Desde Estados Unidos se financia el golpismo en México

Contralínea 

Registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que su principal donatario en 2019 y 2020 fue el gobierno de Estados Unidos, quien le donó 25.7 millones de pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos en ese periodo, cuando estaba presidida por Claudio X González Guajardo, líder de la oposición política en el país con su iniciativa Sí por México. Otros financiadores fueron la USAID, la NED y las fundaciones de Alejandro Martí, Valentín Diez Morodo y Antonio del Valle

El gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Embajada en México, aparece en los registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como su “principal donataria” en los últimos 2 años, al financiarla con 25 millones 700 mil pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos totales –134 millones de pesos– de esa asociación civil entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo.

Clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, Mexicanos Contra la Corrupción ha sido muy “generosa”, pero sólo con sus directivos, pues de los ingresos recibidos en 3 años (2018-2020), su presidente fundador Claudio X González se asignó un salario de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró un sueldo por 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.

De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido Mexicanos Contra la Corrupción: cada año gasta un porcentaje mucho mayor. Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.

Ello porque a partir del 1 de enero de este año hubo modificaciones en materia fiscal para las asociaciones civiles que viven de las donaciones, las cuales están obligadas a tener un código fiscal digital por internet (CFDI) por cada uno de los gastos que realizan, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una vigilancia más eficaz del gasto que hacen organizaciones como MCCI, la cual utiliza los donativos como si fueran un patrimonio propio y que, sin pagar impuestos, emplean el dinero donado en lo que quieren.

Esta asociación civil supuestamente dedicada a defender el estado de derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del gobierno federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de 1 mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.

Documentos internos de MCCI revelan que para el presidente fundador de esta organización ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priístas y panistas.

Por ejemplo, en 2018, el hijo de Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark México– recibió de Mexicanos Contra la Corrupción 4.6 millones de pesos; es decir que ese año cobró mensualmente 383 mil 333 pesos por presidir esa asociación civil que él mismo fundó; en 2019 el ingreso se redujo a 1 millón 900 mil pesos, equivalentes a 158 mil 333 pesos cada mes, y para 2020 obtuvo 1 millón 20 mil pesos, equivalentes a 170 mil pesos por mes, pues el salario correspondió sólo al primer semestre de ese año porque dejó la presidencia de esa asociación civil en julio y fue sustituido por María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores del secretario de Gobernación panista Santiago Creel Miranda durante la presidencia de Vicente Fox.

Desde antes de asumir la presidencia de MCCI, que dice operar “sin fines de lucro”, María Amparo Casar Pérez cobró en 2018 un salario de esa asociación civil por 3.5 millones de pesos, que corresponden a 291 mil 666 pesos al mes; en 2019 su ingreso fue de 4 millones 100 mil pesos, por lo que mensualmente se elevó a 341 mil 666 pesos, y en 2020 su sueldo regresó a los 3.5 millones, lo que hace un total en esos 3 años de 11 millones 100 mil pesos.

Valentín Diez Morodo

En 3 años, MCCI recibió ingresos por 208.4 millones de pesos.

En los últimos 3 años (2018-2020), MCCI recibió ingresos por 208 millones 400 mil pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales, y además de su principal donante que fue la Embajada de Estados Unidos en México con 27.7 millones; también destacan el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC (SOS), que fundó su presidente Alejandro Joaquín Martí García, quien aportó 22 millones 900 mil pesos; la Fundación Maelva, cuyo presidente es el empresario Valentín Diez Morodo, con 15 millones de pesos; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena, con 10 millones, y Claudio Xavier González Laporte, presidente de Kimberly Clark y padre de Claudio X, con 6 millones de pesos.

Ante las auditorías e investigaciones de los órganos de inteligencia que el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó en 2016 en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, su presidente fundador Claudio X González Guajardo planeó en ese año que se diera de baja el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación civil y ordenó dar de alta otro RFC con el propósito de borrar cualquier huella de delito de evasión fiscal o lavado de dinero que el SAT pudiera imputarles, por lo que desaparecieron todos los registros de movimientos financieros, transferencias internacionales, el pago de onerosos salarios y el origen de los donativos que recibió MCCI antes de 2017.

La respuesta de Claudio X fue presionar mediáticamente. Sólo para medir fuerzas contra su antiguo aliado, el presidente Peña Nieto, empezó a atacarlo en la prensa con reportajes a modo que tenían como única línea acusaciones de corrupción a todos los miembros del gabinete.

El entonces secretario de Hacienda (7 de septiembre 2016 al 27 de noviembre 2018) y posterior candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribeña, se reunió con Ricardo Monreal, en ese momento jefe delegacional en Cuauhtémoc, para entregarle el expediente fiscal de Mexicanos Contra la Corrupción, lo que le sirvió al delegado para acusar en 2017 al empresario Claudio X González Guajardo de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y peculado, por utilizar maliciosamente las asociaciones y fundaciones que presidía.

Preocupado, de inmediato intervino el presidente de Kimberly Clark, Claudio X González Laporte para mediar con el presidente Enrique Peña y prometerle que su junior lo dejaría de atacar, lo que momentáneamente cesó las acusaciones cruzadas y, preventivamente, abrieron un nuevo RFC para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con lo cual logró desaparecer todo registro del intrincado y comprometido expediente fiscal.

Cuentan quienes vivieron aquel episodio que la negociación en Los Pinos entre el presidente de Kimberly Clark y Peña Nieto enojó mucho a Ricardo Monreal, actual senador de la República, quien se sintió traicionado y utilizado por el secretario de Hacienda para sólo frenar los ataques en contra del entonces presidente de la República, por lo que ya no insistió más con su denuncia contra MCCI y su presidente Claudio X.

El expediente utilizado por Monreal se archivó en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, actualmente bajo la responsabilidad de Rosalinda López Hernández; sin embargo, en esa área fiscal aseguran que no aparece por ningún lado.

En las actividades económicas inscritas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, están la investigación científica o tecnológica que esa asociación civil presta únicamente a los socios: Claudio X González Guajardo, María Amparo Casar Pérez, María Teresa Aguilar Álvarez Castro, Esteban Patricio González Guajardo, Max Kaiser Aranda –quien fuera subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas con Felipe Calderón, actual opositor del gobierno federal e integrante del proyecto La Lista News, que se nutre con información de The Guardian–, Antonio Mario Prida Peón Del Valle y Ana Macarena Velázquez López. El apoderado legal es Santiago Noriega Farres.

Antonio del Valle

Revisan fiscalmente a MCCI y a Kimberly Clark

Con el pasado fiscal borrado, las autoridades hacendarias han empezado a revisar la operación de Mexicanos Contra la Corrupción para determinar si opera de acuerdo con las normas que rigen a las asociaciones civiles en cuanto a donativos y su cumplimiento fiscal, en donde fuentes confiables aseguran que esa asociación civil ya entregó varias cajas al SAT con información correspondiente al ejercicio de 2017, por lo que estarían pendientes 2018, 2019 y 2020.

Esto ha causado preocupación entre socios de MCCI, pues la confrontación abierta que mantiene esa organización con el presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar auditorías fiscales a todos sus aliados para conocer el origen y destino de los donativos que le entregan y que en los últimos 3 años ascendieron a 208.4 millones de pesos.

El gasto en salarios a directivos de MCCI sólo se conoce parcialmente, porque se sabe que hay pagos importantes por servicios prestados, como son los casos de un despacho de abogados y otras consultorías y asesorías que reciben dinero por fuera de esa asociación civil, y de allí se reparte el dinero, todo eso tendrán que investigarlo los auditores y analistas del SAT. En este mecanismo estarían incluidos los periodistas que decidieron colaborar con esa organización.

Al quedarse sin padrinos políticos, el consorcio empresarial Kimberly Clark, del magnate Claudio X González Laporte también está en auditoría fiscal, igual que los otros grandes contribuyentes, a fin de que paguen impuestos que antes no les cobraban por su “buena relación” con gobiernos priístas y panistas. En el caso de Kimberly Clark, este grupo ha suministrado cualquier cantidad de papeles para complicar el trabajo de los auditores hacendarios.

Asimismo el presidente fundador de Mexicanos Contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo, enfrenta un juicio que viene desde 2014 por presunta evasión fiscal de 19 millones de pesos como persona física, pero igual como hacen otros empresarios ha conseguido el amparo de la justicia federal en contra de las resoluciones del SAT [juicio de nulidad 15836/19-17-08-3 ante la Octava Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa].

Al consultar el proceso en ese Tribunal, se supo que los jueces mandaron al SAT a reponer el acto, por lo que González Guajardo está en nuevo periodo de pruebas en busca de la nulidad lisa y llana del adeudo, pero fuentes judiciales consideran que el empresario tendrá que pagar y lo único que ha logrado hasta ahora es ganar bastante tiempo al retrasar la resolución final mediante amparos.

La lista de donadores de MCCI

En la lista de donadores de esa asociación civil, que durante 2018 recibió 77.4 millones de pesos, aparecen el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, con 6.9 millones; Fundación Maelva, 5 millones, y Grupo México, 5 millones. En los estados contables de esa asociación civil están también los gastos que hizo en ese mismo año: CIBanco, 7.5 millones de pesos; Consorcio Metropolitano Inmobiliaria, 5.7 millones, y para María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones.

En 2019, los ingresos de MCCI ascendieron a 73.8 millones de pesos, recibidos de la siguiente manera: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, 12.3 millones de pesos; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 7.2 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en ese año: CIBanco, 7.6 millones de pesos, Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 7.6 millones, y Consorcio Metropolitano Inmobiliario, 5.8 millones.

En 2020, el monto fue de 60.2 millones de pesos: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica: 13.4 millones; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 8.8 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en 2020: María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones; IMSS, 3.1 millones, y Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 2.9 millones de pesos.

Entre las asociaciones relacionadas directamente con Claudio X González Guajardo, destacan cinco:

1. Mexicanos Primero, que en 2019 obtuvo ingresos de Servicios Estatales de Salud por 13.6 millones de pesos, del Instituto del Deporte de Guerrero 8 millones y de la Secretaría de Educación de Guerrero 5.6 millones de pesos, institución que para 2020 le entregó 445 mil pesos.
2. Mexicanos Primero Sinaloa recibió entre 2018 y 2020 ingresos de la empresa Coppel por 2.6 millones de pesos, de Banco Coppel 2.9 millones y de Adrián Coppel Calvo 200 mil pesos. En 2018, Juan Alfonso Mejía López, exdirector general de Mexicanos Primero Sinaloa, fue designado como secretario de Educación Pública y Cultura por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
3. Mexicanos Primero Jalisco había recibido ingresos de la empresa Pisa por 2.1 millones de pesos en el periodo 2018-2020, pero ante los problemas que enfrenta esa farmacéutica por la cancelación de contratos con el gobierno federal, canceló una de las donaciones por 600 mil pesos.
4. Mexicanos Primero Michoacán tiene como representante legal a Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis y presidente del Consejo de Mexicanos de Negocios hasta 2019, quien es uno de los principales opositores al gobierno de López Obrador.
5. 
   
6. Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) consiguió entre 2019 y 2020 contratos sin licitar por 17.5 millones de pesos con el gobierno federal. Esta asociación civil también obtuvo ingresos en 2018 con el gobierno de Puebla por 60 millones y en 2019 con el gobierno de la Ciudad de México por 11.7 millones de pesos.

Los padrinos de Claudio X. González

 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por Claudio X González- tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe, casi todas provenientes de la élite empresarial.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –fundada por Claudio X González Guajardo, opositor declarado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador– tiene como una de sus banderas la transparencia. Sin embargo, maneja con opacidad las donaciones que recibe –casi todas provenientes de la élite empresarial mexicana– y en algunos casos éstas no cuadran con lo que reporta al SAT, de acuerdo con documentos a los que Proceso­ tuvo acceso y que identifican a los benefactores y sus aportaciones.

 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) es llamado “la cúpula de cúpulas” del sector privado porque agrupa a los empresarios más ricos y poderosos de México. Varios de sus expresidentes y miembros financian a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la plataforma sobre la cual Claudio X. González Guajardo ha construido el proyecto político-electoral antagónico al presidente Andrés Manuel López Obrador.

González Guajardo ahora encabeza la iniciativa “Sí por México” que, por consejo de los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pretende un “bloque” electoral contra López Obrador en las elecciones de 2021 y cuya “agenda ciudadana” ya asumieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

“PRI: bienvenido al sí”, respondió con entusiasmo González Guajardo al presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, quien se sumó a la iniciativa con toda la carga de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“¡Estaremos muy contentos de avanzar juntos por el bien de México!”, dijo el priista.

“PAN: Bienvenido al sí”, expresó también el empresario a la respuesta del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el 29 de octubre último, de adherirse “por el bien de México” a ese proyecto político electoral, pese a que arrastra numerosos expedientes de corrupción como partido y gobierno.

El expresidente Vicente Fox (PAN) también ya expuso su respaldo a Sí por México –“sí, vamos todos”, exclamó– y está en curso la incorporación del expanista Felipe Calderón, tras el fracaso por obtener el registro de su partido político (México Libre).

La corrupción de esos partidos y sus personajes parece no importarle al impulsor de Sí por México, cuyo padre, Claudio X. González Laporte, presidió el CMN justo cuando se instauró el modelo neoliberal con Carlos Salinas –de quien fue asesor como presidente de la República–, y fue el primer donador de MCCI, con 2 millones de pesos; el segundo donante fue Kimberly-Clark, la empresa familiar fabricante de jabones, papel higiénico y toallas sanitarias, que aportó 3 millones más.

Con esos 5 millones de pesos nació financieramente MCCI, el grupo de presión que González Guajardo presidió de 2016 hasta julio último, y cuya sucesora, María Amparo Casar Pérez, fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel, tutor político del excandidato presidencial Ricardo Anaya y de Marko Cortés.

A partir de los donativos familiares a la organización civil de González Guajardo, depositados el jueves 16 de abril de 2016, como consta en documentos que obtuvo Proceso, comenzó la cascada anual de transferencias millonarias por parte de prominentes empresarios que, desde la elección de 2006, se han opuesto radicalmente a López Obrador.

Entre los mecenas de MCCI, que aportan un promedio de 70 millones de pesos anuales y de los cuales González Guajardo obtiene millonarios ingresos, se incluye el expresidente del CMN Valentín Diez Morodo, quien encabeza el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), cuyo exdirector Juan Pardinas dirige el diario Reforma.

Otro patrocinador es Antonio del Valle Ruiz, exdueño del banco HSBC y presidente del Grupo Kaluz, padre del actual presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena; otro promotor es Alejandro Ramírez Magaña, quien presidió “la cúpula de cúpulas” en la elección de 2018 y que, junto con González Laporte y otros expresidentes del organismo, impulsó el proyecto presidencial de Anaya.

Otros miembros de la élite empresarial que financian a MCCI de González Guajardo son Eduardo Tricio Haro, accionista mayoritario de Grupo Lala y de Aeroméxico, y Carlos Álvarez Bermejillo, dueño del Grupo Pisa, que controla los medicamentos contra el cáncer y que fue una de las empresas de medicamentos vetadas por el gobierno de López Obrador, ambos miembros del CMN.

El grupo detrás de González Guajardo, auxiliado en su nuevo proyecto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, lo integran –además de Ricardo Guajardo Touché, exdirector de Bancomer– los hermanos Torrado, de Grupo Alsea, que controlan las franquicias Starbuks, Domino’s y Vip’s, entre otras, y los dueños de tiendas Chedraui, estos dos últimos también son integrantes del CMN.

MCCI comenzó a recibir aportaciones desde antes del 17 de junio de 2016, cuando obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir donativos nacionales y extranjeros –el dinero que le depositan es deducible de impuestos–. 

Antes de esa fecha recibió 38 millones de pesos, incluidos los 5 millones de González Laporte y de Kimberly Clark.

Del 18 de junio al 31 de diciembre de 2016, MCCI recibió 97 millones de pesos para un total de 136 millones en donativos sólo en ese año, según información financiera documental obtenida por el reportero, que identifica el respectivo Registro Federal de Contribuyentes de los donantes y el folio fiscal de cada uno. 

Desde entonces, de acuerdo con los reportes de Hacienda, Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad ha tenido solvencia: recibió 73 millones 57 mil 528 pesos en 2017; 60 millones 856 mil 296 pesos en 2018 y 73 millones 990 mil 482 pesos en 2019.

El objetivo oficial de MCCI es el “desarrollo de proyectos de investigación de las causas y efectos y mecanismos de funcionamiento de la corrupción e impunidad”, para ello creó un equipo académico y otro periodístico, así como el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico –al que llama su “brazo jurídico”– que ha promovido amparos contra el actual gobierno federal.

El origen del dinero

Pese a que la organización fundada por González Guajardo tiene en la transparencia una de sus exigencias centrales al poder público, actúa con opacidad. No sólo su fundador se ha negado a las solicitudes de entrevista que se le han formulado desde 2019, sino que oculta el financiamiento y manejo de los recursos que obtiene mediante donativos nacionales y extranjeros.

“Con la finalidad de garantizar la independencia y libertad de los investigadores de Mexicanos vs. Corrupción e Impunidad AC, así como la seguridad e integridad de nuestros donantes, la identidad de los mismos no es divulgada ni al interior ni al exterior de la organización”, explica MCCI en su página en internet. 

Sin embargo, con base en información oficial, Proceso identificó a los principales patrocinadores de MCCI de González Guajardo, quien –por ejemplo– financió más de 150 amparos contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y recursos similares por el desabasto de medicamentos en el sector salud.

Uno de los primeros empresarios que comenzó a financiar a MCCI fue Joaquín Diez Morodo vía la Fundación Maelva, de la que es representante legal; desde 2016 aporta 5 millones de pesos anuales.

Otro impulsor de la asociación civil es Antonio del Valle Ruiz, quien presidió a los banqueros cuando sus pasivos se convirtieron en deuda pública mediante el Fobaproa, en 1998, y quien mediante la Fundación Kaluz, que dirige Blanca del Valle Perochena, dona millonarias cantidades anualmente.

Dicha fundación, a la que también pertenece el actual presidente del CMN, donó 2.5 millones de pesos en 2016, 5 millones más en 2017, otros 4 millones en 2018 y 3 millones 2019.

Además de González Laporte, Diez Morodo y Del Valle Ruiz, otro expresidente del CMN, que también financia a la asociación fundada por González Guajardo, es Alejandro Ramírez Magaña, dueño de Cinépolis, quien en 2016 aportó 2 millones de pesos.

Eduardo Tricio Haro, vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios, encabeza el consejo de administración de Grupo Lala y es consejero de diversas empresas nacionales, como Aeroméxico, y del Grupo Nuplen, desde donde destinó 5 millones de pesos para el arranque de MCCI.

Los hermanos Torrado donan anualmente 2 millones de pesos a MCCI vía la Fundación Alsea.

La Fundación Gentera, de la financiera del mismo nombre y que también integra al CMN –en cuyo consejo de administración participan González Guajardo y el exdirector del Fobaproa Javier Arrigunaga Gómez del Campo–, aporta 2 millones cada año a MCCI.

La familia Chedraui, de las tiendas de autoservicio, también financian a González Guajardo: 5 millones de pesos desde 2016.

El regiomontano Juan González Moreno, hijo de Roberto González Barrera y presidente del consejo de administración de Gruma, también es uno de los mecenas de MCCI: vía Gruma SAP aporta 2.5 millones de pesos al año.

El tapatío Carlos Álvarez Bermejillo, dueño de Laboratorios Pisa y de la distribuidora de medicamentos Dimesa –ya inhabilitadas por el gobierno federal–, fue uno de los primeros impulsores de González Guajardo: el 2 de mayo de 2016 desembolsó 3 millones de pesos para su asociación civil.

El empresario Alejandro Martí, mediante la asociación Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, es otro prominente donante de la organización de González Guajardo: en 2016 dio 4 millones 552 mil pesos; en 2017, 3 millones 810 mil pesos, y en 2018 aportó 6 millones 985 mil pesos.

Otros mecenas de MCCI son el Centro de Estudio Espinosa Yglesias, que dio 2 millones de pesos; Gigante Grupo Inmobiliario –que también es parte del CMN–, 2 millones; Frisa Forjados, del regiomontano Eduardo Garza, 2 millones; Comercializadora Interceramic, 1 millón más, y el empresario Alfredo Achar Tussie aportó 1 millón 50 mil pesos sólo en 2016.

Hasta Banamex, como persona moral, hizo aportaciones a González Guajardo, quizá porque Diez Morodo es presidente del consejo de administración de ese grupo financiero: el 15 de junio de 2016 transfirió 2 millones de pesos.

La lupa del SAT

Abogado de la Escuela Libre de Derecho y activo participante en las campañas presidenciales priistas de Carlos Salinas, en 1988 –de quien su padre es asesor y amigo–, y Ernesto Zedillo, en 1994, Claudio Xavier González Guajardo ha combinado sus actividades empresariales con la filantropía, en cuyo ámbito se incluye a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

También fundador de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Únete), Mexicanos Primero y Aprender Primero, así como miembro de las empresas financieras Gentera y Compartamos Banco, esta figura ha sido hábil para recaudar grandes cantidades de dinero a favor de MCCI, pero es una asociación reñida con la transparencia y la rendición de cuentas.

La página oficial de la asociación consigna que “recibe fondos de diversos organismos internacionales”, como las fundaciones Ford y McArthur, así como los organismos NED y USAID, pero en el apartado “obligaciones financieras y fiscales” no hay ninguna información, salvo la reproducción de una declaración de impuestos de 2018.

Tampoco coinciden los montos de los donativos que recibió MCCI con los que reportó ante Hacienda, por ejemplo, en 2016. En el año de su fundación declaró donativos por 66 millones 983 mil 975 pesos, pero en los registros de donantes que este semanario conoce la cifra es de 136 millones 45 mil 512 pesos.

Se trata de 2 mil 3 donaciones de personas físicas y morales, así como las fundaciones ya enunciadas, cuyas aportaciones fue posible consultar en el catálogo de actividades de las donatarias autorizadas por Hacienda, pero que en 2019 ya no es posible identificar.

Dicha labor filantrópica de González Guajardo comenzó a ser investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2017, a raíz de tres solicitudes que presentó Ricardo Monreal, actual coordinador de Morena en el Senado, en respuesta a que MCCI le imputó que, como delegado en Cuauhtémoc, otorgó contratos a empresas vinculadas a los amigos de su hija Catalina Monreal.

El morenista aseguró que González Guajardo incurría en lavado de dinero, debido a la triangulación de recursos entre las asociaciones civiles que preside y sus empresas, incluido MCCI, además de defraudación fiscal, peculado, fraude, conflictos de interés y desvío de recursos públicos.

“Las actividades del señor Claudio X. González Guajardo revelan otro tipo de corrupción: la empresarial, en la cual las compañías (o sus dueños, a través de éstas) obtienen recursos por medio de donaciones de asociaciones civiles y fundaciones, que son deducibles para los donantes. La sociedad, de manera indirecta, financia tales operaciones”, escribió Monreal en el escrito al SAT del 8 de marzo de 2017.

Por ello, solicitó al SAT practicar una auditoría fiscal para determinar la legalidad de actuación y ejercicio presupuestal del gasto millonario de las asociaciones civiles presididas por el empresario, incluida MCCI, y en caso de irregularidades, que haya sanciones, como la revocación de permisos para recibir donaciones o recursos públicos deducibles de impuestos.

González Guajardo negó las impu­tacio­nes, MCCI se sostuvo en sus acusaciones contra la hija de Monreal y las solicitudes de éste al SAT están, hasta ahora, archivadas.­ 

Las acciones de Kimberly-Clark se desploman tras anunciar que no invertirá en México

Por

 Fernanda Gonzalez

 -

Durante la tarde noche de este lunes, en el marco de la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2019, Pablo González Guajardo, director general de Kimberly-Clark de México aseguró que la compañía no invertirá en el país a corto plazo debido a la desaceleración económica y a las políticas económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la rueda de prensa, el directivo aseguró que “desafortunadamente seguimos viendo señales de que la economía en general se está desacelerando y seguimos viendo anuncios por parte del gobierno, o nuevas políticas del gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría ver, para que la inversión se ponga en marcha a corto plazo”.

La decisión y el anuncio de la misma causó una fuerte polémica para la firma de productos de consumo en redes sociales, espacio que fue utilizado por muchos usuarios para llamar a un boicot en contra de la firma al considerar que esta decisión atenta contra el bienestar del país.

De esta manera, el término “Kimberly-Clark” se ubica al momento de la redacción de esta nota en la sexta posición entre los temas más comentados en Twitter dentro del mercado mexicano generando un total de 21.5 mil tweets.

Para ser más específicos, estimaciones de Tweetreach indican que las menciones de las marcas en los últimos 100 tweets han generado un total de 314.9 mil impresiones con un aclare potencial de 267 mil 446 cuentas.

La noticia llegó a la Bolsa

El asunto no sólo ha tenido impactos importantes en la agenda mediática de este martes. La decisión de la firma se ha sentido en los índices de cotización de la firma en la Bolsa Mexicana de Valores en donde se observa un desplome del valor de las acciones de la marca de 4.66 por ciento.

En este sentido, es importante mencionar que, de acuerdo con información publicada en el sito web corporativo de la empresa, Kimberly-Clark registra ventas anuales que superan los 30 mil millones de pesos, con exportaciones por más de mil 500 pesos.

Estos indicadores dejan en claro dos aristas que vale la pena considerar. Por un lado, deja en claro que las amenazas emitidas por los consumidores en redes sociales han dejado de ser un aspecto que se toma a la ligera.

El llamado al boicot confirma la tendencia creciente entre los consumidores conocida como buycott, es un acto que muestra apoyo o desaprobación a las acciones de una compañía, medio o personaje mediante la compra/elección intencionada de sus marcas productos o servicios.

En otras palabras, las audiencias ahora utilizan el consumo para castigar a aquellas marcas o personajes que no comparten los valores que ellos buscan, fenómeno que con las redes sociales adquiere dimensiones mayores y que repercute en términos de negocio.

La tendencia a seguir

Por otro lado, se demuestra que la polarización afectiva será un asunto con el las marcas deberán de lidiar cada vez con mayor frecuencia.

Este concepto puede definirse, con base en un estudio realizado por los profesores Shanto Iyengar de la Universidad de Staford y Sean J. Westwood de la universidad de Princeton, como la tendencia de las personas que se identifican con un grupo partidista por ver, entender y sentir negativamente a los partidarios opuestos, mientras que a los copartidistas son vistos positivamente.

Esta separación afectiva es el resultado de clasificar a los partidarios opuestos como miembros de un grupo externo y copartidistas como miembros de un grupo afín. El asunto va más allá de compartir ideologías políticas y tiene impactos en la manera en la que se relacionan las personas con el contexto que los rodea, en donde el consumo juega un papel de suma importancia.

La decisión de Kimberly-Clark ha sido leída como una amenaza y ofensa para el presidente en turno, con lo que muchos de los reclamos hechos por los usuarios no se realizan desde la posición de consumidor o cliente, sino desde la posición partidista que defienden. La ecuación se lee de la misma manera en el sentido contrario.

Que den la cara opositores a Santa Lucía, exige AMLO

Buscaban un negocio inmobiliario alrededor del lago de Texcoco, afirma

Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Viernes 11 de octubre de 2019, p. 3

Quienes han promovido los 140 amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía deben dar la cara y explicar sus razones para intentar frenar la obra, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó que en su momento él argumentó su rechazo al proyecto en el lago de Texcoco.

En este contexto, reveló que los conservadores le pidieron, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, exámenes sicológicos, cardiovasculares y hasta de orina, lo que recibió con sarcasmo, pues dijo que se encuentra al cien en cuestión de salud.

Durante su conferencia de prensa habló además del tema energético, y no descartó una exploración en aguas profundas, pero dijo que no se otorgarán contratos que sean especulativos, y envió a los corruptos el siguiente mensaje: ríndanse, los tenemos rodeados.

Al responder a las preguntas de la prensa en Palacio Nacional, el mandatario explicó que frente al bombardeo de amparos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía, el gobierno federal reservó información del proyecto, pero una vez que se resuelvan los juicios, se pondrán a disposición de toda la población los datos completos.

Tras plantear una reflexión en la que llamó a analizar si se debe aplicar una fianza a quienes promueven amparos sin fundamento por el daño al erario y a la nación, llamó a quienes buscan frenar la nueva terminal área que detallen sus motivos.

Ellos tienen consigna política, deberían de informarle a la gente cuáles son sus razones, así como estamos nosotros exponiendo; porque yo puedo decir: se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco porque es la zona más baja y de mayor hundimiento en el Valle de México, y lo puedo probar, agregó.

En realidad lo que buscaban era un negocio inmobiliario alrededor del lago de Texcoco, argumentó, por lo que insistió en que deben dar a conocer quiénes eran los empresarios que estaban detrás de este negocio.

Al hacer un paréntesis sobre este tema, López Obrador dio a conocer que entre las solicitudes de información dirigidas al Ejecutivo, una persona pidió una constancia médica y siquiátrica de él, así como “un análisis general de orina y de química sanguínea, dictamen cardiovascular especialmente consultando enfermedades coronarias (…), análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales”. Entre risas, ironizó que tendrá que hacerse los estudios, pero lo consideró como un exceso.

El Presidente relató que en encuentros con empresarios ha detallado que el gobierno no actuará con arbitrariedad en su búsqueda por frenar la práctica del uso de facturas falsas, y pidió a los representantes de la iniciativa privada su colaboración para acabar con ella.

También indicó que al igual que los intelectuales, hay científicos que pese a ser eminencias en sus áreas, no lo son en cuestiones sociales, y ratificó su respaldo a la titular del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla. De paso, celebró que se hayan resuelto sin represión los bloqueos y retención de autobuses por parte de normalistas de Tenería, en el estado de México.

Al preguntarle sobre la propuesta lanzada por Morena en el Congreso para regular la venta y consumo de cannabis y la creación de una empresa estatal para ello, dijo que el tema aún no está en la agenda del gobierno, aunque no descartó la iniciativa.

El Presidente deseó que se resuelvan sin violencia los problemas en Ecuador, país que calificó de pueblo hermano, pero reiteró su postura de respeto y no intervención a temas internos de otras naciones.

Un Juez revoca la suspensión que frenaba obras en Santa Lucía: el aeropuerto podrá construirse

Por Redacción / Sin Embargo

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– Un Juez federal revocó este martes la suspensión definitiva que frenaban el inicio de la construcción del aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía, ubicada en el Estado de México.

Juan Carlos Guzmán, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, declaró fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión definitiva, la cual fue interpuesta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ante dicha decisión, se abre la posibilidad de que se puedan ir revocando las otras seis suspensiones que impiden el comienzo de las obras en Santa Lucía, sitio considerado por la Sedena como un área estratégica y un tema de seguridad nacional.

El fallo del juzgador corresponde al amparo promovido por el colectivo #NoMásDerroches, quien ahora podrá impugnar esta resolución, con el objetivo de que se evalúe si es correcta. El colectivo ha promovido alrededor de 147 demandas de amparo.

Aunque se quitó este primer candado, es necesario que se revoquen todas las suspensiones para avanzar con la construcción del aeropuerto.

Previamente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a los amparos promovidos para que no se lleve a cabo el proyecto, confía en que para 2021 esté listo el nuevo aeropuerto.

Cuando fue cuestionado por los recursos que ordenan mantener las obras en Texcoco, pidió que “ya no haya caprichos”. Sin embargo, afirmó que se va a “buscar mantener las obras pero lo mejor para mantener esa zona es que se le dé su vocación natural: que sea lago como lo ha sido por siglos. Lo que existe si no se le daba mantenimiento permanente, iba a desaparecer, se hunde”.

“Que ya no haya caprichos, amor y paz. Para preservar las obras aquí están los técnicos. Sí se tratara de preservar las obras, para mantener la loza que hicieron, se tiene que inundar porque si no, se destruye”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Juez echa atrás aval ambiental de la Semarnat y frena Santa Lucía

Traidores a la patria

#NoMásDerroches ha promovido 147 amparos contra el nuevo aeropuerto

César Arellano García

 

Periódico La Jornada
Jueves 22 de agosto de 2019, p. 9

En una nueva decisión, el juzgado décimo de distrito en el estado de México determinó otorgar una suspensión definitiva al colectivo #NoMásDerroches, que impide la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), hasta que se resuelva el juicios de amparo.

La medida cautelar se concedió contra todos los efectos y consecuencias de la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto al proyecto aeroportuario en el estado de México, la cual ordena a las autoridades federales que mantengan paralizada o detenidas las obras hasta que esté lista la sentencia definitiva.

El colectivo #NoMásDerroches, auspiciado por un grupo de empresarios, junto con algunos ciudadanos, señaló que el recurso se concedió debido a que la propia autorización de Semarnat reconoce que con la ejecución del proyecto ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra.

El juez también indicó que la autorización de impacto ambiental reconoce la tala y poda de vegetación, el desplazamiento y reubicación de flora y fauna, inhibición en la filtración hídrica y, por ende, disminución en la captación de agua.

Asimismo, el aumento de contaminación atmosférica debido al incremento en el tránsito de vehículos aunado a la falta de infraestructura vial y, en general, daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno. La finalidad de la suspensión es garantizar la protección del medio ambiente de las regiones afectadas por el proyecto aeroportuario y salvaguardar la integralidad del ecosistema explicó el colectivo.

La orden judicial constituye un recurso más de los 147 amparos promovidos por #NoMásDerroches,que comparte el criterio sostenido la semana pasada por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, al otorgar una suspensión provisional contra la autorización de la manifestación de impacto ambiental.

La organización reiteró que con esta nueva medida cautelar, el inicio de la construcción en Santa Lucía tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, pues prohíbe la ejecución de la autorización otorgada por la Semarnat hasta que el impartidor de justicia analice si cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un ambiente sano. Sostuvo que continuará impulsando acciones legales en contra de cualquier proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico.

A nterior

S iguiente

Subir al inicio del texto