Muertas, presas o sumisas, parece ser el eslogan político del gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva, adalid de la ultraderecha que pretende crear en Guanajuato el modelo de políticas públicas que una facción del PAN quiere para todo México.
Guanajuato es el estado con el más alto índice de suicidios del país. Cientos de jóvenes se han quitado la vida luego de enfrentarse a relaciones violentas sin salida, a un ambiente sociopolítico represor, persecutorio, que les arrebata alternativas de vida y libertad. El asesinato de homosexuales y la hostilidad en su contra han sido documentados. Coludido con el congreso estatal, el gobierno de Oliva se niega a aprobar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que por decreto federal todos los estados aprobaron. Ser mujer o joven en Guanajuato es un peligro y el estado hace todo para acotar libertades y limitar la educación, con un tinte religioso ortodoxo.
Contraviniendo la norma oficial de la Secretaría de Salud, el gobierno prohibió la venta de anticonceptivos de emergencia en el 2009, promueve la abstinencia, desacredita el uso del condón y de anticonceptivos. El reportaje de Cristina Pérez en EL UNIVERSAL (“Guanajuato: sin derecho a disentir”) revela que en 2007 se registraron 81 mil 103 embarazos adolescentes en Guanajuato, y para 2009 el número ascendió a 97 mil 700. Asegura que 190 mujeres fueron denunciadas por abortar y nueve se encuentran en prisión purgando penas por homicidio, como producto del aborto. Primero les quitan la educación y protección y luego las castigan por no tenerla ni usarla.
Por cada 100 hombres víctimas de violencia masculina hay 545 mujeres. A pesar de las estadísticas el gobierno panista decretó la desaparición de los Centros de Atención a Víctimas bajo el precepto de que las mujeres deben aprender a convivir y evitar el divorcio. Así, el gobierno de Oliva envía el mensaje oficial de que la violencia intrafamiliar es permitida y que los maridos tienen derecho a maltratar a sus parejas impunemente como si se tratase de un asunto privado.
Hace años que la sociedad civil de Guanajuato ha denunciado la creciente represión en el estado que prohijó a Vicente Fox y que cuenta con vehementes representantes de la organización de ultraderecha El Yunque.
La directora del Instituto de la Mujer habló sobre falta de valores morales ejemplificando los males sociales con mujeres que se hacen tatuajes. El gobernador Oliva le respondió, no por defender la libertad de las gobernadas, sino porque sus hijas están tatuadas y aseguró que su prole sí tiene valores. Y si las hijas del góber pudoroso vivieran violencia doméstica, ¿aprobaría la ley? O si abortaran, ¿defendería el aborto?
Los gobiernos de Guanajuato y de Jalisco proyectan, y transforman en norma, una forma de pánico moral religioso trasnochado producto de la ignorancia. Es un falso conservadurismo propio de cacicazgos con una rigidez moral que imponen a la sociedad, pero que ellos no están dispuestos a asumir en lo personal y familiar. México ha reconocido como un problema de salud pública el grave el daño causado en mujeres, hombres e infantes por las dinámicas de la violencia dentro del hogar. Oliva y la facción que controla Guanajuato aplican una política regresiva plagada de ilegalidades contra la población, eso es lo verdaderamente inmoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario