Un mexicano fuera de órbita :

El estallido que viene

José Agustín Ortiz Pinchetti
Un fantasma recorre la República: la amenaza de un conflicto social. Hasta hace poco esto parecía remoto. Hoy se vuelve probable, aunque, por fortuna, no inevitable. La hipótesis del estallido se sustenta en hechos económicos: una caída sin precedente, por lo menos a 9 por ciento del PIB, acompañada por la pérdida de 900 mil empleos y la caída a la pobreza de 10 millones de personas. Los jóvenes no pueden acceder a la educación por el recorte de los presupuestos ni encontrar trabajo aquí o en Estados Unidos. Su salida es incorporarse al crimen organizado o rebelarse.

Al deterioro económico se suma el político. Esta combinación es fatídica. Ante el desastre económico tendrían que abrirse las válvulas de escape del cambio político, como hizo Ernesto Zedillo en 1995. Si no se canaliza la inconformidad, los costos sociales se convertirán en un reclamo de cambio al que no pueden responder las instituciones también dañadas. El experimento democrático ha naufragado.

Calderón no tiene recursos, inteligencia ni oficio para ofrecer una salida política a esta crisis. Está atrapado entre los grandes sindicatos corruptos del pasado y el pequeño grupo de potentados que lo llevaron al poder y que no quieren renunciar a sus privilegios.

Podríamos temer que en 2010, o antes, los grupos armados que existen en las montañas del país lanzaran ataques secundados por parte importante de la población agraviada. Quizás se asociaran con las redes del narco que los utilizarían dándoles a cambio información, armas sofisticadas y dinero. Podría haber estallidos aislados, asaltos a los supermercados o a transportes con alimentos. También una insurrección urbana que pudiera bloquear carreteras y aeropuertos, en una especie de huelga general, hasta desquiciar el país. El estallido puede desencadenarse con un crimen, un error contumaz o muchos abusos provocadores. Por ejemplo, lo que están haciendo el PRI y el PAN en Iztapalapa para robarle el triunfo a Andrés Manuel.
¿Se podría conjurar el estallido? Sí, con un nuevo acuerdo entre los factores políticos. De ahí se derivará a un nuevo proyecto de nación. Pero, ¿cómo confiar en la derecha que no cumple sus ofertas ni negocia con honestidad? La derecha quiere la restauración de lo peor del PRI, con Salinas a la cabeza, porque considera agotada la opción panista. La única opción está en la organización popular que articule y dé cauce a la inconformidad y la exprese en términos pacíficos electorales. En ese sentido, la nación tiene una enorme deuda con el obradorismo. Es la única fuerza capaz de prevenir y desactivar el estallido que viene.

jaorpin@yahoo.com.mx

Robo priísta de recursos, explicación de la pobreza en Oaxaca: AMLO

Ulises Ruiz amenaza para evitar que se conozca abandono de poblados

Ciro Pérez Silva
Enviado
Santo Domingo Ozolotepec, Oax., 29 de agosto. Andrés Manuel López Obrador anunció aquí que pedirá la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para evitar que se siga hostigando a los maestros y líderes sociales de esta entidad, además de que se acabe la violencia que la víspera tuvo como consecuencia el asesinato del profesor Artemio Camacho Sarabia y dejó heridas a dos de sus compañeras, entre ellas Leónides Celia Mejía, luego de un enfrentamiento entre miembros de las secciones 22 y 59 del SNTE.

El tabasqueño lamentó que la violencia sea el signo que ha marcado el gobierno de Ulises Ruiz cuando se trata de atender conflictos sociales, particularmente cuando involucran al magisterio.

Por otra parte, afirmó que la pobreza en Oaxaca y el abandono de sus comunidades sólo se explican por “la robadera” de los recursos públicos hecha por los gobernadores del PRI que a lo largo de 80 años han mandado en esta entidad.

Al continuar este sábado su gira de trabajo por las comunidades de la sierra sur del estado, el ex candidato presidencial sostuvo que el temor de Ulises Ruiz de que la gente conozca la situación de olvido en que están comunidades tan aisladas que tardan meses en conocer las noticias del país, se refleja en las amenazas con que trata de impedir este recorrido.

“A los presidentes municipales los amenaza diciendo que si nos reciben les van a quitar los programas federales o estatales, y ese gobernador ladrón y corrupto ha llegado al colmo mandando decir, por medio de sus delegados de gobierno, que si nos reciben en los municipios el IFE los va a multar; eso no habla más que del temor que tienen de que la gente descubra la realidad de Oaxaca”.

El tabasqueño escuchó de los habitantes de esta región que ya no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, menos para las obras de infraestructura más indispensables, particularmente los caminos de acceso a las cabeceras municipales, las cuales en su mayoría carecen de pavimento. Otro reclamo reiterado es el de la construcción de centros de salud, ya que los que tienen no les resuelven problemas elementales por la carencia de médicos y medicinas, lo que los obliga a trasladar a sus enfermos hasta Miahuatlán, uno de los puntos urbanos más cercanos, pero que les toma hasta seis u ocho horas para llegar.

Asimismo –dijeron–, requieren servicios jurídicos que asesoren a los habitantes de esta región, así como libros para las bibliotecas de los alumnos, cuya educación no llega más allá de la preparatoria, e inclusive viviendas. En este recorrido, López Obrador ha escuchado también las quejas de egresados del bachillerato, para quienes no queda otra alternativa que el trabajo en el campo.
“Nuestro pueblo no merece sufrir tanto, no merece tanta pobreza. No se justifica en un país como México, porque a pesar de que por años lo han saqueado, todavía hay recursos naturales, como selvas, litorales, bosques; hay recursos, pero lo que ha sucedido es que un grupo, ese que llevó al poder a Felipe Calderón y que se siente dueño del país, se queda con todo”.

Otra de las quejas de los oaxaqueños de esta región es que los políticos sólo vienen a estas alejadas comunidades “si acaso” cuando necesitan su voto, aunque después, como sucede en buena parte del país, no vuelven.

“Esos políticos del PRI que los han gobernado por 80 años tienen un truco bien ensayado, primero empobrecen al pueblo y en época de elecciones le dan migajas, como materiales de construcción, despensas y hasta dinero en efectivo, pero una vez que recogen los votos, a seguir robando; hay que hacer conciencia de que eso que les dan es pan para hoy y hambre para mañana; el pueblo ya no está para limosnas”.

Oportunidad de cambio

Les recordó que el próximo julio habrá elecciones en Oaxaca para cambiar al gobernador, “y ustedes tienen una gran oportunidad para que puedan apoyar a un gobernador honrado, no como Ulises Ruiz, que es mala entraña. Pueden sacar a esos gobernadores que se han dedicado a robar al pueblo para hacerse grandes con los recursos públicos”, dijo.

Acompañado por los senadores Gabino Cué, de Convergencia, y Salomón Jara, del PRD, el tabasqueño lamentó junto con los oaxaqueños de esta región que el campo esté abandonado y no cuenten con programas productivos, que haya caminos como el que conduce a la región de Ozolotepec, del que el gobierno estatal asegura que está pavimentado, cuando en realidad sólo hay asfalto en 2 o 3 kilómetros.

“Estoy seguro de que se roban los recursos. Hay que llamar las cosas por su nombre: Ulises Ruiz no puede justificar muchos bienes, como ese hospital privado que tiene en la ciudad de México, que cuesta mil 500 millones de pesos. ¿Puede explicar de dónde sacó ese dinero? Lo sacó de la corrupción, por mentir sobre caminos como el de Ozolotepec”.

Destacó que con un gobierno honesto se pueden lograr avances importantes para la sociedad oaxaqueña, e insistió en que “no se puede justificar que en el DF haya becas para todos los estudiantes de preparatoria, para madres solteras y para discapacitados, que se entreguen útiles escolares, uniformes,y hasta zapatos para los alumnos de primaria, y aquí no. La repuesta es que todo se roban y a ustedes no les llega nada”.

Nueva legislatura

Toma de protesta de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Ya sabemos quiénes son. Ya sabemos dónde están. Nos queda a nosotros decirles qué hacer.

Homo Sapiens

A prueba, la justicia electoral

GLORIA LETICIA DíAZ
Cada vez más se robustecen las pruebas presentadas por los perredistas Ana Gabriela Guevara y Adrián Ruvalcaba, quienes impugnan los resultados de los comicios en los que perdieron las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa ante sus contrincantes del PAN, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos. Presentadas las querellas ante las instancias local y federal, toca ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir su fallo, que podría invalidar los resultados de esa jornada electoral en las dos demarcaciones capitalinas.
Favorecidos por grandes empresarios y consorcios, incluida Televisa, y denunciados ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) por rebasar los topes de campaña, Demetrio Sodi de la Tijera y Carlos Orvañanos Rea, quienes ganaron para el PAN las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, respectivamente, pueden ser despojados de sus triunfos por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).
Por si fuera poco, hay indicios de que el gobierno de Felipe Calderón intervino a favor de Orvañanos Rea, exsecretario de Juan Camilo Mouriño en la Oficina de la Presidencia y excolaborador de Gerardo Ruiz Mateos en la Secretaría de Economía.
Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN en el Distrito Federal, así como otros dirigentes locales de ese partido, señalan que el órgano electoral, en particular la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF), actúa con iniquidad en los dictámenes contra Sodi de la Tijera y Orvañanos Rea para favorecer a Ana Gabriela Guevara y Adrián Ruvalcaba, postulados por la alianza PRD-PT-Convergencia en las demarcaciones mencionadas.
Lo cierto es que los candidatos panistas fueron denunciados primero por actos anticipados de campaña, y posteriormente por rebasar los topes de campaña establecidos por el IEDF durante el proceso electoral iniciado el 18 de mayo. A Sodi, candidato a la delegación Miguel Hidalgo, se le acusa, por ejemplo, de conceder una entrevista durante la transmisión de la semifinal de futbol Pumas-Puebla, el pasado 23 de mayo.
Según los dictámenes de la UTEF, elaborados principalmente con información proporcionada por el propio PAN capitalino y sus proveedores de campaña, Orvañanos Rea gastó 242 mil 346 pesos más del límite aprobado para su campaña, cuyo monto fue de 468 mil 287 pesos.
En el caso de Sodi, la documentación entregada a la UTEF por Acción Nacional y sus proveedores revela que del monto establecido de 1 millón 200 mil pesos, hubo un rebase de 105 mil 133 pesos. A esta cantidad deben sumarse 730 mil pesos por los 55 segundos de la entrevista concedida por el candidato panista a Televisa.
Sin embargo, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) el que determine si el IEDF tiene facultades para determinar el costo de la entrevista, considerada como propaganda electoral a favor de Sodi, como lo hizo la UTEF.
Esta decisión será determinante también para el caso de Orvañanos Rea, toda vez que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dependiente de la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE), determinó que el candidato fue entrevistado el 17 de junio, en plena campaña electoral, en el programa Matutino Express, que se transmite por el Canal 4 de Televisa.
Así mismo, en la víspera, en el mismo espacio se transmitió un “reportaje relativo a la escasez del agua en la delegación Cuajimalpa”, como indica el oficio del miércoles 19 firmado por el director ejecutivo y secretario técnico del IFE, Antonio Horacio Gamboa Chabban.
Esos datos se conocieron a raíz de que el candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia, Adrián Ruvalcaba, solicitó al IFE, a través de la secretaría general del IEDF, una revisión de los monitoreos realizados entre el 15 y 22 de julio por el órgano federal electoral de los programas transmitidos por el Canal 4, Canal 40 y en radiodifusoras del Grupo Radio Centro.
El TEDF, por su parte, tiene hasta el 6 de septiembre para emitir su fallo sobre el impacto de los rebases de topes de campaña en los resultados electorales –Sodi obtuvo 5% más votos sobre Guevara, mientras que Orvañanos superó por 7% a Ruvalcaba– para poder decretar la anulación de la contienda en ambas delegaciones y convocar a nuevas elecciones, en las que no participarían ni los candidatos ni el PAN, de acuerdo con el Código Electoral del Distrito Federal.
Además, el TEDF está obligado a atender las impugnaciones que interpusieron el PAN y la coalición PRD-PT-Convergencia contra los dictámenes del IEDF. El primero, por rechazar los rebases de topes; la segunda, por considerar que faltaron gastos por contabilizar.
Las inconformidades
En Cuajimalpa, Ruvalcaba se inconformó por el despilfarro del panista Orvañanos Rea, pero sobre todo por “la mano de Los Pinos y de empresarios de la talla de Lorenzo Servitje, de Grupo GEO y de Televisa”, dice a Proceso.
De la participación de funcionarios federales y de Servitje, Orvañanos retoma la denuncia que presentó durante la campaña tras difundirse la grabación de un encuentro que tuvo el panista el 20 de mayo con empresarios en el Club de Golf Bosques en el que presumió del respaldo de Los Pinos y del titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, así como de de Juan Camilo Mouriño y del empresario Lorenzo Servitje.
Sobre la intervención del gobierno federal a favor de Orvañanos, Ruvalcaba menciona que el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Héctor Becerril Mendoza acompañó al presidente del Consejo del Distrito XXI, Edgardo Quintero Ibáñez, en la sesión de cómputo de los votos el 9 de julio.
Por estos hechos, Ruvalcaba interpuso el 16 de julio dos denuncias penales por delitos electorales ante la Fiscalía para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), contenidas en el recurso de impugnación del resultado electoral.
La primera queja se refiere a las presuntas irregularidades en que incurrió Quintero en la jornada electoral del 5 de julio, que se desprenden del acta circunstanciada del cómputo electoral, documentos de los que Proceso tiene copia.
El día de los comicios, Quintero decretó un receso de la sesión a las 19:00 horas; a las 20:35 reportó el ingreso del primer paquete electoral, de las 350 urnas instaladas; a las 13:30 del 6 de julio declaró cerrada la sesión; a las 23:57 de ese mismo día anunció la entrega de las boletas de la última casilla electoral.
A las 18:47 horas del 6 de julio, en la página del Programa de Resultados Electorales Parciales (PREP), con 100% de casillas computadas, se dio el triunfo a Orvañanos con 26 mil 266 votos, mientras que a Ruvalcaba se le contabilizaron sólo 21 mil 637.
Estos mismos resultados aparecieron en el acta final del cómputo del Consejo Distrital XXI, con los que se acreditó la constancia de mayoría a favor de Orvañanos, firmada por Quintero y por el secretario del Consejo, Ignacio Osorio Pérez, el 9 de julio.
Además, el día del cómputo final, Quintero trasladó la sesión a las instalaciones centrales del IEDF, argumentando hechos de violencia; incluso penetró al inmueble acompañado de Becerril y admitió ante su superior, Narciso Meléndez, encargado de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo de Órganos Desconcentrados, que era agente del Cisen.
En su impugnación ante el TEDF, Ruvalcaba pide que se incluyan los gastos del cierre de campaña que Orvañanos no reportó, entre ellos el evento que amenizaron la actriz Ninel Conde, el grupo La Emboscada, así como una transmisión vía satélite con Verónica Castro, Sergio Meyer animador del programa Sólo para mujeres, y el espectáculo boxístico al que asistieron José Sulaiman y el exboxeador Guadalupe Pintor.
También reclama que se incluyan los pagos a brigadistas por mil 500 pesos, documentado con la declaración de uno de ellos en una querella penal por lesiones y privación ilegal contra simpatizantes de Ruvalcaba, así como excesos en la pinta de bardas que, arguye el perredista, ascendió a más de 700 mil pesos, según la información de un perito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
El de las bardas fue el único elemento en el que la UTEF hizo valer su facultad para modificar el reporte de gastos presentado por Orvañanos, quien informó que se pagaron cinco pesos por metro cuadrado, cantidad que la UTEF consideró inverosímil y consignó en 20 pesos, con base en cotizaciones de otros proveedores.
“Nuestra estimación es que al menos rebasó el tope por 1 millón 400 mil pesos. Los panistas fueron desaseados como nunca, supongo que porque creían que con el apoyo de los empresarios y el gobierno federal iban a declararse ganadores ‘haiga sido como haiga sido’”, dice Ruvalcaba, parafraseando a Felipe Calderón.
Los excesos de Sodi
El asunto no es muy diferente en el caso de Miguel Hidalgo. “Calculamos que Demetrio Sodi rebasó en 3 millones de pesos el tope de campaña”, sostiene el diputado local electo Víctor Hugo Romo, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el caso.
Dice a Proceso: “Sólo con la entrevista en el partido Pumas-Puebla, que anunció Sodi en su página de internet un día antes, que nosotros calculamos en 900 mil pesos, y con la producción de su reality show por internet bigsodi.tv, que él la tasa en 30 mil pesos. Así se lo aceptó el IEDF, pero que a nosotros la misma empresa, Activamente Producciones, nos presupuestó en 37 mil pesos por día. De ser así, Sodi habría gastado más de 2 millones de pesos, con lo que rebasó en 300 % el tope de campaña”, agrega Romo.
Sin contar estos gastos, resalta Romo, “la UTEF documenta con las facturas del PAN y con los reportes de los proveedores, un exceso de 105 mil pesos, monto que brinca con una factura que los panistas no consideraban por 202 mil pesos, y que ahora tratan de desmentir, argumentando que eso fue lo que les costó la impresión de una carta firmada por Mariana Gómez del Campo en la que llama a apoyar a los diputados federales del PAN. Eso es totalmente inverosímil”.
La maniobra fue revelada por el titular de la UTEF, Luis Celhay López, en un escrito dirigido al secretario ejecutivo el IEDF, Sergio González Muñoz, el martes 18, para responder a las imputaciones que se le hicieron a su oficina por el dictamen de rebase de topes.
En el documento, Celhay narra cómo el proveedor Mega Direct adjudicó a Demetrio Sodi una factura por 202 mil 813 pesos a través de su director general Luis Eduardo Palma en dos ocasiones: el 31de julio en su reporte de operaciones y el viernes 7 de agosto, cuando se le pidió información sobre ese asunto.
Sin embargo, una carta del viernes 14 con el logotipo de la misma empresa, firmada por Jorge Castilla Vázquez y Mellado –“de quien se desconoce su cargo y la calidad de la personalidad jurídica con que se acredita”– niega que la factura en cuestión corresponda a la campaña de Sodi.
Por votación de los consejeros, ese documento fue admitido por la UTEF para su análisis, a pesar de que se agotó el término de la instrucción. Al final, la dependencia descartó la misiva en su dictamen.
Sin embargo, los perredistas insistieron y entregaron otro escrito de Mega Direct, fechado el jueves 20 de agosto y firmado por Luis Eduardo Palma. En él, sin mencionar a Castilla Vázquez y Mellado, ratifican “el contenido” y “cada uno de los términos” del documento del viernes 14.
Advierte Romo: “Es claro que Sodi y su equipo están desesperados y que esta serie de comunicaciones se las sacaron de la manga porque no previeron que el proveedor los iba a delatar, como ocurrió en otros gastos enviados a la UTEF de los cuales no se tenían informes porque el PAN se negó en 12 ocasiones a responder las solicitudes de información, y que correspondían a propaganda del PAN para favorecer a varios candidatos.”
Según él, hay sospechas de que los panistas de la delegación Miguel Hidalgo “hicieron su cochinito” con recursos públicos correspondientes a un adelanto por 40 millones de pesos que Gabriela Cuevas asignó para la construcción de deprimidos en Polanco, obras que fueron suspendidas por la Secretaría de Protección Civil en febrero de 2009, facultad que impugnó Cuevas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en julio pasado dio la razón al gobierno Marcelo Ebrard.
“Integré una queja ante la Contraloría por esos recursos, porque ahora resulta que no aparecen y hay el riesgo de que el actual delegado, Alfredo Vinalay, los dé por perdidos. La gran sospecha es que Gabriela Cuevas sabía que iba a perder el juicio, puesto que los asignó en medio del litigio. A mí no me cabe duda de que parte de esos fondos fueron asignados a las campañas del PAN, en específico para Gabriela (Cuevas) y para Sodi”, insiste Romo.
Para el legislador perredista, los rebases de topes de campaña de Sodi y de Orvañanos “están totalmente acreditados por el IEDF”. Y aunque esta instancia no investigó a fondo, los tribunales electorales local y federal sólo tienen que optar por la anulación de elección en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
Y concluye:
“Es la oportunidad de los magistrados del TEPJF para lavarse la cara, ante los hechos de 2006 con Calderón; así como los de Iztapalapa, con Silvia Oliva. Puede reivindicarse y rescatar la ley electoral actual, o cavar su tumba.”

La niñez hondureña en resistencia :