Historias de Fox y Marta... censuradas

DANIEL LIZáRRAGA
En su libro La corrupción azul, editado por Random House Mondadori, Daniel Lizárraga, reportero de Proceso, cuenta cómo su investigación sobre el fideicomiso privado de Vicente Fox fue censurada por órdenes de la presidencia de la república y cómo, por la misma razón, el trabajo reporteril de dos de sus compañeras, que exhibía las corruptelas de Fox y Marta, no fue publicado. A continuación un extracto del capítulo Historias censuradas, tomado del libro de Lizárraga que ya se encuentra en circulación

Todo comenzó con una llamada, el teléfono sonó tres ocasiones sobre el escritorio hasta que tomé el auricular. Al otro lado de la línea estaba mi jefe.

—¿Puedes venir un momento? —preguntó.

Antes de que pudiera pensar en otra cosa o decir sí, ya había colgado. Cuando caminaba rumbo a su oficina pensando cómo poner el punto final a la investigación que veníamos desarrollan­do desde hacía ocho meses, lo encontré parado junto al elevador con las manos en los bolsillos, el cabello alborotado.

—Vamos a platicar afuera —dijo.

Usualmente nos apresuraba de otra manera, no en la calle. Algo no andaba bien.

A Ignacio Rodríguez Reyna lo había conocido en la redac­ción de Reforma. Él formaba parte del equipo de investigación que logró posicionar en poco tiempo a este diario, luego dirigió El Universal algunos meses y ahora era el director de La Revis­ta, un semanario encartado en este último diario en el cual un grupo de reporteros trataba de contar historias, rompiendo con el acartonamiento del periodismo mexicano. El semanario había cumplido dos años y, aunque estaba en números rojos, el equipo seguía trabajando, entusiasmado también por las puertas que iban abriendo mediante la Ley Federal de Transparencia.

—Me hablaron de la dirección del periódico, no quieren que salga tu texto —me soltó como una ráfaga, tratando de sostener­me la mirada.

—¿Qué pasó? —le pregunté aún azorado.

—No se puede tocar a Fox ni a Marta, al menos por el mo­mento, ésa fue la instrucción —reviró. Parecía como si la ­espalda se le hubiera estrechado y algo por dentro lo carcomiera.

—¿Quién te habló? —insistí aún sin poder creer lo que escu­chaba.

—Nacho Ayala, el particular del director —respondió.

El proyecto hacía agua.



Hacía un par de horas, en esa tarde del 28 de julio de 2005, que el teléfono instalado sobre el escritorio de Nacho también repi­queteó al entrar una llamada de Ignacio Ayala, el secretario par­ticular del dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz.

—Oye, te recuerdo que hay una instrucción de actuar con toda responsabilidad en lo que pretendes publicar esta semana —le advirtió.

—Sí, efectivamente, lo estamos haciendo con toda responsa­bilidad. Por eso estamos buscando una versión de la Presidencia. El director ya está enterado de esto —contestó Nacho.

—Pues yo no sé… pero ese trabajo no se publica…

—¿Es una instrucción tuya o de la dirección del periódico?

—Ya te dije… ese trabajo no se publica…

—Quiero hablar con el director…

—No está disponible.

Ayala colgó. Nacho se quedó pensando qué hacer, hundido en su silla tratando de digerir lo que estaba pasando por segunda ocasión consecutiva. Hacía menos de un mes que Ealy le solicitó no difundir otra investigación, ésta elaborada por Rodolfo Mon­tes sobre la entrega de permisos para casinos y juegos de azar a nombre de Olegario Vázquez Raña, uno de los empresarios más cercanos a la pareja presidencial.

Esa vez, Ealy le pidió a Nacho un favor especial: Olegario era su amigo, no podía hacer la vileza de publicar algo así, sobre todo cuando hace unos días le había organizado una fiesta de cum­pleaños con más de 70 invitados.

A Nacho le vino esta historia a la cabeza. Cuando lo de Ole­gario, junto con el subdirector de La Revista, Pascal Beltrán del Río, acordaron aguantar. Si se trataba de su amigo, quizás era comprensible. Ambos sabían cómo era el dueño de El Universal y el proyecto valía la pena.

Los reporteros también soportaron el peso de una decisión así. Y, aunque los datos fueron filtrados a La Jornada, no hubo represalias.

Julio Scherer García, fundador de Proceso, maestro para gene­raciones de periodistas surgidos de las universidades, quien pade­ció la embestida del ex presidente Luis Echeverría en su contra cuando era director de Excélsior, piensa que la única autocensura posible es cuando está de por medio la familia.



Alguna vez, platicando con Gabriel García Márquez, me dijo: nada contra la sangre, Julio; si lo haces te pudres. Pero cuando se trata de amistades es otra cosa. Como el amor, la amistad es libre. Cuando condicionas, tu amistad se fractura. Si como Ealy antepones la amis­tad a un reportaje, vas a estropearlo todo; tu amistad y tu trabajo.



Una semana antes de que recibiera la punzante llamada para detener la portada de La Revista, Nacho había tenido una reunión con Ealy para explicarle que publicaríamos un reportaje sobre los gastos de Fox como presidente electo.

No se trataba de alguna filtración —le explicó entonces—, en la redacción se contaba con los documentos oficiales obteni­dos de Hacienda mediante la Ley Federal de Transparencia. No había duda de su autenticidad. Ahí residía la solidez de la inves­tigación.

Nacho le detalló que, por lo mismo, era un asunto delicado por la forma en que el gobierno de Zedillo le había, literalmen­te, regalado dinero a Fox. Por eso hablaría con el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar, para que explicaran lo que ellos creyeran conveniente.

El director no se opuso: "Hágalo usted con cuidado", le res­pondió. Nacho había sido director interino del diario durante ocho meses, antes de lanzar el proyecto de La Revista. Se cono­cían bien.



El Universal —el segundo diario más antiguo en la ciudad de México— fue uno de los impulsores de la Ley Federal de Trans­parencia. En su salón Palaviccini, el que reservan siempre para los actos importantes, se reunía frecuentemente un grupo de acadé­micos, investigadores y periodistas conformado por Jorge Islas, ex abogado general de la unam; Juan Francisco Escobedo, otrora director de la maestría de comunicación en la Universidad Ibero­americana; Salvador Nava, profesor en la Universidad Anáhuac y ahora magistrado electoral; Ernesto Villanueva, especialista sobre transparencia con experiencia internacional; Genaro Villamil, periodista especializado en medios de comunicación enviado por La Jornada; Miguel Treviño, directivo del Grupo Reforma, y Luis Javier Solana, quien era el hombre designado por el anfitrión.

Ahí, en el segundo piso del edificio ubicado sobre avenida Bucareli número 8, discutieron la forma en que presentarían una propuesta de ley buscando que se aprobara, pronto, en la Cáma­ra de Diputados. México, por vez primera en su historia, se per­filaba para contar con un sistema que obligaría a los funcionarios a rendir cuentas y, desde luego, El Universal podría reclamar la paternidad en cualquier foro, como siempre lo hizo.

Nacho creyó que Ealy había comprendido la importancia de que el periódico publicara este tipo de investigaciones de largo aliento como lo hacen otros diarios del mundo en cuyos países las leyes de acceso a la información datan de hace décadas. En Estados Unidos su Freedom Information Act —la foia, como se le conoce popularmente— se creó desde 1963.

El director de La Revista salió tranquilo de la oficina de Ealy, pensando que sólo faltaba buscar al vocero presidencial, Rubén Aguilar, aunque difícilmente podrían decir algo que derrumba­ra la investigación sin enredarse en sus propios hilos, como ya lo habían hecho al tratar de ocultar los gastos.

Como siempre lo hacía, Nacho caminó de Bucareli 8 hasta el vetusto edifico localizado en la esquina que forman la avenida Juárez y la misma Bucareli. En el tercer piso estaba la redacción de La Revista; el inmueble siempre estaba sitiado por un tráfi­co atroz, camiones hediondos cargados de cerdos que pasaban a cualquier hora del día atravesando el corazón del primer cuadro de la ciudad, una joven indigente permanentemente alcoholizada tumbada a la entrada y una amable señora vendedora de Lotería.

Con los zapatos cubiertos de una fina capa de polvo ya estába­mos atrapados por obras de reconstrucción en el Centro Histórico; Nacho entró a su oficina y tomó el auricular para comunicarse con el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar. Le pidió una entre­vista con alguien cercano al presidente o quizá una versión por escrito, como ellos lo prefirieran. Estaban en su derecho.

Rubén Aguilar escuchó decir al director de La Revista que teníamos copias de los depósitos hechos a una cuenta privada del presidente y un archivo amplio sobre quiénes y cómo habrían cobrado un sueldo ante Hacienda violando reglamentos internos del gobierno.

El encargado de manejar la comunicación en Los Pinos, un ex militante de la izquierda en la década de los setenta que se había convertido en personaje público a fuerza de conferencias de prensa diarias y parodiado en televisión por traducir "lo que el presidente había querido decir", respondió que, sobre el tema de la transición, no tenía información, así que platicaría del asun­to con Ramón Muñoz, jefe de la Oficina de Innovación Guber­namental.

Por ese entonces, en junio de 2005, Manuel Bribiesca Saha­gún, el hijo mayor de Marta Sahagún, ya había demandado a la periodista Olga Wornat y a la editorial Random House Monda­dori por daño moral. En el libro Crónicas malditas se describió su presunta riqueza inexplicable amasada mediante un abierto trá­fico de influencias. Según esta investigación, los muchachos se habrían hecho millonarios en dos años mediante jugosos contra­tos para obras públicas. La primera dama también había deman­dado a Proceso.

Pasó una semana y Rubén Aguilar no respondió. Nacho dio instrucciones: se prepararía un párrafo especificando que en la Presidencia no se aceptó una entrevista y que habíamos esperado una versión oficial hasta el momento de cerrar la edición. Mien­tras tanto, el subdirector Pascal Beltrán haría contacto de nuevo con Rubén Aguilar para saber qué estaba pasando.

Marcela Rivas, directora de diseño, mostraba a Nacho tres proyectos de portada, como siempre lo hacía. Entre ella, Pas­cal, Óscar Camacho —jefe de información— y Hugo Martínez —coordinador de edición— seleccionaron una en la cual el ros­tro de Vicente Fox estaba dentro de un billete. Uno de los boce­tos tenía los mismos colores que un billete de 100 pesos —una mezcla de colores ladrillo y blanco—. Nacho dijo que no, que eso podría traer problemas legales. No quería dar un solo moti­vo de queja dentro del periódico. La frase: "El fideicomiso pri­vado de Vicente Fox". Dejó el encabezado y pidió que se pusiera de fondo un color verde, similar al de los dólares.

Junto con éste, en esta investigación se publicaría un resu­men de uno de los capítulos del libro La familia presidencial bajo sospecha de corrupción. Las autoras, Anabel Hernández —reporte­ra de La Revista— y Arelí Quintero —quien entonces trabajaba para Diario Monitor—, expusieron ahí el resultado de una inves­tigación sobre la repentina forma en que Fox y Marta habían transformado el rancho La Estancia, en San Francisco del Rin­cón, Guanajuato, en un paradisiaco sitio para su retiro. Todo estaba casi listo.

En la primera investigación se dejaba abierta la pregunta: "¿Qué le hicieron al dinero depositado en el fideicomiso privado de Vicente Fox?", ya que Hacienda se había negado rotundamen­te a entregar esos archivos. En el capítulo del libro se dejó al aire la incógnita sobre cómo los Fox habrían financiado la remode­lación de un rancho que medía la mitad de las hectáreas con las que cuenta el Bosque de Chapultepec.

Cuando Pascal Beltrán hizo contacto con el vocero de Los Pinos, la caravana presidencial se hallaba de gira por Tlaxcala. Por teléfono, el subdirector preguntó si habría versión oficial. Rubén Aguilar dijo que aún no sabía y que, en cuanto hubiera algo, se comunicaría a La Revista.

Nunca llamó.

Faltaba un año para la elección presidencial. Vicente Fox y Marta Sahagún tenían como prioridad en ese momento sacar avante la precampaña del secretario de Gobernación, Santia­go Creel, y detener al perredista Andrés Manuel López Obra­dor. "¡Nunca más gobiernos deshonestos, nunca más gobiernos corruptos!", arengó él desde una templete. "No van a llegar, no van a llegar", respondió Marta ante la súplica de una mujer que le solicitaba impedir que llegaran al poder los mismos de siempre.

La división del trabajo se cumplía una vez más en esa gira. Mientras ella se comprometía a enviar computadoras la semana próxima o a tramitar una ambulancia para Apizaco, Fox utiliza­ba una grabadora de bolsillo para no olvidar al proyecto carrete­ro Tlaxcala-Calpulalpan-Apizaco, y hacerlo de cuatro carriles, con un costo de 790 millones de pesos.

Nacho Rodríguez Reyna cree que Rubén Aguilar pudo comunicarse con el director de El Universal, Roberto Rock, o directamente con Ealy Ortiz, para impedir que la investigación se publicara. "Por supuesto que Nacho Ayala no habló a nom­bre propio, ni pudo ser una ocurrencia", concluye desde su nue­vo trabajo como director de la revista Emeequis.

Pero el ex vocero de Los Pinos, quien ahora forma parte de un despacho privado de asesoría en materia de comunicación, ase­gura que no hizo semejante cosa. El jefe del staff, Ramón Muñoz, nunca consideró dar una respuesta a La Revista.

—Y entonces, ¿cómo atendías las peticiones de entrevistas? —le pregunté en una charla dentro de su despacho, en el decimo­primer piso de la Torre Diamante, al sur de la ciudad de México.

—Pues dependía de cada caso, del tema.

—¿Y por qué no hablarlo directo con Fox? —insistí.

—Creí que en el tema de la transición gubernamental debía canalizar la petición de ustedes por medio de Ramón Muñoz. Eso no lo hablé directamente con Fox —atajó.

La llamada de Ignacio Ayala fue como un hachazo invisible.

"Qué se podría decir luego del golpe, cómo resumir el dolor y la rabia. Cómo levantar la voz, cómo decir que nada había pasado cuando en los rostros, salvo excepciones, no había más que silencio. El golpe había sido de muerte", escribió en una libreta de apuntes Jacinto R. Munguía, uno de los reporteros en México más adentra­dos en la documentación del pasado y un especialista en escudriñar los secretos enterrados en el Archivo General de la Nación (agn).

Nacho seguía desconcertado. No sabía en ese momento qué hacer: dejar la portada como estaba, con el rostro de Fox, y permitir que la dirección del periódico hiciera los cambios, o tomar la inicia­tiva y desde la redacción ejecutar los movimientos. Llamó a una junta urgente a Pascal Beltrán y al asesor Luis Javier Solana, el mismo que había sido artífice de la Ley de Transparencia y hom­bre cercano a Ealy.

En esa junta decidieron que los cambios se hicieran desde la redacción. Un reportaje de cultura que originalmente iba en pági­nas interiores saltó a la portada. El texto del fideicomiso privado de Fox, junto con el resumen del libro, desaparecieron.

Elecciones: tres lecturas del 5 de julio

Jaime Avilés
Hay tres maneras de anticiparse a los resultados probables de las elecciones del 5 de julio. La primera, y sin duda la más acariciable y atractiva para los jóvenes, es la que promueve la abstención total. Que nadie vote ese día. O que todos vayamos a las urnas y anulemos nuestra boleta con una consigna política, una mentada de madre o un dibujo no figurativo. Según mediciones que se hacen por aquí y por allá, si esta idea se impone la votación será inferior a 30 por ciento: hay quienes la fijan ya en 27 por ciento y exponen razones que aquí sería tedioso repetir.

Supongamos, pues, que efectivamente votan 27 de cada 100 personas inscritas en el IFE en todo el país. Como el mercado electoral está dividido en tres tercios, PRI, PAN y PRD representarían, en consecuencia, cada uno, a poco más o poco menos de 10 por ciento de los ciudadanos. ¿Qué legitimidad tendría por lo tanto la próxima Cámara de Diputados? Tanta como la que le falta, por su origen fraudulento, al “gobierno” (o lo que sea) de Felipe Calderón y a las multimillonarias momias de la Tremenda Corta.

Si el Poder Legislativo se deslegitima o, para decirlo de otro modo, se envilece como el Ejecutivo y como el Judicial, en medio de una crisis económica tan profunda y con un Estado evidentemente fallido, cuyos operadores son el colmo de la ineptitud, el país podría caer en una situación de ingobernabilidad “muy peligrosa”, en opinión de Porfirio Muñoz Ledo, el ideólogo más radicalizado del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Muy peligrosa? Desde luego, pero también muy interesante porque podría conducirnos a la búsqueda de soluciones democráticas inéditas –el plebiscito revocatorio de mandato– o al caos.

Una segunda anticipación probable a los resultados del 5 de julio se basa en la hipótesis de que triunfe la estrategia impulsada por López Obrador. ¿En qué consiste? En dar la batalla por la vía pacífica, a través del proceso electoral, en contra de tres adversarios claramente identificados: el PRI, el PAN y la corriente interna del PRD aliada a esos dos partidos y a los poderes fácticos (los medios electrónicos y otros). ¿Cómo plantea López Obrador contender en esos tres frentes de lucha? Votando por los candidatos del movimiento en defensa del petróleo, la soberanía y la economía popular, que se encuentran repartidos en las listas del PRD, el PT y Convergencia.

Por ejemplo, en la ciudad de México, los simpatizantes de López Obrador tendrían que votar así: para jefes delegacionales, por los candidatos del PRD; para integrantes de la Asamblea Legislativa, también por los candidatos del PRD; para diputados federales de mayoría simple, también por los candidatos del PRD, pero ojo, mucho ojo, para diputados federales de la lista plurinominal, por los candidatos del PT. Y lo mismo en el resto del país: que en las cinco circunscripciones plurinominales el movimiento vote por los candidatos del PT.

Esa es la jugada y las fuerzas tenebrosas del espuriato ya se dieron cuenta. De allí los ataques de Amalia García, gobernadora perredista de Zacatecas, y Germán Martínez, presidente del PAN, en contra de Ricardo Monreal, senador del PT (con licencia de tres semanas). De allí también la rabieta de Jesús Ortega, presidente del PRD, que se negó a difundir un espot en que López Obrador llama a votar por los candidatos del sol azteca en el Distrito Federal, en represalia porque en el resto del país el tabasqueño invita a votar por el PT y por Convergencia.

¿Qué pretende con este gambito el ex peje de Gobierno, siempre fecundo en ardides como Ulises? Varios objetivos: apuntalar, una vez más, al PRD capitalino como la fuerza más grande e importante de la resistencia civil pacífica; mantener, y de ser posible aumentar, la mayoría que Marcelo Ebrard tiene en la Asamblea Legislativa, con la ventaja adicional de que en ésta ya no habrá aliados perredistas de la fuerzas tenebrosas del espuriato, porque no ganaron candidaturas en las elecciones internas (que, para variar, fueron un asco).
De acuerdo con las reglas del sistema electoral mexicano, partido que obtiene más votos recibe del Estado más dinero. En este sentido, la gambeta de López Obrador también es nítida: de lo que se trata es de aumentar los recursos oficiales del PRD capitalino y del PT en todo el país y, en la misma proporción, recortárselos al PRD nacional, es decir, a quienes valiéndose del prestigio del tabasqueño llegaron al poder con los votos del movimiento popular y, una vez allá arriba, pactaron con la derecha, hicieron la política de Calderón y se apoderaron de la estructura del partido para tratar de vencer por hambre a los seguidores de López Obrador. ¿Quién olvidará el caso de José Zamarripa, que murió en la más franciscana pobreza debido a esta trama canallesca?

La estrategia de López Obrador apunta a profundizar la lucha pacífica por la vía electoral y navegar las tempestades de los tres años venideros a bordo de un barco más resistente que la cáscara de nuez podrida en que se ha convertido el PRD nacional. ¿Saldrá la resistencia civil pacífica, más allá del Distrito Federal, a fortalecer al PT? ¿Si el movimiento decide a última hora participar masivamente en las elecciones, el abstencionismo será inferior a 70 por ciento? ¿En lugar de 27 de cada 100 votarán 35 de cada 100? Detrás de estas dudas se oculta la tercera lectura anticipada de los resultados del 5 de julio: la del fraude.

Antes de la contingencia sanitaria nos quedamos en que Elba Esther Gordillo y Calderón fraguaban acuerdos secretos para que los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje fueran nombrados por la líder vitalicia del magisterio, a cambio de que la profesora acarreara a sus huestes y a sus gobernadores a las urnas para fabricarle una victoria tan aplastante como artificiosa al PAN. Esa posibilidad no ha perdido su vigencia. La mala noticia, para todos, es que si el “gobierno” (o lo que sea) opta por el fraude, el fracaso de las elecciones (que para una mayoría escéptica es ya carambola cantada) nos remitirá automáticamente al escenario dibujado en la primera columna de esta página.

Dicho de otro modo, si por obra y gracia de un fraude el Poder Legislativo se deslegitima como ya lo están el Ejecutivo y el Judicial, los sectores sociales que luchan por la transformación de la vida pública, de la economía y por un mejor sistema de justicia, tendrán que olvidarse de la vía electoral y organizarse para imponerle al gobierno un plebiscito revocatorio de mandato (que a la mejor Calderón también gana mediante un tercer fraude, pues como dijo Descartes, no lo descartes).

A seis domingos de las elecciones, ¿habrá un abstencionismo de 73 por ciento? ¿Funcionará la compleja estrategia de López Obrador? ¿Los medios lincharán a Monreal para aplastar al PT? ¿El IFE le dará tratamiento especial? ¿El PRI le regalará votos a los candidatos de Jesús Ortega para que el PRD nacional no se hunda... más? ¿Alcanzará un fraude para fabricarle a Calderón su mayoría? ¿Aprenderá Elba Esther a leer la palabra “e-pi-de-mio-ló-gi-co”? No es una encuesta. No publiquen sus verdaderas opiniones. Recuerden que las paredes no sólo oyen, también se roban la voluntad ciudadana.

jamastu@gmail.com

Ineficiencia más influenza

La confesión de Gurría

En el contexto de su intervención en un encuentro sobre economía realizado en Madrid, José Ángel Gurría, actual secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el sexenio de Ernesto Zedillo, calificó de desastre” la crisis económica que enfrenta nuestro país, se refirió como “golpe brutal” a la superposición entre ésta y la emergencia sanitaria que se vivió en territorio nacional en días pasados, y aseguró que, según sus cálculos, los ahorros de los ciudadanos mexicanos han perdido la mitad de su valor en los últimos 18 meses. Adicionalmente, el ex funcionario zedillista atribuyó el actual desastre económico mundial a una “masiva falla de regulación y supervisión”, y añadió que en México, como en muchos otros países en desarrollo, “está teniendo (lugar) una recesión que causaron otros”, no obstante lo cual, dijo, deberá salir adelante por su propio pie “porque el apoyo que va a recibir de otros no será en la misma proporción del daño que importaron”.

Las palabras de Gurría, más que una crítica a la falta de responsabilidad y al fundamentalismo de libre mercado con que operaron los responsables de regular el sistema financiero internacional –lo que terminó por configurar la crisis que se vive–, encierran una confesión de culpa –voluntaria o no– respecto de su propio desempeño como encargado del manejo económico del país. Efectivamente, la magnitud del “desastre” al que se refiere el funcionario de la OCDE se explica, en buena medida, como consecuencia de la aplicación en México de directrices que han llevado al Estado a la languidez y que para la mayoría de la población no han significado otra cosa que desempleo, pérdida de prestaciones, servicios y derechos, carencia de vivienda y, en general, deterioro pronunciado de su calidad de vida, amén de que han implicado la profundización de una vasta dependencia con respecto a Estados Unidos.
Tales consideraciones escaparon, al parecer, de las declaraciones del ex funcionario federal, quien alguna vez alardeó que la tecnocracia neoliberal gobernaría en México “durante cuatro sexenios, cuando menos”, y quien, durante los dos años que estuvo al frente de la SHCP, se contentó con difundir indicadores que bien podían ilustrar la “estabilidad macroeconómica” del país, pero que guardaban muy poca relación con las acuciantes realidades sociales y humanas que recorren el territorio nacional.

Por lo demás, es cierto que México no causó la recesión económica que hoy sufre, pero también es verdad que sus recientes gobernantes –incluido el actual– han exhibido una inaceptable falta de capacidad o de voluntad para atender los signos de alarma que se manifestaban desde mucho tiempo atrás; han demostrado imprevisión e insensibilidad para aprovechar los periodos de relativa bonanza para emprender una redistribución de la riqueza, y han defendido hasta el cinismo un modelo económico socialmente devastador que preconiza, en tiempos de crisis como el actual, el rescate de los grandes capitales, no de la gente.

Cabe recordar que el propio Gurría participó, junto con Zedillo y Guillermo Ortiz, en la configuración del episodio conocido como Fobaproa-IPAB, que consistió en convertir una astronómica deuda privada en pública y en consumar, con ello, uno de los peores quebrantos de las finanzas públicas en la historia del país, avalado por los legisladores priístas en connivencia con los panistas.

En suma, es inevitable percibir en las declaraciones de Gurría una confesión de la incompetencia de un grupo de políticos que a lo largo de las últimas cinco administraciones –es decir, una más de las que profetizaba el ex titular de Hacienda– han gobernado al país con arrogancia neoliberal, determinación de servir al capital antes que a la población, y con una indolencia insolente hacia las necesidades de las mayorías.