Todos los que vivimos en la Ciudad de México deberíamos de tener clara la respuesta a la pregunta que da título a esta columna, por la simple razón de que vamos a pagar por ella, la mayoría, hasta que muramos.
Y este tema, al que los periodistas Samuel Adam e Israel Ortega del diario Reforma han dado seguimiento desde hace un par de meses, ayer provocó uno de los más grandes zafarranchos en las siete legislaturas de vida de la Asamblea Legislativa.
Este proyecto, que ha sido presumido por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como un gran beneficio medioambiental para la ciudad, no se trata más que de la privatización y monopolización del tratamiento de la basura de toda la capital, y la monopolización de la energía eléctrica para que funcione el Metro y los edificios de gobierno tengan luz.
Ok, por pasos. La termovalorizadora es una planta de tratamiento de residuos sólidos que convertirá las 4 mil 500 toneladas de basura, de 13 mil, que diario generan los capitalinos en electricidad. Esta planta estará en los terrenos del Bordo Poniente, donde durante años se llevó la basura de la ciudad. Esta electricidad es energía limpia, en teoría, no contaminante. Puesto así parecería que no hay de qué quejarnos.
Ahora, ¿cuánto va a costar y quién la va a pagar?
La Secretaría de Obras capitalina y la Agencia de Gestión Urbana lanzaron una licitación y le dieron el contrato a la empresa Veolia, que construirá la planta y tiene el derecho a operarla los próximos 33 años. ¿En qué condiciones? Aquí es donde empieza a enturbiarse el asunto.
De acuerdo con el contrato obtenido por los periodistas de Reforma, vía transparencia, se establece un pago de más de 12 mil millones de pesos sólo para la construcción, y en dicho contrato se mantenía oculto el monto que además tendríamos que pagarles los capitalinos a la empresa para que nos den esa electricidad que obtendrán de nuestra basura.
¿O sea que además de regalarles el manejo de nuestros residuos sólidos les vamos a pagar para que nos den la energía que obtengan y que podrán comercializar? Sí. Y aunque en el contrato se mantiene oculto el monto, la ALDF proyectó un pago de al menos 109 mil millones de pesos, lo que equivale a la mitad del presupuesto de toda la ciudad.
Y no sólo es opaco el monto que ocultó el gobierno de CDMX, antes de irse a pelear la candidatura presidencial, sino también las contraprestaciones a las que se comprometió el gobierno, que son hechos que tanto la Secretaría de Obras, la Agencia de Gestión Urbana y el Metro estarían obligados a realizar los siguientes 33 años. Seis jefes de Gobierno, obligados a cumplirlo.
¿Puede haber más malas noticias en este asunto? Nuestros políticos no tienen límites. Una de las cosas que estipula el contrato firmado con Veolia es que estamos obligados a comprarles a ellos y sólo a ellos la energía con la que operarán las 12 líneas del Metro y que abastecerá a todos los edificios de gobierno de esta capital.
¿Y en qué parte entran los diputados de la ALDF, que por esto ayer llegaron incluso a los golpes? En la sesión de este martes, los diputados del PRD, PAN, PRI, PVEM, PT, Humanista y Encuentro Social destituyeron ilegalmente a la morenista que presidía la Mesa Directiva, para llevar a cabo la votación en la que aprobaron que para que estemos seguros que Veolia tendrá siempre su pago a tiempo y en forma, se destinarán todos los remanentes de las partidas federales de la ciudad, o sea, el dinero que no se ejerza año con año, y se irá directo al pago de la empresa. Negocio redondo.
Como respuesta, los diputados de Morena tomaron la tribuna –todos, excepto los cinco que son del grupo político de Ricardo Monreal–, situación que tensó a tal punto la sesión que incluso dos diputadas se pegaron y mordieron –sí, leyeron bien.
Este es un ejemplo de cómo disfrazar un proyecto de beneficio ambiental y por debajo del agua regalarle parte de la ciudad a la iniciativa privada.
