Las reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo Trans Pacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano", dijo hoy la red de organizaciones del MOVIAC.
Indicó que la reforma energética implica la entrega de la tierra y los territorios de las comunidades indígenas y campesinas al capital privado privilegiando sus actividades de lucro por medio del aprovechamiento comercial de los bienes comunes naturales y de la apropiación de grandes extensiones de tierra. Y que privilegia también las ganancias de las empresas sobre la alimentación de la población y la protección y garantía de los derechos humanos.
Recordaron que el artículo transitorio octavo constitucional establece: "que las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica se consideran de interés social y orden público, en virtud de su carácter estratégico. Y por esa razón tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas".
Y que en México, para garantizar la imposición de la reforma energética, el gobierno y los partidos políticos impulsan paralelamente reformas a la Ley General de Bienes Nacionales, a la Ley Agraria, a la Ley de Amparo; y a la Ley de Expropiación con el fin de incluir como causal de utilidad pública las obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los Artículos 27 y 28 Constitucionales, que estén contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sin necesidad de un Dictámen Técnico.
"Por si los comuneros o ejidatarios pretenden recurrir a un amparo, se prevé modificar la Ley de Amparo con el fin de no conceder la suspensión del acto reclamado. Los ejidatarios y comuneros sólo podrán recibir una indemnización determinada por una Institución de Crédito a la que se le otorga el poder de determinar el monto de la indemnización", dice el pronunciamiento firmado por el MOVIAC.
Denuncian que la reforma energética entrega el sector a las trasnacionales, favoreciendo el acaparamiento de tierras en total indefensión de campesinos, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
"Esto generará desplazamiento forzoso, pobreza, pérdida de acceso al agua, a la producción de alimentos; aceleramiento de la deforestación y de la emisión de Gases Efecto Invernadero y por tanto agudización del Cambio Climático. Por ello, esta Reforma Energética y su consecuente acaparamiento de tierras es un crimen de guerra", dicen las organizaciones.
Para ellos, "es indignante que tanto el gobierno mexicano como las empresas nacionales y extranjeras antepongan sus intereses económicos a los derechos de los pueblos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, al consentimiento previo, libre e informado, entre muchos otros poniendo en riesgo a gran parte de la población que se asienta en las regiones donde se pretende explotar diferentes fuentes energéticas".
Las organizaciones refieren que la reforma energética ha sido elevada a rango constitucional, por lo que con ello han dado un golpe letal a la soberanía nacional ya que el Estado mexicano renuncio a su soberanía sobre el viento, el sol, el agua y los recursos renovables mediante los cuales viven los pueblos y que esta reforma es un atentado directo contra la vida, los pueblos, la cultura.
"Un atentado directo en contra de nuestra madre tierra", dicen.
"Enrique Peña Nieto y los actuales senadores y diputados federales y estatales que se han prestado a sacrificar al país y los derechos humanos, son los responsables de tal decisión histórica que impacta a más de 100 millones de mexicanos y mexicanas", dicen los del MOVIAC.
Y es por ello que hicieron llamado "a la insurrección nacional en contra la guerra desatada de la clase política contra las mexicanas y los mexicanos".
"De igual manera hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, productivas, sociales; a redes y movimientos, a ejidatarios y comuneros, a todo el pueblo de México a declarar tierras, territorios y cualquier espacio libres de megaproyectos y ejercer mecanismos de defensa y protección de los mismos", concluyen.
El MOVIAC en Chiapas está conformado por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA/CHIAPAS), el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER/Chiapas), el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH A.C.), el organismo Otros Mundos A.C./Chiapas., el Movimiento Campesina Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI CNPA MN), la Central de Organizaciones Campesinas y Populares – Chiapas. (COCYP – Chiapas), el Centro de Educación Integral de Base A.C. (CEIBA A.C.), Mujeres de Maíz A.C. y Kinal Antzetik A.C.
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