Desde Estados Unidos se financia el golpismo en México

Contralínea 

Registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que su principal donatario en 2019 y 2020 fue el gobierno de Estados Unidos, quien le donó 25.7 millones de pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos en ese periodo, cuando estaba presidida por Claudio X González Guajardo, líder de la oposición política en el país con su iniciativa Sí por México. Otros financiadores fueron la USAID, la NED y las fundaciones de Alejandro Martí, Valentín Diez Morodo y Antonio del Valle

El gobierno de Estados Unidos, por conducto de su Embajada en México, aparece en los registros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como su “principal donataria” en los últimos 2 años, al financiarla con 25 millones 700 mil pesos. El monto representa el 19.1 por ciento de los ingresos totales –134 millones de pesos– de esa asociación civil entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo.

Clasificada como una asociación civil “sin fines de lucro”, Mexicanos Contra la Corrupción ha sido muy “generosa”, pero sólo con sus directivos, pues de los ingresos recibidos en 3 años (2018-2020), su presidente fundador Claudio X González se asignó un salario de 7 millones 520 mil pesos, mientras que su presidenta ejecutiva María Amparo Casar Pérez cobró un sueldo por 11 millones 100 mil pesos, en el mismo periodo.

De acuerdo con las leyes fiscales, las asociaciones civiles “sin fines de lucro”, autorizadas para recibir donaciones, no pueden gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en salarios, pero esto nunca lo ha cumplido Mexicanos Contra la Corrupción: cada año gasta un porcentaje mucho mayor. Así, las autoridades tienen elementos legales para retirarle su autorización y con ello perdería su millonario patrimonio.

Ello porque a partir del 1 de enero de este año hubo modificaciones en materia fiscal para las asociaciones civiles que viven de las donaciones, las cuales están obligadas a tener un código fiscal digital por internet (CFDI) por cada uno de los gastos que realizan, lo que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizar una vigilancia más eficaz del gasto que hacen organizaciones como MCCI, la cual utiliza los donativos como si fueran un patrimonio propio y que, sin pagar impuestos, emplean el dinero donado en lo que quieren.

Esta asociación civil supuestamente dedicada a defender el estado de derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático en contra del gobierno federal, y en su página de internet afirma ser subsidiada por más de 1 mil 50 donantes, de los cuales destacan organismos extranjeros, como son el Departamento de Estado a través de la United States Agency International Development (USAID) y el Congreso estadunidense por conducto de la National Endowment for Democracy (NED); así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza Schweizerische Eidgenossenschaft.

Documentos internos de MCCI revelan que para el presidente fundador de esta organización ha sido un buen negocio la creación de asociaciones civiles para obtener dividendos de los “donativos” que aportan empresarios, organismos nacionales y extranjeros, gobiernos estatales y hasta el propio gobierno federal en administraciones priístas y panistas.

Por ejemplo, en 2018, el hijo de Claudio X González Laporte –presidente de Kimberly Clark México– recibió de Mexicanos Contra la Corrupción 4.6 millones de pesos; es decir que ese año cobró mensualmente 383 mil 333 pesos por presidir esa asociación civil que él mismo fundó; en 2019 el ingreso se redujo a 1 millón 900 mil pesos, equivalentes a 158 mil 333 pesos cada mes, y para 2020 obtuvo 1 millón 20 mil pesos, equivalentes a 170 mil pesos por mes, pues el salario correspondió sólo al primer semestre de ese año porque dejó la presidencia de esa asociación civil en julio y fue sustituido por María Amparo Casar, quien fuera coordinadora de asesores del secretario de Gobernación panista Santiago Creel Miranda durante la presidencia de Vicente Fox.

Desde antes de asumir la presidencia de MCCI, que dice operar “sin fines de lucro”, María Amparo Casar Pérez cobró en 2018 un salario de esa asociación civil por 3.5 millones de pesos, que corresponden a 291 mil 666 pesos al mes; en 2019 su ingreso fue de 4 millones 100 mil pesos, por lo que mensualmente se elevó a 341 mil 666 pesos, y en 2020 su sueldo regresó a los 3.5 millones, lo que hace un total en esos 3 años de 11 millones 100 mil pesos.

Valentín Diez Morodo

En 3 años, MCCI recibió ingresos por 208.4 millones de pesos.

En los últimos 3 años (2018-2020), MCCI recibió ingresos por 208 millones 400 mil pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales, y además de su principal donante que fue la Embajada de Estados Unidos en México con 27.7 millones; también destacan el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, AC (SOS), que fundó su presidente Alejandro Joaquín Martí García, quien aportó 22 millones 900 mil pesos; la Fundación Maelva, cuyo presidente es el empresario Valentín Diez Morodo, con 15 millones de pesos; Fundación Kaluz, de Antonio del Valle Perochena, con 10 millones, y Claudio Xavier González Laporte, presidente de Kimberly Clark y padre de Claudio X, con 6 millones de pesos.

Ante las auditorías e investigaciones de los órganos de inteligencia que el entonces presidente Enrique Peña Nieto autorizó en 2016 en contra de la organización Mexicanos Contra la Corrupción, su presidente fundador Claudio X González Guajardo planeó en ese año que se diera de baja el Registro Federal de Contribuyentes de esa asociación civil y ordenó dar de alta otro RFC con el propósito de borrar cualquier huella de delito de evasión fiscal o lavado de dinero que el SAT pudiera imputarles, por lo que desaparecieron todos los registros de movimientos financieros, transferencias internacionales, el pago de onerosos salarios y el origen de los donativos que recibió MCCI antes de 2017.

La respuesta de Claudio X fue presionar mediáticamente. Sólo para medir fuerzas contra su antiguo aliado, el presidente Peña Nieto, empezó a atacarlo en la prensa con reportajes a modo que tenían como única línea acusaciones de corrupción a todos los miembros del gabinete.

El entonces secretario de Hacienda (7 de septiembre 2016 al 27 de noviembre 2018) y posterior candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade Kuribeña, se reunió con Ricardo Monreal, en ese momento jefe delegacional en Cuauhtémoc, para entregarle el expediente fiscal de Mexicanos Contra la Corrupción, lo que le sirvió al delegado para acusar en 2017 al empresario Claudio X González Guajardo de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y peculado, por utilizar maliciosamente las asociaciones y fundaciones que presidía.

Preocupado, de inmediato intervino el presidente de Kimberly Clark, Claudio X González Laporte para mediar con el presidente Enrique Peña y prometerle que su junior lo dejaría de atacar, lo que momentáneamente cesó las acusaciones cruzadas y, preventivamente, abrieron un nuevo RFC para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con lo cual logró desaparecer todo registro del intrincado y comprometido expediente fiscal.

Cuentan quienes vivieron aquel episodio que la negociación en Los Pinos entre el presidente de Kimberly Clark y Peña Nieto enojó mucho a Ricardo Monreal, actual senador de la República, quien se sintió traicionado y utilizado por el secretario de Hacienda para sólo frenar los ataques en contra del entonces presidente de la República, por lo que ya no insistió más con su denuncia contra MCCI y su presidente Claudio X.

El expediente utilizado por Monreal se archivó en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, actualmente bajo la responsabilidad de Rosalinda López Hernández; sin embargo, en esa área fiscal aseguran que no aparece por ningún lado.

En las actividades económicas inscritas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, están la investigación científica o tecnológica que esa asociación civil presta únicamente a los socios: Claudio X González Guajardo, María Amparo Casar Pérez, María Teresa Aguilar Álvarez Castro, Esteban Patricio González Guajardo, Max Kaiser Aranda –quien fuera subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas con Felipe Calderón, actual opositor del gobierno federal e integrante del proyecto La Lista News, que se nutre con información de The Guardian–, Antonio Mario Prida Peón Del Valle y Ana Macarena Velázquez López. El apoderado legal es Santiago Noriega Farres.

Antonio del Valle

Revisan fiscalmente a MCCI y a Kimberly Clark

Con el pasado fiscal borrado, las autoridades hacendarias han empezado a revisar la operación de Mexicanos Contra la Corrupción para determinar si opera de acuerdo con las normas que rigen a las asociaciones civiles en cuanto a donativos y su cumplimiento fiscal, en donde fuentes confiables aseguran que esa asociación civil ya entregó varias cajas al SAT con información correspondiente al ejercicio de 2017, por lo que estarían pendientes 2018, 2019 y 2020.

Esto ha causado preocupación entre socios de MCCI, pues la confrontación abierta que mantiene esa organización con el presidente Andrés Manuel López Obrador podría provocar auditorías fiscales a todos sus aliados para conocer el origen y destino de los donativos que le entregan y que en los últimos 3 años ascendieron a 208.4 millones de pesos.

El gasto en salarios a directivos de MCCI sólo se conoce parcialmente, porque se sabe que hay pagos importantes por servicios prestados, como son los casos de un despacho de abogados y otras consultorías y asesorías que reciben dinero por fuera de esa asociación civil, y de allí se reparte el dinero, todo eso tendrán que investigarlo los auditores y analistas del SAT. En este mecanismo estarían incluidos los periodistas que decidieron colaborar con esa organización.

Al quedarse sin padrinos políticos, el consorcio empresarial Kimberly Clark, del magnate Claudio X González Laporte también está en auditoría fiscal, igual que los otros grandes contribuyentes, a fin de que paguen impuestos que antes no les cobraban por su “buena relación” con gobiernos priístas y panistas. En el caso de Kimberly Clark, este grupo ha suministrado cualquier cantidad de papeles para complicar el trabajo de los auditores hacendarios.

Asimismo el presidente fundador de Mexicanos Contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo, enfrenta un juicio que viene desde 2014 por presunta evasión fiscal de 19 millones de pesos como persona física, pero igual como hacen otros empresarios ha conseguido el amparo de la justicia federal en contra de las resoluciones del SAT [juicio de nulidad 15836/19-17-08-3 ante la Octava Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa].

Al consultar el proceso en ese Tribunal, se supo que los jueces mandaron al SAT a reponer el acto, por lo que González Guajardo está en nuevo periodo de pruebas en busca de la nulidad lisa y llana del adeudo, pero fuentes judiciales consideran que el empresario tendrá que pagar y lo único que ha logrado hasta ahora es ganar bastante tiempo al retrasar la resolución final mediante amparos.

La lista de donadores de MCCI

En la lista de donadores de esa asociación civil, que durante 2018 recibió 77.4 millones de pesos, aparecen el Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, con 6.9 millones; Fundación Maelva, 5 millones, y Grupo México, 5 millones. En los estados contables de esa asociación civil están también los gastos que hizo en ese mismo año: CIBanco, 7.5 millones de pesos; Consorcio Metropolitano Inmobiliaria, 5.7 millones, y para María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones.

En 2019, los ingresos de MCCI ascendieron a 73.8 millones de pesos, recibidos de la siguiente manera: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, 12.3 millones de pesos; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 7.2 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en ese año: CIBanco, 7.6 millones de pesos, Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 7.6 millones, y Consorcio Metropolitano Inmobiliario, 5.8 millones.

En 2020, el monto fue de 60.2 millones de pesos: Embajada de Estados Unidos de Norteamérica: 13.4 millones; Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana, 8.8 millones; Fundación Maelva, 5 millones. Los gastos en 2020: María Amparo Casar Pérez, 3.5 millones; IMSS, 3.1 millones, y Estrategias de Acompañamiento y Servicios Educativos, 2.9 millones de pesos.

Entre las asociaciones relacionadas directamente con Claudio X González Guajardo, destacan cinco:

1. Mexicanos Primero, que en 2019 obtuvo ingresos de Servicios Estatales de Salud por 13.6 millones de pesos, del Instituto del Deporte de Guerrero 8 millones y de la Secretaría de Educación de Guerrero 5.6 millones de pesos, institución que para 2020 le entregó 445 mil pesos.
2. Mexicanos Primero Sinaloa recibió entre 2018 y 2020 ingresos de la empresa Coppel por 2.6 millones de pesos, de Banco Coppel 2.9 millones y de Adrián Coppel Calvo 200 mil pesos. En 2018, Juan Alfonso Mejía López, exdirector general de Mexicanos Primero Sinaloa, fue designado como secretario de Educación Pública y Cultura por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
3. Mexicanos Primero Jalisco había recibido ingresos de la empresa Pisa por 2.1 millones de pesos en el periodo 2018-2020, pero ante los problemas que enfrenta esa farmacéutica por la cancelación de contratos con el gobierno federal, canceló una de las donaciones por 600 mil pesos.
4. Mexicanos Primero Michoacán tiene como representante legal a Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis y presidente del Consejo de Mexicanos de Negocios hasta 2019, quien es uno de los principales opositores al gobierno de López Obrador.
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6. Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete) consiguió entre 2019 y 2020 contratos sin licitar por 17.5 millones de pesos con el gobierno federal. Esta asociación civil también obtuvo ingresos en 2018 con el gobierno de Puebla por 60 millones y en 2019 con el gobierno de la Ciudad de México por 11.7 millones de pesos.

Parlamentos suramericanos son utilizados para promover golpes de Estado

EveRico. laradiodelsur

Los parlamentos y tribunales suramericanos se utilizan en la actualidad como promotores de golpes de Estado. Tal es el caso del Congreso brasileño que ya aprobó en una primera fase un juicio político para destituir a la presidenta de la nación, Dilma Rousef, bajo la excusa de fallas administrativas.

En el caso venezolano, la  Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora al gobierno del presidente Nicolás Maduro, comenzó sus actividades el pasado 5 de enero de este año con la promesa de dar un golpe de Estado.

El diputado socialista Hugbel Roa, alertó al hablar de lo que ocurre en Venezuela, que “la derecha internacional utiliza a los diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (oposición) como dinamizadores del golpe que hoy está en marcha en Venezuela. Antes ejecutaron el Plan Cóndor, ahora la forma que usan son los parlamentos y tribunales”.

Entrevistado en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, señaló que “esto que ocurre en el país es parte de una estrategia de la derecha mundial y latinoamericana, de aquellos que nunca han querido a la democracia y utilizan a sus esbirros de acá para generar violencia”, apuntó, al hacer mención de las acciones de la nueva mayoría de la AN ganada a aprobar leyes al margen de la Constitución para generar conflictos en los Poderes de Estado, al tiempo que sus diputados promueven la violencia en las calles.

Alertó que la derecha dentro de la AN “va a querer dar voto de censura y buscarán la vía de establecer un juicio al Presidente (Nicolás Maduro). Hay un golpe de Estado en pleno desarrollo y la forma que piensan utilizar es el Parlamento”.

Esto ya fue puesto en práctica en Paraguay y Honduras. En La Asunción, el senado consumó un golpe de Estado parlamentario el 21 de junio de 2012 contra el presidente Fernando Lugo, bajo la figura de un “juicio político”, que se llevó a cabo en menos de 24 horas.

Mientras que en Honduras, Manuel Zelaya, quien fue presidente de la nación, tras ser electo en 2006, fue depuesto del poder y expulsado del país el 28 de junio del año 2009, cuando tenía previsto celebrar una consulta popular para hacer reformas constitucionales.

AVN/La Radio del Sur

Venezuela “desnuda” al golpismo de Washington

3. abril, 2014 Autor: Prensa Latina D, Línea Global, Semana 1 comment

El intento de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro falló: tanto ímpetu mostraron sus organizadores que quedaron al descubierto. El gobierno de Estados Unidos sufrió un nuevo descalabro en la región y quedó en evidencia como un actor ilegítimo, ilegal y golpista

Stella Calloni/Prensa Latina

Buenos Aires, Argentina. Después de casi 2 meses de haber comenzado la última maniobra golpista contra Venezuela con el llamado Plan Salida, el golpe ha fracasado, y la presión de Estados Unidos para que los grupos de choque y francotiradores movilizados detrás de una supuesta marcha pacífica de un sector estudiantil continúen golpeando y asesinando en algunos municipios del país, sólo está dejando al desnudo a los responsables intelectuales de afuera y de adentro.

El gobierno de Nicolás Maduro, como se ha reconocido, eligió la estrategia de no responder violentamente a las provocaciones de extrema violencia, que al ser ejecutadas por grupos minoritarios, terminaron concentrando un rechazo mayoritario y evitaron mayores tragedias. En las últimas horas hay órdenes muy estrictas que sólo afectan a los ya ubicados mensajeros del terror.

La incapacidad de los fundamentalistas de Washington para entender que el golpe suave, es decir, en este caso la guerra sucia, que intenta golpear cotidianamente y debilitar en extremo a un gobierno mediante la contrainsurgencia de los viejos tiempos y la guerra sicológica con la más trabajada desinformación y manipulación que registre la historia de los últimos tiempos, nunca dará una Revolución de Colores, ni una Primavera Árabe en la actual América Latina, porque las circunstancias son otras.

Tampoco parece entender que la muy primitiva derecha venezolana, que sólo engendra matrices de fascismo –también primitivo– no llegó a sostener ningún esquema golpista desde que el expresidente Hugo Chávez Frías llegó al gobierno en 1998 y logró consenso popular para instalar una Constitución que respondiera a las necesidades populares y de un país soberano; y quien bajo esta nueva Carta Magna se reeligió en 1999 y en todas las veces que se presentó a elecciones.

Más aún, el golpe de Estado sin suavidades que se le aplicó en abril de 2002 terminó convirtiéndose en un hito para el mundo. Por primera vez un golpe financiado, dirigido y asesorado por Washington, como se comprobó en ese mismo año, fue derrotado en 48 horas por un pueblo en las calles, con la Constitución en las manos y por militares patrióticos.

Fue un desastre para Washington y una victoria para Venezuela y América Latina, y sólo logró fortalecer al líder venezolano ante un pueblo que mayoritariamente lo considera un héroe “que ha entrado a la eternidad” en su temprana muerte.

En primer término, los dirigentes del nuevo golpismo desacreditaron, de entrada, la supuesta condición pacífica de una marcha estudiantil –además minoritaria– utilizada abiertamente como mascarón de proa de los   violentos entrenados para estos menesteres de la violencia extrema, que debían dejar muchos muertos rápidamente y sin importar si propios o ajenos.

El sacerdote jesuita panameño Jorge F Sarsaneda, en un texto magnífico, se pregunta y nos interroga a todos: “¿por qué el estudiantado que en el mundo reivindica servicios públicos, en Venezuela lo hace en defensa de la propiedad privada de empresarios y medios de prensa? ¿Quién está detrás de este estudiantado que desprecia a un gobierno que ha destinado el 42 por ciento del presupuesto a inversiones sociales, que ha multiplicado por cinco el número de maestros, que ha alfabetizado a 1 millón y medio de personas y que ha creado 11 nuevas universidades?”.

Y más aún, cuestiona por qué si “los partidos bolivarianos ganaron las elecciones hace 3 meses, quienes protestan dicen que no pararán hasta forzar su caída y, sin embargo, los medios no los califican de golpistas”.

Sarsaneda llega al fondo del asunto, que deja claro por qué la reacción de Washington en las últimas horas, en la que se niega a reconocer no sólo la voluntad del pueblo venezolano, sino la de todos los países de la región, que con diversos gobiernos defienden a rajatabla la institucionalidad y a los gobiernos democráticamente elegidos, aunque esta elección no sea “aprobada” por el poder hegemónico: Estados Unidos y sus asociados (léase países ricos, dependientes y sumisos).

Dice más adelante Sarsaneda: “Podríamos añadir más preguntas que desnudan lo que verdaderamente hay detrás de estas ‘protestas’: el intento de los poderosos del mundo de arrebatar el petróleo de Venezuela; pero también el cobre, el litio, el agua y el resto de riquezas de los pueblos de América. Y, para ello, los medios no son otra cosa que un sistemático reproductor de mentiras y una eficaz pantalla de distracción” (texto publicado por Prensa Latina).

Nada que agregar a esta extraordinaria síntesis de otras varias preguntas de Sarsaneda sobre una verdad que es ya inocultable y “que destapan las paradojas del guión que la derecha venezolana impone en los medios de todo el mundo”.

La embestida es muy similar a lo actuado en el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, a mediados de 2008, cuando desataron una “guerrita” contrainsurgente, que comenzó con el intento de incendiar y destruir edificios gubernamentales, usinas eléctricas, produciendo una masacre de campesinos indígenas que respaldaban a Evo Morales; un crimen atroz en el estado de Pando que quisieron atribuir al gobierno, versión que fue desbaratada por una Misión de Derechos Humanos enviada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuya investigación fue respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la propia Organización de las Naciones Unidas.

Los lugares elegidos en ambos casos para comenzar la violencia con cercanía a las fronteras, cuando no en zonas fronterizas (los estados de la Media Luna en Bolivia o Táchira y otros en Venezuela), son también parte del guión similar. En Bolivia, en horas se incendiaron edificios importantes y también televisoras, radios y otros inmuebles (171 en total). Lo mismo pasaría en 2011 en Bengasi, Libia, con los mercenarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El esquema “incendiario” fue similar también en Caracas, estimando que todo lo actuado anteriormente –es decir, el desabastecimiento, el uso de grupos para generar inseguridad, los sabotajes, la campaña para quebrar empresas aéreas, las de rumores y mentiras y los intensos trabajos para dividir a los dirigentes del gobierno bolivariano, así como el terror impuesto mediáticamente– estaba destinado a crear desconcierto y caos en la sociedad.

Los golpistas esperaban que esta sociedad se lanzara a las calles y los levantara como héroes. No hubo respuesta, sólo una curiosa mirada sobre la metodología que se encerró a sí misma en los barrios y municipios ricos, donde tenían la bendición cómplice de alcaldes opositores. Pero el país nunca se detuvo, y uno de los mayores hechos políticos, sociales y culturales fue el inútil intento de la oposición de detener los carnavales, una masiva expresión cultural e identitaria del pueblo venezolano.

Era escena de realismo mágico ver pasar enormes masas de población, mayoritariamente niños, con disfraces diversos, música, o ver los multitudinarios conciertos del Carnaval por la Paz, que tan minuciosamente ocultaron los medios al mundo.

En esos momentos se insistía en que Venezuela estaba al borde de la guerra civil, cuando no sólo las calles eran una fiesta, sino que los cacerolazos que algunos trasnochados intentaban, se perdían en la multitud musical que alegraba las calles.

Una escena inolvidable: una pequeña marcha de un grupo evidentemente clasemediero, que ocupaba apenas una cuadra y media, en su “protesta” debió dejar pasar a los carnavaleros. Una de las tantas escenas surrealistas de esos días. Pero eso sí, los “violentos” que a estas alturas sólo están en unos seis municipios de los 335 del país, tienen la orden de “máxima acción”, y en los últimos días han dado sus golpes en forma ya desesperada ante el fracaso, matando guardias nacionales con francotiradores o disparando sobre personas totalmente indefensas.

Esto sólo agravó la situación de los golpistas, y en las últimas horas fueron detenidos varios terroristas extranjeros, con antecedentes en otros países participantes de los pequeños grupos comandos, por llamarlos de alguna manera. De los más de 1 mil detenidos, menos del 30 por ciento son estudiantes.

La justicia va a hablar en estos días, revelando la verdad que todos sabemos, pero que el periodismo hegemónico encubre siendo partícipe del crimen.

Los medios masivos de comunicación deben ser acusados por la justicia internacional, por haber alentado con sus mentiras los crímenes cometidos contra un pueblo pacífico, que en ningún momento –y en esto hay que destacar también a sectores opositores– se plegaron a esa extrema e inútil violencia, que deja más de 28 muertos y decenas de heridos, a sabiendas que su causa ya está perdida.

Lo extraordinariamente pueril es que la dirigencia de las desnutridas marchas y las llamadas guarimbas(cortes de calles, incendios y demás) confesaran públicamente que se trataba de derrocar a un presidente y a un gobierno que había triunfado una vez más (18 de 19 elecciones verdaderamente democráticas) en diciembre de 2013, al ganar la mayoría de los municipios.

Lo grave es que ya el 6 de febrero de 2014, apenas 2 meses después de este triunfo oficial, se le haya ocurrido a la oposición nada menos que decidir por esta vía “la salida”, es decir, el derrocamiento de un gobierno como el de Maduro que, en abril de 2013, había accedido al gobierno ganando elecciones democráticas.

¿Tanto molestó al gobierno de Estados Unidos no haber podido detener la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) nada menos que realizada en La Habana, Cuba, que además decide que toda esta región sea un territorio de paz, entre otras importantes decisiones como corresponde a países soberanos?

Y todo esto cuando Washington necesita mostrar sus músculos tanto interna como exteriormente, después de que su desesperada carrera de guerras coloniales, invasiones y ocupaciones de países en Oriente Medio, África del Norte y Asia haya sido detenida a las puertas de Damasco por la heroica resistencia del pueblo y el gobierno de Siria, durante 3 años de feroces ataques de mercenarios y terroristas de las fuerzas especiales de las potencias de la OTAN. A estos mercenarios se les llama eufemísticamente “rebeldes sirios”, como llamaban “combatientes de la libertad” a los también criminales de lesa humanidad de la Contra nicaragüense, que bajo la misma dirección de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos sembraron el terror en la Nicaragua sandinista. Pero además se acabó el avance impune del imperio.

Ucrania, donde el golpe de Washington y la OTAN parece triunfante, y antes Siria, les demostró que ya no están solos decidiendo la suerte del mundo. Rusia, China, Corea del Norte y muchos otros países del extenso Tercer Mundo y de todos los patios traseros de unos y otros están diciendo no a la guerra, no al control de un terrorismo mundial que se nos quiere aplicar globalmente.

El gobierno de Maduro demostró con pruebas y evidencias que esto era un inicio de golpe de Estado, que una vez más el pueblo derrotó en las calles y lo hizo en un Carnaval por la Paz que no registraron los medios en el mundo, pero que será histórico e inolvidable, como la respuesta de una Conferencia de Paz a tanta violencia y muerte.

Los incendiarios fueron quedando cada vez más solos y aislados, y a medida que pasaban los días iban perdiendo su “aterradora eficacia” que no alcanzó nunca a detener la marcha del país.

En tanto, el gobierno logró que incluso organismos internacionales reconocieran sus esfuerzos de paz y fortaleció la posición de Maduro en Venezuela y ante la comunidad latinoamericana.

Todo salió mal para Washington. Hasta la vergonzosa acción del gobierno panameño, que pidió ilegalmente la intervención de la OEA. El mismo presidente que a sólo 3 meses de su ascenso en 2009 había entregado a su país y la larga lucha anticolonial de su pueblo, al autorizar al gobierno estadunidense, a través de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, a rodear Panamá, por ambos océanos, de bases militares, pidiendo la intervención de la OEA.

Era un disparate a todas luces. Y cuando bajo otros marcos la OEA reunió a la región, el resultado fueinfartante: 29 países votaron su apoyo al gobierno democrático de Venezuela, uniéndose a las definidas posiciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas, el Movimiento de Países No Alineados y otros países en el mundo.

Washington reacciona desnudando su dirección del golpe

¿Y qué hace Washington ante tamaña derrota en todos los frentes? Por supuesto no se hace cargo de las muertes y daños provocados, y salta hacia el vacíobien acompañado por los medios.

En Miami, Estados Unidos, el Nuevo Herald habló de que Venezuela estaba “al borde de la guerra civil”, en una demostración de autismo inducido, ya que repite las aseveraciones nada menos que del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general John Kelly, quien sostuvo que es necesario que los venezolanos resuelvan el conflicto interno antes de que se salga de control, aumente la violencia y, por supuesto, se inicie la (para ellos) soñada guerra civil.

El secretario de Estado estadunidense, John Kerry, aseguró el pasado 12 de marzo que Washington se reserva la opción de imponer sanciones contra Venezuela para obligar a una salida pacífica y negociada con los opositores. Tan tardío como imbécil, ya que esto está sucediendo hace tiempo. Pero más aún, su gobierno se reserva imponer sanciones a Venezuela, además de imponer la tesis de supuesta inconformidad de los militares venezolanos con Maduro.

 “Venezuela va camino a la catástrofe económica y en términos de democracia”, asegura Kerry, mientras Kelly afirma que la administración de Barack Obama planea sanciones que restrinjan las cuentas bancarias y la libertad de movimientos de los militares venezolanos que “influyan en su manera de pensar sobre el futuro del país”. ¿Les está diciendo corruptos, los está amenazando? Y para rematar esgrime la vieja e inútil acusación de narcotráfico para el gobierno venezolano, argumento tan gastado que ya ni se menciona en estos casos.

Kelly insistió en mencionar el trabajo de las Fuerzas Armadas estadunidenses contra el tráfico de drogas y aseguró que Venezuela es una de las bases desde donde se transportan narcóticos. En su opinión y sin ninguna prueba, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno venezolano están implicados en los vuelos que parten desde Venezuela con drogas destinadas al mercado estadunidense. Y si lo sabían, ¿estaban de acuerdo en recibir la carga? Cada vez que hablan no aclaran, sino que oscurecen. Elefantes en la vitrina que cada día crean más contradicciones y no parecen entender sus propios saltos al vacío.