Coppel amenaza a empleados para no hablar de condiciones laborales

Redacción/SDP | 15 de Noviembre, 2010 - 11:27
.Empresas Coppel amenazaron a sus empleados con represalias si hablan con la prensa sobre las condiciones de trabajo y seguridad en las tiendas Coppel, revelan testimonios publicados en el diario La Jornada. .Coppel prohibió a sus empleados hablar con periodistas sobre las condiciones de trabajo y seguridad en la tienda, advirtiendo que habrá represalias para quien no cumpla la orden.

De acuerdo con La Jornada, esta amenaza ocurrió el viernes pasado en una reunión con gerentes de las sucursales de Coppel.


Empleados de la tienda señalan que luego de revisiones de inventario, a los trabajadores se les descuenta por mercancía "perdida" hasta 500 pesos mensuales según las pérdidas de cada tienda aunque no sean responsables por las supuestas pérdidas..


Además, los dueños de Coppel prefieren no pagar vigilancia en sus tiendas. De hecho, Enrique y Agustín Coppel, dueños de la cadena de tienda, declararon en 2008 a la revista Expansión que "preferimos cerrar la tienda que pagar por lo que alguien nos cuide."

La empleada que reveló la situación laboral en la tienda señala que gana mil 200 pesos quincenales y que pueden llegarle 500 de comisión en su departamento, pero debido a los descuentos termina no ganando ni 300 mil pesos al mes.

Otras trabajadoras entrevistadas por La Jornada señalan que luego del incendio en la sucursal Hidalgo, de Culiacán, Sinaloa, donde murieron 6 trabajadoras en un incendio, no reciben capacitación para usar extintores, ni saben dónde se encuentran o si hay hidrantes.

Mensaje AMLO 15 de noviembre del 2010

El Sur también existe Miguel Ángel Granados Chapa Periodista

Distrito Federal– El miércoles 10 fue atacada la redacción en Acapulco del diario El Sur. Un comando armado atacó a balazos su edificio, y un tirador entró a la redacción y pretendió incendiar el local, pues derramó gasolina y disparó contra el combustible para hacerlo arder, sin lograrlo. Había doce personas en las oficinas del rotativo dirigido por Juan Angulo –que se hallaba en la redacción de Chilpancingo– y ninguna de ellas fue alcanzada por los disparos, pues pudieron resguardarse en otras oficinas del periódico.

No es una agresión más, de las muchas que han padecido medios de información en los años y meses recientes. Las instalaciones de Televisa en Nuevo León y Tamaulipas fueron blanco de repetidas agresiones, como ha ocurrido también en Mazatlán, contra las oficinas de los diarios El Debate y Noroeste. En ninguno de esos casos se dañó a persona alguna. El caso de El Sur se parece más al ataque padecido en febrero de 2006 por el diario El mañana, de Nuevo Laredo, donde también los agresores dispararon contra la redacción (con metralleta) y lanzaron una granada, si bien allí lesionaron de gravedad al reportero de guardia.

Otros diarios han sido atacados de modo indirecto, asesinando a algunos de los suyos. Es el caso de El Diario, de Ciudad Juárez, que en menos de dos años perdió a un reportero y a un fotógrafo, y de El Expreso de Matamoros, que apenas hace una semana sufrió el asesinato de un reportero. Cada uno de esos periódicos manifestó su protesta por esos terribles hechos, que los lastiman a profundidad, y en textos sobrecogedores se dirigieron a la delincuencia organizada para saber de qué se trata, o de plano desistieron de interpelar al gobierno porque, en cualquiera de los tres niveles, lo saben inepto para enfrentar la cada día más la abrumadora realidad de la violencia sin freno.

Es distinto, sin embargo, mostrar decepción por la inercia gubernamental, a la que se apela igualmente por rutina sin esperar resultado alguno (como hacen los periódicos norteños), a tener que acudir al ministerio público en demanda de indagaciones que se truequen en seguridad (porque los atacantes sean identificados y sometidos a la justicia) a sabiendas de que se enfrenta una indisposición agresiva, por lo que no cabe esperar del gobierno estatal ni el mínimo gesto de solidaridad, ni mucho menos eficacia en su indagatoria.

El gobierno de Zeferino Torreblanca ha mantenido una actitud crecientemente hostil contra El Sur. Lo eliminó de las pautas de publicidad oficial, a partir de una suposición doblemente falsa: que la inserción de avisos relacionados con la acción gubernamental es un favor que se acuerda discrecionalmente y sirve para comprar la voluntad editorial; y que con esa determinación El Sur quedaría fracturado y terminaría por cerrar.

Como este último extremo no ha ocurrido, la administración de Torreblanca ha ensayado otros modos de hostigar al periódico. Es probable, por ejemplo, que sonsaque a miembros del personal del diario, que acuden como si obedecieran un instructivo a la justicia laboral, que invariablemente les ha dado a la razón y forzado el pago de indemnizaciones. Angulo y sus compañeros de redacción han sido trabajadores de los medios durante largo tiempo y puesto que han estado en posición de padecerlo, lo último que harían sería maltratar laboralmente a sus compañeros.

Un hermano del gobernador demandó civilmente a Angulo y seis reporteros por daño moral, en que presuntamente habrían incurrido al relacionarlo con una empresa constructora que recibe contratos por asignación directa y no como resultado de una licitación. Alberto Torreblanca tasó su honra en diez millones de pesos. El asunto no se ha resuelto pero pende sobre la cabeza de los demandados, que de ser condenados perderían sus escasos bienes para poder encarar el adeudo judicial que resultara.

Juan Angulo fue conducido a la fuerza, por agentes de la policía ministerial, a fines del año pasado, a prestar declaración en un procedimiento penal del que tiene conocimiento sólo por su condición profesional. Ante las reiteradas negativas a acudir ante el Ministerio Público, basadas en el hecho de que sólo escribió sobre el asesinato del diputado Armando Chavarría y nada más, fue hostigado con amagos hasta que se consumó su virtual captura, y el propio gobernador se mostró irritado contra el periodista, como si éste pretendiera un fuero. Torreblanca arguyó que si él mismo fue llamado a testificar en el caso, el periodista no tenía por qué eludir una responsabilidad que, digo por mi parte, ni de lejos es semejante a la del gobernador. Torreblanca y Chavarría se hallaban en tan malos términos a la hora del asesinato del segundo, que el primero se abstuvo de acudir al sepelio. De haberse presentado habría incurrido en un acto de hipocresía inadmisible, pues el asesinato de su antiguo rival y colaborador no le ha importado, como lo prueba fehacientemente el que, transcurridos más de 14 meses no se ha avanzado en la averiguación penal correspondiente, si es que hay alguna.

En ese clima espeso, malamente puede esperar El Sur una indagación sobre el ataque sufrido. El aparato de seguridad estatal es inútil, como lo muestra la violencia generalizada que deja una estela de muertes cada día. Ese periódico resistirá, sin embargo, y continuará su labor. Le pido que se inspiren en los versos de Mario Benedetti: “con su esperanza dura,/ el sur también existe…con su fe veterana,/ el sur también existe…(y) que todo el mundo sepa/ que el sur también existe”.

Toy Story-Hernández

Las muertas de Coppel - Julio Hernández López

Astillero

La guerra como juguete

Por botín, amago de motín

Tres presupuestos

PRI electoral: El proyecto de reparto del pastel presupuestal ha provocado tempranos malestares en el priísmo que ya se siente gobernante, de tal manera que Cruz López, el directivo saliente del sector tradicionalmente encargado del manejo clientelar de los campesinos, amenazaba ayer con despojarse de su sombrero de tres colores si reducían los montos destinados a ese agrario rubro electoral (a fin de cuentas, el gerente campesino ofendido no renunció al PRI, sino a una comisión legislativa, aunque sí se le descontaron más de 4 mil millones de pesos al campo), mientras los representantes de otros gobernadores priístas se quejaban de los favores al del estado de México que le asignaba su comisionado gerencial en San Lázaro, el repartidor Luis Videgaray, quien ayer parecía ahorcarse con sus propios enredos sin fondos. La política mostrada crudamente como el sabido mecanismo de asignación de dinero público conforme a los intereses representados en las instancias de decisión. Las elites defienden sus posiciones mediante los peones y alfiles que han clavado en el tablero del juego legislativo, así que el auténtico interés popular –que no tiene manera de instalar en las cámaras a verdaderos promotores, en un contexto electivo regido por el uso aplastante del dinero– no es más que un escalón discursivo, un pretexto para faenas de ligas mayores.

PAN militar: La “guerra” que nadie pidió, que pocos aceptan y que muchos repudian está dañando crecientemente la de por sí débil economía de una nación sa- queada. Por ello, hoy, el dinero público alcanza para menos que nunca. En lugar de destinar los recursos a proyectos de atención de necesidades populares y de desarrollo social, el panismo calderonista ha buscado que haya mayor asignación de fondos para el desplazamiento de tropas por todo el país y el mantenimiento de un ejército de soldados y policías en una “guerra” onerosa e inútil. El círculo infernal del blanco y azul significa que entre menos dinero se destine a lo social más se necesita lo represivo que a su vez daña lo económico y multiplica las necesidades sociales que en algunos casos encuentran vías económicas ilegales que exigen el uso de más policías y militares.

PRD ¿social?: El sol azteca no alcanza más que para sumarse a los bloques mayores que él y así obtener algunas ventajas de coyuntura. Si de verdad lo tuviera –más allá del rollo demagógico–, y sus contradicciones internas le permitieran impulsarlo, el genuino plan de desarrollo y atención sociales debería estar a cargo de esa peculiar izquierda congresista, pero la realidad es que el perredismo y sus hipotéticos aliados cercanos, PT y Convergencia, están metidos en lo electoral, lo grupal y lo inmediato, así que no hay quien defienda y represente el verdadero interés social frente a las ambiciones comiciales del PRI –que le están llevando a tempranas confrontaciones internas– y la visión militarista del futuro que sostiene el PAN.

Muy indignada, mientras tanto, se muestra la cancillería mexicana por el dicho del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de que nuestro país está “infestado” por el narco. Las palabras del ex revolucionario centroamericano se produjeron luego que la Organización de Estados Americanos emitió una resolución sobre un conflicto de límites entre Nicaragua y Costa Rica en el que México, como la mayoría de los demás votantes, favoreció a la segunda. En estricto sentido lingüístico, no diplomático, Ortega tiene razón, pues infestar significa, de acuerdo con la Real Academia Española, en sus dos primeras acepciones, lo siguiente: “Dicho de ciertos organismos patógenos: invadir un ser vivo y multiplicarse en él; como los parásitos en sus hospedadores” o “causar daños y estragos con hostilidades y correrías”.

Las declaraciones oficiales insisten en que fue accidental y no intencional el estallido que en un hotel de la Riviera Maya se produjo ayer y dejó varios muertos y heridos, entre ellos algunos turistas extranjeros. A reserva de lo que dictaminen las autoridades, el hecho significa un fuerte golpe a la de por sí alicaída actividad turística y agrega luces de alerta a los organizadores de la próxima conferencia sobre cambio climático, la llamada COP16, durante la cual, según anunció el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Miguel Ángel Ramos Real, “Cancún pasará de ser territorio mexicano a internacional y neutral, porque alojará a mandatarios de los países participantes”.

Las muertas de Coppel estarían en camino de ser declaradas culpables de daño en propiedad ajena si prospera la tesis gerencial que trata de demostrar que ellas tenían llaves y códigos de seguridad para salir del cautiverio en que las mantenían realizando inventarios y cortes de caja. La maniobra leguleya que trata de evitar gastos a las arcas coppelianas se ha hecho acompañar de maniobras altamente mezquinas al tratar de que los deudos firmaran compromisos de no iniciar acciones judiciales contra la próspera empresa a cambio de ayuda para funerales y lotes en panteones, según ha denunciado un abogado de esos familiares. Por otra parte, agentes de la policía estatal han llevado a esos mismos familiares la fotografía de un hombre para preguntar si era novio, amante o cuando menos conocido de alguna de las difuntas, insinuando motivaciones sentimen- tales en el incendio.

Astillas

¿Botas, chalecos, gorras, kepís, mochilas, cascos, guantes, cornetas, tambores, clarines, boquillas, navajas, gas, tonfas, fornituras, camisetas camufladas, pantalones de comando? ¿Accesorios militares y policiacos? Pues, obviamente, con los Hermanos Calderón, www.hermanoscalderon.com por el meritito rumbo de Palacio Nacional... Y, mientras los mexicanos se enteran por medio de un reportaje de CBS de que hay un supersecreto búnker felipista para la “guerra” contra las drogas pues, según dijo FC al entrevistador, “¿usted recuerda el programa de televisión 24? Yo quería todos los juguetes, todo eso, todos los instrumentos necesarios para ser superiores a los criminales”, ¡hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://www.twitter.com/julioastillero

Andrés Manuel López Obrador AMLO cierre Edo Méx Toluca

Avanza rechazo a pacto PAN-PRD en Edomex

Mitin multitudinario de AMLO en Toluca
Con una encuesta se definirá candidato propio



Aspecto de la concentración encabezada por Andrés Manuel López Obrador ayer en TolucaFoto La Jornada
Alma E. Muñoz e Israel Dávila
Enviada y corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 15 de noviembre de 2010, p. 10
Toluca, Méx., 14 de noviembre. Miles de personas congregadas en la plaza de los Mártires de esta ciudad expresaron hoy su rechazo a la eventual alianza PAN-PRD para el estado de México y secundaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de contender con un candidato propio por la gubernatura de esta entidad en julio entrante.

La aplicación de una encuesta definirá al abanderado de entre cuatro aspirantes: los perredistas Horacio Duarte Olivares y Yeidckol Polevnsky, el petista Óscar González Yáñez y el diputado por Convergencia Alejandro Gertz Manero.

En la asamblea de cierre de la primera etapa de la gira de la lealtad por esta entidad, más de 20 mil personas –según estimaciones de los organizadores– aprobaron la propuesta de López Obrador de establecer como plataforma electoral un decálogo de propuestas de gobierno, a partir de la aplicación de un programa de austeridad republicana por 20 mil millones de pesos.

Frente a ellos, López Obrador anunció la realización de una segunda etapa de recorridos por los 125 municipios de la entidad –del primero de enero al 27 de febrero entrante–, acompañado del candidato ganador de los sondeos.

El ex candidato presidencial manifestó que con las elecciones en el estado de México, el movimiento nacional que encabeza arranca una nueva etapa de lucha en el país, “desterrando la corrupción, la codicia y el individualismo, para dar lugar a una convivencia social más justa, más humana e igualitaria”, pues los comicios mexiquenses –dijo– serán el prólogo de las elecciones presidenciales y de la transformación del país.

Durante su discurso, puso a consideración de sus simpatizantes la alianza que impulsan las dirigencias nacional y estatal del PRD con el PAN para el estado de México, y al unísono y a mano alzada la gente la rechazó. Optó por tener un candidato propio, emanado del pueblo, que sería registrado por PT y Convergencia en caso de que el PRD insista en aliarse con el blanquiazul.

“Hemos tomado la decisión de participar en las próximas elecciones, pero sin ir con la alianza que quieren construir los dirigentes del PRD con el PAN, por razones de principios, de dignidad y porque queremos una transformación”. Miles elevaron su voz para gritar “¡Fuera chuchos!, ¡fuera chuchos!” Se determinó entonces que la coalición electoral surja del pueblo.
López Obrador alertó que “en estos comicios va a haber mucho dinero de por medio, no sólo del PRI, sino del PAN, porque son lo mismo”, en busca de la compra del voto, de las lealtades, y para la repartición de “migajas, porque ese es un truco que tienen bien ensayado, (donde) primero empobrecen al pueblo y luego trafican con la pobreza”.

Pidió a la gente no dejarse apantallar con la publicidad del gobierno estatal porque “ésos son gigantes con pies de barro”, tras recordar que esta entidad es la que recibe el presupuesto público más cuantioso de todo el país (140 mil millones de pesos), incluso por encima del Distrito Federal.

Definió que ese recurso “es fuente de corrupción política y se utiliza para sostener los privilegios de los altos funcionarios públicos, mientras la población vive en la pobreza y el abandono”. Es decir, denunció, impera la corrupción y el derroche para satisfacer ambiciones económicas y políticas de una pequeña minoría.

Acompañado, entre otros, de tres de los cuatro precandidatos de la alianza a la gubernatura –excepto Gertz Manero–, dio a conocer el programa de compromisos básicos que habrá de impulsarse durante la campaña, cuya base es una mejor orientación del presupuesto público, sin endeudamiento, ni aumento de impuestos, como resultado de la aplicación de un plan de austeridad por 20 mil millones de pesos, cantidad que provendría de reducir al 50 por ciento los sueldos de los altos funcionarios públicos, suprimir sus bonos, el uso de aviones y helicópteros, los viajes al extranjero, la existencia de aviadores, la compra de vehículos de lujo, la atención médica privada para la alta burocracia, el despilfarro en publicidad y otros gastos superfluos e improductivos.

Dijo que con 10 mil millones de pesos es posible crear fuentes de empleos en los 125 municipios de la entidad y contar con un fondo para el fomento económico, que apoye con créditos sin intereses a pequeños negocios y comercios.

Establecer un seguro de desempleo y una empresa estatal de mantenimiento a la red eléctrica y alumbrado público para contratar a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro despedidos hace un año por el gobierno federal.

El propagandista de Los Pinos. Carlos Fazio

A menudo, políticos, académicos y analistas señalan que la guerra” de Felipe Calderón contra los malos ha fracasado y es necesario un cambio de estrategia. Suele argumentarse que es una guerra no calculada en sus alcances, sin planeación adecuada, carente de inteligencia de combate y contrainteligencia, y sin equipamiento adecuado para ese tipo de operaciones especiales basadas en la contrainsurgencia. Argumentos todos cuestionables.

Tal vez, dadas las disputas por parcelas de poder entre los jefes de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Pública –encargadas de ejecutar las operaciones bélicas–, la ausencia de un mando conjunto operacional sea la crítica más acertada. Pero esa anarquía puede obedecer a un plan deliberado, cuyo objetivo es generar más caos, violencia y desestabilización, no ganar una guerra. Y al fin de cuentas, no es responsabilidad del comandante supremo, el presidente de facto surgido de un fraude de Estado, sino que obedece a una planeación exterior en las alturas de Washington, operativizada en el terreno por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual.

Se olvida que bajo el señuelo del combate a los cárteles de la economía criminal, la “guerra” antiterrorista de Felipe Calderón fue diseñada por el Comando Norte del Pentágono, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), durante la administración de George W. Bush. Y que antes de viajar a Bogotá y Washington como “presidente electo”, a interiorizarse de los contenidos del Plan Colombia y los aprontes de un proyecto intervencionista similar para México, Calderón había prometido un gobierno de mano dura.

Después, en un acto castrense cargado de simbolismo, en la medianoche del 1º de diciembre de 2006, Calderón asumió por televisión en la residencia oficial de Los Pinos. En un ominoso desfiguro, sustituyó a las cámaras del Poder Legislativo con cámaras de televisión, y recibió la banda presidencial de un cadete militar, en lo que configuró un golpe de Estado técnico. Asimismo, en su afán por mostrarse como un presidente fuerte, se rodeó de jefes castrenses dispuestos a “imponer el ejercicio de la autoridad” (almirante Francisco Saynez dixit), entre ellos generales formados en la tristemente famosa Escuela de las Américas del Pentágono.

En el marco de una presunta “estrategia militar integral”, el 11 de diciembre de ese año Calderón le declaró la “guerra” al hampa. Las “batallas” se iniciaron en Michoacán, adonde envió más de 5 mil marinos, soldados y policías. Después seguirían operativos similares en Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y otros estados de la República, con la consiguiente militarización, paramilitarización y mercenarización del país, según el modelo de terrorismo de Estado practicado por Estados Unidos en Colombia y reproducido luego en Afganistán e Irak.

En octubre de 2007, desbocado en su optimismo, propagandista de sí mismo, Calderón dijo que había “perdido la cuenta” de los delincuentes detenidos y, exhibiendo una mentalidad autoritaria propia de regímenes totalitarios y dictatoriales, se atribuyó “el monopolio del poder”. Sin embargo, ante las crecientes dificultades para manufacturar un consenso en torno a “su” guerra –en el marco de una violencia y mortandad crecientes–, en marzo de 2008 recurrió al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que apelara al “periodismo patriótico”; a la “responsabilidad” de los medios en la lucha anticrimen, con el argumento de que el narco usa a la prensa para intimidar a la población.
Desde entonces, machaconamente, con periodos de saturación mediática, Calderón y su equipo insistirían en la matriz de opinión de que en materia de criminalidad el Estado no es el adversario, sino el aliado de la sociedad. Ergo, los malos son los narcos, no el gobierno. El 12 de mayo de ese año, durante una conferencia en Los Pinos, golpeando el atril con la mano, Calderón dijo que su expresión “¡ya basta!” era una exigencia a “todos” los ciudadanos de no ser cómplices de la ilegalidad y demandó a los medios no “compartir la estrategia de sembrar terror”.

En fechas cercanas, junto a sus dislates for export –en mayo de 2010 presumió en Berlín que estaba venciendo a cinco jinetes del apocalipsis: influenza, narcoviolencia, crisis económica, sequía y caída de petroprecios–, Calderón ha insistido en que en la sociedad existe un problema de “percepción” en cuanto a los resultados de su guerra contra una “ridícula minoría”. En agosto último, con el afán de fabricar un consenso esquivo para manipular los temores subconscientes, lanzó los llamados “diálogos por la seguridad” (verdaderos monólogos del Ejecutivo) y, molesto por la advertencia de la Suprema Corte de Justicia de que la lucha antinarco debe apegarse a la ley, dijo que le empezaban a cansar las “cantaletas” sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

En octubre recuperó su vieja matriz maniquea de campaña: “López Obrador es un peligro para México” y, tras enredarse en explicaciones sobre su dicho de que ganó los comicios de 2006 “haiga sido como haiga sido”, arrancó noviembre con una nueva ofensiva mediática. Desde Mérida, en un foro funcional a los intereses ideológicos y de clase que representa: la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (instancia que reúne a los dueños de los grandes diarios de América y divulga las matrices del imperio), con el mismo espíritu de cruzado y bajo la consigna “conmigo o con los criminales”, Calderón llamó a una alianza medios-gobierno contra el “enemigo común” (la delincuencia) y los conminó a informar sin hacer “apología del crimen” y no seguir la agenda de los malos.

Por último, en declaraciones a CBS, alardeó de sus juguetes bélicos y su búnker de inteligencia “supersecreto”, en Reforma 265, desde donde Washington dirige “su” guerra.

Los dueños de la Democracia (6/6) :

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Los dueños de la democracia (2/6) : La ultraderecha

2010 : El año más violento

Arturo Rodríguez García



Este año, de enero a agosto, el Semáforo Delictivo Nacional registró 13 mil 300 homicidios en 20 entidades federativas, lo que representa un incremento de 28% respecto del mismo periodo en 2009. Y aun cuando el análisis no incluye las cifras negras (las denuncias no presentadas) y falta por analizar los delitos del último cuatrimestre, este año puede considerarse ya como el más violento e inseguro de la historia reciente.



MONTERREY, NL.- Pese a que en su discurso el presidente Felipe Calderón suele destacar los golpes a la delincuencia organizada y pide a la ciudadanía que apoye de manera activa su guerra, como lo hizo el pasado 2 de septiembre, los datos duros revelan que durante 2009 y lo que va del presente año la inseguridad se elevó de manera notoria en por lo menos 20 estados.

La consultora RSS y Asociados, presidida por Santiago Roel y especializada en mediciones de los índices de violencia durante el último bienio, ha venido trabajando durante ese lapso con ayuntamientos y gobiernos estatales a partir de los datos que le proporcionan las propias autoridades y los que sus investigadores obtienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) mediante la Ley de Transparencia.

De manera periódica, la firma difunde su reporte Semáforo Delictivo Nacional (SDN), en el que registra con detalle las actividades criminales a lo largo del país. Según el más reciente de ellos, la tendencia criminal va al alza: de enero a agosto de 2010 los homicidios aumentaron 28% en relación con el mismo periodo del año anterior.

Con ese parámetro, los indicadores de delitos patrimoniales también aumentaron: el robo vehicular se incrementó 16% y el robo con violencia –que en 2008 creció 17% y en 2009 lo hizo en 21%– se elevó 26%.

De acuerdo con el SDN, este año los registros delictivos son inéditos y por primera vez en dos décadas se ubican por encima de la media histórica. De enero a agosto se contabilizaron 13 mil 300 homicidios, lo que significó un aumento de 28% respecto del mismo periodo de 2009. Tan sólo en marzo se registraron mil 837 asesinatos.

En contraste, el reporte sostiene que en algunos delitos los índices se redujeron: las lesiones lo hicieron en 10%, mientras que las violaciones bajaron 3%. Aun así, el dato resulta paradójico, si se considera que en marzo hubo mil 344 casos en México, cifra récord en los últimos años.

Los secuestros, según el SDN, aumentaron 3% durante los primeros ocho meses de este año, al llegar a 811. Sin embargo, el dato comprende sólo las denuncias presentadas; la cifra negra (los delitos no denunciados), según los investigadores del SDN, puede ser similar, por lo que estiman que el total de plagios pudo ser superior a mil 600.

Lo mismo sucede en lo relativo a las extorsiones. Aun cuando se presentaron 4 mil 447 denuncias de enero a agosto, lo que representa un incremento de 6% respecto del mismo periodo del año precedente, la consultora aclara que los casos no denunciados fueron más de 4 mil.

Para abril, según el reporte del SDN, el robo a casas habitación alcanzó un récord histórico: mil 837 casos. La cifra está por encima del doble del registro mensual más bajo de los últimos años. En promedio, el robo domiciliario aumentó 5% por mes.

Los asaltos a negocios se incrementaron 4% durante el periodo analizado respecto del mismo lapso de 2009. En este rubro, marzo registró el indicador más alto (6 mil 496); de éstos, 36% fueron con violencia.

Marzo fue el mes de mayor registro de robos a persona, al alcanzar una cifra mensual histórica de 11 mil 253 casos. Al promediar esa modalidad delictiva de enero a agosto de 2010, se observa una reducción de 2% respecto de 2009. Y aun cuando sólo 23% de los robos a persona fueron violentos –es decir, hubo una leve disminución–, en términos generales aumentó la violencia.

Por lo que atañe al delito de robo de vehículos, hubo un incremento de 10% respecto del mismo periodo de 2009. De ese universo, 26% de las incidencias fueron con violencia y el mayor índice ocurrió en marzo. Ese mes hubo 19 mil 168 robos.



Las cifras negras de 2009



En mayo último, la firma Santiago Roel y Asociados presentó los resultados del SDN correspondiente a 2009. En el documento se observaba que la tendencia al alza ya era perceptible. Ese reporte sobre la conducta delictiva es más actualizado, puesto que el que difundió el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), en noviembre de 2009, incluía los índices del año previo.

El SDN mide la cantidad de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, lo que permite conocer cuáles son los estados más violentos, independientemente de sus características y población, pero evita dar cifras totales. Este cálculo tiene sus ventajas, pues permite comparar, por ejemplo, lo que ocurre en el Distrito Federal con lo que sucede en Sonora.

Para la medición, el SDN estableció una media nacional, al calcular los delitos de 2007 y 2008, fecha esta última en la que el índice delictivo se disparó.

Según el semáforo delincuencial, las entidades con indicadores que registraron el doble o más de la media nacional durante 2009 fueron: Baja California, Morelos y Distrito Federal. Sin duplicarla, pero por encima de la media, estuvieron Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

Entre los estados donde la violencia se exacerbó se menciona a Baja California, Morelos y Distrito Federal; en tanto que las entidades con indicadores por encima de la media fueron Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí y Yucatán.

En la lista de entidades con más del doble de la media en el rubro de delitos patrimoniales destacaron Baja California, Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Morelos y Nuevo León, seguidos por Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo y San Luis Potosí.

A su vez, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero registraron más del doble de la media; y aun cuando no llegaron al doble, pero sí estuvieron muy por encima de la media nacional –14 homicidios por cada 100 mil habitantes–, el semáforo incluyó a Baja California, Oaxaca, Sonora, Morelos, Michoacán y Nayarit.

En síntesis, los homicidios aumentaron en 11 estados, mientras que en otros nueve el índice no varió en relación con 2008.

Según el reporte de 2009 de la consultora Roel y Asociados, en Tabasco el delito de lesiones se disparó al doble de la media nacional (170 por cada 100 mil habitantes), pues llegó a 340. Le siguen: Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Aguascalientes, Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California Sur y Distrito Federal.

Respecto de los delitos contra la integridad sexual de las personas, el SDN sólo incluyó la violación. En Quintana Roo el índice se disparó cinco veces por encima de la media nacional (1.6 por cada 100 mil personas). Después de esa entidad se ubicaron Tabasco, Morelos, Baja California, Estado de México, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Distrito Federal y Chiapas.

En cuanto a los secuestros, el delito se presentó en 16 estados: Chihuahua, con una incidencia cinco veces por encima de la media (1.2 plagios por cada 100 mil habitantes); Baja California y Michoacán, con más del doble; y Durango, Zacatecas, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Aguascalientes ligeramente por encima de la media. En Campeche, Veracruz y Yucatán las cifras fueron imprecisas.

En extorsiones, delito que se incrementó en 18 entidades durante 2009, Morelos ocupó el primer lugar, con un índice cinco veces mayor que la media nacional (7.4 casos por cada 100 mil habitantes). Le siguieron: Oaxaca, Baja California Sur, Baja California, Tabasco, San Luis Potosí, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán y Quintana Roo, todos por encima de la media. De Campeche, Colima, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Yucatán no hubo datos debido a la opacidad informativa.

Referente a la actividad criminal en las modalidades de robo a casas habitación, negocios, vehículos y personas, los resultados fueron los siguientes:

En el primer caso, los estados con indicadores con el doble o más de la media nacional (98 casos por cada 100 mil habitantes) son: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo y Yucatán.

Por su parte, en Aguascalientes, Tamaulipas, Morelos, Colima, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán y Querétaro la incidencia se mantuvo por encima de la media nacional. Respecto de 2008, durante 2009 fueron 20 las entidades que experimentaron un alza en este tipo de delito. En Morelos y Coahuila los asaltos a casas habitación se incrementaron 50%.

En los robos a negocios, Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Quintana Roo, Morelos y Aguascalientes el delito fue superior al doble de la media nacional (de 63 casos por cada 100 mil habitantes). Por encima de la media se ubicaron Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí. Este delito aumentó también en 20 estados, destacando Baja California con 250% de incremento respecto del índice de 2008.

En lo relativo a robo de vehículos, ilícito que se elevó en 17 entidades, Baja California y Chihuahua experimentaron cifras récord, con más del doble de la media nacional (185 casos por cada 100 mil habitantes). En esta modalidad delictiva destaca Baja California, que registró 794 casos sobre la tasa mencionada. Con indicadores rojos quedaron el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Sinaloa y Aguascalientes.

El robo a persona tuvo mayor incidencia en Tabasco, Distrito Federal y Estado de México. Los focos rojos se prendieron en Baja California y Coahuila, en tanto que Nayarit, Sinaloa y Sonora no proporcionaron cifras. Esta modalidad delictiva aumentó en 16 estados, destacando el Distrito Federal, donde el incremento fue de 50%.



Lo que no se ve…



La cifra negra, que se obtiene mediante encuestas, incluye a las víctimas que no denuncian los delitos o bien no fueron atendidas. En los países desarrollados este índice es de 50%; en México se eleva hasta 90%.

El ICESI suele incluir en sus mediciones esta cifra, pero si se compara con la que proporciona el semáforo delincuencial, algunas entidades consideradas seguras en realidad tienen un alto nivel delictivo.

Uno de esos casos es Jalisco, que aparece en el quinto lugar de los estados más seguros del país pero tiene un índice de cifra negra de 90%. En esa entidad sólo se conoce 10% de los delitos que se cometen en su territorio. El registro de cifra negra en entidades que son violentas, según datos oficiales, demuestra que el universo delictivo real está lejos de conocerse.

En el Distrito Federal, por ejemplo, según la SDN, la incidencia delictiva está por encima del doble de la media nacional; la entidad ocupa el tercer lugar en el país. Al contrastar este resultado con el de la cifra negra del ICESI, se observa que el universo delictivo real que vive la zona es de sólo 10%, mientras que la cifra negra es de 90%.

El ICESI glosa la cifra negra de la siguiente manera: 39% proviene de ciudadanos que consideran que presentar una queja es perder el tiempo; 16% dice desconfiar de las autoridades; 10% asegura que los trámites son largos y tediosos, y 3% manifiesta abiertamente su hostilidad hacia las autoridades.

En su estudio, el instituto ciudadano menciona el grado de desconfianza. En primer lugar señala a los agentes de tránsito, seguidos de los policías ministeriales, los agentes del Ministerio Público del fuero común y los policías municipales.

En el estudio del ICESI 2009, que mide el nivel de inseguridad del año precedente, las entidades cuyos ciudadanos se sintieron más inseguros fueron: Distrito Federal, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Durango, Aguascalientes, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa.

Y aun cuando el ICESI muestra los datos duros correspondientes a 2008, éstos coinciden con los del reporte del SDN de 2009. Sin embargo, el semáforo delincuencial menciona a Tabasco y Tamaulipas entre los estados con mayor criminalidad, mientras que el ICESI no pudo medir la percepción en ambas entidades “por falta de seguridad” para sus encuestadores.

Pese a que aún no se realiza la medición de los índices de delincuencia del último cuatrimestre de 2010, por los datos conocidos hasta ahora se puede concluir que este ha sido el año más violento y delictivo de la historia reciente.

Televisa fraguó el audioescándalo... para sus propios intereses en la industria.

Jenaro Villamil



A partir de una intercepción telefónica, Televisa montó un escándalo de presunta corrupción en el IMSS. Al final se descubrió que en la grabación, ilegal, no participó ningún funcionario del instituto y que se trató de una conversación entre particulares. Lo que sí quedó en evidencia es la participación de la televisora en la industria farmacéutica y su intención de involucrar tanto al IMSS como a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios en la negociación de comisiones por la adquisición de fármacos.



Detrás del escándalo mediático que detonó el martes 9 en los espacios informativos de Televisa para documentar “la relación corrupta a base de comisiones y sobornos” entre el Seguro Social y laboratorios farmaceúticos, se encuentra una red de intereses de altos ejecutivos de la televisora con la industria farmacéutica.

En este entramado destaca la relación entre Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio, con la empresa Landsteiner, demandada penalmente desde abril último por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Asimismo salió a relucir la sociedad entre Grupo Televisa y la trasnacional Genomma Lab, empresa líder de medicamentos de “primer nivel” y de cuidado personal en Estados Unidos y Puerto Rico.

De acuerdo con fuentes de la industria farmacéutica consultadas por Proceso, tanto Grupo Televisa como Landsteiner –cuyo principal accionista, Miguel Granados Cervera, es primo político de Bernardo Gómez– han tenido serias diferencias con el titular de Cofepris, Miguel Ángel Toscano. Por esas discrepancias, a finales de septiembre pasado este funcionario impulsó una demanda penal contra el laboratorio por presunta falsificación del medicamento Femulán –que sería el genérico intercambiable del inmunodepresor conocido en el mercado como Renacept– descubierta durante los estudios de bioequivalencia realizados en el Hospital General de México.

Esta acción legal provocó el cierre temporal de las instalaciones de Landsteiner en Toluca, lo cual generó pérdidas por cerca de 60 millones de pesos, así como presiones “desde el más alto nivel” gubernamental en contra de Toscano.

Otro motivo de malestar contra la Cofepris fue la orden de retirar y destruir la Sibutramina, medicamento para bajar de peso.

Un comunicado de ese organismo, difundido el 14 de octubre pasado, establece que la orden de retirar y destruir la Sibutramina se debió a que “su riesgo a la salud es mayor que el beneficio para los consumidores que buscan bajar de peso”. En el documento se anexaron los nombres comerciales de los medicamentos que contiene esa sustancia, así como de los 29 laboratorios que los fabrican, entre éstos Landsteiner.

Los intereses de Televisa en el sector van más allá de la relación parental entre uno de sus vicepresidentes y Landsteiner. Desde el 30 de agosto de 2009 se informó mediante un comunicado que el consorcio mediático y Genomma Lab Internacional establecieron una “alianza estratégica” para operar Televisa Consumer Products USA (TCP). El control de esta entidad se distribuyó de la siguiente manera: 51% para la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean y 49% para Genomma Lab.

“Esta alianza le permitirá a Genomma Lab expandir el éxito de sus marcas más allá de México y Latinoamérica, dándole acceso a un mercado hispano de aproximadamente 50 millones de consumidores con un poder adquisitivo de más de 870 mil millones de dólares anuales, beneficiándose también del alcance de la marca y el renombre de Televisa en este mercado”, se afirmó en el comunicado conjunto.

El gran negocio que significará la introducción en México de productos farmacéuticos de libre venta y para el cuidado personal aún necesita vencer varios de los obstáculos y regulaciones establecidos por la Cofepris.

Chasco



La noche del martes 9, Joaquín López-Dóriga inició El Noticiero, de Canal 2, presentando una serie de llamadas telefónicas que “de manera anónima” llegaron a Televisa.

Según el conductor se trataba de una conversación entre “un funcionario aún no identificado de la Coordinación de Adquisición de Bienes” del IMSS y Rafael Castro, responsable de relaciones con entidades gubernamentales de Novartis.

Novartis y Landsteiner también han sido fuertes competidores en las licitaciones del ISSSTE para la adquisición de medicamentos inmunosupresores que se utilizan en trasplantes de órganos, como el riñón.

“En esta conversación se aprecia cómo el funcionario del IMSS informa al representante del laboratorio de una compra de medicinas en un estado por 80 millones de pesos en una licitación que, le informa, se va a publicar este jueves 11 de noviembre”, abundó López-Dóriga.

“Entre ellos se refieren a la comisión que le tienen que dar, hablan de 4%, pero dicen que, mejor, claro, sea de 5%. En la conversación mencionan al coordinador de Adquisición de Bienes del IMSS, César Mora Iriarte, y al director de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano.

“En la parte final de este reportaje se registra una segunda conversación, en la que, alterados, muy alterados, dicen los mismos que hablaban antes que tienen que hablar urgentemente porque han sido descubiertos. Da la impresión de que se enteraron de la investigación periodística de Noticieros Televisa sobre este caso y por eso la alarma”, editorializó López-Dóriga.

Durante dos días las conversaciones fueron difundidas hasta el cansancio no sólo en El Noticiero, en los segmentos de Primero Noticias, conducido por Carlos Loret de Mola, y en todos los espacios informativos de Foro TV, incluida una larga parodia del payaso Brozo.

Incluso los reporteros del consorcio entrevistaron a legisladores, funcionarios y al exdirector del IMSS, Emilio Gamboa Patrón.

A la postre se descubrió que la conversación no revelaba negociaciones entre un funcionario “desconocido” del Seguro Social y un representante de Novartis, sino que se trataba de dos particulares.

“Es una calumnia”



La persona a la que Televisa presentó como “funcionario aún no identificado” que negociaba con Rafael Castro era Carlos Abelleyra Cordero, expresidente de la Cámara Nacio-nal de la Industria Farmacéutica de 2007 a 2009 y a la sazón presidente ejecutivo de la compañía Stendhal, fabricante de medicamentos para combatir el VIH.

El viernes 12, Abelleyra presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el delito de interferencia ilegal de comunicación privada y por ataques a las vías generales de comunicación.

“Fue una conversación entre dos particulares, ambos profesionales de la industria farmacéutica, y no participó funcionario público alguno. La conversación versó, efectivamente, sobre un proceso de licitación pública de medicamentos por parte del IMSS y cuyas bases serían publicadas el jueves 11. En ella se discutieron los términos en los que una determinada empresa iba a participar, incluyendo algunas ideas sobre el costo de distribución, no sobre una comisión para corromper a funcionario del Seguro Social”, puntualizó Abelleyra.

Entrevistado por Proceso, el también exdirigente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF) advierte que espera “una disculpa pública” de López-Dóriga.

“Es lo único que he hecho en mi vida. Tengo 27 años en la industria. He sido el hombre más importante en el sector, representé a todos los laboratorios, y que ahora venga una calumnia y me destroce mi dignidad, no se vale; es mentira lo que han difundido”, sostiene.

–¿Qué le diría a López-Dóriga?

–Yo no me voy a enfrentar a López-Dóriga. Quiero que se dé cuenta de que lo que dice no es verdad y que ofrezca una disculpa pública. Él dijo que yo era un funcionario del Seguro Social y no es verdad; aseguró que estábamos negociando comisiones y no es cierto. Utilizaron información confidencial y eso está penado por la ley.

–En la última grabación se deduce que usted ya sabía que los habían grabado y le advierte a Rafael Castro. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se enteró de que habían escuchado la conversación?

–Claro que le advertí, porque creo en la lealtad entre amigos. Rafael Castro trabajó conmigo antes de irse a Novartis. Y sí, me advirtieron que nos habían grabado las llamadas.

–¿Lo habían involucrado a usted en algún otro escándalo de este tipo?

–Jamás. Me están obligando a cerrar mi ciclo en la industria, porque bien dice un viejo dicho: “calumnia, que algo queda”. Voy a seguir diciendo mi verdad, no para afectar a nadie, sino porque están arrastrando a gente que ni la debe ni la teme.

–Si esta intercepción telefónica no documenta ningún caso de corrupción, ¿qué significa?

–No documentan la corrupción. Documentan cómo pueden destruir la vida de las personas. Seguramente hay errores que cometimos en esas llamadas, pero nunca corrupción, nunca colusión.

Tanto Abelleyra como Castro anunciaron que se separaban de sus respectivas empresas. Tanto Stendhal como Novartis advirtieron en comunicados de prensa que las actividades y negocios mencionados en las llamadas se hicieron “a título personal” y no en nombre de ninguna de las firmas.

Reacciones



Todavía no se identificaba plenamente a las dos personas cuya conversación telefónica fue interceptada, cuando el presidente Felipe Calderón envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter desde Seúl, Corea del Sur en el que anunció:

“He dado instrucciones para que se investigue a fondo la posible corrupción en el IMSS y se castigue a quienes resulten responsables.”

Con una celeridad inusual en otros escándalos que involucran al IMSS, como el incendio de la guardería ABC, César Mora fue destituido de su cargo como coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del instituto.

El director de la dependencia, Daniel Karam, afirmó que no solapará “ningún acto de corrupción” y que presentaron una denuncia de hechos ante la PGR para que se deslindaran responsabilidades. El Senado de la República acordó llamar a comparecer a Karam la próxima semana para abundar en este audioescándalo promovido por Televisa.

Por su parte, el titular de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano, en entrevistas con medios electrónicos, incluyendo una con Primero Noticias, rechazó estar implicado en el caso y confirmó que sí conoce a Rafael Castro.

“Me deslindo, no tengo nada qué ver ni personal ni institucionalmente con las licitaciones del Seguro Social. Como comisionado exijo que se investigue a fondo y se castigue a los responsables. Estoy a disposición de la Secretaría de la Función Pública”, afirmó.

“Si algo me ha caracterizado en mi trayectoria es justamente ser recto y tratar de poner transparencia en la Cofepris, transparencia que no había. Sigue habiendo corrupción y hemos trabajado para combatirla”, planteó Toscano, exlegislador panista.

En la emisión del jueves 11, López-Dóriga abrió su noticiario con el mismo tema y trató de vincular a Toscano con el audioescándalo. Afirmó que la Cofepris no tiene que ver con las licitaciones del Seguro Social, “pero sí con acelerar el registro de un medicamento. Sin un registro de Cofepris no pueden participar en una licitación”, apuntó el conductor. l

El precioso, el narco y sus aviones. Lydia Cacho

Plan B |

A las tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado; decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004. Nadie inició esa línea de investigación; pero ahora la DEA descubre la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V, cuyo principal cliente es el gobierno de Puebla y las administraciones priístas de nueve estados. Se sabe que Mario Marín Torres destinó de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres que ya han declarado ante las autoridades.

El diario Acento Veintiuno publicó en octubre información sobre la existencia de la empresa; fuentes oficiales de la agencia norteamericana DEA me han confirmado que esta investigación en efecto es producto de un trabajo de colaboración con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ese mismo diario revela la conversación en que el Diputado poblano Ricardo Urzúa (PRI) explica cómo el entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquin Hendriks, entregó 300 mil dólares al Gober precioso para la empresa aérea. Esta fue creada con recursos públicos y está a nombre del hijo de Marín, quien ahora es investigado porque en una de sus aeronaves viajaba, según DEA y SIEDO, el capo Arturo Beltrán Leyva. Todo fue descubierto porque se detuvo al empresario mexicano Darío López Fernández, por contrabando de dinero en efectivo, en el aeropuerto de Miami, Florida en julio pasado.



Acento Veintiuno reveló en su momento lo que ahora ha sido ratificado: que López Fernández adquirió un Helicóptero Bell matrícula XA-IMS de Maclovio Hernández, ligado a operaciones del narcotráfico. López Fernández y Hernández tenían una sociedad empresarial que usaba las aeronaves KING AIR- matrícula XB-DLS y un Cessna 182 matrícula XB-KWE y la PGR identificó que la aeronave era utilizada por el narcotraficante Beltrán Leyva para escapar de un cerco policíaco en Puebla. Es la misma nave que transportó, en su campaña 2010, al delfín de Marín a la gubernatura, Javier López Zavala (PRI-PVEM).



Mario Marín, que en 2005 protegió a la red de pederastas y tratantes de niñas de Quintana Roo, es propietario de 7 helicópteros Bell 407, con valor de 21 millones de dólares; 2 Bell 206, 2 Augusta de 16 millones de dólares. Además pagó 600 mil dólares por dos aeronaves Cessna 2008 XA-TWT. Un Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon 20 en 350 mil dólares y 4 Lear Jet 45. Un agente de Interpol me asegura que la evidencia es absoluta.





El Presidente Calderón ha solicitado a la sociedad, con razón, que diga lo que sabe sobre la colusión de servidores públicos, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. La denuncia y la investigación ya están aquí. Ocho gobernadores priístas han despilfarrado millones de dólares (del erario público) para favorecer la empresa aeronáutica de Mario Marín que, según la propia autoridad ha sido utilizada, entre otras cosas, para transportar importantes cantidades de dólares en efectivo desde México hasta Texas y Florida. En estas aeronaves cuya empresa ha operado bajo la opacidad de prestanombres ahora revelados, se transportaron menores, dinero sucio, delincuentes y políticos. La pregunta es: ¿habrá castigos ejemplares? O seguirán jugando a la gallina ciega.