Vega de la Madrid y Castro Trenti. La disputa por Baja California. Fotos: Xinhua
MÉXICO, D.F. (apro).- Sea cual sea el resultado, el PRI no impugnará las elecciones en Baja California, adelantó la dirigente priista en esa entidad, Nancy Sánchez, y es que “el Pacto bien vale una gubernatura”, diría Enrique Peña Nieto.
Cuando el calvinista Enrique IV de Francia se convirtió al catolicismo por segunda ocasión, el 15 de julio de 1593, pronunció la célebre frase de “París bien vale una misa”, y con ello quería decir que en el fondo seguía siendo calvinista pero se disfrazaba de católico sólo para llegar al poder. O que le daba igual su religión mientras mantuviera el poder.
Los últimos acontecimientos locales y nacionales parecen reforzar la idea de que para Peña Nieto lo más importante es mantener el Pacto por México, tener de su lado los votos panistas en la Cámara de Diputados y lograr así las dos terceras partes (366 votos) que avalen sus reformas estructurales.
Así, por mantener el Pacto bien vale perder Baja California y de paso menguar poder a Manlio Fabio Beltrones en San Lázaro.
Actualmente PRI, PVEM y Nueva Alianza suman 251 votos, así es que Peña Nieto necesita los 114 votos del PAN y uno que otro del PRD para consumar sus reformas constitucionales, una de ellas, la energética, afectando el 27 constitucional.
Aún antes de los comicios, una parte del electorado bajacaliforniano saboreaba ya la salida del PAN luego de 24 años de gobierno. Y como la única opción distinta en esa entidad es el PRI, de buena gana muchos anunciaban que darían su voto al tricolor.
La semana pasada comentamos que una negociación era viable y que, aun perdiendo el PAN, lo mantendrían en el poder debido a una decisión presidencial y no por voluntad de sus ciudadanos.
A una semana de los comicios podemos decir que nunca tendremos la certeza de quién ganó efectivamente en Baja California, pues los paquetes electorales ya fueron “manoseados por muchos”. Y algunos ya se abrieron aunque finalmente el PRI reculó en su demanda del “voto por voto”.
Por otra parte, varios consejos distritales, aunque desde el jueves concluyeron sus cómputos, no enviaron las actas a las oficinas centrales del Consejo Electoral ubicadas en la ciudad de Mexicali, y cuyo presidente es nada menos que César Castro Bojórquez, hermano de Hugo Abel, aquel priista amigo cercano de Ernesto Zedillo y que fuera presidente del PRI estatal.
Llama la atención la irresponsable declaración del consejero presidente sobre la no llegada de las actas a sus oficinas: “Quiero adivinar, porque no estoy en ningún distrito, que se les ha dificultado o están guardando, y no la han hecho”.
Un presidente de Consejo no puede “adivinar”, pues Baja California es un estado pequeño en cuanto a sus ciudades, y todas están muy cercanas de otras, por lo que resultaría fácil acudir por las actas, pero no, Castro Bojórquez esperará a que le sean remitidas.
El retraso en la concentración es un elemento más que elimina la certeza de qué ocurrió el día de la votación.
Por otro lado, el candidato priista Fernando Castro Trenti, quien demandó el “voto por voto”, curiosamente se desdijo el mismo día en que ocurrió otro acontecimiento a nivel nacional que llamó poderosamente la atención de algunos analistas.
Me refiero a la convocatoria extraordinaria del pasado martes en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). ¿En qué radica la suspicacia? Pues en el tema: la discusión del dictamen sobre gastos de las campañas presidenciales.
Una semana antes, la Unidad de Fiscalización había concluido su dictamen pero, al ser totalmente faccioso, su análisis se regresó, pero nunca se estableció fecha alguna para su discusión de nueva cuenta.
En forma sorpresiva, el lunes 8, un día después de las elecciones en Baja California, se convocó a sesión extraordinaria para analizar el nuevo dictamen. Y, para sorpresa de muchos, el mismo día que Castro Trenti se desdecía de su exigencia de “voto por voto”, el Consejo General del IFE, por unanimidad, determinaba regresar de nueva cuenta el dictamen.
Pero no sólo se regresaba sino que, a propuesta del consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, y sin oposición alguna de los consejeros Macarita Elizondo, Marco Antonio Baños y Francisco Javier Guerrero, que lo apoyaban sin reparo alguno, se demandó a la Unidad de Fiscalización que tomará en cuenta nuevos criterios, los cuales afectarán a PRI, PVEM y a la alianza Compromiso por México que postuló a Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
Los tres partidos “no reportaron” gastos por 147.6 millones de pesos, y el nuevo criterio era considerar ese dinero que, malamente, la Unidad de Fiscalización distribuyó en un pequeño porcentaje hacia la campaña del hoy encargado del Ejecutivo Federal.
Así las cosas, los consejeros acusaron –sin llamar por su nombre a estos partidos– de haber actuado con “dolo” y además verse “beneficiados” por la Unidad de Fiscalización, que les aceptó distribuir el dinero no reportado entre todos sus candidatos.
Y es que pareciera que “una multa del IFE bien vale el Pacto”. O dicho en otras palabras, “demos al PAN y al PRD su exigencia de revisar nuevamente con nuevos criterios –aun en contra de nosotros– los gastos, aunque en el camino nos tengan que multar”.
Aunque lo anterior es sólo una hipótesis, los acontecimientos nacionales, los locales y lo intempestivo de la sesión del Consejo, así como la modificación de criterios, hacen pensar que algo se acordó para bajar la presión del PAN, que exige para sí Baja California, y en donde por cierto fue en coalición con el PRD.
Y un tercer elemento: el Consejo dejó imprecisa la fecha para analizar el nuevo dictamen con renovados criterios de valoración sobre los gastos de campaña presidencial y en donde a Peña Nieto sólo se le computaba 1% de cada peso utilizado, razón por la cual nunca rebasó contablemente los topes de campaña.
No se fijó tiempo alguno para la votación del nuevo dictamen y la próxima semana se realizará en la Cámara de Diputados el periodo extraordinario para discutir la elección del noveno consejero electoral faltante del IFE.
Hay que tener presente que tanto PAN como PRD se han pronunciado, desde antes de las elecciones en Baja California, por que esa elección se realice hasta el mes de octubre. Pero… podrían cambiar de opinión, claro, si en la norteña entidad el presidente del Consejo Estatal decide que el PAN retiene la gubernatura y el PRI pierde… supongo yo pero, bueno, sólo es la aplicación de que una multa bien vale el Pacto, o una gubernatura bien vale el Pacto, aunque también podría ser: un consejero bien vale una gubernatura… Ya veremos qué pasa.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twt @jesusaproceso
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