¿Quién le tiene miedo a Lula? .- Emir Sader

Lula fue tratado, en su breve salida para ir al funeral de su nieto, como la persona más peligrosa de Brasil. Con el más grande aparato militar que alguien tuvo para un ceremonial como un entierro. Fue cercado por centenares de policías, por docenas de patrullas, por helicópteros y por ametralladoras.

La salida de Lula fue tratada como una operación de guerra. ¿Guerra de quién contra quién? Lula inspira tanto miedo, ¿en quién?, ¿quién tiene miedo a Lula?

Como se pudo ver en esa salida de Lula, no es el pueblo que tiene miedo a Lula. No es el pueblo que amenaza la seguridad de Lula.

Por la operación militar alrededor de él, se trataba de impedir que Lula fuera abrazado por el pueblo. El fantasma en la cabeza de los chacales que lo mantienen preso es el de que Lula quedara libre, en manos del pueblo. Después de la monstruosa operación para procesar, aprehender, condenar a Lula, impedir que él fuera elegido presidente de Brasil en primera vuelta y estuviera en este momento, gobernando al país, mueren de miedo de Lula libre.

Como dijo un militar, para justificar la injustificable presión sobre el Poder Judicial para que no concediera el habeas corpus a que Lula tiene derecho, el proceso saldría de control. Del control de los militares, que vuelven a asaltar al Estado, como lo hicieron en 1964, para destruir a la democracia brasileña, para impedir que la voluntad popular se expresara.

Lula representa la pérdida de control del proceso político de parte de los militares, representa la amenaza al proceso de militarización del Estado, de instauración de un nuevo tipo de dictadura en Brasil. Porque él ganaría las elecciones en primera vuelta, derrotando a Bolsonaro y a todos los candidatos juntos, desenmascarando a los liderazgos que la derecha intenta proyectar en el país, demostrando a quien el pueblo entregaría el país, para ser dirigido por quien el pueblo brasileño quiere, sería Lula.

Es entonces indispensable, para que Brasil sea desecho como país, como nación, para que los intereses de los trabajadores sean destruidos, para que las personas pierdan sus derechos, que Lula siga preso, aun sin ninguna prueba en su contra. Lula es víctima de la más grande farsa jurídica de la historia brasileña, que cambia el destino del país.

Tiene miedo de Lula quien tiene miedo de que el pueblo exprese su opinión de forma libre y democrática. Tiene miedo de Lula quien ha asaltado al Estado por medio de absurdos mecanismos de falsificación de la voluntad popular, de mentiras, de engaños, de montajes monstruosos de imágenes forjados por mentalidades enfermizas.

Tiene miedo de Lula él que no vive de su trabajo, sino del trabajo ajeno, de la especulación financiera, de las ganancias gigantescas de los bancos, que no invierten para crear bienes y empleos, sino para obtener más ganancias a expensas del endeuamiento ajeno. Tienen miedo de Lula los que tratan de imponer su opinión sobre la de la mayoría de la sociedad, por el monopolio de los medios, mediante el cual propagan diariamente mentiras –como la que Lula fue condenado con algun tipo de prueba–, para servir a las grandes fortunas que los financian.

Tienen miedo de Lula los que quieren jugar a latinoamericanos en contra de latinoamericanos, para imponer sus intereses de tumbar a gobiernos y apropiarse de las riquezas de nuestros países, como han hecho durante tanto tiempo, hasta que nos uniéramos, proceso en que Lula tuvo un rol esencial. Tienen miedo de que volvamos a unirnos y a resistir en contra de sus garras imperiales.

Tienen miedo a Lula los que no quedan contentos, sino que se sienten amenazados cuando la gran mayoría de los brasileños, antes excluidos, han pasado a contar con derechos básicos. Tienen miedo los que creen que Brasil es suyo, que deben tratar a los que divergen como enemigos y no como adversarios, que deben ser eliminados.

Tienen miedo a Lula los que temen que el más importante líder político de la historia de Brasil, que la mejor persona con que los brasileños cuentan, pueda hablar y oir al pueblo de nuevo, pueda estar en medio de pueblo, pueda volver a estar en los brazos de los que quieren protegerlo, de los que se sienten protegidos por él.

El miedo a Lula es el miedo al pueblo, el miedo a la democracia, el miedo a un país digno y soberano. ¿Quién más puede temer de alguien que hizo el mejor gobierno que el país jamás tuvo? ¿Qué concluyó su mandato con 80 por ciento de referencias negativas en los medios, pero con 87 por ciento de apoyo?

¿Quién puede tener miedo de que Brasil vuelva a tener un gobierno como aquel? Tienen miedo a Lula los que promueven la destrucción del país, besando a la bandera estadunidense y prestando el continente a un dirigente del gobierno de Estados Unidos. Quien gobierna para los ricos, para los banqueros, para los intereses de otros países, a expensas de la miseria del pueblo brasileño, de la destrucción del país.

Por todo ello Lula es tan querido por la gran mayoría de los brasileños, que querían que él estuviera ahora comandando el proceso de reconstrucción de Brasil y no preso por los chacales armados hasta los dientes, portando distintivo de la Swap, como fue el caso del que aparecía en las fotos al lado de Lula.

Lula estuvo cercado todo el tiempo por ese tipo de gente, para impedir que el pueblo lo rescatara y le hiciera recuperar su libertad, o repusiera en su lugar de hombre libre, que hizo a los brasileños más libres y más solidarios. Del mejor ser humano que Brasil ha producido, que está detenido, mientras el peor de los brasileños, que debiera estar detenido, está usurpando la presidencia del país.

Ellos tienen miedo a Lula, con razón. Porque Lula libre representaría riesgos para sus privilegios, para sus engaños, para su oscurantismo, para sus prejuicios y su violencia.

El pueblo brasileño no tiene miedo a Lula. Al contrario, lo ama como la persona más importante de sus vidas. Y lo quiere de nuevo dirigiendo a Brasil.

La vida cotidiana en Venezuela, lejos de una crisis humanitaria

Sin precariedad, el populoso barrio 23 de enero

▲ Absurdo hablar de crisis para quienes recuerdan la pobreza antes de Chávez, dicen habitantes del barrio 23 de Enero.Foto Luis Hernández

Luis Hernández Navarro

Enviado

Periódico La Jornada
Sábado 9 de febrero de 2019, p. 20

Caracas. Otra vez, la supuesta crisis humanitaria en Venezuela está en el centro del conflicto político. El día de ayer, desde un lado del cuadrilátero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa, mostró de qué lado masca la iguana y deslizó la posibilidad de una incursión militar en Venezuela, con el pretexto de brindar ayuda humanitaria. Y desde el otro, el presidente Nicolás Maduro denunció esa asistencia como un show para justificar una intervención extranjera en su país.

Entrevistado por la agencia Afp, Guaidó, quien con el auspicio de Washington se autoproclamó presidente encargado en un mitin, no descartó autorizar una intervención militar de Estados Unidos o una fuerza extranjera en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro.

Guaidó justificó la invasión con el argumento de que hará todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños o pacientes por falta de medicinas.

El conferencia de prensa, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que su gobierno “no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque no somos mendigos de nadie” y emplazó a la comunidad internacional a desbloquear los casi 10 mil millones de dólares que fueron secuestrados al gobierno constitucional.

Afirmó que en Venezuela no existe ninguna crisis humanitaria y que ésta es fabricada desde Estados Unidos para justificar la invasión. Si quieren ayudar a Venezuela, liberen el dinero que nos tienen bloqueado. Es un juego macabro, reclamó.

“Les apretamos por el cuello y les hacemos pedir migajas, perdón. Les robamos el dinero y después les ofrecemos papel toilet, como le lanzó Donald Trump al pueblo de Puerto Rico.”

Añadió que, en caso de que Estados Unidos envíe soldados a la frontera colombiana, no caerá en provocaciones. “Ante la provocación, calma y cordura (…) Si vienen tropas estadounidenses a Colombia, que se queden en Colombia”, dijo. Pero –alertó– hay que cuidar a las mujeres y niñas colombianas de las violaciones de los soldados estadunidenses.

El país no es una Somalia latinoamericana

En las calles y en las casas de Caracas la vida sigue su curso. Al despuntar el alba, las autovías se congestionan con los vehículos de quienes se dirigen al trabajo. Sorteando automóviles, innumerables motociclistas avanzan imparables rumbo a su destino. En las horas pico, el Metro se atiborra de pasajeros.

En las calles del centro se ponen mercados sobre ruedas o tianguis a vender alimentos. En miles de escuelas públicas los niños reciben sus desayunos gratuitamente. Decenas de areperías y expendios de comida rápida, incluido McDonald’s, tienen sus puertas abiertas. Los elegantes restaurantes del barrio de Las Mercedes están llenos de comensales, que estacionan sus autos de lujo en las calles aledañas. Las plazas comerciales en áreas ricas en la zona este siguen siendo lugares de consumo, reunión y esparcimiento de las familias acomodadas.

Cada mes, por conducto de los más de 32 mil comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), se distribuyen toneladas de alimentos a los sectores populares a precios subsidiados. Su entrega no está condicionada a ninguna afiliación política. Los comités son una forma de organización popular que, junto al Ministerio de Alimentación, se encarga de entregar productos de primera necesidad casa por casa. Las familias tienen acceso por esta vía a arroz, lentejas, frijoles, aceite, atún, harina de maíz, azúcar y leche. Cerca de 11 mil CLAP reparten comida y artículos de higiene personal.

Esa realidad, no tiene nada que ver con la imagen de Venezuela como una Somalia latinoamericana o una réplica de Haití que los opositores al gobierno de Nicolás Maduro quieren difundir.

¿Hay crisis humanitaria en Venezuela como dice la oposición? No, ni remotamente la hay. Una crisis humanitaria es una situación de emergencia en que se ven amenazadas la vida, salud, seguridad o bienestar de una comunidad o grupo de personas en un país o región. Y en Venezuela la vida sigue su curso.

No hay nada que justifique lo quieren hacer la administración de Donald Trump y Juan Guiadó, una intervención humanitaria de otras naciones.

Pero que no haya crisis humanitaria no quiere decir que no existan problemas. Por supuesto que los hay. La hiperinflación devora los ingresos. Los precios están desfasados de los salarios. Hay dificultad en encontrar dinero en efectivo. Escasean medicinas. Hay desabasto de productos de higiene personal. Pero, simultáneamente, hay una red de protección social que amortigua en parte estas carencias.

Venezuela ha sido, desde hace décadas, un país petrolizado. La caída de los precios del oro negro desde 2014 ha sido veneno para sus finanzas. Y la guerra económica y el bloqueo han agravado la situación. El ataque contra la moneda local no cesa. Se han congelado e incautado activos financieros y cuentas de Venezuela en el sistema financiero estadunidense. Se han bloqueado las cuentas de la petrolera venezolana PDVSA.

La ofensiva económica comenzó a agravarse en marzo de 2015, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto ejecutivo que colocó a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. Desde entonces la administración de Donald Trump no ha hecho más que endurecer las sanciones.

Pobreza, la de antes de Hugo Chávez

Para los millones de pobres que padecieron hambre, escasez y persecución antes del triunfo de Hugo Chávez, decir que hoy se vive una crisis humanitaria es, por lo menos, absurdo. En perspectiva, las dificultades que hoy viven, son apenas nada en comparación con la precariedad que vivieron hasta 1998.

Juan Contreras, integrante de la Coordinadora Simón Bolívar y poblador del barrio 23 de Enero, una emblemática urbanización popular al oeste de Caracas, en la que viven más de 77 mil personas, pone las cosas en su lugar.

“Para nosotros los pata de abajo –dice para La Jornada– hay que poner un punto de comparación. Durante más de 40 años, entre el 58 y el 98, habían 2 centros de salud en el 23 de Enero. Hoy, después de más de 20 años de proceso bolivariano, entre 98 y 2019, hay 35 ambulatorios nuevos, más los dos que estaban, además de tres centros de rehabilitación integral. Hoy, en cada rincón del país hay un ambulatorio.

“Así con la educación. Las escuelas que eran media mañana o media tarde, hoy están como escuelas de turno completo. Hay educación integral. Hay desayunos y almuerzos para los niños. En estos 20 años hay 42 nuevas universidades en el país.

“Ahí está la muestra de cómo ha ido cambiando para la gente. Antes, por hacer un mural o por pensar diferente, te perseguían en el barrio, te allanaban la casa, te torturaban. Hoy no se persigue a nadie ni se tortura a nadie en el barrio por pensar diferente.

“Así, poco a poco ha ido cambiando el 23 de Enero. Educación, salud, vivienda, educación, trabajo y recreación. Lo que necesita cualquier ser humano en cualquier parte del mundo para vivir bien. Muchos de nuestros muchachos tienen asegurado un trabajo. La vida en el barrio ha cambiado de la persecución que vivíamos en el pasado a como hoy: libremente se practica el deporte, se crean grupos culturales, se organiza, se participa. Tenemos cuatro radios comunitarias. Nuestra calidad de vida se ha elevado en estos 20 años.

“El servicio de agua es permanente. Antes había pelea, lucha. Hoy sigue habiendo mucha dificultad, pero no se mata ni se reprime a nadie cuando protesta por el agua.

Los que no teníamos rostro hemos insurgido. A todo esto le tienen miedo los gringos. Vienen por nuestras reservas energéticas. Hemos vivido aquí, a veces con molestia, a veces con dudas, pero tenemos dignidad y vamos a seguir adelante con nuestra revolución bolivariana.

Vicente Fox: Padre de la corrupción en el siglo XXI

ABC de la intervención .- monosapiens

En Cuba no tenemos femicidios y eso es efecto de la Revolución

Lucía Álvarez

Mariela Castro es hija del primer mandatario cubano Raúl Castro y es también la principal promotora de la sanción de una ley de matrimonio igualitario para la isla. Desde el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) que dirige hace 15 años impulsó una reforma en la ley de trabajo para quitar la “discriminación por orientación sexual” y fue responsable de una política efectiva para la prevención del VIH.

En diálogo con Tiempo, Castro relató el proceso de cambio y precisó: “Hablamos de una ley de igualdad de oportunidades, porque la palabra matrimonio todavía genera muchas emociones.”

¿En qué consiste su modelo de educación sexual?

La sexualidad estuvo desde siempre marcada por relaciones de poder y por ideas, leyes, doctrinas basadas en esas relaciones. No siempre ha estado claro cómo cambiar ese modelo, ahora  por suerte lo está cada vez más. Nuestro enfoque de la educación sexual busca mostrar cómo se fue creando esa diferencia en detrimento de otras identidades de género y  sexuales.

¿La categoría clase social sigue siendo el principio ordenador?

No es la única, pero es clave. Porque no la pasa igual un hombre gay pobre, que uno rico; un transgénero migrante y uno blanco. En la formación que hacemos con activistas trabajamos esos entrecruzamientos y fomentamos la solidaridad. Por ejemplo, con los activistas LGBT trabajamos para que no centren en sí mismos, que no se sitúen como únicas víctimas, fomentamos que articule con otras causas justas y con toda la sociedad cubana. No tiene sentido aislarse, segregarse.

La Revolución era muy conservadora en estos temas, ¿cómo lograron transformar ese rasgo?

A mí me gusta hablar de este tema, no me resulta incómodo, al contrario, me permite explicar nuestro punto de vista y reconocer lo que hay que reconocer. Todo el mundo quería que la primera revolución de América Latina fuera perfecta. Pero no es posible. Los pueblos que quieran hacer revoluciones lo entenderán. No se puede saberlo todo, se cometen errores. Mi papá siempre me decía: “Fue un salto al abismo. Queríamos hacer justicia, pero no sabíamos cómo se hacía”.

No sabíamos cómo gobernar revolucionariamente, porque no es lo mismo que ser revolucionario. Es una generación que ha hecho un gran esfuerzo, le merecemos un respeto que no podemos obviar. Porque lo nuevo y lo renovador cree que siempre tiene las mejores respuestas, pero las ideas biologicistas o patologizadoras también fueron vanguardia.

No sabíamos cómo gobernar revolucionariamente,
porque no es lo mismo que ser revolucionario.

¿Este cambio implicó una renovación?

Claro. El día que la revolución deje de renovarse ya no va a ser una revolución. En estos temas se trabajaba para la renovación pero no se lograba porque no teníamos todas las herramientas, tuvimos que indagar, estudiar y reflexionar mucho.

¿Cuáles eran los principales obstáculos?

Los prejuicios que aprendimos de nuestros ancestros españoles, y africanos también, y que estaban en el mundo entero. Esos prejuicios no ayudaban a que se defina una política clara. Se proponían reflexiones, pero no propuestas.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en la isla hoy?

La cosa buena es que las mujeres estamos organizadas, y eso da mucha fuerza. Hay muchas campañas, programas de televisión, de radio, espacios científicos. Se ha trabajado en el empoderamiento y hoy somos el tercer o cuarto país con mayor presencia de mujeres en el parlamento, hay mayor número de graduadas universitarias mujeres, hay paridad salarial desde 1959. Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la revolución.

¿Y la prostitución?

No la consideramos trabajo, porque en Cuba hay otras alternativas, pero al que se persigue es al proxeneta. Hay muchas cosas que inciden y hay que tratarlas cuidadosamente para no estigmatizar.

*Por Lucía Álvarez para Resumen Latinoamericano.

“¡Asesina!”, gritan a legisladora de Morena que votó por penalizar aborto en NL

MONTERREY, N.L., (apro).- “¡Asesina!”, le gritaron activistas a la legisladora de Morena, Cecilia Alonso Rodríguez que, minutos antes, en el salón de sesiones del Congreso de Nuevo León, había votado a favor de modificar la Constitución local para condenar el aborto.

La legisladora tuvo que ser escoltada por policías estatales de Fuerza Civil y guardias de la sede legislativa cuando salió del recinto y se dirigió a los elevadores, para enfilar a su oficina.

Pero no tuvo un trayecto tranquilo.

Cuando estaba por subir al ascensor, las personas que se pronunciaban en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, la acosaron con gritos de reclamo, por haber votado por la adición de un párrafo al primer artículo de la Constitución nuevoleonesa, en el que se le da derechos al embrión desde el momento de la fecundación.

Minutos antes, en el pleno, la diputada de Morena había argumentado una encendida defensa a favor de la vida. Incluso reveló que hace 18 años había decidido iniciar su vida sexual activa y como producto de su relación ya tenía un hijo de 17 años.

Y pidió a las mujeres ser responsables de sus actos y de su conducta, incluso si deciden tener relaciones sin condón porque, como dijo que dicen, “así se siente más rico”.

Mientras ella y otros diputados defendían la vida desde el inicio de la concepción, en el graderío del Congreso estaban divididos, por un lado, los que estaban a favor del aborto y en el otro los que estaban en contra.

El presidente de la mesa directiva de la Legislatura, el tricolor Marco González tuvo que llamar al orden y amenazar con suspender la sesión, debido a que los presentes se encendían y lanzaban improperios a los diputados que se turnaban para expresar sus posturas, mayoritariamente en contra de la interrupción del embarazo.

A Alonso Rodríguez se la cobraron al final de la sesión. Las mujeres la siguieron por un pasillo exterior del recinto legislativo y la acorralaron en el elevador donde ella intentaba infructuosamente cerrar la puerta. Tuvo que soportar que le gritaran: ¡Asesina! y ¡traidora!, por votar a favor de que se le dieran derechos al embrión lo que penaliza el aborto.

Un uniformado separaba a los manifestantes, que le gritaban con tono agresivo, hasta que llegaron refuerzos que, a empujones, desalojaron el espacio en torno a la puerta y permitieron que el ascensor se clausurara y la diputada escapara de las expresiones de repudio.

Los 15 columnistas recibieron dinero hasta como “asesores de imagen”: Jesús Ramírez

 ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA

El vocero del presidente López Obrador reafirma que 15 columnistas cobraron de manera individual cientos de millones de pesos. Señala que los pagos no sólo fueron por “publicidad”, sino por “asesorías de imagen” y “menciones” favorables al gobierno peñista en columnas y noticieros, entre otros servicios. Asegura contar con los contratos que avalan sus dichos pero reconoce que los registros están incompletos, pues muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno.

“Yo tengo listas de esos periodistas, columnistas”, señala Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social del gobierno de México y vocero de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Ésa es su respuesta al cuestionamiento sobre la veracidad de una declaración suya que ha causado revuelo en los últimos días: que durante el sexenio pasado 15 periodistas recibieron alrededor del 25 por ciento del total del presupuesto de comunicación del gobierno anterior, es decir, que fueron beneficiados con unos 15 mil millones de pesos.

—Pero, en números redondos, 1 mil millones de pesos a cada uno… ¿Más que a medios de comunicación? –se le cuestiona.

—Pues imagínate: si hay 10 de 30 millones, son 300 millones nada más ahí –responde con seguridad. Se recompone en su silla. Echa el cuerpo hacia delante.

—¿Pero hay alguno que de manera particular recibiera 1 mil millones? –se le insiste.

—No, no. Es un conjunto de periodistas o comentaristas y hasta directivos de periódicos que han recibido de manera directa, a su nombre, están los contratos a su nombre, como asesores de imagen, como asesores de información, incluso en campañas [publicitarias] –y que en conjunto recibieron el 25 por ciento de un presupuesto de 60 mil millones en 6 años, como declaró el pasado jueves 28 en una charla con estudiantes y profesores en su alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (https://bit.ly/2IXLWXz).

Saco oscuro, cabello peinado meticulosamente, de hablar pausado, acelera de pronto su discurso. Ejemplifica con la campaña informativa llevada a cabo por el gobierno de Enrique Peña Nieto para la protección de la vaquita marina.

“Lo que se gastó en la vaquita marina en publicidad es 20 veces mayor que lo que se invirtió realmente en protegerla. Hay muchos comentarios, notas, ‘infomerciales’ como se les llama, que están registrados no a nombre de la empresa [de medios de comunicación] sino de las personas: de los periodistas.”

Señala que en todo este sistema de pagos a 15 columnistas y directivos de medios participaron casi todas las secretarías de Estado y dependencias, como la Lotería Nacional.

La columna Oficio de papel reveló a principios de febrero los destinatarios de todo el gasto publicitario del sexenio de Enrique Peña Nieto [https://bit.ly/2XFF9oJ). Se detallan los montos para cada medio de comunicación y, en su caso, periodistas que recibieron recursos de manera individual para sus páginas de internet.

Se le hace ver a Jesús Ramírez que aunque, en efecto, hay columnistas a los que se les asignaron montos millonarios, ninguno se acerca remotamente a los 1 mil millones de manera individual. Tampoco hay registros de que algunos hayan recibido cientos de millones. Experiodista de La Jornada, de la agencias AP y Reuters, coautor junto con Carlos Monsiváis del libro Ciudad de México. Crónica de sus delegaciones, Ramírez Cuevas cita al columnista de El Universal y abogado de Televisa Javier Tejado Dondé. Fue, dice, quien dio primero el dato de que había esa cantidad (25 por ciento del presupuesto total) para los 15 periodistas. Pero “yo tengo listas de esos periodistas”, insiste.

Sobre si puede probar sus dichos, el egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señala con seguridad: “Hay muchos registros”.

Reconoce, sin embargo, que no hay documentación de todo. “También te debo decir que los tecnócratas del pasado no eran tan ordenados ni eran tan tecnócratas: en manejo de lo que era la corrupción no dejaron registro. No hay [archivo en formato] Excel; no hay un registro automatizado. Todo está en cajas de contratos individuales o de campañas, no están siquiera digitalizados [los archivos]”. Agrega que “hablamos de muchas cosas que no están registradas: menciones, impactos, entrevistas, todo está tasado. Cada teaser [formato publicitario que precede a una campaña publicitaria directa], tiempo aire, todo está tasado, y es imposible [determinarlo] porque eso no está en contratos.

Por ello, refiere, “ese recuento no es tan sencillo, porque se dejaron muchos huecos para no poder comprobar. Yo calculo que sí se pudieron haber llevado un equivalente a eso [15 mil millones de pesos]”.

—¿Quiénes son esos periodistas?

—No se trata de denunciar a nadie ni de levantar pruebas. Es un cálculo que hemos hecho en función de dos fuentes. Una es el comentario de Tejado Dondé, que sabe, y de la información que tenemos: la aparición de estos columnistas en todas las dependencias, que recibieron contratos de todas, incluso de organismos desconcentrados, de la Lotería Nacional, de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.

—¿Entonces es información de la que no hay registro?

—Hay un registro, claro que lo hay. Pero es un registro incompleto.

Sabe que sus declaraciones han inquietado los círculos de periodistas, los ambientes en los medios de comunicación y, particularmente, los entornos de los columnistas que se han identificado ideológicamente con los gobiernos anteriores, así como de un sector social que ha exigido conocer los nombres y los montos que recibieron. Pero no se arredra. “Todos los cambios, cuando son de a de veras, duelen; y a unos les duelen más que a otros”, dice.

—Nombres –se le insiste.

—…No –arquea las cejas, lleva la mirada al techo del Salón Tesorería del Palacio Nacional, recinto en el que cada mañana el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador da su conferencia con la prensa–. No te puedo decir. Son del dominio público.

En los registros oficiales que posee Oficio de Papel (https://bit.ly/2ERN1Mu) aparecen 14 periodistas beneficiarios de publicidad gubernamental con montos muy inferiores a los señalados por Jesús Ramírez: Óscar Mario Beteta (77 millones 711.8 mil pesos); Joaquín López Dóriga (59 millones 635 mil pesos); Raymundo Rivapalacio (30 millones 498 mil 350 pesos); Ricardo Alemán (28 millones 145 mil 160 pesos); Adela Micha (27 millones 15 mil 110 pesos); Pablo Hiriart (23 millones 198 mil 890 pesos); Jorge Fernández Menéndez (20 millones 536.7 mil pesos); José Cárdenas (15 millones 215 mil 950 pesos); Rafael Cardona (10 millones 737 mil 780 pesos); Francisco Garfias (8 millones 602 mil 810 pesos); Francisco Cárdenas (8 millones 187 mil 80 pesos); Salvador García Soto (5 millones 756 mil 300 pesos); Eduardo Ruiz Healy (4 millones 243 mil 80 pesos); Francisco Santiago (2 millones 75 mil pesos).

La oficina que encabeza Jesús Ramírez es la que concentra toda la política de comunicación de la llamada “cuarta transformación”. También es la responsable de la relación de todo el nuevo gobierno con la prensa. El ahora funcionario señala que heredó una estructura caracterizada por estos pagos discrecionales a determinados periodistas y un uso patrimonial del dinero público.

“Venimos de un uso patrimonialista y propagandístico de la publicidad gubernamental y de la relación con los medios”. Explica que la relación de poder y subordinación entre gobierno y medios era de dos sentidos: “La prensa estaba subordinada al poder político, es más, al presidente de la República. A veces hasta las portadas y los teasers, las entradas de los noticieros, estaban dictados por [la Secretaría de] Gobernación”. Pero también, y sobre todo en los últimos años, “los medios se empoderaron y sometieron a los políticos a su propia agenda y su propio interés”.

Agrega que “de estas dos vertientes del pasado surgió una relación perversa, económica, en la que se utilizó el dinero gubernamental para aceitar la maquinaria, buscar opiniones favorables [de los periodistas], información que le sirviera al gobierno para reducir la crítica. Por ejemplo, acallar todo el tema de seguridad. Durante el gobierno de Peña fue muy claro que el tema de seguridad se borró prácticamente en los primeros años; después ya no pudieron [mantenerlo fuera de la agenda] pero de todas maneras se mantenía en bajo perfil”.

De acuerdo con Jesús Ramírez, tal relación de medios-gobierno requería cada vez más de mayores recursos. “Heredamos una relación perversa entre los medios de comunicación y el gobierno; una situación en la que el gasto gubernamental en publicidad era completamente injustificable, un insulto para la población, para los mexicanos”.

Para el vocero presidencial, “lo que oficialmente” se destinaba a los medios ya era insultante: 10 mil millones de pesos al año, es decir, 60 mil millones en el sexenio, unos 3 mil millones de dólares. Pero “sabemos que hay mucho dinero que no está registrado” y los números reales son aún mayores.

Con estos recursos “se creó una burbuja económica en los medios de comunicación que privilegiaron su relación con el poder, su aquiescencia de ponerse de acuerdo y ser funcionales unos a otros”, en lugar de buscar construir audiencias, lectores, tener público. “En lugar de informar y atraer a la gente, lo que hicieron fue generar una agenda subordinada a los intereses del gobierno”.

Pero, explica Ramírez Cuevas, no funcionó esa estrategia: perdieron estrepitosamente las elecciones del 1 de julio pasado. Y es que no sólo perdieron los candidatos de los partidos Revolucionario Institucional, José Antonio Meade, y Acción Nacional, Ricardo Anaya, sino los medios y periodistas que apostaron a estos partidos. “Ya la sociedad no se deja engañar fácilmente. Puede ser víctima de noticias falsas, pero no de propaganda gubernamental como la que se dio de manera tan abusiva durante el gobierno de Peña”, considera.

Jesús Ramírez fue presentado por el propio López Obrador como parte de su equipo el 21 de agosto del año pasado. El entonces candidato triunfante dijo: “El coordinador de comunicación social va a tener una estrecha relación con ustedes [reporteros], atendiendo a periódicos, estaciones de radio, canales de televisión y todo lo que tiene que ver con las redes sociales”. Presidente electo en aquel tiempo, Andrés Manuel consideró destacar un dato para explicar el nombramiento de Ramírez Cuevas como su vocero: “Como mi pecho no es bodega, les comparto que conocí a Jesús porque me lo recomendó Carlos Monsiváis”.

Jesús Ramírez señala que su Coordinación General no sólo heredó una relación perversa entre medios y gobierno. También “heredamos la exigencia de transparentar las relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno; transparentar los recursos que se invierten en publicidad, y separar la agenda de los medios del poder político: que haya independencia de los medios respecto del poder político, pero también del poder político respecto de los medios de comunicación, que han dictado la agenda en muchos casos”.

Rechaza que sus declaraciones puedan entorpecer la relación entre medios y gobierno. Por el contrario, “estamos en una situación única en el sentido de que al revelarse estas relaciones perversas, al haber una exigencia democrática de la sociedad de transparentar estas relaciones, también es de exigencia para que el gobierno rinda cuentas, explique su acciones”.

Considera que hoy la ciudadanía le exige tanto al gobierno como a los medios. “La sociedad también demanda de los medios de comunicación el ejercicio libre y responsable de la información, para que la gente tenga nociones de qué está pasando, por qué suceden las cosas y qué opciones hay para opinar o para la solución de los problemas”. A su vez esto fortalece a la sociedad.

“Esa es la herencia que tenemos: una crisis de un modelo viejo, caduco, unilateral; casi, casi, de bocina: los medios de comunicación como reproductores del discurso del poder, que a su vez es un poder subordinado a los intereses económicos.”

Asegura que en materia de la relación entre la prensa y el gobierno ha iniciado una nueva etapa. Hasta el sexenio pasado “era un círculo vicioso que respondía a los mismos intereses: del gobierno y privados que estaban bajo la idea del contratismo, de todo este beneficio, de traslado de los bienes públicos al interés privado. Además, cuando las ligas entre las grandes corporaciones y los medios de comunicación son cada vez más delgadas”.

No más dinero público, de manera discrecional, a columnistas empoderados ni a medios amigosdel gobierno en turno. No más premios por debajo de la mesa ni contratos a periodistas “asesores de imagen”. Es lo que, asegura Jesús Ramírez, se acabó.

Zósimo Camacho/Primera de dos partes

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EXTORSIONADORES-Helguera

Es hora que Estados Unidos invada a Estados Unidos

CubaDebate

Bajo el amparo de la ‘ayuda humanitaria’ y la lucha por la ‘democracia’, los Estados Unidos han justificado decenas de intervenciones militares y políticas en el mundo durante el siglo XX y XXI. En su más reciente campaña se han centrado en Venezuela, como parte de una estrategia para menoscabar a gobiernos progresistas de la región.

Con una coordinada manipulación mediática, bloqueo económico y presión diplomática se ha tendido la ofensiva imperialista sobre la nación latinoamericana desde hace más de una década. Han tachado al gobierno venezolano como una ‘dictadura’, presentándolo como un ‘Estado fallido’ sumido en caos social, con altas tasas de pobreza, desnutrición, e inseguridad; argumentando que la causa es el modelo progresista y no factores exógenos como el bloqueo o desacreditación internacional.

Para Estados Unidos, y gran parte de Occidente, estos son causales suficientes para justificar una intervención política y diplomática, que incluso debería ser militar. Entonces si estos son detonantes para intervenir es momento que Estados Unidos, en defensa de los derechos humanos y la democracia, tome la iniciativa de invadir a su propio país.

La situación norteamericana es altamente preocupante y clasifica a la nación para ser un apto receptor de ‘ayuda humanitaria’ made in USA. Según un informe de Philip Alston, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la pobreza extrema y los derechos humanos se reveló que al 2018, 40 millones de personas en Estados Unidos viven en pobreza, 18.5 millones viven en extrema pobreza y más de cinco millones viven en condiciones de pobreza absoluta.

El país tiene la tasa más alta de pobreza juvenil en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y la tasa más alta de mortalidad infantil entre Estados comparables de este grupo. No es sorpresa que Alston calificó al país como la sociedad más desigual en el mundo desarrollado.

Como tampoco lo es que a Estados Unidos ya no se le pueda denominar como una nación del “primer mundo”. Según un estudio del Massachussets Institute of Technology (MIT), para la mayoría de sus ciudadanos, aproximadamente 80% de la población, Estados Unidos es una nación comparable al “tercer mundo”.

Para llegar a esta conclusión los economistas aplicaron el modelo de Arthur Lewis, ganador de premio Nobel de economía (1979), diseñado para comprender qué factores y cómo clasificar a un país en vías de desarrollo.

Según Peter Temin, coautor del estudio, Estados Unidos cumple con este modelo: es una economía dual (brecha incomparable entre una pequeña parte de la población y la gran mayoría) en la que el sector de bajos salarios tiene poca influencia sobre la política pública; un sector de altos ingresos mantiene los salarios bajos en el otro sector para proporcionar mano de obra barata; un control social que se usa para evitar que el sector de bajos salarios impugne las políticas que favorecen al sector de altos ingresos; altas tasas de encarcelamiento; políticas públicas de los sectores más ricos con el objetivo de reducir los impuestos para dicho grupo; y una sociedad donde la movilidad social y económica es baja.

Especialmente cuando uno de los argumentos principales para justificar las agresiones son el supuesto ‘bienestar’ y derechos humanos de los ciudadanos. Nuevamente los norteamericanos deberían ver primero la ‘viga en su propio ojo’.

Según un análisis trianual del Commonwealth Fund (2017), los Estados Unidos, por sexta ocasión consecutiva, se posesionan como el peor sistema de salud entre 11 naciones desarrolladas. Cuentan con el sistema de atención médica más caro del planeta, con un gasto anual de tres billones dólares, que ha resultado en uno de los países con mayor disparidad en accesos a saludo, basada en ingresos.

Mientras que la expectativa de vida en Estados Unidos disminuyó por tercer año consecutivo, situándose en 78.1 años. Un decrecimiento porcentual comparable al periodo de 1915 y 1918, en el que dicho país enfrentó una Guerra Mundial y la pandemia de influenza global. En comparación, Cuba, que forma parte de la ‘Troika de la Tiranía, según John Bolton (Consejero de Seguridad Nacional) tiene un expectativa de vida de 79,74 años al 2018.

Y en educación ni que hablar. Desde 1990 al 2016, Estados Unidos cayó del sexto lugar al vigésimo séptimo, situándose como uno de los peores sistemas educativos del mundo ‘desarrollado’. Con un gasto público que se redujo, entre 2010 y 2014 en 3%, mientras que economías desarrolladas la inversión crecía por sobre el 25%.

Un bienestar de vida deteriorado, un sistema de salud caro e inequitativo y una educación que no se compara con otras naciones desarrolladas. Si esto no es suficiente para que el gobierno norteamericano y el resto del Occidente decidan intervenir, entonces las constantes violaciones a los derechos humanos deben ser un causal para movilizar tropas a la frontera e iniciar bloqueos económicos.

Los Estados Unidos sistemáticamente han dirigido o influenciado intervenciones en América Latina y el resto de sur global. Las operaciones cubiertas, las guerras étnicas y las invasiones militares más recientes son una prueba de la ‘ licencia para matar ’ que se ha auto-concedido a este país.

Cárceles en donde se violan derechos humanos como Guantánamo y Abu Ghraib son solo ejemplos de esta realidad. Y figuras como Gina Haspel, quien estuvo directamente involucrada en el programa de tortura del gobierno estadounidense, ha subido a posiciones de poder mundial como directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Pero su transgresión más clara es la separación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano internacional encargado en velar que dichas violaciones no sucedan. Una decisión que vino días después de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos denunciara la práctica de la administración actual de separar forzosamente a niños migrantes de sus padres y encarcelarlos, en lo que solo pueden llamarse campos de concentración modernos.

A nivel interno se ha reducido la responsabilidad de la policía sobre el uso de fuerza excesiva, especialmente en comunidades negras y latinas. La matanza sistemática de hombres negros en Estados Unidos por esta fuerza del orden, según un estudio de la Universidad de Boston, refleja un racismo estructural subyacente en la sociedad norteamericana; que también se ve reflejado en un sistema de justicia parcializado en contra de las comunidades negras.

“Si la policía patrullara las áreas blancas como lo hacen en los barrios negros pobres, habría una revolución”, comenta Paul Butler, autor de ‘Chokehold: Policing Black men’, que relata lo que significa ser un hombre negro en Estados Unidos.

Estas violaciones de derechos humanos son la realidad diaria para minorías étnicas y grupos históricamente discriminados. Lo cual está acompañado del fortalecimiento de agrupaciones con tendencia fascista, que cuentan con el apoyo directo e indirecto del gobierno central y local en varios estados. Un preocupante escenario para millones de ciudadanos negros, latinos y de otras etnias.

Sin embargo, la falsa ‘preocupación’ por Venezuela, Libia, Siria, Iraq, Yemen, Afganistán, y Ucrania, solo en estas últimas dos décadas, ha guiado invasiones y agresiones en nombre del bienestar y los derechos humanos. Acciones que a su vez llevan escondido intereses ulteriores basados en un indicador en los que Estados Unidos, sí es número uno: el gasto militar.

Al 2019, este país cuenta con un presupuesto militar sobre los 680.000 millones de dólares, es decir más que los presupuestos sumados de las siete naciones que le siguen en la lista: China, Rusia, Arabia Saudita, India, Francia, Reino Unido y Japón.

Ni siquiera en libertad económica ( 12 en el mundo ) son líderes o crecimiento del PIB ( 147 de 224 países ); lo cual refleja una realidad. Estados Unidos es un imperio militar, su economía se basa en la guerra y ninguna acción realizada en nombre de la ‘ayuda humanitaria’ tiene coherencia cuando el interés de su gobierno es promover el caos para su beneficio.

Ante esta situación lo que el mundo está viviendo es la ‘patada de ahogado’ de una superpotencia en declive. Es por ello que con tanto esmero trata de aferrarse del último bastión de influencia que sigue siendo América Latina, ergo su fijación con Venezuela y otras naciones de la región. Ya que si de ayuda real se tratara, es hora que Estados Unidos seriamente analice intervenir, con la misma intensidad, en su propio país.

(Tomado de Rebelión)