A prueba, la justicia electoral

GLORIA LETICIA DíAZ
Cada vez más se robustecen las pruebas presentadas por los perredistas Ana Gabriela Guevara y Adrián Ruvalcaba, quienes impugnan los resultados de los comicios en los que perdieron las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa ante sus contrincantes del PAN, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos. Presentadas las querellas ante las instancias local y federal, toca ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir su fallo, que podría invalidar los resultados de esa jornada electoral en las dos demarcaciones capitalinas.
Favorecidos por grandes empresarios y consorcios, incluida Televisa, y denunciados ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) por rebasar los topes de campaña, Demetrio Sodi de la Tijera y Carlos Orvañanos Rea, quienes ganaron para el PAN las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, respectivamente, pueden ser despojados de sus triunfos por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).
Por si fuera poco, hay indicios de que el gobierno de Felipe Calderón intervino a favor de Orvañanos Rea, exsecretario de Juan Camilo Mouriño en la Oficina de la Presidencia y excolaborador de Gerardo Ruiz Mateos en la Secretaría de Economía.
Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN en el Distrito Federal, así como otros dirigentes locales de ese partido, señalan que el órgano electoral, en particular la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF), actúa con iniquidad en los dictámenes contra Sodi de la Tijera y Orvañanos Rea para favorecer a Ana Gabriela Guevara y Adrián Ruvalcaba, postulados por la alianza PRD-PT-Convergencia en las demarcaciones mencionadas.
Lo cierto es que los candidatos panistas fueron denunciados primero por actos anticipados de campaña, y posteriormente por rebasar los topes de campaña establecidos por el IEDF durante el proceso electoral iniciado el 18 de mayo. A Sodi, candidato a la delegación Miguel Hidalgo, se le acusa, por ejemplo, de conceder una entrevista durante la transmisión de la semifinal de futbol Pumas-Puebla, el pasado 23 de mayo.
Según los dictámenes de la UTEF, elaborados principalmente con información proporcionada por el propio PAN capitalino y sus proveedores de campaña, Orvañanos Rea gastó 242 mil 346 pesos más del límite aprobado para su campaña, cuyo monto fue de 468 mil 287 pesos.
En el caso de Sodi, la documentación entregada a la UTEF por Acción Nacional y sus proveedores revela que del monto establecido de 1 millón 200 mil pesos, hubo un rebase de 105 mil 133 pesos. A esta cantidad deben sumarse 730 mil pesos por los 55 segundos de la entrevista concedida por el candidato panista a Televisa.
Sin embargo, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) el que determine si el IEDF tiene facultades para determinar el costo de la entrevista, considerada como propaganda electoral a favor de Sodi, como lo hizo la UTEF.
Esta decisión será determinante también para el caso de Orvañanos Rea, toda vez que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dependiente de la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE), determinó que el candidato fue entrevistado el 17 de junio, en plena campaña electoral, en el programa Matutino Express, que se transmite por el Canal 4 de Televisa.
Así mismo, en la víspera, en el mismo espacio se transmitió un “reportaje relativo a la escasez del agua en la delegación Cuajimalpa”, como indica el oficio del miércoles 19 firmado por el director ejecutivo y secretario técnico del IFE, Antonio Horacio Gamboa Chabban.
Esos datos se conocieron a raíz de que el candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia, Adrián Ruvalcaba, solicitó al IFE, a través de la secretaría general del IEDF, una revisión de los monitoreos realizados entre el 15 y 22 de julio por el órgano federal electoral de los programas transmitidos por el Canal 4, Canal 40 y en radiodifusoras del Grupo Radio Centro.
El TEDF, por su parte, tiene hasta el 6 de septiembre para emitir su fallo sobre el impacto de los rebases de topes de campaña en los resultados electorales –Sodi obtuvo 5% más votos sobre Guevara, mientras que Orvañanos superó por 7% a Ruvalcaba– para poder decretar la anulación de la contienda en ambas delegaciones y convocar a nuevas elecciones, en las que no participarían ni los candidatos ni el PAN, de acuerdo con el Código Electoral del Distrito Federal.
Además, el TEDF está obligado a atender las impugnaciones que interpusieron el PAN y la coalición PRD-PT-Convergencia contra los dictámenes del IEDF. El primero, por rechazar los rebases de topes; la segunda, por considerar que faltaron gastos por contabilizar.
Las inconformidades
En Cuajimalpa, Ruvalcaba se inconformó por el despilfarro del panista Orvañanos Rea, pero sobre todo por “la mano de Los Pinos y de empresarios de la talla de Lorenzo Servitje, de Grupo GEO y de Televisa”, dice a Proceso.
De la participación de funcionarios federales y de Servitje, Orvañanos retoma la denuncia que presentó durante la campaña tras difundirse la grabación de un encuentro que tuvo el panista el 20 de mayo con empresarios en el Club de Golf Bosques en el que presumió del respaldo de Los Pinos y del titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, así como de de Juan Camilo Mouriño y del empresario Lorenzo Servitje.
Sobre la intervención del gobierno federal a favor de Orvañanos, Ruvalcaba menciona que el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Héctor Becerril Mendoza acompañó al presidente del Consejo del Distrito XXI, Edgardo Quintero Ibáñez, en la sesión de cómputo de los votos el 9 de julio.
Por estos hechos, Ruvalcaba interpuso el 16 de julio dos denuncias penales por delitos electorales ante la Fiscalía para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), contenidas en el recurso de impugnación del resultado electoral.
La primera queja se refiere a las presuntas irregularidades en que incurrió Quintero en la jornada electoral del 5 de julio, que se desprenden del acta circunstanciada del cómputo electoral, documentos de los que Proceso tiene copia.
El día de los comicios, Quintero decretó un receso de la sesión a las 19:00 horas; a las 20:35 reportó el ingreso del primer paquete electoral, de las 350 urnas instaladas; a las 13:30 del 6 de julio declaró cerrada la sesión; a las 23:57 de ese mismo día anunció la entrega de las boletas de la última casilla electoral.
A las 18:47 horas del 6 de julio, en la página del Programa de Resultados Electorales Parciales (PREP), con 100% de casillas computadas, se dio el triunfo a Orvañanos con 26 mil 266 votos, mientras que a Ruvalcaba se le contabilizaron sólo 21 mil 637.
Estos mismos resultados aparecieron en el acta final del cómputo del Consejo Distrital XXI, con los que se acreditó la constancia de mayoría a favor de Orvañanos, firmada por Quintero y por el secretario del Consejo, Ignacio Osorio Pérez, el 9 de julio.
Además, el día del cómputo final, Quintero trasladó la sesión a las instalaciones centrales del IEDF, argumentando hechos de violencia; incluso penetró al inmueble acompañado de Becerril y admitió ante su superior, Narciso Meléndez, encargado de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo de Órganos Desconcentrados, que era agente del Cisen.
En su impugnación ante el TEDF, Ruvalcaba pide que se incluyan los gastos del cierre de campaña que Orvañanos no reportó, entre ellos el evento que amenizaron la actriz Ninel Conde, el grupo La Emboscada, así como una transmisión vía satélite con Verónica Castro, Sergio Meyer animador del programa Sólo para mujeres, y el espectáculo boxístico al que asistieron José Sulaiman y el exboxeador Guadalupe Pintor.
También reclama que se incluyan los pagos a brigadistas por mil 500 pesos, documentado con la declaración de uno de ellos en una querella penal por lesiones y privación ilegal contra simpatizantes de Ruvalcaba, así como excesos en la pinta de bardas que, arguye el perredista, ascendió a más de 700 mil pesos, según la información de un perito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
El de las bardas fue el único elemento en el que la UTEF hizo valer su facultad para modificar el reporte de gastos presentado por Orvañanos, quien informó que se pagaron cinco pesos por metro cuadrado, cantidad que la UTEF consideró inverosímil y consignó en 20 pesos, con base en cotizaciones de otros proveedores.
“Nuestra estimación es que al menos rebasó el tope por 1 millón 400 mil pesos. Los panistas fueron desaseados como nunca, supongo que porque creían que con el apoyo de los empresarios y el gobierno federal iban a declararse ganadores ‘haiga sido como haiga sido’”, dice Ruvalcaba, parafraseando a Felipe Calderón.
Los excesos de Sodi
El asunto no es muy diferente en el caso de Miguel Hidalgo. “Calculamos que Demetrio Sodi rebasó en 3 millones de pesos el tope de campaña”, sostiene el diputado local electo Víctor Hugo Romo, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el caso.
Dice a Proceso: “Sólo con la entrevista en el partido Pumas-Puebla, que anunció Sodi en su página de internet un día antes, que nosotros calculamos en 900 mil pesos, y con la producción de su reality show por internet bigsodi.tv, que él la tasa en 30 mil pesos. Así se lo aceptó el IEDF, pero que a nosotros la misma empresa, Activamente Producciones, nos presupuestó en 37 mil pesos por día. De ser así, Sodi habría gastado más de 2 millones de pesos, con lo que rebasó en 300 % el tope de campaña”, agrega Romo.
Sin contar estos gastos, resalta Romo, “la UTEF documenta con las facturas del PAN y con los reportes de los proveedores, un exceso de 105 mil pesos, monto que brinca con una factura que los panistas no consideraban por 202 mil pesos, y que ahora tratan de desmentir, argumentando que eso fue lo que les costó la impresión de una carta firmada por Mariana Gómez del Campo en la que llama a apoyar a los diputados federales del PAN. Eso es totalmente inverosímil”.
La maniobra fue revelada por el titular de la UTEF, Luis Celhay López, en un escrito dirigido al secretario ejecutivo el IEDF, Sergio González Muñoz, el martes 18, para responder a las imputaciones que se le hicieron a su oficina por el dictamen de rebase de topes.
En el documento, Celhay narra cómo el proveedor Mega Direct adjudicó a Demetrio Sodi una factura por 202 mil 813 pesos a través de su director general Luis Eduardo Palma en dos ocasiones: el 31de julio en su reporte de operaciones y el viernes 7 de agosto, cuando se le pidió información sobre ese asunto.
Sin embargo, una carta del viernes 14 con el logotipo de la misma empresa, firmada por Jorge Castilla Vázquez y Mellado –“de quien se desconoce su cargo y la calidad de la personalidad jurídica con que se acredita”– niega que la factura en cuestión corresponda a la campaña de Sodi.
Por votación de los consejeros, ese documento fue admitido por la UTEF para su análisis, a pesar de que se agotó el término de la instrucción. Al final, la dependencia descartó la misiva en su dictamen.
Sin embargo, los perredistas insistieron y entregaron otro escrito de Mega Direct, fechado el jueves 20 de agosto y firmado por Luis Eduardo Palma. En él, sin mencionar a Castilla Vázquez y Mellado, ratifican “el contenido” y “cada uno de los términos” del documento del viernes 14.
Advierte Romo: “Es claro que Sodi y su equipo están desesperados y que esta serie de comunicaciones se las sacaron de la manga porque no previeron que el proveedor los iba a delatar, como ocurrió en otros gastos enviados a la UTEF de los cuales no se tenían informes porque el PAN se negó en 12 ocasiones a responder las solicitudes de información, y que correspondían a propaganda del PAN para favorecer a varios candidatos.”
Según él, hay sospechas de que los panistas de la delegación Miguel Hidalgo “hicieron su cochinito” con recursos públicos correspondientes a un adelanto por 40 millones de pesos que Gabriela Cuevas asignó para la construcción de deprimidos en Polanco, obras que fueron suspendidas por la Secretaría de Protección Civil en febrero de 2009, facultad que impugnó Cuevas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en julio pasado dio la razón al gobierno Marcelo Ebrard.
“Integré una queja ante la Contraloría por esos recursos, porque ahora resulta que no aparecen y hay el riesgo de que el actual delegado, Alfredo Vinalay, los dé por perdidos. La gran sospecha es que Gabriela Cuevas sabía que iba a perder el juicio, puesto que los asignó en medio del litigio. A mí no me cabe duda de que parte de esos fondos fueron asignados a las campañas del PAN, en específico para Gabriela (Cuevas) y para Sodi”, insiste Romo.
Para el legislador perredista, los rebases de topes de campaña de Sodi y de Orvañanos “están totalmente acreditados por el IEDF”. Y aunque esta instancia no investigó a fondo, los tribunales electorales local y federal sólo tienen que optar por la anulación de elección en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
Y concluye:
“Es la oportunidad de los magistrados del TEPJF para lavarse la cara, ante los hechos de 2006 con Calderón; así como los de Iztapalapa, con Silvia Oliva. Puede reivindicarse y rescatar la ley electoral actual, o cavar su tumba.”