Sandra Rodríguez Nieto
SinEmbargo
abril 17, 2017
12:05 am
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El caso de Javier Duarte, advirtió desde febrero la organización Crisis Group, está lejos de ser único. Al contrario, alertó, es sólo un ejemplo. Durante la administración del entonces priista, Veracruz atravesó por una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno de Duarte de Ochoa, quien se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, intentó ocultar. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de miembros de Los Zetas detenidos en EU, fue el Gobierno del priista y ex Cónsul en Barcelona, Fidel Herrara, quien dio “carta blanca” a los cárteles para establecerse en el estado a cambio de financiar campañas políticas locales”.
La crisis financiera– de más de 35 mil millones de pesos en cuatro años, la más alta detectada por la ASF– y de violencia, obligaron al PRI a darle la espalda a Duarte de Ochoa, a quien según Miguel Ángel Yunes querían quitarlo de su cargo 10 meses antes de que concluyera.
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– El Gobierno del ex priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no sólo incrementó la deuda pública a más del doble de la que recibió y causó un probable daño al patrimonio del estado por más de 35 mil millones de pesos en sus primeros cuatro años, el monto más alto detectado por las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El saldo de su administración es también una entidad en la que, entre diciembre de 2010 y septiembre de 2016, se contabilizaron al menos cuatro mil 685 asesinatos y que, entre otros récords criminales, se convirtió en la más peligrosa de México para ejercer el periodismo, con 17 comunicadores asesinados y tres desaparecidos en ese periodo, de acuerdo con la organización Artículo 19.
También, como ha mostrado el colectivo de familiares de personas desaparecidas que localizaron cientos de cuerpos enterrados en un terreno en la zona denominada Colinas de Santa Fe, en las afueras del puerto de Veracruz, se convirtió en sede de la que hasta ahora es la mayor fosa clandestina de México.
También, como ha mostrado el colectivo de familiares de personas desaparecidas que localizaron cientos de cuerpos enterrados en un terreno en la zona denominada Colinas de Santa Fe, en las afueras del puerto de Veracruz, se convirtió en sede de la que hasta ahora es la mayor fosa clandestina de México.
“El dinero poco importa”, escribió el sábado en su cuenta de la red social Twitter el sacerdote Alejandro Solalinde en alusión a las miles de desapariciones registradas en esa entidad.
Acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Javier Duarte de Ochoa fue detenido por autoridades guatemaltecas el sábado 15 de abril en el municipio de Panajachel, en ese país fronterizo con México.
El ex priísta se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, cuando un Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal de esta capital giró la orden de aprehensión solicitada en la causa penal 97/2017.
“Se tienen 75 indagatorias, 32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades al desviar recursos, entre otros”, reportó la PGR.“Se han asegurado dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, de la Ciudad de México, así como el rancho denominado Las Mesas, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con una superficie de 92 hectáreas. También se aseguraron aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma, estado de Campeche. Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias. Se tienen 112 cuentas bancarias aseguradas a personas físicas y/o morales”, agregó el ministerio público federal.
Duarte de Ochoa es parte del grupo de ex gobernadores priístas que en mayo de 2012 fueron elogiados por el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto como ejemplo de la “nueva generación” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otros fueron el quintanarroense Roberto Borge Angulo, acusado de vender por debajo de su precio nueve mil 500 hectáreas de reservas del estado; y el chihuahuense César Duarte Jáquez, también prófugo, luego de que su sucesor en el Gobierno, Javier corral Jurado, lo acusara de desfalco y peculado.
Los tres llegaron al poder en 2010, habrían apoyado la campaña del hoy Presidente de México y, de acuerdo con datos oficiales, concluyeron sus sexenios como los que más aumentaron las deudas públicas de sus entidades.
El Gobierno de Duarte de Ochoa en Veracruz se destacó, además del saqueo, por el aumento sin precedentes en los niveles de violencia, entre cuyas primeras expresiones se contó, en septiembre de 2011, el abandono de 35 cuerpos bajo un puente vial en el municipio de Boca del Río, en plena zona metropolitana del puerto de Veracruz.
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