Narcodesafuero

Jorge Carrasco Araizaga



MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- La solicitud de desafuero del diputado del PRD por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, hecha por la PGR a la Cámara de Diputados, es la demostración más clara hasta ahora de cómo el crecimiento y expansión del narcotráfico en México no se pueden explicar sin la actividad política, ya por complicidad o manipulación del aparato de procuración de justicia.

Si la mayoría del PRI avala en la comisión instructora el procedimiento de desafuero, la PGR de Felipe Calderón tendrá que demostrar que el medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, forma parte o ha sido colaborador del cartel de La Familia Michoacana.

El expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, a su vez, tendrá que desacreditar el cargo y demostrar que el Ministerio Público federal está al servicio de los intereses políticos del también michoacano Calderón.

La peculiaridad es que ambas posiciones habrán de ventilarse no por ahora más en tribunales, sino en el principal escenario de la representación política del país: la Cámara de Diputados. De ese modo, no es equivocado decir que el narco llegó al Congreso.

Y aquí empiezan las suspicacias. ¿Por qué hasta ahora la PGR decide ir contra un legislador por delitos relacionados con la delincuencia organizada si Julio César Godoy, en caso de que se compruebe, no sería el único diputado que antes o durante el ejercicio de ese cargo habría tenido relaciones con el narcotráfico?

En los diez años de gobierno del PAN, la PGR no ha hecho nada contra aquellos legisladores –diputados y senadores– cuya historia incluye probados nexos con el narcotráfico.

En el caso de legisladores panistas implicados en lo mismo que de lo que se acusa a Godoy, el gobierno federal los ha protegido. Los ha hecho diplomáticos. Han salido del país con inmunidad diplomática.

A otros no le ha dado tal protección, pero simplemente no ha actuado contra ellos por gracia presidencial, pues es de conocimiento público que el encargado del Ministerio Público federal, el titular de la PGR, es un empleado más del presidente que obedece a las órdenes de su jefe.

Tal obediencia, precisamente, es la que está en el centro de la defensa de Godoy Toscano, quien asegura que las acusaciones que le ha enderezado el Ministerio Público al servicio de Calderón actúa por consigna, como en una primera instancia indicaría la liberación de prácticamente todos los exfuncionarios locales y estatales de Michoacán detenidos en el operativo policiaco militar conocido como el michoacanazo.

Puede que ambos tengan razón: que haya indicios de colaboración con el narcotráfico y que Calderón tenga motivaciones políticas. Y es ahí donde éste lleva ventaja, aunque con riesgos.

Un eventual desafuero del diputado perredista sería un factor fundamental en la campaña para gobernador de Michoacán el próximo año. Calderón no quiere dejar la presidencia de la República sin hacerse del control político de Michoacán, su estado.

Si demuestra sus acusaciones, el ocupante de Los Pinos estará, por fin, en la posibilidad de alcanzar lo que sus paisanos siempre le han negado: el triunfo electoral. Primero lo desdeñaron cuando fue candidato a gobernador y luego le han escatimado apoyo a su partido en las presidencias municipales y en el Congreso local. Incluso, en las elecciones federales intermedias de 2009, que estuvieron enmarcadas, precisamente, por el michoacanazo, tampoco alcanzó la ansiada mayoría.

En contraparte, si Godoy desacredita la acusación, el fracaso será monumental para Calderón. No sólo político, sino en su llamada estrategia contra el narcotráfico.

Del PRI, que tiene su propia historia de políticos relacionados con el narcotráfico, dependerá el alcance de la solicitud de la PGR.

Con la petición de desafuero se le abrió un escenario favorable: apoyar a la PGR de Calderón a cambio de bloquear la alianza del PAN con el PRD en el estado de México, y de paso minar al PRD en Michoacán para allanar su regreso a la gubernatura.

Si los intereses políticos de corto plazo se imponen sobre la posibilidad de investigar no sólo las relaciones de la política mexicana con el narcotráfico, sino del uso autoritario del aparato represivo para fines políticos, dos de los Poderes del Estado mexicano –el Ejecutivo y el Legislativo– no sólo estarán ratificando su simulación, sino habrán demostrado que están en franco servicio de lo que dicen atacar.



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