Expresiones de Ebrard evidencian su odio: Valdemar



Los católicos mexicanos, tan misericordiosos.

 El modo en el que el jefe de Gobierno del DF se ha referido al cardenal Sandoval Iñiguez, lo demuestran, advirtió el vocero de la Arquidiócesis.

Gabriel León
Publicado: 24/10/2010 20:14

México, DF. El vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, manifestó que la manera en el que el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se ha referido al cardenal Juan Sandoval Iñíguez y a la Iglesia católica "es evidente su impaciencia, intolerancia y odio".

En una entrevista realizada por el Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame) y difundida por la iglesia local, el religioso pidió al funcionario capitalino que "no se haga ilusiones" en el juicio que interpuso en contra suya y del cardenal de Guadalajara por daño moral, porque éste "puede llevarse años".

Ganaremos las presidenciales 2012 con 20 puntos de ventaja: AMLO

Tengo mis cálculos, por eso están "muy nerviosos" los de la mafia en el poder, expresó.

Alma Muñoz, enviada
Publicado: 24/10/2010 17:17

Cuautitlán Izcalli, Mex. Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en 2012 pueden ganar las elecciones presidenciales con 20 puntos de ventaja.

"Tengo mis cálculos, y les ganamos con cerca de 10 puntos en 2006, ésa fue la dimensión del fraude que nos hicieron y ahora les vamos a ganar con 20 puntos de ventaja", porque ahora -explicó- hay más gente apoyándonos.

Manifestó que por eso están "muy nerviosos" los de la mafia del poder, sobre todo porque el movimiento que él encabeza le apuesta a una transformación en el país y no sólo una alternancia, como lo mencionó Carlos Salinas.

Ello, mencionó, implica que se habrá de tomar decisiones fuertes tales como terminar con los privilegios que tienen grandes corporaciones que no pagan impuestos; aplicar un plan de austeridad republicana donde ya no tengan más privilegios la burocracia, así como fomentar las actividades productivas y crear fuentes de empleo.

“Por eso se necesita construir un poder ciudadano para que cuando se tomen decisiones se tenga el apoyo del pueblo”, afirmó.

Tras recorrer 89 de los 125 municipios mexiquenses, López Obrador señaló que la participación del movimiento con miras al proceso electoral de 2012, es “para terminar con la corrupción que impera en la entidad y porque el presupuesto de 140 mil millones de pesos del gobierno solo se queda en unas cuantas manos y no se destina para la creación de empleos, para dar apoyos a los medianos y pequeños comerciantes”.

Acompañado por dirigentes estatales y militantes del PRD, PT y Convergencia, explicó que “se tiene que acabar con la escuela del difunto Hank Ronk que decía político pobre, pobre político. Tenemos que acabar con el político mediocre que predomina en la clase política del estado de México”.

Oaxaca: violencia y responsabilidades

El asesinato del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, ocurrido ayer en la ciudad de Oaxaca, es la más reciente expresión del recrudecimiento de la violencia en esa entidad. Cabe recordar que, menos de 24 horas antes de este homicidio, en Tuxtepec fue asesinado otro líder social: Catarino Torres Pereda, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien padeció una persecución política del actual gobierno estatal, al grado de ser encarcelado en 2006, en el contexto de la revuelta popular que se desarrolló en la capital oaxaqueña.

El telón de fondo de estos crímenes es una sucesión conflictiva y accidentada en el gobierno estatal, marcada por la crisis interna del priísmo oaxaqueño –consecuencia, a lo que puede verse, de la derrota electoral de julio pasado– y por acusaciones como las que pesan contra el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y varios de sus familiares, por presunto lavado de dinero.

El clima de tensión creciente que impera en la entidad, agravado por los recientes homicidios, dificulta, a querer o no, las condiciones en que habrá de asumir funciones el gobierno entrante de Gabino Cué Monteagudo, quien tendrá como reto principal procurar orden y gobernabilidad en una entidad donde en el sexenio reciente han privado las características opuestas.

Por otro lado, acerca de la violencia que se desarrolla en la región triqui, el asesinato viene a enrarecer más un conflicto que, en meses recientes, ha cobrado decenas de vidas, entre las que destacan las de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, acaecidas el 27 de abril pasado, y la del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI, escisión del MULT), Timoteo Alejandro Ramírez, ocurrida en mayo pasado.

No deja de ser significativo que, al igual que hizo el MULTI tras el asesinato de Timoteo Ramírez, la representación del MULT en esta capital calificó el homicidio de Pazos como “crimen de Estado”. Al margen de la complejidad que ha adquirido el conflicto en la región triqui –donde además del MULT y del MULTI disputa el poder la organización priísta de corte paramilitar Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort)–, es claro que existe responsabilidad ineludible de las autoridades oaxaqueñas, las cuales han exhibido una actitud omisa, por decir lo menos, ante la multiplicación de signos de violencia en la región. Desde que el gobierno de Ulises Ruiz decidió lavarse las manos ante el bloqueo del municipio autónomo de San Juan Copala, y el posterior ataque a la caravana de solidaridad que buscó romper el cerco paramilitar impuesto a esa localidad, se otorgó una patente de impunidad que terminó por potenciar –hoy es meridianamente claro– el recrudecimiento de la violencia que lacera la resistencia histórica del pueblo triqui.
Igualmente sorprendente es que el asesinato de Heriberto Pazos haya ocurrido a pesar de que lo escoltaban elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a su seguridad, así como su guardia personal.

Los recurrentes intentos del oficialismo por minimizar el conflicto y atribuirlo a una lucha intestina han tenido el efecto contrario: sellar en la opinión pública la percepción de una voluntad gubernamental de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados, y del designio de utilizar y fomentar la división del pueblo triqui para minar las reivindicaciones autonómicas de sus integrantes.

En tal circunstancia, el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes sociales oaxaqueños adquiere un peso mayúsculo y un carácter de obligatorio para la administración saliente en la entidad.

Documental imperdible del Canal 6 de Julio (trailer) :

50 años de abogado. José Agustín Ortiz Pinchetti

El Despertar

Al cumplir 50 años de abogado esta semana he hecho curiosas reflexiones que quisiera compartir. Para empezar: no estoy de acuerdo con tanta calumnia contra la abogacía. Nuestra cercanía en grupo es considerada maldición gitana. Se dice que no se puede vivir con nosotros ni sin nosotros. Como muchos, elegí esta carrera porque las matemáticas no estaban en la lista de materias y tenía un pariente cercano que me ayudó a abrir brecha. Hice un matrimonio de conveniencia con la abogacía que terminó siendo de amor. No sólo me dio un buen pasar; su práctica me pareció divertida. Aprendí a entender los conflictos humanos, la necesidad vital de llegar a acuerdos. El criterio jurídico ayuda a entender la estructura del Estado, lo que es muy útil para la política. En realidad sólo practiqué 40 años, los 10 recientes he estado metido en la política, que es más intensa, dura, emocionante, riesgosa y, si se practica como se debe, mucho más útil.

Miguel Ángel Granados me elogió al decir que me admira porque dejé mi despacho próspero para seguir la causa de AMLO. Es un reconocimiento generoso y lo agradezco de corazón. Pero no he hecho ningún sacrificio. Me siento rejuvenecido. Lamento que muchos insulten a la política y a los políticos desde lejos, sin atreverse a bajar al ruedo. También lamento que muchos de mis compañeros se hayan vuelto reaccionarios. Harían mucho bien al país si en lugar de dedicarse a la neurosis contemplativa se comprometen en serio. No me hago ilusiones.
En la época de mi graduación crecíamos 6 por ciento y no había desempleo: creímos vivir el milagro mexicano, pero era una prosperidad superficial. La desigualdad histórica se mantenía. No logró crearse un mercado interno. Atribuir poder mágico al presidente era una tontería. El tapadismo, una abyección. La oligarquía maniató a los presidentes. Ninguno fue verdadero estadista: los hubo frívolos, incontinentes verbales, dos perversos y los dos recientes, ineptos. En estos años se completa un lento derrumbe. La crisis de la posrevolución a la que se refería Cosío Villegas en 1948 se acerca a un desenlace. Lamento decir que mi generación ha llegado a la orilla final con las manos vacías.

Es difícil que yo viva más de dos décadas. Tengo la fantasía ociosa de imaginar México después de mi muerte. No caigo en el escepticismo y menos en el franco pesimismo. Creo que el país se salvará porque tiene inmensos recursos. El mayor: su gente. Mi trabajo político me ha puesto en contacto con la base social, con el verdadero pueblo de México. Sus cualidades son enormes. He aprendido a respetarlas y quererlas. La salvación vendrá si se organizan, no de la elite. Es demasiado miope y egoísta. El legado de la nueva generación será el renacimiento de México.

jaorpin@hotmail.com

La justicia, a prueba

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 22 de octubre (apro).- Una complicada situación enfrentan hoy el Poder Legislativo y la Procuraduría General de la República (PGR). Tienen en su haber dos asuntos por resolver que indignan a la ciudadanía, que dañan a la población y que afecta la vida política del país.

Se trata del desafuero de un político opositor al gobierno, acusado por la PGR de tener vínculos con el crimen organizado, de ser un gran operador financiero que sabe cómo blanquear dinero ilícito y no sólo eso: que tiene una retorcida mente con capacidad para planear el asesinato de 12 integrantes de la Policía Federal. Es decir, para la PGR, el legislador Julio César Godoy Toscano es un verdadero peligro para México y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, resulta un aprendiz a su lado.

La posibilidad de que Godoy Toscano sea cabecilla de políticos metidos al narco es tan real como el que nada tenga que ver con carteles de la droga. Su inocencia o culpabilidad la determinará un juez, pero antes de que esto pudiera llegar a ocurrir, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados deberá establecer si las pruebas presentadas en su contra tienen solidez y veracidad como para establecer si procede o no el desafuero, aunque finalmente será el pleno el que lo vote.

Para que la actuación de la Sección Instructora quede libre de sospechas, deberá probar con hechos y no sólo con “valoraciones” de las pruebas. Y es que al ser dos de sus miembros personajes de la política que en diversos momentos se les ha vinculado, ya sea a sí mismos o a través de familiares, con distintos cárteles de la droga.

Así, por ejemplo, será sano para la población y la credibilidad de los propios partidos políticos que representan, si solicitan la prueba del polígrafo para saber quién miente: si Godoy Toscano o la PGR; o si las pruebas de identificación de voz en el caso de las 48 grabaciones que tienen en su poder, son de quienes acusa la autoridad judicial y de Godoy Toscano. Podría también demandar la presentación de los testigos protegidos para ver si realmente existen o son parte de una historia de ficción de la autoridad, y finalmente, podrían demandar un careo de estos con el inculpado.

Sólo a partir de todos estos actos, la Sección Instructora y más que nada los partidos políticos que representan, tendrá fuerza en su resolución final.

Estos elementos mostrarán si lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados es parte de un montaje, como los que tanto gustan a autoridades federales e, incluso, si los miembros de la Sección Instructora son parte involuntaria de ello, o si realmente el político es culpable y al fin un gobierno ha decidido acabar con el contubernio entre políticos y narcotraficantes.

Por otra parte, el Poder Legislativo enfrenta ya otro asunto no menos importante e, incluso, más indignante aún: la solicitud de juicio político en contra de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Molinar es un político improvisado que lo mismo tiene conocimientos de “política interior”, que de “salud” o de planeación de las vías de comunicación del país. En sus 10 años de “político”, Molinar Horcasitas ha logrado un repudio de gran parte de la población, gracias al desprecio que ha mostrado por la vida de los otros.

En la Cámara de Diputados ya tiene en su haber tres solicitudes de juicio político por su probable responsabilidad en la muerte de 49 niños y la afectación de por vida de otros 85 luego del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Saldivar consideró en su ponencia sobre el tema que sí tiene responsabilidad como funcionario público. Sin embargo y luego del cabildeo que funcionarios federales realizaron con los ministros, el pleno lo “exoneró” jurídicamente, mas no políticamente.

Además de estas demandas de juicio político, Molinar Horcasitas tiene una denuncia penal por el mismo caso. Sin embargo, y a diferencia del actuar de la PGR en el caso de Godoy Toscano, no ha podido actuar de manera expedita. Desde que se le denunció, en septiembre pasado, la PGR “no lo ha podido localizar” para llamarlo a declarar por los hechos que se le imputan.

Como sea, existen diferencias por la forma en que ha actuado la PGR en ambos casos. Sin embargo, será el Poder Legislativo el que desenredará toda esta maraña de acusaciones.

Así como la PGR urgió a la Cámara de Diputados a desaforar al diputado Godoy Toscano el mismo día en que se presentó en San Lázaro, el 23 de septiembre de 2010, así de expedita debiera ser la actuación de la PGR para detener y obligar a hacer comparecer a Molinar Horcasitas por el caso ABC.

Pero la realidad es otra. Mientras en el caso de Godoy Toscano la PGR entrega velozmente 48 grabaciones, averiguaciones previas, declaraciones de testigos protegidos y una y otra orden de aprehensión con voluminosos expedientes a la Cámara de Diputados obligándola a actuar con celeridad, pero con mayor acuciosidad, en el tema de Molinar Horcasitas no sólo no se le ubica en el país –lo que resulta insultante para la población y, sobre todo. para los padres de los menores--, sino que, además, el Poder Legislativo no instala la instancia bicamaral que debiera establecer si se le somete a juicio político o no.

Ambos hechos surgieron en 2009. Lo de Godoy Toscano tiene su origen en el llamado “michoacanazo” del 26 de mayo, y el caso de Molinar Horcasitas, en el incendio de la guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Pero mientras uno camina a gran velocidad, el segundo ni siquiera a arrancado en su proceso legislativo.

Si los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, los 500 hombres y mujeres que ganan más de 100 mil pesos mensuales, tienen ética, dignidad y pretendieran ser honestos, darían cause inmediato al caso Molinar Horcasitas, y en paralelo al tema Godoy Toscano, lo resolverían como lo gritan a los cuatro vientos: con imparcialidad, objetividad y sin temor a perder su carrera política.

El rumbo que tomen ambos casos empezará a ser más claro en enero próximo, cuando los legales empiecen a vencer, en tanto sólo resta seguir demandando que los hombres de poder no sigan impunes.



mjcervantes@proceso.com.mx

Peña Nieto, el feroz rostro de la intolerancia :

Cortesía de : http://exijamosloimposible.blogspot.com/

Las sombreras de sigsig VICTOR OROZCO

En Sigsig, un pequeño pueblo de la provincia del Azuay al Sur de Ecuador, las manos de las mujeres tejedoras de sombreros no descansan ni cuando aquellas caminan. Cargan paquetes en el rebozo –así se le llamaría en México– enredado en la cintura y simultáneamente sus dedos van dejando una fina red de paja toquilla, con la que se confeccionan los famosos sombreros conocidos en el mundo como “Panamá”, aunque es en ésta y en las otras regiones ecuatorianas de Montecristi y Jipijapa, dónde se originaron y se han producido durante siglos. La habilidad de estas artesanas es realmente pasmosa, apenas si necesitan ver su trabajo, pero el resultado es un tramado de una textura tan delicada que puede superar el asombroso número de mil quinientas fibras por pulgada cuadrada, para un sombrero cuyo costo en Londres o en Nueva York alcanzaría mil o mil quinientos dólares. No es el caso, como puede suponerse, del grueso de la producción que generan las de Sigsig, compuesta por prendas cuyo precio oscila entre los quince y los cincuenta dólares en la ciudad de Cuenca, la capital provincial. Ellas recibirán una quinta parte de estas cantidades cuando entreguen los sombreros casi terminados. La exportación de estas mercancías ha sido una fuente importante de divisas para la economía ecuatoriana a lo largo de su historia y se dice que la revolución liberal encabezada por el general Eloy Alfaro, pudo realizarse gracias a la venta de los famosos sombreros. Sin embargo, una de estas tejedoras, comunicativa e inteligente, nos dice: “…nosotras somos pobres y tenemos que tejer y tejer. En la casa lo hacemos todo el tiempo que podemos porque los hombres no tejen, nada más se sientan y piden la comida…”. En una de las sesiones del Segundo Encuentro Nacional de Historia de la Provincia del Azuay al que gentilmente fui invitado para dictar una conferencia, después de escuchar sesudas intervenciones sobre esta industria a domicilio, que es imposible reemplazar por la estandarización de las máquinas, pregunto a los asistentes algo que me intriga: ¿Si estos sombreros son tenidos como los más elegantes y cómodos del mundo, por que los ecuatorianos (salvo los indígenas) no los usan? De hacerlo, colijo, mejorarían el ingreso de todos y además reducirían la incidencia de cáncer en la piel, que tantos estragos hace en las regiones dónde los rayos del sol caen directamente. La respuesta, como la interrogante, puede generalizarse a muchísimos otros saludables hábitos en la comida o en el vestido, abandonados por nuestros pueblos a favor de modas y gustos venidos de Europa o Estados Unidos e impuestos por las grandes empresas capitalistas.



CUENCA Y LOS CUENCANOS

Esta bellísima ciudad fue declarada patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO en 1999 y según las crónicas se fundó en 1557, con el nombre de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, recordando a su par ibérica. Sin embargo, allí mismo se asentaron primero Guapdondélig, ciudad cañari, luego la Tomebamba de los incas, que poseía edificios majestuosos, así que vale otra reflexión: para un biógrafo es sencillo fijar como punto de partida la fecha de nacimiento de su personaje y como punto final la muerte de éste, pero, cuando el objeto de estudio es una ciudad, el problema se torna bastante complejo. Para poner un ejemplo ilustrativo: ¿Podría alguien sostener que la ciudad de México se fundó en 1521 cuando los conquistadores españoles rindieron a la vieja Tenochtitlán, por entonces mayor que cualquiera de las capitales europeas? Según se ve, en justicia mejor sería en éste y en numerosos otros casos de urbes americanas, irse con cuidado al establecer las convencionales fechas derivadas de la llegada de algún militar o eclesiástico hispano o portugués a sus lugares de asentamiento, aunque fuesen portadores de solemnes actas de fundación. Entro en la nueva iglesia catedral de Cuenca –la vieja está convertida en un magnífico museo– y recibo un impacto que no recordaba desde que conocí Notre Dame: ante la monumentalidad de su nave principal, sus columnas gigantescas cubiertas de mármol, la altura de sus bóvedas, el altar colosal, me siento minúsculo. ¿Cómo no entender que los individuos –sobre todo aquellos habitantes de chozas diminutas– pensaran que tal edificio con sus riquezas doradas y tal suntuosidad, tenía que ser una obra de Dios o al menos ordenada por éste?

La iglesia se construyó cuando la ciudad albergaba unos pocos miles de habitantes y se agregó a las varias decenas de templos católicos, todos ellos vastos y que ahora suman medio centenar. Tomo asiento en una de sus bancas y cavilo haciendo comparaciones: al tiempo de su construcción –últimas décadas del siglo XIX– los norteamericanos se ocupaban de tender cientos de miles de vías férreas o de erigir astilleros y naves industriales, para lo cual hubieron de concentrar poderosas fuerzas productivas. La edificación de la catedral de Cuenca, con seguridad exigió en términos proporcionales una mayor acumulación de esfuerzos, talentos y capacidades organizativas que los empleados para abrirse paso en las montañas rocallosas hasta llevar los rieles a California. ¿Qué energías tan diferentes animaron a las dos sociedades? ¿A los ecuatorianos los alentaría tal vez el espíritu combinado de los pueblos hispanos y de los originarios, ambos profundamente religiosos, que los hizo preferir otra casa de dios y esperar hasta 1965 para ver a un ferrocarril en su ciudad? O, sin entrar en honduras de sicología colectiva, ¿Se encuentra la explicación en la desmesurada influencia ejercida tradicionalmente por la iglesia católica en el país andino?

El hecho contrastante es que los norteamericanos por la misma época apenas si levantaron modestos templos y todavía hoy, quizá sólo dos en Nueva York y en Washington, igualen en dimensiones al de Cuenca.

POLITICA Y ECONOMIA

Rafael Correa es un político contradictorio: se ubica en el espectro de la izquierda latinoamericana, pero proclama con fervor religioso su oposición a la despenalización del aborto. A veces parece un estadista maduro y a veces un político bisoño que es víctima de arrebatos, uno de los cuales pudo costarle la vida y precipitar una guerra civil durante el motín de los policías el 30 de septiembre pasado. Pregunto a todos quienes puedo: ¿Cómo ve al gobierno del presidente Correa? El denominador común es que los ubicados abajo lo aplaudan. Secretarias, guardias de seguridad, vendedores en los puestos del mercado, dueños de pequeños negocios, taxistas, choferes explican que elevó los salarios, que amplió los servicios de salud, que gracias al vicepresidente Lenin Moreno quien es él mismo un minusválido se ha ayudado a éstos como nunca, que se están construyendo carreteras y viendo obras públicas antes no realizadas. Agregan lo positivo que ha resultado prohibir las contrataciones por fuera de las empresas que les permitían a los patrones eludir el pago de prestaciones diversas.

En algunos miembros de las clases medias se advierte oposición e inconformidad. Es impositivo, sigue el modelo de Hugo Chávez en todo, es un demagogo afirman. Entre los “pelucones”, como llaman en Ecuador a los altos burgueses (en México por cierto carecemos de un vocablo así de sintético y tal vez deberíamos adoptarlo) al parecer no hay ninguno que apoye al gobierno, según se lee en los medios. La razón principal es la instauración de un sistema fiscal fuertemente progresivo, que pone a estos gobiernos partidarios del Estado de bienestar en el filo de la navaja: si cobran impuestos a los capitalistas corren el riesgo de que éstos cojan su balón y acaben con el juego, pero si no los ponen son incapaces de llevar a cabo los grandes programas sociales indispensables para combatir la pobreza y desarrollar el mercado interno. Como quiera que sea, en Ecuador no se advierte que aquella sea mayor que en México, de hecho los precios de la comida, del transporte y de los servicios son notoriamente inferiores. Una muestra en los pasajes aéreos: la ruta Quito-Cuenca es casi igual en distancia que la de Chihuahua-Ciudad Juárez, pero la tarifa es la tercera parte de la que aquí se paga, por ello los usuarios son bastante más numerosos. Algo parecido sucede con los taxis. También con la comida en los restaurantes, si uno abandona los circuitos turísticos.

Cualquier viajero que ponga ojo avizor, advierte en Ecuador afanes de renovación y de cambio. No puede pensarse que se vivan las vísperas de una mutación radical o que ésta se encuentre ya en marcha, a pesar de que el gobierno considera dirigir una “revolución ciudadana”. Sin embargo, sí percibí una sensación colectiva de esperanza y de compromiso con el interés colectivo, algo que se echa de menos en el México de nuestros días.

... y las estructuras de cárteles están intactas: ex procuradora PATRICIA DÁVILA Proceso

Distrito Federal— En Chihuahua, las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de la sobrevivencia del cártel de Juárez, se consolidó ahí el de Sinaloa y ni siquiera pudo disminuirse la violencia en Ciudad Juárez… tal es el desalentador balance de Patricia González Rodríguez, procuradora de Justicia del estado durante la administración de José Reyes Baeza, que concluyó el lunes 4 de octubre.

En entrevista, atribuye esa situación al “error” de cambiar drásticamente la estrategia del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) en marzo pasado y a la “infiltración” del narco en las policías de los tres niveles de gobierno.

También responde los señalamientos contra ella, principalmente los del ahora expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien consideró “fallida” la guerra contra el narcotráfico debido a la “impunidad con que la procuraduría (estatal) permitió que se movieran los delincuentes” y al hecho de que esa institución “liberó” a 9 mil 500 detenidos que le entregó la policía municipal (Proceso 1771).

A González Rodríguez se le involucró en el asesinato del periodista Armando Rodríguez, El Choco, reportero de El Diario ejecutado por un comando el 13 de noviembre de 2008. También se le señaló como la persona que en el municipio de Namiquipa contrató a policías para realizar ejecuciones. Se le atribuyó igualmente haber protegido al cártel de Juárez.

Ella rechaza todas las acusaciones. Se dice maestra universitaria “de toda la vida” y afirma que presentará una demanda por daño moral contra el exalcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, por sus declaraciones: “No voy a permitir que esta persona dañe mi imagen como académica”.

Relata que recibió la procuraduría con niveles altísimos de corrupción y que incluso los policías usaban botas, sombrero y cadenas de oro. Ahora, asegura, universitarios de varias disciplinas trabajan en la investigación criminal. Enseguida entrega a la reportera una relación de gastos en la cual consta que el gobierno del estado le asignó 270 millones de pesos al OCCH. “Reyes Ferriz, destinó 400 millones, sí, pero es el presupuesto normal para la corporación, no puso un peso adicional”.

Aclara que no fue el ex presidente municipal –a quien califica de “misógino”– el que solicitó la intervención federal: “En marzo de 2008 me encontraba en Juárez entrenando a peritos que iniciaban el Sistema Penal Acusatorio. Veíamos que se suscitaba un homicidio tras otro. Llamé al gobernador (José Reyes Baeza) y le dije: ‘Oye, ¡esto está terrible El año pasado hubo 309 homicidios y ahorita va una cifra cercana. ¡Es inusitado Necesitamos pedir apoyo a la federación’.”

De inmediato, dice, Reyes Baeza convocó a una reunión con oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 3 de abril de aquel año se reunieron el Gabinete de Seguridad federal y el estatal para revisar los términos del operativo. “Reyes Ferriz no fue, hubo que mandarlo llamar”, enfatiza la ex procuradora.

“En esa reunión se molestó porque le dije que tenía que sanear la policía. Le comenté que yo incluiría a la Policía Estatal y a la Ministerial, aunque llevábamos casi cuatro años de depuración. Para entonces buscábamos mecanismos para detectar a los policías miméticos, ya que algunos eran extraordinarios para mentir y pasaban los exámenes de confiabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP)”.

Ahí estaba presente el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Le dije: ‘Tiene que cooptar el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), porque desde ahí los policías dirigen las ejecuciones’. Me preguntó: ‘¿Cómo podemos ver eso?’ Le dije: ‘Vaya y aprópiese del CERI’. Cuando logramos entrar, nos pusieron en un cuarto diferente al de los radio operadores, quienes concentraban y manipulaban los sistemas de comunicación. Por lo tanto, nuestras pantallas registraban la imagen de un asesinato una hora después de que lo reportaban”, cuenta González Rodríguez.

En apoyo de su versión, la ex procuradora entrega la declaración de Hugo Valenzuela Castañeda, El Vale, integrante del cártel de Juárez que fue detenido el 18 de junio de este año. Ahí, él narra: “Mi función en la organización es la de enlace con la policía municipal. Yo les pedía que se movieran del lugar cuando perjudicaban algún punto de venta de droga o alguna ejecución… soltar a los miembros de La Línea, en caso de que fueran detenidos”.

Prosigue el detenido: “Entre los policías que apoyan las labores de La Línea están el sargento Escobar y El Pigüi, del agrupamiento pedestre, ambos del Distrito Delicias; un teniente también apellidado Escobar, de Babícora; el policía Rafael y el teniente Aguirre, de Cuauhtémoc; el teniente Salazar, de Benito Juárez; y del Distrito Chihuahua, el policía Benavides, El Traca, a quien hace dos meses cambiaron a la policía especial”. La Línea le pagaba a El Vale 3 mil pesos por semana y los policías municipales de enlace reciben mil 500.

Por eso considera a la policía de Ciudad Juárez “altamente peligrosa”. Por ejemplo, se enteró de que la Sedena revisó el banco de armas, y encontró que carecía de un registro individualizado, por lo que cualquier policía usaba una un día, y al siguiente otra. “Con esas armas se cometían muchos delitos”, afirma.

En cuanto a los 9 mil 500 detenidos que según Reyes Ferriz fueron liberados por la procuraduría, González Rodríguez aclara que durante el OCCH –coordinado hasta abril pasado por el general Felipe de Jesús Espitia– hubo 384 detenidos por homicidio, secuestro y robo de vehículo. De ellos, el 40% recibió sentencia condenatoria. Los restantes esperan un juicio oral privados de su libertad. Añade que 178 detenidos confesaron su intervención y la de otros en mil 600 homicidios cometidos por la delincuencia organizada.

De acuerdo con los registros del Sistema Gestor de la Reforma Penal –continúa la polémica ex procuradora–, a través de la justicia penal alternativa se solucionaron 18 mil 36 casos del fuero común por lesiones, homicidio imprudencial o abuso de confianza, mientras que 56 mil se concluyeron con “un alto grado de satisfacción” de las víctimas que decidieron la terminación del procedimiento penal.

No obstante, este punto sigue dando de qué hablar en Ciudad Juárez. El domingo 17 El Diario publicó que, a decir del fiscal de zona Jorge González Nicolás, existían nueve casos cuyo plazo legal para la aportación de pruebas estaba por concluir, lo que podría provocar que el presunto responsable sea liberado. Mencionó 35 casos de personas detenidas por las policías federal y municipal y después liberadas por el Ministerio Público (dependiente de la procuraduría estatal) a pesar de que había elementos de prueba en su contra, mismos que ahora se investigan para solicitar una orden de aprehensión.



Infiltración total



En opinión de la ex procuradora, la violencia asesina “no ha podido ser combatida”. Ofrece números: en 2008 hubo mil 849 muertes, en 2009 se reportaron 2 mil 736 y hasta el 30 de septiembre de este año iban 2 mil 414.

—¿Por qué no pudieron contener esa violencia?

—En una estrategia los cambios no deben de ser radicales, de lo contrario se pierden información y liderazgo. Eso sucedió en abril de este año, cuando sacaron al Ejército de Juárez y lo sustituyeron por la Policía Federal. Lo hicieron bajo el argumento de que los soldados violaron los derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero no tenían que dejarlos sólo como cerco de seguridad en la periferia, la central camionera, el aeropuerto, puentes internacionales y el Valle, cuando ya dominaban la región y la forma de operar de los cárteles.

“En su lugar llega la PF con un contingente muy fuerte de 5 mil agentes. Eso es bueno, pero cuando hay un gran desconocimiento de una realidad como la de Ciudad Juárez, puede pasar un año para conocer la problemática. 2008 fue un aprendizaje para el Ejército; 2009 fue un año de buenos resultados porque dominaron la operación y estructura de los cárteles; en 2010 podría dar golpes precisos contra líderes de ambos cárteles”.

Explica: “Desde su llegada, la PF asumió el mando del OCCH. Sin embargo, la investigación la realizaban 15 ó 20 horas después de haber hecho la detención. Hasta que ponían al detenido a nuestra disposición. A nosotros nos acotaban el tiempo porque teníamos 48 horas para poner a los detenidos a disposición del juez de garantías”.

—¿Cómo están constituidos los grupos delictivos?

—Existe un gran disimulo y respaldo social a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Tenemos mapas criminológicos de cada una de las colonias y calles de Juárez en donde existe una gran impunidad en la comisión de delitos, sobre todo de homicidio.

—Entonces nunca hubo una limpia de la Policía?

—Estuve presente en una reunión en la que Genaro García Luna (titular de la SSP federal) le dijo al ex alcalde (Reyes Ferriz) que tenía que ser muy drástico en la depuración y que tenía que empezar con quitar a los mandos medios, pero nunca los quitó y siguen respaldando y operando a los grupos criminales.

En cambio, en las corporaciones estatales, “iniciamos en 2004; ahora contamos con más de 500 policías profesionistas que nada tienen que ver con el pasado. Pero los cárteles no sólo asesinan a los malos policías, también asesinan a los buenos, y este es el caso de la subprocuradora de Control Interno, Sandra Ivonne Salas García, quien fue asesinada el 1 de julio pasado, y del director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, a quien el grupo armado Los Linces, del cártel de Juárez, ejecutó el 11 de agosto de 2009.

La Policía Judicial del Estado estaba infiltrada, al grado de que El Diego, uno de los líderes de La Línea, fue agente judicial. La PF, dependiente de la SSP, no se salva. La entrevistada dice que también está infiltrada, y nuevamente se apoya en el testimonio de El Vale, quien fue ahorcado en su celda al mes de ser recluido:

“El 11, también conocido como El Zucaritas, es el enlace de La Línea con la Policía Federal. Estuvo preso en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, salió libre hace tres meses y El Diego le dio trabajo en La Línea. El Diego comentó por la frecuencia que estaba arreglada la Policía Federal. En la Ciudad de México El JL le dio a un alto funcionario de esta corporación 320 mil dólares para que dejara trabajar en Ciudad Juárez a La Línea. La cuota que se paga aquí en la ciudad (Juárez) es de 140 mil dólares semanales para que no detengan a nadie, y si los detienen, que los dejen ir.”

Entra en detalles sobre el método de pago a los federales: “El 35 (José Armando Acosta Guerrero, detenido el pasado 16 de julio) recoge el dinero al 16, al 51 y al 12 los días martes de cada semana. El 35 es quien deposita el dinero en un banco”, desconoce en cuál.

González Rodríguez asegura que policías federales intentaron forzar a El 35 para que la involucraran a ella con La Línea, pero rechaza que el gobierno federal esté protegiendo al cártel de Sinaloa: “No creo que esté protegiendo a ningún cartel. Más bien, hay policías que trabajan para las organizaciones. Hablar de manera general es un error, por eso en México los cárteles de la droga se han fortalecido”.

—¿Cuánto resistirá el cártel de Juárez, después de menguar su poder frente al de Sinaloa?

—No mucho tiempo. A lo mejor unos dos años.

—Si no existió un control real de la violencia, ¿qué le espera al operativo?

—El operativo ya se agotó. Cuando iniciamos se trataba de una contención, pero faltó incorporar apoyos de tipo social y de participación ciudadana. Ahora el desafío es para la PF. Si realmente hay un saneamiento de las corporaciones, pienso que en dos años hay posibilidades, no de eliminar a los cárteles, pero sí de de bajar la violencia.

—¿Felipe Calderón no se da cuenta de ello?

—A veces los políticos están muy arriba y los engañan.

—¿Tiene miedo?

—No. Procedí igual con la gente de ambos cárteles. Nunca he recibido dinero. Vivo de mi salario como académica. No tengo carro, poseo una casa y un terreno que adquirí cuando trabajaba en la Judicatura. ¿Por qué no me investigan? Mi familia la conforman personas respetables, profesionistas.

La entrevista se realiza el lunes 18, en las oficinas de Proceso en la Ciudad de México. Al mediodía del jueves 21 la ex procuradora recibió la noticia de que Mario, su hermano, había sido secuestrado. Al cierre de la edición, aún no había sido liberado. (Patricia Dávila/Proceso)

El narco se convirtió en: ‘poder político y desafío’ G. Albarrán de Alba Proceso

Distrito Federal— La salvación de este país es “una movilización social fantástica” que dé origen a un gobierno incorruptible. Esa es la utopía que por un momento atisba Porfirio Muñoz Ledo. Luego lo vence su propio escepticismo: “Yo tiendo a pensar que México no tiene solución como Estado-nación”.

A punto de lanzar su nuevo libro, ‘La vía radical para refundar la República’ (Grijalbo), apuesta a conjurar la inviabilidad del país mediante la reinvención de la política. Pero la realidad le plantea otros escenarios.

El optimista es la transformación de la sociedad mexicana y la emergencia de una nueva generación política, aunque es también el menos probable: las salidas civiles son lentas, llevan de menos una generación, lamenta.

El otro, amenazadoramente cerca, es la internacionalización del conflicto en México y una posible intervención militar de Estados Unidos, o que los halcones de Washington adopten “una política de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar” en el país.

Para el actual diputado por el Partido del Trabajo –y un ex de casi todo lo que se puede ser en política–, la amenaza es real. México no sólo es un Estado fallido, secuestrado por los poderes fácticos, sino que el narco “es la prueba plena de la putrefacción del Estado” que se da en todos los órdenes, a partir de que el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) fue doblegado desde Washington para “librar en territorio mexicano una guerra estadunidense”, que costó la vida de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la Presidencia en 1994, y que hoy “es el reflejo de la ausencia del Estado nacional”.

La nueva batalla de Muñoz Ledo no es intemporal. Es en el marco de la sucesión presidencial de 2012. Pero sin un cambio de fondo de las condiciones políticas del país, con apoyo de la ciudadanía, “yo no apuesto mayormente por el futuro de México”.

En una serie de ensayos y artículos engarzados cronológicamente entre la ilegitimidad de los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, producto de los fraudes electorales de 1988 y 2006, Muñoz Ledo documenta la inviabilidad del país.

Pese al provocador título del libro (“no quiero desilusionar a nadie”), su propuesta no contempla la vía armada, que ve cancelada en México. En cambio, pasa por la exaltación de la política y su naturaleza opuesta al mercado, ligada a la Constitución y a la democracia. A fin de cuentas, insiste en la reforma del Estado evadida en las administraciones panistas, en replantear el sistema de representación y en devolver el poder a la ciudadanía. Es su vieja idea de la nueva República.

En su libro analiza el proceso electoral de 2006, las consecuencias de la ilegitimidad de un gobierno de minoría sostenido con pulmones artificiales (“su alianza subterránea con el PRI y su dependencia con los poderes de facto”), y su propuesta de revocación de mandato de Calderón.

La vía radical concatena otros temas, como el Estado fallido, el debate sobre el petróleo en México, la política exterior de la actual administración y la crisis de la izquierda. La conclusión es que “no hay otra solución que no sea radical” ante lo que él llama “el nivel de corrupción, de degradación moral de la sociedad, la pérdida de autoridad del Estado y la entrega total del país a un proceso de acumulación global, que no le dan viabilidad a México”.

Las opciones, los descartes…

La entrevista apenas comienza y el político de 77 años luce cansado. Por un instante calla, el cigarro en la mano, aún sin encender. Sus hombros caen hacia adelante, cierra los ojos, y dice: “Yo tiendo a pensar que México no tiene solución como Estado-nación.”

—Así planteado, parece que no se puede hacer desde la política...

—Ese es el tema. Qué es la política y si se puede hacer desde la política. Te lo voy a decir de un modo brutal: en el imaginario colectivo de este país, lo digan o lo oculten, flotaba la analogía 1810-1910-2010.

Precisamente, la propuesta de revocación de mandato de Calderón que Muñoz Ledo promovió durante 2008 y 2009 buscaba una salida a esa amenaza simbólica: un presidente interino de consenso nacional que evitara una gran confrontación nacional. No ocurrió ni lo uno ni lo otro.

“Una de las tragedias de México es que también tiene obturada la vía revolucionaria”. Apela a la historia: no hay revoluciones triunfantes en el mundo desde 1979, tras la caída del Sha de Irán y de Anastasio Somoza en Nicaragua. “A partir de ahí, todo han sido transiciones, del monolitismo al pluralismo, de la dictadura a la democracia”. Incluso las transiciones violentas al final pasaron por las urnas, apunta.

—Nos deja sólo la guerra civil…

—La guerra civil en México no es ni deseable ni posible. No sólo por el antecedente histórico, sino porque hay tres vías de escape a la enorme caldera en que estamos viviendo. La primera es la migración, que desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994 ha significado la salida de 10 millones de personas, una barbaridad.

La segunda es la economía informal, que diluye la presión de los cuerpos organizados de la sociedad, como sindicatos y organizaciones civiles, en actividades ilegales. Este país ha hecho de la ilegalidad más de la mitad de su ser. La tercera, la más grave, es que la cuota de sangre, de brutalidad del México bárbaro, es desahogada con creces por la llamada guerra contra el narco. Los rebeldes sociales son encabezados por el crimen organizado.

Muñoz Ledo hace notar que cuando la secretaria de Estado Hillary Clinton se refirió a los narcotraficantes mexicanos como “insurgentes” (a principios de septiembre, y que reiteró hace menos de dos semanas), el mensaje fue que “ya se ha creado una situación de desafío al poder que los analoga con los rebeldes”.

—Pero no los iguala…

—Ese es el punto fino. Al asemejarnos a Colombia, Clinton está justificando una posible intervención militar de Estados Unidos en México. Ella no habla de memoria, tiene toda la información disponible a su alcance. El Departamento de Estado precisó que los insurgentes no aspiran a tomar el poder en México, y que por lo tanto no se trata de una fuerza rebelde, pero su control sobre vastos territorios del país los analoga.

El problema con el narco mexicano, advierte, es que “no se trata solamente de un poder territorial, es un poder político y un desafío abierto.”

—¿Hillary Clinton es un halcón de la Casa Blanca?

— Yo no la llamaría así, pero… tiene otra vena y otra veta.

Complicidades

En Colombia, aun en la peor época del narcoterrorismo, “la corrupción no estaba arriba”. No se puede decir lo mismo de México, ni ayer ni hoy. Por eso ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, suelta.

“No se ha querido establecer el paralelismo entre los magnicidios de Luis Carlos Galán (candidato presidencial colombiano, asesinado en 1989) y de Luis Donaldo Colosio (candidato presidencial mexicano, asesinado en 1994). No fue el discurso de Luis Donaldo (lo que llevó a su muerte), fue su negativa a negociar con ellos (los narcos), que estaba propiciando el hermano del presidente”, Raúl Salinas de Gortari. “Lo de Luis Donaldo fue una ejecución, con apoyo de fuerzas irregulares”.

Tras el asesinato de Colosio, “aquí se reanuda el sistema de complicidades”, puesto en evidencia por el ex presidente Miguel de la Madrid en el noticiario de Carmen Aristegui: “Dijo que su sucesor, desgraciadamente, se alió al narcotráfico, y su familia se involucró en actos criminales. Esa es una declaración ministerial, y entonces ellos le sacan otra, inhabilitándolo, para efectos judiciales, para impedir cualquier pesquisa”.

Según Muñoz Ledo, la vinculación de las altas esferas de la política mexicana con el narco “empezó por la debilidad del gobierno de De la Madrid; se quedaron con la Presidencia los que tenían la complicidad, no sé si me explico. El problema en este país es que la complicidad viene de arriba abajo”.

—¿Esta complicidad se extiende a los gobiernos panistas? —¡Se extiende a todos No hay funcionario que se resista a que un verdadero narcotraficante llegue a su oficina, le ponga un maletín y le pida que se haga de la vista gorda. Si lo acepta, se hace cómplice y ya está juramentado; si no lo acepta, que se atenga.

No hay nadie que pueda protegerlos, porque arriba hay complicidad también. En un Estado regular, debe hacerse una investigación de quiénes están coludidos y debe hacerse pública; si no, tú tienes tu lista secreta y la sacas cuando te dé la gana. El uso faccioso de la información por parte de la Procuraduría General de la República no ha sido sino corromper más el proceso.

Todo esto explica la barbarie en que se hunde el país. La guerra contra las drogas de Calderón “es la estrategia de seguridad de Estados Unidos”, pero tiene su origen en la debilidad del sexenio de De la Madrid. Desde entonces, sostiene, “se libra en territorio mexicano una guerra estadounidense”.

El recrudecimiento actual de la violencia y la presencia del Ejército en las calles provienen de “un aflojamiento” en el periodo de Vicente Fox. “Calderón necesitaba sentirse seguro en el poder, es un tema psicológico. Por eso se viste de militar y asume al ejército como su defensor y declara esta guerra. Necesitaba una alianza con Estados Unidos, siguiendo al extremo su estrategia. Y necesitaba asumir el control territorial del país. Esto es una operación política, no es realmente un combate al crimen organizado”.

Muñoz Ledo se cansa de hablar del narco. Eso “es el reflejo de males más profundos, de la ausencia del Estado nacional”. El Estado fallido en México –tema que sí le interesa– “es la realidad de un Estado secuestrado o capturado. Deja de existir Estado cuando la autoridad responsable de controlar una actividad económica, política y social está al servicio de aquellos a los que debe regular.

En México, la autoridad está secuestrada por vía de la corrupción, que es el verdadero drama de la nación. Y el pluralismo político sirvió para quitar los pocos controles que había de una autoridad hegemónica y multiplicar la corrupción. La competencia electoral se volvió una competencia de corruptelas”.

Sí, el narcotráfico es un problema gravísimo y ejemplar, acepta, “pero tiene que entenderse como la prueba plena de la putrefacción del Estado, que se da en otros órdenes: en el control de la educación por un gremio magisterial manejado por mercenarios electorales, por una autoridad judicial que no se atreve a cumplir su función por temor a los factores políticos, por la negociación con los particulares ”.

Por eso plantea una “vía radical” de solución, porque “México no tiene salida revolucionaria y las salidas civiles son lentas para la gravedad de los problemas, eso toma al menos una generación”. Para colmo, dice, dos terceras partes de la juventud “son víctimas potenciales o reales de los procesos de corrupción de la delincuencia organizada”.

—Si la vía revolucionaria está cancelada, si a la vía de la política tradicional no le alcanza el tiempo, ¿qué queda? ¿La balcanización?

—No la veo, no la veo… no la veo ahorita –balbucea–. Lo que sí te creo es la conversión de un problema interno en una guerra internacional. Es Afganistán, es Irak. Pero esa es una solución que viene del exterior, que podría ser la consecuencia última del discurso de Hillary Clinton –y que puede ser su arma política para el futuro–, si el problema interno de México se vuelve extremadamente peligroso desde el punto de vista político, electoral y de seguridad para un país vecino.

—Es decir, una intervención militar de Estados Unidos en México.

–Directa, no. Hay muchas modalidades. En política no hay demasiadas hipótesis. “Yo veo ahí… ya apuntada en el horizonte, la vía de la afganización de México; que se llegue a una comprobación tal de que este país es ingobernable, que le descalifique. Aquí no es el Estado, o el gobernante –como fue el caso de Sadam Hussein–, el que está desafiando al imperio. Lo está desafiando el crimen. Y con ese pretexto nos pueden imponer un Plan Colombia a lo bestia.