.

La discusión del IVA, my friend, derrumbó la mermada confianza que simulada bailaba entre la PANdilla delgymboree (con minúsculas) y la jauría tricolor. Desde ese simpático episodio precedido por poco diplomáticos comentarios de Calderón hacia los priistas, la relación PRI-PANdilla ha ido, como el país, en vertiginosa descomposición. Con el pequeño detallito de que hoy los primeros traen el sartén legislativo por el mango y con el discurso incendiario, rudo y devastador de Sor Beatriz el día del cierre de campañas, perdón, del homenaje al asesinado candidato Rodolfo Torre Cantú, es innegable que las facturas de la estrategia de choque y confrontación esgrimidas desde Los Pinos durante este accidentado proceso electoral, harán escala en la ventanilla legislativa.

Luego entonces, es hora de decirle adiós a las cacareadas reformas, iniciativas y demás linduras presidenciales. Y si le suma sus palabras ante la cúpula empresarial del CCE y el CMHN ayer, justificando su eterno sonsonete sobre la estrategia contra la “ridícula minoría” señalando que dentro de poco (¿que será poco…?) ya no voy a estar y la situación va a seguir, pues el último que apague la luz, yes?

Porque el legado mas importante de Felipe será pasar a los libros de Historia con su temeraria e irreflexiva guerra, sus miles de muertos y daños colaterales. Ya ni hablar del desempleo, de la descomposición social, del autoritarismo contra movimientos sociales, de las nulas consecuencias contra la impunidad, la corrupción, más lo que se acumule en los próximos meses.

Chingón.

El PRI, que ya siente las mieles de lucrar con tragedias para fines electoreros, también tiene su ruta trazada rumbo al otro peligroso proceso electoral que los pondrá en pie de guerra doméstica y la experiencia ha regalado exquisitas joyas de cómo arreglan los priistas sus diferencias… a madrazos y si no, pues a plomazos. Que tanto es tantito.

El problema del manual tricolor es que la PANdilla en el poder (del no poder) ha copiado (y las copias son región 4) algunas de estas simpáticas travesuras pero sin la gracia, oficio y talento tricolor.

Como reciente muestra después del affaire telefónico de los pájaros en el alambre, mi estimado, la PGR anuncia que… ooooppppsssss… no nos la van a creer pero por diferencias de criterio (whatever the fuck this means) a Arely Gómez —quien tuvo un delicado episodio de violencia— de la Fepade le dimos su ración deflit … a cuatro días del proceso electoral por su erróneo manejo de la fiscalia con autoridades de la dependencia.

Señal que algunos disfuncionales celebraron pero que debería alarmar por las formas… que dicen todo del fondo. Sobre todo cuando no hay explicaciones, sino salidas intempestivas… por la puerta de atrás (sello de la casa).

Innegable que la semana ha sido de escalofriante consternación, de tambores de guerra políticos y de un inédito pasmo de un desgobierno desinformado… de datos cruciales sobre la ejecución de Torre Cantú.

La original pregunta, my friend, es ¿también esta desinformado de datos duros sobre la situación de Diego Fernández de Cevallos o…?

Tic-tac, tic-tac.

gomezalce@aol.com

El gobierno mexiquense actuó apegado a derecho: Peña Nieto

Israel Dávila, corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 4
Toluca, Méx., 30 de junio. El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, sostuvo que las sentencias dictadas contra los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco tienen sustento en el código penal de la entidad, por lo que su gobierno, en este caso, siempre actuó apegado a derecho.

Entrevistado antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la liberación de los atenquenses presos, Peña Nieto aseveró que respetaría el fallo.

Negó que la liberación, que ya se prevía a esa hora, sea un revés para su gobierno, porque las condenas fueron impuestas por el Poder Judicial del estado, que es un ente autónomo.
Recalcó que las penas de prisión –que él consideró “desproporcionadas”– se dictaron en estricto apego al Código Penal y de Procedimientos Penales estatal.

“La actuación que tuvo el gobierno del estado fue legítima. La SCJN así lo avaló cuando analizó el tema. El estado tiene facultad para usar la fuerza pública cuando se trate de reponer el orden y la paz social, y esto fue lo que motivó la actuación de la policía y la decisión adoptada por el gobierno y por un servidor”, dijo.

Otro fracaso de la izquierda nueva

Ciudad Perdida


Borrado, el discurso de Paredes

Miguel Ángel Velázquez
Salieron poco antes de las cinco de la tarde, después de casi dos horas de conversación, con cara de agruras, que seguramente no les provocó la mejor cochinita pibil del mundo, que se prepara en el restaurante Montejo de la colonia Condesa. Los susodichos eran Manuel Camacho y Jesús Ortega, de quienes algún comensal avieso dijo: tal para cual”.

Fue apenas el martes pasado cuando, caliente el crimen contra Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, levantaba especulaciones por todos lados, y algo más. En el irreflexivo intento de no dejar pasar la oportunidad, voces de todas partes lanzaron convocatorias para tratar de lograr unidades inútiles, aunque fuera en el discurso.

Y muy probablemente de eso hablaron los sujetos de la cara agria, es decir, de la negativa que una vez más hallaron de Andrés Manuel López Obrador para tratar de convertirlo en cómplice del desastre del gobierno federal que vive México. La respuesta que tuvieron estos jilgueros de Felipe Calderón fue monolítica: un rotundo no. A los enviados no les explicó mucho, pero estaba claro, sólo una propuesta que cambiara radicalmente la economía del país podría llevar a López Obrador a juntarse con Calderón. Es decir, esa reunión no se dará nunca.

Y es que es falso el discurso que pretende reunir a todos, como en bote de tamalera, con la idea de que eso salvará al país. Ya lo habíamos comentado en este espacio: sumarse al fracaso, irreflexivamente, nada más por subirse a la primera plana, no parece ser la mejor estrategia. Esa suma sólo da como resultado el fracaso. No condicionar un supuesto acuerdo de todos para salvar al país, a una estrategia que se oponga a la idea principal de seguir la guerra por la guerra misma, sin romper las líneas de la administración que la produjeron, sería como caminar a ciegas hacia el precipicio.

Fue el PRI –y eso es muy triste para la izquierda, y muy en particular para Marcelo Ebrard– el que dijo con claridad, por boca de Beatriz Paredes, que para iniciar una diálogo que encuentre soluciones debe haber un convocante legítimo. Y ése, por el momento, no existe. O mejor, el que convoca no tiene la legtimidad que requiere un proceso de salvación que sí urge a la nación. Así que lo que pudiera suceder en favor de ese acuerdo no va a pasar, por más que desde el mismo PRI se trate, a última hora, de enmendar la plana a la lideresa de ese instituto político.
En realidad, las palabras de la presidenta del PRI fueron desaparecidas de los cabezales de los medios impresos y de los avisos que daban razón del discurso de la priísta en los llamados medios masivos. Recordar que el poder actual nació cuestionado, y que fue con la ayuda del mismo PRI que se consumó el asalto a la Presidencia de la República, abrió aún más la herida que no ha cerrado y que ahora supura.

Sin embargo, el discurso de la señora Paredes pareciera también un acto de arrepentimiento que ya no deja dudas. Ellos, los priístas, son cómplices de lo que pasa, pero ahora se niegan a seguir siendo comparsas del fracaso, y lo gritan para que todos lo oigan: diálogo sí, “pero con liderazgos legítimos”.

Ése, o algo parecido, debió haber sido el argumento lógico de la izquierda para cuestionar el quehacer político de quienes han llevado al país a la situación de empobrecimiento, violencia y muerte que se vive. Pero la izquierda irreflexiva se lanza pronta a cazar un lugar cómodo en el conflicto para demostrar, tal vez, que ellos, los de la izquierda nueva, están por el acuerdo tonto, perverso, inútil, siempre que les reditúe el reconocimiento de quienes dudan de su servilismo.

Algo les salió mal a Camacho y a Ortega en la comida del martes pasado, o tal vez nada más sienten sobre los hombros el peso del fracaso. Ni modo.

De pasadita

El Tribunal Electoral del Distrito Federal emprendió una tarea para tratar de lavarse la cara. Lo malo es que hay toneladas de lodo en el ejercicio de ese organismo. Y más que una limpieza de rostro lo que se necesita allí es una operación a corazón abierto. Por ahí les debemos algunas pruebas de los males que aquejan a la institución, así que paciencia, ya vienen.

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com

¡ Libres !

Atenco
Liberan a los doce presos atenquenses
La primera sala de la Corte les concede el amparo

La procuraduría del estado de México usó pruebas ilícitas para imputarles secuestro equiparado: ministros


Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 1º de julio de 2010, p. 2
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) presos desde mayo de 2006, por considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fincó las acusaciones contra los detenidos a partir de “premisas falsas y endebles”, además de que utilizó “pruebas ilícitas” para imputarles el delito de secuestro equiparado.

En votación dividida (cuatro votos contra uno), los ministros concedieron el amparo en favor de Ignacio del Valle Medina Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sin embargo, José Ramón Cossío, quien se sumó a los votos de Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, aclaró que él votaba en favor del amparo, pero se pronunciaba porque la sala cambiara la tipificación del delito de secuestro equiparado por el de privación ilegal de la libertad, que se dictara sentencia acusatoria y se tomaran en cuenta los cuatro años, un mes y 26 días que llevaban en prisión para que compurgaran su pena y quedaran libres.

Silva Meza y Zaldívar se opusieron al planteamiento de Cossío. Argumentaron que la propuesta no era congruente, porque la mayoría proponía dictaminar el amparo “liso y llano”, ya que las pruebas acusatorias de la procuraduría mexiquense fueron “insuficientes e ilícitas”.

Además, le recordaron que la decisión adoptada era “consistente” con los nuevos estándares del proceso penal fijados por la misma primera sala, cuando resolvió los amparos de los indígenas sentenciados por la matanza de Acteal y determinó la liberación de Alberta y Teresa, acusadas de “secuestrar” a seis agentes federales en Querétaro.

Cossío reivindicó su derecho a votar como mejor le pareciera, ante la inconformidad de los tres ministros que descalificaron el proceso contra los acusados por haber violado el debido proceso y la garantía de presunción de inocencia.

Sólo el presidente de la primera sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, votó en contra del amparo, al considerar que sí quedó demostrada la acusación de secuestro equiparado, en razón de que los funcionarios “retenidos” en los hechos ocurridos en febrero y mayo de 2006 en Atenco sufrieron amenazas físicas y verbales como forma de presionar al gobierno mexiquense a cumplir sus demandas.

De esta forma quedó sin efecto la sentencia de 112 años de prisión contra Ignacio del Valle y de 67 años contra Felipe Medina y Héctor Galindo, respectivamente, por el delito de secuestro equiparado.

En la sesión estuvieron presentes Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle; los actores Bruno Bichir, Ofelia Medina y Julieta Egurrola, del colectivo de apoyo a los presos de Atenco, y Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997.

Los otros nueve acusados, recluidos en el penal de Molino de Flores: Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate recibieron el amparo por votación unánime.
Sin discusión, los ministros descalificaron las acusaciones contra estos nueve activistas –sentenciados a 31 años de prisión– por la “retención” de funcionarios y policías los días 8 de febrero, 6 de abril, y 3 y 4 de mayo de 2006, en razón de que el Ministerio Público utilizó un álbum fotográfico para que los testigos reconocieran a sus agresores y porque la acusación se basó en “la simple circunstancia de que los quejosos se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que nada tenían que hacer ahí”.

Al defender la postura de la mayoría, Silva Meza aseveró que “la ilegalidad de la sentencia reclamada” se pone más de manifiesto cuando la autoridad enfatizó la responsabilidad de los quejosos, porque pertenecen a una organización social, como lo es el FPDT, “partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad y despliegue de conductas consideradas delito por los integrantes de dicha organización, sin que interese si se encuentran o no debidamente acreditadas”.

Agregó que las condenas reclamadas en los amparos dejan ver una forma “maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social; como una forma de castigar ser oposición”, que pone en entredicho “la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la integridad, libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados”.

Consideró que el respeto a las libertades es fundamental en un Estado democrático y de ahí la importancia de la concesión del amparo y sentar un precedente para cuando se presentensituaciones como éstas en el futuro.

Subrayó que “la manifestación de ideas y el reclamo social no son sinónimos de delincuencia; pensar lo contrario y utilizarlo como basamento para emitir una sentencia condenatoria es actuar contra nuestro sistema de justicia, en indefectible desdoro de los derechos y libertades del ciudadano”.

Silva Meza señaló que los amparos “adquieren una significación social superlativa, no sólo por tratarse de los quejosos, de líderes sociales emblemáticos de un grupo que se ha caracterizado por ser fuerte opositor del gobierno del estado (de México) donde fueron sancionados, amén de que también de diversas acciones del gobierno federal”.

Subrayó que si bien la práctica de “retener personas” vulnera el derecho a la libertad e integridad y constituye un “desafío y desconocimiento” de la autoridad del Estado para obtener algo de éste, lo cierto es que también quedan en evidencia cuestiones como “la desmesura y desproporción de la reacción del poder del Estado”.

En todos los casos se ordenó notificar, vía telegrama, a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación de los acusados por lo que respecta al delito de secuestro equiparado.

Calderón se tambalea

Álvaro Delgado



MÉXICO, D.F., 28 de junio (apro).- Habitualmente fríos al drama cotidiano de millones de mexicanos a merced de la pobreza y la violencia, a las que suelen aproximarse sólo mediante sus proyectos filantrópicos, los ricos de México padecen cada vez más los embates de la delincuencia, aun en las fortalezas que habitan y detrás de nubes de guaruras.

En medio de matanzas que apilan casi 25 mil cadáveres, balaceras a cualquier hora, secuestros cotidianos, extorsiones por doquier, abusos policiaco-castrenses crecientes y desasosiego general, todo en un contexto de impunidad absoluta, las élites ya están hartas.

Y han dado con el responsable: Felipe Calderón.

En las conversaciones en los restaurantes de postín de todo el país, en los centros financieros y en sesiones de organismos empresariales, son cada vez más despectivos y soeces los comentarios sobre Calderón y sus colaboradores, que van desde “nacos”, “ineptos” y “corruptos” hasta imputaciones sobre ostensibles aficiones etílicas.

En esos corrillos corren toda suerte de especulaciones, inventivas y asertos sobre la élite burocrática y sus supuestos negocios materializados gracias a amoríos, afectos o consanguinidad al más alto nivel.

En esos ámbitos no dan un centavo por un futuro prometedor para Calderón y su círculo cercano, que creen que inevitablemente reemplazará el grupo de Enrique Peña Nieto –al que ven más moldeable--, y aun se cruzan apuestas si puede concluir el sexenio.

Las expresiones despectivas sobre Calderón han cobrado auge ahora que recibió, este lunes28, un segundo obús en su línea de flotación y exhibió, otra vez, su extrema fragilidad.

Se trata de la ejecución a balazos del candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y de otras cuatro personas, a menos de una semana de las elecciones en ese y otros 14 estados, un embate criminal que México no conocía desde el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 21 de marzo de 1994.

El primero obús que cimbró a Calderón y su enclenque gobierno fue el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, el viernes 14 de mayo, un hecho que no sólo exhibió que cualquier organización delictiva es capaz de privar de la libertad a quien sea –incluido, como es el caso, uno de los individuos que encarnan los intereses oligárquicos--, sino de poner de rodillas al Estado, que eso implica el repliegue de éste ante el secuestro que ni siquiera se acepta como tal.

Este secuestro espantó a la élite económica y política de México, que se ve desde entonces extremadamente vulnerable a los criminales o grupos guerrilleros que, como en 1994, secuestraron a prominentes magnates como Alfredo Harp Helú, cuyo rescate de 30 millones de dólares, por cierto, no quería pagar el socio de éste en Banamex, Roberto Hernández.

La ejecución del candidato priista a gobernador han reactivado en la élite la certeza de que Calderón ya no es capaz de dar seguridad a los mexicanos, en primer lugar a ellos que lo impusieron en el cargo, y que su empecinamiento en su “guerra” sólo agravará las condiciones de peligro.

Los megacrímenes de Fernández de Cevallos y de Torre Cantú indican que la escalada delincuencial va en ascenso y que apunta a la comisión de otros homicidios de gran relevancia. Si no se tomó con la debida seriedad el asesinato del candidato panista a Valle Hermoso, Mario Guajardo, y de su hijo y uno de sus empleados, ahora no puede soslayarse la muerte a balazos del virtual próximo gobernador.

Porque, así como ya se atentó contra políticos del PAN y del PRI, puede preverse que sigue un personaje de peso del sector empresarial o en general de la élite que impuso, a toda costa, a Calderón, que ahora lo aborrecen y que pueden facilitar su caída...



Apuntes



Si Calderón removió a Miguel Gómez Mont como director de Fonatur por el pleito en el que participó con familiares de los futbolistas de la Selección Mexicana, después de que ésta fue sepultada por la de Argentina --a cuyos naturales ese sujeto insultó: "todos los argentinos que se vayan a la chingada"--, hay muchas más razones para hacerlo con otro miembro del clan, Fernando, el secretario de Gobernación, cuya más reciente estupidez fue insultar a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos llamándolos “tontos útiles”. Arrogante y frívolo, Gómez Mont tiene la instrucción de su jefe de evitar, a toda costa, que se sancione a los asesinos de Brayan y Martín Almanza, los niños asesinados a balazos por soldados en un retén en Tamaulipas. Tiene razón el obispo Raúl Vera López: Calderón es un dictadorzuelo y Gómez Mont es un fascista…



delgado@proceso.com.mx

Calderón: "me iré pero seguirá la inseguridad"

La redacción de proceso.com



MÉXICO, D.F., 30 de junio (apro).- El presidente Felipe Calderón dijo ante la cúpula empresarial que dentro de poco ya no estará en la residencia oficial de Los Pinos y, sin embargo, la inseguridad pública podría seguir campeando por el país, toda vez que se trata de un problema incubado desde muchos años atrás.
Al salir de una reunión privada en Los Pinos, Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mencionó lo anterior y dijo que el mandatario estaba contento de recibir el apoyo del sector privado.
Los empresarios y columnistas especializados en finanzas llegaron a Los Pinos desde temprano para participar en un acto en el cual se anunció la eliminación de trámites en el pago de impuestos.
"Esta batalla que estamos librando es de todos nosotros. Como dice él (Calderón): oye, yo dentro de poco ya no voy a estar y la situación va a seguir, no es un problema que se causó ahorita", expuso Sánchez Ruiz en entrevista.
Por su parte, Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, dijo que Calderón está dispuesto a escuchar distintas ideas y propuestas, pero no a dar marcha atrás en la lucha contra la criminalidad.
"Eso nos decía ahorita el señor presidente (que) está dispuesto a oír distintas ideas y propuestas, excepto el hecho de ir para atrás, en eso no está dispuesto a tratar ese punto y estamos de acuerdo que no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante", dijo González en entrevista a su salida de Los Pinos.

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