JOSé GIL OLMOS
MÉXICO, D.F., 24 de junio (apro).- Los medios de comunicación en México, o si se prefiere, la prensa mexicana, desde sus inicios han estado vinculados con los grupos de poder.
Hoy que supuestamente vivimos una transición política hacia la democracia, es decir, nuevos tiempos políticos que implicarían el rompimiento de los viejos lazos entre prensa y gobierno, lo que podemos percibir es que desde que el PAN asumió la presidencia se han formado nuevos pactos de poder en los cuales los dueños de las empresas periodísticas participan, pero ya no como alguna vez lo dijo Emilio Azcárraga Milmo, como "soldados del PRI", sino como socios del gobierno en turno.
Este nuevo papel de los principales medios de comunicación en el país representa un giro de 180 grados del rol histórico que venían desempeñando. Pues si bien es cierto que desde sus orígenes han tenido una participación en la política local o nacional, es hasta ahora que se les incluye en las decisiones de poder, no como testigos, sino como actores, con un peso determinado dentro del escenario político.
Martha Sahagún ha sido una de los responsables de impulsar esta nueva política de medios, pues fue ella quien desde que Vicente Fox era gobernador y, sobre todo, durante la campaña del 2000 y, después, en la Presidencia de la República, incluyó a los dueños más importantes de las empresas periodísticas en el proyecto político del guanajuatense; luego en el suyo, a través de la Fundación Vamos México.
Esta política ha seguido vigente en la administración de Felipe Calderón y también es practicada por otros políticos de distintos partidos y algunos gobernadores, como Enrique Peña Nieto, quien firmó un contrato millonario con Televisa para impulsar su imagen en noticieros, programas y revistas de espectáculos, y hasta en partidos de fútbol, con miras a la conquista de la candidatura del PRI para las elecciones presidenciales del 2012.
Si hacemos un repaso de la historia del periodismo en el siglo XX, que es cuando surgieron casi todos los medios de información que hoy tenemos, podemos ver que la prensa mexicana se ha sujetado voluntaria e involuntariamente al control gubernamental o a los distintos grupos de poder, como bien lo dice la investigadora Silvia González Marín en su libro Prensa y Poder Político, en el que analiza el papel que tuvieron los diarios en la elección de 1940, cuando fue elegido Manuel Ávila Camacho como presidente de la República.
Quizá fue durante la campaña presidencial de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) cuando se implantan los métodos de control de la prensa mediante las beneficiosas y cuantiosas inserciones pagadas (fotos, gacetillas), la venta de las ochos columnas y los manifiestos de plana entera.
Ya como presidente Alemán introdujo el modelo de relación del gobierno con la prensa para los regímenes siguientes: La abundancia de concesiones a los dueños de los periódicos; la entrega de la publicidad gubernamental; la institución de la autocensura y los telefonazos como ahorro de tiempo, y el ingreso de los políticos a la celebridad social.
De esta manera, durante los años del poder hegemónico del PRI la mayoría de los dueños de periódicos, así como de las estaciones de radio y televisión se volvieron comparsas del sistema político. Fueron testigos de honor de los diversos gobiernos que les dieron cierto margen de maniobra informativa, pero siempre bajo la mirada escrutadora del presidente de la República.
No obstante, conforme el poderío priísta fue perdiendo fuerza, los medios fueron ampliando sus márgenes de acción y, al fin y al cabo empresas, descubrieron que la versión oficial por si sola no es creíble y no vende.
Paradójicamente, fue durante la administración de Carlos Salinas de Gortari --el presidente que en sus inicios tuvo más control de la prensa--, cuando se dieron los primeros elementos de liberación de la prensa mexicana con la venta de la Productora e Importadora de Papel (PIPSA), que representaba el monopolio para la venta e importación de papel de todos los periódicos y un medio de censura (a los medios que no se sujetaran a los cánones informativos, simplemente se les negaba la venta de papel); al mismo tiempo, con la decisión de que las empresas periodísticas cubrieran los gastos de sus reporteros en las giras de trabajo del presidente.
De igual manera, en 1994, con la detonación del conflicto indígena en Chiapas, los medios de información, en su mayoría, consiguieron mayores espacios de libertad ante el gobierno, porque, como decíamos anteriormente, se descubre que la versión oficial de los hechos no es creíble ni vendible, y por eso se difunde con mayor espacio y peso la versión de otros personajes incluido el EZLN.
Es, quizá, en ese año cuando la prensa mexicana cobra mayores espacios de lectura en el caso de periódicos y revistas que llegan a triplicar sus tirajes o de audiencia, como fueron los noticiarios de radio y televisión.
Por un cierto periodo la prensa mexicana se convirtió en actor y no sólo en testigo de los hechos; pero esa cierta independencia que se ganó frente al poder agónico del PRI, volvió a perderse con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República.
A partir del año 200, lo dueños de los medios ya no son los "soldados del partido", sino que la mayor parte de ellos se suma a la llamada transición democrática en su nuevo papel de socios, es decir, en partícipes y en beneficiarios de las ganancias millonarias que ahora representan el manejo de campañas políticas y de imagen.
Desde la campaña de Vicente Fox, su pareja Martha Sahagún aplicó un modelo de relación con la prensa que ya venía utilizando desde que estaban en el gobierno de Guanajuato: El trato directo con los dueños de los medios –ya no con el reportero ni con los jefes de redacción–, a quienes se les propuso contratos y convenios millonarios para difundir la imagen del exgerente de la Coca Cola.
Cuando Fox gana la presidencia, Martha Sahagún se encarga de subir al escenario político a los dueños de algunos medios en su nueva calidad de socios del llamado "gobierno del cambio", dejando a un lado a los medios que no les interesaban por su línea editorial crítica, como fue el caso de la revista Proceso y el proyecto radiofónico y editorial Monitor.
En su calidad de directora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Martha Sahagún estableció una relación política y de amistad con los medios más representativos como La Jornada, El Universal, Reforma, Televisa, Multivisión, Televisión Azteca, Imagen, entre otros.
Casi todos ellos integraron el patronato de la fundación Vamos México y los invitaba a formar parte del proyecto foxista en el cuál ella tenía un papel fundamental: darle continuidad transexenal al gobierno de su marido, con ella como candidata presidencial en las elecciones del 2006, proyecto que se les cayó a la mitad del camino.
Los empresarios que estaban invitados al banquete en Los Pinos recibieron muchos beneficios. Además de los contratos de publicidad millonarios, tuvieron otros beneficios: el periódico La Jornada consiguió un préstamo para comprar un nuevo edificio que estaba embargado por el IPAB; Televisa y TV Azteca, las concesiones en los nuevos espacios digitales y los contratos millonarios de las campañas; Olegario Vázquez Raña compró el periódico Excelsior, tuvo la concesión del canal de Televisión Cadena Tres y amplio su cadena de hospitales de lujo "Ángeles" en varios estados; en tanto que los periódicos El Universal y Reforma obtuvieron los mejores contratos de publicidad oficial y el favor de los empresarios que apoyaban el proyecto foxista.
La ambición de algunos de estos empresarios fue tanta que, incluso, algunos de ellos pretendieron extender su riqueza en otros ámbitos, como el caso del dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien negoció con Fox la creación de un Banco y la concesión de un canal de televisión. Sueño que siguen buscando ahora con Felipe Calderón.
Como nunca antes, los dueños de los principales medios de información tuvieron tanto acceso al poder económico y político. Sólo fueron marginados aquellos que criticaban directamente al foxismo –Monitor, Proceso, Canal 40– que fueron excluidos de la cobertura de las giras presidenciales, así como de la distribución de la publicidad, al estilo de José López Portillo.
Muestra de este poder es que por primera vez un representante de una empresa mediática llegó al Poder Legislativo, se trata de Jorge Mendoza, expresidente ejecutivo de TV Azteca, quien sin tener ninguna experiencia política ni partidista se convirtió en senador, bajo las siglas del PRI, y ahora busca la candidatura para el gobierno de Nuevo León.
Al final del foxismo, los dueños de la mayor parte de los medios mencionados quedaron mejor posicionados, política y económicamente. Hoy tienen el poder suficiente para retar al Poder Legislativo, desde la Suprema Corte de Justicia, exigiendo que cambien las nuevas leyes electorales que acotan la compra de los espacios publicitarios en tiempos de campaña. O también, nuevos espacios y concesiones para la televisión y la radio digital.
En esta nueva etapa de la relación entre el poder y la prensa, algunos empresarios tienen un doble juego. Tenemos el caso de Televisa que participó en la estrategia foxista del escándalo de los videos de corrupción de René Bejarano y del proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Y ahora en el gobierno de Felipe Calderón en la defensa a ultranza de su gobierno en los espacios de opinión como "Tercer Grado".
Pero al mismo tiempo juega con otros personajes, a quienes les cobra jugosos contratos por las campañas de promoción de imagen, como son los casos del priista Enrique Peña Nieto y del perredista Marcelo Ebrard.
Como nuevos socios del poder, los medios tienen sus propia agenda y a sus propios candidatos a quienes impulsan en sus respectivas campañas. El ejemplo más claro es el de Peña Nieto, con quien desde el 2001 Televisa estableció un contrato por 742 millones de pesos, sólo para el primer año de su gobierno, con la intención de manejar su imagen hasta que sea el candidato presidencial.
De acuerdo con una investigación del reportero Jenaro Villamil, de la revista Proceso, la millonaria estrategia de Peña Nieto se hizo a través de dos empresas pantalla TV Promo y Radar Servicios Especializados de Mercadotecnia, las cuales son dirigidas por Alejandro Quintero Iñiguez, vicepresidente corporativo de comercialización de Televisa. El contrato contiene lo más avanzado para evadir las leyes electorales: gacetillas electrónicas para que la publicidad aparezca en forma de notas periodísticas; el uso de actores profesionales para difundir la obra de gobierno; spots en los partidos de futbol; y reportajes especiales de la familia Peña Nieto en las revistas propiedad de la televisora.
En los hechos, Emilio Azcárraga Jean viene operando como el estratega de imagen de la campaña presidencial de Peña Nieto. Pero como buen empresario, en su agenda también están otros gobernadores como Eduardo Bours, de Sonora; Ney González, de Nayarit; Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes; Emilio González, de Jalisco, a quienes les vende servicios similares.
Es así que en estos tiempos de transición política, los medios de comunicación en México están muy lejos de jugar su papel de intermediarios de la sociedad con el gobierno, más bien, están inmersos en su nueva tarea de socios del poder y como tal seguirán desempeñándose en el futuro.
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