Cobertura ABC en contra de la injusticia, a un año de la tragedía

ABC marcha Niña hablando sobre el Caso de la Guardería via @claudia_ag



ABC recordando a uno de los niños de la guardería Vía @Claudia_Ag



ABC a un año de la tragedia habla mama de Alonso García




ABC a un año de la tragedia ceremonioa ante la SCJN



ABC Frases que decía Emilia Fraijo Navarro 3 años #GuarderiaABC #JusticiaABC (Vía Claudia_AG)



ABC Frases que decían Ma Magdalena Millán García de 2 años y Juan Israel Fernandez Lara de 3 añitos

La política en el secuestro y viceversa

Por: Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
Los grandes medios de difusión impresos lo tratan ya muy poco como noticia -aunque los columnistas lo mantienen vigente-, alguna radio lo conserva en la discusión, pero la televisión -fuente principal de información para el ciudadano medio- simplemente lo ha borrado de su agenda, con lo que pareciera confirmarse que si algo no aparece en televisión no existe o dejó de existir. Y es que a casi tres semanas de la aún no explicada desaparición del abogado panista, ex legislador y ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos -uno de los personajes con mayor influencia en los círculos de poder mexicanos-, el suceso pareciera haber perdido importancia, ser ya historia. Sin embargo, en el mundo real, el de la política del poder, la desaparición de un miembro de la élite dirigente, de "los que mandan", es un hecho de la más alta significación.

El que la desaparición de Fernández de Cevallos sea objeto, entre otras cosas, de un empeño notable de las autoridades por sacarlo de los medios de información, ha sido explicado como resultado de una petición expresa de la familia del influyente político con raíces en Querétaro para, supuestamente, facilitar una negociación en curso con sus supuestos captores (La Jornada, 1° de junio). Sin negar lógica y valor a este argumento, también se puede suponer que está en el interés del Gobierno de Felipe Calderón que se discuta públicamente lo menos posible el caso por sus implicaciones negativas para el régimen de que el desaparecido ha sido pieza importante.

No es necesario ahondar mucho para entender las razones de la relevancia actual de Fernández de Cevallos. Desde hace más de medio siglo se incorporó al PAN y en 1969 accedió al Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Desde entonces su importancia en el PAN no ha hecho más que aumentar hasta abarcar al sistema político mismo. Esa significación deriva no tanto de sus cualidades individuales, que pueden ser muchas, sino de las circunstancias en que ha tenido oportunidad de actuar. Y es que al final de los 1980, Diego Fernández de Cevallos se encontró en el lugar adecuado en el momento adecuado y supo aprovechar ambos para convertirse en un personaje útil, necesario, para quienes estaban interesados en preservar lo esencial de las estructuras de poder en un período de cambio.

El momento que pudo y supo explotar al máximo el prominente abogado fueron las circunstancias en que Carlos Salinas de Gortari accedió a la Presidencia en 1988, un momento de gran debilidad de la estructura autoritaria por la manera fraudulenta en que se había impuesto sobre su opositor, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En esas condiciones, Salinas necesitó de todos los apoyos posibles para rehacer la legitimidad de la institución presidencial y su capacidad para gobernar.

Por otro lado, el PAN, que había nacido para combatir al Cárdenas original, prefirió la continuidad del PRI antidemocrático que aceptar que la alternancia entrara a México por la puerta izquierda. Fernández de Cevallos, como consejero nacional del PAN, miembro de su Gabinete alternativo, encargado por ese partido de negociar con Salinas y poco más tarde líder de su bancada de diputados en el Congreso, diseñó la gran alianza Salinas-PAN.

En el transcurso de sus numerosas reuniones con Salinas en "Los Pinos" -entre cien y doscientas, admitió en una entrevista con Carmen Aristegui, (Transición, Grijalbo, 2009, p. 132)-, Fernández de Cevallos negoció las condiciones del apoyo del PAN al Gobierno a cambio de bloquear a Cuauhtémoc Cárdenas y reconocer triunfos del PAN, así como de llevar a cabo modificaciones sustanciales a la Constitución, como fue el reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica, el establecimiento de relaciones con el Vaticano o el desmantelamiento de lo que aún quedaba en pie de la política agraria del cardenismo.

En fin, que la fuerza política de Fernández de Cevallos se forjó a partir de dos elementos: de su posición dentro del grupo dirigente del PAN y de la apremiante necesidad del viejo régimen autoritario de negociar su supervivencia con las fuerzas de derecha. Poco después, este personaje al que ya se llamaba "el jefe Diego", jugó su carta clave cuando, en el delicado año de 1994 -año de la entrada en vigor del TLCAN, de la rebelión neo zapatista y del asesinato del candidato del PRI a la Presidencia-, en su carácter de candidato presidencial de Oposición, dejó de hacer lo necesario para no convertir su triunfo en el debate presidencial en un triunfo en las urnas, y no interferir con la decisión de Salinas de entregar el poder a un oscuro miembro de su círculo tecnocrático: Ernesto Zedillo.

A partir de 2000, con el PAN ya en "Los Pinos", los nuevos dirigentes necesitaron redefinir los entendimientos con el PRI. En numerosas ocasiones Fernández de Cevallos, como senador primero y luego como "simple ciudadano", volvió a poner en juego su experiencia en ese campo, lo que también le permitió poner a piezas suyas en el Gabinete. Por otro lado, como litigante y consejero en asuntos penales, civiles, mercantiles, bursátiles y agrarios, Fernández de Cevallos y su despacho, lograron un éxito económico notable. En suma, que "el jefe Diego" supo combinar con gran éxito, el papel del que vive para la política con el de quien vive de la política, al punto que fue imposible saber cuál de los dos era el dominante.

El simple paso del tiempo hace suponer que la desaparición de Fernández de Cevallos el 14 de mayo sea autosecuestro o resultado de eventos originados dentro de su círculo social. En un principio se consideró la posibilidad de que esa desaparición fuera producto de una acción de la guerrilla, de esa que no hace mucho pudo volar ductos de Pemex y que en 1994 cobró un rescate millonario por Alfredo Harp Helú. Pero el deslinde inmediato del EPR, llevó a que la atención se fijara en otros posibles autores: en alguno de los muchos grupos del crimen organizado, de los cuales los más probables son el narcotráfico o secuestradores profesionales.

El narcotráfico ya ha mostrado de manera muy contundente que la "guerra" declarada en su contra por el Gobierno Federal no le ha impedido continuar su negocio o dar golpes espectaculares, como sacar limpiamente en 2001 a uno de sus líderes más connotados, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", de un penal de alta seguridad y llevarlo hoy a la lista de millonario de Forbes o llevar a cabo fugas masivas que implican la movilización de convoyes armados sin que las autoridades sean capaces de detectarlos o rastrearlos, como sucedió marzo pasado en Matamoros. Esa capacidad de acción altamente organizada lo mismo se ha mostrado tanto en la presencia de células del narcotráfico mexicano en más de un centenar ciudades de Estados Unidos que en su capacidad para infiltrar y obtener información precisa y sistemática de la organización de las policías, el Ejército o de la propia DEA norteamericana.

El narcotráfico bien podría haber decidido intercambiar a Fernández de Cevallos por uno de los suyos, obligar al Gobierno a modificar las condiciones de capos prisioneros, o presionar a la autoridad para cambiar sus políticas de combate a los cárteles. Las variantes de esta hipótesis son muchas, pero en todas se trataría de una negociación entre poderes, uno el Gobierno y otro fáctico.

La otra hipótesis es el secuestro tradicional, por dinero. Ese secuestro apareció en México con la descomposición de la estructura del poder a raíz de la independencia, fue controlado en el Porfiriato, resurgió a raíz de la guerra civil revolucionaria de inicios del siglo pasado y volvió a disminuir con la consolidación del régimen. El fenómeno volvió a repuntar en el ocaso del régimen priista. Y aunque la cifra verdadera del secuestro actual no se conoce, se supone que hoy por cada caso denunciado hay dos no denunciados, (Genaro David Góngora Pimentel, Evolución del secuestro en México, Porrúa, 2008).

Sean los autores de la desaparición de Fernández de Cevallos el narcotráfico, secuestradores profesionales o cualquier otro grupo, el caso tiene un gran significado político, pues ha ocurrido en un contexto de manifiesta incapacidad del Estado para garantizar la vida y bienes de sus ciudadanos, de lo que Thomas Hobbes propuso desde el siglo 17 como la razón fundamental de ser del poder político. Lo particularmente significativo del caso es que si la élite del poder es incapaz de protegerse a sí misma entonces ¿qué puede esperar el resto de la sociedad? ¿Para qué sirve hoy el Estado mexicano?

Reconocimientos al "Presidente"

Enrique Calderón Alzati
“Por su carisma de estadista, por sus esfuerzos en pro del bienestar económico y la cohesión de los ciudadanos mexicanos; por la aportación de México a la estabilidad y el progreso de América Latina”, el señor Felipe Calderón se hizo acreedor a un espectacular reconocimiento que le fue otorgado en su reciente viaje a España. A este reconocimiento del gobierno español y de un grupo de empresarios de ese país se sumaron otros más modestos que le fueron hechos en Estados Unidos unos cuantos días después, durante otra visita programada. Seguramente muchos somos los que nos hemos hecho la pregunta sobre las razones reales de estos reconocimientos, dadas las apreciaciones que hacen de uno de los presidentes más oscuros y cuestionados que hemos padecido en las últimas décadas.

Mi impresión es que existen dos posibilidades para ello, las dos bastante siniestras, por cierto. La primera de ellas es que tales reconocimientos constituyan un pago por los servicios que su gobierno ha prestado a esos países y a sus empresas, y de manera muy particular a un grupo específico de empresarios españoles de la banca y del sector energético, o bien que el Presidente haya mandado comprar tales reconocimientos para tratar de contrarrestar el deterioro real de su imagen y de su incapacidad de gobierno, como resultado de sus limitaciones personales y de los altos niveles de corrupción entre sus colaboradores. Pero también es probable que sea una combinación de ambas.

La primera posibilidad responde a evidencias observables en la vida cotidiana. Por los medios sabemos que para los bancos, varios de ellos españoles, México es el país que les reporta las mayores utilidades a escala mundial. De hecho, nuestro país se ha convertido para ellos en una zona libre para el saqueo; una prueba de ello está en los incrementos permitidos al costo de los servicios bancarios, que sin justificación sobrepasaron 360 por ciento de un solo golpe recientemente. Así, los retiros de dinero en los cajeros automáticos pasaron de siete pesos a 25 o 30, sin justificación alguna. Pero esto es sólo un ejemplo de una amplia variedad de posibilidades para practicar el despojo sin riesgo alguno y violando incluso la Constitución mexicana, la cual considera un acto ilegal el cobro de intereses sobre intereses, como lo practican los bancos con todas las tarjetas de crédito que manejan y con tasas que se antojan aberrantes.

Pero si esto es permitido, no obstante que está a la luz pública, el lector puede imaginarse lo que sucede en otros casos, como los conocidos gracias al tristemente célebre negociante español Camilo Mouriño, amigo del actual Presidente y convertido por éste en su anterior secretario de Gobernación haciendo caso omiso a las leyes mexicanas. No es por ello difícil imaginarse entonces las ganancias concedidas con los contratos otorgados a las empresas españolas del sector energético para instalar tecnologías que bien podrían estar desarrollando técnicos mexicanos, para evitar la sangría innecesaria de recursos financieros y la pérdida del patrimonio nacional.
Ante la desmesura de estas acciones, aparentemente avaladas en el Congreso por los llamados partidos de oposición, quizás debiéramos recordar algo que está en la Constitución y que antes se solía enseñar en las escuelas: ni el presidente de la República, ni ningún otro funcionario ni militar de alto rango, pueden aceptar ni recibir una condecoración extranjera sin el permiso del Congreso. Ciertamente, en este caso no se ha tratado formalmente de condecoraciones, sino de una variante más moderna, pero igualmente efectiva que aquellas. Los llamados “reconocimientos”.

Para analizar la segunda posibilidad se requiere contar con más información sobre toda una industria altamente especializada, ajena a la ética y muy rentable, formada por empresas y organismos dedicados a vender todo tipo de reconocimientos con mucha imaginación, como uno que compró Carlos Salinas siendo presidente, y que Jacobo Zabludovsky anunció con trompetas y timbales. Era el año de 1990, la contaminación en la ciudad de México estaba en pleno apogeo y una buena noche nos enteramos que una agencia asociada a la ONU había decidido otorgarle un premio “equiparable al Nobel”, pero en el campo de la ecología, por sus notables esfuerzos en ese campo. Recuerdo al comentarista de televisión informando del boletín oficial que luego repetirían algunos periódicos, en el que se decía que el reconocimiento le había sido conferido por su incansable lucha por eliminar la contaminación en todo el país, y que la agencia que se lo otorgaba estaba presidida por el mismísimo nieto del señor Nobel. En aquella ocasión decidí escribir aquí mismo en La Jornada un artículo señalando que era curioso este hecho, dado que Nobel nunca tuvo una mujer ni tampoco hijos, lo cual era totalmente indispensable (al menos entonces) para tener nietos. El artículo me ganó una amenaza telefónica de uno de los esbirros del señor Salinas, pero afortunadamente no pasó a mayores. Después he conocido muchas otras empresas de este tipo, que le ofrecen a uno por un buen puñado de dólares ponerlo en alguna publicación entre los 500 hombres y mujeres más famosos de América Latina, o colocar nuestra foto en algún salón, junto a las de John Wayne o de Arnold Schwarzenegger.

De ser este el caso, cabría hacerse la pregunta: bueno, ¿y para qué podría querer esto el Presidente? Las respuestas se centran, desafortunadamente, en que el señor Calderón necesita a gritos salirse del agujero en el que está metido por su propia incapacidad y la enorme cauda de errores producidos por sus limitaciones, complejos, frustraciones y pésimas decisiones en la selección de sus colaboradores cercanos.

Haiga sido por una o por otra de estas causas, o bien por la combinación de ambas, las conclusiones resultan trágicas para los mexicanos, por lo que ellas significan.

SEP: señalamientos improcedentes

Los señalamientos formulados ayer por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio Irazábal, quien responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal por no haber intervenido durante la manifestación de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pasado jueves, ponen en evidencia una lamentable propensión de las autoridades federales a eludir sus responsabilidades en la configuración de problemáticas y conflictos políticos diversos, como el que se vive en el magisterio.

Sin dejar de reprobar los daños causados al edificio de la SEP por algunos manifestantes, cabe señalar que los reproches lanzados por Lujambio Irazábal por la supuesta actitud “omisa” de las autoridades capitalinas pareciera un intento por trasladar a otros niveles de gobierno la responsabilidad que recae en la dependencia que él encabeza. A fin de cuentas, la presencia de los profesores disidentes en esta capital se deriva de la falta de capacidad y voluntad federales para resolver un conflicto de índole sindical; en ese sentido, no puede soslayarse que la arremetida contra el edificio de la SEP se produce luego de 11 días de que los integrantes de la CNTE iniciaron un plantón en el Zócalo, a más de un mes de que entregaron un pliego petitorio a las autoridades educativas y tras intentos infructuosos de lograr una audiencia con el propio Lujambio.

Adicionalmente, el que un secretario de Estado se permita semejante hostilidad contra las autoridades capitalinas exhibe una lamentable falta de decoro institucional y pone de manifiesto preocupantes rasgos de autoritarismo en el grupo gobernante.

Por otro lado, las movilizaciones magisteriales del pasado jueves en el centro de la capital tienen un elemento de contexto insoslayable: el acuerdo político entre el gobierno de Felipe Calderón y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por Elba Esther Gordillo.
Ante el exasperante panorama de descomposición, patrimonialismo y clientelismo con que opera el grupo controlador de esa organización, resulta paradójica la condena expresada por Lujambio contra quienes “destruyen los bienes culturales del país”, en alusión a los manifestantes que dañaron el inmueble referido: la entrega a la dirigencia gordillista de los ciclos de enseñanza a cargo del Estado tiene una inocultable relación causal con el rezago de la educación y, en última instancia, con el desarrollo cultural del país.

Como se señala en un informe reciente del relator especial de la ONU para el Derecho a la Educación, la connivencia entre la SEP y el SNTE “revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, que ha agregado gran complejidad al panorama educativo”.

En la circunstancia actual, la persistencia de dicho pacto ha exacerbado la división y la tensión al interior del magisterio, y ha descalificado a las autoridades federales como interlocutores confiables ante el conjunto de los trabajadores de la educación.

En suma, es en la continuidad de la alianza impresentable entre la dirigencia del SNTE y las autoridades federales donde se gestan buena parte de las expresiones de inconformidad y descontento magisterial, y esa persistencia constituye un daño mucho más grave a la riqueza nacional que el causado por los profesores disidentes al edificio de la SEP.

Guarderías. Ahumada.

El sexenio de la muerte. Helguera.

Luego de tres semanas, sólo se ha recuperado el chip de Diego

Lo hallaron con rastreos desde aeronaves del Ejército en Querétaro


Se presume que los teléfonos de El Jefe estuvieron intervenidos

El ex senador Diego Fernández de Cevallos, en imagen de archivoFoto María Luisa Severiano

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 5 de junio de 2010, p. 13
De acuerdo con las investigaciones que han realizado autoridades federales, Diego Fernández de Cevallos habría sido sometido por un grupo de al menos cuatro personas tras estacionar su camioneta en el rancho La Cabaña el 14 de mayo en el estado de Querétaro. Para contener la respuesta física de la víctima, sus captores lo estrellaron contra la pared del inmueble y luego lo obligaron a revelar la zona de su cuerpo donde llevaba un chip de localización que le fue colocado cuando se desempeñó como presidente del Senado, de 2004 a 2005.

Luego, con las tijeras que el panista usaba para arreglarse la barba, el dispositivo le fue extraído por sus plagiarios, lo que le generó la pérdida de unos 300 mililitros de sangre, menos de 5 por ciento del total de hemoglobina que posee una persona, o poco más de la mitad de lo que se extrae a un donante.

Fuentes gubernamentales revelaron que el chip de localización que portaba Fernández de Cevallos fue encontrado en territorio queretano mediante rastreos desde aeronaves del Ejército Mexicano.

Los funcionarios entrevistados señalaron que hasta el momento las investigaciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal no han obtenido resultados para identificar al grupo que privó de la libertad a Fernández Cevallos y posteriormente difundió en Internet una fotografía de la víctima en la que aparece con los ojos vendados y huellas de golpes en la cara.

El 14 de mayo al filo de las 23:30 horas presuntamente se habría cometido el plagio del ex candidato panista a la Presidencia de la República. Ese día Fernández de Cevallos partió de la ciudad de México con rumbo a Querétaro cerca de las 17 horas, y en la capital de esa entidad se reunió con varios de sus amigos (que no son identificados oficialmente) hasta cerca de las 22:45 horas. Luego enfiló hacia su rancho, que se localiza en el municipio Pedro Escobedo.

Fernández de Cevallos realizó sus viajes solo, como acostumbraba. Sin escoltas. De acuerdo con las fuentes, el gobierno federal ha tratado de reconstruir lo sucedido en el rancho La Cabaña y una de las teorías más acabadas consiste en que el panista llegó hasta el tejado que sirve como cochera, ubicado a un costado de la casa principal. Cuando bajó de su unidad fue sorprendido por sus captores.
La hipótesis compartida entre círculos de inteligencia en áreas como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como en los mandos de la Procuraduría General de la República y militares, y compartidas con el ex procurador Antonio Lozano Gracia, es que Diego Fernández fue cercado y, cuando trató de defenderse, sus atacantes lo sometieron, unos cortando cartucho y otros lo tomaron de los cabellos y lo azotaron contra la pared cercana a la puerta de la casa principal.

El único trabajador del rancho estaba dentro de su casa, a unos 300 metros de distancia, y por ello sólo habría escuchado la llegada de la camioneta, pero no se enteró de lo sucedido momentos después.

Planeación de meses

Los informantes refirieron que el grupo conocía no sólo los movimientos del panista, sino también todo lo relacionado con su seguridad; en círculos gubernamentales no descartan que sus captores hubieran intervenido sus teléfonos durante varios meses y que inclusive eso hubiera servido para rastrear su localización antes de privarlo de la libertad.

Luego de someterlo y quitarle el chip, Fernández de Cevallos habría sido amordazado y jaloneado o arrastrado en varios tramos antes de que fuera subido a otra camioneta. En las inmediaciones de donde ocurrió el plagio se localizaron huellas de dos vehículos distintos al del panista.

A 20 días del secuestro de Fernández de Cevallos, funcionarios federales y fuentes de información cercanas al panista señalaron que los plagiarios se han comunicado en dos ocasiones y que han exigido un monto millonario a cambio de su liberación. Supuestamente se ha entablado una negociación en la que las autoridades no participan ni vigilan.

¿Día de luto nacional? ¡No! ¡Justicia! ¡Basta de patrañas!

Desfiladero


Jaime Avilés
Daniel Hernández, de 13 años, César Alejandro Cuéllar, de 15, y Eduardo Cuéllar, de 17, agregaron sus nombres a la interminable lista de niños mexicanos asesinados por el gobierno” de Felipe Calderón. Regresaban de la escuela a sus casas, en Reynosa, Tamaulipas, cuando cerca del poblado Los Cavazos fueron ametrallados por elementos del Ejército, según testigos, “por no detenerse” en un retén militar. Pero, ¿de veras no se detuvieron?

Porque la noche del sábado 3 de abril, Martín Almanza Rodríguez, de 30 años, quien manejaba una camioneta en la que se dirigía con su esposa, sus hijos y otra familia hacia la playa de Bagdad, en Matamoros, sí se detuvo, a la altura del kilómetro 118 de la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, ante otro retén militar, y sin embargo los soldados comenzaron a dispararle, dando muerte a Bryan Almanza, de cinco años, y Martín Almanza Salazar, de nueve.

En aquellos momentos, en la memoria colectiva aún estaba fresco el recuerdo del asesinato, cometido también por soldados, de dos estudiantes del Tec, de una rica señora que circulaba en una camioneta negra, y de un matrimonio a la puerta de una fábrica, todo esto en Monterrey. Cuando se produjo el fusilamiento de los niños Almanza en Nuevo Laredo, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, volvió a enrollarse las mangas de la camisa retórica, como queriendo pelear a trompadas contra todos los cárteles del mundo a la vez, y corrió sobre los nuevos cadáveres la enésima cortina de humo verbal del sexenio, para tratar de ocultar lo inocultable.

Millones de mexicanos hemos recibido con indignación el anuncio de que hoy es día de luto nacional, en memoria de los 49 niños que el 5 de junio del año pasado murieron asesinados por la corrupción, la incompetencia y la impunidad gubernamental en la guardería ABC de Hermosillo. ¡Basta de patrañas!

De nada valdrán las caras largas, las corbatas negras, las banderas a media asta, los discursos hipócritas, mientras no sean detenidos, juzgados y sentenciados por sus respectivas culpas en el homicidio de los 49 niños, Juan Molinar Horcasitas, ex director del Seguro Social, quien asignó la guardería a quienes mantenían a los menores hacinados en ella en condiciones de alto riesgo; Eduardo Bours Castelo, gobernador de Sonora el día de la tragedia; Daniel Karam, director del Seguro Social el día de la tragedia, y la decoradora de interiores y amiga íntima de Margarita Zavala de Calderón, Carla Rochín Nieto, coordinadora de guarderías del Seguro Social el día de la tragedia.

Junto con ellos deben ser detenidos, juzgados y sentenciados, por las mismas causas, Sergio Salazar Salazar, Arturo Leyva Lizárraga y Noemí López Sánchez, quienes eran, respectivamente, director nacional de prestaciones económicas del IMSS, delegado estatal del IMSS en Sonora y jefa del departamento delegacional de guarderías del IMSS el día de la tragedia.

Asimismo deben ser detenidos, juzgados y sentenciados Wilebaldo Alatriste Candiani, Ernesto Vargas Gaytán, Fausto Salazar Gómez y Jorge Melchor Islas, quienes eran, en ese orden, titular de Protección Civil, secretario de Hacienda, director general de recaudación de Hacienda y subdirector de control vehicular de Hacienda, por parte del gobierno de Sonora, el día de la tragedia. A la cárcel y a los tribunales deben acompañarlos Ernesto Gándara Camou, quien era presidente municipal de Hermosillo, y Jesús Davis Osuna y Roberto Copado Gutiérrez, quienes eran responsables del área de inspección y vigilancia municipal el día de la tragedia.

Y desde luego, tienen que enfrentar sus responsabilidades penales los dueños de la guardería, empezando por Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala de Calderón, y sus socios. Mientras ninguno de los integrantes de este grupo de infanticidas sea molestado con el pétalo de una orden de aprehensión el país seguirá sumido en la furia y la repugnancia contra quienes dicen y creen que nos gobiernan.
Si hemos de ser congruentes, que también sea de luto nacional la fecha en que por última ocasión fue vista con vida Paulette Gebara Farah, toda vez que luego del hallazgo de su cuerpo en un lujoso condominio del estado de México, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tomó muestras de su cerebro, sus pulmones, sus riñones, su humor vítreo y su sangre, y tras analizarlas en su laboratorio de la ciudad de Quantico, Virginia, el pasado 12 de mayo a las 15:07 horas, emitió el reporte número 100422023, del caso 163G-MX-14103, y concluyó que la niña había sido víctima de un homicidio, según consta en las redes sociales de Internet.

Por tanto, al avalar con su silencio la versión oficial del ex procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, y de su equipo de fabricantes de mentiras, en el sentido de que la muerte de Paulette fue accidental, Enrique Peña Nieto se hizo cómplice, por encubrimiento, de los autores de ese homicidio. En realidad, en México deberían ser de luto nacional todos los días del año, pues a diario pierden la vida inocentes de todas las edades por culpa de una pandilla de fascistas voraces, ineptos e irresponsables, que día tras día edifica una dictadura sanguinaria delante de nosotros y sin la menor discreción.

¿O si no qué significa eso de que, muy pronto, todos los estados de la República y el Distrito Federal estarán a las órdenes de una “superpolicía única”, dirigida por Genaro García Luna? ¿Y después qué vendrá? ¿La declaratoria del estado de excepción y la suspensión de garantías individuales? ¿Y luego? ¿El aplazamiento indefinido de las elecciones de 2012 y la proclamación de Felipe, el terror de los niños, como caudillo de México por la gracia de Dios, de Obama, de Zapatero, de British Petroleum y de Repsol?

¿Será ese, el de Calderón y García Luna, el “grupo de poder” al que aludió Fauzi Hamdan ante el micrófono de Carmen Aristegui, al hablar del secuestro de Fernández de Cevallos? Todo puede pasar ya en las ruinas del patio trasero de un imperio gobernado por un canalla como Obama, que optó por agacharse a lamer los zapatos del ejército de Israel y justificar por medio de su vicepresidente el bombardeo con fósforo blanco, la lluvia de balas, las detenciones, las golpizas, el robo de dinero y celulares y demás vejaciones cometidas por Tel Aviv contra una flotilla de ayuda humanitaria a Palestina, en la que viajaba, entre otros, el genial novelista sueco Henning Mankell.

Pero canallas hay en todas partes –¿a poco?, dirán ustedes–, y el gobernante de Francia, Nicolás Sarkozy, olvidó a la secuestradora Florence Cassez en cuanto su homólogo mexicano le compró millones de dosis de una vacuna contra la polio, llamada Opvero, que fabrican los laboratorios galos Sanofi Pasteur, y que terminó de aplicarse ayer en todo el país, en el marco de la Semana Nacional de Salud. El medicamento fue distribuido dentro de un envase con instrucciones, ojo, “en inglés, francés y griego, pero no en español”, denuncian médicos amigos de esta columna. La innecesaria adquisición de este producto en el extranjero, añaden, perjudicó a los trabajadores del laboratorio mexicano Birmex, que por tal motivo dejaron de producir la vacuna antipolio Sabin.

El negociazo, sin embargo, sirvió para algo que nos debe llenar de orgullo patrio a todos. El pasado 9 de febrero, en París, Sarkozy condecoró como caballero de la Legión de Honor al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, en reconocimiento a su labor de “más de 30 años en favor de las buenas relaciones de México y Francia”. ¡Por favor, basta de patrañas! ¡Justicia a Paulette, a los bebés de Sonora y a todos los niños asesinados por Calderodes!

jamastu@gmail.com

ASF: el IMSS nunca garantizó seguridad en guarderías subrogadas

Proceso ABC
Desde 2008, el desorden general en guarderías
En la fiscalización de la cuenta pública de ese año, la ASF reportó irregularidades detectadas en el sistema de estancias del IMSS

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Sábado 5 de junio de 2010, p. 2
“El desorden generalizado en la operación y vigilancia” en que se encuentra el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008”, señala el informe elaborado por el ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

En el documento –que será discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo lunes 14 de junio– Zaldívar precisa que desde entonces la ASF concluyó que el IMSS “omitió incluir en los contratos que celebró con particulares la obligación de cumplir con las normas de seguridad previstas en las normas oficiales mexicanas” y respecto a la normatividad sobre protección civil a niveles federal, estatal y municipal.

La ASF determinó, añade el texto, que el IMSS no cumplía desde entonces con su obligación de garantizar la seguridad e integridad de la población infantil.

Esa conclusión es reportada en el documento de 370 páginas que fue distribuido el pasado miércoles entre los ministros, en el cual se responsabiliza de violación grave de garantías individuales –en agravio de los 49 menores muertos, 104 lesionados y sus familias– a Juan Molinar Horcasitas, ahora secretario de Comunicaciones y Transportes y entonces director del IMSS; al actual director del instituto, Daniel Karam Toumeh, y al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo.

Se responsabiliza asimismo a 11 funcionarios del IMSS y de los gobiernos estatal y del municipio de Hermosillo.

Al igual que en el informe de Zaldívar, la ASF recomendó desde entonces al instituto que estableciera sistemas que aseguraran la elaboración de programas de visita de supervisión de todas las guarderías del país.

También la auditoría detectó que “había desorden en el otorgamiento de contratos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas”.

Homenaje a las víctimas, la víspera del aniversario de la tragediaFoto Yazmín Ortega Cortés
Con base en lo anterior, el documento subraya que “existe un vínculo entre el desorden generalizado” y el caso de la guardería ABC, “pues las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato de ésta, así como en su operación y supervisión, son análogas a las que quedaron evidenciadas en la gran mayoría de las guarderías que operan bajo el sistema de subrogación”.

Añade que esta falta de control sobre dichos establecimientos es “fehaciente”, ya que la encuesta nacional sobre el estado actual de las guarderías subrogadas, que llevó a cabo la comisión de magistrados sobre el tema –documento que sirvió de base para que el ministro elaborara su proyecto de dictamen–, indica que “la gran mayoría de las guarderías subrogadas no cumple con la normatividad”.

Sólo 0.3 por ciento se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento, 69.7 por ciento cuenta con equipo contra incendios, 72 por ciento recibió un dictamen favorable sobre el estado de sus instalaciones eléctricas y 51 por ciento tiene el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Cuarenta y ocho por ciento carece de un dictamen de protección civil vigente, 72 por ciento ha obtenido el visto bueno del cuerpo de bomberos, 75 por ciento cuenta con constancia de realización de simulacros y 57 por ciento tiene detectores de humo, entre otros datos.

Zaldívar concluye que la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las medidas de protección civil fue un aspecto dejado de lado por las autoridades.

Además de que “nunca se verificó si la guardería ABC, que funcionaba en una bodega habilitada para tal efecto, era viable y segura para el destino indicado”, la cual no contaba con los requerimientos de seguridad adecuados, los cuales fueron detectados en una visita que realizó el IMSS el 26 de julio de 2006, sin que dicha autoridad haya dado seguimiento a las observaciones formuladas para corroborar su cumplimiento.

Ortega Sánchez acusa al EPR del secuestro de Fernández de Cevallos

La redacción de proceso.com



MÉXICO, D.F., 4 de junio (apro).- El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, acusó hoy al Ejército Popular Revolucionario (EPR) de estar detrás del secuestro de Diego Fernández de Cevallos.

A pesar de que dicho grupo subversivo se deslindó del plagio, el dirigente del organismo civil dijo que el caso Diego tiene grandes similitudes con el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú, perpetrado, dijo, por el EPR en 1994, y con todo lo que se ha presentado alrededor del caso Diego es evidente que dicho grupo lo mantiene “retenido”.

En conferencia de prensa, Ortega afirmó que a cambio de la libertad de Fernández de Cevallos, el grupo “guerrillero” pide que se presente con vida a dos de sus integrantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, supuestamente retenidos por agentes del Estado.

Sobre el atentado contra el general Mario Arturo Acosta Chaparro, señaló que está relacionado con el caso, debido a que estaba investigando la desaparición del panista, ocurrida el pasado 14 de mayo.

“Sí, tengo certeza de que el general Acosta Chaparro estaba investigando el secuestro del Jefe Diego desde el sábado al medio día porque hablé con él en más de 12 ocasiones”.

Según él, lo comentó con autoridades del gobierno federal, concretamente con el procurador, “y él (Acosta) me confirmó la información”.

El general retirado Mario Acosta Chaparro resultó herido en el tórax al ser baleado por un sujeto durante un presunto intento de asalto en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, el pasado 19 de mayo, cinco días después de la desaparición de Diego Fernández.

De acuerdo con reportes policiacos, el militar y su chofer estaban dentro de un vehículo a la altura del número 241 de la calle Sinaloa, casi al cruce con Tampico, cuando se les acercó un individuo y le disparó en varias ocasiones.

Luego del hecho, el chofer trasladó a Acosta Chaparro al Hospital Central Militar para ser atendido por sus heridas.

Acosta Chaparro fue liberado en junio de 2007 tras más de seis años de permanecer en prisión en el Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México, acusado de brindar protección al narcotráfico.

Las turbias causas del caso Diego

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
05 de junio de 2010


La venganza por el presunto incumplimiento reclamado por estos clientes, que tendrían a su vez vinculaciones con una vertiente del crimen organizado, es supuestamente el móvil por el cual decidieron secuestrar y retener a Fernández de Cevallos y exigir un secuestro millonario, estimado hasta ahora en 50 millones de dólares por su liberación


Es posible que el grupo de empresas que ordenó y ejecutó el secuestro de Fernández de Cevallos haya contratado a profesionales ligados al narco

Un litigo millonario con un grupo de empresas de Cancún, que reclaman un incumplimiento en los servicios ofrecidos por el despacho Fernandez de Ceballos y Alba, sería el motivo detrás de secuestro del ex senador y ex candidato presidencial, de acuerdo con reportes de inteligencia militar tanto de México como de Estados Unidos que dan seguimiento al caso.


La venganza por el presunto incumplimiento reclamado por estos clientes, que tendrían a su vez vinculaciones con una vertiente del crimen organizado, es supuestamente el móvil por el cual decidieron secuestrar y retener a Fernández de Cevallos y exigir un secuestro millonario, estimado hasta ahora en 50 millones de dólares por su liberación.



El tamaño de las exigencias de ese grupo y el fuerte impacto que tiene el caso no sólo por sus implicaciones políticas y por el desafío que representa para el Estado mexicano, sino también para los socios actuales del ex senador, es lo que ha provocado todo el sigilo y el misterio que rodean al caso. Apellidos como los Gómez Mont, Lozano Gracia, Molina Ruibal y otros, aparecen involucrados en el litigio que desata el secuestro.



Está también, desde luego, el legítimo interés de proteger la vida del político, aunque para ello el Estado haya renunciado a una obligación constitucional como la de perseguir de oficio un delito.


Es posible que el grupo que ordenó y ejecutó el secuestro de Fernández de Cevallos haya contratado para su “venganza” a un grupo de profesionales ligados al narcotráfico —de ahí la versión militar que apunta a Los Zetas— o incluso a un comando internacional especializado en ese tipo de delitos, lo que explica la precisión con la que actuaron, y el hecho de que quienes pudieron coordinar la operación del rapto hayan sido clientes conocidos por Diego, lo que explica porqué los vigilantes los dejaron pasar a la propiedad donde lo esperaron sin problema para capturarlo.



Lo que es un hecho es que en la negociación que se lleva a cabo con la asesoría de una firma extranjera de origen británico, tanto la familia como el gobierno tienen muy claro que están ante “profesionales de muy alta peligrosidad” y con los que la principal prioridad se ha vuelto la vida del político panista.



Beatriz y Amalia: ¿pacto o capitulación?




El jueves por la tarde, de manera poco usual, Amalia García, gobernadora de Zacatecas y Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, concertaron y sostuvieron de última hora un encuentro que tenía como marco el proceso electoral para renovar la gubernatura zacatecana. Hasta las oficinas de gobierno en la ciudad de México llegó la lideresa priísta y el encuentro fue a puerta cerrada.




Viejas amigas y conocidas, con una buena relación que data de años de navegar en las lides políticas, una en la izquierda y otra en el viejo sistema priísta, Paredes y García tienen buena comunicación y en ese encuentro decidieron ejercerlo en una plática que puede resultar decisiva para la elección en curso en Zacatecas.




En la versión oficial filtrada por los aparatos de comunicación de la zacatecana y la tlaxcalteca el encuentro tuvo un objetivo meramente diplomático, casi inocente: Amalia le pidió a Beatriz “que no se metan los gobernadores de Nuevo León y del Estado de México a los comicios en Zacatecas” y que en su estado “se juega limpio”. También le dijo la gobernadora “que las épocas del carro completo se terminaron y que lo que quieren los ciudadanos es la pluralidad y el respeto político”.




Hasta ahí la versión oficial que también fue completada por las declaraciones de Beatriz que habló de “un encuentro respetuoso para garantizar que los comicios serán limpios y se respetarán los resultados”. Pero, tratándose de dos políticas con la experiencia y el nivel de ambas, es difícil creer que hayan sostenido y filtrado un encuentro para algo tan obvio y que pudieron manejar con un simple comunicado y una foto.



Y ahí viene lo interesante, en privado, en ese encuentro, se selló un pacto para garantizar una transición de poder ordenada y segura para Amalia García si, como las encuestas indican hasta ahora, el PRI recupera el poder con su candidato Miguel Alonso Reyes, que según las ultimas encuestas, lo mismo de la Universidad Zacatecana que de diarios o de empresas como Parametría, adelanta con una ventaja de unos 15 puntos al candidato del PRD y Convergencia, Antonio Mejía Haro.




No se ve, matemáticamente, cómo el candidato de la gobernadora García pueda alcanzar al puntero priísta, sobre todo después de que fracasaron los intentos por hacer que el candidato del PT, David Monreal Ávila, declinara a favor del abanderado perredista. Por eso hay razones para pensar que, más que un pacto de civilidad, lo que ocurrió en ese encuentro entre la gobernadora y la lideresa priísta, fue un “pacto de transición” en el que una y otra adquirieron compromisos: tal vez Beatriz ofreció parar la maquinaria y la inyección ilegal de recursos que han hecho los gobernadores Enrique Peña Nieto y Rodrigo Medina para apuntalar al candidato del PRI, a cambio de que Amalia reconozca y acepte sin problema una eventual derrota de su partido.



A cambio, la mandataria pudo recibir garantías de “no agresión” de un futuro gobierno priísta y la seguridad de que no será tocada ni con el pétalo de una auditoria. El problema para Amalia será enfrentar, en ese escenario de derrota, el impacto demoledor que la pérdida de Zacatecas tendría para el PRD nacional; no sólo porque se desfonda electoralmente ese partido y pierde una de sus pocas gubernaturas, sino porque de cara al 2012 perdería su segundo bastión más importante después del Distrito Federal.



Y si a eso se añade un complicado escenario para el perredismo en los próximos comicios de gobernador en Guerrero en 2011, donde los perredistas y el gobernador Zeferino Torreblanca están tan divididos que han llegado incluso al asesinato político, y se le suma también que en Baja California Sur hay una fractura entre grupos locales, la prospectiva para el PRD hacia en 2012 es casi catastrófica, pues podrían llegar a los comicios presidenciales solamente gobernando el DF.



NOTAS INDISCRETAS… Un año de impunidad, de vergüenza de injusticia. En Sonora nadie cumplió su palabra: “En el caso de la guardería ABC no habrá impunidad... Se hará justicia caiga quien caiga y tope en lo que tope”, dijo Felipe Calderón el 29 de junio de 2009 ¿Dónde se topo la justicia Presidente? “El 13 de septiembre (día de su toma de protesta) habrá justicia para los niños de ABC”, prometió el gobernador Guillermo Padres luego de lucrar políticamente con la muerte de los pequeños y ganar así la gubernatura. Ni el 13 de septiembre ni un año después hubo justicia; lo que hay es complicidad del gobernador que ratificó al cuestionado procurador Abel Murrieta de su inculpado antecesor Eduardo Bours. No tienen vergüenza ni palabra… Los dados mandan Escalera para los padres del ABC. Sigue el dolor y el reclamo de justicia.