José Gil Olmos
Denuestos, libelos, filtración de documentos y encuestas, desvío millonario de recursos... Todo esto forma parte del arsenal que utilizan panistas y priistas en Veracruz en su lucha por conquistar la gubernatura que se diputará el próximo 4 de julio. En tanto que el priista Javier Duarte se empeña en difundir las fichas negras de los colaboradores de su adversario Miguel Ángel Yunes, este neopanista pendenciero sostiene que sacará al PRI del gobierno y vencerá también a su acérrimo enemigo: Fidel Herrera.
A unque pareciera una topada huapanguera, en la que uno de los contendientes busca superar al contrincante por medio de una versada filosa y mortal, en el caso de Veracruz las cosas no son así.
El panista Miguel Ángel Yunes y el priista Javier Duarte protagonizan un combate sin reglas en el cual recurren a todo –la descalificación política, el uso de recursos públicos y de programas oficiales, y hasta el espionaje– en su desaforada campaña por ganar la gubernatura en los comicios del próximo 4 de julio.
En este duelo Yunes se enfrenta también al gobernador Fidel Herrera, su rival desde hace una década y con quien ha llegado incluso a los golpes. Sus diferencias se avivaron en este proceso electoral, en el que habrá cambio de gobernador, así como de presidencias municipales e integrantes del Congreso veracruzano. En sus diatribas, uno y otro se acusan de sostener presuntos vínculos con el narcotráfico.
En la campaña presidencial de 2000, el candidato priista Roberto Madrazo convocó a Herrera y al coordinador de asesores de Diódoro Carrasco en la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Yunes. Contra éste había en esa época una acusación en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Según la querella, Yunes afirmó en varias cartas que funcionarios de dicha procuraduría habían visitado a Luis Gabriel Valencia, principal sospechoso en el asesinato de Francisco Stanley, cometido el 7 de junio de 1999 en el sur de la Ciudad de México. Las imputaciones resultaron falsas.
En una reunión de trabajo a la que Madrazo había convocado a Yunes y Herrera en 2000, ambos veracruzanos se liaron a golpes debido a una vieja rencilla. Años antes, durante un vuelo, Fidel Herrera se expresó con críticas acerca de Yunes, pero no se había percatado de que el hijo de este último lo había escuchado.
En 2004, cuando Herrera fue ungido como candidato a la gubernatura, Yunes montó en cólera, pues se sintió desplazado. Incluso tomó la decisión de abandonar el PRI al año siguiente. Había militado durante tres décadas en ese partido. Tras su renuncia se incorporó al gobierno de Vicente Fox como subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
De la mano de Elba Esther Gordillo, en 2006, se convirtió en secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y más tarde, a raíz del triunfo de Felipe Calderón, en director del ISSSTE. Desde entonces comenzó a preparar su lanzamiento como candidato del PAN al gobierno de Veracruz.
Y fue el 18 de febrero último cuando el PAN se pronunció por él, lo que ocasionó un cisma en el panismo veracruzano. Inconforme, Gerardo Buganza, el candidato perdedor, dejó la militancia blanquiazul.
Los expedientes negros
Con la campaña se inició el golpeteo entre Yunes y Duarte, el candidato de Fidel Herrera. Ambos contendientes enviaron cartas personalizadas a los ciudadanos, así como correos electrónicos y mensajes y videos en internet en los que intercambian epítetos: dinosaurio, pederasta, bufón, delfín sin pantalones; o bien exhiben la historia negra del rival y sus colaboradores.
Los seguidores del priista Duarte, por ejemplo, difundieron un expediente con las presuntas historias negras de los colaboradores de Yunes. Los panistas aseguran que en esa guerra sucia en su contra participan, entre otros, el venezolano Juan José Rendón; Liébano Sáenz, secretario particular del presidente Ernesto Zedillo; Eduardo Robledo Rincón, exgobernador de Chiapas; Hugo Scherer, asesor de campaña de Duarte, y Federico Berrueto, director de la encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica.
En el voluminoso expediente, distribuido en los medios veracruzanos y cuya copia obtuvo Proceso, se incluye el perfil del coordinador de la campaña de Yunes, Alejandro Vázquez, El Pipo. Se le acusa, por ejemplo, de haber “vendido candidaturas” al famoso cacique de Cosoleacaque Cirilo Vázquez Lagunes, quien fue asesinado por un comando armado el 19 de noviembre de 2006, cuando regresaba de ver a su equipo de beisbol.
Antes, según el documento, el viejo cacique logró imponer a cuatro de sus hijos en cargos de representación popular: Regina, como diputada federal; Fabiola, en la presidencia municipal de Acayucan; José Jesús y su medio hermano Ponciano, como diputados locales.
Los priistas sostienen en el expediente que no se explica la relación del Pipo con Vázquez Lagunes, quien en dos ocasiones (1987 y 2004) estuvo preso acusado de abigeato, narcotráfico y homicidio. Al recuperar su libertad, agrega el expediente, el cacique negoció con el PAN –y en menor medida con el PRI– varias posiciones políticas en Veracruz. En 2004 llegó a imponer a candidatos en 18 alcaldías.
Promotor de Yunes, El Pipo es criticado también por la adquisición “poco clara”, en 2005, de una casa valuada en 1 millón 700 mil pesos, así como de desviar alrededor de 10 millones de pesos de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para crear dos invernaderos destinados a la siembra de tomate y pepino.
El legajo también contiene datos personales, teléfono, dirección particular, número de hijos, estado civil y aventuras amorosas del senador Augusto César Leal Angulo, coordinador de estrategia del candidato panista.
La ficha negra de Leal Angulo subraya las “contradicciones” del legislador: hace varios años, acusó al Pipo y al propio Yunes de tener “secuestrado” al PAN en Veracruz; asimismo, detalla que el 7 de abril de 2006 el diario Reforma publicó una nota en la que la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, lo denunció por el hostigamiento sexual a cuatro secretarias cuando era embajador en Grecia.
Otro personaje mencionado es Rogelio Lemarroy González, exmunícipe de Coatzacoalcos y miembro del comité de financiamiento de la campaña de Yunes. De él se menciona su “sociedad” con Yunes en negocios inmobiliarios, en 14 gasolineras (algunas denunciadas por adulterar el combustible) y en la compra de terrenos de playa en ese municipio.
Otros operadores de Yunes
Según los documentos, otro personaje que “trabajaría con un bajo perfil” es René Mariani Ochoa, extitular del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (Orfis). Él se encarga del Observatorio Electoral del Comité de Campaña del panista.
Ligado durante dos décadas a Fernando Gutiérrez Barrios, en 2007 Mariani fue acusado por el diputado del PRI Ricardo García Guzmán de enriquecimiento ilícito. Tenía, dijo el legislador, un terreno de 2 millones de dólares en la zona de La Condesa, a orillas del río Jamapa, así como una casa en Houston, Texas.
Mariani es reconocido en la entidad por sus recursos económicos, poder de negociación y por tener información privilegiada de la policía y de los órganos de inteligencia, entre ellos la del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La exdiputada federal Alba Leonila Méndez Herrera, amiga del presidente Felipe Calderón y simpatizante de Yunes, también figura en la lista. En noviembre de 2009 ella inauguró sus oficinas de gestión social en Misantla, desde donde opera a favor del candidato panista.
A Méndez Herrera se le acusa de usar los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, como Piso Firme, para su propio beneficio, pues es la dueña de la constructora Misantla, que funge como intermediaria en la implementación de ese programa en las comunidades indígenas.
Además, señala el expediente hecho circular por los priistas, ella participó en la quema de papelería electoral en el municipio de Atzalan en 2007 para obstaculizar el triunfo del PRI. En septiembre de 2008, el alcalde de este municipio, José Romero Domínguez Landa, la denunció ante la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos de abuso de autoridad, peculado y daño patrimonial.
Otro de los supuestos operadores electorales de Yunes es Fernando Santamaría Prieto, exdelegado de la Procuraduría Agraria en Veracruz. Se le acusa de financiar manifestaciones antipriistas y de usar recursos federales a favor del PAN en tiempos electorales.
Integrantes del Comité de Planeación, Organización y Estrategia Electoral del equipo de Yunes, los hermanos Tomás y Rosaura Bejarano Chávez se encargan de manejar un grupo de 500 personas que, de acuerdo con los documentos difundidos por los priistas, operará el día de las elecciones con boletas y listas nominales para manipular la votación.
Otro miembro de la estructura electoral de la campaña del PAN es Arián Gabriel Hernández, que en 2009 encabezó la avanzada de los panistas veracruzanos que participaron en la elección de Tabasco para “enrarecer” los comicios. Ese mismo año fue el encargado del programa Propac, mediante el cual levantaron encuestas para captar simpatizantes.
Quizás el personaje que más espacio ocupa en esa propaganda negra es Jorge Santos Azamar, a quien los priistas señalan como el responsable de armar la estructura electoral de Yunes. Según ellos, paga 15 mil pesos mensuales a los coordinadores distritales del PAN.
Director general de los Centros de Prevención y Readaptación Social de Veracruz en el bienio 1992-1993 y vocal ejecutivo del Consejo Electoral del IFE en la entidad entre 1993 y 2004, a Santos Azamar se le acusa de vender el padrón electoral a empresas de Estados Unidos. De hecho, en 2004 fue removido del cargo electoral por no entregar los recursos a las 23 juntas distritales, calculados en 53 millones de pesos.
Conocedor de la estructura electoral de Veracruz y cercano a Yunes desde que ambos estudiaban en la Universidad Veracruzana, a Santos Azamar se le acusa también de haber utilizado vehículos del IFE para trasladar 12 toneladas de estupefacientes a la PGR en 2003.
Otro panista cercano al entorno del candidato panista es Enrique Pérez Rodríguez, de hecho es el coordinador operativo de la campaña de Yunes. Pérez Rodríguez fue quien lo sustituyó en 2000 en la Dirección de los Centros de Prevención y Readaptación Social.
En los expedientes se le responsabiliza de la fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. Ese mismo año, Pérez Rodríguez fue investigado por la Secodam por el presunto desvío de 4 mil millones de pesos para la construcción de 48 cárceles en el país entre 1998 y 2000. De éstas sólo se terminaron 12.
Las “pruebas” panistas
En medio de esta pelea por la gubernatura, el 31 de marzo último el defensor jurídico de Yunes, José Luis Lagunes López, denunció públicamente la orquestación de una campaña negra del PRI en contra del candidato panista.
Lagunes López mencionó en particular al venezolano Juan José Rendón, experto en elecciones; al exlíder del PRI, Enrique Jackson Ramírez; a Liébano Sáenz, quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo cuando éste fue presidente, y al encuestador Federico Berrueto. Ese día presentó tres de las seis minutas que, dijo, tenía en su poder, sobre las reuniones del equipo del candidato priista, Javier Duarte.
Con fechas 13, 17 y 19 de febrero, en esas minutas se perfila la estrategia a seguir. Se indica, por ejemplo, que la policía estatal descubriera un “laboratorio electoral” en Veracruz para acusar al panista de elaborar un plan de desestabilización del estado. Con ese pretexto, explicó López Lagunes, el equipo del candidato del PRI lanzaría acusaciones contra Yunes.
En ese plan se contemplaba que la policía del gobierno de Fidel Herrera descubriera una computadora con una lista de periodistas a los que presuntamente Yunes les pagaba, contactos con priistas y la contratación de un “supervisor extranjero”. En esa campaña también se distribuirían panfletos sobre la relación de Yunes con Elba Esther Gordillo y se trataría de vincularlo con el escape del Chapo Guzmán.
Los documentos contenían también textos y fotografías de niños con lemas como “Veracruz no merece ser gobernado por un pederasta” y “Los niños no se tocan”, en alusión a la supuesta relación del panista con el pederasta Jean Succar Kuri.
El propósito, según el asesor jurídico de Yunes, es restarle credibilidad al candidato del PAN y, al mismo tiempo, blindar la imagen del gobernador Fidel Herrera a la de su candidato, Javier Duarte. El venezolano y su gente recibirían 3 millones de dólares.
Semanas después, el 19 de abril, Rendón demandó al candidato del PAN en la Corte del Onceavo Distrito para el condado de Miami por difamación y daño moral. Seis días antes, Yunes había cuestionado una encuesta de la empresa de Liébano Sáenz y Federico Berrueto: Gabinete de Comunicación Estratégica, en la que Duarte aventajaba a Yunes por 23 puntos.
Cuando Ciro Gómez Leyva y Federico Berrueto presentaron los resultados de esa encuesta en el canal de televisión del periódico Milenio, Yunes habló por teléfono y acusó a Berrueto de manipular los resultados y de trabajar para el gobernador Herrera.
Además, Yunes dijo que Berrueto faltaba a la ética, pues no presentaba toda la información, incluso dio a conocer una parte de la encuesta en la cual el PAN salía adelante en la elección de diputados y presidencias municipales.
En un comunicado posterior, Yunes aseguró que la difusión de la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica era parte de una presunta estrategia de guerra sucia. Sin embargo, aseguró que él arrebatará la gubernatura al PRI por primera vez en la historia de Veracruz. También dijo que vencerá a su acérrimo adversario: Fidel Herrera.
