viernes, 14 de diciembre de 2018

Denuncian red de corrupción de jueces y magistrados para quitar 40 mil casas

La Fiscalía General del Estado revela que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios “espejo”, con la complicidad de magistrados y jueces de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para la irregular ejecución hipotecaria de cerca de 60 mil casas propiedad de derechohabientes del INFONAVIT en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco

• El Gobierno de Antonio Echevarría refrenda su compromiso con la legalidad y solicitó hoy al Congreso de Nayarit el inicio del proceso de declaratoria de procedencia en contra de 4 jueces de primera instancia y 2 magistrados en funciones para que se les retire el fuero constitucional y en su momento puedan ser sujetos a la acción penal.

• Los delitos por los que se les podría acusar son: falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.

Tepic, Nayarit; 13 de abril de 2018.- La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que, como resultado de más de un año de trabajos de investigación, se han obtenido indicios de que en Nayarit, entre los años 2013 y 2018 se realizó una asociación, arreglos y convenios entre apoderados legales y funcionarios de INFONAVIT, un despacho externo de abogados, funcionarios del Poder Judicial del Estado, encabezados por el entonces magistrado presidente, un magistrado más, 4 jueces de primera instancia, diversos funcionarios judiciales y un notario público, para llevar a cabo de manera ilegal la ejecución hipotecaria de cerca de 60 mil viviendas ubicadas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco en perjuicio de miles de familias derechohabientes de ese instituto de vivienda.
Este entramado de presunta corrpución se confeccionó a través de una simulación de juicios en 4 cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración de manera irregular de aproximadamente 40 mil casas
Hay indicios que la operación fue en dos etapas. La primera inició en los años 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela, se conoce que oficialmente en los juzgados se tenían procedimientos con uno o dos demandados, pero que en el despacho particular de los abogados externos se tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados, falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamientos de los demandados, sin la intervención de Ministerio Público alguno, concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75 por ciento del valor del avalúo de los inmuebles. Las escrituras fueron realizadas por un mismo notario.



Las investigaciones permiten deducir que las actuaciones se realizaban por personal contratado por el despacho externo, trabajando en dos edificios ubicados en el centro de Tepic, y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados. Hay información también de entregas de dinero en efectivo, así como la promesa de algunas otras prestaciones.
La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016. Sin tener registro alguno en libros de gobierno, se confeccionaron expedientes con números consecutivos ficticios con demandas iniciales; se sabe ahora que el despacho externo realizaba los supuestos acuerdos y notificaciones, y solamente por volumen se llevaron para firmas del juez y secretarios de acuerdos.
Los anteriores hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos, todos del Código Penal del Estado de Nayarit.

Este jueves, el Fiscal General de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, presentó al Congreso del Estado la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de los servidores públicos con fuero, siendo estos 4 jueces y 2 magistrados en funciones, para que previo el proceso correspondiente, se les retire dicha protección especial, y en su momento se pueda ejercer acción penal en su contra.
Además se ordenó la vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo. Además de la vista al Colegio de Notarios del Estado de Nayarit para que se investigue el actuar del fedatario público involucrado.



Se ordenó inmediato desglose de la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República sobre los posibles delitos de su competencia, y se tuvo comunicación con autoridades del INFONAVIT y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que también intervengan en el asunto en atención a sus facultades y por tratarse del sensible tema del derecho a la vivienda.
El Gobierno de Nayarit y la Fiscalía General del Estado refrendan su compromiso en la lucha contra la corrupción, el respeto a la legalidad y la búsqueda de justicia.

PROBLEMAS AERONÁUTICOS-Helguera

Alcalde Moreno pone en su lugar al poder judicial

Se hará que paguen ex alcaldes involucrados en mega demanda millonaria de empresa gasolinera: Benítez

El Químico Benítez exigió sensibilidad social de parte del Poder Judicial y aseguró que magistrados impusieron una condena que contraviene los principios generales del derecho, de la ley y la jurisprudencia de la SCJN.
Mazatlán.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres alzó la voz en la conferencia semanal “De cara al pueblo”, para exigir al Poder Judicial sensibilidad social, en el caso de la condena impuesta al Ayuntamiento de Mazatlán, para el pago de más de 141 millones de pesos, por una demanda interpuesta por la empresa Nafta Lubricantes, tras la clausura de la construcción de una gasolinera en la colonia Palos Prietos.
Este hecho ocurrió en pasadas administraciones municipales y en él están involucrados ex presidentes municipales, ex funcionarios y despachos de abogados.
Sin embargo, la resolución condenatoria del órgano judicial afecta directamente a la actual administración, por lo que se ha iniciado un trabajo jurídico para que los responsables sean los que paguen la cantidad que dicta la sentencia.
“Refrendamos que el Ayuntamiento de Mazatlán ejercerá todas las herramientas y acciones legales que nos proporciona la ley, a fin de defender los intereses del pueblo… vamos a defender con todo lo que es de los mazatlecos, lo que afectaría el presupuesto del Ayuntamiento, y que es originado por ex funcionarios públicos irresponsables… que ellos sean los que paguen ese dinero que, por omisiones, fallas o contubernios, está viviendo hoy la ciudad”, señaló.
Sobre el actuar del Poder Judicial en este caso, el Químico Benítez señaló que los magistrados condenaron al Ayuntamiento de Mazatlán al pago de una estratosférica cantidad de dinero sin la menor sensibilidad jurídica, ni social, y lo que es peor, en contravención de principios generales del derecho, de la ley y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras magistrados y jueces federales han emprendido una lucha para preservar sus derechos presupuestarios, no les interesa lo mínimo afectar el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento de Mazatlán, con el detrimento de todos los programas sociales; esto incluso pone en riesgo totalmente la solvencia del Ayuntamiento, expresó el primer edil.
“Apelamos al Poder Judicial, así como exigen, con esa fuerza que exigen el respeto a sus salarios, que no quieren disminuirlos; exigimos el pueblo de Mazatlán sensibilidad social de parte de ellos, para no dejar sin el pan en la boca de los trabajadores del Ayuntamiento”, concluyó.

Protestas contra jueces y magistrados

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Periódico La Jornada
Viernes 14 de diciembre de 2018, p. 4
Antes del último informe de labores del ministro Luis María Aguilar Morales, ciudadanos y grupos civiles se manifestaron en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los altos salarios de funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Con gritos de “¡Fuera ministros! y pancartas en las que se leía Jueces y magistrados se amparan contra reducción de salarios, jamás han estado a favor del pueblo y Fin de la era de los Virreyes, las protestas se intensificaron al concluir el acto y luego de que salió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes cerraron los accesos de la SCJN casi una hora e impidieron que los invitados salieran.
Temprano, integrantes de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam) acudieron a la SCJN para exigir a jueces y ministros que acaten la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que ordena que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República, que tiene un tope de 108 mil pesos mensuales.
Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Ajteam, dijo que desde que Mexicana dejó de operar, hace ocho años, ninguna autoridad ha hecho justicia para que recuperen el pago de sus jubilaciones vitalicias.
En su momento demandamos a la SCJN que tomara cartas en el asunto de la quiebra de Mexicana de Aviación y nos dio la espalda, y para resolver cualquier otro tema tardan de cinco a 10 años. No es posible que el pueblo mantenga los altos salarios que ellos se designaron.

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