Candidato de Morena en Nayarit denuncia amenazas

Tepic, Nay. Yo les digo, con los riesgos que asumo, que hoy en el país, pareciera que no se están disputando estados o municipios, que se están disputando plazas, hoy en día parecería que no están ganando los partidos, están ganando cárteles, señaló el candidato a gobernador del partido Morena, Miguel Ángel Navarro, quien añadió que ha recibido dos amenazas directas a su persona, advirtiéndole que debe retirarse de la campaña electoral.

Navarro Quintero le puso nombre y apellido a quienes promueven acciones en su contra, mismas que se incrementaron a raíz de que la semana pasada se diera a conocer parte de un discurso que vertió el 2 de abril en la localidad de Puga, municipio de Tepic, donde señaló que,

“Hay otros que tratan de subirse a un caballo para mostrar que son muy hombres, para esconder sus preferencias sexuales”, el candidato declaró que, "yo los hago responsables, sí el día de mañana su servidor es sujeto de una agresión, de un agravio de manera injustificada, por situaciones que están promoviendo Guadalupe Acosta Naranjo, personas históricas en la política aquí en Nayarit, y muchas en las sospechas de llegar a situaciones de negociación de interés en el proceso electoral".

Y también señaló al casi candidato a la alcaldía de Tepic por la alianza Juntos por Ti, Francisco Javier Castellón, "al maestro Castellón que me extraña, que fue rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, a Rodrigo González Barrios próspero, próspero empresario y otros personajes, que siendo de izquierdas supuestamente están haciendo labor en favor de un personaje de extrema derecha".

Añadió que sí le pasa algo a él o a su familia no quiere que vayan a su sepelio, "sí el día de mañana me pasa algo, espero que cuando menos, no vayan a mi sepelio, porque son los culpables de que su servidor o a mi familia o a mis seres queridos en general, les pudiera pasar algo".

Añadió que "hoy en México se vive bajo sospecha". Navarro invitó a todos los candidatos a gobernador a someterse a examen de polígrafo y toxicológico, "para medir quién es adicto, quién ha consumido drogas” recientemente y quién en un momento dado, tiene comportamientos que pueden poner en riesgo a la sociedad.

Expresó que la mejor forma de darle certeza a la sociedad de a quién elegirán como gobernador es mostrando lo que son cada uno de ellos.

Por otra parte advirtió, que ya arribaron a Nayarit personas de otras partes del país, para apoyar en campañas políticas y el día de los comicios y señaló que en Nayarit hay dos PAN, el Partido Acción Nacional y el Partido Álica de Nayarit, Grupo Álica maneja empresas cuyo presidente estatal es el candidato de la coalición Juntos por Ti, Antonio Echevarría García (Pan-Prd-Pt y de la revolución socialista -de registro local-) y que tiene a la Coca Cola, Agua Ciel, Funeraria y Estaciones de radio en Nayarit y Puerto Vallarta entre otras más, "hoy tiene también, la franquicia del PAN", apuntó el candidato.

Mesa política: la detención Javier Duarte en Guatemala

Odebrecht y la reforma energética

Por Araceli Damián

Las supuestas bondades de la reforma energética fueron sólo mentiras. Mientras que Peña afirmó que ésta beneficiaría la economía familiar, el precio de la gasolina aumentó, la magna de 12 pesos en 2013 a más de 16 en este año; el costo de la electricidad se elevó en términos reales 3% entre enero 2014 y febrero 2017, afectando más a las actividades económicas de las que dependen más los hogares mexicanos, por ejemplo, en el sector servicios y el agrícola se experimentó un alza de 20%, en el comercio de 10% y en la pequeña y mediana industria aumentó 5.4%. Sólo la gran industria se vio beneficiada, con una reducción de 4% y el costo del consumo residencial, supuestamente, bajó 2.8%.¹

La reforma energética tuvo como eje rector real la transferencia de la riqueza nacional a manos privadas y, en especial, al extranjero. La reforma ha fracasado, no sólo porque no ha habido beneficios para el pueblo de México, sino porque no se previó la sobreoferta de hidrocarburos a nivel mundial, lo que mantendría bajos los precios del petróleo, tampoco se tomó en cuenta que las bajas reservas probadas en el país (durarán sólo diez años) hacen poco atractiva la inversión en México. Cabe señalar que, aun antes de la reforma, ya se habían otorgado contratos ventajosos en el sector energético y de petroquímica a favor de grandes empresas trasnacionales, como a Odebrecht; la reforma buscó dar respaldo jurídico a las concesiones.

La experiencia de participación de empresas privadas en actividades que antes eran exclusivas del estado mexicano ha sido desastrosa. Recordemos el rescate carretero, las irregularidades de las Asociaciones Público-Privadas, etc. En el sector energético, en la petroquímica secundaria, tenemos que a poco tiempo de iniciar a operar la planta Coatzacoalcos, la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (en 2013), filial de la compañía privada brasileña Mexichem, conjuntamente con Pemex, ocurrió una explosión (abril de 2016), en la que murieron 32 trabajadores y resultaron heridos más de 130. Todo parece indicar que lo ocurrido fue por falta de mantenimiento.

A todo esto, se suman ahora los escándalos de corrupción, como el dado a conocer la semana pasada en torno a Odebrecht y Pemex. Diversos medios reportaron que el Supremo Tribunal Federal de Brasil incluyó en una lista de funcionarios de diversos países que recibieron sobornos por parte de la empresa petrolera, a Emilio Lozoya Austin, quien fue Director General de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016.

Según los medios, el delator fue un alto ejecutivo de Odebrecht, de nombre Hilberto Mascarenhas (conocido como el tío Beto), quien comandaba la “Oficina de pagos de sobornos”. Este personaje afirmó haber financiado campañas políticas y realizar pagos de sobornos a fin de conseguir contratos. Mascarenhas asegura haber entregado 10.5 millones de dólares en México por sobornos, entre 2010 y 2014, de los cuales 5 millones fueron “solicitados” por Lozoya en 2014, año en el que la empresa recibió contratos de Pemex por 18 mil millones de pesos.

De acuerdo con el portal de Aristegui Noticias, entre los contratos multimillonarios que Pemex otorgó ese año a la empresa sin mediar licitación, se encuentran “una obra en la refinería de Salamanca por 84 millones 701 mil dólares” y “cuatro meses antes, el 9 de julio de 2014, Pemex había asignado –también sin licitar- el mayor contrato a Odebrecht, por 1,200 millones de dólares: la construcción del gasoducto Los Ramones Fase II-Norte. El portal cita un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el que se muestra que, para eludir la licitación y asignar directamente contratos a Odebrecht y a sus socios, Pemex recurrió a una intrincada red de empresas filiales creadas en los paraísos fiscales. MCCI también ha señalado a Felipe Calderón como otro de los involucrados en esta cadena de sobornos.²

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado contratos entre Pemex y Odebrecht (o filiales) con irregularidades, entre las que se encuentran la adjudicación directa, pagos indebidos, convenios modificados, etc. A través de lo señalado por la ASF se puede constatar que estas anomalías se vienen presentando desde la administración de Calderón, ya que se detectaron desde la Cuenta Pública de 2009. ³

Emilio Lozoya niega haber recibido tal soborno, pero hay enormes dudas sobre su integridad. De hecho, su salida de Pemex se dio en medio de un escándalo derivado de la publicación de conversaciones telefónicas en la que se advertía que Lozoya había asesorado a directivos de OHL-México para conseguir contratos con PEMEX y con la Comisión Federal de Electricidad, cuando Enrique Ochoa Reza, actual dirigente del PRI, era director de la CFE. Cabe destacar que, antes de ser director general de Pemex, Lozoya formó parte del consejo de administración de OHL.⁴

La reforma energética en México parece caminar por el mismo sendero del fracaso por las que han transitado otras reformas implantadas en países como Nigeria, Ceylán, Egipto, Irán, Libia, India, Paquistán, Camerún, entre otros. De acuerdo con Saldaña Zorrilla, ahí las reformas no disminuyeron la pobreza, por el contrario, la aumentaron, además de provocar desmantelamiento de la industria nacional, destrucción del patrimonio nacional y del medio ambiente. De la misma forma, se observó un aumento de la intervención extranjera en amplios ámbitos de la vida nacional.⁵

En México estos problemas seguramente se profundizarán, no sólo por los altos índices de corrupción, sino porque no existen mecanismos que los prevengan y castiguen de manera efectiva. Las leyes anticorrupción en el actual régimen son una simulación y la captura de corruptos se da únicamente para favorecer la imagen del gobierno en periodos electorales, como ha estado ocurriendo en los últimos días.

1  Cálculos propios con base en el Sistema de Información Energética con información de CFE, incluye información de la extinta LyFC.

2  https://contralacorrupcion.mx/web/lanegrarelacion/index.html

3  http://www.proceso.com.mx/481813/caso-odebrecht-proceso-revela-los-nombres-funcionarios-calderonistas-involucrados

4  Los 6 exdirectores de PEMEX que hicieron ganar a multinacionaleshttps://www.rindecuentas.org/reportajes/2016/05/24/exdirectores-pemex-que-hicieron-ganar-multinacionales/#fn-861-36

5  Sergio O. Saldaña Zorrilla, “El gran error económico de la reforma energética consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional.” 22 de diciembre de 2014,

https://www.forbes.com.mx/10-consecuencias-economicas-de-la-reforma-energetica/

 

Araceli Damián

Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana por la Universidad de Londres, Inglaterra.

López Obrador, responsable si el PRD se rezaga al cuarto lugar rumbo al 2018: “Los Chuchos”

Para Nueva Izquierda, el escenario para el PRD en 2018 es que ocupe el cuarto lugar, situación de la que acusa a Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, de ser el factor de polarización en la izquierda.

En un análisis elaborado por los dirigentes de la corriente, conocida también como Los Chuchos, entre ellos Jesús Ortega , aceptan también que las ideas del partido se volvieron anacrónicas y obsoletas, con una rutina que se volvió costumbre y, por lo tanto, estéril.

En medio de la división que se ha generado en el PRD por la definición de algunos de sus militantes por apoyar a López Obrador, también analiza escenarios de cara a las elecciones federales de 2018, en los que califican a López Obrador como uno de los principales factores de polarización, en los que el PRD quedaría —en algunos escenarios— en un cuarto lugar de los comicios presidenciales.

“López Obrador contra candidato del PRI. La tercera posición la ocuparía el o la candidata panista y, en un cuarto lugar, el abanderado perredista o un independiente. Aspirante del PAN contra López Obrador; el PRI en tercer lugar y el PRD en una cuarta posición; y el candidato del PAN contra el del PRI. López Obrador en tercer lugar y el candidato del PRD, igual que en los escenarios anteriores, ocuparía un cuarto sitio”, indicaron.

“Como podemos observar, López Obrador polariza en dos de los tres más probables escenarios. Es así debido a que el tabasqueño ha logrado consolidarse como el mayor receptor de las inconformidades y rencores de una buena parte de los ciudadanos. Estos sentimientos y resentimientos sociales han sido muy bien aprovechados por López Obrador, pues ha actuado con oportunidad, eficacia y, desde luego, haciendo gala de audacia y desparpajo.

“Cuando opina sobre un acontecimiento nacional o internacional lo hace con tal simplismo que —aun siendo un disparate— todos pueden entenderlo y muchos compartirlo. Sus opiniones no son complejas, aunque no sean soluciones. Miente con frecuencia —como otros lo hacen—, pero es de los pocos que pueden hacerlo sin rubor y sin perturbación alguna, aunque sea en asuntos tan trascendentes, como los de la economía o la inseguridad. Este singular comportamiento, junto a un largo camino de 21 años como protagonista del monólogo escenificado, primero en el PRD (tres años como presidente del partido, seis años como jefe de gobierno, 12 más como candidato presidencial) y segundo, en Morena (cuatro años) le hacen el único candidato presidencial que se encuentra en plena campaña y, sin duda, el más fuerte”, sostienen.

Nueva Izquierda señala también que los candidatos del PAN están electoralmente en ascenso; gobiernan buen número de entidades federativas y, aunque algunos de sus gobernadores han participado de los más escandalosos actos de corrupción, no han experimentado —debido a una eficiente estrategia de control de daños— efectos tan destructivos como con el PRI y el PRD.

“Guillermo Padrés, el ex gobernador de Sonora es tan bandido como Duarte, el veracruzano; Reynoso el ex gobernador de Aguascalientes es tan ladrón como lo es Borge; Anaya vive en Estados Unidos y de esos escándalos ha podido resbalar, si no a todo, sí a una buena parte del estiércol”, aseveran.

Aceptan que el Partido de la Revolución Democrática se ha debilitado. Sin embargo, “el partido tiene vigencia y seguirá siendo decisorio en la redefinición de las estructuras del poder político en México”.

“En estos días, los del año 2017, pasamos por momentos complejos, tan difíciles como los que antes ha pasado la izquierda en el mundo y, desde luego, en México.

“Entramos en una espiral de repetirnos, repetirnos y repetirnos hasta que nuestras ideas —en algún tiempo innovadoras— se volvieron anacrónicas, obsoletas; nos repetimos y repetimos hasta que nuestra acción política se volvió rutina, costumbre y, por ello mismo, estéril, impotente e incapaz de convencer a la ciudadanía y, menos aún, de tener fuerza y capacidad para reformar, para transformar al Estado y la nación. Nos repetimos en nuestros errores hasta hacernos parte del status quo, de ese que, durante décadas, la izquierda y el PRD quisimos terminar”, enfatiza.

Albricias-Hernández

Banderazo de salida 2018 Julio Hernández López

Astillero

 Dos balas (electorales) de Duarte

 ¿Para AMLO y Morena?

 Merezco abundancia de dudas

 Banderazo de salida 2018

Julio Hernández López

HOMILÍA DOMINICAL. En la homilía dominical, el cardenal Norberto Rivera Carrera señaló que mientras suenan tambores de guerra y en nuestra patria la violencia y la corrupción parecen invencibles, la Iglesia anuncia la buena noticia de que Cristo venció a la muerte. En tanto, la Arquidiócesis de México expuso que los feminicidios en México son un mal que crece de forma alarmante e invisible y que impacta directamente en la familia. Subrayó que la violencia contra la mujer se ha elevado drásticamente y es un fenómeno que además enfrenta la incapacidad de las autoridades para responder de forma contundente.Foto Notimex

D

ado que no levanta vuelo en el estado de México la campaña del primer primo del país, Alfredo del Mazo Maza (#PRIMazo), fue necesario acelerar el uso del recurso electoral denominado Javier Duarte de Ochoa. Tal vez algunos estrategas hubieran preferido que el ex gobernador veracruzano prestara sus servicios de escándalo en fechas más cercanas a la elección presidencial de 2018, pero las bajas expectativas del tricolor en la cuna del peñismo obligan a presionar en estos comicios regionales, para así mantener esperanzas del tricolor en los nacionales.

La reposición en escena del espectáculo duartista fue de muy mala factura, indicativa de premuras y descuidos. Cualquier libretista de medio pelo habría perdido el trabajo si hubiera presentado una historieta como la vista en este sabadazo de presunta gloria priísta: algún personaje, que ha de suponerse de alto nivel de influencia, convenció a un periodista experimentado, Joaquín López Dóriga, para que publicara en sus sitios de Internet una fotografía borrosa con la que se amparaba la falsa versión de que Duarte de Ochoa estaba en Canadá (ya de madrugada, bajo bombardeo en redes por la evidente pifia, el citado López Dóriga reconoció su error), mientras una caravana familiar, con menores de edad incluidos, viajaba en vuelo privado de Toluca a Guatemala, dando así a los sabuesos policiacos mexicanos la pista de oro que permitiría coronar una supuesta investigación de meses que apuntaba a que el corporalmente inconfundible político veracruzano estaba en Centroamérica, tal vez cerca del área de la Chiapas gobernada por el verde Manuel Velasco Coello, donde diversas voces dijeron con anticipación que el prófugo contaba con el apoyo de autoridades estatales.

En primera instancia, el regreso de uno de los Duarte al foro político-carcelario (falta, desde luego, César Duarte Jáquez, quien fue gobernador de Chihuahua) quitó reflectores a Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas que días atrás había sido detenido en Italia y cuyas eventuales delaciones de narcopolítica llegada a los sitiales más altos del sistema mexicano podrían meter en graves aprietos a personajes actuales, si tales revelaciones llegasen a ser recopiladas y difundidas desde Estados Unidos.

En particular, la irrupción del caso Duarte diluye con anticipación las fuertes salpicaduras del expediente Odebrecht en Pemex y, desde luego, en Los Pinos. La constancia judicial de que se ordenó la entrega de 5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin (aunque no hay constancia de que esa orden se hubiera cumplido), cuando éste era director de la empresa petrolera, es una veta parecida a la que en otros países ha alcanzado a la respectiva Presidencia de la República. Al menos en este primer tramo, los medios mexicanos de comunicación masiva parecen aplicadamente concentrados a desarrollar una agenda concentrada en Duarte de Ochoa y no en los negocios corruptores de la firma brasileña Odebrecht.

En realidad, Los Pinos está volcado en la promoción de una versión exculpatoria de sus propias creaciones o complicidades corruptas. Con un banderazo de salida muy evidente y significativo, el peñismo busca convertir las detenciones de los amigos Yarrington y Duarte en muestras de una magna lucha contra la corrupción. Los burros sexenales hablando de orejas circunstanciales: las historias terribles de corrupción institucionalizada, transformadas en presuntos himnos de fin de fiesta, en un discurso laudatorio del peñismo justiciero que ya está inserto en varias instancias mediáticas).

El electorero intento de conversión de Peña en el emblema de una lucha sin cuartel contra la corrupción (capaz, por ejemplo, de hacer aprehender a dos gobernadores, miembros de su propio partido, dice el discurso sincronizado), tiene una contraparte claramente buscada: el lopezobradorismo que, a pesar de sus contradicciones programáticas y su conducción caudillista, representa una firme amenaza al predominio priísta en el estado de México y a la voracidad yunista en las elecciones municipales de Veracruz. Ganar, o perder, en estos comicios locales, serán galones y escalones tácticos rumbo a 2018.

En ese esquema de violento arranque de la temporada electoral 2018, el indicativamente sonriente Duarte de Ochoa puede ser una agradecida carta de sicariato electoral. No hay una afectación real de sus intereses: cual si hubiese un pacto mafioso en curso, se le está respetando a la familia: la esposa, merecedora de abundancia que por sí misma debería significar una obligatoria indagación judicial en su contra, está siendo colocada fuera de las investigaciones oficiales, al igual que otros familiares. Y Duarte podría abrigar fundadas esperanzas de que en su proceso sean sembradas las fallas intencionales que más adelante abran senderos procesales para su liberación y el garantizado disfrute de buena parte de la riqueza mal habida.

El pistolero (en términos políticos) Javidú tiene dos balas electorales que a sus carceleros mexicanos interesará que use (y así sería una suerte de Bejarano II, sin videos pero con confesiones personales): una, referida a las presuntas alianzas y ayudas económicas que se le habría dado a Morena en los comicios del año pasado. El panista Miguel Ángel Yunes Linares, ya como gobernador de Veracruz, ha lanzado la primera acometida fuerte contra el lopezobradorismo en ese terreno de las supuestas complicidades. Ahora, Duarte de Ochoa podría asegundar el asunto, dándose como fuente directa respecto al PRI-Mor (la supuesta alianza del PRI duartista y la Morena lopezobradorista en esa entidad). La segunda bala electoral sería consecuencia de la primera y tendría como presunto destino final el 2018. En el camino, según la ruta de trabajo desatada este sábado de falsa gloria, se despejaría el paso para el primo Del Mazo en el estado de México, para el panista Yunes y sus hijos en Veracruz y para el candidato presidencial que definan Videgaray-Trump y Peña Nieto. ¡Hasta mañana!

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Regalo

El oportuno Judas-Rocha

¿Detenido?

Al juego Del Mazo

Fango político, violencia, saqueo y narco dejó Duarte en Veracruz; y nadie le puso un alto a tiempo…

Sandra Rodríguez Nieto

SinEmbargo

abril 17, 2017

12:05 am

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El caso de Javier Duarte, advirtió desde febrero la organización Crisis Group, está lejos de ser único. Al contrario, alertó, es sólo un ejemplo. Durante la administración del entonces priista, Veracruz atravesó por una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno de Duarte de Ochoa, quien se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, intentó ocultar. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de miembros de Los Zetas detenidos en EU, fue el Gobierno del priista y ex Cónsul en Barcelona, Fidel Herrara, quien dio “carta blanca” a los cárteles para establecerse en el estado a cambio de financiar campañas políticas locales”.

La crisis financiera– de más de 35 mil millones de pesos en cuatro años, la más alta detectada por la ASF– y de violencia, obligaron al PRI a darle la espalda a Duarte de Ochoa, a quien según Miguel Ángel Yunes querían quitarlo de su cargo 10 meses antes de que concluyera.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El Gobierno del ex priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no sólo incrementó la deuda pública a más del doble de la que recibió y causó un probable daño al patrimonio del estado por más de 35 mil millones de pesos en sus primeros cuatro años, el monto más alto detectado por las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El saldo de su administración es también una entidad en la que, entre diciembre de 2010 y septiembre de 2016, se contabilizaron al menos cuatro mil 685 asesinatos y que, entre otros récords criminales, se convirtió en la más peligrosa de México para ejercer el periodismo, con 17 comunicadores asesinados y tres desaparecidos en ese periodo, de acuerdo con la organización Artículo 19.

También, como ha mostrado el colectivo de familiares de personas desaparecidas que localizaron cientos de cuerpos enterrados en un terreno en la zona denominada Colinas de Santa Fe, en las afueras del puerto de Veracruz, se convirtió en sede de la que hasta ahora es la mayor fosa clandestina de México.

También, como ha mostrado el colectivo de familiares de personas desaparecidas que localizaron cientos de cuerpos enterrados en un terreno en la zona denominada Colinas de Santa Fe, en las afueras del puerto de Veracruz, se convirtió en sede de la que hasta ahora es la mayor fosa clandestina de México.

“El dinero poco importa”, escribió el sábado en su cuenta de la red social Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde en alusión a las miles de desapariciones registradas en esa entidad.

Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Javier Duarte de Ochoa fue detenido por autoridades guatemaltecas el sábado 15 de abril en el municipio de Panajachel, en ese país fronterizo con México.

El ex priísta se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, cuando un Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal de esta capital giró la orden de aprehensión solicitada en la causa penal 97/2017.

“Se tienen 75 indagatorias, 32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al desviar recursos, entre otros”, reportó la PGR.

“Se han asegurado dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, de la Ciudad de México, así como el rancho denominado Las Mesas, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. También se aseguraron aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche. Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias. Se tienen 112 cuentas bancarias aseguradas a personas físicas y/o morales”, agregó el ministerio público federal.

Duarte de Ochoa es parte del grupo de ex gobernadores priístas que en mayo de 2012 fueron elogiados por el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto como ejemplo de la “nueva generación” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otros fueron el quintanarroense Roberto Borge Angulo, acusado de vender por debajo de su precio nueve mil 500 hectáreas de reservas del estado; y el chihuahuense César Duarte Jáquez, también prófugo, luego de que su sucesor en el Gobierno, Javier corral Jurado, lo acusara de desfalco y peculado.

Los tres llegaron al poder en 2010, habrían apoyado la campaña del hoy Presidente de México y, de acuerdo con datos oficiales, concluyeron sus sexenios como los que más aumentaron las deudas públicas de sus entidades.

El Gobierno de Duarte de Ochoa en Veracruz se destacó, además del saqueo, por el aumento sin precedentes en los niveles de violencia, entre cuyas primeras expresiones se contó, en septiembre de 2011, el abandono de 35 cuerpos bajo un puente vial en el municipio de Boca del Río, en plena zona metropolitana del puerto de Veracruz.

Caso Odebrecht: Proceso revela nombres de subordinados de Calderón involucrados en corrupción

Odebrecht

En un intento por frenar el escándalo que generó el soborno de 10.5 millones de dólares a exfuncionarios federales entre 2010 y 2014 por parte del brasileño Marcelo Odebrecht, el miércoles 5 Pemex dio información sobre cuatro de los 11 contratos firmados, pero ocultó los datos centrales. A pesar de ello, Proceso detectó los nombres de cuatro exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón que firmaron uno de los ventajosos contratos…

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pemex se ha negado a dar los nombres del personal presuntamente implicado en el soborno de 10.5 millones de dólares en el caso Odebrecht, incluso “testó, tachó o borró” las firmas de los contratos firmados con el conglomerado brasileño.

Pese a la opacidad, Proceso detectó los nombres de cuatro exfuncionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica que firmaron el contrato con Etileno XXI para que éste recibiera 66 mil barriles de gas etano por día.

Además descubrió la existencia de un “descuento” que forma parte de la “fórmula” para calcular el precio del etano a vender a Odebrecht durante dos décadas. Ello a pesar de que, según información de Pemex, el etano en México se cotiza, en promedio, 29% por debajo del precio internacional.­

Ante el escándalo que Brasil destapó por los sobornos en que incurrió Marcelo Odebrecht para lograr en varios países de América Latina –incluido México– y de África contratos ventajosos en materia energética, y por la aprobación unánime de la Cámara de Diputados que demanda cancelar todo trato de la federación y los estados con la empresa brasileña o sus filiales, Pemex “dio a conocer” los contratos el miércoles 5, aunque en realidad es una simulación.

La Procuraduría General de la República, por su parte, anunció que llamaría a comparecer a los exfuncionarios presuntamente implicados.

Lo que Pemex ocultó

Un par de horas después de que los diputados acordaron exigir la cancelación de todo convenio o contrato con Odebrecht, Pemex emitió un comunicado en el cual “reafirma su compromiso con la transparencia” e hizo “públicos” los contratos que administra.

Pero se trató de un uso faccioso de la información, pues sólo dio a conocer cuatro de los 11 contratos de los que hasta el momento se sabe. Sin embargo, al recurrir a la palabra “administra” esquivó los firmados entre 2009 y 2012, y con ello los convenios de ampliación que éstos tuvieron y que generaron pérdidas millonarias al país.

Los contratos “revelados” por Pemex fueron el que firmó con Odebrecht para el aprovechamiento de aguas residuales en la refinería de Salamanca y otro con la refinería Tula I (ambos en 2014), así como el de 2015 con la refinería Miguel Hidalgo, Tula II.

El único contrato de 2010 dado a conocer por Pemex fue el que firmó Pemex Gas y Petroquímica Básica con Braskem, SA (filial de Odebrecht) y Grupo Idesa para el suministro de gas etano.

Ese contrato es considerado la verdadera joya de Marcelo Odebrecht. Es el relativo a la venta a la empresa Etileno XXI de 66 mil barriles de gas etano por día. Para llevarlo a cabo, Odebrecht se comprometió a construir Etileno XXI con una inversión inicial de 2 mil millones de dólares; al final el costo de la obra sobrepasó los 5 mil millones.

Lo grave –que no puede observar en el contrato dado a conocer por Pemex pues la mayor parte está borrada– es que ese documento fue utilizado como aval para que el gobierno mexicano, a través de Bancomext, participe con una línea de crédito de 120 millones de dólares “y como estructurador de un crédito sindicado con otros 17 bancos del mundo.

De cancelarse el contrato, como demandan los diputados federales, los bancos BNDES de Brasil, SACE de Italia, EDC de Canadá, IFC del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo saldrían afectados, pues forman parte de esos créditos sindicados.

Más grave aún, Pemex tampoco dio a conocer los anexos del contrato entre Pemex y Braskem, en los cuales aparece “la fórmula” para obtener el precio al que se le vende el barril de etano.

El documento, que está clasificado pero del cual Proceso obtuvo una copia, incluyendo los anexos, tiene una página en la que se explica qué significa el factor “Y” que aparece en la citada fórmula. La “Y” significa “descuento”.

Según esa página, la clasificación se debe a que esa información “daña la estabilidad financiera y económica del país, al difundir información que ponga en riesgo la viabilidad del Proyecto Etileno XXI y su consecución conforme a los objetivos planeados, únicamente por lo que toca al factor ‘Y’ (descuento) que forma parte de la fórmula para calcular el precio del etano”.

Las ventajas para Odebrecht

La fórmula para calcular el precio del etano, en términos llanos, resulta en promedio 29% más barata con respecto a su cotización en el mercado internacional, de ahí que la empresa de Odebrecht –Etileno XXI– recibe de entrada un precio generoso y barato cada mes. Además, según el contrato (censurado por Pemex), se le otorga un descuento adicional.

De acuerdo con el documento Perspectivas del etano en Pemex, “bajo el mecanismo vigente, el precio del etano en Coatzacoalcos es 29 % promedio menor que el precio de Mont Belvieu. Este diferencial representa por sí solo un incentivo para la cadena etano-etileno-derivados”. Los derivados son todos los plásticos y resinas.

Asimismo, en el contrato se establece otra ventaja para Odebrecht, en detrimento de las petroquímicas mexicanas que ya no reciben el etano porque se va todo a Etileno XI: que “Braskem tendrá derecho a solicitar volumen adicional (a los 66 mil barriles mensuales), si estuviera disponible, con el propósito de crecer en el negocio”, tal como denunció la senadora Dolores Padierna desde el 2 de diciembre de 2014.

La fórmula fue aprobada por la Comisión Reguladora de Energía cuando su presidente era el panista Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, hijo de Francisco Xavier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo en la última etapa de la administración de Vicente Fox.

En diciembre de 2009, el presidente Felipe Calderón y su homólogo brasileño Luz Inácio Lula da Silva fueron testigos de honor en la firma de intención de lo que se cristalizó el 19 de febrero de 2010 con Pemex Gas y Petroquímica Básica y Etileno XXI.

El 4 de enero de 2010, el panista Jordy Herrera, quien fue secretario particular de Calderón cuando éste fue director de Banobras, fue nombrado director de Pemex Gas. A su vez, Miguel Tame Domínguez estuvo en Refinación de diciembre de 2009 a enero de 2017.

En el contrato que Pemex dio a conocer, los nombres de los funcionarios firmantes están censurados. Sin embargo, Proceso obtuvo copia del contrato sin censura en el que se pueden leer los nombres de cuatro exempleados de Pemex, dos de Baskem y otros tantos de Grupo Idesa.

Por Pemex firmaron los entonces subdirectores Arturo Arreguí García, de Planeación; Armando Arenas Briones, de Producción; Fernando Amor Castillo, de Gas Licuado y Petroquímicos Básicos, y Víctor Domínguez Cuéllar, de Ductos. Y aunque Jordy Herrera era su jefe inmediato, no figura en el contrato.

Por Baskem, lo hicieron sus directores Cleantho de Paiva Leite Filho, de Unidad Negocios Internacionales, y Airton Beretta, de Unidad Negocios Internacionales; por Grupo Idesa, su director general José Luis Uriegas Uriegas, y Patricio Gutiérrez Fernández, director de Planeación y Desarrollo de Negocios.

Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht, de 2010 a diciembre de 2013 los sobornos ascendieron a 4.5 millones de dólares, y de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 él entregó otros 6 millones. El diario La Jornada informó que solicitará la declaración de quienes firmaron los contratos.

Los 10 contratos

El miércoles 5 Pemex sólo dio a conocer tres contratos firmados con Pemex Refinación en 2014 y 2015, así como el de Etileno XXI de 2010. Cuando un ciudadano preguntó a Pemex Transformación Industrial sobre los contratos, la empresa le notificó que fueron cinco: los tres que Pemex dio a conocer el miércoles 5 y otros dos celebrados en 2015.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó al azar en sus cuentas públicas siete contratos: dos en 2009, uno en 2010, uno en 2011, otro en 2012 y dos en 2015.

Haciendo un cruce, suman 10 contratos firmados entre Pemex Refinación y Pemex Transformación Industrial, más el de Etileno XXI.

Se trata de diferentes “etapas” de obras que se realizaron en Minatitlán, Tula y Salamanca. En todas, la ASF detectó pagos indebidos, convenios modificatorios y, con excepción de uno, los dictámenes fueron “negativos”.

Uno de los más escandalosos fue el de la cuenta pública de 2015, para el mantenimiento de la capacidad de producción y aprovechamiento de residuales de la refinería de Tula. El proyecto tuvo una estimación de costo de 23 mil millones de pesos, con la firma de 69 contratos con diversas empresas, entre ellas Constructora Norberto Odebrecht, SA, que participó junto con ICA Fluor Daniel.

La firma detectó que a Fluor Daniel le asignó un contrato de 18 mil 98 millones 312 mil pesos y otro a Odebrecht por mil 436 millones 398 mil, ambos de manera directa.

La ASF pidió una explicación para saber por qué se adjudicaron en esa forma, pues “carece de un marco normativo que regule el procedimiento de contratación por adjudicación directa para trabajos derivados de caso fortuito o fuerza mayor”.

La afectación económica que establece –y que considera como “recuperaciones probables”– es de 770 millones de pesos, en números redondos.

En la cuenta de 2015, en el rubro de mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales y proyectos de sostenimiento de la refinería de Salamanca, la ASF detectó otro contrato por mil 160 millones 15 mil pesos, adjudicado de manera directa a Odebrecht­ e Ica Fluor. La obra debió entregarse en 2015, pero se autorizó un convenio modificatorio para ampliar el plazo hasta 2016.

Entre las irregularidades encontró que Pemex “no estableció la relación entre la cantidad de entregables por disciplina y la cantidad de horas-hombre requeridas para la ejecución de los servicios, de ahí que se desconozca cuáles fueron los factores considerados en la determinación de la cantidad de horas-hombre contratadas. Adicionalmente, se observó que no se estableció la metodología conforme a la cual la entidad fiscalizada realizaría la supervisión del control y seguimiento del contrato para asegurar los resultados deseados”, entre otras cosas.

En este contrato la afectación y posible recuperación fue de 151 millones 30 mil pesos.

En el proyecto “Minatitlán paquete 4 planta hidrodesulfuradora de gasóleos, planta de hidrógeno y planta recuperadora de azufre”, Pemex autorizó pagos por “gastos no recuperables” por suspensión de los trabajos; también hubo un convenio modificatorio para la entrega, así como ajuste de costos. En total, se pidió la justificación de pagos por 560 millones 163 mil pesos.

En el contrato de Minatitlán, “paquete 5 planta de coquización retardada…”, la ASF detectó pagos a Odebrecht por ajuste de precios de los insumos, pagos en excesos al contratista. Y pidió la justificación de 91 millones 243 mil pesos.

Hubo otros tres contratos detectados por la ASF con situaciones similares y afectaciones de 420 millones 121 mil pesos, otro por 862 millones 254 mil y uno más por 769 millones 885 mil.

Todas las afectaciones suman alrededor de 3 mil millones, en su mayoría pagos injustificados y alzas en los insumos, con beneficios a Odebrecht.

Y luego de los pagos millonarios por Minatitlán y sus proyectos, en la cuenta pública de 2012 la ASF cierra toda la revisión, pues Pemex notifica que para corregir los errores se requerirían 5 mil millones de pesos, por lo que “ya no es viable continuar”.

Pero esta empresa no sólo tiene contratos con Pemex; la diputada federal del PVEM, Daniela de los Santos Torres, quien en 2001 fue presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda en el Congreso de Michoacán, muestra con documentos la obra de la presa General Francisco J. Mújica autorizada en 2006, la que según su auditoría tuvo un costo programado de mil 500 millones de pesos pero cerró en 2 mil 600 millones.

El dictamen de la comisión estableció que “es obra inconclusa, falta poner en funcionamiento la hidroeléctrica, lo grave es que es una obra que se encuentra finiquitada al 100% por la auditoría de Michoacán… cuenta con problemas para operar, existe una aparente falta de proyecto ejecutivo, pues los costos y etapas de construcción sufrieron de constantes cambios”.

Todas las irregularidades detectadas por la ASF y el Congreso de Michoacán, así como por la Cámara de Diputados tampoco las mencionó Pemex el miércoles 5; tampoco dio a conocer la totalidad de los contratos, sus contenidos y anexos.

Ya son legiones los priistas enlodados por la corrupción

Se trata de decenas de personajes que han tenido cargos importantes en la administración pública y que son o han sido investigados por actos de corrupción, complicidad con la mafia, desvío de recursos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Algunos han sido capturados y juzgados, incluso encarcelados. Otros se encuentran prófugos. Pero todos tienen una cosa en común: son o fueron priistas. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, a cargo de Fernando Elías Calles, se encuentra rebasada ante la abrumadora acumulación de casos de corrupción.

Es larga la lista de priistas que han tenido cargos importantes y están implicados en delitos graves. Por lo menos 30 militantes del PRI han sido señalados o están siendo investigados por presuntas relaciones con el crimen organizado o actos de corrupción. De éstos, 21 son exgobernadores que han incurrido en abusos de poder; cuatro de ellos –Tomás Yarrington, Andrés Granier, Mario Villanueva y Jesús Reyna– están en la cárcel, y dos más –Humberto Moreira y Rodrigo Medina– lo estuvieron.

Y el descrédito causado por estos casos ha tenido un impacto negativo en el PRI, pues en las elecciones de 2016 perdió siete de 12 gubernaturas.

Pero el asunto no acaba ahí: escala hasta el presidente Enrique Peña Nieto, con el tema de la Casa Blanca, y el líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, cuestionado por negocios de transporte, posesión de obras de arte y una riqueza de millones de dólares que, asegura, es producto de sus años de trabajo como funcionario.

En 2012, cuando era candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto aseguró que había una nueva generación de políticos que eran el futuro del partido. “Pongo nombres. Los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes actores de la nueva generación política: el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche (Fernando Ortega Bernés). Todos son parte de una generación nueva, que ha sido parte de la renovación del partido”, dijo en entrevista con Televisa.

Un lustro después, tres de esos personajes tienen abiertas averiguaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto desvío de recursos y presumibles vínculos con la delincuencia organizada. Los tres están prófugos.

En noviembre de 2015, al anunciar la apertura de ese partido a las candidaturas independientes, Manlio Fabio Beltrones, como presidente del PRI, advirtió de la necesidad de cuidarse de la infiltración del crimen organizado y propuso blindajes para investigar a todos los candidatos.

Un año después, Ochoa Reza tomó como bandera la lucha contra la corrupción, y en septiembre de 2016 dijo: “Como presidente del PRI hace dos meses ofrecí que los priistas seremos los primeros garantes en la transparencia y en la rendición de cuentas de los gobiernos que emanan de nuestro partido.

“Y así estamos actuando al interior de PRI, con investigaciones responsables, siguiendo también las investigaciones que hace el Estado mexicano para ofrecerle a la ciudadanía respuestas a las demandas contra la corrupción y contra la impunidad.”

Sin embargo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, a cargo de Fernando Elías Calles, está rebasada ante la acumulación de casos, sobre todo los que se han presentado en este sexenio, de los cuales sólo ha retomado los expedientes de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte –a quien ya expulsó–; de Chihuahua, César Duarte; Nuevo León, Rodrigo Medina; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Fausto Vallejo, de Michoacán. Pero quedan pendientes muchos más.

Lista negra

El 7 de marzo de 1999 Mario Villanueva Madrid se ocultó ante la posibilidad de ser detenido, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Dos años después el exgobernador de Quintana Roo fue detenido y de inmediato fueron suspendidos sus derechos como militante priista. En 2010 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de facilitar al Cártel de Juárez el traslado de cocaína a través del estado que gobernaba. En diciembre de 2016 fue liberado en el norte y entregado a México, donde aún le quedan por pagar 22 años de cárcel.

Otro caso que cimbró la estructura del PRI a finales del siglo pasado fue el de Raúl Salinas de Gortari, detenido en 1995; tras cuatro años de juicio, el 21 de enero de 1999 fue declarado culpable y sentenciado a 50 años de prisión, como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Al hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari también se le culpó de haber desviado 224 millones de pesos del erario cuando era funcionario de la Conasupo. Dichos recursos estaban en cuentas bancarias de Europa y los utilizó para adquirir más de 90 inmuebles en México y el extranjero. El 14 de junio de 2005, tras 10 años en la cárcel, “el hermano incómodo” fue absuelto del cargo en el caso Ruiz Massieu, y, en julio de 2013, también del delito de enriquecimiento ilícito.

Tomás Yarrington protagoniza otro de los escándalos que han impactado al PRI. En 2003 este semanario, en su número 1397, publicó que por lo menos desde agosto de 2002 el FBI tenía informes acerca de la presunta relación del entonces gobernador con Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. En 2004, antes de concluir su mandato, el tamaulipeco comenzó a ser investigado por la PGR por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero; desde entonces también lo buscaban las autoridades de Estados Unidos.

No fue sino hasta 2012 –a la llegada del panista Francisco García Cabeza de Vaca al gobierno de Tamaulipas– cuando se reac­tivó el caso y oficialmente Yarrington se convirtió en prófugo. Pese a ello no fue expulsado del PRI, sino hasta el 16 de diciembre de 2016.

El exgobernador fue capturado en Italia el domingo 9, tras una persecución de seis años durante los cuales perdió varias demandas civiles en las cortes federales de Estados Unidos y le incautaron cuentas millonarias en bancos de Texas y las Bermudas, además de una aeronave, negocios y varios bienes con valor estimado de 7.5 millones de dólares.

A Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas entre 2005 y 2010, se le acusa de haber recibido 30 millones de dólares de Los Zetas, dinero depositado en bancos de Texas mediante dos testaferros: su cuñado, Óscar Gómez Guerra, y el empresario coahuilense Guillermo Flores Cordero, detenido en San Antonio, Texas.

El proceso judicial C-14-178-S que se le sigue a Hernández en la Corte Federal del Distrito Sur en Texas sostiene que él y su cuñado, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero a partir del 1 de enero de 2008.

Arturo Montiel, exgobernador mexiquense y tío de Peña Nieto, protagoniza otro de los casos de corrupción y enriquecimiento inexplicable que ha impactado al PRI.

En menos de tres décadas su familia pasó de tener dos camiones repartidores de cerveza a ostentar una riqueza millonaria y poseer numerosas empresas. En el año 2000, cuando Arturo Montiel quiso ser candidato presidencial, se le descubrieron tres terrenos en el lujoso complejo Santuario, de Valle de Bravo; una casa en Careyes, Jalisco; un castillo en Francia; cuentas a nombre de sus hijos hasta por 35 millones de pesos y propiedades de estos últimos por más de 21 millones de pesos, entre otras cosas. Pese a esto, sus derechos partidistas no fueron tocados.

Otro caso de riqueza inexplicable y de desvío de recursos que impactó al PRI es el de Ulises Ruiz Ortiz, quien a lo largo de sus seis años como gobernador de Oaxaca dejó una estela de irregularidades cuantificadas hasta ahora en 3 mil 697 millones de pesos.

En su momento Perla Woolrich Fernández, secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca durante la administración de Gabino Cué, dijo que el gobierno de Ruiz estuvo marcado por la asociación delictuosa. Además se le acusó de la muerte de 26 personas durante el conflicto social de 2006.

Mario Marín Torres, el famoso “góber precioso” de Puebla, es otra cara sucia del PRI. Implicado, junto con el empresario Kamel Nacif Borge, en la conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro –quien descubrió en febrero de 2006 la existencia de una red de pederastia en Quintana Roo en la cual participaba Nacif–, tiene una fortuna inexplicable calculada en más de 7 millones de dólares, además de un chalet en los Alpes suizos, propiedades en Estados Unidos, negocios inmobiliarios y autos deportivos.

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, fue expulsado del PRI apenas el pasado lunes 3, y eso por haber aceptado una candidatura del coahuilense Partido Joven.

El suyo es uno de los casos que forman parte de la lista negra de exmandatarios del PRI investigados por presuntos casos de corrupción. Se le investiga por haber firmado, como gobernador, decretos por medio de los cuales Coahuila se endeudó por más de 30 mil millones de pesos, que se presume fueron utilizados para ganar cinco gubernaturas y financiar la campaña presidencial de Peña Nieto.

El 30 de junio de 2015 una Corte de Texas implicó a Moreira en operaciones de lavado de dinero mediante un prestanombres llamado Rolando González Treviño, quien aceptó declararse culpable de lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y transporte de dinero robado, e inculpó al exgobernador de Coahuila.

El 15 de enero de 2016 Moreira fue detenido en España –donde radicó varios años–, acusado por la justicia estadunidense de blanqueo de dinero y malversación de fondos. Una semana después fue puesto en libertad al no encontrarse, supuestamente, pruebas en su contra.

Jorge Torres López, sustituto de Moreira en el gobierno coahuilense de enero a noviembre de 2011, también es investigado. La Corte de Distrito Sur, en Corpus Christi, confiscó sus cuentas, pues se presume que 2.8 millones de dólares que guardaba en las Bermudas, así como propiedades por unos 592 mil dólares, fueron recursos desviados del erario de Coahuila.

La DEA lo considera prófugo de la justicia y precisa que es acusado del delito de conspiración para el lavado de dinero. En una ficha recién emitida se señala que Torres López y el exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández fueron cómplices de Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a bancos de las Bermudas y de Texas.

Andrés Granier, exmandatario de Tabasco, está preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por el presunto desvío de 2 mil 600 millones de pesos en 2012, último año de su sexenio. Desde 2013 fue detenido y se encuentra en la Torre Médica del Reclusorio Femenil Tepepan de la Ciudad de México por problemas de salud.

Jesús Reyna, dos veces gobernador interino de Michoacán –mientras el gobernador constitucional Fausto Vallejo recuperaba la salud–, fue detenido por la PGR el 4 de abril de 2014 acusado de establecer compromisos con Los Caballeros Templarios en 2011, cuando era coordinador de la campaña de Vallejo.

Según un documento confidencial con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y fechado el 16 de marzo de 2012, Reyna se reunió con “interlocutores de la delincuencia organizada”. El exlíder de las autodefensas michoacanas, José Manuel Mireles, aseguró que ahí le entregaron 300 millones de pesos para el cierre de campaña de Vallejo.

En cuanto a Fausto Vallejo, apenas el 30 octubre 2016, durante una visita por Michoacán, Ochoa Reza dijo que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria “analiza expulsarlo”. Se le señala por el desvío de 2 mil 323 millones de pesos realizados por Marcela Figueroa, directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas local, quien dijo que por órdenes del entonces gobernador se sustrajeron estos recursos de programas sociales para ponerlos en otras cuentas del gobierno del estado.

Y Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, pisó unas horas la cárcel y logró librar la acusación de peculado, aunque sigue enfrentando un proceso judicial por “ejercicio indebido de funciones”, por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos del erario nuevoleonés.

La nueva generación del PRI

En los casos más recientes de acusaciones contra priistas figura el propio Ochoa Reza, a quien se le investiga por su próspero parque de taxis de 110 permisos, con una flotilla de 83 vehículos que dan servicio en las ciudades de México, Puebla y Monterrey. El líder del PRI también tiene una fortuna en arte: en 2006 le pagó 5.6 millones de dólares Christie’s, la casa de subastas, por una obra de Frida Kahlo, y tiene pinturas de Shinzaburo Takeda y de Israel Nazario, entre muchas otras.

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo –a quien el PRI le suspendió los derechos políticos apenas en diciembre de 2016–, hasta el momento tiene nueve denuncias ante la PGR y la fiscalía de la entidad, las cuales implican al menos a 20 personas, por rematar 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos.

César Duarte, exgobernador de Chihuahua, tiene tras de sí 60 expedientes que se integran para presentarlos ante autoridades ministeriales y administrativas a fin de que se le finquen cargos. Uno de ellos es una denuncia formal ante la PGR por la aportación de 65 millones de pesos a la financiera Unión Progreso, de la cual se convirtió en accionista. De acuerdo con las primeras indagatorias, Duarte depositó más de 80 mil millones de pesos del erario en dicha institución, a fin de que se capitalizara y pudiera lograr su registro como banco.

El caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es quizás el más escandaloso. El 27 de septiembre 2016 la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI le suspendió temporalmente los derechos como militante, así como a otros seis priistas veracruzanos, tres de ellos implicados en el caso de las empresas fantasma que investigan la PGR y el Sistema de Administración Tributaria por peculado y enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento se han abierto 75 indagatorias en su contra y de sus socios y prestanombres; está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Como parte de las investigaciones, la PGR le aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades que estaban a nombre de testaferros y socios. Según el actual gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, el quebranto al erario supera los 100 mil millones de pesos.

Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz, está detenido desde el pasado 12 de marzo acusado de haber ayudado a escapar a Duarte de Ochoa. Por razones de salud se encuentra en arresto domiciliario, acusado de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

A Mario Anguiano Moreno, exgobernador de Colima, una auditoria estatal le detectó irregularidades en los años 2013, 2014 y 2015 por mil 800 millones de pesos, por lo cual ya se le inició “juicio político”.

El exmandatario asegura que esa es una herencia de administraciones anteriores. Sin embargo, el Congreso de Colima denunció penalmente a Anguiano y a cinco de sus colaboradores ante la procuraduría estatal por la contratación irregular de un crédito por 638 millones de pesos y se les acusó de cometer peculado y ejercicio indebido de funciones, además de falsear información ante autoridades no judiciales.

Y Jorge Herrera Caldera, exgobernador de Durango, y tres de sus exsecretarios, junto con otros 25 exfuncionarios, presentaron amparos ante una posible detención por la deuda que dejó, de 15 mil millones de pesos.

Con extensiones al Edomex, el cártel narcopolítico de Yarrington

JENARO VILLAMIL

Un hecho inquietante de las gestiones delincuenciales de los priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas no sólo radica en el tiempo de impunidad transcurrido a lo largo de ellas
–más de dos décadas–, sino en el vínculo del cártel narcopolítico de Yarrington con la red de relaciones de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. El nexo lo personifica un alto funcionario del sexenio estatal de Yarrington que ha estado en la mira de las autoridades del país por sus presuntas ligas con el Cártel del Golfo. Se trata de Baltazar Hinojosa Ochoa, uno de los estrategas de Peña Nieto en la elección presidencial y pariente del contratista Armando Hinojosa Cantú, financiador de la Casa Blanca del mandatario en Las Lomas de Chapultepec.

A finales de enero de 2012, en plena precampaña presidencial del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó en un comunicado de prensa que tres exmandatarios de Tamaulipas eran investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Se trataba de Manuel Cavazos Lerma, gobernador entre 1993 y 1999, que le dejó la estafeta a Tomás Yarrington y al sucesor de éste, Eugenio Hernández.

La PGR también le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que proporcionara “toda la información” sobre el registro de entradas y salidas del país de estos exgobernadores, de varios colaboradores suyos, sobre todo de quien fue procurador en la administración de Yarrington, Fernando Tomás Cayuela Villarreal, de la esposa de aquél, María Antonieta Morales Loo, y de sus hijos María Antonieta y Tomás Antonio Yarrington Morales.

La información se divulgó tres días antes de que Enrique Peña Nieto, el precandidato único del PRI, visitara Tamaulipas para sellar el apoyo de la clase política de esta entidad a su campaña presidencial.

“Es sospechoso y sintomático que en pleno proceso electoral de nuestro partido aparezca este tipo de información que tiene aroma inocultable de guerra sucia”, afirmó Cavazos Lerma, en ese momento candidato a senador por la vía plurinominal.

Peña Nieto utilizó prácticamente las mismas palabras para defender a sus correligionarios, en especial a Yarrington, a quien las autoridades estadunidenses investigaban desde 1998 por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo. En abril de 2004, el entonces titular de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, también lo señaló como objeto de una investigación por encabezar una red de 300 funcionarios, empresarios y políticos que encubrían al jefe de esa organización criminal, Osiel Cárdenas.

El 11 de febrero de 2012, tras una nueva información proveniente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus silgas en inglés), que acusó a Yarrington ante una corte de Texas de recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas, Peña Nieto volvió a declarar que era “sospechoso” que surgiera “una filtración en plena campaña electoral”.

“No es más que una campaña orquestada y bien planeada del gobierno (de Felipe Calderón) para desprestigiar al partido”, dijo Peña Nieto a la prensa.

Sólo hasta el 23 de mayo del mismo año, su jefe de campaña, Luis Videgaray, declaró: “No vamos a defender a alguien que esté en esta inexplicable situación. Le pedimos al señor Yarrington que comparezca ante la justicia y que aclare lo que tenga que aclarar”.

Videgaray ya no mencionó a los otros exgobernadores priistas: Eugenio Hernández y Cavazos Lerma, y mucho menos a Baltazar Hinojosa Ochoa, exalcalde de Matamoros, así como secretario de Desarrollo Social y de Educación y Cultura en el gobierno de Yarrington y quien en ese momento era el responsable de la primera circunscripción electoral , que abarca los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Hinojosa Ochoa, que hizo ganar a Peña Nieto como candidato presidencial en esa circunscripción, también era investigado desde 2009 por la SIEDO, ya que un testigo protegido delató que entre 2005 y 2007 el Cártel del Golfo pagó sobornos a varios funcionarios estatales y municipales, incluyendo a Baltazar Hinojosa.

La cercanía de este personaje no sólo era importante para Peña Nieto, sino también para Luis Videgaray. Además, había otro nexo fundamental entre este político tamaulipeco y el grupo peñanietista: sus padres eran primos hermanos de Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza de Grupo HIGA y empresario consentido a lo largo de la administración estatal, como lo sigue siendo ahora en la federal.

El nombre de Hinojosa Ochoa no se volvió a mencionar en las indagatorias que lo vinculaban con Tomás Yarrington. Con el apoyo explícito de Luis Videgaray cuando fungía como el poderoso secretario de Hacienda, Peña Nieto lo nombró en diciembre de 2012 director de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), órgano desconcentrado de la Sagarpa hasta febrero de 2015.

Entre abril y septiembre de 2015, Hinojosa Ochoa fue fugaz secretario de Organización en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y ganó la diputación federal de ese año. Entre 2015 y 2016 presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, donde siguió las instrucciones del titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray.

Oriundo de Matamoros como Cavazos Lerma y Yarrington, Baltazar Hinojosa quiso repetir la historia de los grupos de poder de este municipio que han dominado en Tamaulipas: fue candidato a gobernador del PRI en 2016, pese a los múltiples indicios que lo vinculaban también con la red de corrupción de su exjefe Tomás Yarrington.

El 20 de agosto de 2012, el periódico Reforma había publicado que un testigo protegido denominado Óscar denunció que un subalterno de Eduardo Castillo, El Coss, jefe del Cártel del Golfo, entregaba dinero a Baltazar Hinojosa cuando éste fungió como funcionario de Yarrington y como alcalde de Matamoros. El 23 de agosto, Hinojosa Ochoa rechazó la acusación y aseveró: “Mi trayectoria profesional, así como mis lazos familiares y personales, están limpios y a la vista de todos”.

En noviembre de 2015, Peña Nieto apoyó la nominación de Hinojosa Ochoa como candidato a gobernador pese a la oposición interna, incluyendo la del entonces mandatario estatal, Egidio Torre Cantú, y de su antecesor Eugenio Hernández, según confiaron fuentes del PRI consultadas por Proceso.

A pesar del apoyo del gobierno federal, Hinojosa Ochoa perdió por más de 15 puntos la gubernatura ante el panista y exalcalde de Reynosa, Francisco García Cabeza de Vaca.

Yarrington y Peña Nieto

La cercanía entre Yarrington y Peña Nieto se remonta a la misma campaña de éste como candidato a gobernador del Estado de México en 2005, cuando al mismo tiempo el padrino político del mexiquense, Arturo Montiel, competía por la nominación del PRI a la presidencia de la República.

Montiel y Yarrington, junto con Enrique Martínez, exgobernador de Coahuila, Manuel Ángel Núñez Soto, exmandatario de Hidalgo, y Enrique Jackson, excoordinador de la bancada del PRI en el Senado, formaron parte de lo que públicamente se conoció como el “TUCOM” (Todos Unidos contra Madrazo) y que oficialmente se llamó Grupo de Unidad Democrática al interior del PRI para hacerle contrapeso al líder nacional de este partido, Roberto Madrazo, quien buscaba la nominación presidencial.

El apoyo político, económico y logístico de Yarrington y Manuel Ángel Núñez resultó determinante para que Montiel fuera nominado como precandidato del TUCOM. Sin embargo, el escándalo de las propiedades multimillonarias de Montiel y los desvíos de recursos en los que incurrió, difundido por Televisa, obligó al exmandatario estatal a renunciar a su aspiración.

Con todo, el apoyo de Yarrington continuó con el “delfín” de Montiel para la gubernatura del Estado de México: Enrique Peña Nieto. El 10 de junio de 2005, Yarrington acudió a territorio mexiquense a apoyarlo y anunció que el Grupo de Unidad Democrática realizaría cinco foros temáticos para dar a conocer sus “principales propuestas en la agenda nacional”.

En la página www.tomasyarrington.org.mx aún están las fotografías de ese recorrido de Yarrington con Peña Nieto. El exgobernador tamaulipeco escribió entonces que encontró “coincidencias” en los proyectos sociales de Peña Nieto para aplicarlos en el Estado de México.

La página oficial de Yarrington en internet señala que “acompañó a Enrique Peña Nieto a un recorrido por el estado donde la ciudadanía dejó sentir la simpatía hacia los dos políticos priistas”. Ahí se observa la foto donde éste aparece como conductor en un carro acompañado de Yarrington y que ha circulado profusamente en las redes sociales a raíz de su detención en Italia.

La pista del Grupo HIGA

Los vínculos entre Tamaulipas y el Estado de México no sólo son políticos sino empresariales y vienen desde la época de Alfredo del Mazo González como gobernador en la década de los ochenta.

En 1982, Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario tamaulipeco originario de Reynosa e hijo del constructor Óscar Hinojosa Sánchez, creó en Toluca Constructora Teya, la primera de una red de compañías que comenzaron a recibir contratos del gobierno de Del Mazo.

Primero hizo trabajos de serigrafía a través de Publicidad y Artículos Creativos S. A. (PACSA) y además de Constructora Teya creó Mezcla Asfáltica de Alta Calidad (MAACSA), Señales y Mantenimiento S. A., para dar servicio a las carreteras concesionadas.

A todas sus filiales las agrupó en el Grupo HIGA, que son las iniciales del apellido de su hijo Juan Armando Hinojosa García, quien era el previsible heredero del emporio constructor.

El gran salto empresarial de Hinojosa Cantú ocurrió el 13 de julio de 2000, cuando donó 406 mil 940 pesos para apoyar al PRI en la campaña presidencial, según los registros del entonces Instituto Federal Electoral sobre aportaciones de simpatizantes.

El gobierno de Arturo Montiel (1999-2005) incorporó a Grupo HIGA a través de Constructora Teya al “Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción”, un grupo de 49 constructores que recibieron las licitaciones más importantes para la obra pública durante esa administración.

La bonanza de Grupo HIGA se generó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2006 creó Eolo Plus para la renta de aeronaves privadas en sociedad con David Peñaloza, de Grupo Tribasa, y de Carlos Hank Rhon, de Grupo Hermes, los otros dos grandes beneficiarios de la obra pública en el Estado de México, junto con la firma española Grupo OHL.

Eolo Plus no sólo tuvo de cliente al gobierno de Peña Nieto. En 2007 firmó dos contratos con el gobierno de Fidel Herrera, en Veracruz, para transportar a funcionarios. La hija del mandatario estatal, Rosa Herrera Borunda, se casó en noviembre de 2007 con Juan Armando Hinojosa García, hijo del accionista principal de Grupo HIGA.

En el gobierno de Peña Nieto (2005-2011), los Hinojosa Cantú e Hinojosa García se convirtieron en los amigos y empresarios predilectos del Estado de México. Bajo el esquema de las Asociaciones Público-Privadas (APPs), Peña Nieto le entregó concesiones a HIGA como los dos hospitales regionales más grandes y caros de la región, los de Zumpango e Ixtapaluca, por 8 mil millones de pesos.

Se calcula que, tan sólo en obras públicas, Grupo HIGA recibió 80 mil millones de pesos en la administración estatal de Peña Nieto, según los registros de Compranet citados por la revista Expansión.

La tragedia de Cantalagua

El 28 de julio de 2012, después de la victoria de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de ese año, ocurrió una tragedia para la familia Hinojosa y para el propio mandatario. El helicóptero Augusta 109, matrícula XA-UQH, donde viajaba Juan Armando Hinojosa García, hijo del empresario tamaulipeco, se desplomó en los límites del municipio de Jiquipilco y Villa del Carbón. Los tres ocupantes murieron. La torre de control del aeropuerto de Toluca informó que se había perdido comunicación con la aeronave 60 minutos después de haber despegado de la Hacienda Cantalagua.

En esa hacienda, propiedad de Mayolo R. del Mazo Alcántara, primo del exgobernador Alfredo del Mazo y miembro del clan Alcántara, magnates del transporte privado en la entidad, se había celebrado la victoria y el cumpleaños 46 de Peña Nieto. Hinojosa García había acudido a la fiesta privada y se retiró alrededor de las 23 horas.

El accidente conmocionó a la red política y empresarial de Peña Nieto. Ocurrió días después de que el nombre del dueño de Grupo HIGA se mencionara como integrante de un “fondo financiero para la campaña presidencial” en el que participaron también OHL y el Grupo de Abogados Profesionales (GAP), de Gabino Fraga Mouret, presuntos implicados en el escándalo Monex (Proceso 1865).

El domingo 29 de julio sólo algunos medios impresos destacaron la relación empresarial y de amistad entre los Hinojosa y Peña Nieto. Dos días después la tragedia aparentemente se había olvidado y el presidente redactaba tuits para felicitar a las clavadistas mexicanas participantes en los Juegos Olímpicos de Londres (Proceso 1866).

Nadie mencionó la conexión entre Hinojosa Cantú y las redes empresariales y de poder en Tamaulipas. Por el contrario, medios locales se refirieron a la “conexión trágica” entre Veracruz y el Estado de México, por la muerte de quien fuera yerno de Fidel Herrera y amigo de Peña Nieto.

Cuatro años después, tras el escándalo de la Casa Blanca, se supo que la tragedia convirtió a HIGA no sólo en el gran beneficiario de las más importantes obras públicas sexenales (Tren México-Querétaro, Acueducto Monterrey, Autopista Toluca-Naucalpan, la remodelación del hangar presidencial), sino también en un especial grupo que otorgó con “facilidades” financieras inéditas una mansión en las Lomas de Chapultepec a Enrique Peña Nieto, y otra en Malinalco al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El nombre de HIGA se mencionó como parte de las investigaciones en contra de Pablo Zárate Juárez, exdirector del Instituto Tamaulipeco de  la Vivienda y el Urbanismo (ITAVU), a quien la DEA volvió a identificar como presunto prestanombres de Tomás Yarrington y del Cártel del Golfo.

Zárate Juárez está prófugo desde marzo de 2015, acusado en la Corte de Distrito Sur de Texas por diversos delitos, entre ellos conspiración para lavar dinero y cometer fraude bancario. Es señalado también como uno de los socios de Hinojosa Cantú en el Grupo HIGA.