José Gil Olmos
MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- En poco más de un año, cinco miembros de la familia Reyes Salazar han sido asesinados y ninguna autoridad ha investigado a fondo los casos para dar con los responsables, entre los que podrían estar miembros del Ejército y del crimen organizado.
La historia trágica de esta familia de Chihuahua inicia la tarde del 21 de agosto del 2009, cuando miembros del Ejército detienen a Miguel Ángel Reyes Salazar, de 26 años, mientras se encontraban lavando un automóvil en el Valle de Juárez. Después de varios días, tres de ellos en huelga de hambre, lo dejaron libre, pero el 4 de septiembre lo detuvieron nuevamente acusándolo de formar parte de una banda de sicarios conocida como Los Escajeda.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicaba que en un patrullaje por Nuevo Casas Grandes habían sido detenidos un grupo de individuos a bordo de vehículos blindados, quienes estaban encabezados por Rodolfo Escajeda, El Riquín, acusado de trabajar para el cártel del Golfo.
El boletín de la Sedena decía que Escajeda estaba vinculado “con los hechos suscitados el 23 de enero del 2006, cuando a las orillas del río Bravo se registró un enfrentamiento entre policías de Estados Unidos y hombres armados, vestidos con ropa militar que arribaron en un vehículo Hummer y descargaron paquetes de mariguana de una camioneta que se había atascado a mitad del río, a la cual prendieron fuego después; esto después de una persecución que se había iniciado en territorio norteamericano por alguaciles del condado de Hudspeth, Texas”.
Sin embargo, nada decía de Miguel Ángel, salvo que lo identificaban como El Sapo y que en su declaración ubicó a Escajeda “como una persona dedicada al tráfico y trasiego de drogas”. Sólo eso. A partir de entonces el primer miembro de la familia Reyes quedó detenido sin prueba alguna.
Josefina, su madre, se dedicó a pedir su liberación. Iba con todas las autoridades, incluidas las castrenses, preguntando por Miguel Ángel sin que le dieran informes de su situación. Ante el silencio oficial, empezó a realizar diversas protestas e incluso una huelga de hambre. De nada le sirvió esto.
El 3 de enero del 2010, Josefina Reyes Salazar, que para entonces ya había creado una organización de derechos humanos en Valle de Juárez, fue asesinada a mansalva en un expendio de comida ubicado en la carretera Juárez-Porvenir.
Antes de ser ejecutada a tiros, Josefina ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.
En las exequias, los hermanos de Josefina denunciaron que toda la familia tuvo que abandonar sus casas y trabajo por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado. Tampoco les hicieron caso.
En agosto del 2010, un nuevo miembro de la familia fue ultimado. Rubén Reyes Salazar, de 49 años, fue ejecutado. Su cuerpo fue encontrado en el poblado de Guadalupe, "con huellas de violencia, múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en toda la superficie corporal", señaló la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).
Cada vez que encontraban ultimado a un miembro de la familia, las autoridades difundían historias sin corroborar acusándolos de ser miembros de algún grupo del crimen organizado.
En realidad, la familia Salazar tiene un largo historial en la lucha social de Chihuahua, a través de los Comités de Defensa Popular que desde hace décadas pugnan por la autogestión y la defensa de las colonias en el norte del país. Desde entonces se enfrentaron a los abusos de las autoridades y fueron hostigados por éstas, quienes los señalaron de estar vinculados a la lucha armada.
El 7 de febrero de este año, tres integrantes más de la familia Reyes Salazar fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en Valle de Guadalupe: Malú y Elías Reyes Salazar, hermanos de la activista Josefina, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, fueron levantados y desaparecidos.
Casi al mismo tiempo, otro grupo de hombres armados incendió con bombas molotov la casa de doña Sara, la cabeza de la familia, por lo cual tuvieron que huir de Valle de Juárez.
A partir del nuevo atentado, los hermanos Olga Lidia, Marisela y Ángel Reyes Salazar comenzaron a protestar exigiendo medidas de protección y la aparición con vida de sus familiares. Marisela se declaró en huelga de hambre, la cual tuvo que suspender a los 19 días porque su estado de salud era delicado.
Una vez más no tuvieron respuesta. El 26 de febrero de este año fueron encontrados muertos Malú y Elías Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto. Supuestamente tenían un mensaje de un grupo de narcotraficantes, pero no se confirmó.
Lo único cierto es que Jorge González Nicolás, fiscal de la Zona Norte, informó que los cuerpos fueron localizados en el Valle de Juárez, sobre la carretera Juárez-Porvenir, y tenían evidencias de haber sido exhumados. Es decir, los habían ejecutado y enterrado en una fosa clandestina.
El caso de la familia Reyes Salazar ya traspasó las fronteras, y organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional pidieron al gobierno mexicano que le brindara medidas de seguridad. Pero todo fue en vano.
Cinco miembros de la familia Reyes Salazar ya fueron asesinados y su caso es otro ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción de las autoridades han dado pie a más violencia, al desamparo de la sociedad y, sobre todo, al crecimiento del crimen organizado, fenómeno que ha rebasado a todas las autoridades haciendo del terror su principal arma de control ilimitado.
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