sábado, 17 de octubre de 2009
Televisoras, cementeras, cerveceras, hoteleras y autoservicios, entre las beneficiadas: SAT
Ganaron 400 consorcios casi $5 billones en 2008 y sólo pagaron 1.7% al fisco
Aportaron apenas 85 mil millones de pesos, informa Hacienda a la Cámara de Diputados
Roberto Garduño
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó a la Cámara de Diputados que los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en el año 2008 y, gracias al régimen de consolidación fiscal, sólo tributaron 1.7 por ciento en promedio por concepto de ISR.
Dichas empresas sólo pagaron 85 mil millones de pesos, cuando debieron aportar al fisco 850 mil millones vía impuestos en 2008.
El órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que “un esquema normal de causación de ISR” –que es el seguido por los contribuyentes que no consolidan fiscalmente–, tomando en consideración las deducciones operativas y beneficios que la propia ley del impuesto establece, se calcula que debe fluctuar entre 10 y 17 por ciento, dependiendo del giro de la empresa, el régimen fiscal al que se apega y su capacidad económica.
“Esto si consideramos que la tasa máxima es de 28 por ciento hasta el momento. Lo anterior implicaría que esos grandes grupos paguen, en lugar de 85 mil millones de pesos, como lo hicieron en el ejercicio fiscal 2008, diez veces más, esto es alrededor de 850 mil millones de pesos.”
El SAT ejemplifica los beneficios que obtienen las empresas que operan en México al evidenciar las ventajas del sector cosmético en 2008. Este ramo obtuvo ingresos acumulables por 7 mil 600 millones de pesos, “y sólo pagó alrededor de 220 millones.
“Otro ejemplo es el de las tiendas de autoservicio, que en 2008 obtuvieron ingresos acumulables por 67 mil 600 millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 6 mil millones. De este tamaño es el daño que el citado régimen de consolidación fiscal le inflige a los ingresos del Estado mexicano.”
Sin especificar los nombres de las principales empresas beneficiadas, el SAT aportó un listado de aquellos sectores que se benefician de la consolidación fiscal, entre ellos: cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, de cosméticos, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipos, refresqueras, constructoras, operadores y grupos financieros, hoteleros, empresas mineras, cigarreras, de transporte y casas editoriales.
Para el organismo encargado de recaudar la tributación, los grandes contribuyentes o personas morales con ingresos acumulables para ISR superiores a 500 millones de pesos representan 0.13 por ciento de los contribuyentes activos localizados.
Durante el reciente ejercicio fiscal (2008) la recaudación nacional neta fue de 2 billones 69 mil 27 millones de pesos, de la cual los grandes contribuyentes aportaron 72.9 por ciento, lo que representó un billón 510 mil 222 millones de pesos.
“Cabe destacar que la recaudación efectivamente cobrada durante el periodo enero-julio de 2009 representa un incremento de 8 por ciento respecto de la registrada en 2008. Lo anterior refleja un excelente resultado tomando en consideración la situación económica actual.”
En el ámbito de la fiscalización, el año pasado el SAT obtuvo 62 mil 980 millones de pesos de recaudación derivada exclusivamente de las auditorías practicadas, de las cuales 60 por ciento fueron a grandes contribuyentes. Tal hecho significó un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a lo aportado por concepto de auditorías al mismo sector en 2007.
La recaudación que resultó de aquellas auditorías pasó de 18 mil 326 millones de pesos en 2005, a 37 mil 636 millones en 2008. “En el periodo enero-julio de 2008 la recaudación derivada de auditorías a los grandes contribuyentes fue de 30 mil 487 millones, mientras que en el mismo periodo de 2009 ésta se ubicó en 30 mil 947 millones, lo que representa un dos por ciento superior, pese a la situación económica.”
Del año 2005 a 2008, la proporción de los montos asociados a sentencias definitivas ganadas a los grandes contribuyentes se ha incrementado de 39 por ciento a 82, y en el periodo enero-julio del presente, el monto favorable al SAT es de 82 por ciento, gracias a que el sistema ha orientado su estrategia de litigio principalmente a los juicios cuantiosos, es decir, de grandes contribuyentes.
“No obstante los esfuerzos del SAT para establecer estrategias que impidan la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes, así como una efectiva defensa del interés fiscal, el régimen de consolidación fiscal que se contempla en la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite que alrededor de 400 grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal de apenas 1.7 por ciento en promedio. Esto equivale a pagar apenas 85 mil millones de pesos por concepto de ISR.”
Granaderos contra periodistas
Fabiola Martínez y Patricia Muñoz
Dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob), la mañana de ayer se registró una gresca entre granaderos y reporteros que asistieron al arranque de la reunión de diálogo entre los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Martín Esparza Flores; el titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, y otros funcionarios.
Los uniformados trataron de impedir el paso de los representantes de los medios hacia el salón programado para la reunión y como algunos de éstos –sobre todo fotógrafos y camarógrafos– lograron librar una enorme reja que impedía el paso, los policías reaccionaron con empujones, patadas y jaloneos contra los reporteros gráficos.
De inmediato, granaderos que se encontraban en esta secretaría, escudos en mano, sacaron a todos los representantes de los medios de comunicación, donde cerca de las 12:30 horas inició la reunión con los electricistas.
SME: Calderón tiene un pie en el abismo
Desfiladero
Jaime Avilés
Según versiones oficialistas, en octubre de 2006, Felipe Calderón trazó el plan para acabar con Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, a la vez, con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un gremio aguerrido”, que “tiene vínculos fuertes con organizaciones sociales radicales” y con el PRD, de acuerdo con un supuesto estudio encargado en aquel entonces por la oficina del político michoacano.
¿Es verdad que el golpe al SME se debió a su cercanía con (Andrés Manuel) López Obrador?, preguntó el pasado lunes, en su show matutino, un levantacejas de Televisa al secretario del Trabajo. “De ninguna manera, la decisión fue técnica, no política, y apegada a la ley”, respondió Javier Lozano, impertérrito.
LFC no es la empresa pública “más antigua del país” –como irreflexivamente escribió el autor de estas líneas en una apresurada crónica nocturna publicada ayer–, sino quizá la más joven: Salinas la creó por decreto en febrero de 1994. En cambio, el SME es sin duda el sindicato más longevo de México: dentro de dos meses cumplirá 95 años y, por como pintan las cosas, los celebrará en medio de la más difícil de sus batallas o al calor de la más gloriosa de sus victorias.
En la mesa de supuestas “negociaciones” –que se instaló ayer en Bucareli– los representantes del “gobierno” insistieron en liquidar a los 44 mil electricistas echados a la calle. Hasta el cierre de esta columna, el gremio no había planteado la demanda que reunió la tarde-noche del jueves a cientos de miles de personas en el corazón de la ciudad de México: la abolición del decreto extinguidor o, en su defecto, la renuncia de Calderón.
Como es obvio, el “gobierno” fingirá que negocia, garrote en mano, para ganar tiempo y ver si surte efecto su campaña de dividir al sindicato comprando a buena parte de sus afiliados con cheques de 300 y 400 mil pesos. Ese cálculo es erróneo: los del SME son trabajadores altamente especializados y no se venderán por unas migajas. El sentimiento de frustración y rabia que comparten lo sintetizaba el jueves un hombre que iba por Reforma con un chaleco sobre el que había escrito: “De ingeniero a taquero”. ¿Tantos años de estudio y de esfuerzo ya no le van a servir de nada? ¿Ahora venderá tacos de canasta? No: lo más probable es que, al disponer de tanto tiempo libre, se dedique intensamente a hacer política en contra de quien, de un plumazo, destruyó su vida y las expectativas de sus hijos para poner en manos de los mismos ricachones de siempre un negocio de miles de millones de dólares: el de la fibra óptica.
El golpe militar –con soldados disfrazados de policías– que Calderón asestó la noche del sábado pasado es un eslabón más de una larga cadena de acciones ilícitas cometidas por los últimos gobiernos para privatizar la industria eléctrica nacional. Todo comenzó en 1998, cuando los dueños de México descubrieron que en LFC había una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud que, además de transmitir energía eléctrica, podía ser usada para mandar imágenes de televisión, señales telefónicas y dar servicio de Internet, exactamente lo que hoy en día ofrece Cablevisión y desea ardientemente hacer Carlos Slim.
Esa red fue instalada hace 30 años, la última vez que LFC fue modernizada por el gobierno federal, antes que Salinas la fusionara con las empresas distribuidoras de electricidad en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Desde que Zedillo supo que esa maraña de fibra óptica servía para otras cosas, la compañía dejó de recibir mantenimiento. Las máquinas compradas por el gobierno de López Portillo se quedaron sin refacciones, pero siguieron funcionando gracias a la sabiduría y la constancia de los trabajadores del SME.
El hundimiento de Luz y Fuerza, y de la industria eléctrica en general, se agudizó durante el sexenio de Fox: éste permitió, violando la Constitución, que empresas privadas generaran 30 por ciento de la energía que consume actualmente el país, lo que obligó a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redujeran en la misma proporción sus actividades, hecho que en 2007 ocasionó la inundación de Villahermosa debido a la sobrecarga de la presa Peñitas, que fue desfogada a toda prisa cuando estaba a punto de reventar.
La segunda jugada sucia de Fox consistió en imponernos, a todos los mexicanos, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), gracias a la cual nuestros recibos de luz subieron escandalosamente. A una familia que pagaba 180 pesos al bimestre de pronto le empezaron a cobrar 3 mil. Iba uno a reclamar a LFC y luego de horas de espera en oficinas atestadas, antiguas e incómodas, se enteraba de que le habían aplicado la tarifa DAC. De este modo, la cartera vencida de la empresa creció a niveles inmanejables, y los medios hicieron el resto.
Desde que empezó este sexenio, los levantacejas emprendieron una campaña contra LFC y contra el SME, culpando a ambos de todo: los injustos cobros, el mal servicio, la corrupción y demás calamidades. Todo para alcanzar la meta que Calderón se habría fijado en octubre de 2006, dos meses antes de colocarse la banda tricolor.
¿Por qué los técnicos de la CFE que ahora operan las instalaciones de Luz y Fuerza no pueden arreglar los apagones? Porque no saben cómo funcionan las carcachas en que Zedillo, Fox y Calderón convirtieron las instalaciones de la empresa para adueñarse del negocio de la fibra óptica. Hasta ayer, las fallas eléctricas en toda la ciudad habían ocasionado pérdidas de al menos 3 mil millones de pesos.
Durante el mitin del pasado lunes en San Lázaro, el senador Ricardo Monreal dijo que la solución de este conflicto será política. Quizá sea verdad que la bancada del PRI está dividida y que algunos de sus integrantes formarán el grupo de 125 legisladores que se requiere para solicitar que la Suprema Corte derogue el decreto extinguidor. Pero todos sabemos que la Corte es un despacho de abogados al servicio de Los Pinos. Así que por ese camino las cosas no llegarán a ningún lado.
La única estrategia que puede tener éxito es la que plantearon los líderes sindicales el jueves en el Zócalo: una huelga general que obligue al “gobierno” a anular el decreto. Hay óptimas condiciones para ello. El golpe contra el SME sacó a la calle a obreros, campesinos, amas de casa, jubilados, desempleados, artistas y jóvenes, miles y miles de jóvenes, estudiantes o no. El nuevo movimiento social que nació antier contra Calderón puede extenderse por todo el país, si en los estados de la República las movilizaciones en apoyo al SME agregan otras demandas: abolición de la tarifa DAC y rechazo al proyecto económico que pretende aumentar los impuestos y reducir aun más el consumo de la población.
Calderón tiene un pie en el abismo: si su audacia provoca un apagón generalizado en la ciudad de México, si su tozudez conduce al pueblo a la huelga general, si los nuevos impuestos se traducen en saqueos de supermercados y farmacias, 2010 será el último año de su ilegítimo, destructivo y corrupto “gobierno”.
jamastu@gmail.com
Jaime Avilés
Según versiones oficialistas, en octubre de 2006, Felipe Calderón trazó el plan para acabar con Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, a la vez, con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un gremio aguerrido”, que “tiene vínculos fuertes con organizaciones sociales radicales” y con el PRD, de acuerdo con un supuesto estudio encargado en aquel entonces por la oficina del político michoacano.
¿Es verdad que el golpe al SME se debió a su cercanía con (Andrés Manuel) López Obrador?, preguntó el pasado lunes, en su show matutino, un levantacejas de Televisa al secretario del Trabajo. “De ninguna manera, la decisión fue técnica, no política, y apegada a la ley”, respondió Javier Lozano, impertérrito.
LFC no es la empresa pública “más antigua del país” –como irreflexivamente escribió el autor de estas líneas en una apresurada crónica nocturna publicada ayer–, sino quizá la más joven: Salinas la creó por decreto en febrero de 1994. En cambio, el SME es sin duda el sindicato más longevo de México: dentro de dos meses cumplirá 95 años y, por como pintan las cosas, los celebrará en medio de la más difícil de sus batallas o al calor de la más gloriosa de sus victorias.
En la mesa de supuestas “negociaciones” –que se instaló ayer en Bucareli– los representantes del “gobierno” insistieron en liquidar a los 44 mil electricistas echados a la calle. Hasta el cierre de esta columna, el gremio no había planteado la demanda que reunió la tarde-noche del jueves a cientos de miles de personas en el corazón de la ciudad de México: la abolición del decreto extinguidor o, en su defecto, la renuncia de Calderón.
Como es obvio, el “gobierno” fingirá que negocia, garrote en mano, para ganar tiempo y ver si surte efecto su campaña de dividir al sindicato comprando a buena parte de sus afiliados con cheques de 300 y 400 mil pesos. Ese cálculo es erróneo: los del SME son trabajadores altamente especializados y no se venderán por unas migajas. El sentimiento de frustración y rabia que comparten lo sintetizaba el jueves un hombre que iba por Reforma con un chaleco sobre el que había escrito: “De ingeniero a taquero”. ¿Tantos años de estudio y de esfuerzo ya no le van a servir de nada? ¿Ahora venderá tacos de canasta? No: lo más probable es que, al disponer de tanto tiempo libre, se dedique intensamente a hacer política en contra de quien, de un plumazo, destruyó su vida y las expectativas de sus hijos para poner en manos de los mismos ricachones de siempre un negocio de miles de millones de dólares: el de la fibra óptica.
El golpe militar –con soldados disfrazados de policías– que Calderón asestó la noche del sábado pasado es un eslabón más de una larga cadena de acciones ilícitas cometidas por los últimos gobiernos para privatizar la industria eléctrica nacional. Todo comenzó en 1998, cuando los dueños de México descubrieron que en LFC había una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud que, además de transmitir energía eléctrica, podía ser usada para mandar imágenes de televisión, señales telefónicas y dar servicio de Internet, exactamente lo que hoy en día ofrece Cablevisión y desea ardientemente hacer Carlos Slim.
Esa red fue instalada hace 30 años, la última vez que LFC fue modernizada por el gobierno federal, antes que Salinas la fusionara con las empresas distribuidoras de electricidad en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Desde que Zedillo supo que esa maraña de fibra óptica servía para otras cosas, la compañía dejó de recibir mantenimiento. Las máquinas compradas por el gobierno de López Portillo se quedaron sin refacciones, pero siguieron funcionando gracias a la sabiduría y la constancia de los trabajadores del SME.
El hundimiento de Luz y Fuerza, y de la industria eléctrica en general, se agudizó durante el sexenio de Fox: éste permitió, violando la Constitución, que empresas privadas generaran 30 por ciento de la energía que consume actualmente el país, lo que obligó a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redujeran en la misma proporción sus actividades, hecho que en 2007 ocasionó la inundación de Villahermosa debido a la sobrecarga de la presa Peñitas, que fue desfogada a toda prisa cuando estaba a punto de reventar.
La segunda jugada sucia de Fox consistió en imponernos, a todos los mexicanos, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), gracias a la cual nuestros recibos de luz subieron escandalosamente. A una familia que pagaba 180 pesos al bimestre de pronto le empezaron a cobrar 3 mil. Iba uno a reclamar a LFC y luego de horas de espera en oficinas atestadas, antiguas e incómodas, se enteraba de que le habían aplicado la tarifa DAC. De este modo, la cartera vencida de la empresa creció a niveles inmanejables, y los medios hicieron el resto.
Desde que empezó este sexenio, los levantacejas emprendieron una campaña contra LFC y contra el SME, culpando a ambos de todo: los injustos cobros, el mal servicio, la corrupción y demás calamidades. Todo para alcanzar la meta que Calderón se habría fijado en octubre de 2006, dos meses antes de colocarse la banda tricolor.
¿Por qué los técnicos de la CFE que ahora operan las instalaciones de Luz y Fuerza no pueden arreglar los apagones? Porque no saben cómo funcionan las carcachas en que Zedillo, Fox y Calderón convirtieron las instalaciones de la empresa para adueñarse del negocio de la fibra óptica. Hasta ayer, las fallas eléctricas en toda la ciudad habían ocasionado pérdidas de al menos 3 mil millones de pesos.
Durante el mitin del pasado lunes en San Lázaro, el senador Ricardo Monreal dijo que la solución de este conflicto será política. Quizá sea verdad que la bancada del PRI está dividida y que algunos de sus integrantes formarán el grupo de 125 legisladores que se requiere para solicitar que la Suprema Corte derogue el decreto extinguidor. Pero todos sabemos que la Corte es un despacho de abogados al servicio de Los Pinos. Así que por ese camino las cosas no llegarán a ningún lado.
La única estrategia que puede tener éxito es la que plantearon los líderes sindicales el jueves en el Zócalo: una huelga general que obligue al “gobierno” a anular el decreto. Hay óptimas condiciones para ello. El golpe contra el SME sacó a la calle a obreros, campesinos, amas de casa, jubilados, desempleados, artistas y jóvenes, miles y miles de jóvenes, estudiantes o no. El nuevo movimiento social que nació antier contra Calderón puede extenderse por todo el país, si en los estados de la República las movilizaciones en apoyo al SME agregan otras demandas: abolición de la tarifa DAC y rechazo al proyecto económico que pretende aumentar los impuestos y reducir aun más el consumo de la población.
Calderón tiene un pie en el abismo: si su audacia provoca un apagón generalizado en la ciudad de México, si su tozudez conduce al pueblo a la huelga general, si los nuevos impuestos se traducen en saqueos de supermercados y farmacias, 2010 será el último año de su ilegítimo, destructivo y corrupto “gobierno”.
jamastu@gmail.com
“No renunciaré”: Ruiz
Advierte que saldrán a relucir nombres de mucha gente involucrada.
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, decidió romper el silencio y afirmó a sus adversarios y opositores que no va a renunciar tras la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del caso Oaxaca, cuyos ministros lo señalan responsable del delito de omisión, por lo que dijo que acepta la determinación, mas no la comparte.
“De ninguna manera voy a renunciar. Voy a entregar mi encargo hasta el primero de diciembre del 2010”.
Explicó que dicha solicitud de que dimita no es nueva, que “siempre la han hecho y viene dirigida sólo por aquellos adversarios políticos que no han podido ganar la simpatía de la gente y ahora buscan adelantar los tiempos electorales”. El mandatario afirmó respetar la decisión de los ministros e incluso los felicitó por el trabajo que realizaron.
“Yo quiero felicitar a los ministros porque hicieron un buen trabajo, hicieron una investigación muy amplia, muy extensa y valiosa, hablaron con distintos sectores de la sociedad, señalaron responsables y dejaron en evidencia lo que realmente pasó en Oaxaca”, explicó.
Dijo que esperará la publicación final del documento, pues admite que en el mismo hay nombres y apellidos de personajes que estuvieron involucrados y que no solamente “me toca a mí la responsabilidad”.
“Seguramente cuando se den a conocer esos nombres habrá mucha gente que se pondrá nerviosa y preocupada”.
Pidió a sus adversarios no politizar el tema del dictamen porque, afirmó, hay mucha gente interesada por perjudicar a Oaxaca y manejar el asunto con tintes electorales y con miras a las elecciones de 2010.
Respecto a su presunta responsabilidad en la supuesta violación de garantías y derechos humanos, dijo que tras conocer el documento, asume que hubo una resolución de tipo político más que jurídico.
“Hay señalamientos que quedaron de lado, existen muchas cosas raras, cuestiones que confunden, pero los priistas somos respetuosos de las instituciones”.
“Vamos a estar pendientes y atentos a cualquier foro donde se nos solicite, por que tenemos la certeza de saber quiénes son los verdaderos responsables del conflicto. Con los propios argumentos que emitieron los ministros demostraré que se equivocaron”.
A pesar de todo, afirmó, en Oaxaca se ha logrado una plena recuperación tras el conflicto social de 2006. Se mostró confiado del apoyo que le ha brindado el PRI desde Beatriz Paredes hasta los diputados federales, lo que impedirá que sea llevado a un juicio político.
Oaxaca. Óscar Rodríguez
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, decidió romper el silencio y afirmó a sus adversarios y opositores que no va a renunciar tras la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del caso Oaxaca, cuyos ministros lo señalan responsable del delito de omisión, por lo que dijo que acepta la determinación, mas no la comparte.
“De ninguna manera voy a renunciar. Voy a entregar mi encargo hasta el primero de diciembre del 2010”.
Explicó que dicha solicitud de que dimita no es nueva, que “siempre la han hecho y viene dirigida sólo por aquellos adversarios políticos que no han podido ganar la simpatía de la gente y ahora buscan adelantar los tiempos electorales”. El mandatario afirmó respetar la decisión de los ministros e incluso los felicitó por el trabajo que realizaron.
“Yo quiero felicitar a los ministros porque hicieron un buen trabajo, hicieron una investigación muy amplia, muy extensa y valiosa, hablaron con distintos sectores de la sociedad, señalaron responsables y dejaron en evidencia lo que realmente pasó en Oaxaca”, explicó.
Dijo que esperará la publicación final del documento, pues admite que en el mismo hay nombres y apellidos de personajes que estuvieron involucrados y que no solamente “me toca a mí la responsabilidad”.
“Seguramente cuando se den a conocer esos nombres habrá mucha gente que se pondrá nerviosa y preocupada”.
Pidió a sus adversarios no politizar el tema del dictamen porque, afirmó, hay mucha gente interesada por perjudicar a Oaxaca y manejar el asunto con tintes electorales y con miras a las elecciones de 2010.
Respecto a su presunta responsabilidad en la supuesta violación de garantías y derechos humanos, dijo que tras conocer el documento, asume que hubo una resolución de tipo político más que jurídico.
“Hay señalamientos que quedaron de lado, existen muchas cosas raras, cuestiones que confunden, pero los priistas somos respetuosos de las instituciones”.
“Vamos a estar pendientes y atentos a cualquier foro donde se nos solicite, por que tenemos la certeza de saber quiénes son los verdaderos responsables del conflicto. Con los propios argumentos que emitieron los ministros demostraré que se equivocaron”.
A pesar de todo, afirmó, en Oaxaca se ha logrado una plena recuperación tras el conflicto social de 2006. Se mostró confiado del apoyo que le ha brindado el PRI desde Beatriz Paredes hasta los diputados federales, lo que impedirá que sea llevado a un juicio político.
Oaxaca. Óscar Rodríguez
Igual que Calderón, Hitler También Dormía con la Conciencia Tranquila
Alentado por los serviles aplausos de la Cleptocracia reinante (ahí presente y feliz en primera fila, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa y de una parte del gobierno), Felipe Calderón "explicó a fondo" su valerosa decisión de esfumar la Cía. de Luz y Fuerza del Centro para desaparecer a su combativo Sindicato de Electricistas, al que culpó de todos los males de la empresa, ocultando deliberadamente que los mismos fueron causados por los elevados "subsidios" a las grandes empresas consumidoras de energía que, ¡oh, coincidencia!, son patrocinadoras del calderonato.
Televisa es una enorme consumidora de luz y el gobierno oculta cuánto recibe de "subsidio". Igual andan Bimbo, Banamex y otras distinguidas patrocinadoras del último fraude electoral que tiene desecho al país.
Entre tanto simpatizante que lo aplaudía hasta el delirio, en el colmo del cinismo Calderón se ufanó de dormir con la conciencia tranquila, satisfecho del exterminio de mexicanos que aumenta cada día con alzas incontenibles en bienes de consumo y alimentos que el gobierno PRIANista quiere gravar más, con el creciente número de desempleados y desesperados por una crisis que la Cleptocracia aplaude e impulsa.
Considerando los comportamientos del presidente de la Cleptocracia, es oportuno recordar que el hoy satanizado Adolfo Hitler, en su momento de gloria, también fue igual de aplaudido durante horas no minutos (como Calderón), por multitudes delirantes y engañadas por la propaganda, venerado por sus cortesanos, justificado en sus excesos y vicios, bendecido por el Papa, obispos y cardenales en su guerra anticomunista y por la nueva moralidad que impuso, y también dormía con la conciencia tranquila como Calderón, autoconvencido y satisfecho de estar "cumpliendo su deber" con el exterminio de judíos en sus hornos colectivos, como hoy Calderón extermina mexicanos en su pobreza colectiva, con el aplauso de sus arios puros (como se sienten Salinas, Azcárraga, Servitje, Zambrano, Bailleres, Larrea, Hernández, X. González y deidades menores, alejados de indios y nacos).
Todos los dictadores piensan, actúan y hablan igual.
Crece un Clamor: ¡Fuera Calderón y su PANdilla!
A fuerza de ineptitudes y torpezas, Felipe Calderón está logrando unir a la mayoría de mexicanos en una sola exigencia que va creciendo cada día: que renuncie, o lo saquen de Los Pinos, para detener el exterminio al que ha condenado a todos los mexicanos que no son parte de la Cleptocracia que lo sostiene.
Ya no se trata sólo de opositores de izquierda, comunistas de cepa ideológica, ni de indígenas o marginados que se resisten a perecer ante la creciente pobreza que los consume.
Son hombres y mujeres de la llamada "clase media", con preparación e inteligencia suficiente para no dejarse engañar por la insidiosa propaganda que, por encargo y cuenta del gobierno, esparcen sin parar Televisa, TV Azteca, todos los afiliados a la Cámara de la Radio y Televisión, y demás medios de propagación (periódicos y revistas) que por obligación tratan de imponer una realidad muy distinta de la que se vive todos los días.
Hoy el beneficio de la duda del que se valió Vicente Fox para consumar su depredación personal y familiar, ya no alcanza a cubrir a Felipe Calderón, pues a cada decisión que toma, vitoreada y aplaudida por los Medios de propaganda pagada y por "analistas" y "comentaristas" a sueldo, la gente ve descender cada vez más sus niveles de vida. Es un pozo inminente al que Calderón la empuja a fuerza de torpezas e ineptitud manifiesta ("lo que se ve, no se juzga").
Además de la crisis y la amenaza a lo que les queda de su estilo de vida, los clasemedieros comparten una exigencia que se extiende como epidemia sin vacuna posible:
"¡FUERA CALDERÓN Y SU PANDILLA!"
Ya no se trata sólo de opositores de izquierda, comunistas de cepa ideológica, ni de indígenas o marginados que se resisten a perecer ante la creciente pobreza que los consume.
Son hombres y mujeres de la llamada "clase media", con preparación e inteligencia suficiente para no dejarse engañar por la insidiosa propaganda que, por encargo y cuenta del gobierno, esparcen sin parar Televisa, TV Azteca, todos los afiliados a la Cámara de la Radio y Televisión, y demás medios de propagación (periódicos y revistas) que por obligación tratan de imponer una realidad muy distinta de la que se vive todos los días.
Hoy el beneficio de la duda del que se valió Vicente Fox para consumar su depredación personal y familiar, ya no alcanza a cubrir a Felipe Calderón, pues a cada decisión que toma, vitoreada y aplaudida por los Medios de propaganda pagada y por "analistas" y "comentaristas" a sueldo, la gente ve descender cada vez más sus niveles de vida. Es un pozo inminente al que Calderón la empuja a fuerza de torpezas e ineptitud manifiesta ("lo que se ve, no se juzga").
Además de la crisis y la amenaza a lo que les queda de su estilo de vida, los clasemedieros comparten una exigencia que se extiende como epidemia sin vacuna posible:
"¡FUERA CALDERÓN Y SU PANDILLA!"
El switch
Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno calderonista de asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (10 de octubre) y decretar su desaparición (11 de octubre) como una vía para acelerar la privatización de la industria eléctrica del país y ofrecer pingües negocios a las mafias a las que se halla asociado se le ha revertido de inmediato, pues está poniendo en pie de lucha no tan sólo a los trabajadores electricistas y a múltiples sindicatos sino a amplios sectores de la nación que lo acusan de actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El “decreto” de Felipe Calderón ordenando la extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el domingo 11 (pp. 2-5), es un documento inconstitucional porque aun en el supuesto de que el espurio michoacano fuese gobernante legítimo del país, no tendría facultades para suprimir con su sola firma una entidad pública, creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del país el 27 de septiembre de 1960 y la reforma constitucional del 30 de diciembre de ese año, y regulada por un cúmulo de leyes federales, y no es tratando de fundamentarse en leyes secundarias anticonstitucionales como los panistas pueden salir del embrollo en el que se han metido.
2. La decisión atrabiliaria e ilegal del gobierno a la deriva que pretende encabezar el panista michoacano es, además de ética y jurídicamente inaceptable, por atentar contra los derechos de los más de 43 mil trabajadores a los que deja sin empleo, un acto de traición a la patria que vulnera los intereses fundamentales de la nación, ya que busca acelerar de manera anticonstitucional la privatización de una industria estratégica fundamental para un desarrollo soberano e independiente del país, y eso lo comprendieron los cientos de miles de manifestantes que desfilaron ayer 15 de octubre de la columna a la Independencia a la Plaza de la Constitución –en una marcha que superó todas las expectativas–, muchos de los cuales exigieron la remoción inmediata de Calderón, que no tiene otra propuesta de gobierno que la de violentar de continuo el orden fundamental de la República para satisfacer intereses espurios, y demandaron que sea sometido a juicio político.
3. La movilización que se está incrementando en México no es hoy, por lo mismo, nada más en defensa de los trabajadores, de las organizaciones sindicales del país y en particular del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), o de los derechos de todos los mexicanos amenazados por un gobierno atrabiliario, que en su desesperación y fracaso da manotazos políticos sin respetar las leyes fundamentales del país, sin tener más argumento que la utilización de las fuerzas policiaco-militares, a las que recurre para todo, sino de la nación en su conjunto.
4. El “decreto” inconstitucional del 11 de octubre fue concebido por quienes urdieron hace tiempo la medida como una vía imprescindible para acelerar la privatización de la industria eléctrica de México, al permitirle al gobierno panista uncir la generación de energía eléctrica en el centro del país al esquema de corrupción creado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de paso facilitarle eliminar al SME, opuesto a ella –dando así un paso más en el desmantelamiento del Estado nacional mexicano–, y fue asumido como suyo por Calderón al verlo también como un golpe político propagandístico que en su limitado entendimiento le permitiría levantar un poco su deteriorada imagen ante el capital trasnacional y los más fascistizados empresarios nacionales, y sin embargo todo se les está revirtiendo.
5. El aspecto más grave de lo que acontece es que a pesar de la vasta campaña de desinformación orquestada por Televisa y Tv Azteca, los mexicanos han entendido que la medida constituye también en lo político una agresión sin precedente a la organización obrera del país, al atacar a uno de los sindicatos más antiguos y emblemáticos de las luchas del México del siglo XX, al que se busca aplastar en el afán de trastocar por completo la estructuras económicas y sociales del país retrotrayéndonos a un esquema similar al existente en los años del porfiriato.
6. La electricidad fue entendida ya desde los años de la Revolución Mexicana como un recurso estratégico fundamental, y cuando tras décadas de luchas se logró la nacionalización de la industria eléctrica, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se entendió que se había logrado una conquista invaluable pues un switch clave del desarrollo nacional estaba en manos de los mexicanos, de ahí que las luchas de la Tendencia Democrática del SUTERM, y más tarde del SME, se opusieran a que se violaran las previsiones constitucionales.
7. El móvil atrás del decreto de extinción de Luz y Fuerza aparece claro ante todos, pues de lo que se trata es de beneficiar a las redes de corrupción de la “clase política” vinculadas a Salinas y a Calderón, señalados de manera insistente en los medios como los dos gobernantes más corruptos de los últimos tiempos. En el marco de la CFE se han creado mecanismos para entregar anticonstitucionalmente la industria eléctrica a corporaciones privadas extranjeras (principalmente las españolas Fenosa e Iberdrola Energía, la estadunidense Enron y la japonesa Mitsubishi) vinculadas a políticos del PRI y el PAN, contradiciéndose el principio sustentado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que establecen que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, el área estratégica de la electricidad.
8. Los responsables de las posibles fallas de Luz y Fuerza del Centro no son los trabajadores, que de manera ejemplar han defendido a la empresa con su trabajo cotidiano y en múltiples conflictos, sino los políticos corruptos beneficiarios directos del poder político, y ahora del decreto, a los que la prensa cita una y mil veces, amigos todos de Salinas y Calderón: Fernando Canales Clariond, Ernesto Martens, Joseph-Marie Cordoba, Claudio X. González, Diego Fernández de Cevallos, los Mouriño, Antonio Lozano Gracia, Armando Salinas Torre y muchos más, los que ahora pretenden hacer el negocio del siglo con las redes de fibra óptica (Proceso, 1719).
9. La campaña calumniosa del gobierno contra los trabajadores, culpándolos de los malos manejos que han hecho los altos funcionarios de Luz y Fuerza del Centro, no hace más que pintar una vez más de cuerpo entero a Felipe Calderón, a quien su propio mentor y guía Carlos Castillo Peraza calificaba como “inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y personas”, según relata Julio Scherer en su reciente libro Secuestrados (Grijalbo, 2009), y a quien los mexicanos ya han puesto en su sitio –como se decía ayer en la marcha– como un enemigo de México.
10. La situación existente antes del 10 de octubre no podrá volver a ser la misma. La controversia constitucional que van a presentar los trabajadores electricistas va a situar una vez más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante su realidad, pero la controversia del pueblo frente al gobierno panista ya no tiene vuelta de hoja.
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