Diego desaparecido, un acto de venganza

Miguel Ángel Granados Chapa



Hasta ya avanzado el jueves 20, hora de escribir esta columna, el público carecía de información sobre el paradero y la suerte de Diego Fernández de Cevallos, desaparecido entre la noche del viernes 14 y la madrugada del sábado 15. Conforme han transcurrido los días, algunas de las conjeturas iniciales han ido perdiendo sustento y surgen otras, como la que ahora planteo aquí. Antes de hacerlo no puedo sustraerme a la tentación de recordar el secuestro padecido en diciembre de 1997 por Fernando Gutiérrez Barrios, que oficialmente jamás existió. No se denunció ante el Ministerio Público y su víctima jamás se refirió al acontecimiento.

Ese año había sido terrible para el presidente Zedillo y para el sistema político mexicano, y cuando ocurrió la desaparición del antiguo zar de la seguridad nacional aún faltaba la terrible matanza de Acteal, que ocurriría una semana después de la terminación del secuestro del exsecretario de Gobernación, el 22 de diciembre.

En las elecciones de julio el PRI había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, hecho funesto para ese partido, que anunciaba su descomposición. El Partido de la Revolución Democrática, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, había conseguido formar la segunda bancada más numerosa en San Lázaro, después de la disminuida fracción priista y, como cereza en el pastel, había hecho triunfar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, convertido de esa guisa en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular.

Aunque por el rescate de Gutiérrez Barrios se pagaron seis millones y medio de dólares (un descuento de tres y medio respecto de los diez inicialmente pedidos por los secuestradores) no quedó claro que necesariamente fuera un secuestro mercenario. Quizá persiguió varios fines: unos concernientes a las antiguas tareas de la víctima, por años al frente de la policía política y de las acciones de seguridad nacional; otros relacionados con sus nexos con la política veracruzana y la escisión del PRI que allí se incubaba (Dante Delgado fue puesto en prisión al año siguiente por Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes) o quizá se trataba de un ajuste de cuentas por los muchos daños que el exgobernador de Veracruz infligió a tanta gente. Y de paso obtener una fortuna.

Algo semejante parece estar ocurriendo con Diego. Su familia conjetura, quizá porque posee indicios que no ha hecho públicos, que se trata de un secuestro que se resuelve con dinero. Por eso llamó a los captores a comunicarse, para negociar. El EPR avisó que no es el autor de la desaparición y con eso desmontó casi por entero (porque otros grupos pudieron hacerlo) la conjetura de que una organización guerrillera estuviera presente en el caso. Y ante la CNN el presidente Calderón, que tuvo que cargar en España y en Washington el baldón de que su gobierno no puede garantizar la seguridad ni siquiera de los encumbrados más cercanos, excluyó al narcotráfico, porque sus jefes mandan mensajes por otras vías, expresión equívoca que sugirió que hay un puente de comunicación con la delincuencia organizada.

Por mi parte, al excluir que se trate de un secuestro mercenario (entre otras cosas porque era más sencillo plagiar a un miembro de la familia de Fernández de Cevallos a fin de que él pudiera encargarse del pago y no tener que dar instrucciones para hacerlo desde su cautiverio), calculé posible que lo hubiera emprendido algún grupo relacionado con la seguridad pública o la seguridad nacional, en la lógica con que operan muchas policías a lo largo de la historia (crear un problema para resolverlo y así mostrar su necesidad, su eficacia y su lealtad). La hipótesis se validaría si la localización y el rescate del eminente panista ocurriera mientras el presidente Calderón estaba en Estados Unidos, para que pudiera gloriarse del resultado (con cuya génesis no lo ligó mi formulación). Y, por supuesto, se diluyó conforme los días pasaron sin que apareciera Diego.

Necesitado de una nueva explicación, traje a mano mi reciente lectura del libro de José Reveles sobre los Beltrán Leyva, El cártel incómodo. El subtítulo de la obra es El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán. Una de las bases de sustentación del libro es dar por supuesto un acuerdo entre el gobierno federal y el cártel del Pacífico, suposición que no carece de fundamento y de exponentes. Un panista notable, el todavía diputado Manuel Clouthier Carrillo, denunció ese eventual arreglo desde el conocimiento que le proporciona su vivencia cotidiana como director del principal periódico sinaloense. Y fue también una de las líneas de argumentación del reportaje que en dos partes presentó durante la estancia de Calderón en Washington la cadena de radio pública estadunidense.

Como parte de ese presunto acuerdo, el gobierno desarticularía a la banda de los Beltrán Leyva, antaño asociados a Guzmán Loera y convertidos en sus crueles enemigos. Independientemente de una motivación así, lo cierto es que esa parte de la mafia de la delincuencia organizada sí ha resultado especialmente golpeada, y que uno de los lances finales, el de diciembre del año pasado, que concluyó con su muerte, fue una especie de ejecución de Arturo Beltrán Leyva, el jefe del clan, y la exhibición vejatoria de su cadáver, tapizado de dólares.

Los restos de la banda, a cuya cabeza habría quedado Héctor, habrían emprendido actos de violencia ya no utilitarios sino surgidos de un acusado ánimo de venganza. Habrían comenzado con el asesinato de los familiares de un oficial de la Marina muerto en la acción de Cuernavaca. Se trataría de mostrar así que aunque fuera por esa vía, indirecta e innecesaria, la Armada de México pagaría la muerte de El Barbas, como se apodaba a Arturo Beltrán Leyva.

Me pregunto entonces si en la desesperación de su acorralamiento, como coletazo de ballena herida, Héctor Beltrán Leyva resolvió alzar la mira y apuntar cerca del cogollo del Estado. Aunque no pertenece directamente al gobierno panista, Fernández de Cevallos ejerce influencia de tal magnitud sobre él que el secretario de Gobernación y el procurador general de la República han sido parte de su entorno político, profesional y personal. De alguna manera lo representan. Y al inferirle un daño, del alcance y naturaleza que resulte, se estaría el clan agónico cobrando las acciones que lo han puesto en esa situación. l

Apoyo total al SME

Pedro Echeverría V.

Lo importante en este momento es paralizar la ciudad de México y sólo desbloquearla cuando reinstalen a los 44 mil electricistas.
22 mayo 2010
pedroe@cablered.net.mx

1. Cuando escuché la noticia ayer en el sentido de que El Barzón había tomado el Zócalo me alegré porque pensé que su único objetivo era apoyar a los electricistas que llevan más de 20 días en huelga de hambre y que con ello comenzaba a darse la unidad tan necesaria en estos momentos. Lo mismo pensé cuando hace unos días la CNTE señaló que ocuparía el Zócalo; creí que sin hacer a un lado sus demandas de aumento salarial, batalla contra el charrismo de Esther Gordillo y por una educación crítica y popular, la CNTE se sumaba primero e incondicionalmente a la huelga de los electricistas y una posible paralización de la cuidad de México. Pero al parecer cada quien lucha por sus demandas gremiales y no son capaces de comprender que hay que luchar unidos primero por una demanda, demostrar que se puede unificar la lucha y luego luchar juntos por otras.

2. Los profesores de la XXII y la APPO de Oaxaca buscan desesperadamente consolidar su movimiento e impedir que el gobierno de Ulises Ruiz siga reprimiendo y asesinando al pueblo oaxaqueño; pero nada puede impedir que 30 mil militantes militantes de la APPO –la tercera parte- se concentre cinco días en el DF para contribuir a su paralización. El gobierno de Ruiz asesinó ayer o anteayer a un connotado dirigente indígena trique y a su esposa como un asesinato selectivo e intimidatorio para demostrar la fuerza del PRI en el estado. Pero a pesar de todos los problemas que ha enfrentado y por los que debe luchar de manera inmediata la APPO debe entender que para que no nos sigan reprimiendo y asesinando divididos es necesario la unidad y con esta priorizar los problemas en función de su importancia.

3. López Obrador, que ordinariamente moviliza a más de 50 mil gentes en el DF, pero a más de 200 mil cuando hace convocatorias, puede estar recorriendo el país para darle la cuarta vuelta a los municipios de la República, pero nada le impide convocar a sus 50 mil seguidores del DF para ayudar a paralizar la ciudad y sólo desbloquearla cuando Calderón, Gómez Mont y el perro Lozano firmen la reinstalación de los electricistas. La realidad es que para AMLO suspender una semana de giras, después de seis años de estarlas haciendo, no lo retraza en nada y sí queda una gran lucha histórica. Sobre todo adquiriría mayor respeto y una enorme presencia entre los trabajadores. Los mineros, son base en todas las represiones de las que han sido víctimas, seguramente estarían incondicionalmente por ayudar a los electricistas.

4. Quizá los indígenas zapatistas del EZLN no estarían en condiciones para viajar y ayudar a paralizar la ciudad de México, pero el zapatismo ha crecido en número entre los jóvenes del país, en particular en Atenco y la ciudad de México y jugarían un papel clave en la movilización que obligue al gobierno a devolver su empleo a los 44 mil electricistas. Bastaría con que los dirigentes de esta organización indiquen la importancia de esta batalla para que varios miles de zapatistas participen coordinados con otros contingentes. Estas movilizaciones en cortes de carreteras, de avenidas, en bloqueo de bancos y demás instituciones financiera y de gobierno, participarían decenas de miles de estudiantes de la UNAM, UAM, POLI, UNAH, UPN, etcétera. Basta con una buena coordinación desde el Zócalo para que el gobierno, la clase política y empresarial, se den cuenta quien debe mandar en este país.

5. La única demanda del movimiento social, de los progresistas y de la izquierda debería ser la reinstalación de los 44 mil trabajadores electricistas; luego esa unidad probada pasaría a otras demandas como apoyo total a los mineros, la exigencia de la salida del ejército de las comunidades zapatistas y del país, el cese inmediato de la corrupta líder Esther Gordillo y del gobernador de Oaxaca. En fin, lograr que en adelante sigan asesinado a oaxaqueños, a zapatistas, golpeando a mineros, campesinos y electricistas. La realidad si cada organización y liderazgo sigue luchando exclusivamente por sus demandas particulares, limitadas, gremiales, seguirán reprimiendo y asesinando sin lograr nada. Entonces habría que pensar en serio que esos líderes están traicionando a sus bases porque no las orientan para que se den cuenta que solos no son nada y que sólo juntos se pueden lograr triunfos.

Espiral de la descomposición. Ojarasca.

Ante el escenario actual del país, los mexicanos tendemos pensar que debe haber un límite, un hasta aquí que ya no puede estar muy lejos, pero la sucesión de hechos violentos, represivos o vergonzosos, trivializados por el poder y la inflación real de los números de víctimas (materia prima de los medios de comunicación comerciales), sugieren que sucede justo lo contrario: el límite no parece estar a la vista.
La emboscada a una caravana civil que se dirigía al municipio autónomo triqui de San Juan Copala, y sobre todo las declaraciones y actitudes del gobierno de Oaxaca, hacen pensar que más bien se trató de una nueva vuelta de tuerca. Los paramilitares priístas (que oficialmente no existen) pudieron asesinar a una activista pacífica y un observador internacional (y fácilmente hubieran sido más los muertos; entre ellos tres periodistas acreditados como tales: David Cilia, Érika Ramírez y el meritorio y valiente reportero de Huajapan de León, Roger Valle), sin que pasara nada. Un mensaje en forma para todo el país. Y bien mirado, para todo el mundo. Pregunten si no al gobierno de Finlandia (o los relatores de la ONU, Amnistía Internacional y la Unión Europea): en México así está el pedo, ¿entendido?
Las declaraciones de Ulises Ruiz Ortiz, el rey de los criminales impunes que son “gobierno” por acá, no tienen desperdicio. La culpa fue, sucesivamente, del municipio autónomo triqui, sitiado y sometido por los paramilitares de su gobierno; luego, de un candidato que literalmente no tuvo vela en el entierro (y ya eso dice mucho de qué clase de candidato es el de “oposición”), y finalmente, de los extranjeros que realizan actividades “ilegales”, como transitar caminos que hasta la cancillería considera no aptos para los güeros).
Impermeable a la verdad, el gobierno ulisista dio todo un performance de yo-no-fui que, para fines prácticos, lo mismo daba. ¿Sabremos algún día de dónde saca tanta impunidad el cacique oaxaqueño?
El jefe de los asesinos, Rufino Juárez, quien después de los hechos se paseaba con escolta armada, y armado él mismo, en Juxtlahuaca (como documentó Contralínea), tiene como padrino al secretario de Gobierno y exprocurador oaxaqueño Evencio Nicolás Ramírez, pieza clave en el entramado de padrinazgos y complicidades en que se sustenta ese régimen de Ruiz Ortiz y su ahijado Jorge Franco Vargas.
La Agencia Estatal de Investigaciones, e incluso el Ejército federal, se comportaron como subordinados del señor Juárez. De ese modo, un grupo realmente reducido de priístas, llamado Ubisort, puede controlar mediante el terror toda una región. No muy distinto es el modo de operar del narcotráfico.
La franquicia de gobernador, por lo demás, se ha vuelto muy jugosa (¿no dicen que hasta la poderosa maestra Elba Esther Gordillo quiere Chiapas?) en el actual desorden mexicano: un gobierno federal inepto, corrupto y arrogante, sostenido en parte gracias al apoyo e Washington (algo que no había ocurrido en México jamás); un crecimiento exponencial del poder criminal en buena parte del territorio nacional (las principales capitales y ciudades, lo mismo que sierras, costas y mesetas); un desdibujamiento extremo de los partidos políticos que se reparten el poder y el gran negocio de la “democracia” electoral; una “guerra” difusa y brutal que colateralmente mantiene aplacado el descontento social; un avance incontenible de Monsanto, Halliburton y demás bestias negras.
Ya hay narcogobernadores, y habrá más. Las elecciones se “narcotizarán”, como ya lo hizo, exitosamente, el sistema financiero. La existencia de grupos paramilitares se da bajo nuevos parámetros; en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, la violencia contra los pueblos indígenas la acaparan crecientemente grupos que más bien parecen bandas de sicarios, lo cual revela cierta profesionalización de sus crímenes. Ahí está el caso de Rogaciano Alba en la sierra de Petatlán. Y esto sin renunciar, como se ve ahora recrudecido en Chiapas contra las bases de apoyo del EZLN, al esquema de los grupos de autodefensa, la contrainsurgencia comunitaria y la militarización aplastante de los territorios indígenas.
Es por eso que los pueblos se están defendiendo tan decididamente. Si no lo hacen, nadie lo hará por ellos.

Una guerra descarada contra los pueblos.

Gloria Muñoz Ramírez


Los movimientos sociales en México se han encontrado como respuesta del gobierno y/o de los caciques locales, la tortura, la desaparición forzada, el encarcelamiento y en no pocos casos la muerte de sus integrantes. No es nuevo que las luchas por la defensa de la tierra, de la vivienda, del trabajo, la educación, la justicia, la salud y en general las luchas por la vida, se topen con la respuesta armada institucional o paramilitar de quienes pretenden arrebatar territorio y recursos. El periodo actual no es la excepción, pero tiene una particular carga de cinismo gubernamental. El reciente ataque paramilitar a una caravana de paz en las inmediaciones de San Juan Copala, Oaxaca, es un claro ejemplo. El saldo no es sólo de dos muertos, sino que contempla la puesta en marcha de una estrategia que ya no sólo atenta contra los integrantes de los movimientos, sino contra defensores de derechos humanos, observadores internacionales y periodistas.
La Otra Campaña, iniciativa política convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 2005, y puesta en marcha el primero de enero de 2006, contabiliza al momento de escribir estas líneas 35 presos políticos. Se trata de hombres y mujeres encarcelados por defender sus derechos y dignidad, su tierra y la vida. Su delito es no dejarse desaparecer.
La Red Nacional Contra la Represión y la Solidaridad y la campaña Primero Nuestros Presos, nacieron en el seno de La Otra Campaña para difundir y ampliar la lucha por la liberación de los presos políticos del país, en especial la de los 35 que integran esta iniciativa política, quienes se encuentran recluidos en cárceles de varios estados del país: en Campeche, tres; en Chiapas, seis; en el Distrito Federal, uno; en el Estado de México, doce; en Guerrero, tres; en Nayarit, uno y en Oaxaca, nueve. La mayoría pertenecen a diversas resistencias en sus respectivos estados, aunque “otros, los menos, los detuvieron porque pasaban o vivían allí, o por ser amigos o familiares de luchadores sociales”. Ninguno es delincuente.

Los presos. Una de las iniciativas que se construyeron al paso de la Otra Campaña es la Red Nacional Contra las Altas Tarifas de Luz. De ella forman parte los habitantes del municipio de Candelaria, Campe­che, quienes emprendieron la lucha contra los costos injustos impuestos por la Comisión Federal de Electricidad. Empezaron por no pagar la luz y así creció la resistencia por la cual fueron encarcelados Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borjas Contre­ras, y están bajo proceso Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano.
En Guerrero, el 27 de noviembre de 2008 fueron detenidos con lujo de violencia y sin órdenes de aprehensión, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández y Santiago Nazario Lezma. Actual­mente los tres permanecen en prisión en la cárcel de Tecpan. Su delito: ser parte de la organización Tierra y Libertad, que lucha por vivienda.
En Chiapas, pertenecientes a la organización La Voz del Amate, permanecen tras las rejas Alberto Patishtan Gómez y Rosario Díaz Méndez; además de Manuel Aguilar Gómez, fundador del ejido Jotolá, detenido por falsas acusaciones de la Organi­zación para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), de corte paramilitar. Artemio Díaz Heredia y Manuel Heredia Jiménez, de Mitzitón, fueron apresados por acusaciones del Ejército de Dios Alas de Águila, organización también denunciada como grupo paramilitar. Pascual Hernández Gómez y Armando Méndez corren la misma suerte. En la ciudad de México, se encuentra preso el joven activista y estudiante de Filosofía y Letras en la UNAM, Víctor Herrera Govea, detenido durante la movilización del 2 de octubre del 2009.
Los 12 presos políticos de Texcoco y San Salvador Atenco también son reivindicados por La Otra Campaña. Todos fueron capturados tras la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en esa región del Estado de México, “en represalia por la lucha que ha venido realizando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en contra del proyecto de aeropuerto”. Ellos son Ignacio del Valle Medina (sentenciado a 112 años), Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo, Jorge Alberto Ordóñez, Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar, Edgar Eduardo Morales Reyes, Oscar Hernández y Narciso Arellano.
En Nayarit, Tomas de Jesús Barranco fue detenido en 1996 por su presunta participación en un ataque del EPR en esa ciudad. Es el mismo caso de los presos de la región Loxicha, de Oaxaca, quienes desde 1996 fueron detenidos por su presunto involucramiento con un grupo armado. Ocho permanecen en prisión: Agustín Luna, Álvaro Sebastián, Justino Hernández, Mario Ambrosio, Fortino Enríquez, Eleuterio Hernández, Abraham García, Zacarías P. García.
También en Oaxaca se encuentra preso Abraham Ramírez Vázquez, miembro del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica; y bajo proceso está Miguel Cruz Moreno, del CIPO, acusado injustamente del asesinato del periodista alternativo Brad Will.

En el marco del reciente ataque a la caravana de observadores que se dirigía a San Juan Copala a ofrecer apoyo y víveres, y luego del secuestro, el pasado 20 de abril, “del compañero indígena Francisco de Asís Manuel, presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Ostula, por un grupo paramilitar fuertemente armado”, el Congreso Nacional Indígena (CNI) condenó los hechos y exigió “el desmantelamiento de paramilitares en Michoacán, Oa­xaca y Chiapas”.
El CNI advierte que el asesinato de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, integrantes de la misión humanitaria emboscada en la región triqui, se une a una larga lista “de asesinatos impunes tanto por la protección de José Murat como por la del tirano Ulises Ruiz Ortiz”.
En ambos casos, señala el CNI, destaca “el uso de cuerpos paramilitares por parte del Estado mexicano en una guerra declarada contra los pueblos indígenas de México, sobre todo ahí donde la resistencia indígena contra las pretensiones privatizadoras de las empresas transnacionales está presente”.

Un asesino anda suelto y furioso...

Peritaje Final. Helguera.

Dinero público para negocio privado

México SA
Mexicana de Aviación: una vez más



Pasado y presente: los mismos cínicos

Carlos Fernández-Vega
¡Preparaos!, mexicanos pagadores y sumisos, que por enésima ocasión los que dicen gobernar este país utilizarán vuestros recursos fiscales para rescatar a selectos hombres de negocios”. El calderonato se apresta para sacarle las castañas del fuego a uno de los empresarios más ricos (y socios que lo acompañan), que no es otro que el propietario, entre otras cosas, del lucrativo Grupo Posadas y, a partir de diciembre de 2005, de Mexicana de Aviación, la misma aerolínea que el erario “salvó” –vía Fobaproa, tres lustros atrás– cuando él mismo presidía la compañía.

Así es. “En el negocio de la aviación se empieza a hablar del rescate de la aerolínea Mexicana por parte del gobierno federal debido a que la empresa de Gastón Azcárraga Andrade emitiría un bono por aproximadamente 250 millones de dólares –casi cien millones más de los que pagó por ésta–, que serían respaldados por el gobierno mexicano a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). El presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco, calificó de ‘insulto al pueblo de México’ la operación de rescate de Mexicana de Aviación por parte del gobierno federal. Advirtió que las empresas deben asumir los costos de no ser exitosas y dijo: ya que la federación dispone de recursos para apoyar a esta aerolínea también deberá ayudar a los miles de pequeños y medianos negocios que están en riesgo de cerrar. El país no está para seguir privatizando las ganancias y socializando las pérdidas’. Fuentes de Bancomext señalaron que la operación es un hecho, pero rechazaron que se trate de un rescate, sino de una operación de fondeo que realizará Mexicana y en la que el Banco actuará como garante” (La Jornada, Miriam Posada García y Juan Carlos Miranda).

A lo largo de tres décadas de privatizaciones-“rescates”-reprivatizaciones, el gobierno en turno prácticamente nunca ha utilizado esos términos (que son los correctos; en su lugar usado, usa, transferencia, desincorporación, coinversión, intervención momentánea, fondeo, apalancamiento, etcétera, etcétera), pero el hecho es que desapareció el aparato productivo del Estado y el erario ha destinado miles y miles de millones al “saneamiento” de negocios privados, como en el caso concreto de las dos aerolíneas mexicanas (la otra es Aeroméxico: sólo hay que recordar a Cintra), que han sido “auxiliadas” con recursos públicos, para fines privados, en prácticamente todos los sexenios gubernamentales.

Lo anterior, desde luego, no es gratuito, porque en la perpetuidad del circuito estatización-privatización-restatización-reprivatización de las líneas aéreas nacionales (con sus respectivos “rescates”, como tantos otros casos) han participado muchos inquilinos de Los Pinos y prominentes “hombres de negocios”, entre cuyas más finas habilidades se cuenta la de financiar candidatos y sus campañas electorales, especialmente las presidenciales, como el propio Azcárraga Andrade entenderá, y una vez logrado el objetivo simplemente se da el intercambio de facturas. Y así le va al país.

Del caso Mexicana de Aviación va un poco de historia reciente: el 20 de diciembre de 2005, con Fox en Los Pinos, se oficializó que Grupo Posadas, propiedad de Gastón Azcárraga Andrade, fue el ganador de la “puja” por la aerolínea; 94.5 por ciento de las acciones de esta aerolínea pasaron a ser propiedad del corporativo hotelero, mediante el supuesto pago de 165.5 millones de dólares. Cintra y el IPAB reconocieron a ese corporativo como “ganador indiscutible”, y ese mismo día firmaron el contrato de compra-venta de las acciones, cuyo precio en la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó alrededor de 40 por ciento en unos cuantos días, obviamente previos a tal firma, lo que abarató, aún más, la “desincorporación”. Lo más llamativo de esta compra-venta es que el gobierno foxista regresó la aerolínea al mismo empresario que, junto con sus hermanos, la reventó en 1995 y fue “rescatada” por el Fobaproa. Al erario le costó miles y miles de millones mantener la empresa a flote, para finalmente entregarla a los mismos que la exprimieron.
Un dato interesante es que más tardó el gobierno federal en firmar el citado contrato, que Gastón Azcárraga Andrade en “repartir” las acciones entre otras siete empresas e inversionistas que no participaron en la licitación, y que fueron constituidas pocos días antes del anuncio oficial del ganador, y que ahora son los propietarios, en plural, de la aerolínea a “rescatar”. Una de ellas, Administradora Profesional de Hoteles, constituida 12 días antes de conocerse públicamente el nombre del nuevo dueño de Mexicana de Aviación. Minutos después de firmar el contrato de compra-venta, Azcárraga Andrade repartió el pastel: Grupo Posadas, 29.6 por ciento de las acciones; Administradora Profesional de Hoteles, 20.08; Administradora Corporativa Empresarial, de Ángel Losada Moreno (Grupo Gigante), 20.08; Gastón Azcárraga Andrade, 2.86; Juan Gallardo Thurlow (Grupo Embotelladoras Unidas), 10.44; Ixe Banco (del que fuera accionista Isaac Saba, del Grupo Xtra, único “contrincante” en la “puja”), 2.46 por ciento y “otros accionistas”, 9.49 por ciento.

Qué bonito es hacer “negocios” privados en este país en el que oficialmente no abundan los recursos públicos: baratos y repartibles entre los amigos, aunque no participen en el remedo de licitaciones públicas. Así, cuatro años y medio después, el “rescate” de la aerolínea está a punto de salir del horno: el pastel es el mismo y está elaborado con los ingredientes de siempre, es decir, recursos públicos para salvar negocios privados, y un banco del Estado (Bancomext, al que el propio gobierno federal ha intentado desaparecer por todos los medios) para servir de mesero. Se supone que Azcárraga Andrade y socios pagaron 165 millones de dólares; ahora recibirán 250 millones de billetes verdes, sin considerar un “préstamo” que el propio Bancomext les otorgó en 2009 (900 millones de pesos).

Y allí están los empresarios, en espera de su pastel de recursos públicos, para fines privados. Pero no se sorprendan: son para los mismos que en su momento celebraron la reprivatización salinista de las aerolíneas, aplaudieron el “rescate” zedillista de las mismas y se congratularon por la reprivatización foxista, libre de impuestos. Hoy, para no variar, ovacionan el “para vivir mejor” calderonista.

Las rebanadas del pastel

El mismo adalid de la práctica que cuestionaba, José López Portillo, años atrás advirtió: lo peor que le podría pasar a México “es que se convierta en un país de cínicos”. Pues bien, pletórico, hoy da cátedra.

cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

México 2010: cada día, Calderón manda menos

Desfiladero


Jaime Avilés
Por motivos de trabajo, escribe un lector, amigo de esta columna desde hace años, “voy con frecuencia de Sinaloa a Jalisco. Siempre en mi cochecito. El miércoles de Semana Santa bloquearon la carretera internacional en el punto de revisión La Concha, entre Sinaloa y Nayarit. Por cinco horas unos 40 hombres fuertemente armados y encapuchados, vestidos de militares, asaltaron a todos los que sumisamente hacíamos fila, esperando turno para ser robados. El viernes santo, esos mismos delincuentes volvieron a hacer de las suyas, rafagueando al personal de revisión y dejando varios heridos.

“El miércoles 18 [de mayo], a las 12 del día, volvió a suceder en la carretera 200, en la única recta que hay en lo alto de la sierra llamada Mesillas, antes de llegar a Las Varas, Nayarit. Estuvieron dos horas asaltando a los viajeros, les quitaron valores y siete vehículos, entre camionetas y coches, dándose el lujo de escoger los más caros, pavoneándose con sus metralletas entre la gente, amedrentando.

“¿Cómo puede un comando fuertemente armado, viajando en varias camionetas, moverse libremente por las carreteras? La Policía Federal se esconde en las bajadas para tomarnos por sorpresa a los ciudadanos comunes, pero a ellos qué, ¿no ve pasar nunca a estos comandos? ¿Son paramilitares, de los que tanto se habla? ¿Los han soltado como perros rabiosos para aterrorizarnos y además les dieron carta libre para que se financien? Quienes sobrevivimos de nuestro trabajo honesto, viajando constantemente, ¿tendremos que seguir soportando estas experiencias pavorosas?”

Promesas y sangre

Al ser interpelado, el lunes en Madrid, por activistas mexicanos y europeos que le exigieron castigo para gatilleros que atacaron una caravana solidaria y mataron a una mexicana y un finlandés, el 27 de abril, cuando se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, Calderón prometió “investigar”. Menos de 48 horas después, una organización paramilitar acribilló a Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y a su esposa, muy cerca de donde había ocurrido la primera matanza.

Una segunda caravana internacional de solidaridad con los habitantes de San Juan Copala, que desde enero permanecen hambrientos y aislados por los fusiles de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), planea llevar comida y medicinas al municipio autónomo el próximo 6 de junio. Rufino Juárez Hernández, jefe de los paramilitares, envió ayer emisarios a la Secretaría de Gobernación para pedir que el Ejército se haga cargo de la vigilancia en la zona.

Más allá de la violencia estructural del hambre, provocada por el saqueo devastador de los neoliberales que se adueñaron de México, hoy se distinguen, y se desarrollan en forma complementaria, otras dos violencias: la de la guerra civil, que protagonizan los cárteles y las fuerzas armadas, y la violencia política, que corre a cargo exclusivamente de eso que todavía algunos denominan, a saber por qué, las “autoridades”.

La violencia política en contra de las comunidades indígenas no ha dejado de estar presente en Chiapas, impulsada por el gobierno racista de Sabines, y en Oaxaca, donde la dirige Ulises Ruiz, el asesino serial que patrocina tanto a la Ubisort como a otras bandas paramilitares, con las que controla a sangre y fuego distintas regiones de la entidad, y en el estado de México, donde Enrique VIII mantiene presos a los líderes de Atenco.

Hay violencia política, asimismo, en Guerrero, contra la Policía Comunitaria y los indígenas y campesinos que la respaldan en la Montaña y la Costa Chica. Y la hay también en el centro de la república, en contra de los trabajadores del SME, y en Chihuahua, en contra de los barreteros de Cananea, que ejercen su derecho constitucional a la huelga, y en San Luis Potosí, donde las guardias blancas de la canadiense Minera San Xavier mantienen bajo constante amenaza a los defensores del emblemático cerro de San Pedro, y de la flora y la fauna del desierto que lo rodea, y de las joyas arquitectónicas de la capital del estado.
Nuevas manifestaciones de violencia política están apareciendo en Monterrey, donde los ecologistas que se oponen a la construcción de un estadio de futbol en la reserva forestal de La Pastora han recibido amenazas de muerte. El terreno fue “obsequiado” por el gobernador Rodrigo García a la embotelladora y distribuidora de cerveza y refrescos Femsa, porque a ésta, en realidad, lo que le interesa no son los espectáculos deportivos, sino los grandes mantos de agua dulce que hay allí en el subsuelo.

Arrinconado por la onda expansiva de la guerra civil que desató unilateralmente y de la manera más irresponsable, Calderón, o mejor dicho, su esperpéntica y sanguinaria caricatura de “gobierno”, pierde día tras día el control territorial de nuevas regiones del país. Cada día “manda”, por decirlo de alguna manera, en menos ciudades, a menos gente y con menos fuerza pública: ésta disminuye a medida que se pasa al bando de los contrarios. Por eso fue Calderón a Madrid y a Washington, a que le aplaudieran, a repartir condecoraciones y a pronunciar discursos insulsos.

El domingo, en Cantabria, el “socialista” Rodríguez Zapatero le expresó el más “decidido apoyo” a sus “políticas de privatización” en beneficio “de las empresas españolas que son líderes en el mundo”. La nota la publicó La Jornada en su edición on line, pero no fue registrada por ningún periódico del reino de Juan Carlos I.

En Madrid, militantes de izquierda opositores tanto al gobierno del PSOE como a la ultraderecha franquista, le explicaron a esta columna que entre Zapatero y Aznar y Rajoy y Calderón y Salinas “no hay diferencias: todos son neoliberales”. Poderosos consorcios como Iberdrola, Repsol, BBVA, Santander, Meliá, etcétera, que en México se despachan con la cuchara grande, añadieron, “en España hacen lo mismo y sólo benefician a sus accionistas, mientras miles de trabajadores están en el desempleo, desde que liquidaron los astilleros y los altos hornos de Asturias, para inflar la burbuja de la especulación”, que ya reventó y traerá consigo una crisis económica y social mayúscula. Pobre pueblo de España, pobre pueblo de México, pobres pueblos los del mundo todo.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Seguridad Pública federal, que mal administra Genaro García Luna –pues según la Cámara de Diputados el año pasado dejó de ejercer 60 por ciento de su presupuesto “en ciertas áreas”–, un grupo de empleados denuncia, en carta al buzón de esta columna, que Verónica Peñuñuri, jefa de comunicación social, tiene un método infalible para obligar a sus subalternos a hacer exactamente lo que ella quiere. “Si alguien la desobedece, nos amenaza con mandarnos a trabajar a Ciudad Juárez. Varios compañeros renunciaron para no tener que irse para allá”, confiesan.

En el México de las tres violencias, el caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno.

jamastu@gmail.com

Obispo pide a fieles que eviten ser “tentación”

Pederastia de clérigos
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Periódico La Jornada
Sábado 22 de mayo de 2010, p. 3
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de mayo. El obispo Felipe Arizmendi solicitó este viernes a los fieles evitar convertirse en “tentación” para los curas.

“No seas ocasión de que un sacerdote sea infiel a su vocación; si le significas una tentación, aléjate y exígele que viva con autenticidad su consagración”, demandó Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, en su mensaje semanal a los feligreses.

Reconoció que muchos sacerdotes han cometido pecados “inocultables y detestables”, pero consideró que persiste un clima acusatorio de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, que han sobredimensionado esas faltas.
Pese al clima adverso, “el pueblo sencillo los quiere (a los sacerdotes) y los aclama, les tiene confianza y cariño”, aseguró el obispo, que predica en Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena y en el que está radicado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Arizmendi es reconocido por el papel conciliatorio que ha jugado la Iglesia en Chiapas, donde el EZLN se levantó en armas en enero de 1994. Ha ocupado importantes cargos en la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Violencia y desgobierno

Jesusa Cervantes



MEXICO, D.F., 21 de mayo (apro).- Embriagado aún por los aplausos que arrancó a demócratas estadunidenses, Felipe Calderón hubo de volver a su realidad.

A la realidad de la violencia que se vive en México; al ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico; al mundo de las cabezas rodantes de los traidores; de los asesinatos de dirigentes indígenas en Oaxaca; de los políticos priistas asesinados... de los políticos panistas secuestrados y, por si fuera poco, de la burla del Ejército y sus generales “condecorados”.

Felipe Calderón recibía “medallitas” de reconocimiento en España, mientras los mexicanos seguíamos viviendo las consecuencias de su desgobierno y la descomposición del país, que ya pega, y pega duro, a los reconocidos militantes de su partido.

Durante su gira por España, Calderón se veía atribulado, tan acabado como cuando murió su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Pasaban los días y su discurso seguía siendo tan hueco y tan falto de sintonía con lo que ocurría en el país, que difícilmente algún mexicano pudo sentir tranquilidad ante los acontecimientos.

A medida que fueron transcurriendo sus meses en el poder, un gran sector de la población ha ido viendo y viviendo en carne propia la muerte que genera el desgobierno y la descomposición de la sociedad.

Esta inseguridad con la que conviven los mexicanos parecía no alcanzar a los políticos, a las grandes figuras de la política.

La escalda de inseguridad y violencia parecen no tener vuelta atrás. Hace menos de 15 días, en Valle Hermoso, Tamaulipas, el candidato a presidente municipal por el Partido Acción Nacional, Mario Guajardo Varela, fue asesinado junto con su hijo. Detrás de ellos quedaron los civiles muertos, llamados “daños colaterales” que ha generado la “guerra” de Calderón con el narcotráfico.

También hace menos de un mes, en San Juan Copala, municipio de Oaxaca, donde vive la comunidad trique, fue emboscada una caravana humanitaria de organizaciones nacionales e internacionales, con el saldo de un extranjero y una mexicana muertos.

Hace apenas dos días, en esa misma comunidad, el líder indígena trique y su esposa fueron asesinados.

El candidato a regidor por el PRI en el municipio de Calera, Zacatecas, Joel Arteaga Vázquez, fue encontrado muerto con tres impactos de bala.

El sábado 15 de mayo, en Chihuahua, tres camionetas del candidato del PRI a la gubernatura, César Duarte, fueron rafageadas por un militar, quien “accidentalmente” disparó su arma. Hace un par de días uno de sus brigadistas políticos, Jorge Ortega Ortega, fue ejecutado por un comando.

Todo esto sin contar con los granadazos en las oficinas de la policía de Nuevo León, la desaparición de federales o los constantes enfrentamientos entre sicarios y militares en diversas partes del país.

A esta realidad de violencia e inseguridad es a la que regresó el siempre ausente de Felipe Calderón, quien ahora, ya sin poder evadirse, deberá dar la cara y una explicación sobre la desaparición del panista Diego Fernández de Cevallos, quien fue privado de su libertad justo un día antes de que el encargado del Ejecutivo federal surcara los aires para ser ovacionado, mientras en su país es repudiado por muchos.

Calderón deberá dar la cara ante estos hechos, pues el silencio no hará olvidar ni ignorar, sino acrecentar más la incertidumbre, el coraje e indignación de muchos mexicanos, quienes ahora se están dando cuenta de que, efectivamente, el crimen organizado no tiene límites y que la descomposición que se vive en el país no sólo tiene como saldo de los “daños colaterales” a desconocidos… también a reconocidos políticos, a los políticos emanados del mismo partido que el del “Presidente”.

Calderón ha tenido que regresar a la realidad que ya no puede seguir evadiendo, a esa realidad donde, en un acto que parece ser no sólo de atrevimiento, sino también de burla y humillación, se atenta contra un miembro del Ejército, del mismo Ejército que enfrenta “la guerra” que el mismo Calderón declaró contra el crimen organizado.

El Ejecutivo federal ha regresado al país, donde fácilmente alguien se acercó, sacó su arma y atentó contra el “multicondecorado” general del Ejército, Mario Arturo Acosta Chaparro, un hombre acusado de tener vínculos con el narcotráfico y haber encabezado la persecución y asesinato de líderes sociales y guerrilleros durante la llamada “guerra sucia” de los años setentas.

Al hombre de hierro, al implacable Acosta Chaparro y actual asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir el crimen organizado, logró llegar un desconocido y atacarlo, justo en momentos en que la especie sobre su participación en el esclarecimiento de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos empezó a tomar más fuerza.

A esta realidad llegó Calderón, a la realidad donde el crimen no tiene límites.

Apenas el pasado fin de semana, en España, Calderón aseguró que México no era Colombia. Dijo que el crimen organizado secuestró al Poder Judicial y mató a un candidato presidencial, a políticos, y en México eso no ocurre.

¿Qué tan seguro está Calderón de que eso no ocurrirá o que eso no ocurre en México? Alguien tiene que informarle a quien se dice Presidente de México, qué es lo que pasa; cuál es la realidad que se está viviendo en este país; alguien tiene que sacar de ese embelesamiento a Calderón… aunque, ¿servirá eso de algo?

Quizá no, pero por lo menos, la población sí está informada y ahora más que nunca, con el ataque al general Acosta Chaparro y la desaparición de Fernández de Cevallos, sabe que nadie esta a salvo, nadie mientras este tipo de gobierno continúe al frente del país.



mjcervantes@proceso.com.mx

Acusan a Ulises Ruiz de doble homicidio en Copala

Gloria Leticia Díaz



MÉXICO, D.F., 21 de mayo (apro).- Representantes del municipio autónomo de San Juan Copala responsabilizaron al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, del asesinato del ideólogo del movimiento por la autonomía indígena de los pueblos triquis, Timoteo Alejandro Ramírez, y el de su esposa, Tleriberta Castro, y exigieron que el caso sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).

Jorge Albino Ortiz, vocero del municipio autónomo, demandó que este caso sea anexado a la investigación que tiene abierta la PGR por los crímenes de los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jakkola, éste último de origen finlandés, asesinados el pasado 27 de abril, cuando la caravana humanitaria en la que participaban fue emboscada por hombres armados, señalados como paramilitares de la organización priista Unión para el Bienestar Social del Región Triqui (Ubisort).

El dirigente triqui advirtió que entre los promotores del municipio autónomo “no hay confianza de que se haga justicia porque hasta ahora las autoridades no han realizado ninguna investigación para esclarecer los asesinatos de los compañeros asesinados en la caravana”, a pesar de que en su reciente gira por España el presidente Felipe Calderón se comprometió a castigar a los responsables.

Y añadió que, de acuerdo con testimonios de habitantes de Yosoyuxi, donde ayer se cometió el asesinato de Timoteo y Cleriberta, los responsables materiales fueron cuatro personas mestizas que se transportaban en un Jetta blanco sin placas.

Albino Ortiz consideró como un “crimen de Estado” el doble asesinato, y afirmó que detrás de ello hay un fondo electoral. “Quieren intimidar a la población para que se pongan urnas electorales el próximo 4 de julio, cosa que desde que se declaró el municipio autónomo de San Juan Copala, en 2007, no hemos permitido, porque consideramos que los partidos políticos sólo han dividido a los pueblos indígenas”, indicó.

Por su parte, Adalberto Hernández Álvarez, vocero del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui Independiente (MULTI), resaltó que el atentado contra Timoteo Alejandro no detendrá la caravana humanitaria en la que participarán varias organizaciones sociales y legisladores, misma que partirá el próximo 7 de junio del Zócalo de la ciudad de México a San Juan Copala, y tiene como objetivo romper el cerco impuesto por Ubisort.

Además, Hernández Álvarez convocó a La Otra Campaña a participar con cordones de seguridad para resguardar la caravana, luego de recordar que en 1994 miembros del MULTI --que en esa época militaban en el Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui (MULT)-- participaron en la Convención de Aguascalientes organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Y se quejó de la indolencia de los gobiernos federal y estatal ante el drama que viven los triquis de San Juan Copala, que rechazan a los partidos políticos y por ello decidieron declararse autónomos.


Procuraduría estatal confirma asesinato

En Oaxaca, la procuradora de Justicia, María de Luz Candelaria Chiñas, declaró que de acuerdo con las necropsias, Timoteo Alejandro Ramírez recibió un machetazo en el rostro y después fue baleado; en tanto, la señora Tleriberta Castro recibió dos balazos que acabaron con su vida.

La funcionaria informó que ya se realizan los retratos hablados, a partir de las descripciones de testigos presenciales.

“Se sabe, por testigos, que dos individuos penetraron al domicilio de Timoteo Ramírez, donde los cuerpos fueron encontrados en la cocina, por lo tanto se cree que sus agresores intercambiaron un diálogo, convivieron un tiempo previo al homicidio y se dieron a la fuga”, agregó Candelaria Chiñas.

La procuradora precisó que de acuerdo con los testigos, “los agresores penetraron al domicilio argumentando la venta de maíz, y había gente en el lugar porque dialogaron antes del homicidio”.

Los datos proporcionados por la procuradora, integrados en el expediente 133/SJ/2010, difieren de lo informado por los representantes del municipio autónomo de San Juan Copala, quienes señalan que fueron cuatro los asesinos.


OACNUDH condena homicidios

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó este viernes el asesinato del ideólogo del movimiento por la autonomía indígena de los pueblos triquis y de su esposa.

En un comunicado, el organismo de la ONU reiteró su preocupación “por el clima de violencia imperante en la zona triqui de Oaxaca, así como por la proliferación de grupos civiles armados en la región que operan sin control”.

Y destacó que “a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violencia y proteger los derechos a la vida y a la integridad de las personas”.

Asimismo urgió a las autoridades responsables a que realicen una investigación “imparcial, expedita y efectiva” de los hechos ocurridos en San Juan Copala, con el objetivo de procesar y, en su caso, sancionar a los autores del crimen.