Di Costanzo:"hay que fincar responsablidades en el caso de Mexicana(1808...

No a la obesidad-Hernández

Y dónde estaba el secretario-Rocha

En la escuela-Fisgón

SE PROFUNDIZA LA CRISIS POLITICA EN MEXICO

Tomás Oropeza Berumen

México, 22.08.2010.- A unas semanas de cumplirse el centenario del estallido de la Revolución de 1910-17 el gobierno de Felipe Calderón reconoce que el ejército y la marina son la única fuerza con la que cuenta para sostenerse en el poder. Amenazando con que después de noviembre del 2012, cuando termine su mandato, las fuerzas armadas podrían continuar en las ciudades y montañas del país haciendo la tarea de policía que les impuso violando la Constitución Política Mexicana. Y en el colmo, advierte con establecer nuevos impuestos para sostener el aparato de represión.

Actividad en la que por cierto están muy lejos de triunfar, por la sencilla razón de que ninguna guerra se gana sólo con las armas. Y menos cundo se trata de una guerra civil. Donde uno de los bandos es ubicuo pero no presenta frente, pega y huye, tiene informantes en todos los cuerpos policiacos y castrenses y hasta en las altas esferas del gobierno y la clase dominante, no tiene programa político y se nutre de la pobreza generada por la injusticia del modelo económico capitalista que sólo sirve al interés de una oligarquía mafiosa que ha hundido en la miseria a las grandes mayorías. La guerra es el negocio y el medio para que un gobierno ilegítimo y corrupto como el de Calderón pueda seguir en el poder y deshacerse de sus opositores políticos.

El diálogo convocado por Calderón fue un blof. Igual que el debate para discutir la legalización de las drogas. Hasta el PRI rechazó hacerle el juego y lo dejó plantado en el Casino Militar, donde se llevaron a cabo los Diálogos para la seguridad. Igual el PT, pero no así un sector del PRD.

La crisis del sistema político se profundiza todos los días. Hasta en el PAN ha surgido un sector crítico y más a la derecha de Calderón, el que encabeza el yunquista Manuel Espino, amenazado de expulsión.

La ultraderecha esta alebrestada y este domingo sacó a sus trogloditas a manifestarse en las calles de León, Guanajuato, contra la realización de la Conferencia Mundial de la Juventud, organizada por el IMJUVE, es decir el gobierno. Varios membretes de conservadores, como la Marcha Internacional por la justicia, la vida, la familia y la paz, se expresaron contra los matrimonios de homosexuales y la adopción de estos, así como en defensa de las leyes que castigan el aborto. Criticando a la Suprema Corte de Justicia y al mismo Calderón.

Por su parte en Guadalajara el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez convocó a los católicos a defender la familia frente a las modas del amor libre, los métodos anticonceptivos, el aborto y el divorcio, mientras en las calles de la capital tapatía los neocristeros se manifestaron en defensa de Sandoval, quien enfrenta una demanda del jefe de Gobierno del D.F, Marcelo Ebrard, por injuria. Al mismo tiempo que organizaciones de lesbianas y homosexuales exigían al gobierno de Jalisco respeto a los resolutivos de la SCJN.

En Monterrey, NL, bastión de uno de los grupos empresariales más poderosos del país, los soldados sólo han sido buenos matando estudiantes y torturando a chivos expiatorios.

No pudieron evitar el asesinato del presidente municipal de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal a quien encontraron muerto envuelto en la bandera del PAN. Tampoco hicieron nada para impedir cincuenta narcobloqueos en las calles cercanas a los cuarteles de la policía y el ejército, ni un atentado contra instalaciones de Televisa.

Por su parte los empresarios regiomontanos y su gobernador Rodrigo Medina, solicitaron mayor presencia de las fuerzas armadas en la entidad, aprovechando las circunstancias.

En la militarizada ciudad Juárez, Chihuahua, el fin de semana se produjeron varias decenas de muertes dizque vinculadas al mundo del hampa. El miércoles Rubén Reyes Salazar, miembro del Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador y luchador social fue asesinado. En enero pasado su hermana, Josefina, reconocida defensora de los Derechos Humanos fue acribillada. Ambos habían denunciado las atrocidades que comete el ejército en aquella frontera donde el modelo maquilador impuesto por los gringos y los gobiernos del PRI fracasó y generó desde 1964 decenas de generaciones de niños abandonados, familias desintegradas y madres sobreexplotadas.

Juárez, la ciudad más violenta del mundo que seguramente está incluida en las guías del turismo negro con que lucra la agencia Global Exchange Reality Tours, donde los turistas podrán ver los escombros que produjo el primer coche bomba que estalló hace unas semanas en Bolivia y 16 de Septiembre. También podrán ir al Campo Algodonero donde se han encontrado los cadáveres de centenas de mujeres trabajadoras asesinadas por depredadores protegidos por el poder.

Para exigir justicia y castigo a los asesinos de Rubén Reyes, de oficio panadero, se realizaron dos kaminatas contra la muerte, una en Chihuahua, capital, y otra en aquella frontera. En Chihuahua, donde ya van seis de estas marchas semanales encabezadas por el editor de la revista La Gota, Carlos Fong, se sumaron los familiares de Pamela Leticia Portillo Hernández, una jovencita desaparecida hace unos para exigir a las autoridades que la localicen.

La violencia también se ha hecho presente al Sur del país. En las proximidades del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, los paramilitares de la Unión de Bienestar social de la región Triqui (Ubisort) pertenecientes al PRI y protegidos por el ejército emboscaron a 23 activistas que preparaban una caravana que llegaría a la capital del país para denunciar el estado de sitio y cerco que sostiene el gobierno de Ulises Ruiz contra ese pueblo rebelde. El saldo fue de cuatro muertos y un herido, todos miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT-I).

Otra vez, la claudicación

Javier Corral
24 de agosto de 2010

La licitación 21, en la que se adjudicó a precio de ganga a la sociedad Televisa-Nextel, 30 mhz del espectro radio eléctrico para servicios de telefonía celular, da cuenta del fracaso de la política de tres “C” (cobertura, convergencia y competencia) que anunció el Presidente al inicio de su gobierno y que, hace un año, relanzó con motivo de su tercer informe, en el que convocó a buscar los cambios de fondo. Varios, ingenuamente, como fue mi caso, creímos que se estaba dando una rectificación tras los duros, como aleccionadores resultados de las elecciones del 2009.

Se quiere tapar el sol con un dedo, como si en la conciencia nacional no hubiere la mínima memoria de la vergonzosa historia que está detrás de esta decisión que se originó en la necesidad del gobierno de volver a pactar con Televisa su amor, y el odio obsesivo de la CFC hacia Telmex, más empeñada en crearle a éste un competidor que en regular la competencia, siguió con el diseño a modo de las bases de licitación para asegurarle a Televisa su entrada como único nuevo jugador, sin escenario posible de puja, y la redondeó la propia empresa al introducir en la Cámara de Diputados —a través de legisladores priístas— una iniciativa de estímulo fiscal para ahorrarse dos años en el pago de derechos, absurdo que fue aprobado por el Congreso a gestión directa del secretario de Comunicaciones, quien, a nombre del Presidente, pidió el voto a los senadores panistas.

Ya echada a andar la licitación, la Cofeco estableció barreras de entrada, entre ellas, al autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 MHz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado. Por eso a mí ya no me la pega Pérez Mota, porque resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando fue él quien autorizó la alianza Televisa-Nextel en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignación.

El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 MHz dedicado a nuevos competidores, no habría puja alguna, pues la única propuesta era la de la alianza Televisa-Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio público introducir una “regla de igualación de precio” a efecto de que el precio final por MHz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esta manera, además de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habría asegurado equidad en el proceso.

Pero la decisión de quién iba a ganar el segmento de 30 MHz nacionales y cuánto el monto a pagar de entrada, estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitación que en el caso de Televisa-Nextel, no tuvo subasta. Ese es el tamaño de la simulación que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicación.

Y este hecho retrata la decadencia del régimen y el agotamiento de su clase política, tan a merced del manejo mediático, precisamente por su falta de valor, por la ausencia de ideas y propuestas relevantes, por sus faltas bien acreditadas en el cumplimiento de sus responsabilidades, todo lo cual necesita del disimulo o protección de los medios de comunicación electrónica.

Confiados en el entramado de intereses que ya cruzan a buena parte de los medios impresos con los medios electrónicos —particularmente con Televisa—, la SCT apuesta al desdén informativo y a la ausencia de una discusión técnica profunda sobre el tema. No lo conseguirán porque habemos muchos mexicanos que, además de promover e impulsar leyes a favor de una auténtica competencia en las telecomunicaciones y los medios de comunicación, no estamos dispuestos a hacernos de la vista gorda ante estos multimillonarios negocios que se operan en las altas cúpulas del poder al mismo tiempo que se llama a la población a resistir la angustia y la zozobra del clima de violencia e inseguridad en nombre del Estado de derecho y del combate a la delincuencia. Congruencia, señores.

Diputado federal del PAN

Monsi..

Jóvenes: puntos de reflexión

La Conferencia Mundial de la Juventud, que se inició ayer en León, Guanajuato, es una oportunidad para hacer un breve repaso de la situación de los jóvenes en el país, así como sobre las medidas que debieran adoptarse para mejorarla.

Por principio de cuentas, e independientemente de la discusión en torno a la caracterización y el número de los jóvenes que no estudian ni trabajan –los llamados ninis–, es evidente que existe en México un déficit gigantesco de puestos de trabajo y otro, acaso igualmente grave, de plazas en las instancias públicas de educación media superior y superior. Basta, en consecuencia, con extrapolar las cifras de desempleo y de cobertura educativa con las demográficas para concluir que millones de adolescentes y de adultos jóvenes no tienen sitio en la enseñanza ni en ocupaciones productivas.

Ha de observarse, asimismo, que de los excluidos de ambos rubros sólo una minoría puede ser mantenida por sus familias, pues la grave situación económica de la mayor parte de la población no da para ello. Las preguntas obligadas son qué están haciendo los jóvenes que no figuran entre los trabajadores ni entre los estudiantes y si es posible que puedan subsistir sin ingresos.

Con los datos y las dudas arriba mencionados, resulta frívolo e insensible el exhorto formulado ayer a los jóvenes –durante la inauguración de la conferencia– por el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, a tener liderazgo y abstenerse de expresar quejas por el mal desempeño gubernamental: el hecho puro y duro es que para millones de mexicanos jóvenes no hay el menor margen social para el ejercicio de liderazgo, aptitudes y capacidades –no, al menos, dentro de la legalidad–, y que tal circunstancia ha sido generada por las estrategias económicas y por la falta de estrategias sociales de los gobiernos anteriores y de la administración en curso.

En el caso de los adolescentes y de los adultos jóvenes se pone en evidencia con nitidez la relación causal entre pobreza y criminalidad; como hubo de apuntarlo el funcionario citado, la segunda es, para incontables muchachas y muchachos, la única vía para escapar de la primera. Por descontado, la delincuencia no sólo es una amenaza para las perspectivas de una vida íntegra, sino también, y especialmente en el caso de los jóvenes, para la vida misma, en la medida que buena parte de los cerca de 28 mil muertos en la guerra contra la criminalidad lanzada por el actual gobierno son individuos de 30 años o menos, y entre ellos no pocos son menores de edad.

Para colmo, ser joven en el México actual implica estar situado en la mira de la ofensiva conservadora y clerical contra la educación sexual, contra los derechos reproductivos y contra el ejercicio de la identidad y las preferencias sexuales. Peor aún, muchas autoridades de los tres niveles convierten en sospechosos automáticos a los jóvenes –especialmente, a los de bajos recursos– y criminalizan por sistema sus hábitos sociales, su forma de vestir y sus formas de comunicación.

En los terrenos de la estrategia económica, la educación, la salud y las políticas sociales, es necesario un viraje que otorgue un lugar en la sociedad a la porción joven de la población en general. Hasta hoy sólo los muchachos adinerados y los de clase media pueden afirmar que el país los incluye.

Economist Intelligence Unit: Fracasa la guerra antinarco

Periódico La Jornada
Martes 24 de agosto de 2010, p. 24

Casi cuatro años después de que Felipe Calderón lanzó una ofensiva encabezada por militares contra el narcotráfico, los cárteles meten más droga en Estados Unidos, amasan fortunas mayores y extienden con tal salvajismo su dominio en su país, que porciones de éste se encuentran de hecho sin autoridades.

Los grupos también expanden sus ambiciones más allá del tráfico de drogas, transformándose en imperios criminales involucrados en tráfico de migrantes, extorsión, secuestro y contrabando de artículos tales como devedés piratas.

Sin arredrarse ante los 80 mil efectivos militares y de la Policía Federal lanzados en su contra, hombres armados atacan con frecuencia a las fuerzas mexicanas en campo abierto. Los Zetas lo hicieron en el norte de México esta primavera, bloqueando cuarteles militares. En junio un grupo que se cree ligado a La Familia emboscó a policías federales en Michoacán y dio muerte a 12 a la luz de la mañana.

Desde diciembre de 2006, cuando Calderón anunció la ofensiva, han perecido más de 28 mil personas. La mayoría, según las autoridades, han sido traficantes y asociados. Pero los civiles inocentes representan una proporción creciente.

Miles de millones de dólares se han gastado en el esfuerzo antinarcóticos, con el entusiasta respaldo de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama. Calderón y su gabinete afirman que una razón de que el avance sea tan dificultoso es que el problema se dejó crecer demasiado. Prevén que la violencia disminuirá hacia fines de este año.

Sin embargo, informes de inteligencia y entrevistas con autoridades mexicanas y estadunidenses a lo largo de los seis meses pasados han dejado claro que ha fallado el esfuerzo por desmantelar las redes o reducir en forma significativa el flujo de drogas.

El propio Calderón reconoció la amenaza hace poco, en comentarios en una conferencia sobre seguridad nacional: Esta conducta criminal es lo que ha cambiado, se ha vuelto un reto al Estado, un intento por remplazar al Estado.

Los traficantes han aumentado sus envíos de narcóticos al norte de la frontera, y se han vuelto titanes de una industria que según cálculos gana 39 mil mdd al año, casi 20% del gasto anual del gobierno. Han sacado del mercado a competidores para ganar control de los envíos de la mayoría de las drogas ilícitas en el hemisferio: mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas.

Y se han vuelto productores cada vez más importantes, a diferencia de antes, cuando las bandas mexicanas servían sobre todo de introductoras a los productores sudamericanos. Los campos de mariguana y amapola han florecido durante décadas en Sinaloa, pero ahora la producción se ha expandido desde Chihuahua hasta Oaxaca. En Michoacán se han descubierto algunos de los laboratorios de metanfetaminas más grandes del mundo.

En el tiempo que lleva Calderón en la Presidencia Los Zetas y La Familia se han convertido en consorcios. Han alterado el campo de juego al emplear métodos antes impensables, como decapitar o descuartizar a los rivales y exhibir los restos en plazas, esquinas u otros lugares públicos. Alardean de su fuerza poniendo mantas amenazadoras en puentes, colgando cadáveres o atravesando autobuses en arterias claves para detener el tránsito, acciones dirigidas cada vez más a amedrentar a la población.

Bandas con armas militares contrabandeadas desde EU o, como ha reportado The Times, heredadas de las guerras financiadas por Washington en Centroamérica, amenazan ahora o tienen sitiadas vitales ciudades industriales, como Monterrey. El 15 de julio lograron otro hito escalofriante al detonar un coche bomba contra policías federales en Ciudad Juárez, la ciudad más letal del país.

Los cárteles se han diversificado: ahora trafican con personas por sus rutas y elevan sus ingresos con plagios, extorsión y el trasiego de una amplia gama de mercaderías de contrabando, como productos de lujo falsos y animales exóticos.

En vastas regiones de Michoacán, estado natal de Calderón, grupos criminales cobran a dueños de negocios para permitirles trabajar, con lo que usurpan de hecho el papel del gobierno como recaudador de impuestos. El mismo fenómeno se observa en estados fronterizos como Tamaulipas y Coahuila.

Este año, los traficantes lograron por primera vez sabotear operaciones importantes de Pemex, principal fuente de ingresos del país. Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex, reconoció ante una comisión del Congreso que el rampante secuestro de trabajadores obligó a cerrar plantas de petróleo y gas licuado en la cuenca de Burgos, una de las sedes más lucrativas de la empresa. Los traficantes llevan años robando petróleo, pero esta vez el objetivo fue detener la producción y controlar la región.

Las familias de los trabajadores secuestrados declararon a The Times que agentes del Estado, fiscales y el Ejército no han podido o no han querido ayudar; las esperanzas de que sus parientes regresen con vida son cada día más tenues.

Se puede tener una vaga idea de la propagación del caos ligado al narcotráfico en todo México al examinar la lista de sitios que el Departamento de Estado aconseja evitar a los estadunidenses. Hace dos años se les advirtió acerca de ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, pero una recomendación emitida en mayo menciona las carreteras que rodean Monterrey, tercera ciudad del país por su tamaño, así como los estados de Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas en la frontera, Durango y Sinaloa en el noroeste y Michoacán en el Pacífico.

Las balaceras se han extendido hacia el famoso puerto de Acapulco. Y el alcalde de Cancún, principal destino del turismo internacional, fue detenido en mayo acusado de narcotráfico, en plena campaña para la gubernatura del estado de Quintana Roo.

Una evaluación emitida hace unos meses por el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de EU señaló que los cárteles mexicanos continúan representando la mayor amenaza a Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos, con operaciones en más de 2 mil 500 ciudades de EU, son los únicos que trabajan en todas las regiones del país, afirmó. En gran medida han desplazado a los traficantes colombianos e italianos.

El cultivo y trasiego de mariguana mexicana se había duplicado de 2004 a la fecha del informe, hasta casi 23 mil 700 toneladas. La producción de heroína se había cuadruplicado hacia 2008, a unas 41.9 toneladas. Un informe del Departamento de Estado afirmó que el cultivo de amapola volvió a duplicarse entre septiembre de 2008 y el mismo mes de 2009, y que la producción de cannabis había llegado a su nivel más alto desde 1992.

La producción de metanfetaminas también crece, pese a los esfuerzos del gobierno por detener el flujo de químicos precursores. Su disponibilidad en EU ha alcanzado el punto más alto en cinco años.

En cambio la disponibilidad de cocaína al norte de la frontera ha disminuido. El informe estadunidense citó varias posibles explicaciones, entre ellas importantes decomisos en México. También mencionó una caída en la producción en Colombia y un flujo creciente de cocaína a otros mercados.

Colaboradores de Calderón han tomado los datos de la cocaína como indicio de que van ganando la guerra contra los traficantes.

Las tasas de decomisos de mariguana y heroína han sido con frecuencia más altos con Calderón que con sus tres predecesores, según datos oficiales. Sin embargo, en algunos casos el registro de este gobierno no es mejor, y las comparaciones son aún menos favorables al ajustarse al crecimiento del mercado de drogas.

Las fuerzas mexicanas capturaron 74.2 toneladas de cocaína en los primeros dos años del actual gobierno. De no ser por un decomiso sin precedente de 25.9 toneladas en Manzanillo en noviembre de 2007, el total sería casi igual al monto confiscado en periodos similares con Vicente Fox y de Ernesto Zedillo a mediados de la década de 1990, y mucho menos de las 98.6 toneladas incautadas con Carlos Salinas en 1989 y 1990.

Sólo dos capos del más alto nivel han perecido: Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Nacho Coronel Villarreal. Las autoridades arrestan ahora más sospechosos, casi 78 mil desde el principio de la era de Calderón hasta enero pasado. De ellos, casi 90% eran vendedores callejeros, vigilantes y otros ayudantes de bajo nivel. Pero sólo a 2% se les consignó y procesó por un delito, según cifras oficiales. Los demás permanecen en la cárcel preventiva o fueron liberados.

La distribución de arrestos ha sido dispar. Menos de mil de las 53 mil detenciones ligadas al narcotráfico estudiadas en un reporte de Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado y profesor de derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, eran de colaboradores del cártel de Sinaloa, el más antiguo y poderoso.

Estos datos han llevado a muchas personas en México a concluir que el gobierno de Calderón trata con lenidad a los traficantes de Sinaloa, cuyo líder es el fugitivo más buscado en el país, el multimillonario Joaquín El Chapo Guzmán. El motivo, según se argumenta, es reducir la violencia al permitir que un grupo resulte vencedor. Calderón ha negado con vehemencia que exista favoritismo. En fechas recientes, funcionarios han enfrentado las acusaciones destacando el deceso de Coronel, figura de alto nivel en el cártel sinaloense, el 29 de julio.

Es inevitable un aumento de la violencia

Por ahora, advierte Guillermo Valdés, jefe de la agencia nacional de inteligencia, los mexicanos tendrán que aceptar que un aumento de la violencia es inevitable.

“Hemos avanzado en el despliegue de fuerzas y en reducir la capacidad operativa del crimen organizado –afirmó en una rara aparición pública este mes–. Pero no hemos logrado el objetivo de restablecer las condiciones normales de vida en regiones afectadas por el crimen organizado.”

Funcionarios e instituciones siguen amenazados, en particular alcaldes de ciudades pequeñas y poco protegidas, miembros de cabildos y jefes policiacos.

Un día después de que Calderón publicó la defensa de su estrategia contra el crimen, residentes de Nayarit estaban al borde del pánico. Balaceras recientes habían dejado más de 30 muertos y circulaban rumores en Internet de que las escuelas eran blanco de ataques.

En otros tiempos esa amenaza hubiera resultado ridícula. Ya no. El gobernador, Ney González Sánchez, canceló el año escolar tres semanas antes de la fecha oficial para evitar la sicosis pública.

Fuente: EIU

Traducción de textos: Jorge Anaya

Rumbo al colapso eléctrico

Luis Hernández Navarro

L

a tarde del pasado jueves, las casas ubicadas en cerrada de Xolalpa, por los rumbos de Tepepan, en la ciudad de Mexico, se quedaron sin electricidad. El apagón no fue novedad. Con harta frecuencia se va la luz por aquellos rumbos, sobre todo desde que el gobierno federal decidió desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace 10 meses. Sólo que esta vez la situación se complicó aún más que las anteriores. La evidente impericia de la compañía contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio provocó un colapso del sistema.

Durante breves instantes la luz regresó a la cerrada. Pero no por mucho tiempo. La electricidad llegó con tanta fuerza que dentro de las viviendas comenzaron a escucharse explosiones como si tronaran cohetes y al menos en una de ellas salió humo y estuvo a punto de prenderse fuego. La gran mayoría de los electrodomésticos se estropearon. De un momento a otro televisores, tocadiscos, lavadoras, microondas, radios, tostadores, teléfonos inalámbricos, relojes despertadores eléctricos de varias casas se echaron a perder.

Varios vecinos se quejaron con los empleados que trabajaban reparando el tendido eléctrico. Ellos se transportaban en un camión blanco sin logotipo alguno. Su única respuesta fue que los quejosos debían llamar al teléfono 071. Los trabajadores se retiraron dejando a oscuras varias de las casas. En su huida dejaron sin instalar, sin explicar nada, una de las tres líneas que abastecen la cerrada.

Quienes llamaron al 071 obtuvieron respuestas distintas. A algunos el operador les aseguró que los desperfectos se repararían al día siguiente. A uno de los afectados le dijo que un técnico visitaría su domicilio para evaluar los daños. A otra le advirtieron que tenía que presentarse en un módulo de la CFE con las facturas de los aparatos dañados. Cuatro días después ningún trabajador de la comisión o de una de las empresas contratadas por ésta se habían presentado a restablecer el servicio o reparar o evaluar los desperfectos causados por ellos. Para la mayoría de los domicilios fueron tres días sin agua, pues para trasladarla de las cisternas a los tinacos se necesita una bomba que funciona con electricidad, ya que ésta sólo llega tres días a la semana. Para tener luz, los vecinos tuvieron que contratar a un electricista particular.

Apenas hace dos meses la cerrada de Xolalpa amaneció sin luz. La novedad en esa ocasión era que alguien se robó los cables. Dos días antes un camión blanco sin logotipo había estado merodeando el rumbo. Dos muchachos con uniformes de trabajo revisaban el tendido. Un vecino los interrogó sobre su presencia allí. “Estamos viendo que las ramas de las árboles no vayan a provocar un corto”, dijo uno. Cuando les solicitó que se identificaran le mostraron, de mala manera, una credencial mal hecha que los acreditaba como trabajadores de la CFE. Por esas mismas fechas, en esa misma colonia, se produjeron otros hurtos de cable.

Lo vivido por los habitantes de la cerrada de Xolalpa no es novedad. En cientos de barrios y colonias de la ciudad de Mexico y zonas conurbadas, donde antes Luz y Fuerza se encargaba de proporcionar el servicio eléctrico, los apagones son frecuentes y el daño a los electrodomésticos constante. De tan constantes que son han dejado de ser noticia. Varias subestaciones del centro del Distrito federal han estallado por falta de servicio, maltratando a los peatones que pasaron por allí en ese momento. Industriales y comerciantes han levantado la voz para denunciar las pérdidas que les causa la interrupción del fluido. Grupos de colonos se han aliado a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para resolver las fallas, al margen de la empresa de clase mundial. A las tradicionales dificultades para transitar en automóvil por la ciudad hay que sumar los congestionamientos ocasionados por los semáforos sin funcionar debido a la falta de corriente.

Las autoridades de todo tipo culpan a los trabajadores del SME de la falta de eficiencia del sistema eléctrico. Cada vez que una subestación revienta por falta de mantenimiento dicen que se trata de sabotaje de los sindicalistas. Por supuesto no han presentado a un solo supuesto responsable de esos ataques. No lo hacen porque no pueden: su acusación es falsa.

Hasta hace 10 meses, antes de la desaparición de LFC eran frecuentes las campañas en medios de comunicación electrónicos en las que se culpaba a sus trabajadores de los apagones y el mal servicio. Hoy la situación es mucho más grave de lo que era antes de esa medida. Sólo que ahora los antiguos críticos del SME guardan silencio. No dicen una sola palabra del desastre que vivimos. No en balde, en su ofensiva mediática para vender las ventajas de extinguir la empresa, el gobierno federal gastó más de 200 millones de pesos, la mayor parte entregados a televisión y radio.

Para algunos empresarios, la disolución de LFC ha sido un magnífico negocio. La CFE les ha otorgado 505 contratos por más de mil millones de pesos, sin licitación alguna, para que suplan lo que hacía una empresa que funcionaba, pese al castigo presupuestal que se le había impuesto para forzar su liquidación. A juzgar por las evidencias lo han hecho bastante mal. Para maximizar sus réditos, los contratistas emplean a personal bisoño, mientras los trabajadores con experiencia acumulada de muchos años están en la calle. Metidos en la lógica de la ganancia fácil y rápida, esos empresarios han sido incapaces de sustituir a una empresa pública. El servicio que ofrecen no cumple condiciones mínimas de continuidad, eficiencia y seguridad. Sin embargo, la CFE los protege manteniendo en secreto quiénes son los favorecidos.

En esas condiciones es inevitable que, más temprano que tarde, el centro del país sufra un colapso eléctrico. Y más inevitable aún es que la paciencia social se colme.

Entrevista con Adrés Manuel López Obrador

Bobadas mentales de Calderón y su secretario de Educación

Pedro Echeverría V.

1. El presidente Felipe Calderón enlistó, según el periódico El Universal de hoy lunes, cinco acciones a desarrollar este año lectivo para la mejora educativa: a) Impulso a los consejos escolares; b) Regular las tienditas y alimentos en escuelas; c) Un programa de fomento a la lectura; d) Un plan para apoyar en el conocimiento de matemáticas y e) Aplicación de la ciencia en la vida cotidiana; pero además de otorgar mil becas (mil becas para 32 millones de estudiantes) desde primaria hasta sus estudios universitarios.

¿Será que le inventaron las declaraciones o el reportero no se las tomó bien? Porque nadie puede creer que un presidente y el secretario del ramo sean tan imbéciles de reducir los grandes problemas –gravísimos- de la educación en México a cinco tonterías que nada tienen que ver con los verdaderos problemas. Sólo le faltó decir que van a reparar los mesabancos, comprar más pizarrones y limpiar los baños.

2. Los problemas básicos son los que definen la estructura central del sistema educativo y éstos no son otros que analizar y discutir: a) ¿Cuáles son los objetivos educativos, es decir, qué tipo de niños y jóvenes se están formando en México? ¿Se prepara a los estudiantes para ser mano de obra barata y sumisa para la producción o para dignificar los derechos humanos haciendo seres pensantes, creadores y críticos? ¿Qué ha pasado con la educación nacional y cuáles son las causas por las que junto a Turquía siempre ocupamos los últimos lugares? Por otro lado, b) ¿Por qué no se invierte en educación el ocho o el 12 por ciento del PIB –tal como lo hacen varias decenas de países- y por qué no se distribuye de manera correcta ese presupuesto, incluso, por qué se prefiere no gastarlo cuanto es evidentemente necesario hacerlo? ¿Por qué la educación pública ha sido abandonada para impulsar la educación privada con becas-crédito?

3. Podría aceptarse que la pobre opinión pública con pocas ideas, incluso que muchos humildes profesores que sólo saben repetir lo que oyen sigan pensando en que los problemas educativos son superficiales: de faltismo de profesores, de flojera de niños, de ignorancia de padres, de comisionados sindicales, mal estado de las escuelas y venta de drogas o de obesidad; esas son bobadas como las calderonistas. ¿Por qué se silencia que por lo menos el 70 por ciento de los estudiantes acude a la escuela con hambre, pensando en los problemas de su hogar y sus padres desempleados, con obligaciones de trabajar para ayudar en la casa, con falta de dinero para el transporte y, sobre todo viviendo en un ambiente social que no lo anima a estudiar? ¿Por qué no se aplica un presupuesto suficiente para cursos de actualización de profesores, para pago de salarios justos a todos los profesores, evitando desigualdades tan marcadas e injustas entre ellos?

4. Cuando el gobierno de Salinas negoció en 1992 el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –pensando en que con este paso México ingresaba al “primer mundo” y la educación mexicana tomaría el camino hacia la productividad empresarial, Salinas se comprometía a que las políticas del país en materia educativa pasarían a depender de las que trazaba el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Así como desde 1946 dependíamos de la UNESCO sin haber cumplido nunca con el ocho por ciento del PIB que exigía para educación, 46 años después dimos “el salto al primer mundo” sin tener las condiciones para hacerlo. La revista Proceso publicó entonces: “Mientras para 1994 en México se gastaban (o invertían) 8 mil 226 por un acumulado de 18 años por alumno, en los países de la OCDE se gastaban 58 mil 716 dólares. Estos son los problemas a tratar y no otros como comer o no papas fritas.

5. Las preguntas son, ¿Para qué estamos preparando a los alumnos, qué tipo de seres humanos queremos formar; qué planes, programas, materias, nos sirven para prepararlos y si nuestros métodos –como profesores- han dejado de ser autoritarios, impositivos, incluso despóticos, y si resultan los adecuados para formar seres humanos libres, sin miedo a actuar y expresarse, así como dispuestos a dar solidaridad con el pueblo que con su trabajo hace posible la educación? No es un problema de que si el profesor usa saco y corbata, si se corta el cabello o no canta el himno nacional, esas son bobadas calderonistas. Lo importante es que nos demos cuenta que estamos formando seres humanos que viven en sociedad y que comprendan que juntos tenemos que luchar para que este planeta no se desplome en mil pedazos por causas de la destrucción del medio ambiente, por las guerras, por la explotación y por las enfermedades que hoy crecen.

6. En los últimos años se ha hablado de sexenios, décadas y de generaciones perdidas en México. Las universidades están rechazando al 50 y 80 por ciento de los jóvenes que presentan exámenes de admisión y el desempleo y subempleo sobrepasa al 25 por ciento de las personas en edad laboral. Se ha hablado, ya incluso con voz de alarma, de los famosos ninis (ni trabajo ni estudio) que han estado engrosando la emigración a los EEUU en busca de empleo, el trabajo informal y la llamada delincuencia. Incluso el narcotráfico ha engrosado sus filas con decenas de miles de jóvenes. ¿Qué hacen “las inteligentes” autoridades educativas del país? Pues declarar que los estudiantes no deben comer papitas para que no se pongan obesos, que promoverán la lectura y las matemáticas y demás lindezas que sólo dan muestra de ignorancia extrema. Desde la implantación del neoliberalismo la educación camina hacia su desplome total.

7. ¿Para qué carajos queremos 200 días de clase o 10 horas diarias sin lo que se enseña es pura ideología de la clase dominante, si lo que se busca es preparar mano de obra barata, si lo que se crea son seres dóciles y sumisos? Por encima de las formas lo que hay que cambiar de raíz son los contenidos, así como enterrar los métodos autoritarios. Así como el pueblo necesita una profunda revolución política y económica, también el sistema educativo debe trasformarse de fondo. Por eso la tarea de la CNTE, la organización independiente magisterial con 31 años de lucha, tiene que ir al fondo en todos los aspectos. No se trata simplemente de acabar con el charrismo sindical encabezado por la cacique Esther Gordillo, sino de extirpar todas las bases ideológicas que lo hacen posible. El terreno de la educación pública, gratuita, laica, popular –que hasta los años setenta predominaba en un 95 por ciento- debe ser recuperado con la combatividad del magisterio en lucha.

Lazos...Diario de Juarez

Nuevo León sin ley

Miguel Ángel Granados Chapa
Periodista

Distrito Federal– Aunque la violencia criminal se extiende prácticamente a todo el país, se ha concentrado en entidades norteñas y en esa región los acontecimientos más delicados, incorporados en una espiral de riesgo creciente, están ocurriendo en Nuevo León. Hace mes y medio la casi totalidad de sus municipios fueron rudamente golpeados por el huracán Alex y las inundaciones que dejó a su paso. En especial Monterrey y su zona conurbada resintieron los estragos del meteoro. Pero con toda su gravedad, la destrucción causada por la naturaleza no fue tan dañina y profunda como la provocada por la delincuencia, la organizada dedicada sobre todo al narcotráfico, sino también por la delincuencia común, en cuyo estéril combate se percibe claramente el pasmo del gobierno local. Porque a los efectos materiales de la inseguridad se agregan la frustración y el miedo que la impunidad acrecienta y dejan en la indefensión a los pobladores de toda edad y condición.

Más que una ola de violencia, Nuevo León vive un tsunami, frente al cual las autoridades de todo nivel se muestran incapaces. Hace ya una semana que organismos empresariales de ese estado demandaron específicamente del gobierno federal el envío de tres batallones militares y uno de marinos que se agreguen a los que ya operan en la comarca, y no han obtenido siquiera acuse de recibo. Si bien de modo formal no basta con que particulares formulen una petición de esa naturaleza para poner en acción a las autoridades, lo menos que podía hacer el vocero de las fuerzas armadas, el secretario de Gobernación es tomar nota de la preocupación empresarial e indicar que tan pronto lo solicite el gobierno local se daría respuesta a su demanda. Pero el gobernador Rodrigo Medina no parece sensible a esa petición, a pesar de que el viernes se acusaron las condiciones de riesgo mencionadas por las asociaciones que demandaron mayor presencia federal, luego del extraño ataque sufrido por personal de seguridad de FEMSA, el viernes.

La parálisis, o indiferencia del gobierno local ha contado entre las causas eficientes del incremento de la inseguridad. El gobernador anterior, Natividad González Parás no captó la peligrosidad que iba actualizándose en la entidad que gobernaba, o padecía limitaciones de diversa índole para hacerle frente. En julio de 2008, recibió una carta de Alejandro Junco de la Vega, presidente y director general del Grupo Reforma –que desde hace siete décadas publica en Monterrey el diario El Norte, matriz de ese consorcio informativo– que debió avivar su conciencia. El mensaje se explica por sí mismo. Lo reproducimos de nuevo –lo hicimos el 20 de octubre de aquel año– porque para infortunio de todos mantiene su vigencia, y parece estar dirigido hoy al heredero de González Parás:

“Estimado Nati: Sé que te enteraste de que mi familia y yo nos hemos cambiado de residencia a Texas. Estaba en un dilema: comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro. Los problemas de inseguridad a eso nos orillaron. Perdimos fe. Y eso cuenta mucho en un país donde millones la han perdido y han emigrado. Yo aprendí de mi abuela lo que era perder la fe.

“Ella vio a su pueblo, Ciudad Guerrero, ser inundado por un enorme cuerpo de agua para el cual el gobierno había construido una gran presa, la Falcón. Me platicó cómo la parte más dolorosa de esa experiencia no había sido la inundación de su casa o de su iglesia o su relocalización a Río Bravo. Lo más doloroso había sido vivir la agonía de su pueblo natal durante los años previos a la construcción de la presa. Cuando la noticia primera cundió, toda mejora, toda reparación se dejó de hacer, ¿Para qué pintar una casa que iba a estar cubierta por el agua? ¿Para qué reparar un edificio cuando toda la villa iba a ser destruida? ¿Para qué preocuparse de los baches o la basura o arreglar el jardín y la puerta que rechina? Semana tras semana, mes tras mes, con la pérdida de la fe el pueblo se convirtió en la profecía que se autocumple: algo inhabitable.

“Ahora que estoy en calidad de refugiado y se me acerca gente para preguntarme si ellos también deben hacer lo mismo, que me piden consejo o un ‘raid’ para ir a ver casas para sus familias, he pensado en lo mucho que significa perder la fe.

“No te escribo esta carta para reclamarte o para compartirte las incomodidades o vicisitudes de hacer lo que estamos haciendo o el dolor de ver nuestras casas deshabitadas o a la abuela sola. Te escribo para pedirte que evites que a nuestro Monterrey se le inunde el espíritu y se convierta en otra Ciudad Guerrero. A muchas familias les ahorrarías mucho dolor. Con sinceridad y aprecio, Alejandro Junco de la Vega”.

Si le importó esa estrujante solicitud, González Parás no pudo satisfacerla siquiera mínimamente. Ocupado en otros menesteres, entre ellos asegurar que su sucesor fuera una persona de su confianza, asistió impasible al incesante deterioro de la seguridad en Monterrey, su zona conurbada y la comarca que rodea a ésta. La descomposición de las corporaciones policiacas se hizo patente en Santiago, que por eso optó por un alcalde panista, como esperanza de cambio. Se alegará en descargo del ex gobernador que un solo hombre no puede frenar una corriente impetuosa como la de la violencia que asuela a Nuevo León. Pero menos puede si ni siquiera lo intenta, si abdica de sus más altas responsabilidades, como está haciendo también su valido, que consisten en evitar dolor a los nuevoleonenses, en garantizarles un mínimo de tranquilidad.