Distrito Federal– Con un argumento de deudor tramposo: “es que no me depositaron a tiempo el dinero ofrecido”, PC Capital hizo mutis en el escenario en que se ha montado, desde julio pasado, una farsa para atentar contra los derechos de los trabajadores de Mexicana de Aviación, aunque con ello se infiera también un daño irreversible a la transportación aérea mexicana.
En noviembre pasado, y no obstante que no era la mejor oferta para adquirir el 95 por ciento de las acciones en manos de Tenedora K, el administrador y el conciliador del concurso mercantil de la otrora línea aérea emblemática de México determinaron que PC Capital controlara el capital de la empresa. Esa era una apariencia, sin embargo, en realidad, esa elección y la decisión de empujarla a su consumación, o quizá a su deliberada frustración, partió de los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo, Juan Molinar y Javier Lozano.
Ahora se ve que se trataba sólo de hacer que corriera el tiempo, para abatir aún más el ya muy disminuido valor de Mexicana, y demandar de los sindicatos con los que contrata una reducción todavía mayor de la ya aceptada en los términos de sus contratos colectivos. Es la culminación de una serie de maniobras que comenzó desde que el Grupo Posadas operaba la aerolínea y resolvió que no podía hacerlo con la carga laboral que para ellos representaban los derechos adquiridos por pilotos, sobrecargos y personal de tierra, conforme a los cuales dicho grupo compró la empresa al Ipab, en 2005.
Apenas recibida la empresa se inició una estrategia de desmantelamiento orientada a achicar a la compañía, colocándola con ello en dificultades y aun la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones laborales. El sindicato de pilotos accedió a un compromiso de contribuir con 200 millones de dólares a la capitalización de la empresa, pues a eso ascendía la suspensión de incrementos salariales durante cuatro años. Pero la empresa no cumplió la porción del compromiso que le correspondía. En vez de allegarse capital contrajo deuda en montos tales que su pasivo superó a sus activos. Por eso el sindicato de sobrecargos evitó caer en la trampa en que por su buena disposición quedaron atrapados los pilotos, y entonces los accionistas plantearon un insólito conflicto colectivo de naturaleza económica para que la justicia laboral impusiera con la fuerza de la ley lo que rehusaba ese gremio.
Simultáneamente a la venta y transferencia de sus activos, los accionistas de Mexicana de Aviación crearon el Nuevo Grupo Aeronáutico, constituido por ellos mismos pero con una personalidad jurídica que le permitió plantear el concurso mercantil, figura del derecho corporativo previa a la quiebra y destinada a evitarla. Pero extrañamente, al mismo tiempo que apelaba a los mecanismos legales de concertación con los acreedores para preservar sus operaciones, la empresa suspendió sus vuelos y ventas, con lo que sus dificultades de liquidez crecieron hasta hacerse insuperables. Cegar su principal fuente de ingresos fue una decisión sólo explicable en el sentido de envilecer la sociedad anónima y hacerla inviable y con ello incumplir sus obligaciones laborales, fiscales y mercantiles.
Apareció entonces, agosto del año pasado, una misteriosa Tenedora K, integrada por los grupos Omega y Arizán, que adquirieron mediante un precio simbólico el 95 por ciento de las acciones. Pero pronto quedó claro que tal tenedora no operaría la aerolínea, sino conseguiría capitales para sacarla de su marasmo, costoso sobre todo para los trabajadores dejados al garete y para la clientela que dejó de contar con un servicio necesario, con muchos casos de pagos adelantados que no fueron correspondidos. En ese punto la Secretaría de Comunicaciones debió ejercer su facultad legal de requisar la aerolínea, pues su obligación es garantizar la continuidad del servicio público de la concesionaria. A la abstención de cumplir una responsabilidad la suplió un extraño activismo oficioso. Al margen de los mecanismos del concurso mercantil o sobreponiéndose a ellos aunque simularan lo contrario, los titulares de la SCT y Trabajo se convirtieron en partes de un proceso mercantil que les era ajeno. Identificaron y calificaron a grupos de inversionistas dispuestos a adquirir las acciones ya abaratadas de la empresa en creciente crisis. Disimularon esa irregular intervención con el ejercicio de sus funciones, como certificar las condiciones de vuelo de la empresa que pasaría de manos y asegurar el cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo, pero no los originales sino los ya menoscabados en perjuicio de los trabajadores aunque con su voluntad.
En eso Juan Molinar fue separado de su cargo al comenzar enero, y ello parece haber sido una variable con la que no contaba PC Capital, escogido en noviembre por el propio secretario y por Lozano. Todavía, sin embargo, el 27 de febrero la SCT informó que se avanzaba en la acreditación de “las capacidades técnica, financiera, administrativa y jurídica de la empresa”. Sin embargo, sólo dos días después, el 1 de marzo, las secretarías autoinvolucradas, y no los funcionarios del concurso mercantil anunciaron que “concluyen pláticas con PC Capital”, elusiva manera de admitir que ese consorcio incumplió “su parte de identificar inversionistas solventes”.
Ahora habrá que empezar de nuevo, ante el desconcierto de los trabajadores que hace seis meses perdieron en los hechos su fuente de empleo. Esta escena de la farsa ha terminado. Pero el espectáculo continuará.
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