lunes, 19 de julio de 2010
Convoca Gobernación a ayunantes a reunión con dirigencia del SME
La dependencia reiteró su llamado a levantar la protesta y a permitir atención por médicos del IMSS.
Notimex
Publicado: 19/07/2010 11:16
México, DF. La Secretaría de Gobernación (SG) solicitó por cuarta vez al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que levante la huelga de hambre de los señores Cayetano Cabrera y Miguel Ibarra y permita que personal del IMSS les proporcione atención médica.
Asimismo, convocó a estos dos huelguistas a participar en la reunión que sostendrá este mismo lunes con la dirigencia del SME, para hallar vías que permitan poner fin a esa protesta.
En respuesta a la petición de audiencia hecha por Cabrera al presidente Felipe Calderón, el subsecretario de Gobierno, Roberto Gil, dijo que en el encuentro previsto a las 17:00 horas se escucharán las preocupaciones de los trabajadores de la extinta Luz y Fuera, y construir soluciones responsables y viables en el largo plazo.
“En todo momento, la SG ha dejado claro que el gobierno de la República trabaja incansablemente por ofrecer opciones de reinserción laboral y productiva, y por atenuar las repercusiones de dicha extinción en la vida cotidiana de sus familias”, destacó el funcionario.
En este contexto, convocó “al ingeniero Cayetano Cabrera y a las personas que participan en la huelga de hambre a participar en dicha reunión, con el propósito de dialogar de manera directa y encontrar las vías para poner fin a esa protesta”.
Roberto Gil destacó que el gobierno federal, a través de la Segob, ha hecho llamados insistentes a no poner en riesgo la vida y la salud de los ex trabajadores, dado que existen las vías políticas para deliberar sobre su problemática específica y las opciones de solución.
Tal es el caso de la cuarta carta que envió este lunes al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, para que permitan que un equipo de médicos del Seguro Social atiendan a las personas que permanecen en huelga de hambre desde hace más de 80 días, a fin de preservar su integridad y salud.
Agrega que esas expresiones de protesta resultan desproporcionadas “cuando existen los cauces legales para defender los derechos laborales de los ex trabajadores y de los sindicatos”. “Sobre todo resulta injustificada desde el punto de vista ético y político, por los daños severos a la integridad física y a la propia vida de las personas que en ella participan”, abundó el subsecretario.
“Le solicitamos nuevamente su intervención para que esta modalidad de protesta sea levantada de inmediato”, pues “desde su inicio fue una actividad planeada y organizada por el movimiento que usted encabeza. Y como tal, está en su espacio de decisión e influencia poner fin”, expuso.
En la misiva con acuse de recibo del 19 de julio, Gil Zuarth exhortó a Esparza a utilizar su liderazgo para servir a sus representados con sabiduría, serenidad y sensatez para evitar un mayor deterioro a la salud de las personas que se han mantenido en ayuno prolongado.
Reiteró que “deben prevalecer las vías legales para la defensa de los intereses que usted representa y el diálogo como instrumento de deliberación sobre la factibilidad de sus exigencias”.
En ese sentido “le insisto, por cuarta ocasión, que realice todas las gestiones necesarias para que le sea proporcionada de inmediato la atención médica especializada por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con digno propósito de detener los daños a su integridad y evitar mayores consecuencias en su salud”, finaliza la misiva.
Astillero
Astillero
Calderón y los Moreira
Ruta electoral de conflictos
(Des)uso vengativo de PF
Partidismo en guerra
Julio Hernández López
Casi nada le duró al calderonismo el ensueño de su gabinete rediseñado conforme a las tesis del amiguismo pragmático (con el mismo entusiasmo con que recibe a los cuates recién ingresados a la nómina, Felipe puede dar puñaladas políticas a los chómpiras que ya no le son útiles) y de la formulación aventurera de nuevas tesis de “gobierno” (en el caso, la ocurrencia tramposa de la “seguridad democrática”).
Por un lado, ha habido un amplio pitorreo por el talante de los funcionarios habilitados para relevos en el gabinete: un secretario de Gobernación gris, sin oficio político ni relaciones importantes más que con su ahora patrón, y proveniente de un sonoro fracaso electoral, administrativo y policiaco en Baja California; un secretario de Economía sacado del quinto patio de la burocracia chambista y especializado religiosamente en asuntos jurídicos, especialmente relacionados desde el enfoque conservador con el matrimonio y la familia, acusado de ser parte del legionarismo macielista en desgracia; y un jefe de oficina “presidencial” que es regresado al seno paternal porque no dio el ancho en su anterior encargo, supuestamente de mayor importancia; más la salida del baterista Timbiriche que cobraba como coordinador de Comunicación Social de Los Pinos y que ahora, en el reacomodo siempre deficitario, es sustituido en la baraja felipista por una Sota. Exhibición dolorosa de ineficacia, insensibilidad y desesperación de un conductor designado que mueve palancas y oprime botones y aún no puede controlar ni dar buen rumbo al vehículo al que fue trepado en 2006.
Peor ha sido la salutación de entrada que el narcotráfico ha dado al cuarto secretario de Gobernación: no sólo en la franja fronteriza, con actos que suben el nivel bélico y amenazan aún más o de peor manera a la población civil, como sucedió en Ciudad Juárez con el estallido de un coche bomba, o con los emplazamientos de batalla casi formal, geográficamente esparcida y durante horas, entre soldados y mafiosos en Nuevo Laredo, sino incluso en otras zonas norteñas, como se vio este fin de semana en Torreón, Coahuila. Si algún funcionario o personaje importante, de los que dominan realmente el tema del narco, creyó posible que el ingenuo nuevo secretario de Gobernacion y su jefe desalmado estuviesen albergando con seriedad la idea de aminorar el fuego desatado, o cambiar de rumbo las mirillas o negociar políticamente con capos priístas para restablecer la famosa pax narca, entonces esos funcionarios o personajes relevantes deben sentirse reconfortados con los hechos sangrientos de estos días recientes, pues parecieran cerrar cualquier posibilidad de corrección o arreglo pactado.
Lo sucedido en Torreón merece atención especial, pues en Coahuila el felipismo ha mostrado sin reticencias el uso político de los instrumentos de la “guerra” contra el narcotráfico para castigar, o pretender hacerlo, a funcionarios o políticos de otros partidos que no se alinean con Los Pinos. Los Hermanos Moreira gobiernan Coahuila con sentido dinástico, excluyente, oportunista y tramposo –Humberto y Rubén; uno, actualmente; otro, trabajando para relevar al carnal– y han tenido éxito, haiga sido como haiga sido, para despojar a panistas de posiciones políticas, expectativas de negocios e incluso aspiraciones de relevo en gerencias regionales del narco, pero no sólo a panistas en general, sino particularmente al grupo regional identificado hasta en circunstancias de padrinazgos sociales con el calderonismo, bando local de felipismo que, a partir de 2006, creyó llegado el momento de su plena asunción al reino de la política y los negocios, blancos y oscuros.
Lo cierto es que en el pleito de malas artes acabaron triunfando los Moreira y el pleito con el calderonismo ha subido de nivel. No hay ningún otro gobernador que se atreva a criticar directa y abiertamente a Calderón siquiera en una tercera parte de lo que hace el encargado actual del gobierno local, Humberto, lo que ha provocado que Los Pinos cierre llaves presupuestales, ponga obstáculos burocráticos y niegue la presencia de la Policía Federal en aquellas latitudes a pesar de que es evidente el crecimiento de las pugnas armadas entre cárteles y el daño social que esos narcotraficantes causan a la población.
Causa extrañeza, por lo demás, confirmar la ruta de estallidos violentos conforme a calendarios electorales. Las entidades donde el panismo es oposición y pareciera tener ciertas opciones de crecimiento en urnas han recibido golpes atribuidos al narcotráfico que causan desestabilización, confusión, miedo y alejamiento de los procesos comiciales o variación de las expectativas electorales (ejemplo de esto último, Sonora y el caso ABC). Lo sucedido en la quinta Italia Inn, de Torreón, tiene similitudes con lo sucedido en Ciudad Juárez, donde una matanza de estudiantes abrió las puertas para que el gobierno federal entrara con presupuesto especial a tareas asistenciales justamente en el tramo importante de los comicios que finalmente fueron ganados por el poder fáctico que realmente domina la entidad. Felipe Calderón, en ese escenario, debería esforzarse en demostrar que el abandono en que mantiene a Coahuila no se debe a reyertas partidistas y a enconos personales y, asimismo, debe actuar de inmediato para ayudar a esa región largamente lastimada que se suma a la gran lista de ciudades y zonas geográficas tomadas por el poder del narcotráfico y convertidas en sangrienta moneda de cambio de cárteles políticos que mantienen la vista puesta en los próximos comicios.
Y, mientras el SME da muestras de prudencia al aceptar que las manifestaciones de protesta que afectan gravemente las vialidades les restan adhesiones sociales, y en tanto se va calentando declarativamente el ambiente rumbo al histórico Grito venidero, ¡hasta mañana, en esta columna que ya ve el enojo histérico de segmentos antichavistas por la visita de Maradona al presidente de Venezuela!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El verde olivo y la gran estrategia
• Todos somos Juárez, ¿y el narcoterrorismo…?
• Más focos rojos
• Más focos rojos
Peligroso inicio de semana con las señales de lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde explotó un coche bomba, asesinando a elementos de la Policía Federal y a civiles, algunos heridos de gravedad. Delicado que justamente el botón llamado “Todos somos Juárez” registre el temerario desafío si toma en cuenta que precisamente esa ciudad ha sido el emblema escogido por Felipe Calderón para demostrar que se pueden recuperar los mentados espacios. Volátil que la “ridícula minoría” haga suya la etiqueta de narcoterrorismo poniéndose para la interesante foto bilateral, en la cual ya circula importante información, estrategia y planes de contención para evitar crucen la delgada línea fronteriza.
Ciudad Juárez, se ha dicho hasta el cansancio en este irreverente espacio, es el símbolo del fracaso de este (des)gobierno.
Ahí donde se han anunciado innumerables programas sociales, de educación, de empleo, de seguridad y cultura, my friend… hoy muy poco se ha llevado a cabo. Ahí donde Margarita y Felipe escucharon las voces de madres agraviadas, molestas y lastimadas de ese Vive México, hoy sigue en el abandono de la agenda integral federal.
El desorden es de tal magnitud que un día se anuncio la salida (por la puerta de atrás) de nuestras fuerzas armadas para darle la plaza a los elementos del titular de la (in)seguridad publica, Genaro García Luna, para después desmentir y señalar que la plaza es responsabilidad conjunta; luego entonces, resultaría que Juárez es la ciudad más (peligrosa) vigilada del planeta. Ahí donde hace escasos cuatro meses fueron ejecutadas tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos, encendiendo los focos rojos que de por sí, amable lector, ya bailaban enloquecidos en los tableros de seguridad nacional.
El atentado del coche bomba que dio la vuelta al mundo, colocando una vez más esa linda imagen de nuestro país, es motivo de ocupación y preocupación internacional, que contrasta con las frivolidades del distintivo sonsonete escupido por Abelardo Escobar Prieto al mencionar que el acto terrorista fue una reacción naturaldel organizado crimen por las medidas emprendidas por este (des)gobierno y que el hecho violento no provocará que se ceda en el combate… bla, bla, bla…
Y para documentar el optimismo (Monsi dixit) de la excelente coordinación en los momentos de crisis, nada como atestiguar el circo demente de declaraciones que sin control soltaban, por un lado el comandante de la Quinta Zona Militar, por el otro, el alcalde de la vapuleada ciudad, y para finalizar el coro de los tres chiflados, el titular de la PGR, desencadenando con tanta información una mayor desinformación… lo que ya es un conocido sello del monumental desmadre de comunicación que se agudiza en momentos de alta tensión donde se carece, of course, de estrategia…
Esa misma que en el rubro al combate contra esa “ridícula minoría”, el recién estrenado titular de Gobernación,Mr. Blake, ha dejado en claro que no cambiará, no modificará y Los Pinos va derecho y no se quita… y nada de solicitudes de actores políticos, de sectores, de cúpulas empresariales, eclesiásticas, ciudadanos, de expertos y analistas en el sentido de que la estrategia de Felipe Calderón debe ser revisada.
Nada de eso.
Es más, Mr. Blake, en su nutrido media road show, expresó que la lucha (ya le dieron flit al término guerra) contra la organizada delincuencia será mas democrática y menos de un solo hombre.
Ahhhhh chinga.
¿Quién será ese jicotillo al que se refirió el secretario de Gobernación…? O mejor aún, pensando mal (something quit easy with these morons)... ¿no será que ya entrados en desgastados gastos se pretende compartir responsabilidad en el fracaso integral de la cacareada estrategia…? Y así dejar huella que el tiradero nacional no fue sólo obra de los civiles, sino también de los… militares.
Y así sentar las bases —hoy que todavía el Congreso no entrega bases jurídicas ni legales— para que llegado el inolvidable momento Kodak pasen a la foto de la historia nuestras fuerzas armadas.
Esa sí, my friend, es una gran estrategia…
Por la mirilla
¿Y Diego Fernández de Cevallos, apá...?
Defiende José Manuel Villalpando los costos de la Expo Bicentenario
El coordinador de los festejos niega favoritismos en asignación de recursos
No es un derroche, sino una muestra de lo que somos capaces de hacer, dice
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Lunes 19 de julio de 2010, p. 13
El coordinador ejecutivo de la comisión especial que organiza los festejos del bicentenario, José Manuel Villalpando, defendió los costos de la Expo Bicentenario: “no es un derroche, basta con verla para darnos cuenta de que en México somos capaces de crear cosas verdaderamente fantásticas; que en México hay mucho más allá de lo que todos los días aparece en las noticias, porque hay talento, buena fe, voluntad, conocimiento, creatividad”.
Villapando ratificó que el costo total de la Expo fue de mil 100 millones de pesos, de los cuales el Congreso de la Unión aprobó 280 millones y el resto corresponde a aportaciones del gobierno del estado mediante un fideicomiso. Dijo que esta exposición permitirá conmemorar, en el lugar de los hechos, los acontecimientos históricos de la Independencia.
Según el funcionario, es una forma de mostrarle al mundo “de lo que somos capaces de hacer”, porque esta exposición “es una verdadera revolución en materia de museografía a escala internacional. La concibió el mejor museógrafo que hay en México, José Enrique Ortiz Lanz”, quien fue responsable de las exposiciones de Persia y los zares. “Es un alarde museográfico que va a revolucionar la forma como los museos se van a presentar en el futuro.”
–¿Usted garantiza que todos estos gastos están justificados peso sobre peso? ¿Se va a poder probar que hay transparencia?
–Por supuesto que se puede probar absolutamente. Los papeles que tenemos lo acreditan en el entendido de que nosotros tenemos la coordinación de los proyectos; la ejecución directa corresponde a cada entidad. Yo no ejecuto directamente los proyectos, los ejecutan las diversas entidades que participan, que son muchísimas, y también que hay una instancia encargada de hacer las contrataciones directamente, que es el Banco Nacional del Ejército y la Armada. Nosotros no tenemos acceso al dinero ni disponemos de él.
–¿Todo el presupuesto que se destinó a los eventos es justo y necesario? ¿No es demasiado?
–No sé si sea demasiado, o mucho o poco. Yo no lo vería en función de cantidades, sino en función de la ocasión única e irrepetible que vamos a vivir, que no volverá a suceder hasta dentro de 100 años.
Entrevistado al término de la ceremonia luctuosa por el aniversario del fallecimiento de Benito Juárez, se refirió también a la intervención de la Auditoria Superior de la Federación para verificar los gastos de los festejos, lo cual no es porque las cifras no cuadren, sino parte de la supervisión. Villalpando dijo que “no se oculta nada. Recuerden ustedes que yo he ido informando claramente cuánto ha ido aumentando”.
Consideró que no ha habido “ni derroche ni favoritismos” en el ejercicio y asignación de recursos, en relación con la participación de Turissste.
“Hay una explicación muy sencilla: Turissste es una empresa pública encargada de servicios turísticos y como tal tiene la facultad de contratar y subcontratar todo lo necesario para que funcione, como dice su propia ley orgánica, como agencia de viajes, espectáculos congresos y convenciones.”
Villalpando rechazo las críticas de la contratación de Rich Birch como principal responsable del espectáculo del 15 de septiembre, pues él ha involucrado a nueve directores de escena mexicanos que serán los responsables de hacer los cuadros plásticos.
De nueva cuenta defendió su presencia porque en México se tiene la posibilidad de tener un “espectáculo histórico, patriótico y cívico de talla mundial” con ocasión del festejo del bicentenario.
Refirió que implicará un gasto de 580 millones de pesos “nada más el puro espectáculo”, que no incluye el desfile militar. Informó que la celebración comenzará el 15 de septiembre a las 5 de la tarde con un desfile de cinco horas de duración, en el que se espera la asistencia de un millón de personas, para lo cual se trabaja con el gobierno de la ciudad para coordinar la seguridad.
Se estima que el último contingente de los “cuadros plásticos”, que incluye el desfile, arribe al Zócalo a las 10 de la noche. Habrá concentraciones también en el Ángel de la Independencia y en El Caballito porque no toda la gente cabrá en el Zócalo. Se estima que los bailes y demás festejos se prolongarán durante la madrugada y a las 6 de la mañana, conforme a los tiempos históricos, el presidente Felipe Calderón dará un nuevo grito, en el lugar y la hora exacta en que lo dio Miguel Hidalgo.
No es un derroche, sino una muestra de lo que somos capaces de hacer, dice
Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Lunes 19 de julio de 2010, p. 13
El coordinador ejecutivo de la comisión especial que organiza los festejos del bicentenario, José Manuel Villalpando, defendió los costos de la Expo Bicentenario: “no es un derroche, basta con verla para darnos cuenta de que en México somos capaces de crear cosas verdaderamente fantásticas; que en México hay mucho más allá de lo que todos los días aparece en las noticias, porque hay talento, buena fe, voluntad, conocimiento, creatividad”.
Villapando ratificó que el costo total de la Expo fue de mil 100 millones de pesos, de los cuales el Congreso de la Unión aprobó 280 millones y el resto corresponde a aportaciones del gobierno del estado mediante un fideicomiso. Dijo que esta exposición permitirá conmemorar, en el lugar de los hechos, los acontecimientos históricos de la Independencia.
Según el funcionario, es una forma de mostrarle al mundo “de lo que somos capaces de hacer”, porque esta exposición “es una verdadera revolución en materia de museografía a escala internacional. La concibió el mejor museógrafo que hay en México, José Enrique Ortiz Lanz”, quien fue responsable de las exposiciones de Persia y los zares. “Es un alarde museográfico que va a revolucionar la forma como los museos se van a presentar en el futuro.”
–¿Usted garantiza que todos estos gastos están justificados peso sobre peso? ¿Se va a poder probar que hay transparencia?
–Por supuesto que se puede probar absolutamente. Los papeles que tenemos lo acreditan en el entendido de que nosotros tenemos la coordinación de los proyectos; la ejecución directa corresponde a cada entidad. Yo no ejecuto directamente los proyectos, los ejecutan las diversas entidades que participan, que son muchísimas, y también que hay una instancia encargada de hacer las contrataciones directamente, que es el Banco Nacional del Ejército y la Armada. Nosotros no tenemos acceso al dinero ni disponemos de él.
–¿Todo el presupuesto que se destinó a los eventos es justo y necesario? ¿No es demasiado?
–No sé si sea demasiado, o mucho o poco. Yo no lo vería en función de cantidades, sino en función de la ocasión única e irrepetible que vamos a vivir, que no volverá a suceder hasta dentro de 100 años.
Entrevistado al término de la ceremonia luctuosa por el aniversario del fallecimiento de Benito Juárez, se refirió también a la intervención de la Auditoria Superior de la Federación para verificar los gastos de los festejos, lo cual no es porque las cifras no cuadren, sino parte de la supervisión. Villalpando dijo que “no se oculta nada. Recuerden ustedes que yo he ido informando claramente cuánto ha ido aumentando”.
Consideró que no ha habido “ni derroche ni favoritismos” en el ejercicio y asignación de recursos, en relación con la participación de Turissste.
“Hay una explicación muy sencilla: Turissste es una empresa pública encargada de servicios turísticos y como tal tiene la facultad de contratar y subcontratar todo lo necesario para que funcione, como dice su propia ley orgánica, como agencia de viajes, espectáculos congresos y convenciones.”
Villalpando rechazo las críticas de la contratación de Rich Birch como principal responsable del espectáculo del 15 de septiembre, pues él ha involucrado a nueve directores de escena mexicanos que serán los responsables de hacer los cuadros plásticos.
De nueva cuenta defendió su presencia porque en México se tiene la posibilidad de tener un “espectáculo histórico, patriótico y cívico de talla mundial” con ocasión del festejo del bicentenario.
Refirió que implicará un gasto de 580 millones de pesos “nada más el puro espectáculo”, que no incluye el desfile militar. Informó que la celebración comenzará el 15 de septiembre a las 5 de la tarde con un desfile de cinco horas de duración, en el que se espera la asistencia de un millón de personas, para lo cual se trabaja con el gobierno de la ciudad para coordinar la seguridad.
Se estima que el último contingente de los “cuadros plásticos”, que incluye el desfile, arribe al Zócalo a las 10 de la noche. Habrá concentraciones también en el Ángel de la Independencia y en El Caballito porque no toda la gente cabrá en el Zócalo. Se estima que los bailes y demás festejos se prolongarán durante la madrugada y a las 6 de la mañana, conforme a los tiempos históricos, el presidente Felipe Calderón dará un nuevo grito, en el lugar y la hora exacta en que lo dio Miguel Hidalgo.
La “ruleta bursátil” de Molinar ... con dinero de los derechohabientes del IMSS
Jesusa Cervantes
En acciones de legalidad dudosa, el IMSS ha puesto a “jugar” millones de pesos de los derechohabientes en operaciones bursátiles de alto riesgo. El caso ya ameritó una solicitud formal de juicio político contra Juan Molinar Horcasitas, en cuya administración al frente del IMSS se autorizó una jugada bursátil por al menos 500 millones de pesos. Una investigación de Proceso revela que el monto real del dinero en riesgo podría ser de varios miles de millones.
Como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas autorizó operaciones financieras irregulares por cientos de millones de pesos, lo que hoy podría causar un quebranto al Fondo de Reservas del organismo descentralizado debido a que algunas de las empresas en las que se invirtió parte del dinero de los derechohabientes están en quiebra.
Gabriel Reyes Orona, procurador fiscal de la Federación en el primer tramo de gobierno de Vicente Fox y ahora presidente de Transparencia Nacional, detalla que lo anterior forma parte de los alegatos que el pasado 24 de junio entregó a la Cámara de Diputados para respaldar su demanda de juicio político y desafuero contra Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con Reyes Orona, la operación irregular –ideada por el entonces responsable de Finanzas y actual director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh– consistió en que por lo menos 500 millones de pesos fueron utilizados para jugar en la bolsa de valores en inversiones riesgosas y altamente especulativas.
En entrevista con Proceso, el exprocurador fiscal explica que en 2006 el IMSS usó 500 millones de pesos para comprar bonos emitidos por Metrofinanciera –una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom)– en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la intención de obtener ganancias adicionales.
En 2008 esa empresa comenzó a tener problemas de liquidez y en junio de 2010 llegó a la quiebra, por lo que hoy no tiene recursos para devolver el dinero a sus inversionistas.
En la ilegalidad
Reyes Orona aclara que este tipo de operaciones financieras no están permitidas a los organismos descentralizados ni a las paraestatales.
Con el Diario Oficial de la Federación del 1 de marzo de 2006 en la mano, el economista lee el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la administración pública federal”, cuyos numerales II.1 y II.2 indican que sólo están permitidas las inversiones en sociedades que emitan “valores gubernamentales”, como cetes o bonos del IPAB.
Para aclarar si al IMSS, que es un organismo descentralizado, se le aplican o no los lineamientos anteriores, Proceso se entrevistó con el abogado especialista en administración pública Jaime Cárdenas Gracia, quien detalló que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el IMSS “se rige por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetará a las disposiciones de la presente ley”.
Lo anterior significa, explica Cárdenas, que para normar su estructura orgánica el IMSS se rige por su propia ley, pero en lo que atañe a su operación, “como el manejo de sus finanzas”, debe acatar lo que dice la Ley Federal de Entidades Paraestatales y, por lo tanto, lo que especifica el decreto de 2006, que dice qué tipo de inversiones puede efectuar.
Según el decreto del 1 de marzo de 2006, agrega el también diputado del Partido del Trabajo, el IMSS no puede invertir en acciones especulativas, sino sólo en operaciones respaldadas por “valores gubernamentales”.
“Todas las demás operaciones que no sean con valores gubernamentales son ilegales y puede haber responsabilidades administrativas, civiles y penales para quienes autorizaron las inversiones del IMSS en Metrofinanciera”, concluye Cárdenas.
Información clasificada
En 2008 la sofom Metrofinanciera empezó a tener problemas de liquidez. En octubre de 2008, ante la crisis económica, el gobierno de Felipe Calderón anunció un programa de apoyo para algunas sofoles que no podían hacer frente a sus compromisos. Esto generó suspicacias en el exprocurador fiscal, quien empezó a indagar pues tenía dudas sobre el origen de los recursos y de si Metrofinanciera podía ser rescatada.
A través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), solicitó los montos de inversión del IMSS y de Pemex en Metrofinanciera. El 17 de septiembre de 2009 Pemex aclaró que no tenía inversiones en esa sofom pues la ley se lo prohíbe, por no tratarse de emisiones con “valores gubernamentales”.
La respuesta del IMSS fue sorprendente: el 27de octubre de 2009 dijo que esa información “se encuentra clasificada, con fecha 5 de enero de 2009, como reservada y confidencial en su totalidad”.
Reyes Orona detalla que “tiene indicios” de que la suma invertida por el IMSS de manera irregular es por 500 millones de pesos y que, al no haber una partida especial autorizada por la Cámara de Diputados, “es de suponer que forma parte del dinero del Fondo de Reserva del instituto, lo cual implica una desviación de recursos en detrimento de los derechohabientes”.
En su documento de solicitud de juicio político contra Molinar Horcasitas, el exprocurador fiscal establece que “preocupa que sin un claro sustento legal o técnico, entidades del sector público incursionen en actividades de suyo arriesgadas, comprometiendo partidas presupuestarias a destinos de inversión ajenos a los mandatos de esta Cámara”.
Añade: “Cobijado en un forzado alegato de reserva, pretende ocultar y encubrir severas responsabilidades de las áreas de tesorería y finanzas, las cuales han tratado las reservas del instituto y sus caudales como si se tratara de una empresa privada animada por la especulación”.
En su demanda, Reyes Orona pide también que se indague “la relación entre ejecutivos y promotores bursátiles vinculados a Metrofinanciera con operadores financieros del Seguro Social”.
Lo anterior porque el agente colocador (quien compra bonos en nombre de una entidad) recibe un porcentaje. En el caso de Metrofinanciera, quien se encargó de colocar sus acciones es IXE Banco, del cual es accionista Javier Molinar Horcasitas, hermano del entonces director del IMSS. Así lo reveló el 18 de agosto de 2009 Darío Celis, columnista de Excélsior, quien incluso preguntó “¿cómo fue que Javier pudo hacer este negocio con el IMSS, si su hermano Juan era el director?”
El día siguiente el mismo columnista publicó la réplica del banco: “Sobre el IMSS, señalan que el organismo empezó a invertir en papel de Metrofinanciera en octubre de 2006; es decir, antes de la llegada a la dirección de Juan Molinar Horcasitas. Que las emisiones que hizo IXE fueron en 2006, antes de que estallara la crisis en la sofom, esto es en 2008. Y que para entonces el papel gozaba de la mejor calidad, según las calificaciones de Standard & Poor’s”.
Aunque la información sobre Metrofinanciera está clasificada como “confidencial y reservada” desde el 5 de enero de 2009, Proceso encontró en los informes del IMSS que, efectivamente, el instituto empezó a invertir en 2006, como alega IXE, pero una de las operaciones sí se realizó cuando Javier Molinar ya estaba en la dirección de ese banco.
Según los documentos, la primera compra de bonos de Metrofinanciera se hizo el 4 de abril de 2006 por la cantidad de mil 485.1 millones de pesos; pero el 20 de diciembre de 2006, cuando Juan Molinar ya era director del IMSS, se compraron otros bonos de esta sofom por 460 millones de pesos. En total el instituto invirtió mil 945.1 millones de pesos en esa sofom, aunque tenía autorizados hasta 8 mil millones para la especulación bursátil.
Otras inversiones
El caso de Metrofinanciera no es el único en el que el IMSS se involucra con la especulación bursátil: desde 2000 lo ha hecho con papeles de Cemex, Carso Global Telecom, América Móvil, Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Daimler Chrysler México Holding y las sofomes Crédito Inmobiliario, Fincasa Hipotecaria, Ford Credit de México, GMAC Financiera, GMAC Hipotecaria, Hipotecaria Su Casita, Hipotecaria Comercial América, Servicios Financieros Navistar, NR Finance México, PACCAR México, Telefónica Finanzas México, Crédito y Casa & Invex Banco, Hipotecaria Crédito y Casa y Patrimonio, además de CIE, empresa dedicada a la promoción de espectáculos.
El total de los papeles adquiridos o montos invertidos –que según Reyes Orona podrían estar siendo respaldados con dinero del Fondo de Reservas del IMSS– es de 16 mil 631.5 millones de pesos, según los reportes del propio organismo descentralizado.
Desde agosto de 2009 la bancada del PRI en la Cámara de Diputados solicitó al director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, información sobre el posible “desvío” de recursos del instituto hacia Metrofinanciera, pues los legisladores no tenían conocimiento de que ese tipo de inversiones se haya realizado con otras sofomes o empresas privadas.
El 13 de noviembre de 2009, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, recordó que desde enero de ese año la información se catalogó como “reservada y confidencial” en lo que atañe a Metrofinanciera.
Ese mismo día propuso un punto de acuerdo para llamar a comparecer al director del IMSS y al director de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Javier Gavito, ya que esa entidad ha sido aval para las transacciones con las sofomes.
En el punto de acuerdo el priista estableció: “A través de indicadores y reportes financieros conocidos o emitidos por entidades financieras y documentos de trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, surgen preocupantes indicios de que las sumas que indebidamente el Seguro Social pudo haber canalizado hacia Metrofinanciera pueden alcanzar los 500 millones de pesos.
“Ante ese incumplimiento del Presupuesto de Egresos y de las leyes y normas presupuestarias, la Dirección General y la de Finanzas del instituto han inducido a reservar hasta el final de esta administración la información relativa… Es inaceptable que servidores públicos pretendan hacer pasar como válido el intento de ocultar la información de cómo se usan los recursos del erario federal entregados a ese organismo.”
Más adelante, el priista establece las consideraciones que a su parecer han llevado al IMSS a clasificar el tema como “reservado”.
“Los directivos y administradores financieros del Seguro Social no han dado explicaciones porque no existe, al amparo de las disposiciones legales que regulan el uso de recursos públicos, (la posibilidad de) arriesgar y especular con dinero de los contribuyentes en inversiones de alto riesgo. Sólo beneficios particulares se pueden desprender de las arbitrarias decisiones de inversión hoy ocultas bajo el manto de la reserva.”
En el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados se pide un informe de lo invertido no sólo en Metrofinanciera, hoy en quiebra, sino también de todas las sofomes en que se han adquirido títulos o valores. Hasta la fecha la información no ha llegado.
El 26 de mayo de 2010, durante la comparecencia de Javier Gavito, Ramírez Marín pidió información sobre las inversiones del IMSS en Metrofinanciera. El director de la SHF evitó responder y se limitó a decir que esa Sociedad no ha realizado ningún rescate de Metrofinanciera.
Sin embargo, con la revisión de los estados financieros del IMSS de 2006 a 2010 se puede detectar lo que Juan Molinar, Daniel Karam y Javier Gavito no han querido informar.
En los documentos del IMSS aparece la relación de los 16 mil 631 millones de pesos del instituto invertidos desde el año 2000 al 2007. Se aclara que las inversiones se realizan con apego a la Ley del Seguro Social y a su Reglamento Interior. En el desglose de los reportes se establece también que las inversiones no superan 30% del valor total de los diversos fondos que tiene el instituto y que componen el Fondo de Reservas.
Sin embargo, según el análisis del “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la administración pública federal”, y que según Reyes Orona, Jaime Cárdenas Gracia y el economista Mario di Costanzo también se aplica al IMSS, esas inversiones millonarias son ilegales.
En dichas reglas se establece que las sociedades de inversión a que se refiere el inciso e) del numeral II.1, únicamente podrán ser aquellas cuyo régimen de inversión, de acuerdo con sus respectivos prospectos de información, tengan como activos objeto de inversión exclusivamente valores gubernamentales”.
Más adelante se establece que “la inversión de una misma entidad en acciones representativas del capital social de una sociedad de inversión no podrán exceder el 30% de los activos totales de esa sociedad de inversión”.
Los documentos del IMSS, donde se aclara que no es más de 30% la inversión en los papeles de las empresas privadas, son reveladores.
No sólo ofrece datos de las multimillonarias inversiones del IMSS en operaciones especulativas, sino que dice cómo las inversiones en GMAC Financiera y GMAC Hipotecaria, por ejemplo, fueron disminuyendo en su calificación en abril de 2008.
En julio de ese mismo año, el IMSS reportó que la corredora Fitch había bajado la calificación de los papeles de Metrofinanciera y que Standard & Poor’s bajó nuevamente la calificación de GMAC y de Ford Credit México.
En el primer trimestre de 2009 el propio IMSS dio cuenta de lo que tanto temían los legisladores del PRI y lo que Reyes Orona y Di Costanzo advertían: que al jugar con papel especulativo el instituto podría perder.
Los documentos en el rubro de “Posición del portafolio de inversión” revelan que también se había invertido en Comercial Mexicana, la primera empresa que quebró por jugar con instrumentos de alto riesgo.
“…No se incluyen el vencimiento de la inversión por 181.4 mdp (millones de pesos) y los intereses devengados por 8.1 mdp por la emisión COMERCI 01808 de Controladora Comercial Mexicana por incumplimiento en febrero de 2009. La cuenta se encuentra en litigio.”
Y lo mismo para su inversión con Metrofinanciera: “No incluyen el vencimiento de la inversión por 250 mdp y los intereses devengados por 2.1 mdp, de la emisión MEROFI 00509 de Metrofinanciera por incumplimiento en abril de 2009. Las cuentas se encuentran en inversiones en litigio”.
Estos datos corroboran los temores de los legisladores: pérdidas para el IMSS en su Fondo de Reservas que difícilmente podrán ser recuperadas.
Dos disidentes... mexicanos
Rosalía Vergara
Las demandas de Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra –los electricistas que hasta el jueves 15 llevaban respectivamente 82 y 78 días en huelga de hambre– parecen sencillas: uno exige que se cumpla el convenio por el cual se nombra a la CFE como patrón sustituto del SME y el otro su reinstalación en la planta de Necaxa. Politizado el conflicto, ambas peticiones parecen inaceptables para el gobierno de Felipe Calderón, que ni ha volteado a verlos pero, en cambio, se congratuló por las medidas del régimen castrista que permitieron al disidente Guillermo Fariñas levantar su ayuno.
La vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se consume igual que la vida de los huelguistas de hambre Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Ángel Ibarra Jiménez, quienes ya padecen graves problemas de salud.
Mientras el secretario general Martín Esparza y sus colaboradores exigen al gobierno federal que nombre patrón sustituto del sindicato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estos dos hombres –que siguen postrados en sus catres, requieren de un tanque de oxígeno y reciben vitaminas por vía intravenosa porque ya no pueden tomar mucha agua ni miel– tienen sus propias demandas.
Cayetano, ingeniero oaxaqueño del IPN, descendiente de ferrocarrileros que lucharon con Demetrio Vallejo, le pide al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que deje de anunciar en los medios de comunicación la muerte del SME, que lo comunique a la organización de manera oficial.
Miguel Ángel, poblano y representante del SME en la división Necaxa (donde nació Luz y Fuerza del Centro), miembro tradicional de las llamadas familias SME porque en ellas todos son electricistas, tiene más esperanzas: “Yo saldré de aquí cuando me devuelvan mi trabajo”.
El futuro del sindicato está en manos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), pues ahí está radicada la demanda para que la CFE sea el patrón sustituto de los electricistas, como lo prevén sus estatutos.
Después de que el miércoles 14 la asamblea del SME tomó protesta de 13 de los 26 miembros de su comité central para darle vigencia al sindicato, el SME debe informar a la Dirección de Registro de Asociaciones Sindicales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que proceda la toma de nota, pero en conferencias de prensa Lozano Alarcón ha comentado que ésta no procederá, e invitó a los extrabajadores a tramitar su liquidación en una tercera etapa que incluye la condonación de los créditos hipotecarios.
El mismo miércoles 14, el secretario del Exterior y vocero del sindicato, Fernando Amezcua, calificó la oferta de Lozano como una “canallada” porque dicho descuento es una prestación sindical que se paga con su fondo para la vivienda.
En el límite
Cayetano Cabrera tiene 46 años, cinco de los cuales trabajó en Luz y Fuerza del Centro (LFC). Es ingeniero eléctrico egresado del Politécnico, donde también daba clases, hasta que pidió permiso por tres meses para declararse en huelga de hambre. En agosto tiene que regresar a su cátedra.
Cayetano vive en Coacalco, Estado de México, con su esposa Doris López y sus dos hijas. Pagan renta y, por supuesto, la electricidad. La pareja es de Ixtepec, Oaxaca. Doris se escapó con él cuando salió del pueblo para estudiar en la Ciudad de México. Ella, que es enfermera quirúrgica, conoce las consecuencias de la huelga de hambre: Cayetano ya tiene taquicardia e insuficiencia renal.
El sindicalista es orgulloso devoto de la Santa Muerte, a la que puso un pequeño altar junto a su catre. “Le tengo mucha fe. Ya le dije que me voy con ella cuando me toque”, comenta en entrevista, el martes 13. Pero él considera que aún no llega la hora. Ese día llegaron dos ambulancias por otros cinco huelguistas y Cayetano le indicó irritado a su mujer: “Diles que no me voy a ir. Si la ambulancia vino por mí, no me voy a ir”.
Cayetano cuestiona que los medios de comunicación mexicanos le dieran más importancia a la huelga de hambre del disidente cubano Guillermo Fariñas que a la de los 15 miembros del SME que aún se sostienen en ella. Considera que el gobierno federal debe voltearlos a ver para solucionar su conflicto. Afirma que sólo levantará su protesta si se nombra a la CFE como patrón sustituto.
Por su parte, a Miguel Ángel ya le está fallando el hígado. El doctor le dijo que sus problemas se solucionaban comiendo, pero él asegura: “No hay poder humano que me saque de aquí”. Se sintió mal el martes en la noche, pero fue a visitar a Cayetano. Contemplar su aspecto “fue un shock”, señala.
Él no está mucho mejor. Ya había salido del campamento al hospital, en mayo pasado. De pronto tuvo sarpullido que primero confundieron con varicela, pero era dermatitis. Cuando Miguel Ángel regresó al campamento, estuvo aislado una semana.
En ese entonces declaró a Proceso (edición 1752): “¿Hasta cuándo saldré de aquí? Hasta que pierda la conciencia”. Lo está cumpliendo.
Su hermana llega a verlo y se le nublan los ojos. Sus compañeros de Necaxa que fueron a las asambleas del lunes y el miércoles en el SME también lo visitaron y les ganó la emoción. Por eso aclara: “Yo les dije que no lloren, que luchen. Sus lágrimas no me sirven de nada”.
A la familia, de plano le advirtió que no lo fueran a ver si no se podían “aguantar el sentimiento”. Tiene otra hermana que no lo ha ido a visitar. A ella le mandó decir: “En la casa próximamente habrá un velorio, vas, ¿no? Estamos jodidos, pero café y pan sí habrá”.
Ahora sostiene que sólo dejará la huelga para ir a trabajar a Necaxa. Quiere que le devuelvan su empleo, mediante la CFE o con la misma LFC cuando “echen abajo el proceso de liquidación, que es ilegal”, aunque reconoce que es difícil conseguir esto.
Para el doctor Alfredo Verdiguel, médico del campamento, la situación de los huelguistas “ya es bien peligrosa”, pero ellos no se quieren dar por vencidos. La única forma de sacarlos sin su aprobación es cuando pierdan “el estado de alerta”, como señala el Tratado de Malta.
Los huelguistas de hambre podrían quedar inconscientes por un paro cardiorrespiratorio, un shock hipoglucémico, inanición o causas similares, lo que puede ocurrir en cualquier momento, según el médico.
El viernes 16 se tenía programada una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero hasta el cierre de esta edición permanecía en suspenso por la remoción de Fernando Gómez Mont, el miércoles 14. Esa noche surgió el rumor de que la Policía Federal intentaría desalojar a los huelguistas, pero esto no sucedió.
Para el propio viernes se programó una asamblea con organizaciones de izquierda para formular un plan de acción conjunto en defensa de los derechos de los trabajadores. Y el domingo 18 se pretende realizar un ayuno de 12 horas en el Ángel de la Independencia. La idea es llenar de gente la avenida Reforma, desde la glorieta de la palma hasta la Diana Cazadora. A los participantes les piden llevar tres litros de agua, sillas y caramelos macizos.
En ese acto se formará un “tribunal ciudadano” para realizar sendos juicios políticos contra Javier Lozano y Felipe Calderón por su actuación en el conflicto laboral.
Por lo pronto, en la carpa donde está Cayetano hay un mensaje dirigido a quienes participaron en la huelga de hambre: “Compañero exhuelguista, recoge aquí tu reconocimiento al mérito sindical Ernesto Velasco de fecha 11 de junio del 2010”.
La burbuja que reventó
Daniel Lizárraga
Más que cambios estratégicos, al gabinete de Felipe Calderón lo caracterizan auténticas mutilaciones, parches mal puestos, retazos de solución... Salvo un par de excepciones, del equipo original del presidente, aquel con el que llegó a Los Pinos en 2006, queda nada más el recuerdo. Las defenestraciones de Fernando Gómez Mont y Patricia Flores, si bien anunciadas no dejan de cimbrar a la principal institución del país, que ya muestra la cara de la derrota. Por si algo faltara, la renuncia del vocero presidencial, Maximiliano Cortázar, tiene todo el tufo de un castigo ejemplar. Ahora, analistas y ciudadanos se preguntan: ¿Cuántas bajas más están en puerta?
El 6 de agosto de 2008, Felipe Calderón entregó a Patricia Flores Elizondo las riendas de su gabinete al nombrarla jefa de la Oficina de la Presidencia, aun a sabiendas de que no contaba con carrera partidista, que carecía de experiencia política en el gobierno y que no había ganado ni una elección municipal.
Nacida en Durango hace 42 años, Patricia Flores es una comunicóloga egresada de la Universidad de Monterrey. Conoció a Felipe Calderón en 2000, cuando ella fue secretaria general de la Cámara de Diputados y él era coordinador de la bancada del PAN.
A diferencia de algunos de los amigos que rodean al mandatario, Patricia Flores nunca ha ocupado una curul ni un escaño. Sin embargo, fue la heredera del poder que tuviera en su momento el fallecido Juan Camilo Mouriño, a quien en los hechos se le consideraba como un vicepresidente, aunque ese cargo no exista formalmente en México.
Apenas el pasado 11 de junio fue presentada por Quién –una de las revistas del corazón más conocidas en México– como “La mujer que mueve Los Pinos”. En el texto aparecieron fotografías de ella posando perfectamente peinada y maquillada.
Un mes después, Patricia Flores dejó de ser la jefa de la Oficina de la Presidencia en medio de un incesante golpeteo desde columnas y editoriales de diarios de la Ciudad de México, en los que la describieron como una conspiradora, promotora de nombramientos, renuncias y venganzas políticas dentro del gabinete y, sobre todo, como la voz que más pesaba en las decisiones de Calderón, hasta el punto de fracturar a su equipo de trabajo.
Ante la presión mediática y política dentro de Los Pinos, Flores soltó las riendas del poder el miércoles 14. Su salida, junto con la del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estaba planeada para el siguiente lunes.
No obstante, de un momento a otro Felipe Calderón adelantó la decisión. El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien estaba en gira por Alemania, recibió una llamada de la Presidencia para que suspendiera sus citas con empresarios del ramo automotriz y regresara, de inmediato, a México a fin de hacerse cargo nuevamente de la Oficina de la Presidencia.
La tarde en que se anunció su salida, en el salón Manuel Ávila Camacho de la sede presidencial, Patricia Flores mostraba unas gruesas ojeras; mientras Calderón agradecía su trabajo ella no dejaba de mover dedos y piernas, jalaba aire como si le costara trabajo respirar y pasaba saliva como si trajera un dulce en la boca. La mirada la puso en el techo o en las paredes mientras decenas de flashes le estallaban en el rostro descompuesto.
Calderón, que la miraba fijamente, explicó que ella “coordinó eficientemente” a sus colaboradores en momentos críticos, como la crisis de la influenza A/H1N1, la puesta en marcha de medidas contracíclicas durante la recesión económica internacional, así como en la ejecución operativa de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Además de coordinar a los gabinetes de seguridad, social, económico y el de infraestructura –dijo Calderón–, impulsó la realización de proyectos especiales, como las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
“En la jefatura de la Oficina de la Presidencia se impulsaron programas que seguramente dejarán huella en este gobierno: la cobertura universal de salud, la infraestructura carretera y hospitalaria, la lucha por la seguridad pública, entre muchos otros”, puntualizó el mandatario.
Dotar a todos los niños mexicanos de un seguro universal de salud al terminar el actual gobierno, en 2012, es uno de los proyectos más apreciados por Calderón, y todo su equipo sabe eso desde los tiempos de la transición presidencial, entre agosto y diciembre de 2006.
Nada se sabía en público de algunas de las tareas que ella condujo desde su escritorio.
Al salón Manuel Ávila Camacho acudió el equipo de Los Pinos. Aquellos que nunca asoman el rostro en público –como Rafael Giménez, coordinador de Opinión Pública– ocuparon los sitios para invitados especiales. Alejandra Sota, todavía coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, permaneció de pie atenta a los movimientos y a los discursos de quienes se iban del equipo de trabajo.
En dos ocasiones Gómez Mont –quien en ese momento dejaba de ser secretario de Gobernación– y Gerardo Ruiz –quien abandonaba Economía– tomaron del brazo a Flores para susurrarle algo al oído. Ella, nerviosa, permaneció un momento quieta y siguió respirando profundamente.
Cuando terminó el acto, la recién destituida caminó presurosa hacia la primera fila de los invitados especiales. Allí uno de sus colaboradores le dio una botella de agua y ella bebió como si acabara de correr una maratón.
La sobrina consentida
Patricia Flores tuvo su primer contacto con el mundo de la política de la mano de su tío Rodolfo Elizondo, personaje del panismo desde los tiempos en que era oposición y, posteriormente, una figura en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los gabinetes de Vicente Fox y Felipe Calderón.
El senador hizo a su sobrina –las revistas del corazón dicen que es su consentida– secretaria técnica de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que buscó establecer acuerdos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entre 1994 y 1997.
Los reporteros y enviados a Chiapas la recuerdan como la encargada de pagar los hoteles, las comidas y todos los gastos generados por los senadores y diputados de la Cocopa. Entre ellos estaba Rodolfo Elizondo, quien desde aquellos años ya era cercano a Felipe Calderón.
De acuerdo con registros públicos, Patricia Flores se afilió al PAN en 1994, cuando su tío la incorporó a esa comisión, en la que también había personajes como Heberto Castillo y Luis H. Álvarez.
En 1997, una vez terminada su tarea en la Cocopa, Patricia Flores llegó a la Cámara de Diputados como coordinadora técnica en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, cuando su tío aún ocupaba una curul.
La carrera de Patricia Flores transitó por ahí en puestos puramente administrativos. En 1999 ascendió a jefa de la Oficina de Apoyo a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Ese año la presidencia de la mesa directiva recayó en un panista: Francisco José Paoli Bolio.
Más adelante, a partir de 2001, Flores llegó a ser secretaria general de la Cámara de Diputados.
En ese periodo enfrentó una oleada de críticas cuando un grupo de diputados del PRD, coordinados por Martí Batres, denunció que ella y parte de su equipo cobraron aguinaldos de alrededor de 500 mil pesos y, además, había aprobado una liquidación de más 700 mil pesos para Jesús Cabrera Castillo Nájera, director de Seguridad y Resguardo (casualmente, esposo de Patricia).
No obstante, Flores permaneció en el mismo puesto hasta 2004, cuando presuntamente pasó a la Fundación Colosio del PRI, de acuerdo con una revisión hemerográfica. Sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentir esa versión.
Lo que no ha podido negar es que a partir de 2006 se incorporó al equipo de transición presidencial encabezado por Juan Camilo Mouriño. En ese periodo ella ganó 72 mil pesos mensuales y en la lista de colaboradores no era la única persona con los apellidos Flores Elizondo.
Según consta en documentos obtenidos por Proceso –expedientes de Banjército obtenidos merced a la Ley de Acceso a la Información– una de sus hermanas, Laurencia Flores Elizondo, obtuvo 32 mil 479 pesos cada 30 días en ese mismo periodo de transición. Otra de sus hermanas, Aidé, ha sido jefa de la División de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones del IMSS.
La esposa de Rodolfo Elizondo, María Cecilia del Palacio Flores, también estaba en la nómina con un salario de 32 mil 479 pesos mensuales. Esta última se desempeñó como la número dos en el equipo de apoyo de la primera dama, Margarita Zavala, al inicio del actual gobierno.
La llegada a Los Pinos
Luego de que Felipe Calderón tomó posesión, Patricia Flores apareció en el equipo de Los Pinos como coordinadora general de Administración, a las órdenes del entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.
El accidente aéreo en el que murió éste y los cambios forzados dentro del gabinete catapultaron a Patricia Flores hasta el número dos en la jerarquía de Los Pinos. A partir del 6 agosto de 2008 y hasta el pasado miércoles ella controló el dinero, coordinó al gabinete, nombró y quitó delegados de las secretarías de Estado en todo el país, pretendió influir en las políticas de comunicación, revisó los discursos en fechas importantes e incluso se adentró en la Secretaría de Salud, asunto que metió continuamente en problemas al titular del ramo, José Ángel Córdova Villalobos.
Todo con la venia de Felipe Calderón, quien la consideró durante casi dos años como su persona de mayor confianza. No había asunto importante que no pasara por su oficina. La fuerza que tomó Flores fue provocando fracturas dentro del equipo presidencial. Uno de los enconos surgió con el coordinador de Comunicación Social, Max Cortázar, quien en alguna ocasión entabló con ella una fuerte discusión, que terminó gracias a la intervención del secretario particular del presidente, Luis Felipe Bravo Mena.
El “affaire” Téllez
Entre 2009 y 2010, la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, envió tarjetas informativas y oficios a Felipe Calderón en los que se describían presuntas irregularidades, algunas graves, en el manejo de los satélites, así como en correos, en concesiones, en licitaciones y, en general, en el manejo oficial respecto de los operadores de telecomunicaciones, cometidas por el secretario del ramo, Luis Téllez.
Esa información en lugar de ser transmitida tal cual al mandatario, primero pasó la aduana de la Oficina de la Presidencia. Fue ahí donde, de acuerdo con versiones obtenidas por Proceso, Luis Téllez y la propia Patricia Flores habrían maquinado las acusaciones –periodísticas y luego penales– contra Carpinteyro, quien mediante sus informes presuntamente alertaba sobre negocios irregulares y fallos a favor de Televisa.
Patricia Flores fue durante casi dos años símbolo de poder. Aun cuando orgánicamente no tenía las mismas atribuciones de Juan Camilo Mouriño, ella también manejó las riendas. En 16 años de carrera era la número dos en México, apenas por debajo del presidente.
Y si bien dentro de Los Pinos hizo sentir siempre su peso por la cercanía con el mandatario, no era una figura pública.
Sin embargo, durante los últimos tres meses se desencadenó una embestida mediática en su contra desde columnas y editoriales en diarios como El Universal, Milenio y Reforma.
En esos espacios se llamó a Patricia Flores “la jefa”, se le tildó de ser el poder tras el trono, dueña de un inmenso poder dentro de Los Pinos que le podía hablar al oído a Felipe Calderón y cuya negatividad amenazaba la estabilidad del grupo que ha rodeado al mandatario desde hace años.
De manejarse en un bajo perfil, repentinamente quedó expuesta como la villana dentro de Los Pinos. Además, el reportero de uno de esos rotativos dio cuenta de cómo sus familiares seguían cobrando dentro del gobierno de Felipe Calderón.
Por medio de la información dada a los columnistas desde el gabinete y, sobre todo, desde la propia residencial oficial de Los Pinos se pasó por alto uno de los principios fundamentales del calderonismo: evitar las filtraciones a la prensa.
Al nombrar a Gerardo Ruiz, otro de sus amigos, jefe de la Oficina de la Presidencia, Calderón le instruyó hacer una revisión puntual de esa instancia, rediseñar mecanismos que incrementen su eficacia y, en consecuencia, emprender una reestructura indispensable para cumplir con sus objetivos en sus distintas facetas, tanto de comunicación como de relaciones públicas y de seguimiento de los programas prioritarios de gobierno.
Calderón fue especialmente enfático al encargarle organizar un “seguimiento puntual” de los compromisos oficiales a fin de “cumplirlos a tiempo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y construir también en tiempo y forma los principales programas y proyectos de la administración pública”.
Mientras Calderón externaba esas ideas, Patricia Flores apretaba las mandíbulas, respiraba más hondo y trataba de sostener una sonrisa forzada. l
Cancele, Don Felipe
Jacobo Zabludovsky
Se incendia el circo y el dueño en vez de salvar a los enanos vende boletos para la siguiente función.
El símil con el gobierno mexicano no es justo porque los dueños saben dirigir sus circos, menester difícil si los hay, mientras que a nuestro gobierno se le hace bolas el engrudo y en medio del desbarajuste prepara los eventos más disparatados y costosos dizque para celebrar las fechas patrias.
Llegamos a escasos dos meses de ellas descubriendo que los encargados de preparar las conmemoraciones resolvieron su problema contratando a dedo, sin licitación alguna, empresas especialistas en mojigangas que se llevarán cerca de 3 mil millones de pesos (2 mil 971, para ser exactos). La partida mayor se le adjudicó a un señor Birch que anda por el mundo ofreciendo su “show”, maquillándolo según el comprador. En México fundó una compañía llamada Instantia Producciones para firmar los contratos. Otros 14 por un total de 447 millones de pesos se le darán, también sin licitación, a TURISSTE que, según la Auditoría Superior de la Federación, no tiene atribuciones para organizar eventos. Todo esto se viene sabiendo apenas, en medio del sigilo tenebroso, gracias a la labor de algunos reporteros.
Al publicarse esta maniobra el señor José Manuel Villalpando, jefe de la comisión de los festejos, dijo: “La crítica no me afecta, la envidia es algo muy mexicano. Si el artista fuera amigo tuyo dirías qué bueno que le pagaron, o sea, depende… Este recurso es poco en realidad, frente a los muchos millones de pesos que hay en el presupuesto nacional”. Eso dijo.
A la carencia de imaginación y talento se une el despilfarro del dinero de los contribuyentes. La corrupción deja un tufo que envuelve todo este negocio. Es hora de detener el gasto ofensivo y el espectáculo que no por ser grandote deja de ser chafa. México no merece esta agresión artera.
Estamos en medio de una de las tragedias colectivas más dolorosas de los últimos tiempos. Las inundaciones han causado muertes y pérdidas materiales en la mitad de la República. La ayuda, como siempre, ha sido lenta y escasa Los daños son incalculables y las lluvias apenas empiezan. Los meses de agosto y septiembre suelen ser los más lluviosos. Con frecuencia el grito se da bajo un aguacero. Los meteorólogos pronostican próximas tormentas. Debe preverse que la catástrofe lejos de menguar crezca y lleguemos a las mentadas fiestas patrias en medio de una emergencia mayor. Ante la realidad y el peligro de que empeore, un gobernante sensato debería evitar todo festejo superfluo y todo gasto inútil.
Deben cancelarse hoy las fiestas especiales del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Debemos ajustarnos a la austeridad republicana, a la medianía cívica de la que habló Juárez y a la que ajustó su vida y la pública durante su gobierno. Celebremos como un pueblo maduro, no como aquelarre de nuevos ricos o de negociantes irresponsables. No podemos exagerar en las fiestas como si olvidáramos el sufrimiento de cientos de miles de familias. Y no hay que olvidar que las aguas cubren tierras castigadas por guerras contra el crimen organizado y narcotraficantes cada vez más violentos y todas las plagas ancestrales que empiezan con la extrema miseria de 40 millones de mexicanos.
Señor Felipe Calderón: el miércoles al despedir a la encargada de su Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, dijo al obsequiarla con ese florilegio de elogios con que acostumbra cesar a su colaboradores, que “impulsó la realización de proyectos especiales, como es el caso de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución”. No es disparate pensar, en consecuencia, que ella nombró al señor Villalpando. No deje que se vaya sola, don Felipe.
Los funcionarios encargados de rescatar a las víctimas de las inundaciones se han quejado de falta de recursos. Somos convalecientes de una intensa y larga crisis económica, nos acechan tiempos difíciles también en lo económico. No celebre jolgorios escandalosos en medio de la desolación. Dedique ese dinero asignado al despilfarro a favor de quienes lo necesitan. Cancele.
Se me ocurre que la manera más inesperada y satisfactoria de rendir homenaje a los héroes y a la patria que nos dieron, sería anunciar un cambio debido a la adversidad acumulada sobre los mexicanos, un cambio de planes en el programa del 15 y 16 de septiembre. Cortar todo gasto innecesario. Nos ajustaremos al grito, la verbena, el desfile y las músicas y bailes. Sin excesos. Sin imprudencias. Como todos los años. No está la novia para tafetanes.
Los actos de buen gobierno no siempre son de hacer. A veces valen más los que se dejan de hacer a tiempo.
Cancele
El Yunque ataca de nuevo
Plan B | Lydia Cacho
Muertas, presas o sumisas, parece ser el eslogan político del gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva, adalid de la ultraderecha que pretende crear en Guanajuato el modelo de políticas públicas que una facción del PAN quiere para todo México.
Guanajuato es el estado con el más alto índice de suicidios del país. Cientos de jóvenes se han quitado la vida luego de enfrentarse a relaciones violentas sin salida, a un ambiente sociopolítico represor, persecutorio, que les arrebata alternativas de vida y libertad. El asesinato de homosexuales y la hostilidad en su contra han sido documentados. Coludido con el congreso estatal, el gobierno de Oliva se niega a aprobar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que por decreto federal todos los estados aprobaron. Ser mujer o joven en Guanajuato es un peligro y el estado hace todo para acotar libertades y limitar la educación, con un tinte religioso ortodoxo.
Contraviniendo la norma oficial de la Secretaría de Salud, el gobierno prohibió la venta de anticonceptivos de emergencia en el 2009, promueve la abstinencia, desacredita el uso del condón y de anticonceptivos. El reportaje de Cristina Pérez en EL UNIVERSAL (“Guanajuato: sin derecho a disentir”) revela que en 2007 se registraron 81 mil 103 embarazos adolescentes en Guanajuato, y para 2009 el número ascendió a 97 mil 700. Asegura que 190 mujeres fueron denunciadas por abortar y nueve se encuentran en prisión purgando penas por homicidio, como producto del aborto. Primero les quitan la educación y protección y luego las castigan por no tenerla ni usarla.
Por cada 100 hombres víctimas de violencia masculina hay 545 mujeres. A pesar de las estadísticas el gobierno panista decretó la desaparición de los Centros de Atención a Víctimas bajo el precepto de que las mujeres deben aprender a convivir y evitar el divorcio. Así, el gobierno de Oliva envía el mensaje oficial de que la violencia intrafamiliar es permitida y que los maridos tienen derecho a maltratar a sus parejas impunemente como si se tratase de un asunto privado.
Hace años que la sociedad civil de Guanajuato ha denunciado la creciente represión en el estado que prohijó a Vicente Fox y que cuenta con vehementes representantes de la organización de ultraderecha El Yunque.
La directora del Instituto de la Mujer habló sobre falta de valores morales ejemplificando los males sociales con mujeres que se hacen tatuajes. El gobernador Oliva le respondió, no por defender la libertad de las gobernadas, sino porque sus hijas están tatuadas y aseguró que su prole sí tiene valores. Y si las hijas del góber pudoroso vivieran violencia doméstica, ¿aprobaría la ley? O si abortaran, ¿defendería el aborto?
Los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco proyectan, y transforman en norma, una forma de pánico moral religioso trasnochado producto de la ignorancia. Es un falso conservadurismo propio de cacicazgos con una rigidez moral que imponen a la sociedad, pero que ellos no están dispuestos a asumir en lo personal y familiar. México ha reconocido como un problema de salud pública el grave el daño causado en mujeres, hombres e infantes por las dinámicas de la violencia dentro del hogar. Oliva y la facción que controla Guanajuato aplican una política regresiva plagada de ilegalidades contra la población, eso es lo verdaderamente inmoral.
Muertas, presas o sumisas, parece ser el eslogan político del gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva, adalid de la ultraderecha que pretende crear en Guanajuato el modelo de políticas públicas que una facción del PAN quiere para todo México.
Guanajuato es el estado con el más alto índice de suicidios del país. Cientos de jóvenes se han quitado la vida luego de enfrentarse a relaciones violentas sin salida, a un ambiente sociopolítico represor, persecutorio, que les arrebata alternativas de vida y libertad. El asesinato de homosexuales y la hostilidad en su contra han sido documentados. Coludido con el congreso estatal, el gobierno de Oliva se niega a aprobar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que por decreto federal todos los estados aprobaron. Ser mujer o joven en Guanajuato es un peligro y el estado hace todo para acotar libertades y limitar la educación, con un tinte religioso ortodoxo.
Contraviniendo la norma oficial de la Secretaría de Salud, el gobierno prohibió la venta de anticonceptivos de emergencia en el 2009, promueve la abstinencia, desacredita el uso del condón y de anticonceptivos. El reportaje de Cristina Pérez en EL UNIVERSAL (“Guanajuato: sin derecho a disentir”) revela que en 2007 se registraron 81 mil 103 embarazos adolescentes en Guanajuato, y para 2009 el número ascendió a 97 mil 700. Asegura que 190 mujeres fueron denunciadas por abortar y nueve se encuentran en prisión purgando penas por homicidio, como producto del aborto. Primero les quitan la educación y protección y luego las castigan por no tenerla ni usarla.
Por cada 100 hombres víctimas de violencia masculina hay 545 mujeres. A pesar de las estadísticas el gobierno panista decretó la desaparición de los Centros de Atención a Víctimas bajo el precepto de que las mujeres deben aprender a convivir y evitar el divorcio. Así, el gobierno de Oliva envía el mensaje oficial de que la violencia intrafamiliar es permitida y que los maridos tienen derecho a maltratar a sus parejas impunemente como si se tratase de un asunto privado.
Hace años que la sociedad civil de Guanajuato ha denunciado la creciente represión en el estado que prohijó a Vicente Fox y que cuenta con vehementes representantes de la organización de ultraderecha El Yunque.
La directora del Instituto de la Mujer habló sobre falta de valores morales ejemplificando los males sociales con mujeres que se hacen tatuajes. El gobernador Oliva le respondió, no por defender la libertad de las gobernadas, sino porque sus hijas están tatuadas y aseguró que su prole sí tiene valores. Y si las hijas del góber pudoroso vivieran violencia doméstica, ¿aprobaría la ley? O si abortaran, ¿defendería el aborto?
Los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco proyectan, y transforman en norma, una forma de pánico moral religioso trasnochado producto de la ignorancia. Es un falso conservadurismo propio de cacicazgos con una rigidez moral que imponen a la sociedad, pero que ellos no están dispuestos a asumir en lo personal y familiar. México ha reconocido como un problema de salud pública el grave el daño causado en mujeres, hombres e infantes por las dinámicas de la violencia dentro del hogar. Oliva y la facción que controla Guanajuato aplican una política regresiva plagada de ilegalidades contra la población, eso es lo verdaderamente inmoral.
La Corte, sierva del poder presidencial
Arnaldo Córdova
El dictamen que el ministro Juan N. Silva Meza elaboró sobre la demanda de amparo que los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentaron contra la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro será recordado como un acto lacayuno y servil hacia el poder presidencial y como un testimonio de cómo nuestros ministros tienen ante todo un patrón, no la ley y, sobre todo, la Constitución, sino el Presidente. Lo demostraron todos los demás ministros al aprobar casi íntegra la ponencia.
En su indecible ignorancia, a Silva Meza se le olvidó que él es un juez federal del máximo nivel y, como tal, un intérprete y un defensor de la Carta Magna. Es mucho más si se considera la función justiciera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre otras cosas, es el máximo órgano de equidad con el que podemos contar en este país. El ministro actuó, con total irresponsabilidad de sus funciones constitucionales, como un vulgar leguleyo, fundando su dictamen en tan sólo la interpretación de un artículo como el 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que es a todas luces inconstitucional y, dependiendo de cómo se le interpreta, además, abiertamente anticonstitucional.
Ya en otra ocasión traté el asunto aquí mismo. El artículo 16 establece que cuando un organismo descentralizado deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento sea inconveniente, la Secretaría de Hacienda propondrá al Ejecutivo la disolución, liquidación o extinción del organismo. Es inconstitucional, por incompleto, porque no toma en cuenta disposiciones constitucionales superiores, como la que dicta la fracción primera del 89 constitucional que determina que el Ejecutivo debe “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. El Presidente no puede disolver o extinguir organismos a su antojo, sino mediante leyes expedidas por el Legislativo.
Según la fracción X del 73 constitucional, el Congreso debe legislar sobre energía eléctrica y nuclear. Sólo él puede decidir cuándo un ente público dedicado a dar ese servicio aparece o desaparece. Eso el ministro Silva Meza no lo sabe. Debe haber estudiado en la Libre de Derecho. Si el artículo 16 de la mencionada ley es incompleto y por ello inconstitucional, cuando se le interpreta ignorando la Carta Magna, como lo hace nuestro ministro, entonces es también anticonstitucional. Veamos en síntesis lo que él postula.
Ese artículo, según él, faculta al Presidente para desaparecer o extinguir organismos descentralizados, por lo tanto, es constitucional. ¿Y la Constitución? ¿No importa? ¿Quién le dijo a Silva Meza que un organismo público descentralizado puede crearse o desaparecerse por decreto presidencial? ¿En qué artículo de la Constitución fundó su determinación? En su ponencia la Carta Magna no se hace presente sino en temas totalmente irrelevantes a la cuestión. Se olvidó de su deber como juez federal e intérprete de la Constitución, aunque no se le puede pedir mucho a uno que no la conoce o la ignora sin miramientos.
Luego se mete en honduras que entiende todavía menos y que tienen que ver con la situación jurídica en que quedan los trabajadores del SME. De acuerdo en que la empresa que presta el servicio desaparece (anticonstitucionalmente, como hemos visto); pero el servicio no desaparece: las mismas instalaciones con las que se prestaba están allí, sólo que ahora se hace cargo de ellas otro ente público. En este caso, la fuente de trabajo no desapareció como tontamente lo dice el ministro, pues la fuente de trabajo es el mismo servicio y los elementos con los que se presta. En todo caso, hay una sustitución de empleador o de patrón.
Cientos se suman a ayuno en apoyo al SME en el DF, Morelos y Guerrero
Demandan al gobierno federal recontratar a electricistas de LFC en CFE.
Patricia Muñoz, Sergio Ocampo
y Rubicela Morelos Cruz 18/07/2010 15:46
México, DF. Cientos de personas se sumaron hoy al ayuno solidario en apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en los zócalos del DF, Cuernavaca, Morelos, y Chilpancingo, Guerrero.
En la ciudad de México integrantes de diversas organizaciones sindicales y sociales como la Alianza de Tranviarios, el Cereal, el Stunam, organizaciones estudiantiles y demás arribaron desde temprana hora a las inmediaciones del Ángel de la Independencia donde se apostaron para el ayuno de 12 horas.
En el evento, el líder del gremio, Martín Esparza Flores, señaló que sólo la solidaridad de los gremios podrá llevar a buen puerto este conflicto en el que se han “violado regulaciones constitucionales, laborales y civiles para acabar con un sindicato.
En tanto, en el kiosco del zócalo de Chilpancingo siete personas realizaron un ayuno por un periodo de nueve horas, informó Roberta Campos Adame, trabajadora académica de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Asimismo, en el zócalo de Cuernavaca, 22 integrantes de distintas organizaciones sociales de esta entidad se sumaron al ayuno en demanda de que las autoridades federales atiendan y reconozcan el derecho de los electricistas a ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo la figura de patrón sustituto.
Los ayunantes, que se instalaron desde las 9 de la mañana a las 21 horas de este domingo, expresaron en especial su apoyo a Cayetano Cabrera, quien hoy cumple 85 días en huelga de hambre y ya presenta problemas en su salud.
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