Rafael Barajas El Fisgón y Los Medios de Comunicación

Círculo de Estudios Brújula Metropolitana

Gerardo Fernández Noroña en el Hemiciclo a Juárez

Curiosos y policía de El Paso observaron balacera PF-gatilleros en Las Tortugas

Curiosos y policía de El Paso observaron balacera PF-gatilleros en Las Tortugas Cd. Juarez

Además de agentes policiacos, no pocos civiles se acercaron a la orilla del Río Bravo por el lado norteamericano para observar el enfrentamiento a balazos entre pistoleros y elementos de la Policía Federal durante la tarde del sábado. No faltaron los medios informativos que levantaban imágenes con el uso de cámaras fotográficas y de video, desde atrás de un listón policiaco color rojo colocado en en suelo paseño, a la altura de los que del lado mexicano corresponde al Parque de Las Tortugas. La policía de El Paso, Texas observó el tiroteo con atención, en apariencia para impedir que los gatilleros cruzaran la línea divisoria. También un helicóptero, al parecer de la Border Patrol, sobrevoló el área.

De la Redacción

Las cuentas sucias de Fox y Calderón Jesusa Cervantes

Falta de transparencia, corrupción, subejercicios e ineficiencia para manejar más de un billón de pesos por excedentes petroleros –que no se sabe dónde están o en qué se gastaron– halló Arturo González de Aragón al fiscalizar, como auditor superior de la federación, las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox y dos años de la administración de Felipe Calderón. Ya retirado de su importante función, revela en entrevista las “cochinas” maniobras con las que el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, lo presionó constantemente para que no ahondara en las ilegalidades y dejara impunes a sus personeros.

MÉXICO, D.F., 21 de agosto (Proceso).- Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2002 a 2009, el contador Arturo González de Aragón revela en entrevista con Proceso que durante su gestión recibió presiones del Ejecutivo Federal; anónimos y amenazas de los banqueros para que modificara sus dictámenes sobre las cuentas públicas que se referían al rescate bancario, y “sugerencias” del PRI para que en el caso del Pemexgate emitiera recomendaciones laxas y que no se trataran “jamás de Francisco Labastida”.

Además, González de Aragón hubo de confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revirtió sus dictámenes sobre la ilegalidad de los casos de Fobaproa, ISOSA y los multimillonarios Contratos de Servicios Múltiples de Pemex que autorizó el entonces director jurídico de la paraestatal, César Nava, con la anuencia de Felipe Calderón como secretario de Energía. Particularmente lo sorprendió la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” e impidió que el erario recuperara 100 mil millones de pesos.

A ocho meses de haber dejado la ASF y dedicado por ahora a concluir un libro de reflexiones, González de Aragón recuerda que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Francisco Gil Díaz lo acosó con auditorías personales, a su despacho e incluso a una empresa de la que ya no formaba parte. El “finiquito” de tales auditorías lo retuvo durante meses dicho funcionario “como una espada de Damocles”.

También la Procuraduría General de la República lo investigó cuando indagaba sobre la posible desviación de recursos públicos hacia la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox.

Extracto del reportaje principal de la edición 1764 de la revista Proceso, ya en circulación.

Boicot al Grito de Calderón Bicentenario

¿Existen las clases sociales?

Marcos Roitman Rosenmann

L

os detractores del socialismo no pueden oír hablar de la existencia de explotación, imperialismo o explotadores. Se muestran iracundos cuando algún comensal o interlocutor les hace ver que las clases sociales son una realidad. Los portadores del nuevo catecismo posmoderno, dicen tener argumentos de peso para desmontar la tesis que aún postula su validez y su vigencia como categorías de análisis de las estructuras sociales y de poder. Lamentablemente, sólo es posible identificar, con cierto grado de sustancia, dos tesis. El resto entra en el estiércol de las ciencias sociales. Son adjetivos calificativos, insultos personales y críticas sin altura de miras. Yendo al grano, la primera tesis subraya que la contradicción explotados-explotadores es una quimera, por tanto, todos sus derivados, entre ellos las clases sociales, son conceptos anticuados de corto recorrido. Ya no hay clases sociales y si las hubiese, son restos de una guerra pasada. Desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días las clases sociales están destinadas a desaparecer, si no lo han hecho ya. El segundo argumento, corolario del primero, nos ubica en la caducidad de las ideologías y principios que les dan sustento, es decir el marxismo y el socialismo. Su conclusión es obvia, los dirigentes sindicales, líderes políticos e intelectuales que hacen acopio y se sirven de la categoría clases sociales para describir luchas y alternativas en la actual era de la información, vivirían de espaldas a la realidad. Nostálgicos enfrentados a molinos de viento que han perdido el tren de la historia. Para seguir adelante, hay que renovar, buscar conceptos en un mundo novísimo.

Sin duda en las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI han emergido procesos sociales, económicos, políticos y culturales que no sólo han reinventado la realidad sino los conceptos para describirla. Ello no es acontecimiento novedoso. La historia está llena de estas vicisitudes donde se inventan palabras. Basta leer libros de tecnociencias, informática, bioquímica o neurociencias para comprobar lo dicho. Incluso, una academia tan conservadora como la española de la lengua se ve obligada, cada cierto tiempo, a incorporar voces que emergen de la vida diaria hasta convertirse en una realidad difícil de soslayar. Sin embargo, no debe caerse en el absurdo de tirar el niño con el agua sucia dentro. Nuevas voces no invalidan las ya existentes. Pueden complementar o enriquecer el lenguaje.

La posibilidad de caer en el absurdo a la hora de renombrar objetos, oficios y situaciones, está a la orden el día. Los casos son variopintos. Así, nos podemos encontrar que un cocinero se ha convertido en un restaurador de alimentos; los recreos en los patios de los colegios, han pasado a denominarse segmentos lúdicos y los bares se consideran zonas de avituallamiento rápido. Esta moda sólo aporta confusión.

No es lo mismo un concepto viejo que otro anticuado. El imperialismo existe por mucho que les pese a quienes plantean su muerte en beneficio de la llamada interdependencia global o globalización. Su definición sigue siendo válida en tanto explica a) la concentración de la producción y del capital que dio origen a los monopolios; b) la fusión del capital bancario e industrial y la emergencia de una oligarquía financiera; c) el poder hegemónico de la exportación de capitales frente a las materias primas; d) la formación de las trasnacionales y reparto del mundo entre las empresas; f) las luchas por el control y el reparto territorial del mundo entre países dominantes; y g) facilita comprender las formas de internacionalización de los mercados, la producción y el trabajo.

Por consiguiente, los cambios del imperialismo señalan su versatilidad y capacidad de adaptación en medio de los cambios profundos que sufre el capitalismo. La globalización como concepto no sustituye al imperialismo como una realidad. Saber que el imperialismo actual dista del imperialismo del siglo XIX es sentido común y no requiere de muchas cábalas. El imperialismo goza de buena salud. Otro tanto ocurre con el concepto de clases sociales. En la actualidad muchos científicos sociales prefieren hablar de estratificación social y estructuras ocupacionales antes que acudir al concepto de clases sociales para explicar las desigualdades, la pobreza o la indigencia. Los ejemplos pueden continuar. También los conceptos de explotación y colonialismo internos ha caído en desgracia aunque la semiesclavitud, la trata de blancas y el trabajo infantil y el dominio étnico sean una realidad cada vez más extendida en el planeta. Es este contexto adverso para el pensamiento crítico donde ve la luz, en América Latina, una nueva realidad que trata de explicar este rechazo al uso de conceptos y categorías provenientes de la tradición humanista y marxiana: la colonialidad del saber y del poder.

Bajo el manto de parecer posmodernos, integrados a la llamada sociedad de la información y partícipes de la globalización neoliberal, se renuncia a ejercer el juicio crítico. Es más cómodo dejar de pensar, apoyándose en una supuesta caducidad de los conceptos, que darse a la molestia de averiguar cuáles son y han sido las transformaciones sufridas por las clases sociales durante las últimas décadas. Ello supondría reflexionar, atributo del cual carecen los nuevos robots alegres de pensamiento sistémico.

Por último sirva como provocación señalar las diferencias entre conceptos viejos y anticuados. La ley de gravitación universal tiene más de cinco siglos, por su data es desde luego longeva, pero sigue siendo válida. Quienes duden de su pertinencia, les aconsejo un ejercicio práctico, déjense caer de una altura de 50 metros y comprobaran si la ley de gravitación universal es anticuada y caduca. Lo mismo ocurre con las clases sociales. Negar su existencia es, por decir lo menos, un acto de ignorancia.

Operan con prestanombres empresas de traslado de valores

Notimex

Distrito Federal— Un informe reveló que diversas empresas de traslado de valores y de seguridad en el país operan de forma ilegal con prestanombres, por lo que la situación ya la analizan senadores porque son consorcios extranjeros que tienen prohibido el uso de armas de fuego.

El informe destacó el caso del holding español-argentino Prosegur, que opera en México con prestanombres, y señaló que éste al no contar con los permisos para la portación de armas y el traslado de valores, se ha convertido en una especie de monopolio.

Al respecto, legisladores de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores analizan el procedimiento a seguir para elaborar una iniciativa, o incluso con los ordenamientos legales vigentes poner orden en el sector de seguridad y traslado de valores.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el legislador del Partido Acción NaNacional (PAN), Felipe González, refirió que el caso lo están analizando y en breve se dará a conocer el resultado de éste.

En entrevista, anunció que a mediados de septiembre, la comisión que preside presentará un amplio informe de este tema y solicitará a diversas secretarías de Estado, actuar de inmediato para frenar y castigar cualquier delito en que estén incurriendo estas empresas.

Incluso un informe de José Trinidad Gutiérrez Sánchez, especialista en asuntos de seguridad nacional, destacó que se debe investigar a fondo a este tipo de empresas porque además de evadir la legislación federal en la materia, se ha descubierto en otros países que se dedican al 'lavado' de dinero y tráfico de armas.

El informe que analizan senadores y diputados indicó que la empresa mexicana Grumer fue adquirida por el holding Prosegur que creó otra empresa con los antiguos socios del Grupo Mercurio, encabezados por los hermanos Cuauhtémoc y Javier Artigas y Morales, motivo por el cual le dieron el nombre de Armor.

En el expediente, en poder del senador Felipe González, se reseñó que al instalarse en México Prosegur encargó a despachos internacionales y nacionales, como Balaguer, Morera y Asociados, entre otros, un estudio jurídico para correr los "menores riesgos".

Ello con el fin de que, "en su calidad de inversionista extranjero, participe y controle una o más empresas mexicanas" en el traslado de valores, sobre todo a bancos y prestar servicios de seguridad privada.

Pero los despachos no sólo efectuaron la consejería jurídica para eludir la legislación nacional, sino sirvieron de cabilderos ante las dependencias federales.

Tan es así, que los despachos recomendaron formar varias empresas y colocar Prosegur y sus bóvedas en un domicilio en el estado de México, toda vez que la legislación en más flexible que en el Distrito Federal, destacó.

El Despertar. El aguafiestas y el optimista

José Agustín Ortíz Pinchetti

A pesar de las costosas incitaciones (miles de millones gastados en propaganda y en eventos) el pueblo ve con indiferencia los macroaniversarios. ¿Y por qué podría tener júbilo? Cualquier ciudadano más o menos avispado se da cuenta de que todos los días el gobierno hace una nueva renuncia a nuestra soberanía, al grado de que nos estamos convirtiendo en un protectorado. ¿Por qué celebrar entonces la Independencia? ¿Y la Revolución? No sólo se han incumplido sus propósitos, sino se han traicionado. Una oligarquía, si cabe, más voraz y poderosa que la porfirista está determinando el manejo del gobierno. ¿Y la democracia que provocó el estallido original? La actual es un esperpento de elecciones irregulares y manipulación mediática. La desigualdad que provocó la revolución más profunda entre 1912 y 1915 es hoy tan monstruosa como antaño.

En 1910 la gente celebró con genuina alegría el primer centenario de la Independencia. Tenían razón. Se estaba viviendo una etapa de paz y prosperidad de más de 30 años sin precedente y se había consolidado el Estado. Hasta lo profundo de las sierras la gente se sentía que formaba parte de algo que iba saliendo bien.

Pero yo veo hoy algunos motivos para sentirnos reconfortados. Para empezar no tenemos el candor de nuestros bisabuelos y abuelos. Ellos tenían un optimismo trágico por irreal. Celebraban la República cuando estaba a punto de estallar. Hoy estamos mal, muy mal, pero estamos concientes de ello. Bulnes en 1906 decía que había paz en todas partes menos en las conciencias, y hoy las conciencias están mucho más despejadas y alertas que entonces. Empezamos a darnos cuenta de que en 1910 perdimos la oportunidad de modernizarnos por la ceguera y voracidad de una oligarquía. Y hoy empezamos a entender que la oligarquía vigente es el único obstáculo para el cambio y la modernización.

México se ha levantado de su lecho de enfermo agónico varias veces. Tiene energías creadoras que se han utilizado en una pequeña escala. Existe un impulso para cambiar y mejorar que percibimos quienes trabajamos en la base popular y que ni sospechan aquellos que desde el poder y los poderes contemplan las cosas con amargura. Algo profundo se está moviendo en México desde abajo. Una revolución cultural silenciosa e ignorada ha venido trabajando en las últimas décadas. Es algo insólito y digno de celebrar.

jaop@prodigy.net.mx

Estados Unidos: freno de la recuperación

José Antonio Rojas Nieto

A

l hablar de recuperación de la economía tenemos que ser muy cuidadosos de no echar las campanas al vuelo. Mientras más cae una economía –como la nuestra en 2009– el llamado efecto rebote es más engañoso. Cuidado. Además, de nuevo conviene recordar que jamás estuvimos tan ligados a la economía estadunidense como ahora. Dice Catalina mi siempre alegre y estimada abogada: la suerte de la derivada es la suerte de la principal. Digo yo: la mala suerte de la derivada es peor que la mala suerte de la principal.

En el México de hoy, hechos dixit. Estos dos principios jurídico-económicos hay que tenerlos muy presentes en estos momentos. No hacen otra cosa los familiares sonorenses de Rafa mi compañero de aventuras en cosas de energía, cuando analizan con mucha prudencia si es el momento de regresar al norte o deben esperar un poco más a que mejoren las cosas. Y es que –dedicados, como lo están, a la industria de la construcción en el vecino país– no ignoran que en esta esfera en agosto de 2006 emplear a 7 millones 725 mil personas acumula 47 meses continuos de despido de personal hasta sumar un impresionante número de un millón 918 mil arrojados a la calle, muchos de ellos –muchísimos– mexicanos. Y es que no se mejora ni la venta de viviendas ni el inicio de su construcción. Alguien me dirá –con razón– que en marzo y abril de este año la industria de la construcción vecina no sólo no expulsó trabajadores, sino que contrató 27 mil y 22 mil, respectivamente. Que parecía que mejoraba. Sí, es cierto, pero en mayo, junio y julio, nuevamente expulsó personal en un número de 61 mil empleados, es decir, un neto de 12 mil más enviados a la calle.

¿Caso aislado? Para nada. En los últimos tres meses en todo Estados Unidos se ha despedido a medio millón de personas. La mayoría de empresas privadas y urbanas. ¿Y la recuperación? Pues la recuperación sigue, pero con menos trabajadores y a tasas que no crecen los últimos tres meses. Y, además, a un nivel todavía 7 por ciento inferior al máximo reciente.

Más todavía, la relación entre inventarios y ventas nuevamente sube, lo que significa que el flujo de mercancías se ha frenado de nuevo, y que el crecimiento de la producción industrial nuevamente se enfrenta con baja en la demanda. Las familias y las empresas siguen muy endeudadas y no fluye el crédito como antes. Todo muestra que el nivel de recuperación –evaluado con este indicador de la producción industrial– aún es muy bajo e inestable.

Veámoslo. Sí, vale la pena recordar que el máximo nivel de producción industrial se registró en diciembre de 2007. Sin embargo, el más alto crecimiento anual se había registrado en septiembre de 2006. Pues bien, a partir de octubre de ese mismo año 2006 se registró –primero– un proceso de 18 meses de desaceleración industrial (se crecía a tasas cada vez menores) que concluyó en marzo de 2008. Y –segundo– una regresión industrial a tasas negativas cada vez mayores a partir de abril de ese año, y que se prolongó durante 15 meses, hasta junio de 2009.

¿Empezó a crecer la producción industrial en julio de 2009? No. Sólo empezó a caer –durante seis meses lo hizo así– a tasas negativas cada vez menores, justamente hasta diciembre de 2009. Así y luego de 18 meses de crecimiento cada vez menor (desaceleración); de 15 meses de caídas severas (recesión); y de 6 meses más de descenso cada vez menos pronunciado (freno a la recesión), sí, luego de 39 meses que corrieron de octubre de 2006 a diciembre de 2009, el producto industrial mensual del vecino país comenzó a crecer de nuevo.

Al mes de julio lleva seis meses continuos de crecimiento. Pero los meses de mayo, junio y julio prácticamente se ha mantenido a la misma tasa, cerca de 8 por ciento, pero la misma. Un total de 39 meses tardó la economía vecina en lo que algunos llaman dar vuelta. Sí, es cierto, ya dio vuelta. Pero lleva tres meses en que también dio otra vuelta y empezó –de nuevo– a expulsar trabajadores. Ante esto, lo menos –sí, lo menos– que podemos hacer es prestar atención a esta situación. Y actuar en consecuencia. Y –por favor– no cantar victoria antes de tiempo. Menos aún con tanta miseria en las calles y en el campo. A pesar del publicitado equilibrio de las finanzas públicas. Sin duda.

rojasags@yahoo.com.mx

Empresa sin experiencia en la aviación adquiere Mexicana

Calculan la operación en 49 millones de dólares a cambio de 95% de las acciones
Uno de los inversionistas es Vicente Ariztegui Andreve; participó en la restructura de Satmex

Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Domingo 22 de agosto de 2010, p. 23

Tenedora K, asociación de inversionistas constituida por Grupo Industrial Omega y Grupo Arizan, adquirieron 95 por ciento de la sociedad controladora de Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link. El 5 por ciento restante fue obtenido por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA). Aunque no se dio a conocer el monto de la operación se estima extraoficialmente que ascendió a unos 49 millones de dólares.

En la información difundida ayer no se da cuenta sobre quiénes son los socios de las empresas ni cuánto ni de dónde van a salir los recursos de la restructura de Mexicana de Aviación. Una búsqueda sobre los antecedentes de los inversionistas no arroja datos sobre la experiencia de este nuevo grupo en la industria aeronáutica.

El único empresario visible es Vicente Ariztegui Andreve, presidente del Grupo Arizan, quien además es consejero de Almacenes del Valle de México, y de una empresa denominada Nextrade, e integrante del Club de Golf Chapultepec y de un Club de Raqueta con sede en la delegación Miguel Hidalgo.

Ariztegui Andreve también participó en el consejo de administración de Satmex, después de que se restructuró la empresa y salió de la bancarrota en Estados Unidos en 2006.

Mediante un comunicado, citado por la agencia Reuters, se informó que un grupo de empresarios mexicanos constituyeron una firma denominada Tenedora K, SA de CV, la cual adquirió 95 por ciento de las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), sociedad controladora de las aerolíneas Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click y Mexicana Link, que era hasta la fecha propiedad de Grupo Posadas y de otros accionistas”, señaló la nueva firma.

Grupo Posadas, también propiedad de Gastón Azcárraga Andrade, que había sido el principal accionista de la línea aérea, anunció el viernes pasado, a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores la venta de sus acciones por un monto simbólico, debido a que desde diciembre de 2008 esta inversión se encontraba registrada en cero, y representaban 30.4 por ciento de la participación total.

Tenedora K aclaró que la compra de las acciones sólo es un primer paso para establecer condiciones que permitan el rescate de la aerolínea. El sindicato de pilotos se quedará con 5 por ciento de las acciones restantes, agregó el comunicado.

Advent International, operador de fondos de inversión de capital privado, ha coadyuvado al esfuerzo de restructura financiera de NGA. Ni Advent International ni los fondos manejados por ésta participan como accionistas de esta operación. Tenedora K es una empresa constituida para fungir como vehículo que capitalice las aerolíneas, agregó el boletín.

Precisó que continuará el desahogo del proceso de concurso mercantil, iniciado el 2 de agosto de 2010, por la compañía aérea mexicana. Esta acción fue para protegerse en México y Estados Unidos de eventuales acciones legales de sus acreedores por una deuda que alcanza mil millones de dólares. En México entre sus acreedores destaca Bancomext y Banorte.

Entre los inversionistas de tenedora K se encuentran el Grupo Industrial Omega, sociedad financiera, dedicado desde hace 30 años al financiamiento para la construcción de infraestructura. También participa el Grupo Arizan, encabezado por Vicente Ariztegui.

El comunicado no aclara cuál será el monto de inversión de Tenedora K en las aerolíneas, pero inicialmente el sindicato de sobrecargos había informado que el fondo de inversión de capital privado Advent podría capitalizar a la empresa con unos 49 millones de dólares.

Los sindicatos de pilotos y sobrecargos iniciaron conversaciones con potenciales inversionistas desde la semana pasada para intentar capitalizar a la empresa que suspendió la venta de boletos y el servicio en varias rutas y frecuencias.

De acuerdo con cifras de Mexicana, los activos suman 11 mil millones de pesos, y el pasivo 10 mil millones. Mexicana emplea de forma directa a 8 mil personas y transporta anualmente a 11 millones de pasajeros anualmente.

Grupo Mexicana informó el viernes pasado que del total de pasajeros que ha atendido en las últimas semanas, en las que tuvo que reducir algunos vuelos por sus problemas financieros, solamente 5.9 por ciento ha sido afectado.

Mexicana preciso que entre el 29 de julio y el 18 de agosto atendió a 520 mil personas, es decir, un promedio de 26 mil personas diarios, y del total 31 mil 145 se han visto afectadas por la suspensión de algunas rutas y vuelos.

De los pasajeros afectados, 27 mil 778 han sido atendidos por grupo Mexicana, a través de Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Link y Mexicana Click, y 2 mil 243 personas por otras aerolíneas, según preciso la empresa en un breve comunicado.

Jesús Ramírez Stabros, piloto aviador y Diputado federal, se congratuló de la reciente compra de Mexicana por la conservación de las fuentes de trabajo, pero acusó al gobierno de haber permitido que Mexicana haya llegado a esa situación de quiebra. Las aerolíneas son de interés público por la concesión que se otorga, por lo que el gobierno debe de estar vigilante y exigirle que cumplan con metas que lleven al país a la competitividad. Sin embargo, el gobierno se hizo de la vista gorda y permitió la administración fraudulenta de Gastón Azcárraga, en perjuicio de los trabajadores que ahora se mantendrán con un contrato colectivo totalmente acotado.

Hotelero próspero

Gastón Azcárraga Andrade es presidente del consejo de administración de Grupo Posadas y también consejero de instituciones como BBVA-Bancomer, Holcim Apasco y Corporación Mexicana de Restaurantes. En diciembre de 2005, Gastón Azcárraga lideró la operación que llevó a la adquisición de la aerolínea Mexicana de Aviación. La operación consistió en un pago directo de 165.5 millones de dólares y la asunción de pasivos netos por 294 millones de dólares.

En octubre de 2007, Azcárraga Andrade hizo pública su intención de compra de Aeroméxico y ofertó por la aerolínea 200 millones de dólares, el precio más alto, frente a los otros dos grupos que participaron en la puja: Moisés Alberto Saba y el otro conformado por 14 empresarios respaldados por Grupo financiero Banamex-Citigroup; sin embargo, la Comisión Federal de Competencia le cerró el paso por considerar que al fusionarse ambas aerolíneas se podría caer en una concentración excesiva en las 24 rutas nacionales.

En 2009 Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga, contaba con 110 hoteles en México, Argentina, Chile y Brasil, con marcas como Fiesta Americana, Grand Fiesta Americana, Aqua, Fiesta Inn, One, Fiesta Americana Vacation Club, Caesar Park, Caesar Business y The Explorean.

Hasta en $1.71 se ha encarecido la tortilla

En lo que va del presente sexenio el alimento ha subido de precio 25 por ciento

De acuerdo con verificaciones de Economía el producto se vende más caro en 23 estados

Susana González G.

Periódico La Jornada
Domingo 22 de agosto de 2010, p. 25

El kilo de tortilla subió de precio en 23 estados del país en los pasados 12 meses y los aumentos fueron de más de un peso y hasta 1.71 pesos en 11 entidades, revelan los monitoreos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.

Según el Banco de México (BdeM) la tortilla se ha encarecido 4.9 por ciento durante el último año, por encima de la inflación general de 3.6 por ciento y siete veces más que el aumento de sólo 0.6 por ciento que ha registrado el precio del maíz en el mismo periodo.

Hasta el viernes 20 de agosto, el kilo del alimento se vendió a más de 10 pesos en tortillerías de 19 de 32 entidades, mientras que por ciudad el precio máximo lo alcanzó Mexicali con 13.60 pesos.

La tortilla registra un alza acumulada de 25.4 por ciento desde que inició el gobierno del presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, pero se eleva hasta 40 por ciento si su precio actual se compara con el que existía antes de que estallara la crisis de la tortilla y que provocó que el mandatario pactara con empresarios y productores de maíz que se vendiera a 8.50 pesos, cuando costaba 6 pesos.

Actualmente el precio promedio se ubica en 9.84 pesos en las aproximadamente 65 mil tortillerías que se calcula existen en el país y donde se abastece la mayoría de los consumidores. Hace un año era de 9.39 pesos y en 2007 de 8.68 pesos.

Con los 57.46 pesos que constituyen el salario mínimo actual se pueden comprar 5.8 kilos al precio promedio, dos menos de los que ocho kilos que se podían adquirir antes del gobierno de Calderón con un minisalario de 48.67 pesos.

Desde agosto de 2009 a la fecha los incrementos aplicados por las tortillerías en 71 por ciento de los estados fueron de unos cuantos centavos a los ya mencionados 1.71 pesos, correspondientes a Nuevo León, donde el kilo de tortilla subió de 9.53 a 11.24 pesos.

De las 23 entidades donde se encareció la tortilla, en 11 los aumentos llegaron a un peso o más: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

En otros 12 estados el alza fue de hasta 99 centavos como máximo, mientras que en seis se mantuvo el mismo precio (Aguascalientes, Colima, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala).

También subió en el súper

En menor proporción, la tortilla también aumentó de precio en los supermercados, los cuales concentran menos de 3 por ciento del mercado, de acuerdo con organizaciones de productores de masa y tortilla.

El precio promedio actual en los supermercados es de 6.90 pesos, pero en una decena de entidades se vende a más de siete pesos (el máximo es de 7.77 pesos), lo que contrasta con lo ocurrido a principios del sexenio cuando estos negocios mantuvieron en todo el país un precio por debajo de los seis pesos, según las cifras históricas del SNIIM.

En los supermercados de nueve estados la tortilla se vende a más de siete pesos, cuando el año pasado sólo eran dos y en 2007 no rebasó el tope de los seis pesos en 30 de las 32 entidades.

En México y EU se lavan hasta 29 mil mdd al año

Presenta análisis la misión estadunidense

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada
Domingo 22 de agosto de 2010, p. 6

Las agencias estadunidenses contra las drogas (DEA) y de inmigración y aduanas (ICE) calculan que cada año el crimen organizado lava entre 19 mil y 29 mil millones de dólares entre Estados Unidos y México, y que en el mejor de los casos, los dos gobiernos decomisan un total de mil millones de dólares en efectivo, informó la representación de Washington en el país.

Eso significa, destacó, que los grupos de delincuentes tienen acceso a miles de millones de dólares para conservar su actividad criminal, por lo que es necesario cortarles el acceso a estas vastas sumas de dinero lavado.

Advirtió que si se falla en cortar los flujos monetarios, la confrontación con el narcotráfico generará más violencia y corrupción.

En su último análisis sobre la Iniciativa Mérida, puntualizó que autoridades estadunidenses capturan cerca de 450 millones de dólares en embarques de efectivo al año, mientras el Departamento del Tesoro ha sancionado a cientos de entidades mexicanas relacionadas con el comercio de drogas. Pero esto no es más que una pequeña merma en los 19 mil a 29 mil millones de dólares que, se calcula, financian a las organizaciones de narcotraficantes.

Por ello consideró que debe haber un registro nacional de la propiedad, que haga un cuidadoso análisis de avisos notariales sobre transacciones de más de 10 mil dólares y operaciones encubiertas que permitan entender cómo y dónde se mueve el dinero.

La embajada reconoció que en el combate a los cárteles de la droga en México se han aprendido importantes lecciones. Al principio se suponía que el crimen organizado sería atacado de la cabeza hacia abajo, eliminando a los líderes y que el requisito clave era que una fuerza policiaca federal resolviera este reto desde el centro.

Lo que el tiempo demostró fue que la violencia entre los cárteles se manifiesta localmente, en las calles de lugares como Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo, Culiacán y Morelia. El contener y prevenir esto requiere capacidad policiaca local al igual que intervenciones federales. Se necesita además un sistema judicial que ponga y mantenga a los criminales en la cárcel, subrayó.

Al ir evolucionando la comprensión del problema, señaló, también han evolucionado los esfuerzos conjuntos de ambos gobiernos. Hoy Estados Unidos apoya reformas integrales al sistema de justicia criminal de México, mediante la profesionalización de la policía y los procuradores, intercambios judiciales y asociaciones entre facultades de derecho de los dos países.

En su análisis reiteró el compromiso del gobierno de Barack Obama de reducir en los próximos cinco años, el consumo de drogas entre jóvenes en 15 por ciento y entre los adultos 10 por ciento, así como disminuir el número de usuarios crónicos de enervantes en 15 por ciento, y el número de muertes inducidas por las drogas en 15 por ciento.

Atraco a La Nación...Javier Corral Jurado

Javier Corral Jurado
Atraco a La Nación

La decisión de dos comisionados, Mony De Swaan y Gonzalo Martínez Pous, de los cinco que integran el pleno de la Cofetel, en el sentido de adjudicar 30 mhz nacionales del espectro radioeléctrico a Televisa-Nextel al precio de ganga de 180 millones de pesos, y el inmediato respaldo a esa medida del Secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas, constituye un serio daño al patrimonio público de la Nación, que no puede, ni debe quedar exento de sanción alguna. Así sea sólo en términos de la sanción de la opinión pública.

Se trata de una medida cuestionable desde los más diversos puntos de vista: legal, ético, administrativo, político, y por supuesto técnico. Constituye una enorme contradicción en el discurso gubernamental que, por un lado exhorta a fortalecer el Estado de Derecho y el combate a la delincuencia y por otro, toma una decisión que violenta varias disposiciones legales y constitucionales, además del daño al patrimonio público que provoca el pago irrisorio a los ingresos fiscales.

El gobierno federal está dejando de ingresar sólo por concepto del pago inicial, y en referencia directa al que harán otros competidores en esa misma banda por la misma cantidad de megahertz, la cantidad de 4 mil 890 millones de pesos. A lo cual habrá que sumar la condonación fiscal que se estableció para esta banda del espectro en el pago de derechos por los siguientes dos años al momento de expedirse el título de concesión –una exención promovida por legisladores priístas encabezados por el Senador Manlio Fabio Beltrones, pero avalada por el Presidente de la República y su Secretario de Comunicaciones–, lo que suma 1,800 millones de pesos, a razón de 900 millones de pesos anuales condonados; en total, un regalo de 6 mil 690 millones de pesos.

La decisión es ilegal e inconstitucional. Primero porque trata de burlar medidas cautelares de dos distintos jueces que ordenan suspender el proceso licitatorio; segundo porque la votación de la sesión del pasado lunes 16 de agosto en la Cofetel no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos pueden tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno.

En la sesión de ese día asistieron cuatro comisionados, los dos que sirvieron al interés de Televisa, Mony de Swaan y Gonzalo Martínez Pous; el comisionado experto en economía, Dr. Rafael Del Villar Aldrich, que votó en contra de la adjudicación mediante voto partícular, y el Lic. Ernesto Gil Elourduy, que se abstuvo de votar en virtud de conocer las medidas cautelares impuestas por un juez federal del estado de Guerrero y por otro juez federal del Estado de Tamaulipas.

Es inconstitucional porque, por un lado genera un nuevo fenómeno de concentración del espectro radio-electrico en manos de Televisa, contrario al artículo 28 constitucional, y porque la adjudicación de ese bien de dominio público no asegura “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, señaladas en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional.

Simula buscar la competencia sólo por oponerle a Telcel otro competidor más, cuando en realidad está reforzando el acaparamiento de espectro –recurso esencial– por parte de Televisa, eludiendo conscientemente el proceso de convergencia tecnológica que por la vía de la digitalización les permitirá multiplicar servicios en el mismo espectro que les ha sido asignado para otros servicios. Ahora resulta que para combatir un monopolio, hay que crear otro de peores proporciones y consecuencias, no sólo para la economía, sino para la política. A ver quién someterá al imperio de la ley a este nuevo poder televisivo y telefónico.

Es un absurdo administrativo y un empecinamiento del Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien para congraciarse de mejor manera con la televisora decidió sostener la licitación bajo estas condiciones tan desfavorables al gobierno cuando pudo haberla declarado desierta y volverla a concursar de nuevo en forma inmediata, esa posibilidad la otorga en cualquier momento el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Resulta ilógico –y por ello es un absurdo legal y administrativo–, que por un bien de las mismas características (espectro radioeléctrico) se estén pagando sumas que además de ser distintas, en el caso de Televisa-Nextel son muy inferiores tomando en cuenta el costo unitario del espectro .

Lo anterior es así, ya que aún cuando Televisa y Nextel insisten que este pago inicial no es el más relevante, ya que también pagarán derechos anuales y éstos representan el componente más importante del costo total del espectro (97%), mientras que el precio de reserva es apenas de 3%, lo cierto es que los ingresos que habrá de obtener el Estado mexicano por la adjudicación de 210, 60 y 270 MHZ, que se adjudicaron respectivamente a Telcel, Telefónica y a la alianza Televisa-Nextel, muestran claras diferencias en cuanto a su costo unitario (tomando como unidad de medida 1 MHZ), de lo cual resulta que uno de los adjudicados (Televisa-Nextel) obtendrá un claro beneficio económico.

Este resultado tiene su origen en la omisión en que incurrieron los servidores públicos de la COFETEL que llevaron a cabo la subasta, pues hubo un momento en que se tenían elementos suficientes para considerar que en el bloque de 30 MHz dedicado a nuevos competidores no habría puja alguna, pues la única propuesta que se tenía era la de la alianza Televisa-Nextel, de tal suerte que era posible modificar las bases para, en claro acatamiento de las disposiciones constitucionales, asegurar las mejores condiciones para el Estado mediante la modificación de las Bases de la Licitación, introduciendo una “regla de igualación de precio” a efecto de que el precio final por MHz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esta manera, además de asegurar las mejores condiciones económicas para el estado, se habría asegurado equidad en el proceso.

A lo anterior, habría que agregar que también influyó en el resultado final de la licitación 21 el hecho de haber establecido barreras de entrada, entre ellas, al autorizar alianzas, pues no se favoreció la competencia; por el contrario, se disminuyó la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 MHz nacional, en el que finalmente las dos empresas interesadas se unieron para obtener de manera conjunta el espectro licitado.

Esta fue una maniobra –dentro de la componenda planeada para favorecer a Televisa-Nextel– cometida por la Comisión Federal de Competencia. Resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia. Bajo esta tesis, no debió autorizar la alianza Televisa-Nextel, y dejar que ambas empresas, en su carácter de nuevos incumbentes, pujaran por la asignación de espectro en forma independiente.

Como también es absolutamente falso que haber retrasado la entrega de ese espectro hubiera tenido un enorme costo a la competencia; en todo caso, el costo sería para Televisa al ver reducido su tiempo de gracia fiscal. La banda 1.7, a decir del propio Secretario Molinar, no será homologable para los servicios de telefonía sino hasta dos o tres años más, argumento en el que basó la promoción de la condonación fiscal a la televisora, ante el grupo de senadores del Partido Acción Nacional en noviembre del año pasado.

El comportamiento del Presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, además de ser vergonzoso por la manera como ha pretendido manipular la información a los medios, tanto el resultado de la votación como ocultar el contenido de la sesión, y específicamente el contenido del voto particular del comisionado Rafael Del Villar, señalan una absoluta falta de ética de este funcionario.

La política electoral del país, y de manera particular el sistema de partidos, debieran estar atentos a estas decisiones y exigir claridad en torno de las negociaciones que posibilitan disponer en estas condiciones de un recurso público como es el espectro radio-eléctrico, para el logro de propósitos o favores políticos alejados totalmente de la vida institucional y democrática del país.

El viernes pasado se llevó a cabo una Asamblea Informativa de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que preside el Dr. Raúl Trejo Delarbre, con la presencia de varios legisladores federales tanto del PAN como del PRD. En ella se tomaron varias decisiones importantes en el sentido de denunciar este proceso licitatorio como lo que es, un atraco a la Nación, así como emprender medidas legales en contra de los responsables directos de esa adjudicación de espectro.

Estoy de acuerdo en que no debe quedar impune este hecho.

Sostengo que la decisión es una medida política que carece de sustento técnico y jurídico; se inscribe en la dinámica de claudicación que los poderes constitucionales del Estado han hecho de sus deberes frente a las componendas y chantajes con que los poderes fácticos, particularmente la empresa Televisa, han hecho avanzar sus intereses particulares por encima del interés general.

Ese poder fáctico –transversal a partidos y niveles de gobierno–, retrata la decadencia del régimen político y el agotamiento de su clase política, tan a merced del manejo mediático precisamente por su falta de valor, por la ausencia de ideas y propuestas relevantes, por sus faltas bien acreditadas en el cumplimiento de sus responsabilidades, todo lo cual necesita del disimulo o protección de los medios de comunicación electrónica. De eso se aprovecha la Televisión, para imponer sus intereses.

Crímenes de odio contra mexicanos, al alza en NY

Silvia Otero
El Universal

Distrito Federal—Las secuelas del ataque son permanentes: “Pérdida de memoria y del habla, camina con dificultad y presenta estados de agresión”. Estas son las condiciones en las que hoy vive Mario Vera Rivera, quien fue golpeado hace 11 meses por tres afroamericanos, en Brooklyn, sólo por ser mexicano.

Su nombre encabeza una lista de siete casos documentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un informe sobre crímenes de odio contra mexicanos que viven y trabajan en Nueva York, registrados desde septiembre de 2009 al 31 de julio de 2010.

“Estos trabajadores de origen mexicano, en su mayoría, le han cambiado la piel demográfica a Nueva Orleáns para convertirla en una ciudad donde la enchilada se ha convertido en algo tan común como la jambalaya (un platillo típico en esta ciudad)”, aseguró José Torres Tama, un artista y escritor de origen ecuatoriano que reside desde 1984 en Nueva Orleáns.

“Hoy, aquellos trabajadores que llegaron con la tormenta de Katrina se han establecido en las zonas deprimidas donde predominaban los vecindarios negros, para convertirlos en los barrios latinos”, añadió Torres Tama en un reciente programa de la National Public Radio (NPR) en el que denunció el régimen de explotación que han tenido que soportar estos inmigrantes, encargados de participar en el lento y tortuoso proceso de reconstrucción de Nueva Orleáns.

Ante el constante temor de ser detenidos y deportados, la mayoría de los latinos trabajan silenciosamente. Aun así, su creciente presencia ha generado tensiones raciales en esta ciudad. Los residentes dicen sentirse “desplazados” en sus trabajos y “amenazados”, según reveló ayer el diario The Washington Post. Y es que, de acuerdo con el censo, el porcentaje de hispanos pasó de 4.4 por ciento, en el año 2000, a 6.6 por ciento en 2009, aunque algunos estiman que la cifra podría ser de 10 por ciento.

Surge sentimiento de rechazo

Aunque necesarios por su trabajo y su bajo costo, el crecimiento hispano en algunos barrios donde han surgido pequeñas tienditas o puestos de tacos ha dado pie a un sentimiento de rechazo que algunos legisladores estatales han aprovechado para tratar de sumarse a iniciativas antiinmigrantes como la SB1070 de Arizona para “contener la invasión de ilegales”.

En mayo pasado, el legislador republicano Joe Harrison renovó sus intentos por introducir y hacer prosperar una iniciativa (HB1215) que busca criminalizar la presencia de ilegales en Louisiana.

La propuesta naufragó ante la falta de votos en el Congreso estatal, donde algunos de sus representantes llegaron a la conclusión de que no podían apoyar una iniciativa “hipócrita” que buscaba criminalizar a aquellos inmigrantes que han contribuido a reconstruir la ciudad de Nueva Orleáns y que desafiaba a un gobierno federal que no ha dejado de inyectar fondos para la reconstrucción.

A pesar de las derrotas sufridas, Joe Harrison ya ha anunciado que insistirá en la aprobación de esta iniciativa.

En medio de un ambiente de recelo y rechazo, la comunidad hispana ha comenzado a echar raíces en los distintos distritos de Nueva Orleáns, una ciudad multicultural que sintetiza la herencia de sus colonizadores franceses y españoles y que, desde que fue adquirida por Estados Unidos en 1803, ha navegado a contracorriente del American way of life, imponiendo su propia identidad en los ámbitos de la cultura, la música y la narrativa.

Las calles o avenidas de origen francés o español, como Elysian Fields o Perdido Street, hoy lucen los nombres de comercios latinos como La Placita, Dora Market o Tacos Jalisco. “La mayoría de nuestros clientes son trabajadores de la construcción y muchos de ellos de origen mexicano”, aseguró en conversación telefónica una de las trabajadoras de Tacos Jalisco, un restaurante ubicado en las inmediaciones de Kenner, uno de los enclaves donde se ha registrado el mayor crecimiento de la población latina en Nueva Orleáns.

Recientemente, el alcalde Mitch Landrieu describió a Nueva Orleáns como “un formidable laboratorio de cambio e innovación”. Un laboratorio del que han sido ignorados en los discursos oficiales los miles de trabajadores latinos que, irónicamente, han rescatado esta ciudad de entre los escombros, pero bajo las sombras de la explotación y la marginalidad.

Una semana en el infierno

Arturo Rodríguez García
Proceso

Monterrey— En sólo cinco días, esta región vivió la toma de medio centenar de vialidades, ataques con granadas a comercios y gasolineras, un atentado contra Televisa Monterrey, aparición de ejecutados y decapitados, liquidación en tiroteos de cabecillas locales y el asesinato del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal.

Del 13 al 17 de agosto, los grupos delictivos que se disputan la entidad, el Cártel del Golfo y Los Zetas, dieron nuevos pasos en la realización de acciones con mayor contenido simbólico, como el bloqueo vial frente a edificios policiacos y el homicidio del presidente municipal, cuyo cuerpo fue abandonado a unos metros de la cascada Cola de Caballo –sitio emblemático de la entidad–, envuelto en una bandera del PAN, de acuerdo con una versión extraoficial.

El bloqueo efectuado el domingo 15 de agosto ocupó las vialidades que se hallan justo frente a los edificios de seguridad pública estatal y municipal de Monterrey, la alcaldía regiomontana y el Centro de Coordinación Integral, Comunicación, Control, Comando y Cómputo (C-5), sede de los servicios de inteligencia policiacos locales.

La prensa internacional destacó lo ocurrido. Entre otros, el diario español El País publicó el 17 de agosto una nota con el encabezado: El narcotráfico cerca Monterrey, la capital financiera de México, y el día 19 The Wall Street Journal tituló México bajo asedio una nota donde califica la violencia en Monterrey como “un aterrador maleficio” para sus habitantes.

Sólo entonces llegó el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a apuntalar, con discursos y promesas, al gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, en un contexto donde hasta el dirigente panista César Nava se mostró conciliador con el mandatario, quien suele ser recibido con abucheos en sus apariciones públicas.

Mientras ellos deploraban el asesinato de Cavazos Leal, otros actores políticos y líderes empresariales pedían mayor presencia castrense e insistían en militarizar el área. Inclusive, Medina de la Cruz y Blake acordaron colocar grúas permanentes en diversos puntos de la ciudad y que cuerpos militares capaciten a los policías.

Por su parte, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Cadhac), denunció que, en el círculo de violencia e impunidad que no da descanso a la zona, se cometen torturas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y atropellos de los cuerpos policiacos, militares y marinos.

Los cinco días de terror

En las primeras horas del sábado 14 de agosto se enfrentaron soldados y una célula de Los Zetas en la colonia Caracol, al sur de Monterrey.

Ahí murieron cuatro sujetos, entre ellos Miguel Ángel Ábrego Nava, alias “El Sonrics”, presunto jefe de plaza en la región citrícola colindante con Santiago, Nuevo León. Momentos después, se desataron los bloqueos viales en la zona metropolitana.

El domingo 15, como a las 13:45 horas, un grupo de sujetos a bordo de una camioneta llegaron a las instalaciones de Televisa Monterrey. Apenas pararon lo necesario para lanzar una granada que rodó hasta ubicarse debajo de una camioneta. Ahí explotó, causando daños en un negocio y ataques de histeria entre el personal de Televisa.

Como a las 18:00 horas, por las redes sociales se alertaba sobre la presencia de un comando del cártel del Golfo, con unas 50 camionetas, que atravesaba Cadereyta con dirección a Monterrey. Para las 18:30, un tiroteo se desató al sur de la ciudad, en La Estanzuela.

De acuerdo con una fuente policiaca, el convoy entró a la Carretera Nacional por un libramiento desde el municipio de Juárez, atravesando la sierra Cerro de La Silla; llegó a Allende, se dirigió a La Estanzuela y asesinó a tres jóvenes.

Además, aunque todavía no oscurecía, los ejecutores dispararon contra un transformador eléctrico, lo que privó de energía al sector y afectó a unas 3 mil 500 familias de la colonia Fomerrey 45.

Minutos después iniciaron los bloqueos de vialidades en toda la zona metropolitana, justo a partir de La Estanzuela, frente al C-5, que es el centro de inteligencia policiaco de Nuevo León; lo mismo que ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la correspondiente municipal y la alcaldía de Monterrey…

Los bloqueos duraron más de tres horas, y aún en la media noche, cinco horas después de iniciados, algunos sectores seguían reportando vialidades obstruidas. Las televisoras y el diario El Norte informaron que hubo entre 39 y 52 bloqueos, aunque para las autoridades no pasaron de 20.

Una característica de esta toma de vialidades fue que se hizo a punta de armas largas, mientras que las anteriores habían sido ejecutadas por gente con apariencia de pandilleros que portaban palos, tubos, armas blancas o cuando mucho pistolas.

La reacción policiaca fue tardía y Santiago, ubicado en el extremo sur de la zona metropolitana, quedó aislado, solo. Fue como a la media noche cuando un comando, con uniformes y vehículos clonados de la extinta Policía Judicial Federal, llegó a la casa del presidente municipal Edelmiro Cavazos y lo raptó.

Aun después del levantón del alcalde Cavazos, la desprotección de la zona se hizo patente con una ejecución, en La Estanzuela, la tarde del lunes, en tanto que, por la noche, tres hombres fueron decapitados en Los Ramones, municipio rural ubicado rumbo a Reynosa, Tamaulipas. Los autores del hecho dejaron un mensaje: “Para que miren lo que sienten ojetez (sic)”.

Los granadazos, ya frecuentes en la región, se dirigieron el 17 de agosto a la Imprenta RCP, S.A. de C.V., en Santa Catarina, y a una gasolinera en Apodaca, aunque no detonaron.

Con reportes de múltiples balaceras a las que jamás llegaron los cuerpos de seguridad, los habitantes de la metrópoli se mantuvieron en la indefensión.

El camino de Santiago

Santiago se ha convertido en un lugar de frecuentes operaciones criminales. Su cabecera municipal, un esplendido caserío representativo de la arquitectura norestense, se ubica en un valle amurallado por la Sierra de Santiago y la Sierra Cerro de La Silla, cordilleras de la Sierra Madre Oriental.

Con vegetación abundante, a 30 kilómetros de Monterrey, Santiago es destino de miles de familias que acuden a la presa de La Boca, el tianguis Los Cavazos, los balnearios de El Cercado, la cascada Cola de Caballo, o a sus imponentes acantilados, desde los que pueden observarse enormes cabañas y fincas campestres, elegantes fraccionamientos enclavados en cañones, sólo accesibles para millonarios.

Ahí, las operaciones criminales datan de mucho tiempo atrás… y también la implicación de la clase política en ellas. En su libro El cártel de Sinaloa, Diego Enrique Osorno describe la inauguración de un restaurante propiedad del cártel de Juárez llamado “El Paraíso de El Señor de los Cielos”, al que acudían Fernando Canales Clariond y otros políticos.

Ahí, en Santiago, fue donde aparecieron los primeros decapitados de la entidad en 2005. Hace menos de un año, el secretario de Seguridad Pública y Vialidad del municipio, Francisco Javier Villarreal, fue detenido y hoy se halla confeso de haber recibido dinero del hampa.

Pese a las recurrentes ejecuciones y tiroteos que aquí se presentan, no existe la protección policiaca adecuada.

No obstante las detenciones, ejecuciones, desapariciones, heridas de bala y renuncias que se produjeron, el día que fue encontrado el cuerpo de Edelmiro Cavazos había dos uniformados para todo el municipio, que tiene una población dispersa de unos 40 mil habitantes y recibe cada semana decenas de miles de paseantes.

El cuerpo de Cavazos fue hallado en la carretera interestatal Cola de Caballo-Los Lirios, una zona boscosa que conecta a Nuevo León con Coahuila, a la altura de la famosa cascada. A diferencia de la mayoría de los asesinatos y ejecuciones, el cuerpo no estuvo francamente a la vista de cualquiera y el acordonamiento se colocó a unos 500 metros, con custodia de policías ministeriales y soldados.

Sólo pudieron entrar al área el gobernador Rodrigo Medina, el procurador Alejandro Garza y los mandos militares que coordinaron el resguardo. Según el procurador Garza, Cavazos Leal recibió tres balazos, y fuentes policiacas afirmaron que estaba maniatado, con huellas de tortura, llevaba pantalón de mezclilla y camisa blanca; como mortaja, una bandera con el logotipo del PAN.

Hasta el cierre de la presente edición, ninguna autoridad había esclarecido las causas del crimen, aunque el viernes 20 por la mañana la Procuraduría de Justicia presentó a seis presuntos implicados, aparentemente “halcones” que protegieron el ingreso y salida del comando en su operativo.

La ejecución de Edelmiro Cavazos no es en la entidad la primera de un funcionario público. El 5 de septiembre de 2006, en San Pedro Garza García fue asesinado Marcelo Garza y Garza, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), hermano de Alejandro, el actual procurador. Además, el 23 de noviembre de 2006 el regidor panista de Santa Catarina, Santiago Rodríguez, fue acribillado y dos regidoras resultaron heridas de bala.

El 12 de junio de 2007 fue asesinado, frente al Palacio Municipal de Monterrey, el diputado local priista Mario César Ríos Gutiérrez. El 21 de enero de 2008, Ernesto Palacios López, juez penal del estado, fue ejecutado a tiros tras haber juzgado a un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa, al que se atribuye el asesinato de Marcelo Garza.

Además, de 2006 a la fecha han sido asesinados los jefes policiacos de Sabinas Hidalgo, San Pedro Garza García, Linares, Santa Catarina, García y Agualeguas. Sobre ninguno de esos casos las investigaciones han ofrecido resultados claros.

Los granadazos

Como ocurre con los crímenes de políticos y funcionarios públicos, Nuevo León ya tiene un largo registro de uso de granadas. El domingo fue el segundo ataque a Televisa y el tercero a medios de comunicación, pues el pasado 9 de julio se arrojó una granada a Multimedios, que no detonó.

El 6 de enero de 2009 una granada detonó causando daños en el portón y la barda de uno de los accesos a la empresa, propiedad de Eugenio Azcárraga, y cuyo manejo es independiente, desde su origen y hasta ahora, de la cadena Televisa, propiedad de su primo Emilio Azcárraga Jean.

El 25 de julio un edificio de operaciones técnicas de Televisa fue rafagueada en Torreón, y el pasado 14 de agosto las instalaciones de Televisa Matamoros recibieron también dos granadas disparadas desde un fusil de asalto.

Con granadas han sido atacadas las instalaciones policiacas de cinco municipios y, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Nuevo León es una de las entidades donde los militares enfrentan más ataques con artefactos explosivos, junto con Tamaulipas.

Con granadas que no explotan han sido atacadas sucursales de Seven Eleven, gasolineras y una sucursal bancaria HSBC, de noche, en esta zona sin ley.

En cuanto a los bloqueos –que tienen un año y medio realizándose en Monterrey y que han evolucionado constantemente desde el 19 de enero de 2009, cuando un grupo de embozados bloqueó por una hora la calle Washington en protesta por la presencia militar–, los más recientes ocasionaron 22 detenidos que de inmediato fueron liberados por falta de pruebas.

Con todo, la comunidad empresarial se había mantenido al margen del fenómeno, salvo por la aparición de José Antonio Fernández Carvajal, en una marcha en memoria de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, acribillados en marzo.

Desde octubre de 2008, cuando Ricardo González Sada, entonces presidente nacional de Coparmex, dijo que “Calderón se aventó a su guerra como El Borras”, las expresiones de la comunidad empresarial habían sido tímidas y esperanzadas.

En marzo, los potentados empresarios regiomontanos sostuvieron reuniones con altos funcionarios de la Sedena, luego de una comida en la que se mostraron despectivos con Felipe Calderón, quien asistió a una cumbre de negocios.

Los magnates repetían en corto lo que los militares les habían dicho: “la delincuencia tocó fondo”, y no fue sino hasta en estos días, con la violencia desatada, cuando exigieron mayor presencia militar a través de sus cámaras y organismos empresariales y ciudadanos.

Y no es para menos, ya que, como remate de la ola de violencia en una semana, la tarde del viernes 20 de agosto se produjo otro enfrentamiento en el exterior del Colegio Americano, uno de los más exclusivos de la entidad, entre pistoleros y guardias de la empresa FEMSA.

De inmediato, cundieron versiones de que se trató de un intento de secuestro de un miembro del clan Garza Sada, inclusive en portales, hasta que la empresa desmintió dicha especie.

Ante todo lo ocurrido, la organización civil Cadhac y su coordinadora, Consuelo Morales, señalaron que en Nuevo León el ciudadano común ya no sabe si el retén que le espera en la esquina es un operativo municipal que busca generar entradas económicas mediante corrupción, si es una estrategia federal o militar para detener a algunos y aparentar que se avanza o si se trata de un grupo armado ilegal que puede secuestrarlo a uno.

Y remataron: “La violencia sólo se puede detener acabando con la corrupción, la ilegalidad y la impunidad. De nada sirve contar con más federales o con más elementos de las fuerzas armadas, si éstos en vez de hacer cumplir la ley vienen a violarla, si en lugar de protegernos nos disparan”.

Cada día se integran más mujeres a las mafias

R. Gallegos/ B. Gaytán
El Diario

Empujadas principalmente por el desempleo, así como por presiones de su novio o pareja, e incluso por la impunidad, las mujeres han tomado una mayor participación en el crimen organizado, advierten autoridades.

Y aunque la mayoría son usadas como ‘burras’, es decir, para trasladar droga de un punto a otro, así como para traficar armas y dinero, algunas de ellas también actúan como pistoleras a sueldo e incluso son quienes encabezan algunas células delictivas.

Viven en la ilegalidad por la falta de oportunidades laborales, pero también deslumbradas por el estilo de vida de los narcotraficantes, destaca un análisis de diversas autoridades que analizan el fenómeno.

“La tentadora oportunidad de tener recursos económicos para subsistir y por otra hacer lo que les piden sus parejas para que no las dejen, ha aumentado su participación en el narcotráfico”, asegura Claudia Salas Rodríguez, del Instituto Nacional de la Mujer (Inmujer).

La funcionaria estuvo recientemente en la ciudad para conocer las condiciones que han provocado un repunte en el homicidio de féminas en esta ciudad y para buscar acciones que detengan estos atentados.

Cuestionada sobre esta situación, afirma que indudablemente se debe a una mayor participación de las mujeres en esta ciudad en actividades criminales.

Su percepción descansa en las cifras aportadas por la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte que establecen que el 90 por ciento de los casos de crímenes de mujeres registrados durante este año está relacionado con la delincuencia organizada y el resto (sólo el 10 por ciento) son casos que tienen que ver con la violencia de género o intrafamiliar.

“Ahorita la problemática de los homicidios de las mujeres está relacionada con la delincuencia organizada. Muchas han muerto a manos de grupos del crimen organizado”, advirtió recientemente la procuradora Patricia González Rodríguez.

Precisó que aunque algunas de ellas no participan directamente en el narco, son víctimas indirectas de la delincuencia organizada porque en ocasiones son sus parejas quienes están vinculadas a actividades criminales.

Sin embargo, además de las cifras de los homicidios está el índice de la población femenina en las cárceles del país, que aumentó un 400 por ciento en el último año por delitos relacionados con narcotráfico o delincuencia organizada, dijo la funcionaria de Inmujer.

“De cada 10 mujeres que están en los reclusorios, 8 de ellas traficaban por que su pareja se los pidió, las puso o usó como burras o burreras”, indicó Salas Rodríguez.

Comentó que ante la problemática, actualmente trabajan en el diseño de una campaña que esperan lanzar en noviembre próximo, principalmente en las zonas fronterizas, en la que el mensaje se advierte a las mujeres que “el amor puede salirles caro: les puede costar la vida o su libertad”.

Se quiere exhibir cuánto puede costarle a una mujer obedecer o seguir indicaciones de su pareja para que trasporte droga o sea conexión entre dos puntos de referencia, explicó la funcionaria.

Las autoridades gubernamentales atribuyen el aumento en la criminalidad femenina, principalmente en delitos del fuero federal, a que las mujeres son menos susceptibles a revisiones corporales y vehiculares, lo que es aprovechado por los narcotraficantes para manipularlas o engañarlas a que transporten droga.

Ganan terreno

De acuerdo con un video de las declaraciones ante el Ministerio Público de Rogelio Amaya Martínez, juarense presunto integrante de “La línea”, decenas de mujeres de entre 18 y 25 años empezaron hace unos dos meses a trabajar de lleno como homicidas al servicio del crimen organizado.

En una de las preguntas realizadas por los agentes al detenido, éste respondió que las mujeres son “sicarias” que se integran a los “comandos armados” y que, al igual que los hombres, son ahora de las que se bajan de los vehículos a “hacer el trabajo”.

Sin embargo pese a ese incremento de mujeres en las filas de la delincuencia y en especial del sicariato, son pocas las féminas arrestadas por la comisión de delitos relacionados con su quehacer.

Por el delito de homicidio, por ejemplo, sólo hay recluidas en el Cereso local tres mujeres, en tanto que por delincuencia organizada es una, según estadísticas proporcionadas por el departamento de Comunicación Social del penal.

Por delitos contra la salud están siendo procesadas 35 mujeres y 53 más ya fueron sentenciadas, en tanto que por el delito de portacion de arma de fuego sin licencia están siendo procesadas 4 y 2 más ya fueron sentenciadas, de acuerdo al reporte.

En los últimos años se ha visto también que creció la cifra de mujeres asesinadas, hecho que las autoridades han atribuido a su vinculación con el narcotráfico.

Sólo en los primeros ocho meses de este 2010 se rebasó la cifra total de asesinatos de mujeres de todo el año pasado.

Hasta el pasado 17 de agosto sumaron 169 feminicidios, mientras que durante todo el 2009 la cifra fue de 164 y en el 2008 se dieron 87.

Las estadísticas oficiales establecen que el 90 por ciento de los casos de crímenes de mujeres está relacionado a la delincuencia organizada y el resto, a la violencia de género o familiar.

En los más recientes asesinatos en los que comandos armados intervinieron se encontró que ambas víctimas no rebasaban los 25 años.

El archivo periodístico precisa que en enero de 2010 ocurrieron 16 asesinatos contra el género femenino; 9 en febrero; 28 en marzo; 15 en abril y 17 en mayo, mientras que junio cerró con 29 víctimas; julio con 25 casos y 29 en lo que va de agosto.

Los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) precisan que han sido asesinadas 846 mujeres desde 1993 a la fecha, cuando empezaron a documentarse las muertes de personas del sexo femenino.

El seguimiento periodístico que se lleva de los homicidios dolosos cometidos contra mujeres, indica que del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tenían cuantificados 427 crímenes, mientras que el 2008 cerró con un total de 87 casos, el 2009 con 164 y hasta ayer se habían cometido 168 asesinatos contra el género femenino.