martes, 23 de febrero de 2021

El Gobierno mexicano regala en año de elecciones diez millones de televisores

El País. Prensa española 24 de enero del 2015



 México apagará la señal analógica de televisión el 31 de diciembre de 2015. Para lograr la transición a la televisión digital terrestre (TDT), en un país donde más de 50 millones de personas —casi la mitad de la población— viven en pobreza, el Gobierno mexicano obsequiará durante este año más de diez millones de aparatos digitales. La controversia en torno a este programa la han servido los opositores del presidente Peña Nieto, quienes apuntan a que los equipos regalados pueden impactar en los resultados de las elecciones intermedias que el país celebrará el próximo 7 de junio.

Las sonrisas son inevitables cuando la gente sale con una caja rectangular bajo el brazo de los centros que el Gobierno ha designado para la entrega de los nuevos televisores. “Voy a ver las telenovelas y las películas”, exclama con alegría un señor en un telediario. Los aparatos nuevos ya se han distribuido en Estados del norte del país y desde enero se están repartiendo en la región central. No todos los mexicanos pueden recibir uno. El programa está diseñado para apoyar a la población con menos recursos. De los casi 52 millones de personas que viven en la pobreza en México, 13 millones tendrán una televisión nueva al terminar el año. La selección de los beneficiados la ha hecho la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la encargada de administrar los programas de asistencia social.

Las críticas al programa se han intensificado en la víspera del comienzo de las campañas electorales. Legisladores de izquierda y de derecha han señalado las deficiencias técnicas del programa, pero sobre todo que la mayoría de los equipos televisivos sean entregados en un año de elecciones. “Estamos a favor del apagón analógico, pero estamos en contra de que su uso sea electoral”, expone Juan Pablo Adame, diputado del Partido Acción Nacional (PAN, de derecha). Adame ha denunciado que las regiones donde se están distribuyendo los televisores coinciden con los Estados que tendrán elecciones de gobernadores y ayuntamientos en 2015, entre ellos Guerrero y Michoacán, sitios que han sufrido el impacto de la violencia en los últimos años.

El legislador ha abierto la web telesporvotos.mx donde también explica que los equipos son entregados con la pegatina “Mover a México”, la frase que el Gobierno de Peña Nieto ha utilizado en los últimos dos años para promover las acciones de su Administración, en verde, blanco y rojo, los colores nacionales pero también los de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Adame también apunta que algunas de las televisiones han sido encontradas en casas de empeño. “Hay ciudadanos que les quitan las estampas [pegatinas] y las venden”.

Hasta diciembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la encargada de entregar los equipos, había obsequiado un millón de televisores. Eso ha dejado pendientes 12 millones de aparatos que deberán tener dueño antes de que termine el 2015. El programa fue planteado desde 2010 y contemplaba que los equipos se entregaran de 2011 a 2015. “No hay producción suficiente de televisiones que alcance”, señala Mony De Swaan, expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y antiguo encargado del plan para el apagón analógico.

De Swaan ha criticado el cambio de modelo que la Administración de Peña Nieto hizo en 2013, cuando el Gobierno decidió descartar la entrega de decodificadores y antenas para enfocarse solo en las televisiones. El antiguo funcionario explica que cuando la transición comenzó, en 2011, los equipos eran instalados por empresas contratistas que se encargaban de dejar los aparatos funcionando en los hogares. “Ningún funcionario público tocó nunca un decodificador, siempre todo se hizo a través de la empresa que ganó la licitación. No había un solo mensaje en los decodificadores de carácter político, no había un solo funcionario interactuando con un ciudadano”, describe.

Tanto los partidos políticos como De Swaan han apuntado a que el Gobierno mexicano ha prometido entregar televisiones con conexión a internet, cuando los aparatos en realidad no poseen dispositivos para utilizar la banda ancha y la población que los recibe no tiene recursos para sostener un gasto como la conexión a un servicio de internet. Cada uno de los televisores de 22 pulgadas ha costado al Gobierno mexicano unos 150 dólares, cuando el precio en el mercado de estos aparatos es de 340 dólares, y se han preferido las pantallas a los decodificadores, que en México cuestan unos 55 dólares. La SCT ha argumentado que se eligieron las televisiones porque consiguen el ahorro energético del 60% en el consumo de energía eléctrica. “El gasto en el que se ha incurrido no justifica el ahorro energético”, apunta De Swaan.

Proponemos que se cambie el calendario de entrega de las televisiones para garantizar que no se haga mal uso del programa 


ROXANA LUNA, DIPUTADA PRD

Además de la premura con la que se están distribuyendo los televisores y su coincidencia con las elecciones, hasta ahora el Gobierno mexicano no ha presentado un plan de manejo de los residuos que se generarán con las antiguas televisiones. La Administración ha reconocido que los aparatos analógicos poseen materiales tóxicos que pueden dañar el medioambiente si no son desechados apropiadamente. La Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (SEMARNAT) ha asegurado que el plan se está diseñando y que buscará que el 90% de los componentes de estos televisores se reciclen.

Los legisladores consideran que las fallas técnicas en el programa de entrega de televisiones son motivos suficientes para posponer su entrega hasta el 8 de junio, un día después de las elecciones. “Lo que estamos proponiendo es que se cambie el calendario de la SCT para garantizar que no se haga mal uso de este reparto y se haga de manera discrecional”, comentó en el Congreso la diputada Roxana Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda). De Swaan, por su parte, explica que la transición a la televisión digital terrestre debe conseguirse y que las elecciones no deben significar un obstáculo para llegar al 31 de diciembre apagando totalmente la señal. “El país tiene que aprender a blindar este programa durante las elecciones, el apagón analógico no se puede detener”, apunta.

martes, 16 de febrero de 2021

El gran fraude de la refinería neoliberal

 Alberto Nájar

  • BBC Mundo, México
En Atitalaquia hay enojo por las promesas incumplidas.
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En Atitalaquia hay enojo por las promesas incumplidas.

Cuando se anunció el proyecto hubo alegría por todo el pueblo: Atitalaquia, Hidalgo, había sido elegido para construir la primera refinería mexicana en 30 años.

Era el 14 de abril 2009. El entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, informó que el complejo sería instalado en esa comunidad rural en el centro del país.

La obra prometía cambiar la vida del pueblo, que depende sobre todo de la siembra de maíz, frijol, alfalfa y cebada.

Durante los siguientes seis años -el tiempo estimado para construirlo- se esperaba una inversión mayor a US$9.000 millones.


A los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos.

Fue un sueño. Siete años después, del magno proyecto sólo se construyó un muro para cercar las 700 hectáreas donde se instalaría.

Muro ubicado en el terreno donde se iba a construir la refinería.
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Del proyecto de la refinería que iba a cambiar la vida de Atitalaquia solo quedó este muro.

La zona que eran cultivos agrícolas está abandonada, prácticamente sin vigilancia. Los empleos prometidos en Pemex y en la construcción de la refinería, llamada Bicentenario, no llegaron.

Ahora muchos de los 520 campesinos que vendieron sus tierras están peor que antes, le dice a BBC Mundo Enrique Flores Hernández, vecino del pueblo.

"Las tierras se vendieron, trabajo no hubo como se prometió. Era la esperanza de la gente pero todo se quedó en el camino".

"Fue un engaño para nosotros, independientemente de que se pagaron las tierras, moralmente había un compromiso de que iba a haber empleo para los campesinos. Por eso la gente está molesta".

"Cambio de planes"

Desde el 18 de marzo de 2008, cuando el expresidente Felipe Calderón anunció los planes para construir una nueva refinería, el plan fue severamente criticado.

Felipe Calderón
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Después que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció los planes de construir una refinería en Atitalaquia, el proyecto empezó a recibir fuertes críticas.

Muchos cuestionaron la utilidad de producir gasolina y diésel (gasóleo)en el país a un costo mayor al del mercado internacional.

Según el gobierno el objetivo era reducir la importación de gasolina, estimada en unos 350.000 barriles diarios.

Originalmente en el complejo Bicentenario se esperaban producir 250.000 barriles al día, y crear 32.000 empleos directos e indirectos.

Los gobiernos de diez estados pidieron que albergar el proyecto, e incluso en Guanajuato compró cientos de hectáreas con valor de 1.000 millones de pesos, US$78 millones según la cotización de la época.

Esas tierras están abandonadas, como sucede en Atitalaquia.

Y a pesar de que el complejo petroquímico nunca se concretó, cada año la Cámara de Diputados autorizó presupuesto para planes, estudios, nivelar el terreno y construir el muro que lo cercó.

Sede de Pemex en Ciudad de México
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Un vocero de Pemex dijo que allí no se tomó la decisión de cancelar el proyecto de la refinería.

En 2014 la refinería fue definitivamente cancelada. Para ese momento se habían invertido recursos fiscales por más de 9.000 millones de pesos, más de US$620 millones.

BBC Mundo preguntó a Pemex las razones para detener el proyecto. Un vocero de la empresa productiva del Estado dijo que allí no se tomó la decisión.

En ese proceso su única participación fue asumir el costo de la deuda por comprar las 700 hectáreas de terreno, que había pagado el gobierno de Hidalgo.

La Secretaría de Energía dijo a BBC Mundo que cambiaron los planes originales.

"La decisión en torno a la refinería Bicentenario se debe a que el plan de negocios de Pemex está orientado a reconfigurar las refinerías existentes", señaló en un mensaje de correo electrónico.

"Lo que se pretende es mejorar la producción de gasolinas".

Refinería en Tula, Hidalgo.
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El gobierno federal decidió ampliar la refinería ubicada en Tula, Hidalgo, a unos kilómetros de Atitalaquia.

En esa línea el gobierno federal decidió ampliar la refinería ubicada en Tula, Hidalgo, a unos kilómetros de Atitalaquia.

Una treintena de quienes que vendieron sus tierras en este pueblo fueron empleados en la obra. Pero cientos más se quedaron fuera.

La pesadilla

Cuando les pagaron sus terrenos muchos campesinos de Atitalaquia compraron camiones de carga, retroesxavadoras o camionetas.

Esperaban un contrato en la construcción de la refinería y las carreteras que contemplaba el proyecto.

Algunos construyeron hoteles, restaurantes o crearon comercios de ropa y otras mercancías.

"Muchos compraron maquinaria", cuenta Enrique Flores.
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"Muchos compraron maquinaria", cuenta Enrique Flores.

Siete años más tarde la realidad es otra. "Ya están vendiendo los carros, a varios se les echaron a perder porque no supieron darle mantenimiento", dice Enrique Flores.

Los hoteles y comercios están vacíos o con pocos clientes, y muchos de quienes vendieron sus tierras ahora son empleados.

"En estos años el dinero ya se acabó", le dice a BBC Mundo Delfino Martínez Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de Atitalaquia.

"Y ya no hay tierras. Antes por lo menos con la cosecha de maíz o alfalfa se recibía un poquito, pero ahora ni eso".

Pero lo peor es la indignación por la promesa incumplida. "Dijeron que los hijos tendrían preferencia para trabajar allí, se habló de empleos en Pemex", señala Enrique Flores.

"Por eso muchos accedieron a vender sus tierras. Pensaron: va a haber trabajo para nuestros hijos y a nosotros ya nos pagaron, va a estar bien".

Ahora los campesinos de Atitalaquia piden que sus tierras sean devueltas, porque no se usaron para el plan original.

Delfino Martínez
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Delfino Martínez dice que el pueblo está indignado por la promesa incumplida.

Y si no se puede "porque ya son propiedad privada", dice Martínez Hernández, por lo menos que se pague al Comisariado Ejidal una indemnización pendiente.

Se trata de 135 millones de pesos, unos US$7,2 millones por la venta de tierras comunes y caminos que quedaron dentro del terreno cercado.

Inversiones inútiles

La Refinería Bicentenario no es la única inversión controvertida que ha realizado el gobierno mexicano.

Pemex adquirió en US$275 millones una empresa de fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo la compañía, llamada Agronitrogenados, tiene 14 años sin funcionar.

Vicente Fox
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El ex presidente mexicano Vicente Fox también realizó inversiones infructuosas, como la entrega de computadoras en colegios sin electricidad.

En 2004 el expresidente Vicente Fox estableció el programa Enciclomedia, mediante el cual se distribuyeron 147.000 computadoras en las escuelas del país.

Pero según la Auditoría Superior de la Federación, muchos de los equipos se entregaron en planteles sin electricidad o que no tenían acceso a internet, indispensable en el programa.

A partir de 2013 la Secretaría de Educación Pública entregó 2.7 millones de tabletas a niños de primaria, como parte del proceso de Reforma Educativa.

Al programa, sin embargo, no se le asignaron recursos en el presupuesto de 2017, con lo cual quedará suspendido.

También ha sido criticado un programa que, en 2012, compró millones de pantallas de televisión que se distribuyeron gratuitamente como parte de la migración de la señal analógica a digital.

Pero de todos los proyectos irregulares, uno de los más polémicos es la cancelación de la Refinería Bicentenario.

Andrés García.
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Andrés García contó que el terreno donde se iba a construir la refinería está abandonado por completo.

Y no sólo por las promesas incumplidas sino por el riesgo que representan los terrenos cercados, le dice a BBC Mundo Andrés García, vecino de Atitalaquia.

"Se meten a robar gasolina y diésel de los ductos que pasan por allí. Este año nos han desalojado cuatro veces porque se les incendia la toma clandestina".

"Antes por lo menos la gente cuidaba, pero ahora con la barda está solo, abandonado por completo".

domingo, 7 de febrero de 2021

Los padrinos de Claudio X. González

 


Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por Claudio X González- tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe, casi todas provenientes de la élite empresarial.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por Claudio X González Guajardo, opositor declarado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe –casi todas provenientes de la élite empresarial mexicana– y en algunos casos éstas no cuadran con lo que reporta al SAT, de acuerdo con documentos a los que Proceso­ tuvo acceso y que identifican a los benefactores y sus aportaciones.

 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) es llamado “la cúpula de cúpulas” del sector privado porque agrupa a los empresarios más ricos y poderosos de México. Varios de sus expresidentes y miembros financian a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la plataforma sobre la cual Claudio X. González Guajardo ha construido el proyecto político-electoral antagónico al presidente Andrés Manuel López Obrador.

González Guajardo ahora encabeza la iniciativa “Sí por México” que, por consejo de los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pretende un “bloque” electoral contra López Obrador en las elecciones de 2021 y cuya “agenda ciudadana” ya asumieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

PRI: bienvenido al sí”, respondió con entusiasmo González Guajardo al presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, quien se sumó a la iniciativa con toda la carga de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“¡Estaremos muy contentos de avanzar juntos por el bien de México!”, dijo el priista.

PAN: Bienvenido al sí”, expresó también el empresario a la respuesta del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el 29 de octubre último, de adherirse “por el bien de México” a ese proyecto político electoral, pese a que arrastra numerosos expedientes de corrupción como partido y gobierno.

El expresidente Vicente Fox (PAN) también ya expuso su respaldo a Sí por México –“sí, vamos todos”, exclamó– y está en curso la incorporación del expanista Felipe Calderón, tras el fracaso por obtener el registro de su partido político (México Libre).

La corrupción de esos partidos y sus personajes parece no importarle al impulsor de Sí por México, cuyo padre, Claudio X. González Laporte, presidió el CMN justo cuando se instauró el modelo neoliberal con Carlos Salinas –de quien fue asesor como presidente de la República–, y fue el primer donador de MCCI, con 2 millones de pesos; el segundo donante fue Kimberly-Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que aportó 3 millones más.

Con esos 5 millones de pesos nació financieramente MCCI, el grupo de presión que González Guajardo presidió de 2016 hasta julio último, y cuya sucesora, María Amparo Casar Pérez, fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel, tutor político del excandidato presidencial Ricardo Anaya y de Marko Cortés.

A partir de los donativos familiares a la organización civil de González Guajardo, depositados el jueves 16 de abril de 2016, como consta en documentos que obtuvo Proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que, desde la elección de 2006, se han opuesto radicalmente a López Obrador.

Entre los mecenas de MCCI, que aportan un promedio de 70 millones de pesos anuales y de los cuales González Guajardo obtiene millonarios ingresos, se incluye el expresidente del CMN Valentín Diez Morodo, quien encabeza el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), cuyo exdirector Juan Pardinas dirige el diario Reforma.

Otro patrocinador es Antonio del Valle Ruiz, exdueño del banco HSBC y presidente del Grupo Kaluz, padre del actual presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena; otro promotor es Alejandro Ramírez Magaña, quien presidió “la cúpula de cúpulas” en la elección de 2018 y que, junto con González Laporte y otros expresidentes del organismo, impulsó el proyecto presidencial de Anaya.

Otros miembros de la élite empresarial que financian a MCCI de González Guajardo son Eduardo Tricio Haro, accionista mayoritario de Grupo Lala y de Aeroméxico, y Carlos Álvarez Bermejillo, dueño del Grupo Pisa, que controla los medicamentos contra el cáncer y que fue una de las empresas de medicamentos vetadas por el gobierno de López Obrador, ambos miembros del CMN.

El grupo detrás de González Guajardo, auxiliado en su nuevo proyecto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, lo integran –además de Ricardo Guajardo Touché, exdirector de Bancomer– los hermanos Torrado, de Grupo Alsea, que controlan las franquicias StarbuksDomino’s y Vip’s, entre otras, y los dueños de tiendas Chedraui, estos dos últimos también son integrantes del CMN.

MCCI comenzó a recibir aportaciones desde antes del 17 de junio de 2016, cuando obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir donativos nacionales y extranjeros –el dinero que le depositan es deducible de impuestos–. 

Antes de esa fecha recibió 38 millones de pesos, incluidos los 5 millones de González Laporte y de Kimberly Clark.

Del 18 de junio al 31 de diciembre de 2016, MCCI recibió 97 millones de pesos para un total de 136 millones en donativos sólo en ese año, según información financiera documental obtenida por el reportero, que identifica el respectivo Registro Federal de Contribuyentes de los donantes y el folio fiscal de cada uno. 

Desde entonces, de acuerdo con los reportes de Hacienda, Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad ha tenido solvencia: recibió 73 millones 57 mil 528 pesos en 201760 millones 856 mil 296 pesos en 2018 y 73 millones 990 mil 482 pesos en 2019.

El objetivo oficial de MCCI es el “desarrollo de proyectos de investigación de las causas y efectos y mecanismos de funcionamiento de la corrupción e impunidad”, para ello creó un equipo académico y otro periodístico, así como el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico –al que llama su “brazo jurídico”– que ha promovido amparos contra el actual gobierno federal.

El origen del dinero

Pese a que la organización fundada por González Guajardo tiene en la transparencia una de sus exigencias centrales al poder público, actúa con opacidad. No sólo su fundador se ha negado a las solicitudes de entrevista que se le han formulado desde 2019, sino que oculta el financiamiento y manejo de los recursos que obtiene mediante donativos nacionales y extranjeros.

“Con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de Mexicanos vs. Corrupción e Impunidad AC, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización”, explica MCCI en su página en internet. 

Sin embargo, con base en información oficial, Proceso identificó a los principales patrocinadores de MCCI de González Guajardo, quien –por ejemplo– financió más de 150 amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y recursos similares por el desabasto de medicamentos en el sector salud.

Uno de los primeros empresarios que comenzó a financiar a MCCI fue Joaquín Diez Morodo vía la Fundación Maelva, de la que es representante legal; desde 2016 aporta 5 millones de pesos anuales.

Otro impulsor de la asociación civil es Antonio del Valle Ruiz, quien presidió a los banqueros cuando sus pasivos se convirtieron en deuda pública mediante el Fobaproa, en 1998, y quien mediante la Fundación Kaluz, que dirige Blanca del Valle Perochena, dona millonarias cantidades anualmente.

Dicha fundación, a la que también pertenece el actual presidente del CMN, donó 2.5 millones de pesos en 2016, 5 millones más en 2017, otros 4 millones en 2018 y 3 millones 2019.

Además de González Laporte, Diez Morodo y Del Valle Ruiz, otro expresidente del CMN, que también financia a la asociación fundada por González Guajardo, es Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis, quien en 2016 aportó 2 millones de pesos.

Eduardo Tricio Haro, vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios, encabeza el consejo de administración de Grupo Lala y es consejero de diversas empresas nacionales, como Aeroméxico, y del Grupo Nuplen, desde donde destinó 5 millones de pesos para el arranque de MCCI.

Los hermanos Torrado donan anualmente 2 millones de pesos a MCCI vía la Fundación Alsea.

La Fundación Gentera, de la financiera del mismo nombre y que también integra al CMN –en cuyo consejo de administración participan González Guajardo y el exdirector del Fobaproa Javier Arrigunaga Gómez del Campo–, aporta 2 millones cada año a MCCI.

La familia Chedraui, de las tiendas de autoservicio, también financian a González Guajardo: 5 millones de pesos desde 2016.

El regiomontano Juan González Moreno, hijo de Roberto González Barrera y presidente del consejo de administración de Gruma, también es uno de los mecenas de MCCI: vía Gruma SAP aporta 2.5 millones de pesos al año.

El tapatío Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de Laboratorios Pisa y de la distribuidora de medicamentos Dimesa –ya inhabilitadas por el gobierno federal–, fue uno de los primeros impulsores de González Guajardo: el 2 de mayo de 2016 desembolsó 3 millones de pesos para su asociación civil.

El empresario Alejandro Martí, mediante la asociación Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, es otro prominente donante de la organización de González Guajardo: en 2016 dio 4 millones 552 mil pesos; en 2017, 3 millones 810 mil pesos, y en 2018 aportó 6 millones 985 mil pesos.

Otros mecenas de MCCI son el Centro de Estudio Espinosa Yglesias, que dio 2 millones de pesos; Gigante Grupo Inmobiliario –que también es parte del CMN–, 2 millones; Frisa Forjados, del regiomontano Eduardo Garza, 2 millones; Comercializadora Interceramic, 1 millón más, y el empresario Alfredo Achar Tussie aportó 1 millón 50 mil pesos sólo en 2016.

Hasta Banamex, como persona moral, hizo aportaciones a González Guajardo, quizá porque Diez Morodo es presidente del consejo de administración de ese grupo financiero: el 15 de junio de 2016 transfirió 2 millones de pesos.

La lupa del SAT

Abogado de la Escuela Libre de Derecho y activo participante en las campañas presidenciales priistas de Carlos Salinas, en 1988 –de quien su padre es asesor y amigo–, y Ernesto Zedillo, en 1994, Claudio Xavier González Guajardo ha combinado sus actividades empresariales con la filantropía, en cuyo ámbito se incluye a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

También fundador de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Únete), Mexicanos Primero y Aprender Primero, así como miembro de las empresas financieras Gentera y Compartamos Banco, esta figura ha sido hábil para recaudar grandes cantidades de dinero a favor de MCCI, pero es una asociación reñida con la transparencia y la rendición de cuentas.

La página oficial de la asociación consigna que “recibe fondos de diversos organismos internacionales”, como las fundaciones Ford y McArthur, así como los organismos NED y USAID, pero en el apartado “obligaciones financieras y fiscales” no hay ninguna información, salvo la reproducción de una declaración de impuestos de 2018.

Tampoco coinciden los montos de los donativos que recibió MCCI con los que reportó ante Hacienda, por ejemplo, en 2016. En el año de su fundación declaró donativos por 66 millones 983 mil 975 pesos, pero en los registros de donantes que este semanario conoce la cifra es de 136 millones 45 mil 512 pesos.

Se trata de 2 mil 3 donaciones de personas físicas y morales, así como las fundaciones ya enunciadas, cuyas aportaciones fue posible consultar en el catálogo de actividades de las donatarias autorizadas por Hacienda, pero que en 2019 ya no es posible identificar.

Dicha labor filantrópica de González Guajardo comenzó a ser investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2017, a raíz de tres solicitudes que presentó Ricardo Monreal, actual coordinador de Morena en el Senado, en respuesta a que MCCI le imputó que, como delegado en Cuauhtémoc, otorgó contratos a empresas vinculadas a los amigos de su hija Catalina Monreal.

El morenista aseguró que González Guajardo incurría en lavado de dinero, debido a la triangulación de recursos entre las asociaciones civiles que preside y sus empresas, incluido MCCI, además de defraudación fiscal, peculado, fraude, conflictos de interés y desvío de recursos públicos.

“Las actividades del señor Claudio X. González Guajardo revelan otro tipo de corrupción: la empresarial, en la cual las compañías (o sus dueños, a través de éstas) obtienen recursos por medio de donaciones de asociaciones civiles y fundaciones, que son deducibles para los donantes. La sociedad, de manera indirecta, financia tales operaciones”, escribió Monreal en el escrito al SAT del 8 de marzo de 2017.

Por ello, solicitó al SAT practicar una auditoría fiscal para determinar la legalidad de actuación y ejercicio presupuestal del gasto millonario de las asociaciones civiles presididas por el empresario, incluida MCCI, y en caso de irregularidades, que haya sanciones, como la revocación de permisos para recibir donaciones o recursos públicos deducibles de impuestos.

González Guajardo negó las impu­tacio­nes, MCCI se sostuvo en sus acusaciones contra la hija de Monreal y las solicitudes de éste al SAT están, hasta ahora, archivadas.­ 

Escándalos de Luis Mendoza Acevedo