Paco Ignacio Taibo II y Ricardo Ruíz Tertulia El Estado de la Nación
Marti Batres y Diego Valadés Tertulia El Estado de la Nación 2
Manuel Oropeza y Hector Díaz Polanco Tertulia El Estado de la Nación 3
Sanjuana Martínez Tertulia El Estado de la Nación 4
Paco Ignacio Taibo II y Marti Batres Tertulia El Estado de la Nación 5
Manuel Oropeza y Hector Díaz Polanco Tertulia El Estado de la Nación 7
Marti Batres y Sanjuana Martínez Tertulia El Estado de la Nación 8
domingo, 10 de octubre de 2010
El desafío de López Obrador. Arnaldo Córdova.
Andrés Manuel López Obrador, finalmente, se ha decidido a enfrentar a la dirección corrupta y logrera del PRD y, al mismo tiempo, al gobernador del estado de México, en su propio terreno, las tierras mexiquenses, donde tiene su base natural y en donde los chuchos del PRD y el PAN buscan reditar una más de sus alianzas, según ellos, para acabar con el caciquismo priísta. Las razones son múltiples y de peso: para nadie es un secreto que se trata de la entidad más poblada del país y de la que es originario el principal prospecto para la Presidencia de la República de la reacción y, en particular, del grupo oligárquico que detenta el poder en México; es un escenario privilegiado de la lucha por el poder y, en consecuencia, del futuro de nuestra nación.
Al mismo tiempo, López Obrador consideró que había llegado la hora de empezar a hacer cuentas con los chuchos y sus adláteres de Alternativa Democrática Nacional, el grupo mafioso dominante en el PRD del estado de México y aliado de aquéllos. La primera cuestión que quiso dejar en claro es, justo, la razón por la cual una alianza con un partido derechista y reaccionario como el PAN es la abolición de los principios de acuerdo con los cuales se organizó el PRD y es una auténtica felonía, aparte de una estupidez, que se busque una alianza con ese partido cuando hace cuatro años, en alianza con el PRI, el sindicato de profesores de la Gordillo, la oligarquía que domina la vida económica, política y social de México y la misma Iglesia católica le robó a López Obrador el triunfo en las elecciones presidenciales y lo etiquetaron a él y a su movimiento electoral como un “peligro para México”.
El Peje, finalmente, puso sus cartas sobre la mesa: si la actual dirigencia nacional perredista se empecina en ir a esta alianza absurda, entonces llamará a las bases perredistas en el Edomex a la rebelión en contra de esa traición a la izquierda y a su legado histórico. Porque eso es: una traición y una desvergüenza que Jesús Ortega se haga el tonto llamando a López Obrador a que “se serene”. Y lo es en múltiples sentidos de los que sólo algunos se pueden mencionar aquí. El PRD fue concebido desde el principio como un partido puesto al servicio del pueblo y de los ciudadanos que lo constituyen para alcanzar una verdadera democracia en México y acabar con la impunidad, la corrupción y el latrocinio y lograr la igualdad cada vez mayor de todos los mexicanos. Eso es la esencia del pensamiento de izquierda.
Los chuchos no entienden de esas cosas. No les importan los principios a los que nunca se refieren. Camacho, su preceptor electoral, simplemente, no tiene principios, sólo objetivos simples de política logrera. Su idea motivadora, ajena a cualquier principio, es el aliancismo a ultranza. Aliarse con cualquiera, para alcanzar un objetivo. A los oportunistas lumpenizados que siguen a Ortega les vinieron de perlas sus sugerencias y las convirtieron en su bandera. Pero la suya no es sólo una traición a los principios, que no tienen, sino también a quien le deben su fortuna presente, López Obrador, cuyo ascenso les permitió a ellos hacerse de los órganos de dirección del partido y también de los puestos de representación popular.
López Obrador no oculta nunca sus fines. Al contrario, busca siempre hacerlos lo más claros posible y esta vez no fue la excepción. Si los chuchos y sus aliados panistas se salen con la suya y comprometen al PRD en una malhadada alianza sin principios (y sólo con la mezquina finalidad de “derrotar” al PRI), él mismo se moverá por todo el Edomex, haciendo campaña a favor de una candidatura independiente y de izquierda. Candidatos no faltarán. Ya veremos que la izquierda mexiquense sabrá elegir a uno tras el cual vaya la gente que ha cobrado conciencia y que desea un cambio de verdad en esa entidad esquilmada y que es guarida tradicional de ladrones sin vergüenza ni patriotismo.
No todos los perredistas mexiquenses, ni mucho menos, se han dejado timar por las ilusiones camachistas y chuchistas. Ha sido impresionante contemplar los mítines de López Obrador por los municipios que ha visitado. Miles de ciudadanos asisten a ellos y, casi siempre, El Peje les pregunta si son perredistas. Todos ellos responden a coro que sí y prorrumpen en arengas a la unidad y a la independencia de principios de su partido. Hay quien dice que son sólo “algunos” seguidores de Higinio Martínez, ya antes presidente del Consejo Nacional del PRD que se ha pronunciado en contra de esa alianza y ha declarado su fidelidad a la izquierda. La verdad es que las bases perredistas, que Bautista, líder de ADN, cree controlar, están en su mayoría en contra de los planes de Ortega, de Camacho y de los panistas. Con ellos se hará la campaña de izquierda.
Todo mundo tiene en mente la experiencia innovadora de Iztapalapa, cuando López Obrador se puso en movimiento en contra de la mafia de René Arce, en contra de una sucia maniobra del Tribunal Electoral Federal, de unas boletas que ya no se podían cambiar y en las que estaba inscrito el nombre de Clara Brugada, pero los votos no valdrían para ella sino para su contrincante del PRD y se tuvo que recurrir al registro del Partido del Trabajo y a su candidato para parar el golpe y ganar. A muchos no les parece lógico que en una delegación tan perredista como esa el triunfo haya sido del PT. Pues así fue y se debió a López Obrador. En Oaxaca, él se movió por los municipios indígenas con el senador Gabino Cué, futuro triunfador de las elecciones estatales. El triunfo de la coalición no fue del todo mérito de ella.
Todavía se está esperando que alguien explique qué ganó el PRD con sus alianzas en Puebla y Sinaloa, estados en los que es insignificante. Se eligió a dos priístas por fuera del PRI. ¿Dónde está la ganancia? Ver al famoso Malova en la toma de posesión del priísta César Duarte en Chihuahua, en medio de macanas y armas de fuego, no creo que sea muy buen signo. ¿De verdad piensan Camacho, los chuchos y Ebrard que se acabaron los caciquismos en esos estados?
Un cabeza hueca como Leo Zuckermann ha dicho que las coaliciones fueron exitosas y se pregunta si los que se oponen a las mismas dentro de la izquierda no están haciendo lujo de obcequedad y falta de sentido político. Yo preguntaría a cualquiera que piense del mismo modo: ¿en qué parte del mundo se ha visto que dos enemigos irreconciliables se vuelvan aliados y, menos todavía, amigos? Aquí el PAN está derrotado frente al PRI y los mismos panistas lo saben; Camacho ha jugado sobre esa cuerda y la está pulsando. Los panistas pueden ser todo lo tontos que se pueda uno imaginar, pero son también unos oportunistas desvergonzados. Claro que la propuesta les gustó y la aceptaron sin problemas. Camacho sería capaz de aliarse con cualquiera, hasta con el Diablo, lo ha dicho él mismo. Lo que nunca ha explicado es, aparte sus jueguitos de tablero, qué es lo que cree que gana en ello.
López Obrador viene a dar al PRD su última oportunidad para refundarse de verdad y, si los perredistas no lo entienden, quiere decir que están perdidos.
Qué burla el Festival Olímpico Bicentenario. Álvaro Cueva.
No sé qué piense usted pero a mí sí se me hace el colmo del despilfarro, de la manipulación política y del cinismo esto del Festival Olímpico Bicentenario.
Ni que fuéramos la potencia deportiva número uno del planeta para conmemorar los 200 años del inicio de nuestra Independencia con un evento de semejante naturaleza.
Al contrario, somos un pueblo enfermo, obeso y pasivo donde los únicos deportistas que han destacado ha sido por esfuerzos individuales casi, casi, contra el sistema.
Si Felipe Calderón y su gente sienten algún tipo de inclinación hacia ciertos deportes o hacia ciertas figuras, ¡perfecto!, se hubieran ido a saludarlas a sus respectivos países en lugar de gastarse un fortuna en traerlos aquí.
Qué necesidad tenemos usted y yo de tener una Ciudad de México colapsada porque le volvieron a cerrar una de sus avenidas más importantes para montar semejante circo.
Además, el Bicentenario ya pasó, fue el 16 de septiembre. Estamos a 10 de octubre. ¡Supérenlo! Pasemos a lo que sigue etapa.
¿O qué? ¿Ahora nos van a salir con el cuento de que Miguel Hidalgo era nadador, que Josefa Ortiz de Domínguez era maratonista y que José María Morelos era boxeador y que por eso era necesario recordarlos con este numerazo?
¿Ya se le olvidaron a usted los ridículos que hacemos cuando vamos a los Juegos Olímpicos? ¿Qué clase de mensaje le queremos mandar al mundo civilizado con esta fiesta tan absurda?
México está en guerra, tenemos zonas devastadas por tragedias naturales, la crisis económica está haciendo estragos en nuestros hogares, hay matanzas a cada rato en diferentes estados y no hay semana en que no pase algo grave en Monterrey, que es poco menos que nuestra capital industrial y financiera.
¿Usted cree que si esto estuviera sucediendo en otros países habría festivales olímpicos en las calles? ¡Por supuesto que no!
¿En qué cabeza cabe destinar una millonada para montar exhibiciones deportivas en el Distrito Federal mientras todo esto está como está en nuestra nación?
¿Por qué un festival deportivo y no uno de alguna otra naturaleza? ¿Se imagina todo lo que se hubiera podido hacer con ese dinero?
¿Ya se puso a pensar en toda la ayuda que se podría haber enviado o en todas las casas que se hubieran podido haber construido?
El Festival Olímpico Bicentenario es una jugarreta tan caprichosa que ni siquiera se publicó oportunamente un programa para que la gente pudiera hacer sus planes y participar.
Lo único que se dijo fue: vengan con gorra y con zapatos cómodos. Ni hablemos de la ausencia de una convocatoria que involucrara ordenadamente a los medios de comunicación, porque no la hubo.
No se necesita ser un experto para concluir que esto es como una venganza de la federación contra el gobierno de Marcelo Ebrard por tantos y tantos plantones que se han hecho en su contra en Paseo de la Reforma desde los resultados de las elecciones presidenciales de 2006.
¿O qué, a usted se le hace mucha casualidad que justo cuando esto se estaba montando haya salido a la opinión pública el fantasma de aquella campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador en la que se le calificaba como una amenaza para la nación?
¿Usted cree que haya sido coincidencia que al mismo tiempo que todo esto estaba sucediendo los medios de comunicación que apoyaron a Calderón en 2006 hayan vuelto a ser la nota por diferentes escándalos asociados con abusos de poder?
A esto me refiero cuando le digo que el Festival Olímpico Bicentenario es el colmo de la manipulación política.
Si el gobierno federal quisiera apoyar el deporte, definiría programas, crearía estrellas, mejoraría instalaciones, construiría otras y arreglaría un montón de problemas que hay tanto en el Comité Olímpico Mexicano como en varias asociaciones estratégicas.
Todo este show va a servir para lo mismo que sirvió El Coloso del desfile del 15 de septiembre: para nada.
Sí, a lo mejor usted opina, como aquel día, que todo estuvo muy bonito.
La bronca no es si estuvo feo o bonito, sino el inmenso vacío que nos va a quedar mañana cuando se publiquen más y más costos, cuando salgan a la luz pública las irregularidades y cuando las redes sociales se expresen.
¿Qué pensarán los deportistas mexicanos de esta burla? ¿Qué piensa usted? pm
¡Atrévase a opinar!
alvarocueva@milenio.com
Justifica SCT la toma de aviones arrendados por Grupo Mexicana
Javier Lozano, titular del Trabajo, aseguró que sólo un “milagro” puede salvar a la empresa, pues si en las próximas horas no aparecen inversionistas para resolver los pasivos, ve “muy difícil” el rescate.
México.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aseguró que las acciones emprendidas por los dueños de las aeronaves que operaba Mexicana, para recuperar sus unidades, son legales y apegadas a la Constitución.
Ante el incumplimiento de lo pactado entre Compañía Mexicana de Aviación (CMA) y sus arrendadores, éstos han comenzado a tomar posesión de sus bienes, los cuales son ajenos a los problemas que enfrenta la empresa aérea, admite SCT.
“La retención o detención indebida de las aeronaves ajenas al patrimonio de CMA no contribuye a solucionar la difícil situación por la que atraviesa la compañía, por el contrario, afecta gravemente cualquier posibilidad de reestructurarla”, manifestó SCT en un comunicado.
Lo anterior, luego de que Miguel Ángel Yúdico, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Tierra (SNTTTAS), acusó que norteamericanos quisieron “llevarse” un avión arrendado por Mexicana.
Sin embargo, la secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Lizzete Clavel, afirmó a MILENIO que no hay información sobre los presuntos robos de aeronaves de Mexicana, y demandó a quien denunció dicha acción muestre pruebas para sostener lo argumentado.
Ante la situación, los sindicatos y acreedores de Mexicana ya se encuentran en negociaciones con un tercer y último grupo interesado en invertir en la aerolínea y es posible que en 15 días se tenga una respuesta sobre su participación, afirmaron trabajadores y gobierno.
Lizette Clavel dijo que luego de la salida de Grupo Ixe, la posibilidad de rescatar a la empresa y las plazas laborales que genera se está volviendo “cada vez más difícil”.
Sostuvo que entre más pase el tiempo, se reduce de manera significativa la posibilidad de que Mexicana y sus filiales Click y Link reinicien operaciones en diciembre como se tenía previsto.
Al término de una reunión con el titular de la SCT con los sindicatos involucrados, Clavel dijo que la difícil situación que enfrenta la empresa tiene que ver con la “avanzada descomposición” que dejo la antigua administración de la aerolínea.
“El motivo de la reunión con el secretario fue la de evaluar en qué punto estamos y ver de qué manera las partes involucradas podríamos estar dando un golpe de timón, con una estrategia diferente pero intentar sacar adelante a mexicana de aviación”.
Sólo “un milagro”
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, aseguró que sólo un “milagro” puede salvar a Mexicana de Aviación y que si en las próximas horas no aparece un grupo de inversionistas que solventen los pasivos, que ascienden a más de 5 mil 600 millones de pesos, ve muy “difícil” el rescate de la aerolínea.
El encargado de la política laboral explicó que cada día que pasa se incrementa ese monto, el cual es “insostenible” para algunos accionistas.
Además, reconoció la “voluntad” y “disposición” de ASSA, ASPA y SNTTTASS, pues estos gremios en todo momento buscaron la manera de evitar la quiebra; destacó que una muestra de ello es que en los respectivos Contratos Colectivos de Trabajo descendieron sus percepciones económicas.
En ese sentido, la secretaria general de ASSA coincidió con el titular de la STPS respecto a que mientras más tiempo se deje pasar “estamos más lejanos de levantar el vuelo de Mexicana”.
Por ello, la líder gremial, dijo, está a la espera de la definición del concurso mercantil, y al mismo tiempo informó que seguirá en negociaciones con el “único” grupo de inversionistas interesado en la aerolínea.
Clavel aseguró que se encuentran cada vez más cercanos a la “quiebra”, por lo que desde su base laboral ya se vislumbran cerca de nueve escenarios ante el inminente cierre definitivo de Mexicana de Aviación. (Con información de Mario Maldonado y Mariana Otero)
Claves
Se deslinda Losada
Ángel Losada reconoció que Mexicana de Aviación, compañía de la cual fue accionista, mantiene adeudos con el grupo hotelero de su propiedad, Presidente Intercontinental.
Este jueves el empresario dijo que abandonó las negociaciones para levantar a la aerolínea, pues días antes había informado que era parte del grupo de socios que la rescatarían.
Ángel Losada, también presidente del consejo de administración de Grupo Gigante, tenía alrededor de 20 por ciento de las acciones del Consorcio Mexicana a través de la empresa Administradora Corporativa Empresarial
El Despertar. Los motivos de Felipe.
José Agustín Ortiz Pinchetti
¿Qué quiso decir Calderón en el último ataque a AMLO? ¿Para qué quiso decirlo? Usar la palabra del poder en forma irresponsable refleja la baja calidad del líder. No queda claro si Calderón sigue con la idea de que Andrés es un peligro para México. Cuando el entrevistador se lo pregunta, contesta: “pues ojalá y no… no se, ojalá”, lo que sí confirmó fue que la campaña de rencor y de odio antes y después de las elecciones hizo un daño terrible a México. Aquí no sabe uno si se refiere a la de Andrés o a la propia.
Era fácil predecir los efectos. Andrés Manuel pudo contestarle, sin despeinarse, que mejor haría en pedirle perdón al pueblo por su desastroso desempeño, incluso mostrarse generoso, a pesar de los 30 mil muertos provocados por ineptitud no se atrevería a llamar a Calderón “peligro para México”. La defensa del PAN nula. Creel lo critica en forma sesgada y Manuel Espino en forma abierta y dura. Incluso revela que como presidente del partido se opuso a la guerra sucia contra Andrés. El PRI aprovechó para tundir a Felipe. La dirigencia del PRD suspendió la guerra de declaraciones contra Andrés y salió a defenderlo. Con excepción de los plumíferos, los opinadores se inclinaron a condenarlo.
Y aquí vienen las interpretaciones. Supongamos que Felipe jugó una carambola para: 1) Quitarse de encima las alianzas con el PRD y favorecer al PRI. 2) Favorecer a Andrés Manuel para dañar al PRI. 3) Contestar los problemas internos del PAN. 4) Demostrar a Estados Unidos que es duro. 5) Darle gusto a Molinar Horcasitas. 6) Desviar la atención sin otro propósito que desviar la atención.
Una explicación sencilla: el Cisen le ha informado que crece el potencial de Andrés Manuel. Que tiene cada vez más partidarios. Que ahora la gente piensa que el verdadero peligro para México son Calderón y los panistas. ¿Y un desahogo? Un hombre de mentalidad culpígena debe vivir atormentado, sabe que hizo trampa para ganar las elecciones. Quizá tiene pesadillas: se ve monarca con ropa de armiño y ve a Elba Esther que quiere coronarlo. Los historiadores sicoanalistas del futuro tendrán la última palabra.
¿Por qué no aceptar que fue un dislate, quizás producto de un estado momentáneo e inducido de confusión? Lean cómo se contradice: cómo cantinflea, cómo se olvida de la frase “haiga sido como haiga sido”, el lema de su sexenio, cómo se queja de las mentadas en los twitters. No soy de los que propalan que Calderón tiene “problemas con el alcohol”. Pero pienso que pudo haber tenido un episodio, aislado si se quiere, pero inoportuno. Yo los he tenido ¿quién no? Y en esa instancia uno dice bravatas, saca los trapos sucios. Concedamos el beneficio de la duda a Calderón. Y ya que su equipo está intentando controlar los daños y opacar la cuestión corramos un velo de pudor al incidente.
joseaorpin@hotmail.com
Narcodesafuero
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- La solicitud de desafuero del diputado del PRD por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, hecha por la PGR a la Cámara de Diputados, es la demostración más clara hasta ahora de cómo el crecimiento y expansión del narcotráfico en México no se pueden explicar sin la actividad política, ya por complicidad o manipulación del aparato de procuración de justicia.
Si la mayoría del PRI avala en la comisión instructora el procedimiento de desafuero, la PGR de Felipe Calderón tendrá que demostrar que el medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, forma parte o ha sido colaborador del cartel de La Familia Michoacana.
El expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, a su vez, tendrá que desacreditar el cargo y demostrar que el Ministerio Público federal está al servicio de los intereses políticos del también michoacano Calderón.
La peculiaridad es que ambas posiciones habrán de ventilarse no por ahora más en tribunales, sino en el principal escenario de la representación política del país: la Cámara de Diputados. De ese modo, no es equivocado decir que el narco llegó al Congreso.
Y aquí empiezan las suspicacias. ¿Por qué hasta ahora la PGR decide ir contra un legislador por delitos relacionados con la delincuencia organizada si Julio César Godoy, en caso de que se compruebe, no sería el único diputado que antes o durante el ejercicio de ese cargo habría tenido relaciones con el narcotráfico?
En los diez años de gobierno del PAN, la PGR no ha hecho nada contra aquellos legisladores –diputados y senadores– cuya historia incluye probados nexos con el narcotráfico.
En el caso de legisladores panistas implicados en lo mismo que de lo que se acusa a Godoy, el gobierno federal los ha protegido. Los ha hecho diplomáticos. Han salido del país con inmunidad diplomática.
A otros no le ha dado tal protección, pero simplemente no ha actuado contra ellos por gracia presidencial, pues es de conocimiento público que el encargado del Ministerio Público federal, el titular de la PGR, es un empleado más del presidente que obedece a las órdenes de su jefe.
Tal obediencia, precisamente, es la que está en el centro de la defensa de Godoy Toscano, quien asegura que las acusaciones que le ha enderezado el Ministerio Público al servicio de Calderón actúa por consigna, como en una primera instancia indicaría la liberación de prácticamente todos los exfuncionarios locales y estatales de Michoacán detenidos en el operativo policiaco militar conocido como el michoacanazo.
Puede que ambos tengan razón: que haya indicios de colaboración con el narcotráfico y que Calderón tenga motivaciones políticas. Y es ahí donde éste lleva ventaja, aunque con riesgos.
Un eventual desafuero del diputado perredista sería un factor fundamental en la campaña para gobernador de Michoacán el próximo año. Calderón no quiere dejar la presidencia de la República sin hacerse del control político de Michoacán, su estado.
Si demuestra sus acusaciones, el ocupante de Los Pinos estará, por fin, en la posibilidad de alcanzar lo que sus paisanos siempre le han negado: el triunfo electoral. Primero lo desdeñaron cuando fue candidato a gobernador y luego le han escatimado apoyo a su partido en las presidencias municipales y en el Congreso local. Incluso, en las elecciones federales intermedias de 2009, que estuvieron enmarcadas, precisamente, por el michoacanazo, tampoco alcanzó la ansiada mayoría.
En contraparte, si Godoy desacredita la acusación, el fracaso será monumental para Calderón. No sólo político, sino en su llamada estrategia contra el narcotráfico.
Del PRI, que tiene su propia historia de políticos relacionados con el narcotráfico, dependerá el alcance de la solicitud de la PGR.
Con la petición de desafuero se le abrió un escenario favorable: apoyar a la PGR de Calderón a cambio de bloquear la alianza del PAN con el PRD en el estado de México, y de paso minar al PRD en Michoacán para allanar su regreso a la gubernatura.
Si los intereses políticos de corto plazo se imponen sobre la posibilidad de investigar no sólo las relaciones de la política mexicana con el narcotráfico, sino del uso autoritario del aparato represivo para fines políticos, dos de los Poderes del Estado mexicano –el Ejecutivo y el Legislativo– no sólo estarán ratificando su simulación, sino habrán demostrado que están en franco servicio de lo que dicen atacar.
jcarrasco@proceso.com.mx
68 mil quejas ante Profeco por cobros excesivos de CFE
Patricia Muñoz y Susana González
Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 4
Los usuarios han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) más de 68 mil quejas contra la CFE por incrementos excesivos en el cobro del servicio, que superan hasta 500 por ciento el monto de lo que pagaban antes de la extinción de LFC, señaló el abogado Jesús Luna.
Las denuncias, agregó el litigante en estos procesos, también son por cobros duplicados, “recibos locos” con facturas por decenas de miles de pesos y descomposturas en aparatos electrodomésticos debido a las variaciones de voltaje en la zona centro del país.
En tanto, cifras oficiales de la Profeco precisan que de octubre de 2009 a septiembre de 2010 integró 9 mil 309 expedientes contra la CFE, 31 por ciento más de las acumuladas en el periodo de octubre 2008 a septiembre de 2009.
La CFE, paraestatal a cargo del servicio que daba LFC, se mantiene en los primeros lugares de las empresas que generan el mayor número de inconformidades en la población.
Las cifras oficiales emitidas por Profeco están muy por debajo de las inconformidades de los ciudadanos hechas por escrito o mediante llamadas telefónicas, mismas que la Profeco desecha y deja fuera de sus registros porque –afirma– no cumplen con los requisitos que marca la ley para admitirlas en el rango de quejas. Así ocurrió con la mayoría de los miles de expedientes de consumidores que el SME ha entregado de octubre a la fecha o las recurrentes llamadas telefónicas para reportar apagones.
Pese a sus criterios para procesar denuncias, las cifras gubernamentales arrojan un aumento de quejas contra CFE: el promedio diario se ubicó en 25 durante los últimos doce meses o una por hora, contra las 17 por día que recibió antes de la extinción de LFC. El mes pasado, la empresa llegó al máximo histórico de mil 246 expedientes, esto es, 41 quejas por día, que significa un aumento de 70 por ciento en comparación con las 529 correspondientes al mismo mes de 2008. Sin embargo, el monto de las multas para CFE de enero a septiembre de este año es de apenas 901.4 mil pesos.
El abogado Luna precisó que de las quejas en referencia, la Profeco desechó de entrada 4 mil 300 por falta de datos o porque “no estaban suficientemente sustanciadas”; sólo en 700 asuntos ha logrado que acudan representantes de la CFE a las audiencias con los consumidores y, a la fecha, no ha emitido ningún acuerdo para resolver las demandas pendientes de los usuarios.
Como encargado de presentar las demandas, dijo que en promedio cada mes se han recibido casi 5 mil 700 quejas contra la CFE; a esa cantidad tendrán que sumarse las presentadas en Morelos, estado de México y otros.
Señaló además que los usuarios afectados han tenido que “peregrinar” ante diversas instancias desde el “inútil call center donde contestan trabajadores desde Sonora, Guadalajara o quién sabe dónde” hasta las escasas oficinas que la CFE ha montado para atención al público, donde los usuarios pasan medio día formados para que sólo les reciban sus documentos y les digan que “luego vuelvan”.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) puntualizó que la Profeco no tiene la infraestructura necesaria para atender a los quejosos: se limita a elaborar oficios con respuestas iguales para todos los inconformes, no fija fecha de audiencias conciliatorias y sugiere que los reclamos se presenten vía civil. “En otras palabras, es un portazo a las narices de los usuarios. Es un háganle como quieran”, advirtió la ANAD.
Mantienen viva la resistencia más de 16 mil electricistas
Aniversario del sabadazo en luz y fuerza
Pendientes de cumplir, acuerdos tomados en la mesa de negociación de “alto nivel” realizada en Bucareli
Mañana, nueva jornada de protesta sindical
Asamblea del SME en el Palacio de los Deportes, el miércoles pasadoFoto Víctor Camacho
Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 2
Cuando el gobierno federal emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre de 2009, calculaba que bastarían unas cuantas semanas para vencer cualquier oposición, pero un año después, 36 por ciento de la plantilla original de 44 mil trabajadores se resiste a quedarse sin empleo en el sector eléctrico y no ha aceptado la liquidación.
Al mismo tiempo, en la administración calderonista hay dos posiciones en pugna: la Secretaría del Trabajo insiste en que la extinción es cosa juzgada, mientras en Gobernación sigue abierta una mesa de negociaciones en busca de alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto laboral.
También continúa en disputa la zona de influencia que tenía LFC, con un mercado que equivalen a 25 por ciento del total de venta de energía eléctrica en todo el país. Luz y Fuerza atendía a más de 22 millones de habitantes, ubicados en el Distrito Federal y 132 municipios de entidades vecinas: 82 en el estado de México, 45 en Hidalgo, dos en Morelos, y tres en Puebla, con una facturación anual de alrededor de 55 mil millones de pesos .
La impugnación del decreto presidencial llevó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a un litigio que se resolvió en julio pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la medida.
El Ejecutivo argumentó que para 2009 las transferencias de recursos públicos a LFC serían de 41 mil 945 millones de pesos y que de continuar el mismo comportamiento esta cifra podría llegar a 300 mil millones al final del sexenio. Agregó que el pasivo laboral era de 240 mil millones.
El SME refutó la intensa campaña publicitaria del gobierno y aseveró que los costos se incrementaron por el “aumento desmedido” del precio de la energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Del aspecto laboral, documentó que la administración calderonista infló las cifras 133 por ciento porque ese indicador se ubicaba en 102 mil 990 millones de pesos.
Sin embargo, la sentencia de la SCJN dejó abierta la posibilidad de que los trabajadores reclamen su reinstalación, con base en lo cual siguen su curso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas, con el argumento de que la CFE es el “patrón sustituto”.
El mismo día del decreto, la Secretaría de Energía envió al director de la CFE el oficio 300.250/2009 para poner “inmediatamente a disposición” de esta paraestatal todos los bienes de LFC con el fin de que se asegure “la adecuada prestación del servicio público de energía eléctrica”.
Al SME no le ha faltado determinación para mantener vivo su movimiento.
Una huelga de hambre colectiva, de casi cien días, hizo posible la instalación de una mesa de negociaciones en Gobernación. El gremio promueve un proyecto de ley para la creación de una empresa que sustituya a LFC en la zona central del país.
Los electricistas han encabezado gigantescas movilizaciones, acompañados de organizaciones sindicales y sociales; recurrieron a formas extremas de protesta como –además de las huelgas de hambre– la extracción de sangre (para hacer pintas). Han hecho “visitas” a la casa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, bloqueos de calles y avenidas, mítines, demandas internacionales, promoción de amparos de usuarios, boteos, actos políticos, foros, recolección de firmas, entre muchas otras acciones cotidianas para exigir su reinstalación.
La extinción
Los planes gubernamentales para desaparecer LFC se fraguaron durante meses, al tiempo en que era evidente la fractura en el SME, por un conflicto electoral.
En 2009, este sindicato –entonces a punto de cumplir 95 años de existencia– se dividió por la rivalidad entre dos fracciones: una encabezada por Martín Esparza y otra por Alejandro Muñoz, ex tesorero del gremio.
Ese proceso, que dio como ganador a Esparza apenas con un margen de 300 votos, fue impugnado, lo que dio pie a la Secretaría del Trabajo a negar la toma de nota para ese dirigente y su comité.
Mientras el SME estaba inmerso en su conflicto interno, el gobierno preparaba con sigilo la toma de instalaciones de LFC con el apoyo de cientos de elementos de las fuerzas federales.
El sábado 10 de octubre, después de las nueve de la noche, empezaron a sacar por la fuerza a los trabajadores que estaban de turno y, de inmediato, personal de la CFE tomó el mando del cerebro de operación de la red eléctrica. Esa fecha fue considerada “ideal” para hacer el operativo –calificado de sabadazo–, ya que la atención masiva estaba puesta en el pase de la selección nacional de futbol al Mundial de Sudáfrica.
Luego de que se difundieron las primeras imágenes de la entrada de la fuerza pública a instalaciones de LFC, los trabajadores se trasladaron a la sede del SME. El cruce de Antonio Caso e Insurgentes, donde está el edificio sindical, fue abarrotado por cientos de hombres y mujeres que llegaron consternados, desorientados, asustados e incrédulos.
Encerrados adentro, los dirigentes trataban de salir del shock para decidir si enfrentaban a los uniformados o seguían la vía jurídica y de las movilizaciones. Optaron por lo segundo. Incluso hubo un fugaz acercamiento entre los grupos de Esparza y Muñoz, supuestamente para luchar juntos contra el decreto. La intención duró poco.
El antagonismo de los dirigentes terminó de fracturar al SME, con acusaciones mutuas de corrupción en perjuicio de las arcas sindicales. Los trabajadores en resistencia señalan a Muñoz como ariete del secretario Lozano para debilitar al sindicato.
Doce meses después, esta lucha no ha concluido. Faltan definiciones legales respecto a la existencia misma del SME (requieren el reconocimiento oficial a sus dirigentes para tener recursos y representación jurídica). Además siguen pendientes las resoluciones a las demandas de reinstalación y los resultados de la mesa de negociación “de alto nivel” en Bucareli, hacia la posible creación de una empresa que dé el servicio de energía eléctrica donde operó LFC.
Por lo pronto, integrantes del grupo de 16 mil 300 trabajadores que insisten en que no aceptarán la liquidación estarán nuevamente este lunes en las calles al frente de otra jornada de protesta.
Pendientes de cumplir, acuerdos tomados en la mesa de negociación de “alto nivel” realizada en Bucareli
Mañana, nueva jornada de protesta sindical
Asamblea del SME en el Palacio de los Deportes, el miércoles pasadoFoto Víctor Camacho
Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 2
Cuando el gobierno federal emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el 11 de octubre de 2009, calculaba que bastarían unas cuantas semanas para vencer cualquier oposición, pero un año después, 36 por ciento de la plantilla original de 44 mil trabajadores se resiste a quedarse sin empleo en el sector eléctrico y no ha aceptado la liquidación.
Al mismo tiempo, en la administración calderonista hay dos posiciones en pugna: la Secretaría del Trabajo insiste en que la extinción es cosa juzgada, mientras en Gobernación sigue abierta una mesa de negociaciones en busca de alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto laboral.
También continúa en disputa la zona de influencia que tenía LFC, con un mercado que equivalen a 25 por ciento del total de venta de energía eléctrica en todo el país. Luz y Fuerza atendía a más de 22 millones de habitantes, ubicados en el Distrito Federal y 132 municipios de entidades vecinas: 82 en el estado de México, 45 en Hidalgo, dos en Morelos, y tres en Puebla, con una facturación anual de alrededor de 55 mil millones de pesos .
La impugnación del decreto presidencial llevó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a un litigio que se resolvió en julio pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la medida.
El Ejecutivo argumentó que para 2009 las transferencias de recursos públicos a LFC serían de 41 mil 945 millones de pesos y que de continuar el mismo comportamiento esta cifra podría llegar a 300 mil millones al final del sexenio. Agregó que el pasivo laboral era de 240 mil millones.
El SME refutó la intensa campaña publicitaria del gobierno y aseveró que los costos se incrementaron por el “aumento desmedido” del precio de la energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Del aspecto laboral, documentó que la administración calderonista infló las cifras 133 por ciento porque ese indicador se ubicaba en 102 mil 990 millones de pesos.
Sin embargo, la sentencia de la SCJN dejó abierta la posibilidad de que los trabajadores reclamen su reinstalación, con base en lo cual siguen su curso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje miles de demandas, con el argumento de que la CFE es el “patrón sustituto”.
El mismo día del decreto, la Secretaría de Energía envió al director de la CFE el oficio 300.250/2009 para poner “inmediatamente a disposición” de esta paraestatal todos los bienes de LFC con el fin de que se asegure “la adecuada prestación del servicio público de energía eléctrica”.
Al SME no le ha faltado determinación para mantener vivo su movimiento.
Una huelga de hambre colectiva, de casi cien días, hizo posible la instalación de una mesa de negociaciones en Gobernación. El gremio promueve un proyecto de ley para la creación de una empresa que sustituya a LFC en la zona central del país.
Los electricistas han encabezado gigantescas movilizaciones, acompañados de organizaciones sindicales y sociales; recurrieron a formas extremas de protesta como –además de las huelgas de hambre– la extracción de sangre (para hacer pintas). Han hecho “visitas” a la casa del secretario del Trabajo, Javier Lozano, bloqueos de calles y avenidas, mítines, demandas internacionales, promoción de amparos de usuarios, boteos, actos políticos, foros, recolección de firmas, entre muchas otras acciones cotidianas para exigir su reinstalación.
La extinción
Los planes gubernamentales para desaparecer LFC se fraguaron durante meses, al tiempo en que era evidente la fractura en el SME, por un conflicto electoral.
En 2009, este sindicato –entonces a punto de cumplir 95 años de existencia– se dividió por la rivalidad entre dos fracciones: una encabezada por Martín Esparza y otra por Alejandro Muñoz, ex tesorero del gremio.
Ese proceso, que dio como ganador a Esparza apenas con un margen de 300 votos, fue impugnado, lo que dio pie a la Secretaría del Trabajo a negar la toma de nota para ese dirigente y su comité.
Mientras el SME estaba inmerso en su conflicto interno, el gobierno preparaba con sigilo la toma de instalaciones de LFC con el apoyo de cientos de elementos de las fuerzas federales.
El sábado 10 de octubre, después de las nueve de la noche, empezaron a sacar por la fuerza a los trabajadores que estaban de turno y, de inmediato, personal de la CFE tomó el mando del cerebro de operación de la red eléctrica. Esa fecha fue considerada “ideal” para hacer el operativo –calificado de sabadazo–, ya que la atención masiva estaba puesta en el pase de la selección nacional de futbol al Mundial de Sudáfrica.
Luego de que se difundieron las primeras imágenes de la entrada de la fuerza pública a instalaciones de LFC, los trabajadores se trasladaron a la sede del SME. El cruce de Antonio Caso e Insurgentes, donde está el edificio sindical, fue abarrotado por cientos de hombres y mujeres que llegaron consternados, desorientados, asustados e incrédulos.
Encerrados adentro, los dirigentes trataban de salir del shock para decidir si enfrentaban a los uniformados o seguían la vía jurídica y de las movilizaciones. Optaron por lo segundo. Incluso hubo un fugaz acercamiento entre los grupos de Esparza y Muñoz, supuestamente para luchar juntos contra el decreto. La intención duró poco.
El antagonismo de los dirigentes terminó de fracturar al SME, con acusaciones mutuas de corrupción en perjuicio de las arcas sindicales. Los trabajadores en resistencia señalan a Muñoz como ariete del secretario Lozano para debilitar al sindicato.
Doce meses después, esta lucha no ha concluido. Faltan definiciones legales respecto a la existencia misma del SME (requieren el reconocimiento oficial a sus dirigentes para tener recursos y representación jurídica). Además siguen pendientes las resoluciones a las demandas de reinstalación y los resultados de la mesa de negociación “de alto nivel” en Bucareli, hacia la posible creación de una empresa que dé el servicio de energía eléctrica donde operó LFC.
Por lo pronto, integrantes del grupo de 16 mil 300 trabajadores que insisten en que no aceptarán la liquidación estarán nuevamente este lunes en las calles al frente de otra jornada de protesta.
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