(04 de mayo, 2014).- Una campaña nacional de desobediencia civil fue anunciada por la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), considerando, a decir de éstos, que se ha destruido el pacto social de la Constitución, que la Reforma Energética entrega los recursos naturales a extranjeros, que el territorio mexicano está en disputa entre los intereses de las empresas extranjeras, entre otros.
De entre las acciones a llevarse a cabo, la ANUEE convocó desde no pagar el servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta lograr la abrogación de las reformas constitucionales en materia energética.
Y es que consideraron que la Reforma Energética es “la entrega de la explotación petrolera a los extranjeros, es el despojo de un recurso estratégico para la soberanía de la nación en flagrante violación al artículo 39 constitucional que establece que la soberanía reside en el pueblo. Siendo una afectación directa a la soberanía nacional, es entonces una afectación directa al pueblo de México”.
La abrogación de las reformas constitucionales en materia energética a los artículos 25, 27 y 28 incluyendo los 21 transitorios y por el rechazo a las reformas secundarias, la renacionalización en materia eléctrica, petrolera, de gas y minería, el reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, la aplicación de la tasa cero en IVA en cobros de electricidad se sumaron a las demandas de la Asamblea.
Los miembros de ésta, exigieron el reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano así como el establecimiento de un sistema de Tarifa Social Justa y el posterior “borrón y cuenta nueva” para todos los que se encuentran en la resistencia del no Pago de la luz.
Cabe señalar que el pasado 12 de septiembre, representantes de la ANUEE, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Red Nacional de Resistencia Civil, presentaron ante el Congreso de la Unión, una propuesta de carácter ciudadana con proyecto de reforma al artículo cuarto constitucional para incluir a la electricidad como un derecho humano.
Para los miembros de estas organizaciones, resulta “lamentable” que la respuesta del gobierno haya sido ponerse del lado de los intereses de empresas transnacionales del ramo y atacar a grupos sociales que se han opuesto a las tarifas altas.
Por ello, también exigieron la no criminalización de la protesta social ni de la lucha de los usuarios de energía eléctrica, además de rechazar megaproyectos y despojos de territorio que de ahí derivan.
Añadieron que “las reformas estructurales son la culminación del cumplimiento de los compromisos contraídos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como apéndice del Consenso de Washington […] por ello, el Estado incrementará la criminalización de la protesta social, tratará de regular las marchas, de encarcelar a los líderes sociales y, si no puede contener el descontento del pueblo, cuenta con el espionaje y en su caso con la intervención principalmente de Estados Unidos”.
Ante este panorama, exigieron la libertad de los activistas Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas y Abraham Cordero, detenidos por manifestar ya sea su oposición a las altas tarifas de luz o a megaproyectos energéticos que no cuentan con el apoyo de las comunidades que podrían verse afectadas.
Por último, rechazaron los incrementos de precios en tarifas eléctricas, gas, gasolina y diesel y convocaron a conformar un movimiento más amplio de usuarios de energía eléctrica rumbo al 27 de septiembre, en el marco del aniversario de la nacionalización de la energía eléctrica, lograr una movilización bajo la consigna de “¡No al pago de la luz hasta echar abajo la reforma energética!”.
