jueves, 3 de marzo de 2011

La familia Reyes, otro caso de impunidad


José Gil Olmos



MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- En poco más de un año, cinco miembros de la familia Reyes Salazar han sido asesinados y ninguna autoridad ha investigado a fondo los casos para dar con los responsables, entre los que podrían estar miembros del Ejército y del crimen organizado.

La historia trágica de esta familia de Chihuahua inicia la tarde del 21 de agosto del 2009, cuando miembros del Ejército detienen a Miguel Ángel Reyes Salazar, de 26 años, mientras se encontraban lavando un automóvil en el Valle de Juárez. Después de varios días, tres de ellos en huelga de hambre, lo dejaron libre, pero el 4 de septiembre lo detuvieron nuevamente acusándolo de formar parte de una banda de sicarios conocida como Los Escajeda.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicaba que en un patrullaje por Nuevo Casas Grandes habían sido detenidos un grupo de individuos a bordo de vehículos blindados, quienes estaban encabezados por Rodolfo Escajeda, El Riquín, acusado de trabajar para el cártel del Golfo.

El boletín de la Sedena decía que Escajeda estaba vinculado “con los hechos suscitados el 23 de enero del 2006, cuando a las orillas del río Bravo se registró un enfrentamiento entre policías de Estados Unidos y hombres armados, vestidos con ropa militar que arribaron en un vehículo Hummer y descargaron paquetes de mariguana de una camioneta que se había atascado a mitad del río, a la cual prendieron fuego después; esto después de una persecución que se había iniciado en territorio norteamericano por alguaciles del condado de Hudspeth, Texas”.

Sin embargo, nada decía de Miguel Ángel, salvo que lo identificaban como El Sapo y que en su declaración ubicó a Escajeda “como una persona dedicada al tráfico y trasiego de drogas”. Sólo eso. A partir de entonces el primer miembro de la familia Reyes quedó detenido sin prueba alguna.

Josefina, su madre, se dedicó a pedir su liberación. Iba con todas las autoridades, incluidas las castrenses, preguntando por Miguel Ángel sin que le dieran informes de su situación. Ante el silencio oficial, empezó a realizar diversas protestas e incluso una huelga de hambre. De nada le sirvió esto.

El 3 de enero del 2010, Josefina Reyes Salazar, que para entonces ya había creado una organización de derechos humanos en Valle de Juárez, fue asesinada a mansalva en un expendio de comida ubicado en la carretera Juárez-Porvenir.

Antes de ser ejecutada a tiros, Josefina ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Zona Norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.

En las exequias, los hermanos de Josefina denunciaron que toda la familia tuvo que abandonar sus casas y trabajo por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado. Tampoco les hicieron caso.

En agosto del 2010, un nuevo miembro de la familia fue ultimado. Rubén Reyes Salazar, de 49 años, fue ejecutado. Su cuerpo fue encontrado en el poblado de Guadalupe, "con huellas de violencia, múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en toda la superficie corporal", señaló la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE).

Cada vez que encontraban ultimado a un miembro de la familia, las autoridades difundían historias sin corroborar acusándolos de ser miembros de algún grupo del crimen organizado.

En realidad, la familia Salazar tiene un largo historial en la lucha social de Chihuahua, a través de los Comités de Defensa Popular que desde hace décadas pugnan por la autogestión y la defensa de las colonias en el norte del país. Desde entonces se enfrentaron a los abusos de las autoridades y fueron hostigados por éstas, quienes los señalaron de estar vinculados a la lucha armada.

El 7 de febrero de este año, tres integrantes más de la familia Reyes Salazar fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en Valle de Guadalupe: Malú y Elías Reyes Salazar, hermanos de la activista Josefina, así como Luisa Ornelas Soto, esposa de Elías, fueron levantados y desaparecidos.

Casi al mismo tiempo, otro grupo de hombres armados incendió con bombas molotov la casa de doña Sara, la cabeza de la familia, por lo cual tuvieron que huir de Valle de Juárez.

A partir del nuevo atentado, los hermanos Olga Lidia, Marisela y Ángel Reyes Salazar comenzaron a protestar exigiendo medidas de protección y la aparición con vida de sus familiares. Marisela se declaró en huelga de hambre, la cual tuvo que suspender a los 19 días porque su estado de salud era delicado.

Una vez más no tuvieron respuesta. El 26 de febrero de este año fueron encontrados muertos Malú y Elías Reyes Salazar, así como Luisa Ornelas Soto. Supuestamente tenían un mensaje de un grupo de narcotraficantes, pero no se confirmó.

Lo único cierto es que Jorge González Nicolás, fiscal de la Zona Norte, informó que los cuerpos fueron localizados en el Valle de Juárez, sobre la carretera Juárez-Porvenir, y tenían evidencias de haber sido exhumados. Es decir, los habían ejecutado y enterrado en una fosa clandestina.

El caso de la familia Reyes Salazar ya traspasó las fronteras, y organizaciones como Naciones Unidas y Amnistía Internacional pidieron al gobierno mexicano que le brindara medidas de seguridad. Pero todo fue en vano.

Cinco miembros de la familia Reyes Salazar ya fueron asesinados y su caso es otro ejemplo de cómo la impunidad y la corrupción de las autoridades han dado pie a más violencia, al desamparo de la sociedad y, sobre todo, al crecimiento del crimen organizado, fenómeno que ha rebasado a todas las autoridades haciendo del terror su principal arma de control ilimitado.

Rechaza AMLO cualquier acuerdo con EU que comprometa soberanía

Con motivo de la reunión entre Calderón y Obama, el tabasqueño dijo estar a favor de la cooperación para el desarrollo porque la militar no resolverá los problemas.

Elio Henríquez, corresponsal
Publicado: 03/03/2011 17:24



Tuxtla Gutiérrez, Chis. Andrés Manuel López Obrador afirmó que independientemente de lo que hayan acordado los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, “no vamos a aceptar ningún acuerdo que comprometa nuestra soberanía” y “vamos a estar pendientes para hacer respetar los principios de la Constitución de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”.

Su mensaje “respetuoso” al gobierno del vecino país del norte fue que “estamos a favor de la cooperación pero fundamentalmente para el desarrollo porque la cooperación militar no va a resolver los problemas. Nosotros queremos que haya cooperación para que en México pueda haber crecimiento, se puedan generar empleos y haya bienestar, no que remos intervencionismo de ningún gobierno extranjero”.

Entrevistado en esta ciudad, donde encabezó una reunión de evaluación con los representantes de la estructura del “gobierno legítimo” en Chiapas, añadió que los cables dados a conocer recientemente por Wikileakes sobre México “demuestran que Calderón no ha sabido defender nuestra soberanía y hemos venido insistiendo al gobierno estadounidense que no abuse de la debilidad” del mandatario.

Con motivo de la reunión entre Obama y Calderón, “expresamos una vez más que no aceptamos intervencionismo, no queremos ser un protectorado del extranjero; una colonia de ningún gobierno porque México es un país libre, independiente y soberano”, añadió antes de que se conocieran los resultados del encuentro en la Casa Blanca.

Sostuvo que de ganar las selecciones en 2012 él continuará la guerra contra el narcotráfico, “pero no de esa manera; yo no le llamaría guerra, hay que declarar una lucha, un combate frontal a la pobreza, hay que generar empleos, dar oportunidad a los jóvenes, pues la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. No se va a resolver el problema de la inseguridad y la violencia nada más con medidas coercitivas, con el Ejército, los policías y cárceles”.

En su discurso posterior ante unas dos mil personas reunidas en la palapa de la feria internacional, López Obrador manifestó que es necesario poner orden en todo lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales en el país porque “se viola flagrantemente la Constitución”

“Nosotros no vamos a hacer nada que no esté escrito en la Constitución; pero la han venido violando”, abundó y expuso que el artículo 27 establece que “la Nación es la dueña originaria de los recursos naturales pero desde (el gobierno de Carlos) Salinas le han dado la vuelta y no se cumple lo que establece; han reformado leyes secundarias para entregar concesiones a particulares nacionales y extranjeros, y nunca una ley secundaria puede estar por encima del mandato constitucional”.

Peña Nieto opera "teledestape" de precandidatos del PRI al Edomex

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, operó un teledestape para la candidatura del PRI en su entidad afirmando que los cinco aspirantes son Alfredo del Mazo Maza, alcalde de Huixquilucan, Eruviel Avila, edil de Ecatepec, el diputado federal Luis Videgaray, el líder de los priistas en el Congreso estatal, Ernesto Némer, y el dirigente estatal del tricolor, Ricardo Aguilar, al tiempo que afirmó que el 16 de septiembre, al día siguiente de terminar su mandato, confirmará si se postula como precandidato presidencial del PRI para el 2012.
En extensa entrevista con Primero Noticias, la emisión matutina de Televisa, Peña Nieto negó sentir “temor” a las alianzas entre partidos y rechazó que pueda registrarse una desbandada en el PRI mexiquense al definirse la candidatura, entre finales de marzo y principios de abril.
“No critico a las alianzas en sí mismas, sino las alianzas de los partidos cuya plataforma es totalmente contraria. Imagina qué puede esperar un ciudadano, cuál será su estilo y la forma de gobernar de quienes representan esas alianzas antagónicas entre sí”, le señaló Peña Nieto a Carlos Loret de Mola, conductor de la emisión matutina de Canal 2.
Con preguntas cómodas, Peña Nieto también afirmó que los cinco aspirantes a sucederlo como candidatos del PRI tienen su confianza.
“Los cinco han sido colaboradores de tu servidor, los cinco conocen el Estado de México; la opinión que tengo de ellos es positiva. Vamos a esperar a que el proceso se decante”, advirtió el mandatario priista.
El teledestape de Peña Nieto ocurre al día siguiente que una encuesta publicada por El Universal ubican a Alfredo del Mazo Maza, su primo y alcalde de Huixquilucan, como el mejor posicionado, con 31 por ciento de preferencias entre los militantes del tricolor y 26 por ciento de la población general.
A Del Mazo Maza le sigue Eruviel Avila, con 20 por ciento de preferencias entre priistas y 18 por ciento entre la población en general. El alcalde de Ecatepec, el municipio más poblado del país, fue mencionado como un posible candidato de la alianza opositora PRD-PAN, pero él ha negado su interés de salirse del PRI.
En tercer sitio, el coordinador de los diputados locales del PRI, Ernesto Némer, primo político de Peña Nieto, tiene el 11 por ciento de preferencias entre los priisas consultados y 9 por ciento de la población en general.
La misma encuesta, levantada entre el 12 y 14 de febrero entre mil personas advierte que el PRI ganaría con 38 por ciento de los votos, mientras el PAN tiene el 13 por ciento de las preferencias, el PRD el 11 por ciento y existe un 19 por ciento de voto indeciso.

Anuncia SME nuevo plantón en el Zócalo

Notimex

2011-03-03 12:04:00

México.-El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció que instalará un plantón indefinido en el Zócalo capitalino, en el que prevé iniciar huelga de hambre en demanda del regreso de su fuente laboral y el respeto a la autonomía sindical.

En rueda de prensa Martín Esparza, secretario general del SME, informó también que la tarde de este jueves se reanudará el diálogo con la Secretaría de Gobernación, en el que participarían diputados federales entre ellos Jorge Carlos Ramírez, presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo.

El dirigente sindical puntualizó que, adicional a ese plantón en el primer cuadro de la ciudad de México y al que mantienen desde hace varias semanas en la Cámara de Diputados, instalarán otro en la Cámara de Senadores.

Adelantó que la posición que asumirá el SME ante la Segob no será de negociación sino de exigencia para que se restituya la legalidad, supuestamente violentada con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Esparza Flores comentó que en el informe presentado en la Cámara de Diputados por la Unidad de Evaluación y Control del Sector Eléctrico del órgano legislativo se demostró que las razón para la extinción de LFC no fue el alto costo laboral.

“La Comisión Federal de Electricidad le vendía caro el kilowatt hora a LFC y obligaba a ésta a venderlo barato a sus usuarios, situación que generó un déficit presupuestal del organismo superior a los 42 mil millones de pesos”, según Esparza Flores.

El informe, agregó, también apunta que otro factor que debilitó LFC fue el adeudo por siete mil millones de pesos de los organismo operadores de agua y los municipio de la zona centro.

Martín Esparza recordó que varias empresas grandes le adeudaban a Luz y Fuerza del Centro casi dos mil millones de pesos y todos los costos los absorbió la empresa.

Mexicana: farsa burda y costosa Miguel Ángel Granados Chapa Periodista


Distrito Federal– Con un argumento de deudor tramposo: “es que no me depositaron a tiempo el dinero ofrecido”, PC Capital hizo mutis en el escenario en que se ha montado, desde julio pasado, una farsa para atentar contra los derechos de los trabajadores de Mexicana de Aviación, aunque con ello se infiera también un daño irreversible a la transportación aérea mexicana.

En noviembre pasado, y no obstante que no era la mejor oferta para adquirir el 95 por ciento de las acciones en manos de Tenedora K, el administrador y el conciliador del concurso mercantil de la otrora línea aérea emblemática de México determinaron que PC Capital controlara el capital de la empresa. Esa era una apariencia, sin embargo, en realidad, esa elección y la decisión de empujarla a su consumación, o quizá a su deliberada frustración, partió de los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo, Juan Molinar y Javier Lozano.

Ahora se ve que se trataba sólo de hacer que corriera el tiempo, para abatir aún más el ya muy disminuido valor de Mexicana, y demandar de los sindicatos con los que contrata una reducción todavía mayor de la ya aceptada en los términos de sus contratos colectivos. Es la culminación de una serie de maniobras que comenzó desde que el Grupo Posadas operaba la aerolínea y resolvió que no podía hacerlo con la carga laboral que para ellos representaban los derechos adquiridos por pilotos, sobrecargos y personal de tierra, conforme a los cuales dicho grupo compró la empresa al Ipab, en 2005.

Apenas recibida la empresa se inició una estrategia de desmantelamiento orientada a achicar a la compañía, colocándola con ello en dificultades y aun la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones laborales. El sindicato de pilotos accedió a un compromiso de contribuir con 200 millones de dólares a la capitalización de la empresa, pues a eso ascendía la suspensión de incrementos salariales durante cuatro años. Pero la empresa no cumplió la porción del compromiso que le correspondía. En vez de allegarse capital contrajo deuda en montos tales que su pasivo superó a sus activos. Por eso el sindicato de sobrecargos evitó caer en la trampa en que por su buena disposición quedaron atrapados los pilotos, y entonces los accionistas plantearon un insólito conflicto colectivo de naturaleza económica para que la justicia laboral impusiera con la fuerza de la ley lo que rehusaba ese gremio.

Simultáneamente a la venta y transferencia de sus activos, los accionistas de Mexicana de Aviación crearon el Nuevo Grupo Aeronáutico, constituido por ellos mismos pero con una personalidad jurídica que le permitió plantear el concurso mercantil, figura del derecho corporativo previa a la quiebra y destinada a evitarla. Pero extrañamente, al mismo tiempo que apelaba a los mecanismos legales de concertación con los acreedores para preservar sus operaciones, la empresa suspendió sus vuelos y ventas, con lo que sus dificultades de liquidez crecieron hasta hacerse insuperables. Cegar su principal fuente de ingresos fue una decisión sólo explicable en el sentido de envilecer la sociedad anónima y hacerla inviable y con ello incumplir sus obligaciones laborales, fiscales y mercantiles.

Apareció entonces, agosto del año pasado, una misteriosa Tenedora K, integrada por los grupos Omega y Arizán, que adquirieron mediante un precio simbólico el 95 por ciento de las acciones. Pero pronto quedó claro que tal tenedora no operaría la aerolínea, sino conseguiría capitales para sacarla de su marasmo, costoso sobre todo para los trabajadores dejados al garete y para la clientela que dejó de contar con un servicio necesario, con muchos casos de pagos adelantados que no fueron correspondidos. En ese punto la Secretaría de Comunicaciones debió ejercer su facultad legal de requisar la aerolínea, pues su obligación es garantizar la continuidad del servicio público de la concesionaria. A la abstención de cumplir una responsabilidad la suplió un extraño activismo oficioso. Al margen de los mecanismos del concurso mercantil o sobreponiéndose a ellos aunque simularan lo contrario, los titulares de la SCT y Trabajo se convirtieron en partes de un proceso mercantil que les era ajeno. Identificaron y calificaron a grupos de inversionistas dispuestos a adquirir las acciones ya abaratadas de la empresa en creciente crisis. Disimularon esa irregular intervención con el ejercicio de sus funciones, como certificar las condiciones de vuelo de la empresa que pasaría de manos y asegurar el cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo, pero no los originales sino los ya menoscabados en perjuicio de los trabajadores aunque con su voluntad.

En eso Juan Molinar fue separado de su cargo al comenzar enero, y ello parece haber sido una variable con la que no contaba PC Capital, escogido en noviembre por el propio secretario y por Lozano. Todavía, sin embargo, el 27 de febrero la SCT informó que se avanzaba en la acreditación de “las capacidades técnica, financiera, administrativa y jurídica de la empresa”. Sin embargo, sólo dos días después, el 1 de marzo, las secretarías autoinvolucradas, y no los funcionarios del concurso mercantil anunciaron que “concluyen pláticas con PC Capital”, elusiva manera de admitir que ese consorcio incumplió “su parte de identificar inversionistas solventes”.

Ahora habrá que empezar de nuevo, ante el desconcierto de los trabajadores que hace seis meses perdieron en los hechos su fuente de empleo. Esta escena de la farsa ha terminado. Pero el espectáculo continuará.

El museo y la Tarahumara Sergio Conde Varela Abogado


Los hechos llaman la atención de la opinión pública nacional. El primero, la inauguración del Museo Soumaya, propiedad del mexicano más rico del mundo Carlos Slim y el viaje extraño del presidente Calderón a nuestro estado, según las fuentes oficiales, para poner en marcha un plan turístico excepcional.

El edificio del museo, propiedad del mexicano Slim de origen libanés tuvo un costo aproximado de 800 millones de dólares, lo cual representa una inversión cuantiosa sobre todo en estos tiempos en que el dinero brilla por su ausencia, pero que ciertamente favoreció a que el dinero se moviera por la mano de obra empleada, la compra de materiales y el apoyo a los profesionales encargados de la majestuosa obra.

Grandes personalidades estuvieron presentes en la inauguración, como el premio Nóbel de literatura Gabriel García Marquez, el presidente Calderón y su esposa, el comunicólogo norteamericano Larry King y muchos personajes de la banca, industria y el comercio, además de algunas cabezas de la comunicación como Emilio Azcárraga Jean, el cual hizo volátil presencia al acto así como gran parte de la familia libanesa en México.

La capacidad del museo será según los enterados de 60 mil obras de arte que podrán ser vistas gratuitamente por todos los mexicanos.

El nombre Soumaya, obedece al deseo de Carlos Slim de que llevara el nombre de su esposa quien descendía de Antonio Domit Dib conocido en nuestro país como un productor de calzado en grande escala. El matrimonio según los biógrafos fue oficiado por el controvertido en los últimos tiempos Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo.

La señora Soumaya se caracterizó por una voluntad manifiesta por las obras de beneficencia que de alguna manera impactaron al presidente del grupo Carso, que une las primeras letras de Carlos y Soumaya. Desde luego no queremos hacer de esto una crónica social, sino anotar algunos datos que nos parecen positivos en los momentos que vivimos los mexicanos.

Sin embargo esto también nos lleva a una reflexión social. Creemos que cualquier persona puede hacer lo que guste con su dinero y mas tratándose de un edificio que sirve para coleccionar obras de arte y que por ello promueve la cultura.

El llamado a quienes detentan las grandes fortunas es que al país vive horas angustiosas de desabasto moral, económico y social. Por ello, urge que las inversiones tomen otro camino y no es otro que el de la solidaridad social de motivar un replanteamiento de inversión social para que los mexicanos, 54 millones de pobres, salgan de un estado de pobreza manifiesta. Hay junto con Slim 26 mexicanos cuyas fortunas mínimas son de 1000 millones de dólares, las cuales pueden ser empleadas para el resurgimiento de México y sus estados, entre otros el de Chihuahua, como centros de promoción humana. Sólo así, se pueden entender este tipo de inversiones.

Por otro lado, el presidente Calderón acaba de estar en la Sierra Tarahumara. El propósito de su viaje según se dijo fue para promover el turismo en esa zona y aquí también le empezamos los juarenses a hacer gestos a esa visita.

No entendemos cómo se promociona el turismo, cuando según las encuestas el principal problema de los mexicanos es el de la inseguridad y el primerísimo para los juarenses es ese flagelo. La pregunta es ¿porqué se soslaya el problema, cuando se tiene el hilo de la solución cuando en pocas horas se detiene a los autores del asesinato del agente norteamericano y las lesiones a su compañero?

Nos parece que las prioridades y la información oportuna de lo que sucede, la debe tener el Ejecutivo. El turismo es esencial, pero en estos momentos no ocupa el primer lugar para ser resuelto, sobre todo en un estado tan chicoteado como el nuestro por el flagelo de la inseguridad y por la violación de las garantías elementales. Conviene que este tipo de cosas se estimen en su verdadera dimensión y no se dejen al garete, porque cuando se quiere, sí se pueden resolver. Por otra parte, Juárez fue una potencia turística.

Nuestro problema es interno Lorenzo Meyer ANALISTA POLÍTICO


Peculiaridad Mexicana. Hoy se reúnen en Washington, D. C. Felipe Calderón y Barack Obama. Este encuentro obliga a examinar la capacidad de negociación del gobierno de nuestro país con unos Estados Unidos cuya presencia es tan abrumadora que casi cubre la totalidad del horizonte internacional mexicano.

No es necesario recurrir a los documentos internos del gobierno norteamericano que han sido publicados por WikiLeaks, para suponer que Washington debe tener serias reservas en relación a las capacidades del actual gobierno mexicano para cumplir con uno de los papeles que desde hace tiempo le ha asignado a nuestro país: el de mantener la estabilidad en su frontera sur. Sin embargo, los inesperados papeles de WikiLeaks confirman la sospecha de que a Washington le preocupa México.

La enorme asimetría de poder entre México y el vecino del norte –que a partir de la desaparición de la URSS es la única gran potencia–, ha hecho que algunos de los instrumentos clásicos de la política del poder entre las naciones –la fuerza militar, las alianzas, la capacidad de la economía, la dimensión territorial o demográfica del país, entre otros–, no signifiquen gran cosa en la relación México-Estados Unidos. En esas peculiares condiciones, resulta que para nuestro país y desde el siglo XIX, la mejor política externa ha sido contar con una sólida política interna: una basada en el más un amplio consenso posible en torno a la agenda nacional. Sólo en esa condición se puede minimizar la posibilidad de que los responsables del gobierno en Washington nos definan como un problema y decidan actuar en consecuencia.

Desafortunadamente, desde hace ya tiempo el proceso político mexicano está muy alejado del consenso y hoy aparece como un tejido lleno de agujeros. Como nuestra economía no cumple aceptablemente con las exigencias materiales mínimas que el país demanda, muchos mexicanos se ven empujados a buscar oportunidades en el mundo de la ilegalidad, de la criminalidad y el narcotráfico (véase el documento de la SSP publicado en La Jornada del 28 de febrero) o a emigrar a Estados Unidos. México lleva más de tres lustros como parte de la integración económica de la América del Norte, pero su democracia y sus sistemas de seguridad y justicia permanecen muy lejos de las normas de legalidad y convivencia que se supone deben privar en esa región. En fin, que hoy el principal instrumento de negociación del gobierno de México con el exterior –la legitimidad de su régimen político, la fuerza de sus instituciones y la buena marcha de sus asuntos internos– está mellado y eso, inevitablemente, le debilita en el esfuerzo por defender el interés nacional, como quiera que se le defina.

Como resultado de la derrota militar de México frente a Estados Unidos en la guerra de 1846-1848 primero, y luego por la pérdida de influencia de Europa en nuestro país tras el fracaso de la aventura francesa de 1862-1867 y el debilitamiento posterior de la posición británica en México a inicios del siglo XX, México terminó por quedarse solo frente a Estados Unidos. Fueron esas condiciones las que llevaron a que la mejor defensa del interés mexicano fuera evitar que Washington se preocupase por nuestros problemas, fuesen estos políticos, económicos, legales, de seguridad, sociales o una combinación de ellos. Hoy, pese a que la Casa Blanca tiene sus manos llenas con sus dificultades en el mundo islámico, ya no puede ignorar que al otro lado de su frontera sur hay un sistema político que está siendo rebasado por sus retos.

2000 y, peor aún, 2006. A partir del acuerdo entre el presidente Plutarco Elías Calles y el embajador norteamericano Dwight Morrow en 1927, Washington encontró conveniente aceptar al régimen priísta porque mantenía el control político del país y porque, no obstante cierta retórica nacionalista, izquierdista y antiimperialista, en la práctica cooperaba con Estados Unidos en el contexto internacional. Sin embargo, ese sistema envejeció, se hizo obsoleto y en el 2000 México inició lo que se suponía una nueva era política, una de cambio impulsado por una legitimidad revitalizada, democrática. Sin embargo, no fue ese el caso. Y al final del 2006, la embajada norteamericana en México tuvo que admitir, según el despacho del 15 de noviembre de 2006 y hecho público por WikiLeaks, que el primer gobierno post priísta encabezado por Vicente Fox, estuvo “lejos de ser perfecto”. El espacio político que se abrió entonces como consecuencia de la derrota electoral del PRI, fue desaprovechado como resultado de la falta de visión, de estrategia y de capacidad política del nuevo gobierno. Ni las instituciones ni la clase política mexicanas, concluyó la embajada, estuvieron a la altura de la ocasión. La oposición detectó pronto la debilidad del “primer presidente realmente electo democráticamente” y lo desafió con éxito en cada oportunidad, al punto que su único gran logro fue haber ganado la elección.

Desde la perspectiva de la embajada norteamericana, y según el mismo documento, sólo tres instituciones parecieron funcionar en el sexenio foxista: las electorales, la Suprema Corte de Justicia y el Banco de México. Sin embargo, ya antes había reducido las tres a dos. En un informe del 1° de septiembre, la embajada ya había aceptado que el aparato electoral –IFE y TEPJF– había quedado dañado por las dudas que generaron los resultados electorales de ese 2006.

A ojos del representante del gobierno norteamericano a la falta de instituciones “bien preparadas para [hacer funcionar a] la joven democracia multipartidista de México”, se añadía otro tema aún más preocupante, por inmediato: la debilidad de Felipe Calderón. En el despacho ya citado del 1° de septiembre del 2006, el embajador Tony Garza sostuvo que Calderón iba a tener que asumir la Presidencia en “la situación de mayor debilidad política posible” pues no sólo la oposición no aceptaba como legítima su victoria, sino que también le fallaba el apoyo de Fox y de su partido. En esas condiciones, y según el embajador, Calderón necesitaba de “un fuerte respaldo del gobierno norteamericano”. Garza señaló que las felicitaciones inmediatas de tras la declaración del IFE que el panista había sido el candidato más votado, debía reforzarse con otra cuando el TEPJF confirmara esa victoria. Por lo pronto el diplomático ya se había reunido un par de veces con el futuro Ejecutivo mexicano para “hacerle patente nuestro apoyo” y se proponía seguirle respaldando, pues de lo contrario existía el riego de que la debilidad del nuevo gobierno se tradujera en una parálisis de “nuestros asuntos más importantes”.

Los documentos publicados hasta ahora no especifican la naturaleza puntual de esa agenda norteamericana en México. Sin embargo, no es difícil de imaginar y, en todo caso, la experiencia histórica muestra que el apoyo de Estados Unidos o de cualquier gran potencia a un México en estado de debilidad, tiene un precio. Y que ese precio termina por ser una disminución en la soberanía.

Desde el inicio de la administración calderonista, la guerra al narcotráfico (o campaña, para otros) absorbió el grueso de la energía política del gobierno federal. En ese punto coincidieron los intereses del calderonismo, necesitado de una imagen pública de líder fuerte, y los del gobierno norteamericano, que respondió en 2008 con la “Iniciativa Mérida” –formalmente una iniciativa de Calderón para el combate bilateral al narcotráfico–, pues desde hace ya un siglo Estados Unidos insiste en demandar a otros el combate a la producción y trasiego de sustancias prohibidas.

Ahora bien, los propios documentos publicados por WikiLeaks y elaborados ya en la época del nuevo embajador norteamericano, Carlos Pascual, muestran que en paralelo con las expresiones públicas de beneplácito de la Casa Blanca por el gran valor mostrado por Calderón en la lucha contra los carteles de la droga, están las críticas internas por la ineficacia y la extendida corrupción del aparato encargado de esa política, (véase al respecto, y como ejemplo, los cable de l5 y 28 de octubre y 17 de diciembre de 2009 y 29 de enero de 2010).

Resumen. La debilidad de la estructura institucional de México y de su sistema político, más el poco éxito de la campaña contra el narco, dificultan hoy la defensa del interés nacional en las negociaciones con Estados Unidos. En esta coyuntura, una opinión pública inconforme y exigente en la defensa de la soberanía puede y debe contribuir a disminuir las pérdidas en este campo.

Expeditos-Hernández

La zanahoria y el garrote-Rocha

Guerra a la corrupción Julio Hernández López

Astillero
Por sus pistolas
De SLP a la Casa Blanca
¿Armas por embajador?



La comparecencia es por sus pistolas. Es decir, porque quiere que sus agentes en México tengan derecho a portar armas. Vieja exigencia imperial ahora potenciada por el extraño incidente criminal sucedido en un tramo carretero cercano a la ciudad de San Luis Potosí. Rescatando al agente Zapata, o al menos aprovechando su recuerdo, convertido el confuso incidente de Ojo Caliente, en territorio potosino, en palanca de presión para conseguir la autorización armamentista para el creciente número de interventores gringos que ya conducen operaciones militares y marinas acá y pretenden blindaje proporcional a sus riesgosas nuevas atribuciones rectoras. Follow the gun, sería el consejo esclarecedor de algún aficionado a novelas policiacas de corte internacional.
Felipe se encamina molesto a la cita. Hace saber que demandará “respeto”, pero en realidad no se engalla sino que, en el terreno genérico de las preocupaciones binacionales en materia de seguridad, pide que “ambos países actúen con corresponsabilidad, confianza y respeto”. Al tianguis de máxima altura acude el mexicano en situación maltrecha. Haiga sido como haiga sido, el asesinato del agente del ICE le coloca en situación desfavorable frente a las ya cantadas intenciones de Obama de doblarle las manos para que acepte que haya extranjeros armados en territorio mexicano. Haiga sido como haiga sido, lo cierto es que Estados Unidos convirtió un hecho policiaco, tan condenable en sus resultados fúnebres como confuso todavía a estas alturas en cuanto a circunstancias y móviles, en un inmejorable pretexto para impulsar su política expansionista hacia el debilitado gobierno vecino.
Pero Calderón tampoco está en condiciones de envolverse en la bandera y resistir el acoso de un poder extranjero del que ha dependido y depende. Ni siquiera puede presumir de un cristalino sistema político y judicial que le impidiera arrojar suciedad a las aguas: si la administración felipilla no puede garantizar seguridad a sus ciudadanos, ni a sus propios funcionarios y a los políticos en general, ni a la élite económica, ¿cómo podría garantizarla a los pobres espías gringos desarmados? E incluso hay organizaciones, como Human Rights Watch, que piden a Obama que presione a Calderón por las constantes y graves violaciones a los derechos humanos.
El ocupante de Los Pinos, en realidad, tal vez se diera por bien servido con una victoria pírrica, con una concesión meramente escenográfica, si le quitaran de encima a su obsesión menor, el embajador Pascual, una pieza de fácil repuesto en el engranaje gringo con la que Felipe pretende saciar sus ansias guerreras de bajo nivel: si no puedes con el imperio, enójate y declárale la guerra al embajador y su vida privada y sus relaciones personales con familiares de altísimos diputados priístas de rojo salinismo cuyas cadenas de afectos llegarían hasta políticos regiomontanos acusados de tener perfiles sombríos.
Balacera, persecución y levantones a la corrupción declaraba Calderón ayer, antes de viajar a Estados Unidos y en el primer día de conocimiento público de que el camino de la privatización de Pemex ha sido reabierto con los nefastos contratos incentivados. Cuando apenas comenzaban algunos mexicanos avispados a hacer cuentas de los grandes negocios que se harán con tales contratos, y a suponer, con la abundante evidencia histórica al respecto, los arreglos porcentuales que en oficinas públicas se estarán haciendo para otorgar esas redituables concesiones petroleras, el fragoroso Felipe se apareció a mitad del foro y desató metralla retórica contundente: ¡guerra a la corrupción, faltaba más! Recompensas para quienes revelen transas, métodos más sencillos de denuncia, grandísimo cuidado para que los funcionarios no tengan ingresos económicos por encima de sus sueldos:
Otro notable diputado desenfunda en donde todavía es su casa política. Es Alejandro Encinas, llegado a San Lázaro por obra y gracia de los Chuchos pero que ahora, en el tramo final de la primera parte de la larga telenovela denominada Elecciones en tierras Gaviotonas, se revuelve contra los tratos de Jesús Ortega con Gustavo Madero para realizar la muy cantada consulta ciudadana sobre alianzas PRD-PAN. Dice Encinas que ése no era el acuerdo que debía cumplir la dirigencia de su partido y que no respetará los resultados de una indagación hecha junto a otra agrupación, la de blanco y azul. Colocado en esa oportuna rebeldía, el ex jefe del Gobierno capitalino estaría construyéndose una puerta de salida del ring denominado PRD y acomodándose para aceptar la propuesta de ser candidato del PT, Convergencia, el perredismo por licenciarse y el lopezobradorismo licenciado. Por lo pronto, la consulta va. Y Encinas, por lo pronto, con unos no va y con otros todavía no informa públicamente si va o no va. ¡Bah!
De su lado, Enrique Peña Nieto afila y afina la maquinaria de imposición electoral con la que pretende enfrentar a sus adversarios cada vez más distantes de una verdadera alianza. No está más en los cuernos demoscópicos de la luna, como sucedía varios meses atrás, pero sigue siendo el puntero al interior del PRI y respecto a los demás aspirantes presidenciales. Los tropiezos recientes le han hecho mostrar fragilidades insuperables mediante las magias del espot y es posible que en el afán de ganar a como dé lugar los comicios de su propia tierra vaya cometiendo más errores que subrayarán su condición de personaje hechizo, dependiente más de lo estético y lo televisivo que de un verdadero oficio político.
Y, mientras el gobernador de Durango llama a no salir de noche en aquella entidad sumida en la violencia del narcotráfico, y en Torreón el general Villa ha sido atacado (el general brigadier Carlos Bibiano Villa, sobrino nieto del Centauro del Norte y director de Seguridad Pública del municipio lagunero, cuyo vehículo, en el que él no viajaba, fue tiroteado ayer), ¡hasta mañana, en esta columna que se manifiesta en contra de la suspensión provisional de la exhibición del notable documental Presunto culpable!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Contratos incentivados-Fisgón

Vergüenza nacional. Ricardo Rocha


Detrás de la Noticia |
Si alguien le dijera que hay un país donde a una mujer le matan un hijo y luego por exigir justicia le encarcelan a otro y por exigir justicia la matan a ella misma y por exigir justicia ejecutan a su hermano y por exigir justicia secuestran a otros dos hermanos y a su cuñada y por exigir justicia queman la casa de su madre y por exigir justicia los tres desaparecidos aparecen muertos tirados en un descampado, tal vez usted se negaría a creer todo esto salvo porque es verdad y sucede en un país llamado México. Para vergüenza de todos nosotros. Peor aún, que esta cadena de crímenes de exterminio contra una misma familia se ha producido a lo largo de tres años en el escenario cómplice de la indiferencia asesina de autoridades municipales, estatales y federales. Y aún más grave, señalándose como responsables a miembros del Ejército.

La cronología de Josefina Reyes Salazar y su familia es escalofriante: en noviembre de 2008 su hijo Julio César es desaparecido por soldados y luego encontrado muerto a los 23 años, por lo que Josefina culpa a miembros del ejército a la vez que se convierte en una reconocida activista que participa y encabeza diversos movimientos contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos por parte del ejército y las fuerzas federales particularmente en Ciudad Juárez; en respuesta, en agosto de 2009 los soldados detienen a su otro hijo Miguel Angel a quien acusan de narcotráfico y lo desaparecen e incomunican; en enero de 2010 Josefina es acribillada y muerta cerca de su casa en Guadalupe, municipio anexo a Juárez; seis meses después Rubén su hermano es también ejecutado a unos metros de donde mataron a Josefina.

Pero la persecución perruna y feroz contra la familia Reyes no cesó. Hace tres semanas, este 7 de febrero, un grupo armado levantó a Elías y Magdalena Reyes Salazar —también hermanos de Josefina— así como a la esposa de Elías, Luisa Ornelas, en el mismo municipio de Guadalupe.

La saña persecutoria siguió inaudita e insaciable. Apenas nueve días después de ese secuestro múltiple la casa de Sara Salazar, madre de Josefina y sus hermanos, fue incendiada tan sólo unas horas después de que hiciera un llamado para que Elías, Malena y Luisa le fueran devueltos. Frente a la casa calcinada sólo pudo decir: “Lo único que quiero es que me devuelvan a mis hijos. Le pedí al gobierno que nos pusiera seguridad, pero no me ha contestado. El gimnasio de enfrente está lleno de soldados y no hicieron nada”. Cierto, hay un destacamento del Ejército mexicano a sólo 100 metros de la casa. Y a menos de un kilómetro, apenas este viernes los tres cuerpos fueron encontrados.

Ahora es la propia Sara quien encabeza las protestas y demandas de su cada vez más reducida familia. Pero al mismo tiempo se ha convertido en un símbolo de la resistencia de todos aquellos luchadores sociales que están siendo hostigados y perseguidos por las armas y la muerte. Por eso me pregunto qué es peor, si la irracionalidad furiosa de quienes han sido denunciados —soldados, agentes federales y policías estatales— que luego se convierten en verdugos o la irracionalidad cómplice e increíblemente negligente de autoridades de todos los niveles.

Somos el único país en el mundo donde se criminaliza a las víctimas. También el único en el que se persigue hasta la muerte a los familiares de las víctimas que denuncian a militares o policías asesinos y aún con más encono a los luchadores sociales que intentan defender los derechos humanos más elementales como el derecho a la vida misma.

Perseguidos por esa violencia criminal en su contra Sara Salazar y sus hijos sobrevivientes vinieron a la Ciudad de México. Instalaron un campamento tan elemental como conmovedor a las afueras del Senado de la República. Ni de esa puerta ni de alguna otra recibieron jamás una respuesta satisfactoria a sus elementalísimas demandas de justicia y seguridad. Y se repiten así los círculos perversos y oprobiosos donde se comete el peor delito en este país que es exigir justicia para las víctimas como fue el caso de Rubí Marisol Frayre, por cuyo crimen protestó durante meses su madre Marisela Escobedo hasta que fue ejecutada a las puertas del palacio de gobierno en la ciudad de Chihuahua.

Dramas vergonzantes que se multiplican en una guerra perdida con su cauda infame de lo que los hipócritas llaman daños colaterales. Una vergüenza nacional que podría sintetizarse en la frase de Sara que ahora es expresión de todo un México que dice: “no he dejado de cavar tumbas”.

ddn_rocha @hotmail.com Twitter: @RicardoRocha_MX Facebook: Ricardo Rocha-Detrás de la Noticia

Calderón, acosado por Washington: legisladores


El país, en la antesala de una intervención

Enrique Méndez, Roberto Garduño, Jesús Aranda y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2011, p. 9
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha llevado al país a la pérdida de su soberanía nacional al mantener una política “entreguista y mediocre” frente a Estados Unidos, afirmó el senador del Partido del Trabajo (PT) Ricardo Monreal Ávila, mientras que Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, fue más allá y afirmó que por esa causa México se encuentra en la antesala de una intervención directa de Estados Unidos.

Al comentar el contenido de los cables de Wikileaks relativos a México –publicados por este diario–, el diputado federal consideró que Calderón “sí está acosado” tanto por la administración de Washington –que le ha impuesto la estrategia anticrimen– y los grupos de la delincuencia organizada.

“Como nunca, hoy debe aplicarse en México la revocación de mandato; Estados Unidos tiene un presidente cómplice cuyos propios ciudadanos se han convencido de la incapacidad del gobierno mexicano.

“En esa circunstancia lo mejor que nos podría suceder es que los mexicanos quitáramos del poder a Calderón en lugar de que lo hiciera Estados Unidos”, dijo Muñoz Ledo.

Los cables de Wikileaks publicados en La Jornada señalan que la embajada de Estados Unidos en México aconsejó al presidente Barack Obama (en 2009) que le exigiera a Calderón un manejo más transparente ante las acusaciones de violación a los derechos humanos por parte de militares.

Esto refleja la “doble moral” del gobierno estadunidense, el cual por un lado insiste en que México intensifique acciones coercitivas contra el narcotráfico y por otro se queja de que en esos operativos los soldados violan las garantías individuales, sostuvo José Luis Piñeyro, especialista en temas de seguridad nacional.
“Nos imponen los temas de la agenda bilateral”

Los cables confirman que “Estados Unidos impone los temas de la agenda bilateral a México”, de acuerdo con sus propios intereses, dijo el académico.

En entrevista, advirtió sobre el riesgo de que en el encuentro que hoy sostendrán Obama y Calderón en Washington, el primero retome antiguas demandas de los gobiernos estadunidenses, como que sus agentes en México puedan portar armas y supervisar los operativos antidrogas o el derecho a llevar a cabo “persecuciones en caliente” por tierra, aire y mar. Lo anterior, luego del reciente asesinato de un agente federal estadunidense en San Luis Potosí.

A su vez, el coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, dijo que “la información de Wikileaks da cuenta de cómo el gobierno mexicano, por medio de sus voceros y personeros, ha actuado y ejercido una política entreguista tibia y mediocre frente a Estados Unidos”.

El senador zacatecano agregó que “esto de que Estados Unidos está ayudando a construir mejores instituciones judiciales con el consentimiento del Poder Judicial y del propio Calderón, nos muestra una etapa de deterioro institucional”.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

Desmantelar a Pemex, el objetivo, alertan expertos

Los contratos de explotación a la IP, “anticonstitucionales”
La ley no permite la concesión de bloques o áreas petroleras, subrayan
“Las trasnacionales irían después por Chicontepec y aguas profundas”
PRD y PT, contra la apertura de campos maduros; medida buena: Labastida

Contratos buscan sustituir a la paraestatal en la explotación: Observatorio Ciudadano
Se avanza en extranjerizar la energía y desmantelar Pemex, advierte Canacintra
Tonto, desprenderse de un negocio que te da 40% de ingresos, considera integrante del Consejo Mundial de Energía
Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Jueves 3 de marzo de 2011, p. 29


Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) haya comenzado la licitación de los primeros tres bloques petroleros con el sistema de contratos integrales de exploración y producción, éstos son irregulares, violan la Constitución y representan un paso más en el proceso de desmantelamiento de la mayor empresa del país, opinaron especialistas del sector energético.
El vicepresidente del Comité de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gilberto Ortiz, opinó que con ese paso se mantiene la estrategia de avanzar en la extranjerización del sector energético mexicano y el desmantelamiento de Pemex.
Están concitando el apoyo y simpatía de diversos sectores de la sociedad para abrir más la industria petrolera, pero el problema es lo que viene: mayor dependencia del exterior, aunque la apertura a la inversión privada se aplique en dosis homeopáticas. Ahora el argumento es el aumento de la producción mediante la exploración y explotación, después será la refinación y la petroquímica, advirtió.
Se deterioró estructura
Recordó que en 1991 se liberó la petroquímica secundaria y posteriormente la estructura de Pemex se deterioró a tal grado que actualmente en el país se produce menos de 25 por ciento del volumen que se tenía en aquellos años.
A su vez, Rafael De Celis Contreras, académico universitario, sostuvo que el nuevo esquema es irregular, porque no se ha modificado aún, y la Carta Magna sigue vigente en cuanto al régimen de propiedad de los recursos petroleros. Los también llamados contratos incentivados no van a marchar porque tienen problemas de orden legal, dijo.
Pablo Mulás del Pozo, miembro del Instituto de Investigaciones Eléctricas y director ejecutivo del Consejo Mundial de Energía, Capítulo México, dijo que, al parecer, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su bendición a los contratos incentivados es poco probable que se pueda dar marcha atrás. Pero lo relevante, dijo, es que si alguien que tiene varios negocios y uno le da 40 por de sus ingresos, sería muy tonto desprenderse a él.
Mientras se respeten los términos de la Constitución, añadió, no le veo mayor problema a esos contratos, (porque) es ridículo que se siga manejando un esquema en que las inversiones que se hagan en Pemex dependan de la decisión de una dirección general de la Secretaría de Hacienda. No tiene sentido.
A su vez, Alfonso Hickman Sandoval, integrante del Grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917, dijo que los contratos incentivados arrastran irregularidades desde su concepción, pues fueron hechos sin el suficiente análisis ni discusión; su esquema no fue dictaminado debidamente.
Sobre todo recordó que los contratos incentivados primero fueron propuestos para exploración en aguas profundas del Golfo de México, luego, para el proyecto Aceite Terciario del Golfo, también conocido como Chicontepec, y por último para campos maduros, cuando ahora es a la inversa.
La ley no permite concesión de bloques
Roberto González
Hay una nueva etapa en Petróleos Mexicanos (Pemex) a partir del lanzamiento de los llamados contratos integrales para exploración y producción, anunciados el martes. La ley no permite la concesión de bloques o áreas del territorio nacional para explotar hidrocarburos y eso es lo que hacen los nuevos contratos, explicó Sergio Benito Osorio, del Observatorio Ciudadano de la Energía.
 Con los contratos dados a conocer el martes, se busca sustituir a Pemex en la función de llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos para transferirla a particulares, agregó Osorio.
El martes pasado Pemex arrancó el proceso para la asignación de un nuevo tipo de contrato para actividades de exploración y producción –reservadas al Estado por la Constitución–, en las cuales podrán participar empresas privadas, nacionales y extranjeras. Los primeros que saldrán a licitación bajo esta modalidad son los llamados campos maduros, donde la producción de hidrocarburo va en declive.
En uno de sus párrafos, el artículo 27 de la Constitución señala: Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria... los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Hasta ayer este texto seguía vigente.
No hay justificación económica, financiera o técnica para dar sustento a los nuevos contratos anunciados por Pemex para que participe la iniciativa privada en la exploración y producción de hidrocarburos, comentó María Eugenia Correa, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, hay que buscar la motivación en el lado político, dijo.
Sergio Benito Osorio, de la agrupación independiente Observatorio Ciudadano de la Energía, cuestionó la legalidad de los contratos anunciados el martes por el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel.
Pemex dice que los contratos están dentro de la ley y no es así, porque la Ley de Petróleos Mexicanos no permite la concesión a particulares de bloques o áreas. Lo que hace este nuevo modelo de contratación es sustituir a Pemex de la función que tiene de llevar a cabo la explotación de los hidrocarburos en México, opinó Osorio.
María Eugenia Correa, del IIEc, puso en duda la justificación económica y financiera de los contratos anunciados el martes por el director general de Pemex. No tiene ninguna justificación económica y financiera contratar empresas privadas nacionales o extranjeras si el gobierno puede hacer esa inversión. Las que harán los particulares a través de estos contratos son inversiones mucho más caras si se toma en cuenta que debemos compartir con ellos los recursos naturales e incumplir los preceptos constitucionales.
Francisco Garicochea, coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917, consideró que el modelo de contratación con particulares anunciado el martes es anticonstitucional y la consecuencia de esa situación jurídica será la impugnación legal. Los contratistas correrán el riesgo de que se pierdan las concesiones dada la inconstitucionalidad de esos contratos, comentó.

Jans Cultura

Joselo

Seguridad. Jabaz.

Joselo

Agenda armada. Carreño.

Suspenden exhibición de Presunto Culpable

Columba Vértiz de la Fuente



MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- La jueza 12 de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, concedió la suspensión provisional de la exhibición del documental Presunto culpable, dirigida por el mexicano Roberto Hernández y el australiano Geoffrey Smith, ante una demanda de amparo interpuesta por Víctor Manuel Reyes Bravo, quien se quejó del uso de su imagen sin su consentimiento.

Reyes Bravo es primo de Juan Carlos, cuyo asesinato en diciembre de 2005 fue imputado a José Antonio Zúñiga Rodríguez, el protagonista del filme y absuelto después de que en un principio fuera condenado a 20 años de prisión.

La película --clasificada y autorizada por RTC con B (para adolescentes mayores de 12 años)-- se estrenó el 18 de febrero en las salas comerciales con 120 copias y, a partir de mañana, “por orden judicial” saldrá de todas las salas de México.

Presunto culpable expone cómo dos jóvenes abogados, Layda Negrete y Roberto Hernández (esposos), con una cámara fílmica, lograron la libertad del tianguista Antonio Zúñiga, Toño, quien el 12 de diciembre de 2005 fue “levantado” por judiciales acusándolo, “sin una sola prueba contundente”, por un asesinato que no cometió y luego condenado a veinte años de prisión.

Gracias también a las grabaciones, captaron la “mala situación y compleja realidad del sistema judicial mexicano”, por lo cual decidieron, con la ayuda del reconocido documentalista Smith, crear el largometraje Presunto culpable, que ha recibido 13 premios nacionales e internacionales.

Así, resumen ellos mismos, lograron “colocar el tema de la justicia en la imaginación del público mexicano de manera que todos podamos asir un tema elemental para nuestro país”.

En las redes de Internet, la noticia es todo un acontecimiento. Por Twitter, Layda Negrete destaca que el hecho es un claro “intento de censura”.

El subsecretario de Gobernación, Héctor Villarreal, informó también por Twitter que “tiene la obligación de acatar una orden de suspensión provisional”.

El amparo promovido contra la autorización que dio RTC es “en contra de actos de autoridad emitidos”.

Hasta hoy, Presunto culpable ha sido vista por 432 mil 354 personas.

Sin embargo, esta acción resulta paradójica, pues hoy mismo el presidente Felipe Calderón lanzó una iniciativa de Ley Federal Anticorrupción, y justo el filme censurado cuestiona la corrupta impartición de la justicia.

No me sujetaré a resoluciones en que intervenga otro partido: Encinas



¡¡Exijamos lo Imposible!!


“En ningún momento se acordó celebrar esta consulta conjuntamente con el PAN”, aseveró el coordinador del PRD en San Lázaro al descalificar la consulta anunciada hoy.
La Jornada
02/03/2011


México, DF. Alejandro Encinas descalificó la consulta para definir una eventual alianza electoral del sol azteca con Acción Nacional (PAN) en el estado de México, y aseveró que no se sujetará a ninguna resolución en la que intervenga un partido ajeno al suyo.


“En ningún momento se acordó celebrar esta consulta conjuntamente con el PAN”, aseveró. “En lo que respecta a las definiciones en la línea política del PRD, éstas deben asumirse con plena autonomía e independencia de cualquier órgano del Estado o de otra organización política”, dijo.


Añadió que lo que está a debate es la política de alianzas del PRD, no la del PAN, pues ése, dijo, es un asunto que sólo a los panistas compete.

"Se mandató a la Comisión Política Nacional para que coadyuvara con la dirección del PRD en el Estado de México en la realización de dicho proceso", pero ninguna instancia de la dirección nacional, fuera de los dirigentes en el estado de México (todos ellos a favor de alianza, acusó) ha participado en el diseño y organización de la consulta.