Distrito Federal– El miércoles 10 fue atacada la redacción en Acapulco del diario El Sur. Un comando armado atacó a balazos su edificio, y un tirador entró a la redacción y pretendió incendiar el local, pues derramó gasolina y disparó contra el combustible para hacerlo arder, sin lograrlo. Había doce personas en las oficinas del rotativo dirigido por Juan Angulo –que se hallaba en la redacción de Chilpancingo– y ninguna de ellas fue alcanzada por los disparos, pues pudieron resguardarse en otras oficinas del periódico.
No es una agresión más, de las muchas que han padecido medios de información en los años y meses recientes. Las instalaciones de Televisa en Nuevo León y Tamaulipas fueron blanco de repetidas agresiones, como ha ocurrido también en Mazatlán, contra las oficinas de los diarios El Debate y Noroeste. En ninguno de esos casos se dañó a persona alguna. El caso de El Sur se parece más al ataque padecido en febrero de 2006 por el diario El mañana, de Nuevo Laredo, donde también los agresores dispararon contra la redacción (con metralleta) y lanzaron una granada, si bien allí lesionaron de gravedad al reportero de guardia.
Otros diarios han sido atacados de modo indirecto, asesinando a algunos de los suyos. Es el caso de El Diario, de Ciudad Juárez, que en menos de dos años perdió a un reportero y a un fotógrafo, y de El Expreso de Matamoros, que apenas hace una semana sufrió el asesinato de un reportero. Cada uno de esos periódicos manifestó su protesta por esos terribles hechos, que los lastiman a profundidad, y en textos sobrecogedores se dirigieron a la delincuencia organizada para saber de qué se trata, o de plano desistieron de interpelar al gobierno porque, en cualquiera de los tres niveles, lo saben inepto para enfrentar la cada día más la abrumadora realidad de la violencia sin freno.
Es distinto, sin embargo, mostrar decepción por la inercia gubernamental, a la que se apela igualmente por rutina sin esperar resultado alguno (como hacen los periódicos norteños), a tener que acudir al ministerio público en demanda de indagaciones que se truequen en seguridad (porque los atacantes sean identificados y sometidos a la justicia) a sabiendas de que se enfrenta una indisposición agresiva, por lo que no cabe esperar del gobierno estatal ni el mínimo gesto de solidaridad, ni mucho menos eficacia en su indagatoria.
El gobierno de Zeferino Torreblanca ha mantenido una actitud crecientemente hostil contra El Sur. Lo eliminó de las pautas de publicidad oficial, a partir de una suposición doblemente falsa: que la inserción de avisos relacionados con la acción gubernamental es un favor que se acuerda discrecionalmente y sirve para comprar la voluntad editorial; y que con esa determinación El Sur quedaría fracturado y terminaría por cerrar.
Como este último extremo no ha ocurrido, la administración de Torreblanca ha ensayado otros modos de hostigar al periódico. Es probable, por ejemplo, que sonsaque a miembros del personal del diario, que acuden como si obedecieran un instructivo a la justicia laboral, que invariablemente les ha dado a la razón y forzado el pago de indemnizaciones. Angulo y sus compañeros de redacción han sido trabajadores de los medios durante largo tiempo y puesto que han estado en posición de padecerlo, lo último que harían sería maltratar laboralmente a sus compañeros.
Un hermano del gobernador demandó civilmente a Angulo y seis reporteros por daño moral, en que presuntamente habrían incurrido al relacionarlo con una empresa constructora que recibe contratos por asignación directa y no como resultado de una licitación. Alberto Torreblanca tasó su honra en diez millones de pesos. El asunto no se ha resuelto pero pende sobre la cabeza de los demandados, que de ser condenados perderían sus escasos bienes para poder encarar el adeudo judicial que resultara.
Juan Angulo fue conducido a la fuerza, por agentes de la policía ministerial, a fines del año pasado, a prestar declaración en un procedimiento penal del que tiene conocimiento sólo por su condición profesional. Ante las reiteradas negativas a acudir ante el Ministerio Público, basadas en el hecho de que sólo escribió sobre el asesinato del diputado Armando Chavarría y nada más, fue hostigado con amagos hasta que se consumó su virtual captura, y el propio gobernador se mostró irritado contra el periodista, como si éste pretendiera un fuero. Torreblanca arguyó que si él mismo fue llamado a testificar en el caso, el periodista no tenía por qué eludir una responsabilidad que, digo por mi parte, ni de lejos es semejante a la del gobernador. Torreblanca y Chavarría se hallaban en tan malos términos a la hora del asesinato del segundo, que el primero se abstuvo de acudir al sepelio. De haberse presentado habría incurrido en un acto de hipocresía inadmisible, pues el asesinato de su antiguo rival y colaborador no le ha importado, como lo prueba fehacientemente el que, transcurridos más de 14 meses no se ha avanzado en la averiguación penal correspondiente, si es que hay alguna.
En ese clima espeso, malamente puede esperar El Sur una indagación sobre el ataque sufrido. El aparato de seguridad estatal es inútil, como lo muestra la violencia generalizada que deja una estela de muertes cada día. Ese periódico resistirá, sin embargo, y continuará su labor. Le pido que se inspiren en los versos de Mario Benedetti: “con su esperanza dura,/ el sur también existe…con su fe veterana,/ el sur también existe…(y) que todo el mundo sepa/ que el sur también existe”.
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