Daniel Lizárraga
A lo largo de la semana, el Campo Marte dio cobijo a las tres sesiones de los Diálogos por la Seguridad, donde especialistas, académicos, organizaciones civiles y líderes religiosos opinaron sobre el mal que aqueja al país: la violencia desatada. El gobierno, no obstante, se defendió esgrimiendo cifras: el director del Cisen habló de cantidades exorbitantes de criminales detenidos y de grandes incautaciones. Sin embargo, un número destaca sobre todos las demás: el de las 28 mil muertes que ha acarreado la guerra de Calderón.
Si bien el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, señala que a la delincuencia organizada se le han propinado golpes como nunca antes en la presente administración, también reconoció que son ya 28 mil las ejecuciones provocadas por el narco y que, además, se ha incrementado el número de robos, secuestros y extorsiones.
En un ejercicio inédito para un director del órgano de inteligencia del gobierno mexicano, Valdés no sólo fue el primer orador en la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, organizados por la Presidencia de la República entre el lunes 2 y el jueves 5, sino que también presentó en público un informe sobre los avances y retrocesos en la guerra contra el narcotráfico.
“No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos”, destacó Valdés mientras explicó el contenido de 32 láminas con estadísticas, análisis y conclusiones ante académicos, columnistas e investigadores reunidos en el Casino Militar del Campo Marte.
La cifra de ejecutados dada a conocer por el Cisen la mañana del martes 3 contrastó con la ofrecida por Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , apenas el 17 de junio: 24 mil.
Si ambas cifras fueran correctas, significaría que en 46 días se habrían cometido unos 4 mil asesinatos.
Del número de ejecutados ofrecido por el Cisen, más de 90% corresponde a personas vinculadas con el crimen organizado; 6%, autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas, y 1% a víctimas inocentes, según dijo Felipe Calderón más adelante, durante el mismo encuentro, en un intento por explicar que la violencia es generada por los ajustes de cuentas y los reacomodos dentro de los cárteles del narcotráfico tras ser capturadas sus cabezas o, en su caso, muertas, como sucedió recientemente con Ignacio Coronel, uno de los capos del cártel de Sinaloa.
“Las tareas pendientes que tenemos son detener la espiral de violencia y disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales”, sentenció Valdés mientras en los monitores instalados en el Casino Militar se proyectaban resúmenes y cuadros ilegibles, los cuales tuvieron que ser interpretados –en 20 minutos– por el mismo director del Cisen.
El presidente Calderón convocó a estos encuentros con la sociedad luego de que el candidato a gobernador en Tamaulipas por la alianza PRI-PVEM-Panal, Rodolfo Torre, fue asesinado. No obstante, el panorama se ha enturbiado más luego de que estallaron dos coches-bomba, el primero en Ciudad Juárez –el 15 de julio– y el segundo en Ciudad Victoria –el jueves 5–, además del secuestro de los periodistas y camarógrafos de Televisa, Milenio y del diario duranguense El Vespertino.
En el informe presentado por el Cisen, Valdés detalló el decomiso de 34 mil 699 vehículos, lo que representa 157% más de lo incautado el sexenio anterior. Para reponer esos autos, se precisa, los delincuentes tendrían que pagar 600 millones de pesos.
Por otro lado –dijo Valdés–, se decomisaron 84 mil armas, 330 millones de dólares y 441 millones de pesos, cifras sin precedente. Esto, agregó, “ha mermado la capacidad operativa de la delincuencia (sobre todo) si toman en cuenta las aprehensiones de 20 mil miembros del cártel del Golfo/Zetas; 18 mil del cártel del Pacífico; 12 mil del de Juárez, y 9 mil de los hermanos Beltrán Leyva”.
Aunadas a estas cifras –antes desconocidas–, Guillermo Valdés informó de 963 enfrentamientos armados, en carreteras y calles, entre el crimen organizado y las fuerzas del Estado, lo que habla de por lo menos un enfrentamiento al día en promedio.
Ante esta perspectiva, Calderón exigió la participación de la sociedad, independientemente de la decisión que puedan tomar las fuerzas políticas, legisladores y gobernadores.
Descompuesto al escuchar las propuestas para reorientar el combate a los narcotraficantes hechas durante los Diálogos por la Seguridad, el mandatario advirtió:
“Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad, por ejemplo, de la que requerimos información puntual, si se quiere incluso confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales”, dijo con el rostro enrojecido, elevando el tono de voz y manoteando sobre la mesa en torno a la cual, durante tres días, representantes empresariales, organizaciones ciudadanas, académicos y líderes religiosos habían manifestado abiertamente su preocupación por el incremento de la violencia en el país.
“A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas, a mí sí me interesa saber en dónde se reúnen, a mí sí me interesa saber cómo actúan, a mí sí me interesa saber quiénes los cobijan y se coluden con ellos; ministerios públicos, jueces, policías, alcaldes o gobernadores. Sí me interesa saber. Y la sociedad sé que lo sabe”, añadió en su reclamo hecho en el último de los tres encuentros, ante 18 representantes de las diversas iglesias del país.
La mayoría de los casi 82 invitados a dialogar con Calderón sugirió dar un giro a la estrategia ampliando, entre otras cosas, las investigaciones contra el lavado de dinero, desarrollando mejores programas sociales en las zonas más afectadas y, sobre todo, brindando información para entender lo que sucede.
Ante estas sugerencias, Calderón dijo haber tomado nota de cada una, pero rechazó las tesis de “quienes suponen” que si el gobierno no enfrenta a los criminales se acabaría la violencia. “Yo lo dudo”, comentó ante los líderes religiosos, y advirtió:
“Este problema lo está sufriendo la gente más pobre en sus comunidades (…) Y, en ese tema, señores, lo advierto de una vez, yo no voy a ceder. Yo seguiré trabajando hasta el límite de mis fuerzas y hasta el límite de los recursos que la Constitución me otorga como presidente para combatir la criminalidad.”
Proceso no encontró una propuesta, entre las más de 50 intervenciones hechas en las sesiones públicas, en el sentido de que se retirara el Ejército de las calles.
Combatir el lavado
Uno de los representantes de la cúpula empresarial, Sergio Enrique Aguilar Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pidió apurar las investigaciones sobre lavado de dinero.
Una de las propuestas, por ejemplo, fue hecha por Luis Peña Kegel, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, en el sentido de impedir los pagos en efectivo iguales o mayores de 50 mil pesos para comprar casas o automóviles. Además, se quejó por la falta de una base oficial de datos que permita a los grupos financieros ponerse en alerta ante transacciones de empresas bajo investigación.
Esta postura no sólo fue respaldada por los empresarios, también se sumaron representantes de organizaciones civiles, como Eduardo Joaquín Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, e Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro; esto provocó los primeros gestos de disgusto de Calderón, quien apretaba las mandíbulas y no despegaba la mirada del monitor que tenía frente a él.
En esa primera sesión –el lunes 2 de agosto– faltó coordinación entre los colaboradores del mandatario, ya que la mayor parte de los lugares para el público estaban vacíos, la coordinación de Comunicación Social no contaba con una lista de invitados de prensa –la tuvieron que confeccionar sobre la marcha– y el secretario de Gobernación, Francisco Blake, debió leer detenidamente los nombres de los convocados a la reunión, pues no conocía a muchos.
Ahí Eduardo Gallo dijo que no respaldaría a ciegas a Calderón y propuso al mandatario contar con un plan B, consistente en abrir el debate sobre la legalización de la mariguana, pues es importante medir de qué tamaño es el abanico de posibilidades, sin reparar en tabúes.
Las palabras del activista no tuvieron eco. Nadie retomó el tema.
Heriberto Castillo, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, propuso nuevos programas de empleo para jóvenes en zonas marginales, y Eduardo Gallo aterrizó esa idea al plantear programas temporales de empleo como los que se impulsaron durante la reciente crisis financiera.
Un día después de estos señalamientos, en Los Pinos, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Economía, Bruno Ferrari, informaron que entre enero y julio de 2010 se crearon 559 mil 70 nuevas plazas.
Fallas en la información
En la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, académicos, especialistas en el análisis del narcotráfico y columnistas criticaron al gobierno por la falta de información para entender qué pasa en México.
“No se puede medir la eficacia y la eficiencia. La información debe estar al alcance de todos sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”, dijo Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad.
A este señalamiento se sumó el investigador Raúl Benítez Manaut, quien dijo que sí se puede apoyar a Calderón en el combate a la delincuencia, pero para ello debe haber una mínima retroalimentación con datos veraces.
“El gobierno no ha sabido transmitir si va ganando o perdiendo la guerra. No ha sabido comunicar qué pasó en los operativos tras la muerte de los capos Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel. La verdad es que no entiendo por qué el gobierno sí le da información a las agencias extranjeras. Eso es algo muy desagradable”, expuso mientras Calderón anotaba algo en una computadora personal.
Uno de los momentos más tensos fue cuando Eduardo Guerrero, socio de Lantia Consultores, propuso focalizar de mejor manera su estrategia hacia los puntos de mayor conflicto, como ha sucedido en otras partes del mundo –Chicago o Rusia–, minimizando los riegos hacia la población.
Calderón lo interrumpió pidiéndole que explicara mejor sus ideas, ya que –desde su perspectiva– no hay manera de hacer eso en forma automática.
Guerrero, en respuesta, comentó que esto era como en un juego de billar en el cual antes de meter una bola en la buchaca ya se sabe que el resto va a rebotar y se calculan sus movimientos para no cometer errores.
Lo mismo pudo suceder –ejemplificó– con el caso de Ignacio Coronel cuando, al mismo tiempo que se planea una detención efectiva, el gobierno cuenta con planes sobre cómo contener la violencia dentro del cártel del Pacífico para que la población no resulte afectada.
Calderón apretaba las mandíbulas y no dejaba de taladrar con la mirada al consultor. “Pero bueno, estaríamos entonces de acuerdo en que primero hay que pensar en meter las bolas”, comentó después el mandatario.
Héctor Aguilar Camín hizo que a Calderón se le descompusiera el rostro cuando dijo que su gobierno no es capaz de disparar información ni en defensa propia.
“Desde el punto de vista de la información, ustedes, las autoridades, nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros (…) La guerra está perdida en el ámbito de la información y la opinión pública”, destacó el historiador. Recordó que sobre la muerte de Ignacio Coronel el gobierno no aportó detalles sobre cómo fue el operativo.
“Y ahí es donde digo que no disparan en materia de información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública es también perder credibilidad del gobierno en otros ámbitos, no sólo en materia de seguridad”, añadió.
“Uno no entiende –apuntó– por qué se reservan esa información, por qué no tienen una estrategia puntual para informar de las cosas que conocen, no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de información pública, continua y sistemática.”
Otros académicos e investigadores, como Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apuntaron que el mayor déficit en la estrategia oficial en el combarte a la delincuencia ha sido en el sistema de información.
“Hay un desastre completo. No se previene el delito ni se castiga bien a los delincuentes. Requerimos de un sistema completo de flujo de información. De otra manera no se pueden analizar los problemas y corregirlos. Necesitamos información y la necesitamos urgentemente”, exigió.
Calderón reconoció que su gobierno no ha podido comunicar qué pasa y cómo trabaja su gabinete, pero subrayó que no hay una intención deliberada de ocultar datos ni información.
Mauricio Merino, también investigadores del CIDE, expuso: “Me ha parecido muy mala idea, mala estrategia, que sea la PGR la que encabece las medidas contra el IFAI. Esto ha emitido una señal de secrecía que no ayuda en nada a construir confianza. Tengo la impresión de que se está operando toda esta estrategia en la vieja idea de la caja negra”, enfatizó.
Merino se refería al hecho de que la PGR ha solicitado la intervención del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir las resoluciones del IFAI mediante las cuales los comisionados ordenaron la apertura de expedientes. Aunado a ello, también se impulsó una reforma legal para impedir que las averiguaciones previas sean públicas aun cuando ya estén cerradas.
En esa mesa se encontraba el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, quien optó por no confrontar a Merino. En respuesta, Calderón ofreció a sus invitados abrir la información y les prometió entregarles una base de datos oficial.
Esa noche Los Pinos emitió un comunicado para puntualizar que Calderón está contra la legalización de la mariguana, pero que acepta abrir el debate al respecto.
Las bodas de Canán
En la siguiente sesión, ahora con los líderes religiosos, Calderón aprovechó una intervención sobre la ausencia de la clase política en esos encuentros para advertir que no esperará más tiempo “a ver a qué hora” los legisladores y, sobre todo, los líderes partidistas ponen los intereses del país por encima de las ambiciones personales.
Por ello –enfatizó– seguirá encontrándose con otros sectores de la sociedad para atender la nueva escalada de violencia generada por el crimen organizado, e incluso demandó que los propios creyentes y las organizaciones sociales cobren la factura a los partidos.
“Porque sé que el día de mañana van a ir ustedes a pedirles el voto y persuadirán a su comunidad. Es la hora de que entre todos nos exijan a quienes tenemos responsabilidades públicas cumplir con nuestro deber. Y todos hemos cometido errores, por supuesto”, sentenció tras escuchar durante alrededor de dos horas las opiniones de obispos y pastores.
Calderón utilizó una parábola de la Biblia, las bodas de Canán, para explicar desde su perspectiva la ausencia de los partidos.
“Había un rey que organizó una banquete y cuando se llegó la fecha, uno a uno de los invitados fueron excusándose para no ir, y lo que hizo el rey fue salir al cruce de los caminos a invitar a quienes no habían sido convidados en un principio”, comentó.
Al día siguiente, el jueves 5, los gobernadores de todo el país acordaron reunirse con el mandatario federal el próximo día 12. Los voceros fueron los mandatarios de Nuevo León y Veracruz, Rodrigo Medina y Fidel Herrera. El anuncio lo hicieron desde Los Pinos.
