martes, 16 de febrero de 2010
Astillero
Asesino solitario (de alianzas)
Responsable soy yo: G.M
FC, último en enterarse
Julio Hernández López
Fernando Gómez Mont pinta a Felipe Calderón como un personaje tan ausente, distante y mal informado en materia de política interior que habría sido el último en enterarse de los amoríos de su secretario de gobernación con el PRI y sus consecuencias abortadas.
En un extraño giro dado a su original postura de mantener “bajo reserva” los motivos de su malabarista renuncia a la militancia panista, pero no a la máxima silla de Bucareli, el secretario G.M. hizo ayer declaraciones no pedidas por nadie para precisar que la causa de su dimisión fueron las alianzas perreánicas y concretamente la de Oaxaca, pero que estas maniobras fueron realizadas nada más por él, un secretario aprontado que supuso que en su abanico de facultades estaba la de pretender influir en los asuntos internos de los partidos y condicionar candidaturas a gubernaturas a partir de consideraciones subjetivas como sería su enojo o indisposición porque Gabino Cué había sido un fiel denunciante de la condición espuria del licenciado Calderón y ahora pretendía erigirse en aspirante a la sucesión elitista bajo banderas comunes entre las que iría la del PAN.
Él solito habría hecho todo, según las palabras que por sí mismo soltó telefónicamente ayer a Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior (quien al final de la llamada hubo de preguntar al funcionario si lo platicado era publicable, pues la deposición fernandina había sido intempestiva y sin precisar si era para fines públicos o de mera precisión en privado). Secretario de gobernación con tanta iniciativa que hizo cambalaches de máximo nivel sin tomar en cuenta la opinión y decisión de su presunto jefe institucional, el ignorante (en esa materia) Felipe que hasta enero habría de conocer la verdad (¡Oh: de las producciones García Luna a las Telenovelas Gomón!), y que de pronto se encontró frente a hechos consumados a los que el sorprendido esposo de la señora Margarita ya no podía dar marcha atrás, preocupado –así lo dijo el afamado miembro de la cuadra jurídica del jefe Diego– por esas traiciones y enredos pero sabedor, oh, sí, de los juegos perversos de la fatalidad que le colocaban a él, Felipe (casi siempre) Cumplidor, en la circunstancia irremontable de haber sido beneficiado por el voto de los priístas para sacar en el congreso los empeños de la nueva fiscalidad santannista pero no poder ahora retribuir el gesto cerrando el paso a las alianzas contranatura que, caray, tan avanzadas llevaba a esas alturas otro personaje autónomo, libérrimo, de conocida independencia de criterio, el estadista César Nava que tan claramente ha establecido una sana distancia entre Los Pinos y el PAN.
Secretario elástico, Gomón, que se sintió facultado para pignorar las decisiones del PAN en materia de alianzas, prometiendo a los priístas que no se asociarían en zonas ya antes muy defendidas por el calderonismo, como ha sido el ulisismo que se ha sostenido en el poder no sólo a base de sangre y fuego locales, sino de arreglos mafiosos en la capital del país con los aliados pinoleros que canjeaban reconocimiento a su “legitimidad” por complicidad e impunidad en Oaxaca. Vaya confesiones de un endeble secretario de gobernación que en su afán por contrarrestar los obuses en su contra disparados desde Los Pinos para responsabilizarlo del incumplimiento de promesas electorales al partido tricolor (ayer, las columnas institucionales de dos diarios nacionales, Bajo Reserva y Trascendió, publicaron similares explicaciones pinoleras del episodio del todavía encargado de Bucareli) hizo saber a quienes lo suponían, pero no podían comprobarlo, que los recursos oficiales y la representación pública son usados para negociar temas de estricta incumbencia partidista, intercambiando en esos tianguis de elite los votos de bancadas legislativas por arreglos de índole partidista y comicial. Gómez Mont debería renunciar a su cargo nomás por esas confesiones y por pretender ahora hacerse pasar por el fallido Mario Aburto de las alianzas perreánicas. Pero el libreto acordado es el sacrificio del alfil de Bucareli (ahora ciudadanizado y, en ese carril, aspirante a 2012) para mantener con vida al presunto Rey incumplido y mortecino.
Astillas
Javier Duarte ha solicitado licencia a su curul federal para estar en condiciones de que su titiritero rojo, Fidel Herrera, lo convierta en guardaespaldas sexenal. El tramposillo Fidel impondrá a su favorito en el PRI, tratará de cerrar el paso al gordillista Miguel Ángel Yunes (inflando a Gerardo Buganza) y usará a Dante Delgado como elemento divisor que al final convalidará el negocio jarocho tan cantado... Cesarín Nava y Juan Molinar Horcasitas coincidieron ayer en un hotel del DF con Mario López Valdés, el candidato del priísta Juan S. Millán a la gubernatura de Sinaloa al que el actual administrador comercial del estado, Jesús Aguilar Padilla, no quiere como aspirante priísta a la sucesión. Malova, como llaman al senador, podría dejar el bando tricolor para convertirse en nuevo adalid de la democracia postulado por una alianza perreánica, sobre todo porque Manuel J. Clouthier júnior no parece tener la enjundia suficiente para enfrentarse en aquella tierra emblemática al poder verdadero, el del cártel dominante y sus aliados priístas. En Culiacán, mientras tanto, dejaba la presidencia municipal el candidato oficial al relevo en el gobierno estatal, Jesús Vizcarra Calderón, socio comercial y político del gobernador saliente, Aguilar Padilla... En Oaxaca asoma la mano dura, ensangrentada, de Jorge Franco (represor estelar en 2006), que renuncia a la presidencia estatal del PRI en busca de relevar a su cómplice Ulises Ruiz (esa renuncia, ¿instrucción de URO o presión de Franco para cerrar el paso al presunto favorito, Eviel Pérez Magaña?)... Y, mientras la Corte desecha otra iniciativa vaporosa de Juanito Sabines en Chiapas, ¡hasta mañana, con Ciudad Juárez, Cananea, Chalco y Angangueo en la ebullición social!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Las lacras de Dios
• Haz patria; mata a un pederasta• Procampo, Sinaloa y Vive México
La esperanza y el miedo, mi estimado, son inseparables. Extraordinario el diagnóstico para descubrir el hilo negro del gravísimo problema y de las nefastas secuelas de la temeraria guerrita de Felipe Calderón contra el organizado crimen que, además de contabilizar 17,000 muertes comoGuiness para este (des)gobierno, ya desató las lenguas eclesiásticas que aúllan para que la ilustre clase política y los actores sociales unan esfuerzos contra el crimen.
Estupendo.
La CEM, que agrupa a los hombres de las faldas largas, vocifera (un poco tarde) que hay que unirse contra el crimen… a lo que se les debería puntualizar a estas lacras que ojalá como roncaran, durmieran. Por supuesto que es necesaria la unión de fuerzas para evitar el crimen como los que cometen los degenerados sacerdotes católicos que violan a niños y que gracias a un par de simpáticas relaciones con personajes de la cúpula en el poder logran eludir las acciones de la justicia.
El aberrante caso del enfermo mental —a quien habría que honrar con aquello de haz patria, mata a un pederasta— Rafael Muñiz López, párroco de San Pedro Apóstol en la tierra de Fidel Herrera, ha desencadenado un escándalo de las divertidas razones por las cuales los abogados defensores de estos violadores de niños logran complicar la ruta de la ley para encerrarlos. Aunque en el fondo, my friend, las cosas no son tan complicadas y el lobo siberiano sí es como lo pintan.
Sobre todo porque a raíz de la acción penal ejercitada en su contra el año pasado, el juez Paul Martin, quien presume muy atractivas relaciones en el interior del TSJDF, donde hace algunas lunas ocurren entretenidas cositas, logró un amparo para el degenerado sacerdote que distribuía fotografías de pornografía infantil con bebés de meses de nacidos hasta los 17 años desde su computadora, porque lo hacía con un círculo cerrado de personas.
Chingón.
Para el disfuncional juez la red cibernética, o sea el Internet… es para un círculo cerrado de personas y no se acreditó que fuera un distribuidor y delito contra la moral pública que desde ahí se distribuyeran fotografías de abusadores de niños como parte de una red de pornografía que abarcaba varios países. Y con esto se está tratando de cerrar el viciado círculo legal para que este disoluto cura pueda regresar a Veracruz y seguir con sus imperdonables prácticas, arropado por la tan preocupada y ocupada iglesia católica (con minúsculas).
El detallín de este caso trastoca poderosos intereses jarochos y capitalinos cuyos hilos han generado que el mismo Norberto Rivera esté al tanto del decadente hobby del sacerdote Muñiz López, que se suma a la lista de protegidos de estas lacras de Dios que deben estar de fiesta con la noticia de que el otro engendro, Jean Succar Kuri, está cerca de dejar el penal de máxima seguridad para regresar a su oficina, perdón, a la cárcel municipal de Cancún, desde donde podrá sin problema alguno retomar sus peligrosas prácticas.
Estos dos emblemáticos casos de sujetos depravados que abusan, violan y transforman la vida de inocentes niños muestran la verdadera cara de la justicia en este país. La que existe para los podero$os que logran la justicia con gracia para sus clientes en un México en ruta vertiginosa de descomposición.
En un México que contabiliza 17,000 muertos, ciudades sin ley, corrupción y botones surrealistas como que la Secretaría de Agricultura subsidie sus programas para el campo (Procampo) con dedicatoria para la familia del titular Francisco Javier Mayorga, para Carlos Beltrán Leyva y la del célebre Chapo del sexenio: Joaquín Guzmán Loera.
Hoy esta noticia que debería ser un absoluto escándalo (en un país que no fuera bananero) es parte de la imagen del Vive México. Esa misma que en Sinaloa regala al alcalde de Culiacán en una traviesa fotografía en una misa con una bola de revoltosos narcotraficantes y con la leyenda urbana de su simpática relación conIsmael El Mayo Zambada, personaje con el cual Jesús Vizcarra no tiene interés en deslindarse de manera contundente, pública y notoria… no se nos vaya a enojar, yes?
En un México donde para Vivir Mejor, mejor hay que emigrar. Donde sin brújula da tumbos el barco de gran calado y su emocionado capitán que ya recibe lo duro, lo tupido de aliados, tirios y troyanos, my friend, ante su descomunal fracaso en todos los frentes que amenaza con ser el tiradero político, social y de seguridad... pero del siglo.
El doble juego de Calderón
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- En su afán de achacar únicamente a Fernando Gómez Mont el pacto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para avalar la cascada de impuestos que estamos pagando los mexicanos a cambio de evitar alianzas electorales entre Acción Nacional (PAN) y la izquierda, los panistas atribuyen a Felipe Calderón dejadez y desgobierno.
Y ambas son, en efecto, características manifiestas de Calderón, pero también lo es su obsesión por el control, nacida de la extrema desconfianza en sus colaboradores --que es desconfianza en sí mismo--, y de ello existen pruebas en demasía a lo largo de su gestión gubernamental y en su carrera política.
Es ya memorable la carta que escribió Carlos Castillo Peraza a Calderón, en mayo de 1996, sobre su temperamento desconfiado, publicado en la revista Etcétera, y en otra que publicó Proceso en octubre, fechada en octubre de 1997, en la que describe su afán por el control. Tales características se han acentuado en el cargo que le confirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2006.
La renuncia de Gómez Mont a su militancia mostró, además, al PAN como un partido de clara autonomía e independencia ante Calderón, lo que también es erróneo, porque está documentado el uso de la estructura gubernamental con fines facciosos, como imponer a César Nava en sustitución de Germán Martínez, otro producto neto del dedazo, que así como llegó fue echado por su jefe.
Apenas el sábado, en la sesión del Consejo Nacional, Nava tuvo un arrebato de independencia al proclamar que ni el PRI ni cualquier otro partido incidirán en sus decisiones: “Que quede claro –pontificó--, no será el adversario quien determine la estrategia y las definiciones electorales de Acción Nacional, seremos nosotros, anclados en las robustas raíces que nos legaron nuestros antecesores y montados en las alas de las mejores causas libertarias que nos han inspirado.”
Pero esos dos factores --la supuesta ignorancia de Calderón de lo que negoció el secretario de Gobernación y la proclamada autonomía del PAN-- no dan credibilidad al aserto oficialista de que Gómez Mont pactó por su propia cuenta con el PRI y que, al no poder cumplir con su palabra de evitar las alianzas de su partido con la izquierda, renuncia a su militancia para, según él, lavar su honor.
Los propios panistas admiten --en voz baja, claro-- que Calderón no sólo estuvo al tanto de las negociaciones con el PRI sobre el paquete económico 2010 --que aprobó alzas al IVA, ISR, gasolinas y gas, no se nos olvide--, sino que fue el principal promotor de las alianzas electorales desde la debacle del PAN en 2009.
Desde octubre del año pasado, al mismo tiempo que negociaba su paquete presupuestal para 2010, que incluía un impuesto “antipobreza”, instruía a sus allegados a trazar una ruta para evitar otra derrota tan contundente como la padecida, y comenzaron los escarceos y las negociaciones con la cúpula perredista controlada ya por Los Chuchos, la derecha en la izquierda.
En el cálculo de Calderón y sus allegados emergió que un triunfo en Oaxaca, llevando como candidato a Gabino Cué, implicaría “darle oxígeno” a Andrés Manuel López Obrador, lo que no gustó, pero se impuso la idea de que era posible un trato con el oaxaqueño: Apoyo del PAN a cambio de “olvidar” la usurpación.
Este trabajo político de Calderón y el PAN en dos pistas, que de suyo no implican sino estrategias en la lógica de la conquista y retención del poder, entraron en conflicto cuando el PRI percibió que las alianzas implicaban un riesgo para barrer a sus adversarios en las 15 elecciones estatales del mítico 2010, entre ellas las 12 gubernaturas que pavimentaban su regreso al poder presidencial.
Tendiendo en sus manos la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI hizo lo que le dio la gana con el paquete presupuestal, y concedió a Calderón los ansiados aumentos de impuestos, que Nava trató de atribuirle sólo a ese partido con aquella declaración del miércoles 21 de octubre.
Pero, además de transferirle al PAN los costos políticos de los aumentos, el PRI le arrancó a Calderón, personalmente y a través de Gómez Mont, el compromiso de que el PAN no se aliaría con el PRD, particularmente en Oaxaca. Los priistas se ufanaban que así sería.
Pronto el doble juego de Calderón hizo crisis: Se materializaron las alianzas del PAN y el PRD en Durango y Oaxaca, previa declaración de Cué de que de ganar tendrá una relación “institucional” con él, y el PRI comenzó a hacer duros reclamos por el incumplimiento de la palabra gubernamental, sobre todo ante la propuesta de reforma política oficial.
Con oficio político, el PRI fijó una posición inequívoca en la instalación del periodo de sesiones en la Cámara de Diputados a través de Rubén Moreira, hermano del gobernador de Coahuila, en donde Calderón ha padecido la mayor muestra de repudio, el 11 de noviembre, al inaugurar un estadio en Torreón:
“El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano.”
Los pronunciamientos de Gómez Mont contra las alianzas, que calificó de “fraudes electorales”, y su posterior renuncia a su militancia --que sólo cobrará barniz de dignidad si se va del cargo-- sólo pusieron de relieve justamente el doble juego de Calderón, a quien el mismo PRI de siempre le cobrará su osadía.
Desprovisto de autoridad moral, política y aun autoridad a secas, Calderón no tiene armas para enfrentar a Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera y otros ejemplares priistas que, además, les debe que siga en el cargo…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Tijuana: los soldados torturadores
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 15 de febrero (apro).- Tras recuperar su libertad luego de 80 días de arraigo en Tijuana, Baja California, Ricardo Castellanos Hernández logró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente atendieran su queja y comenzaran a investigar a los soldados que lo torturaron.
Él y otros 10 policías municipales de Tijuana fueron arrestados por órdenes del secretario de Seguridad Pública local, el teniente coronel Julián Leyzaola, y por el director de la Policía Municipal, el capitán Gustavo Huerta. El grupo de uniformados fue conducido a la II Zona Militar en septiembre de 2009, donde fueron torturados y obligados a firmar declaraciones que los vinculaban con el crimen organizado (Proceso 1722).
El 5 de noviembre último, en el marco de la 137 Sesión Ordinaria de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias organizaciones sociales expusieron el caso de los policías municipales de Tijuana y los de otros agraviados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En los otros casos las víctimas son dos policías ministeriales, 25 policías municipales y cuatro civiles. En ambos, los agraviados están presos en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit, procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico y secuestro, respectivamente.
Las organizaciones que interpusieron la queja fueron: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California (OCDH-BC).
En aquella ocasión, Luis Castellanos, hermano de Ricardo, viajó a la sede de la CIDH en Washington y participó en la audiencia denominada Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California. Ahí denunció que ni la CNDH ni la PGR habían atendido la denuncia que implicaba a elementos de la II Zona Militar (Proceso 1724).
Un mes después de la audiencia, el 6 de diciembre, Ricardo Castellanos fue puesto en libertad, junto con sus 10 compañeros, quienes estaban arraigados en el hotel Tijuana Inn.
Ese día, relata, “alrededor de las 10 de la mañana llegó un agente del Ministerio Público y nos hizo firmar un documento que no pudimos leer, y nos dijo que nos fuéramos. Al salir, señoras y niños que esperaban la visita, así como agentes federales, nos aplaudieron. Estos últimos sabían que los militares habían cometido una arbitrariedad contra nosotros, pues así nos lo hicieron ver durante el arraigo”.
El día del arresto, el 16 de septiembre, Ricardo fue trasladado a la II Zona Militar por indicaciones del capitán Gustavo Huerta. En ese lugar sus captores le vendaron los ojos y le inmovilizaron pies y manos, incluso lo envolvieron en una cobija.
Con voz entrecortada, relata: “No tengo duda de que los torturadores fueron militares. Me golpearon en todo el cuerpo y me colocaron una bolsa en la cara para asfixiarme; perdí el sentido en varias ocasiones, pero era despertado al parecer por una descarga eléctrica…”.
Después, del 20 de septiembre al 6 de diciembre, cuenta, estuvo esposado de pies y manos; incluso dormía sobre la alfombra de la habitación donde estuvo cautivo. Perdió 10 kilos.
Ya en libertad, acompañado por Silvia Vázquez Camacho, del OCDH-BC, Ricardo acudió el 10 de enero pasado a la delegación de la PGR para conocer su situación jurídica. “Estoy libre bajo reservas de ley, un término que me incomoda porque –dice– fui torturado y arraigado por un señalamiento falso”. Él y Vázquez Camacho se quejan porque, insisten, ni la denuncia que presentaron ante la PGR ni la queja interpuesta en la CNDH contra los militares que lo torturaron fueron atendidas.
Dos semanas más tarde, el 28 de enero, ambos se reunieron con el segundo visitador de la CNDH, Luciano Silva Ramírez, para formalizar la queja y para que peritos del organismo le aplicaran el Protocolo de Estambul. El propósito: certificar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura que recibió Ricardo Castellanos. Durante la entrevista estuvo presente la abogada Mayra López, de la CMDPDH.
Las omisiones de la CNDH
Durante la reunión con el visitador Silva Ramírez, Ricardo Castellanos Hernández pidió la intervención del órgano de control interno de la comisión para que procediera contra el visitador de Tijuana, Iván Curiel Villaseñor, cercano al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, por no integrar su queja mientras estuvo en las instalaciones militares y en el hotel.
Según Castellanos Hernández, cuando Curiel lo visitó en la II Zona Militar a petición de sus familiares, él le entregó un escrito en el que le describía su situación:
“Los soldados me estaban torturando y le pedí que procediera. Después, arraigado en el hotel, me enteré por mi familia de que ese funcionario dijo que yo no quería actuar en contra de los militares. Entonces lo mandé llamar. Y él argumentó que se había confundido, pero que había enviado mi testimonio a las oficinas de la CNDH en México.”
Sin embargo, dice Castellanos Hernández a la reportera, en la reunión con Silva Ramírez se enteró de que no había antecedentes de su queja, pues Curiel nunca mandó su testimonio. La abogada de la CMDPDH destaca que la omisión de la CNDH en el caso de Ricardo podría no ser la única. “Eso hace suponer –dice– que algo similar pudo haber ocurrido con las más de 2 mil quejas presentadas contra el Ejército en los últimos tres años”.
De manera simultánea, personal de la PGR inició una denuncia penal contra los militares que lo agraviaron. Al día siguiente, el 29 de enero, Vázquez Camacho, Castellanos Hernández y la abogada López se reunieron con el encargado del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Carlos de la Torre.
Castellanos Hernández sostiene que el arraigo y las secuelas que le dejó la tortura no pueden superarse. “Durante seis años fui muy feliz en mi trabajo como policía municipal. Cuando me detuvieron no tenía miedo, pues pensaba que todo se iba a aclarar; nunca imaginé que los militares torturaran. Yo creía en ellos, me sentía más seguro cuando patrullaban Tijuana”, dice.
Y se explaya: “Esos hechos dañaron la estructura familiar, y financieramente fueron fatales. Yo era el sostén de mi familia y ahora no tengo trabajo. Mi prestigio quedó por los suelos. Lo que quisiera es que se limpiara mi imagen, que se dijera que nada de lo que se informó sobre mí era cierto, pero sobre todo quiero paz y tranquilidad para mi familia.
“Estaría conforme con saber que los militares que me torturaron, quienes deberían estar tras las rejas, no volverán a hacerlo, ni siquiera contra personas que sí sean responsables de algún delito.”
Otro de los casos denunciados en la sesión de la CIDH en noviembre pasado, el de los civiles Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, también fue desatendido por la CNDH, que los consideró “sin materia”.
Los cuatro civiles, detenidos el 16 de julio del año pasado en las playas de Rosarito durante un operativo militar, fueron torturados por elementos de la II Zona Militar y del 28 Batallón de Infantería. Permanecieron en los cuarteles hasta el 31 de julio. Luego fueron trasladados al penal de máxima seguridad de El Rincón, en Nayarit, acusados de secuestro y delincuencia organizada.
Los familiares de las víctimas presentaron una queja ante la CNDH el 17 de julio. Y el 30 de octubre siguiente, el entonces segundo visitador , Mauricio Ibarra Romo –quien fue sustituido por Luciano Silva Ramírez al término de la gestión de José Luis Soberanes Fernández–, les notificó, mediante el oficio CNDH/2/2009/3313/Q, que el caso estaba cerrado.
En el documento, cuya copia tiene Proceso, Ibarra señaló que “si bien a los indiciados el personal militar les practicó examen médico en cuyos dictámenes determinó que no mostraban lesiones por tortura, en dos de ellos se estableció que presentaban diversas lesiones, por lo cual el agente del Ministerio Público de la federación, al analizar las constancias de la indagatoria, considerando la probable comisión de actos delictuosos por el personal castrense, dio vista de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1577/09/M-V a su similar adscrito a la II Zona Militar, en Tijuana, Baja California”. El Ministerio Público militar inició la indagatoria 27M/27/2009.
Asimismo, “estimó pertinente dar vista de los hechos al titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena para que los haga del conocimiento de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue y resuelva lo que procede”.
Mayra López resalta que durante el encuentro con el visitador Silva Ramírez, quien sustituyó a Ibarra Romo, “se le pidió reabrir el expediente” porque, dice, la respuesta del entonces visitador no aclara cuáles fueron las actuaciones de la CNDH. Además, argumenta, someter a los agraviados a un juicio militar sólo los revictimiza”.
Respecto del seguimiento de los casos presentados el 5 de noviembre en la CIDH, la abogada de la CMDPDH señala que el gobierno mexicano ha pedido dos prórrogas a las solicitudes de información que le hizo el organismo interamericano, el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 2009, sobre 42 ciudadanos que fueron torturados por militares en Tijuana, sobre la figura del arraigo (fundamentación jurídica, controles judiciales, autoridades que lo ejecutan y los lugares destinados para ello), así como sobre las autoridades que investigan las denuncias de tortura.
A la IP, la inversión estatal en fibra óptica
México SA
Banda ancha, factor de crecimiento, pastel del gran capital
Carlos Fernández-Vega
Unas semanas atrás la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, propuso que todos los Estados garanticen, como un bien público no gratuito, el acceso de su población a Internet de banda ancha con el fin de fomentar la innovación en sus economías”. A su vez, el presidente brasileño Lula hizo público su proyecto de crear una empresa pública que se encargará de distribuir y transmitir, para “llevar Internet de banda ancha a todo el país”, amén de cuadruplicar en cinco años los puntos de acceso a dicho servicio.
Es de suponer que en México los encargados gubernamentales de ese sector tecnológico tomaron puntual nota de ambos pronunciamientos, el de Bárcenas y el de Lula, y de inmediato decidieron actuar, aunque en riguroso sentido contrario, porque es conocido que todo lo relativo a “bien público” o “empresa pública” les produce sarpullido. Así, en lugar de aceptar la recomendación de la Cepal y seguirle la huella a la decisión brasileña, el gobierno calderonista optó por ceder, sin más, a la iniciativa privada la gruesa inversión de recursos del Estado realizada para lograr un enorme tendido de fibra óptica (alrededor de 21 mil kilómetros a lo largo y ancho de la República), y acompañar el regalo con la “extinción” de una empresa del Estado y junto con ella a sus 44 mil trabajadores.
Son pocos los tiradores de la iniciativa privada en lo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, dio en llamar “licitación” de un par de hilos de fibra óptica oscura, propiedad de la nación, a precios muy atractivos para quien resulte ganador. A pesar de ser un bien público, construido con recursos públicos, los mexicanos sólo podrán participar como consumidores y clientes del servicio privado que otorgue el consorcio que se quede con esa “licitación”, de tal suerte que en el mejor de los casos la recomendación de la Cepal sirvió al gobierno calderonista para apurar la privatización de lo que el propio organismo regional califica de “motor de expansión” para las naciones latinoamericanas.
Por lo que toca al proyecto de Lula, en Los Pinos fingieron demencia y de nueva cuenta voltearon la cara al otro lado. ¿Qué impide al gobierno crear una empresa pública que ofrezca el servicio de Internet, que compita en el mercado abierto, que aproveche para la nación lo que ella misma ha pagado (en este caso los 21 mil kilómetros de tendido de fibra óptica), que atienda a toda la población con precios atractivos y que utilice las ganancias obtenidas para financiar otras actividades de interés común?
El gran capital se queja del monopolio existente en la industria de la Internet, pero para romperlo y “estimular la competencia” exige que el Estado le construya el tendido de fibra óptica, lo exente fiscalmente, le rente la infraestructura a precios de risa y le garantice que sólo unos cuantos tendrán derecho a comer del nuevo cuan exquisito pastel. Por su parte, el gobierno calderonista decidió “licitar” sólo un par de hilos, cuando la capacidad supera la veintena de ellos. Entonces, con condiciones y limitaciones de esa naturaleza parece que no se avanzará mucho, ni la población, especialmente la de bajos recursos, resultará beneficiada.
En vía de mientras, la Cepal sostiene que el desarrollo de la banda ancha es uno de los principales segmentos de crecimiento y uno de los mayores retos que enfrenta América Latina, debido a la cobertura aún muy reducida de las redes en la mayoría de los países, en particular en lo que respecta a la población de menores ingresos o la que vive fuera de las principales ciudades. “Además, la banda ancha en la región es más cara y lenta que la de los países desarrollados. Para el conjunto de los países de la OCDE la tarifa más baja de suscripción mensual de banda ancha en 2008 promediaba 19 dólares, valor muy similar al de Portugal e inferior al de España, que es de 28 dólares, mientras en países como México o Chile ese valor llega a 29 y 35 dólares, respectivamente, en 2009”.
En cuanto a la velocidad de acceso, los países de la OCDE tenían en 2008 una velocidad de descarga de información de 17 Mbps en promedio, en tanto que en los países más avanzados de América Latina esta velocidad no supera los 2 Mbps, y en España y Portugal la velocidad de descarga es de 9Mbps y 14Mbps, respectivamente. “Se debe considerar que las velocidades de subida y bajada de datos son diferentes, y que, por lo general, la de subida es significativamente menor, de modo que se constituye en un obstáculo para la realización de actividades de teletrabajo, gobierno electrónico, salud electrónica o educación electrónica, entre otros”.
La convergencia tecnológica, indica el organismo, se está materializando con la proliferación de ofertas de paquetes de servicios que eliminan las tradicionales fronteras entre distintos mercados de la industria y genera mayor competencia, que se traduce en menores tarifas y mayor calidad de los servicios, en particular en las áreas de la telefonía móvil y el acceso a Internet de baja velocidad. Durante los últimos años, la cantidad de usuarios de Internet ha crecido sustancialmente al pasar de una tasa de 10 por ciento de penetración en 2002 a una de 30 por ciento en 2008. “Un aumento importante, pero aún distante de los niveles de los países de la OCDE, que registran tasas superiores a 60 por ciento. En lo que respecta a la banda ancha, se observa también un fuerte incremento en el número de conexiones; sin embargo, los niveles de penetración de la región son sustancialmente menores que los de países más avanzados. En 2008 la tasa de penetración era de 6 por ciento de la población, en comparación con 26 por ciento en los países de la OCDE”.
Por ello, en los países de América Latina la oferta de banda ancha móvil es un motor de expansión para el acceso a este servicio, puesto que facilita el despliegue de redes en zonas remotas en las que, en general, no existe otro tipo de conectividad. El incremento que se observa en las conexiones de este servicio hace prever que en los próximos años esta modalidad superará a la fija, y será la fuente principal de ingresos de los operadores móviles.
Las rebanadas del pastel
Los juarenses pueden estar tranquilos, porque “el gobierno federal apoyará a la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez”, para lo cual destinará inicialmente 500 millones de pesos, algo así como 357 pesos por habitante, o si prefiere 89 millones menos de lo que a los mexicanos cuesta, cada 24 horas, pagar las prestaciones de la burocracia nacional.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Banda ancha, factor de crecimiento, pastel del gran capital
Carlos Fernández-Vega
Unas semanas atrás la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, propuso que todos los Estados garanticen, como un bien público no gratuito, el acceso de su población a Internet de banda ancha con el fin de fomentar la innovación en sus economías”. A su vez, el presidente brasileño Lula hizo público su proyecto de crear una empresa pública que se encargará de distribuir y transmitir, para “llevar Internet de banda ancha a todo el país”, amén de cuadruplicar en cinco años los puntos de acceso a dicho servicio.
Es de suponer que en México los encargados gubernamentales de ese sector tecnológico tomaron puntual nota de ambos pronunciamientos, el de Bárcenas y el de Lula, y de inmediato decidieron actuar, aunque en riguroso sentido contrario, porque es conocido que todo lo relativo a “bien público” o “empresa pública” les produce sarpullido. Así, en lugar de aceptar la recomendación de la Cepal y seguirle la huella a la decisión brasileña, el gobierno calderonista optó por ceder, sin más, a la iniciativa privada la gruesa inversión de recursos del Estado realizada para lograr un enorme tendido de fibra óptica (alrededor de 21 mil kilómetros a lo largo y ancho de la República), y acompañar el regalo con la “extinción” de una empresa del Estado y junto con ella a sus 44 mil trabajadores.
Son pocos los tiradores de la iniciativa privada en lo que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, dio en llamar “licitación” de un par de hilos de fibra óptica oscura, propiedad de la nación, a precios muy atractivos para quien resulte ganador. A pesar de ser un bien público, construido con recursos públicos, los mexicanos sólo podrán participar como consumidores y clientes del servicio privado que otorgue el consorcio que se quede con esa “licitación”, de tal suerte que en el mejor de los casos la recomendación de la Cepal sirvió al gobierno calderonista para apurar la privatización de lo que el propio organismo regional califica de “motor de expansión” para las naciones latinoamericanas.
Por lo que toca al proyecto de Lula, en Los Pinos fingieron demencia y de nueva cuenta voltearon la cara al otro lado. ¿Qué impide al gobierno crear una empresa pública que ofrezca el servicio de Internet, que compita en el mercado abierto, que aproveche para la nación lo que ella misma ha pagado (en este caso los 21 mil kilómetros de tendido de fibra óptica), que atienda a toda la población con precios atractivos y que utilice las ganancias obtenidas para financiar otras actividades de interés común?
El gran capital se queja del monopolio existente en la industria de la Internet, pero para romperlo y “estimular la competencia” exige que el Estado le construya el tendido de fibra óptica, lo exente fiscalmente, le rente la infraestructura a precios de risa y le garantice que sólo unos cuantos tendrán derecho a comer del nuevo cuan exquisito pastel. Por su parte, el gobierno calderonista decidió “licitar” sólo un par de hilos, cuando la capacidad supera la veintena de ellos. Entonces, con condiciones y limitaciones de esa naturaleza parece que no se avanzará mucho, ni la población, especialmente la de bajos recursos, resultará beneficiada.
En vía de mientras, la Cepal sostiene que el desarrollo de la banda ancha es uno de los principales segmentos de crecimiento y uno de los mayores retos que enfrenta América Latina, debido a la cobertura aún muy reducida de las redes en la mayoría de los países, en particular en lo que respecta a la población de menores ingresos o la que vive fuera de las principales ciudades. “Además, la banda ancha en la región es más cara y lenta que la de los países desarrollados. Para el conjunto de los países de la OCDE la tarifa más baja de suscripción mensual de banda ancha en 2008 promediaba 19 dólares, valor muy similar al de Portugal e inferior al de España, que es de 28 dólares, mientras en países como México o Chile ese valor llega a 29 y 35 dólares, respectivamente, en 2009”.
En cuanto a la velocidad de acceso, los países de la OCDE tenían en 2008 una velocidad de descarga de información de 17 Mbps en promedio, en tanto que en los países más avanzados de América Latina esta velocidad no supera los 2 Mbps, y en España y Portugal la velocidad de descarga es de 9Mbps y 14Mbps, respectivamente. “Se debe considerar que las velocidades de subida y bajada de datos son diferentes, y que, por lo general, la de subida es significativamente menor, de modo que se constituye en un obstáculo para la realización de actividades de teletrabajo, gobierno electrónico, salud electrónica o educación electrónica, entre otros”.
La convergencia tecnológica, indica el organismo, se está materializando con la proliferación de ofertas de paquetes de servicios que eliminan las tradicionales fronteras entre distintos mercados de la industria y genera mayor competencia, que se traduce en menores tarifas y mayor calidad de los servicios, en particular en las áreas de la telefonía móvil y el acceso a Internet de baja velocidad. Durante los últimos años, la cantidad de usuarios de Internet ha crecido sustancialmente al pasar de una tasa de 10 por ciento de penetración en 2002 a una de 30 por ciento en 2008. “Un aumento importante, pero aún distante de los niveles de los países de la OCDE, que registran tasas superiores a 60 por ciento. En lo que respecta a la banda ancha, se observa también un fuerte incremento en el número de conexiones; sin embargo, los niveles de penetración de la región son sustancialmente menores que los de países más avanzados. En 2008 la tasa de penetración era de 6 por ciento de la población, en comparación con 26 por ciento en los países de la OCDE”.
Por ello, en los países de América Latina la oferta de banda ancha móvil es un motor de expansión para el acceso a este servicio, puesto que facilita el despliegue de redes en zonas remotas en las que, en general, no existe otro tipo de conectividad. El incremento que se observa en las conexiones de este servicio hace prever que en los próximos años esta modalidad superará a la fija, y será la fuente principal de ingresos de los operadores móviles.
Las rebanadas del pastel
Los juarenses pueden estar tranquilos, porque “el gobierno federal apoyará a la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez”, para lo cual destinará inicialmente 500 millones de pesos, algo así como 357 pesos por habitante, o si prefiere 89 millones menos de lo que a los mexicanos cuesta, cada 24 horas, pagar las prestaciones de la burocracia nacional.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
No se repetirá
Pedro Miguel
“Después de pensarlo bien, los esclavos decidieron pedir cinco pesos diarios y ocho horas de trabajo. El amo oyó la petición, tosió, escupió, se encogió de hombros y dijo: ‘sólo el gobierno puede resolver sobre este asunto’. El gobierno ha ordenado a los capitalistas que no paguen buenos salarios al trabajador mexicano, porque el bienestar dignifica y ennoblece al hombre, y un pueblo de hombres dignos no soporta tiranías. Se declaró la huelga. Nadie volvería a entrar a las minas a trabajar, ya que las familias de los trabajadores se pudrían en la miseria para que engordasen y gozasen de la vida las familias de los que no sudaban. Seis mil hombres dejaron caer la herramienta, animados por la esperanza de que arrepentidos los amos atenderían sus reclamaciones. Vana esperanza. Los amos armaron a sus lacayos y asesinaron al pueblo. El gobierno, por su parte, mandó soldados a que hicieran lo mismo, y cobarde y traidor, toleró que forajidos extranjeros violasen las leyes de neutralidad para ir a exterminar a los mineros mexicanos.”
Así contaba Ricardo Flores Magón, en la primavera de 1908, lo ocurrido en Cananea dos años antes. 104 años después, una dependencia bufa declara extinguida la relación laboral entre los obreros de la mina, otra vez en huelga, y los dueños actuales del yacimiento, y el secretario del Desempleo, Javier Lozano Alarcón de Larrea, les ladran a los trabajadores en preparación del desalojo violento, mientras su jefe nominal, Felipe Calderón, desempeña el papel de cónsul extranjero y arguye que la política antiobrera de su desastre llamado gobierno es “para elevar la competitividad y atraer inversiones”: los derechos laborales liquidados, para coquetear con los inversionistas extranjeros; millones de pobres y desempleados, para crear “ambiente de negocios”; 18 mil muertos, para impulsar la rentabilidad; autoritarismo torpe e insensibilidad extrema, para facilitar la venta del país y sus habitantes a las gulas financieras foráneas y locales.
Esas no dirán nada si, de paso, la familia política del propio Calderón se hincha las cuentas de banco con contratos hediondos del Instituto Mexicano de la Juventud, o si el secretario de Agricultura se concede a sí mismo y a sus parientes sumas millonarias con cargo al bolsillo de todos –perdón, de casi todos: aquí sólo pagan impuestos quienes no tienen las influencias ni el dinero para evadir el pago.
Pero la historia no gira en círculos y el baño de sangre en Cananea no se repetirá. Antes de erigirse en dictador, Porfirio Díaz fue héroe de guerra en la resistencia contra los franceses; ya encaramado en el poder, se mantenía al tanto de lo que ocurría en cada rincón del territorio nacional; sabía hacer política y sabía reprimir, tanto que el priísmo histórico (no la delincuencia organizada de hoy) le copió muchas de sus mañas; era la cabeza de una tiranía sólida que reinaba sobre la paz de los cementerios.
El contraste es implacable: antes de colarse a Los Pinos, Calderón despachaba de secretario de Energía, donde solapaba los chanchullos de su difunto amigo Mouriño; no tiene la menor idea de las artes (aunque sean malas) de gobernar; ha llevado a la nación a un baño de sangre sin dirección ni propósito, provocado por su propia chambonería (la ineptitud es la otra cara de la moneda de la arrogancia), y se ha fijado como misión imperecedera llevar a vender la máxima cantidad posible de pedazos de país a esa Lagunilla pirrura denominada bolsa de valores.
El contraste histórico es más pronunciado en la parte baja de la pirámide social. Si el porfiriato la tenía relativamente fácil ante una población cohibida, atomizada y aislada en sus partes, y mayoritariamente desconocedora de sus derechos, la sociedad mexicana actual, a pesar de la tele y de monseñor, no se chupa el dedo. Los juarenses no se arredran ante la nube de guaruras que rodea al ocupante de Los Pinos y le dicen sus verdades en la cara; los capitalinos optan por defender y expandir sus derechos, así sea a contrapelo de la persignada hipocresía gobernante; centenares de miles de mujeres y hombres de varias clases sociales e ideologías salen a las calles en defensa de un país subvertido, dislocado y depauperado desde el poder.
Puede ser que Calderón, Lozano, Larrea y compañía no tengan noción de aquel episodio, o tal vez la adquirieron en algún ojeo rápido de Selecciones, y piensen que aquello se puede repetir. Pero en el México de hoy, a diferencia de lo que ocurría en 1906, los mineros de Cananea –carne de nuestra carne, sangre de nuestra historia, basamento de derechos, de libertad y de independencia– no están solos.
navegaciones@yahoo.com http://navegaciones.blogspot.com
El general ¿no tiene quién le escriba?
Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
16 de febrero de 2010
“El general está que trina”, dicen allegados al secretario de la Defensa Nacional, luego de la reacción airada de la clase política a su discurso de la semana pasada, del día de la Marcha de la Lealtad, en el que Guillermo Galván Galván recriminaba a los partidos la falta de acuerdos y los llamaba a aprobar ya las “reformas integrales”. La molestia del general Galván, afirman, es por qué ese discurso no era el que él había preparado para aquella fecha, sino uno que le dieron desde Los Pinos y le pidieron leer.
Según la versión que surge de la propia Sedena, el general secretario tenía listo ya el discurso que pronunciaría el martes 9 de febrero, en el evento que encabezó el presidente Calderón con motivo del aniversario de la entrada al DF de las tropas leales a Francisco I. Madero. Pero de última hora, la noche anterior al evento, al general lo llamaron de la casa presidencial y de la Dirección de Comunicación le entregaron el discurso con la petición directa del Presidente para que leyera ese mensaje.
El discurso, leído a pie de juntillas por el titular de la Defensa, cargado de contenido político y llamados apremiantes a los políticos, recibió toda clase de interpretaciones. La primera hizo que en el mismo momento en que el general lo pronunciaba, el martes pasado, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, saliera apresurado y visiblemente molesto del evento y se negara a estrechar la mano del secretario.
Vino luego el “extrañamiento” presentado ante el pleno por el PRD-PT en que piden que el Senado haga el reclamo formal al titular de Sedena por su intromisión en asuntos políticos y en la labor del Congreso.
Entre los mismos militares el discurso del general causó extrañeza por su contenido; pero la extrañeza se volvió molestia e indignación al enterarse de la imposición al secretario. El próximo viernes, día del Ejército, viene otro mensaje del titular de la Defensa Nacional. ¿Aflorara algo de esa molestia? ¿Habrá reproche por el maltrato que sienten en los altos círculos castrenses desde el gobierno? ¿Podrá escribir y leer su propio discurso el secretario? Veremos.
NOTAS INDISCRETAS… Hora de definiciones en los estados. En Veracruz hoy mismo puede darse el destape de Javier Duarte, luego de que Miguel Angel Yunes Linares, ya anunció su separación del ISSSTE para irse a la que ya definió el propio gobernador Fidel Herrera como una campaña con "guerra sucia". En Sinaloa, Jesús Vizcarra solicitó ayer licencia al Cabildo de Culiacán para buscar la candidatura que ya tiene en la bolsa con el apoyo del gobernador, mientras que el senador Mario López Váldez preparaba un desplegado para anunciar su separación del PRI para buscar encabezar una alianza PAN-PRD. En Tlaxcala, Beatriz Paredes se reunió el fin de semana con Mariano González Zarur para afianzar su postulación y buscar concretar la alianza con PT y Convergencia en el Estado. En Zacatecas, Andrés Manuel López Obrador logró tirar la alianza PRI-PT y obligó a los del Trabajo a ir solos; también el PT bajo la consigna lopezobradorista de “más vale solos que mal acompañados” se retiran de las alianzas en Oaxaca, Hidalgo y Sinaloa… Se recargan los dados. Escalera.
Serpientes y Escaleras
16 de febrero de 2010
“El general está que trina”, dicen allegados al secretario de la Defensa Nacional, luego de la reacción airada de la clase política a su discurso de la semana pasada, del día de la Marcha de la Lealtad, en el que Guillermo Galván Galván recriminaba a los partidos la falta de acuerdos y los llamaba a aprobar ya las “reformas integrales”. La molestia del general Galván, afirman, es por qué ese discurso no era el que él había preparado para aquella fecha, sino uno que le dieron desde Los Pinos y le pidieron leer.
Según la versión que surge de la propia Sedena, el general secretario tenía listo ya el discurso que pronunciaría el martes 9 de febrero, en el evento que encabezó el presidente Calderón con motivo del aniversario de la entrada al DF de las tropas leales a Francisco I. Madero. Pero de última hora, la noche anterior al evento, al general lo llamaron de la casa presidencial y de la Dirección de Comunicación le entregaron el discurso con la petición directa del Presidente para que leyera ese mensaje.
El discurso, leído a pie de juntillas por el titular de la Defensa, cargado de contenido político y llamados apremiantes a los políticos, recibió toda clase de interpretaciones. La primera hizo que en el mismo momento en que el general lo pronunciaba, el martes pasado, el presidente del Senado, Carlos Navarrete, saliera apresurado y visiblemente molesto del evento y se negara a estrechar la mano del secretario.
Vino luego el “extrañamiento” presentado ante el pleno por el PRD-PT en que piden que el Senado haga el reclamo formal al titular de Sedena por su intromisión en asuntos políticos y en la labor del Congreso.
Entre los mismos militares el discurso del general causó extrañeza por su contenido; pero la extrañeza se volvió molestia e indignación al enterarse de la imposición al secretario. El próximo viernes, día del Ejército, viene otro mensaje del titular de la Defensa Nacional. ¿Aflorara algo de esa molestia? ¿Habrá reproche por el maltrato que sienten en los altos círculos castrenses desde el gobierno? ¿Podrá escribir y leer su propio discurso el secretario? Veremos.
NOTAS INDISCRETAS… Hora de definiciones en los estados. En Veracruz hoy mismo puede darse el destape de Javier Duarte, luego de que Miguel Angel Yunes Linares, ya anunció su separación del ISSSTE para irse a la que ya definió el propio gobernador Fidel Herrera como una campaña con "guerra sucia". En Sinaloa, Jesús Vizcarra solicitó ayer licencia al Cabildo de Culiacán para buscar la candidatura que ya tiene en la bolsa con el apoyo del gobernador, mientras que el senador Mario López Váldez preparaba un desplegado para anunciar su separación del PRI para buscar encabezar una alianza PAN-PRD. En Tlaxcala, Beatriz Paredes se reunió el fin de semana con Mariano González Zarur para afianzar su postulación y buscar concretar la alianza con PT y Convergencia en el Estado. En Zacatecas, Andrés Manuel López Obrador logró tirar la alianza PRI-PT y obligó a los del Trabajo a ir solos; también el PT bajo la consigna lopezobradorista de “más vale solos que mal acompañados” se retiran de las alianzas en Oaxaca, Hidalgo y Sinaloa… Se recargan los dados. Escalera.
Huyeron de Juárez 500 mil ciudadanos por la violencia
Al menos 100 mil juarenses migraron a El Paso, Texas, revelan autoridades de EU.
Mar, 16/02/2010 - 05:03
El Ejército realizó un operativo la madrugada de ayer en esta ciudad, luego de recibir el reporte de un asesinato. ReutersCiudad Juárez.- Aquí en Ciudad Juárez el miedo por la inseguridad y la violencia tiene rostro de números. Cifras estremecedoras que reflejan una diáspora…
De acuerdo con datos provisionales del INEGI, Juárez perdió en los dos últimos años 24 por ciento de su población: pasó de 1.3 millones a un millón de habitantes, es decir, alrededor de 60 mil familias han huido de este lugar.
Y el éxodo, la sangría humana, podría ser peor: investigaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) revelan que serían hasta 100 mil familias las que han dejado este sitio: aproximadamente medio millón de personas, 39 por ciento de la población original.
En tanto, en un estudio dado a conocer el jueves pasado por el Colegio de la Frontera Norte ante el Presidente se indica que 116 mil casas-habitación han sido abandonadas por sus moradores.
Eso implica que 25 por ciento de las viviendas están vacías. Si en cada hogar había en promedio cuatro habitantes, se trataría de 464 mil personas expatriadas. Si el promedio es de cinco habitantes, implica a 580 mil.
La información de Estados Unidos embona: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y el Departamento de Inmigración y Naturalización calculan en 100 mil el número de juarenses que cambiaron su residencia a ese país desde 2007, principalmente a El Paso, Texas.
***
La violencia y la inseguridad también tienen rostro económico. Un rostro espantado…
El pavor que generan las ejecuciones se une al miedo que provocan las extorsiones y secuestros. Y esto se refleja en la economía. Más de 200 mil empleos se han perdido, de acuerdo con estadísticas del INEGI. Eso representa 20 por ciento de la población actual. Es como si dos de cada 10 mexicanos (21 millones de personas) se quedaran sin trabajo por la violencia y la criminalidad.
El Consejo Coordinador Empresarial tiene sus propios números, que también se dieron a conocer frente al Presidente el jueves pasado: tres de cada 10 negocios locales están cerrados.
La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ofrece cifras peores: hace un par de años tenía registrados 11 mil negocios. Hoy sólo 2 mil 700 entán en pie. Es decir, que 8 mil 300 ya han cerrado: 75 por ciento.
La prensa local habla de 10 mil 600 negocios “de todos los giros y tamaños” cerrados. La Asociación de Maquiladoras Asociación Civil juarense informó el miércoles que cerca de mil millones de dólares no llegaron a instalarse en esta ciudad por el clima de inseguridad. Esos recursos hubieran generado entre 70 mil y 80 mil empleos
Aquí la guerra contra el crimen organizado ha dejado más de 4 mil 800 muertos, según conteos de la prensa local: 227 en 2007, mil 627 en 2008 y 2 mil 665 en 2009. En enero de este año se contabilizaron 238 ejecuciones. Y en lo que va de febrero, 45. Esto es lo que provoca los exilios. Y el cierre de negocios…
***
Un éxodo de entre 300 mil y 500 mil personas. Una cuarta parte de las viviendas abandonadas...
De día las casas vacías se aprecian así, sin movimiento. De noche, apagadas…
Al recorrer las silenciosas calles de las colonias más ricas, como la Campestre y Rincón San Marcos, decenas de casotas parecen recintos fantasmales. Otras están resguardadas por policías privados, enormes muros, alambradas eléctricas y cámaras de seguridad. Quienes se han quedado parecen almas en pena: no hablan mucho.
“Los que se fueron fue por eso: por el miedo, por la inseguridad, por los balazos, por los secuestros y las extorsiones. ¿Usted cree que uno quiere vivir en medio de esto? Pues no. Por eso hasta el alcalde (José Reyes Ferriz) duerme del otro lado (en El Paso)”, dice un padre de familia que accede a hablar cuando llega en su Mercedes Benz a su mansión.
Lo mismo ocurre en barrios populares, como en Villas de Salvárcar, donde el 30 de enero fueron masacrados 15 jóvenes: decenas de casitas no tienen quien las habite. Y los vecinos que permanecen ahí, dicen lo mismo:
“Pues sí, se fueron, pero no sólo por la matanza de los lepes (los jóvenes masacrados), sino porque la mera verdad aquí, a veces, ya no se puede ir ni a bailar. Ya nadie puede salir libremente”, comenta una vecina de Luz María Dávila, la madre de dos jóvenes ejecutados que increpó al Presidente la semana pasada.
Ciudad Juárez, la del éxodo, la de la diáspora por la violencia que genera la inseguridad.
“No le abra la habitación a nadie”
Para los escépticos de lo que se vive aquí, basta leer las recomendaciones que el visitante recibe cuando llega a un hotel.
Apenas se instala uno en el cuarto, tiene a la vista un manual, un folletín con sugerencias de seguridad personal:
“No le abra la habitación a nadie. Si le llaman a la puerta cerciórese de quién lo hace (se entiende que por la mirilla). En caso de que se trate de alguien desconocido, llame de inmediato a la operadora o a la recepción.”
Igual ocurre con el servicio de comida. Algunos hoteles no tienen restaurante, pero negocios aledaños brindan el servicio a cuartos. En cuanto se aproxima un mesero al lobby, una recepcionista llama a la habitación:
—Señor, le llamo para verificar si usted pidió comida. Perdone la molestia, pero son medidas de seguridad del hotel…
Prohibido salir de noche
Y los botones también: cuando piensan que uno ha decidido irse a pie, enseguida alertan:
—Oiga, nooo, no ande caminando, y menos de noche, no lo vayan a levantar. Aquí hay mucho de eso. Mejor le llamo un taxi…
Será por eso que los muros también hablan en estas tierras chihuahuenses:
“Quiero vivir las calles de Juárez”, recita una pinta en esta ciudad fronteriza…
Ex secretario detuvo limpia de Procampo
En julio de 2009, cuando Cárdenas Jiménez era titular de Sagarpa, el Congreso pidió revisar el reparto de subsidios a narcos y funcionarios
Elena Michel y Juan Arvizu
El Universal
Martes 16 de febrero de 2010
politica@eluniversal.com.mx
El ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, frenó en diciembre de 2009, en el Senado, una iniciativa para depurar el padrón de Procampo, con el argumento de que es tarea del Poder Ejecutivo.
El proyecto promovido por los priístas Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández y Francisco Herrera planteaba una reforma a la Ley de Capitalización de Procampo para que el listado de beneficiarios de este apoyo económico fuera evaluado “periódicamente” por instituciones “académicas nacionales o internacionales”.
El 8 de diciembre, el pleno desechó la propuesta “por improcedente”. El ex funcionario y ahora senador Cárdenas Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentó que no se requiere de “instrumentos jurídicos adicionales” para blindar el programa de apoyos.
Dijo que si en la lista de 2 millones 700 mil beneficiarios hay 20 o 40 “errores o fallas involuntarias” el porcentaje de efectividad es de 99.99%.
Además, “siempre cualquier programa en cualquier parte del mundo tiene márgenes mínimos de error”.
El legislador Toledo Infanzón mencionó que durante la discusión del dictamen de este proyecto, que finalmente se calificó “en sentido negativo”, la Sagarpa intervino con el argumento de que los padrones son públicos.
Desde su perspectiva, Procampo “fracasó”, ya que “en vez de volverse un estímulo para la productividad, es un programa de subsidios”.
Ayer EL UNIVERSAL dio a conocer que en el listado de beneficiarios de apoyos económicos aparecen el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, sus hermanos Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo.
Hasta el ciclo primavera-verano del año pasado, último dato disponible, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
En la Cámara, los diputados aseguraron que el secretario de Agricultura violó la ley y la ética al recibir los subsidios para el agro.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), la familia del secretario debe abstenerse de recibir subsidios, pues el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos lo impide para familiares hasta con cuarto grado de parentesco.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Di Costanzo (PT), dio a conocer que en el Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, que esta semana presentará el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, hay un subejercicio en Procampo de 531 millones de pesos.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Concurrente para el Campo, Federico Ovalle Vaquera, del PRD, alertó que a nivel estatal es una práctica común cobrar como funcionario y recibir subsidios.
Elena Michel y Juan Arvizu
El Universal
Martes 16 de febrero de 2010
politica@eluniversal.com.mx
El ex secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, frenó en diciembre de 2009, en el Senado, una iniciativa para depurar el padrón de Procampo, con el argumento de que es tarea del Poder Ejecutivo.
El proyecto promovido por los priístas Adolfo Toledo Infanzón, Ramiro Hernández y Francisco Herrera planteaba una reforma a la Ley de Capitalización de Procampo para que el listado de beneficiarios de este apoyo económico fuera evaluado “periódicamente” por instituciones “académicas nacionales o internacionales”.
El 8 de diciembre, el pleno desechó la propuesta “por improcedente”. El ex funcionario y ahora senador Cárdenas Jiménez, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, argumentó que no se requiere de “instrumentos jurídicos adicionales” para blindar el programa de apoyos.
Dijo que si en la lista de 2 millones 700 mil beneficiarios hay 20 o 40 “errores o fallas involuntarias” el porcentaje de efectividad es de 99.99%.
Además, “siempre cualquier programa en cualquier parte del mundo tiene márgenes mínimos de error”.
El legislador Toledo Infanzón mencionó que durante la discusión del dictamen de este proyecto, que finalmente se calificó “en sentido negativo”, la Sagarpa intervino con el argumento de que los padrones son públicos.
Desde su perspectiva, Procampo “fracasó”, ya que “en vez de volverse un estímulo para la productividad, es un programa de subsidios”.
Ayer EL UNIVERSAL dio a conocer que en el listado de beneficiarios de apoyos económicos aparecen el secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, sus hermanos Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, y su padre Salvador Arturo.
Hasta el ciclo primavera-verano del año pasado, último dato disponible, obtuvieron un millón 740 mil 654 pesos.
En la Cámara, los diputados aseguraron que el secretario de Agricultura violó la ley y la ética al recibir los subsidios para el agro.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), la familia del secretario debe abstenerse de recibir subsidios, pues el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos lo impide para familiares hasta con cuarto grado de parentesco.
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Mario Di Costanzo (PT), dio a conocer que en el Informe Sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2008, que esta semana presentará el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, hay un subejercicio en Procampo de 531 millones de pesos.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Programa Concurrente para el Campo, Federico Ovalle Vaquera, del PRD, alertó que a nivel estatal es una práctica común cobrar como funcionario y recibir subsidios.
PAN-DF no investigará a Mariana Gómez: Avila Mayo
No es ministerio público ni contraloría, dijo el dirigente local panista sobre las acusaciones contra la asambleísta de presunto desvío de recursos de la SRA.
Bertha Teresa Ramírez
Publicado: 15/02/2010 15:15
México, DF. En su primera conferencia de prensa el actual presidente del PAN en el Distrito Federal, Obdulio Avila Mayo, cobijó a su antecesora en el cargo Mariana Gómez del Campo respecto a las acusaciones planteadas por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la ex lideresa panista por el presunto desvió de recursos de la Secretaría de la Reforma Agraria para beneficiar a militantes panistas del DF y no descartó alianzas con otros partidos políticos incluido el PRI para el proceso electoral de 2012.
A unos días de haber sido ratificado en el cargo tras la elección interna en la que figuró como candidato único, Avila Mayo dijo que el PAN no tiene porqué investigar a Gómez del Campo, ni manchar “su impecable” trayectoria.
“El PAN no es ministerio público ni tampoco es contraloría, existen las instancias correspondientes para que hagan las investigaciones y determinen lo conducente”, añadió.
Avila Mayo agregó que el PAN local no va a promover ni obstaculizar en este tema, dejará que las instancias correspondientes hagan “su chamba”.
Empero dijo que “de entrada” Gómez del Campo tiene el respaldo pleno de su partido, “si no hay juez, si no hay contralor, si no hay órgano electoral que determine lo contrario, nosotros no tenemos porque empañar una hoja impecable en el servicio público”, agregó.
En otros temas, dijo que no demandará a su partido un salario mayor, sino sólo indexar a la inflación el sueldo de 75 mil pesos que percibía su antecesora en el cargo.
Por primera vez en la historia del PAN capitalino, un alto porcentaje de los miembros del comité estará compuesto por profesionales con “perfiles altamente calificados” con grados académicos de licenciatura, maestría y posgrados.
Al dar a conocer sus objetivos al frente del partido, delineó en cuatro ejes sus metas, de las cuales la principal será ganar la ciudad de México en 2012, y para ello impulsará la presencia y visibilidad del PAN en la ciudad de México, fortalecerá la estructura y organización del partido y se avocará a la supervisión del gobierno de la ciudad, así como de los gobiernos delegacionales y de los órganos autónomos.
Bajo su gestión el PAN no apostará al fracaso del gobierno capitalino, “seremos una oposición seria y responsable, que desde hoy tiende la mano al jefe de gobierno pero que no se quedará callada ante la corrupción, la ilegalidad, la opacidad, el autoritarismo y el desdén del gobierno local”, apuntó.
Comentó que este lunes solicitará una cita al jefe de Gobierno para tratar los asuntos en la ciudad de México, en ese contexto dijo que no será alguien que se dedique “a ponerle piedras a la gestión” del mandatario capitalino; “sino a alguien dispuesto a respaldarlo, cuando la política pública beneficie a los capitalinos”.
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