Periódico La Jornada Lunes 16 de mayo de 2016, p. 31
Culiacán, Sin.
Dos candidatos a diputados locales, del partido Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dieron a conocer que sufrieron amenazas y ataques durante sus actividades de proselitismo el sábado pasado, en los municipios de Culiacán y Navolato, respectivamente.
Flora Sánchez Ramos, abanderada de Morena a la diputación local por el distrito 18, dijo que luego de salir de un debate organizado por Instituto Estatal Electoral, realizado en el Instituto Tecnológico de Culiacán en la comunidad de Eldorado, fue alcanzada por sujetos que viajaban en una camioneta negra, sin placas, quienes le gritaron: ¡Te vas a arrepentir! La candidata acudió a agentes de la policía municipal de Culiacán y luego denunció el incidente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Nuestra presidenta de Morena en Eldorado regresó y tomó fotografías del carro. Los policías estaban a unos 20 metros, pero no hicieron nada, manifestó Sánchez.
Dijo que el ambiente en el auditorio durante el debate fueríspido, ya que tanto Rosario Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, como Maricela Ramírez Álvarez, del Partido Sinaloense (de registro local), le hicieron cuestionamientos que ella no respondió.
Mientras, en el municipio de Navolato, Martín López, candidato del PVEM a la alcaldía, señaló que desconocidos le arrojaron piedras cuando fue a la comunidad de Dautillos. Sostuvo que sus brigadistas sufrieron una agresión similar en la colonia Los Ángeles, en la cabecera municipal de Navolato.
En estas agresiones no hubo lesionados, sólo daños materiales. Martín López interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público.
Ciudad de México. Académicos de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM iniciaron este lunes un paro general de labores de 24 horas como medida de protesta ante el intento de los directivos de esa entidad de "obligar" a docentes consolidados a jubilarse aun contra su voluntad.
En conferencia de prensa, explicaron que el paro también responde a una acción de solidaridad con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes iniciaron un paro indefinido de labores en diversos estados en rechazo a la reforma educativa y a los despidos de maestros que no han participado en la evaluación docente.
Los maestros universitarios señalaron que es necesario un plan institucional de profesionalización que atienda la "precarización" en la que se encuentran la mayoría de los profesores de la casa de estudios, pues alrededor de 80 por ciento sólo está contratado por horas.
Asimismo, demandaron a los funcionarios de la FE un "proceso transparente" para el ingreso cómo docentes de tiempo completo, el cual -dijeron- debe darse a través de concursos de oposición, como lo marcan las normas de la UNAM, "y no por dedazo".
Lamentaron que hasta ahora el director de la FE, Eduardo Vega, no haya manifestado interés por resolver sus demandas, por lo que se han visto obligados a acudir tanto a la rectoría como a la Dirección General de Atención al Personal Académico de la casa de estudios, donde entregaran sendos documentos exigiendo la instalación de una mesa de diálogo a fin de solucionar sus peticiones.
rde Tamaulipas; la chispa que desató el incendio son las elecciones de gobernador del 5 de junio. El PRI y aliados intercambian duros cargos –‘‘ narcos’’, ‘‘corruptos’’ y otras delicadezas– contra el PAN. ¿Por qué tanta belicosidad? ¿Es la motejadaMataulipas una posición clave de la futura campaña presidencial? Nop. Sólo representa 3 por ciento del padrón, con 2.5 millones de electores. Su importancia consiste en que es frontera con Estados Unidos. La aduana de Nuevo Laredo es la más importante del país para el comercio exterior lícito; opera 40 por ciento del total. Pero habría que añadirle el no lícito (contrabando de mariguana, cocaína, heroína y armas). De acuerdo con un estudio realizado en 2011 por el grupo Global Financial Integrity, el valor del tráfico de drogas en el mundo es de 320 mil millones de dólares al año. Una proporción –no determinada con exactitud– se movería por Tamaulipas hacia el otro lado de la frontera. No es de sorprender que los partidos quieran el control de la entidad. El actual gobernador, Egidio Torre Cantú (PRI), heredó el cargo al ser asesinado –por motivos no muy claros– su hermano Rodolfo, en plena campaña. Si está usted pensando en apostar unos centavitos por alguno de los partidos, guarde su dinero. Al final el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca será sacrificado (políticamente) y el ganador será Baltazar Hinojosa, del PRI. Algo le dará Ricardo Anaya para compensarlo de la salpicada.
El periscopeado
Cuando se trata de sus negocios no le funciona el Periscope al city managerde la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen. Vecinos de San Miguel Chapultepec protestan porque está en la construcción de un edificio que supera en más de 60 por ciento lo permitido por la ley. El inmueble se localiza en general Tiburcio Montiel 18. De acuerdo con la norma, en ese lugar sólo está permitido construir edificios de tres niveles. Según los vecinos que tienen más años viviendo en el rumbo, el city habría heredado el edificio de su padre, en su tamaño original de tres niveles, pero desde que anda periscopeando su patrimonio ha mejorado, así que ya lo agrandó a ¡ocho pisos en dos bloques! A ese paso va a terminar más alto que la Torre Latinoamericana.
Contingencia política
Escogió mal día Miguel Ángel Mancera para destaparse como aspirante a la Presidencia (El Universal, 16 de mayo). La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) decretó la fase 1 de contingencia, luego de que a las 17 horas se registraron 157 puntos Imeca de ozono en Tláhuac. No atendieron los asesores de Mancera el consejo de don Fidel Velázquez: ‘‘El que se mueve no sale’’. Y la contingencia se le revirtió como contingencia política en redes sociales. No quieren atender autoridades tanto federales (Rafael Pacchiano, de Semarnat), como Mancera, la opinión de expertos de que sacando autos de circulación no se va a resolver el problema. Es necesario decretar una ‘‘moratoria inmobiliaria’’; es déficit meterle freno al cártel de la construcción, dejar de talar árboles y distribuir gasolina de calidad. Importa la que les deja más utilidad, no la mejor. Vía Twitter, el sistema de monitoreo informó que la Came suspendía el Hoy no circula a partir de las 3 de la tarde de ayer domingo.
Ombudsman Social
Nuestras autoridades ya tiraron a la basura al Año de Hidalgo. Como buenos neoliberales ahora se rigen por el Sexenio de Hidalgo.
Miguel Ramírez/Torreón
R: Y como pintan las cosas este será el Siglo de Hidalgo.
Twitteratti
A Mancera se le va a aplicar el ‘‘Ya no circula’’ en 2018.
MAESTROS DE CHIAPAS CELEBRAN SU DÍA CON PROTESTA. Miles de integrantes de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estudiantes normalistas, padres de familias y la sociedad civil marcharon ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para protestar contra la reforma educativa, así como por la represión contra el movimiento magisterial que se opone a la evaluación docenteFoto Cuartoscuro
T
res sentencias distintas y un solo Es- tado verdadero, en un sabadazo judicial muy significativo, ya sin visitas molestas (el GIEI ya ausente) y con múltiples distractores puestos en juego (por ejemplo, el congreso de la Federación Internacional de Futbol Asociación, con su estela de corrupción mafiosa, realizado en México que, con apego a la doctrina del pan y circo, busca la sede del Mundial 2026).
La demolida verdad histórica de Murillo Karam ha sido mágicamente transformada ahora en verdad judicial, mediante sentencias de un juzgado de distrito y de un tribunal unitario, las cuales son inapelables, según informó la agencia Reforma (http://bit.ly/1Xt6SUR). Los normalistas de Ayotzinapa están muertos, conforme a esa letra jurídica,muy probablemente asesinados sumariamente, a unas horas de sus detenciones. El malabar del Poder Judicial de la Federación libra al Estado mexicano del señalamiento de que hubo desaparición forzada y da por buena la especie de que se trató de secuestros y homicidios calificados que cometieron unos particulares (los miembros de Guerreros unidos). La desaparición forzada responsabilizaría a funcionarios públicos o individuos coludidos con ellos. Tal posibilidad se está eliminando, a pesar de que sigue tan vigente y fuerte que oficialmente se sigue buscando a los estudiantes, por considerar que no está probada su muerte, y uno de los segmentos bajo fundada sospecha es el de la Policía Federal, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y el Ejército.
Cierto es que el rediseño judicial aprobado conlleva un eventual castigo mayor para algunos de los más de cien inculpados por los hechos de Iguala, pues serían más los años a pasar en prisión en caso de ser sentenciados culpables de secuestro (ese argumento lo usa mucho el gobierno federal). Pero, al mismo tiempo, el expediente del caso evidencia graves fallas procesales adjudicables a la Procuraduría General de la República en sus dos administraciones recientes, la de Jesús Murillo Karam y la de Arely Gómez González. La subprocuraduría especializada en asuntos de delincuencia organizada, de la PGR, no acreditó que se hubiera producido un ocultamiento de los jóvenes, y ante la falta de esa condición para tipificar el delito de desaparición forzada, los juzgadores ya ni siquiera revisaron el resto de los alegatos.
El magistrado Carlos Manuel Aponte Sosa, al frente del tribunal unitario con sede en Tamaulipas, dijo en uno de los puntos que la Seido había ofrecido argumentos deficientes. En otro aspecto del proceso, el mismo Aponte aseguró que los argumentos de la PGR eran tanpobres que sólo supliendo sus deficiencias podría analizar el expediente, lo que no haría porque sería ilegal. ¡Perdió la PGR! ¿Perdió?
En Sonora, un juzgado de distrito sentenció a 19 personas a penas que van, en cada particularidad, de 20 a 29 años de cárcel, al pago de multas y a lareparación del daño por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, en junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niños y heridas a unos 70 pequeños. La resolución judicial se ciñe a la narrativa de homicidios por culpa, debido a lo cual los castigos van a responsables operativos específicos y no a altos funcionarios públicos.
Al paso de los años se ha sustentado la posibilidad de que aquel incendio se produjera al extenderse el fuego a la guardería desde un local contiguo, propiedad del gobierno estatal, donde supuestamente se quemaba papelería oficial para desaparecer pruebas de movimientos fraudulentos con dinero público. En ese contexto se ha insistido en la responsabilidad del entonces gobernador Eduardo Bours, hasta ahora intocado. También impune ha quedado Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, quien ocupaba Los Pinos cuando sucedieron los hechos. El expediente judicial de aquella guardería, sin responsabilidad oficial asignada a su pariente, ha sido constante motivo de críticas a la ahora precandidata presidencial panista. Cerrar el caso en esta fase, aunque probablemente será impugnado en otra instancia por padres de familia, permitirá a Zavala Gómez del Campo referir preguntas y señalamientos a la letra judicial ya anunciada.
A pesar de las contundentes evidencias de que en Tlatlaya, estado de México, 22 presuntos delincuentes fueron ejecutados por militares, la justicia civil ha decretado la libertad plena para los últimos elementos de verde olivo que estaban en prisión (militar). No hubo homicidios, encubrimiento en la modalidad de alteración ni modificación ilícita del vestigio de hecho delictivo. Oficialmente fue un enfrentamiento entre soldados y miembros del crimen organizado, con un saldo absolutamente irregular: todos los supuestos criminales fueron muertos, sin baja mortal alguna del lado castrense. El resolutivo federal fortalece la impunidad y alienta la política de limpieza social que en el país se practica.
La FIFA, arriba mencionada, escogió un foro inmejorable para realizar un congreso mundial con pretensiones de dejar atrás el historial de corrupción que la FBI reveló con detenciones de directivos futboleros y defenestración de algunos de estos: el México de Virgilio Andrade, la Casa Blanca y la corrupción generalizada e institucionalizada (El Tuca Ferreti mostrando una cartera en lo alto a un árbitro en un juego de eliminatorias en Monterrey; The Wall Street Journalpublicando una carta anónima que habla del uso del Estadio Azteca como lavandería de dinero recibido por Televisa a cuenta de propaganda política y gubernamental pagada en efectivo). Pero el fondo del asunto es que el peñismo y Televisa buscan organizar un nuevo Mundial de Futbol, el de 2026, en México. O cuando menos entre México, Estados Unidos y Canadá. PRI y circo.
Y, mientras los profesores han vuelto a manifestarse y a plantarse contra la reforma educativa, con demanda de diálogo en Bucareli con Osorio Chong que el secretario Nuño dice que no se dará, ¡hasta mañana!
El diario especializado dice que las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto son vistas como un fracaso, después de que se les consideró avasalladoras, radicales y audaces. Esto, agrega, abre las puertas de la Presidencia a AMLO, una “versión mexicana de Donald Trump”, aunque no es la primera vez que el medio británico califica de populista al líder de Morena. Acepta que es un político experimentado y que en las próximas elecciones vez podría llegar con más facilidad que en 2012. “Para ser justos, no está claro cuánto podría cambiar AMLO –en política económica, por ejemplo– si gana. Para empezar, estaría operando sin una mayoría en el Congreso, por lo que revertir las reformas estructurales sería poco probable […]”. Sostiene que, “aún así, el gobierno va a querer impedir su elección…”
Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– “Avasalladoras, radicales, audaces. Esas son las buenas descripciones de las reformas estructurales aplicadas por el Gobierno mexicano en los últimos tres años. El fracaso, por desgracia, es la otra [descripción]”.
Así empieza un análisis publicado hoy por The Financial Times, uno de los medios más influyentes del mundo entre los especialistas en economía y finanzas. El texto es firmado por Dan Bogler.
“El crecimiento económico, en lugar de acelerar de nuevo a 4 por ciento o más al año, se ha tropezado en apenas poco más de 2 por ciento. El mercado de valores se ha aplastado, mientras que el peso ha perdido terreno, y no sólo frente al dólar. Todo esto ha llevado a los inversionistas internacionales de ser partidarios entusiastas del Presidente Enrique Peña Nieto y sus planes en energía, telecomunicaciones, medios de comunicación y reformas fiscales, a ser críticos que están tirando sus activos mexicanos”, agrega el diario.
The Financial Times es uno de los medios que, en su momento, aplaudieron las reformas del Presidente Peña cuando inició su mandato.
LA RENTA DE VEHÍCULOS AL GOBIERNO FEDERAL SE CONCENTRA EN UN PUÑADO DE EMPRESAS
http://expansion.mx/empresas/
Cuatro empresas dominan el arrendamiento de autos y camionetas al gobierno federal, un negocio de 15,000 millones de pesos desde 2013.
Negocio de pocos
CFE y Pemex son entidades que otorgan en arrendamiento miles de vehículos al año.
(Foto: AFP/Archivo)
A+A-
Por:ENRIQUE TORRES
Sobreprecio, adjudicación directa sin testigos y violación a la Ley de Adquisiciones: esto es lo habitual en los contratos de arrendamiento vehicular en algunas entidades del gobierno federal, un mercado que supera los 15,000 millones de pesos (mdp) durante la actual administración federal.
Según consta en documentos oficiales, sólo cuatro de 26 empresas han obtenido 90% de los contratos de arrendamiento vehicular de entidades del gobierno federal desde 2013. Compañías como Casanova Rent han obtenido contratos que superan los 7,546 millones de pesos (mdp); Jet Van Car Rental logró otros por más de 4,630 mdp; Integra Arrenda alcanzó los 1,798 mdp; y Arrendomóvil captó contratos por 1,024 mdp, principalmente con empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex.
“Desde abril de 2015, el PAN presentó una denuncia ante la PGR en contra de la Comisión Federal de Electricidad por un contrato otorgado a Casanova Rent, pero no se hizo nada, no se inició la investigación”, señaló la senadora Marcela Torres, del Partido Acción Nacional (PAN).
La denuncia fue por la adjudicación directa con la clave SA-018TOQ003-N195-2014, que fue otorgada a Casanova Vallejo, Integra Arrenda, Arrendomóvil de México y Ferbel Norte por la CFE, a través de un contrato por 4,424 mdp para la renta de vehículos. Casanova recibió más del 80% del valor de ese contrato para el arrendamiento de más de 6,000 vehículos. Expansión contactó a Casanova, pero no tuvo respuesta.
“Lo anterior representa una violación a la Ley de Adquisiciones, toda vez que cuando una compra del gobierno excede 350 millones de pesos, es una obligación tener la figura del testigo social, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, según consta en la denuncia del PAN.
El hecho destaca porque, en ese tiempo, instituciones como el IMSS y el SAT también realizaron procedimientos similares vía adjudicación directa, pero con un testigo social.
De acuerdo con un análisis en 25 dependencias del gobierno federal, realizado por la organización civil Transparencia Mexicana, 25% del total de las compras públicas se adjudicaron de forma directa, mientras que 20% se hizo por invitación a cuando menos tres personas y 55 % a través de licitación pública. Esto es, 11 de cada 20 pesos gastados en contrataciones en 2013 se licitaron, y 9 de cada 20 pesos se aplicaron por alguna de las otras dos formas, dijo Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
En el caso de la renta de vehículos para funcionarios de gobierno, el 80% del total de los contratos se realizò a través de adjudicación directa de 2013 a 2015, según consta en el sitio de compras del gobierno Compranet.
La figura de arrendamiento vehicular en dependencias de gobierno surgió en 2011, luego de que la Secretaría de Hacienda restringiera la compra de unidades en 210 dependencias del gobierno federal, con la idea de tener ahorros en el gasto público. Para ello, instrumentó un Contrato Marco en el cual se aceptaron a 26 empresas arrendadoras.
En 2013, durante el acto de presentación de la estrategia de contratación pública, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó la firma de un Contrato Marco para el arrendamiento vehicular por 12,000 mdp en forma multianual, para facilitar el transporte de las dependencias. A partir de esa fecha, se intensificó la adjudicación directa en contratos de arrendamiento a las cuatro empresas antes citadas.
Aunque no hay cifras oficiales, Expansión calcula que el gobierno federal y órganos descentralizados solicitan en arrendamiento más de 250,000 vehículos al año.
CASANOVA RENT, EL GANADOR
En la mayor parte de los contratos otorgados aparece la empresa Casanova Rent. De acuerdo con Compranet, esta compañía disemina los contratos a través de cuatro razones sociales diferentes: Casanova Rent Chapultepec, Casanova Rent, Casanova Rent Volks y Casanova Rent Vallejo.
De 2013 a 2016, Casanova ha obtenido contratos por más de 7,546 millones de pesos, de los cuales 75% los consiguió a través de la adjudicación directa.
Destaca el convenio del cual hizo denuncia el PAN, y que le fue otorgado por la CFE a Casanova Vallejo, al recibir la adjudicación directa por 3,377 mdp, según consta en el contrato 599314. Este convenio fue realizado sin un testigo social. En el mismo expediente, pero con el contrato 599316, la empresa Integra Arrenda obtuvo 762.8 mdp. También figuran el contrato 599313, asignado a Arrendomovil por 37.8 mdp, y uno más registrado en el convenio 599315 a Febel Norte por 10.2 mdp.
La actual administración federal tiene una cierta preferencia por adjudicar de manera directa, dijo en marzo de 2015 el entonces senador David Monreal, del PRD, en la tribuna legislativa. Monreal, ahora candidato a la gubernatura de Zacatecas, denunció opacidad en las adjudicaciones y alertó sobre conflicto de interés, tráfico de influencia, corrupción y, sobre todo, despilfarro del dinero público en los contratos de arrendamiento vehicular.
Monreal propuso que el Ejecutivo Federal rinda ante el legislativo un informe para que esclarezca, en cuestión técnica y de competencia, los contratos realizados principalmente con la compañía Casanova Rent.
A más de un año de la denuncia, no hay ninguna investigación.
El caso de Casanova Rent es particular, pues según consta en la base de datos obtenida por Expansión, hubo cobros indebidos a dependencias como la CFE por vehículos entregados fuera de tiempo, pero con facturas de cobro por los plazos completos.
Por ejemplo, en el caso del registro económico 20000092, Casanova Rent tenía que entregar una partida de autos sedán para funcionarios de la CFE en Villahermosa, Tabasco. Sin embargo, los vehículos fueron entregados en las oficinas de Cacautepec, Oaxaca. “La confusión generó un problema en la entrega. Los autos estuvieron parados por más de tres días afuera de la dependencia. Sin embargo, se pagó a Casanova Rent como si se hubiera entregado en tiempo y forma”, reveló una ex empleada de la arrendadora que, por temor a su seguridad, pidió el anonimato.
La base de datos proporcionada a Expansión con información de 2014 refiere que, en total, Casanova Rent facturó 8,720 unidades con entrega fuera de los tiempos establecidos. Esto sumó más de 8 mdp para la empresa de lo que hubiera cobrado si le hubieran aplicado la penalización por los retrasos.
La CFE informó sobre una visita de funcionarios de la Auditoria Superior de la Federación a Edgar Flores, gerente de Casanova Rent, pues la arrendadora no había sido penalizada por no entregar a tiempo en el principal contrato que involucró 2,000 vehículos. “El gerente ordenó al personal de Casanova Rent alterar y desechar documentos”, dijo la ex empleada.
Esta fuente afirmó que la empresa modificó acuses de entrega que guardó en carpetas para ser presentados como originales (Expansión tuvo acceso a esos documentos modificados). También modificó la base de datos en el portal de transportes terrestres que tiene la CFE para que coincidiera con las carpetas de facturación y acuses. Los cambios en ese portal únicamente puede ser realizados por la subgerencia de transportes terrestres, reveló la fuente.
Expansión buscó a los hermanos Carlos y Joaquín Echenique, dueños de Casanova Rent, sin que al cierre de la edición respondieran a la petición de entrevista.
PEMEX Y PRESIDENCIA, TAMBIÉN...
En la comparecencia que tuvo ante diputados en marzo pasado, José Antonio González Anaya, nuevo director general en Pemex, fue cuestionado por los contratos de arrendamiento vehicular que se firmaron en la administraciòn de su antecesor Emilio Lozoya y que comprometen a la dependencia al pago de más de 4,800 mdp por la renta de 2,252 camionetas.
“Hay un sobreprecio del 60% en comparación a vehículos similares arrendados por el IMSS”, señaló a Expansión el diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos, del PAN.
En los contratos, en poder de Expansión, se observa el sobreprecio por el arrendamiento de las unidades. Por ejemplo, por la renta de un automóvil sedán de 4 cilindros, Pemex paga 8,450 pesos al mes antes de impuestos, mientras que un contrato similar que concretó el IMSS por el mismo modelo se hizo por 4,899 pesos. Lo mismo sucede con un modelo de camioneta de 6 cilindros para 7 pasajeros: el IMSS la contrató en 11,989 pesos al mes, y Pemex lo hizo a través de un contrato de adjudicación directa con la empresa Integra Arrenda en 17,100 pesos mensuales.
Ante las evidencias, el nuevo director de Pemex canceló el convenio.
“No se trata sólo de cancelar los contratos, sino que se le finque responsabilidad social al servidor público que firmó estos contratos”, puntualizó el diputado Rivera.
La falta de transparencia también se refleja en el contrato 706236 por adjudicación directa que hizo la oficina de la Presidencia de la República a la empresa CA Soluciones Financieras (Casofin), por mas de 49 mdp, para el arrendamiento vehicular con vigencia del 13 de marzo de 2015 al 1 de enero de 2018.
En el documento, obtenido por Expansión a través de Compranet, se observa que se hizo sin Contrato Marco y sólo indica que 16 licitantes expresaron su interés por participar, pero sólo dos enviaron propuesta vía electrónica. Sin embargo, no se indica quiénes fueron los licitantes, ni tampoco cuántos vehículos se incluyeron en la licitación del contrato.
Documentos
Documentos
(Foto: Expansión)
Casofin pertenece a Grupo Continental Automotriz, que encabeza Héctor Mena Abascal y tiene su sede en el Estado de México. Es uno de los principales distribuidores de Chrysler en el país, que además de ser proveedor de una de sus propias empresas, también lo es de Integra Arrenda, que dirige José Alfredo Abascal, ex empleado de Daimler-Chrysler Financial Service, entidad financiera de la entonces dupla automotriz.
“Para Chrysler, el arrendamiento representa 1% de nuestras ventas. Para gobierno destinamos unos 4,000 vehículos al año”, dijo Mauricio Gómez, gerente de Ventas a Flotillas y Arrendamiento en Chrysler México.
Según explicó, cada distribuidora de Chrysler es la que hace los contratos de manera independiente. “Chrysler no hace contratos ni entrega de manera directa a las empresas de arrendamiento”.
ENTRAMPADO
LeasePlan, empresa de capital inglés que tiene más de 20,000 vehículos para arrendamiento en México, dice que es complicado entrar al arrendamiento en las licitaciones que abre el gobierno. “Todas las oficinas de gobierno se refieren al Contrato Marco, que incluye requerimientos que no son parte de la solución de costos de operación que ofrecemos”, explicó Gabriela Feijoo, directora de Finanzas de LeasePlan México.
La solución de costos a la que se refiere es llevar un control detallado del uso del vehículo y su mantenimiento, que se complementa con monitoreo en tiempo real de las unidades y servicio de consultoría, que determina el modelo del auto o camioneta ideal para la actividad que realiza el usuario y la dependencia, algo que no ofrecen en su totalidad las cuatro recurrentes arrendadoras ganadoras.
“El principal problema es la serie de candados que se imponen para ganar una licitación”, señaló Gonzalo Perezcano, director general de Eclipse Rent a Car, una de las 26 empresas participantes del Contrato Marco que no ha obtenido ninguna licitación en los tres años de la actual administración.
El directivo explicó que, regularmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emite entre ocho y 10 licitaciones al mes, pero con restricciones difíciles de cumplir. “Tal parece que están adecuadas para que ganen unas cuantas empresas”, aseguró Omar Sánchez, gerente de Eclipse Rent a Car.
“Es frecuente que salga una licitación, por decir un jueves, y al día siguiente ya no aparece. También piden entregar la documentación al día siguiente y dos días después hacer la entrega de las unidades. Eso es imposible”, añadió.
Los entrevistados coincidieron en que algunas de las licitaciones se presentan con características muy definidas en el año y modelo de los vehículos requeridos, aunque sin especificar la marca. Esos modelos, afirmaron, son los que tiene alguna de las cuatro empresas de arrendamiento que regularmente salen favorecidas para obtener el convenio.
Es el caso de la licitación de la Secretaría de Cultura para el arrendamiento de 176 vehículos, que serán utilizados en dependencias como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, Radio Educación y la Cineteca Nacional. La convocatoria LPN/LA-011H00001-N13-2016 se lanzó el 15 de abril de este año: exigía presentar documentos de manera presencial (regularmente estas propuestas se presentan por medio electrónico) sólo 6 días después, el 21 de abril, y con resolución al día siguiente. La licitación sólo daba 11 días de plazo para entregar las 176 unidades, a partir del 3 de mayo de 2016.
Además, incluyó características obligatorias para las medidas del largo, ancho y peso bruto vehicular de los modelos, e incluso tenía cláusulas que obligaban al licitante a presentar, en la propuesta técnica, un documento original que demostrara que el sistema digital de localización vehicular es de su propiedad. También destacó que, del total de vehículos, 68% deberían ser modelo 2016, 18% modelo 2015 y 17% modelo 2014.
“Si el objetivo es reducir costos, ¿para qué pedir modelos 2014?”, cuestionó Perezcano, de Eclipse Rent a Car. Esta fuente explicó que el proceso es complicado, al tener que entregar los vehículos en los plazos que marcan las licitaciones. Dio ejemplos: una concesionaria no entrega más de 10 vehículos en unos días, le lleva un tiempo hacer la solicitud a la planta. El trámite de emplacamiento también tarda al menos tres días por estado, y contar con una empresa propia de localización es prácticamente imposible, porque el servicio y equipo se contrata con empresas especializadas.
“Lo curioso es que ninguna autoridad interviene en la transparencia en el proceso”, se lamentó.
La Comisión Federal de Competencia (Cofece) no ha intervenido porque no hay ninguna denuncia por parte de los diversos agentes económicos, y tampoco ha detectado ninguna conducta indebida en el mercado. “No se puede prejuzgar a ningún mercado y las condiciones de competencia que prevalezcan sin una denuncia”, fue la respuesta a la petición de Expansión por parte de la dependencia encargada de regular la competencia.
Hay casos de transparencia como el que hizo el IMSS con la OCDE, de donde salió un manual para el procedimiento de contratación de compras públicas, que a tres años de distancia ha consignado ahorros por 20 millones de euros en un año, según reportó el IMCO.
“Con el IMSS se hizo un programa de capacitación con servidores públicos para la profesionalización del personal de compras públicas. Se les orientó sobre la necesidad de hacer estudios de mercado y se hizo un analisis de los diferentes métodos que se utilizan para la contratación”, dijo Jacobo Pastor García, especialista en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE en México.
Agregó que, según los estudios que han realizado, entre mayor es el monto de la contratación pública, es mejor evitar la adjudicación directa en los contratos.
"Es clave que la información de todo proceso de contratación pública se conecte con instrumentos de monitoreo y control, para prevenir que situaciones de conflictos de intereses afecten las condiciones de integridad y competencia de estos procesos", dijo Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
En febrero pasado, Virgilio Andrade, titular de la SFP, dio a conocer una propuesta de siete posibles reformas al interior de la dependencia que no requerirían modificaciones legales por parte del Congreso, y las cuales tendrían el objetivo de reforzar las normas anticorrupción en las contrataciones de la administración pública federal.
Entre otras, se proponía impulsar el régimen de contrataciones abiertas mediante la ampliación de Compranet, para incorporar las etapas de planeación y ejecución de los contratos; fortalecer la investigación de mercado; mejorar las reglas sobre contrataciones consolidadas y contratos marco; y reforzar las reglas sobre transparencia en contrataciones restringidas o en adjudicación directa.
También contempla fortalecer la figura de testigo social, las reglas de transparencia en las contrataciones entre entes públicos y la eliminación de lagunas en la regulación del proceso de inconformidad.
En los últimos cinco años, la SFP y la ASF abrieron más de 28,000 expedientes en contra de servidores públicos por desvíos y malos manejos de los recursos públicos, que le han significado un daño al erario público por 63,200 mdp. De ese dinero, solamente se ha recuperado 0.57%, esto es 365 mdp, por 5,933 casos.
“Aún no hemos visto claridad en los procesos”, señaló el diputado Rivera Castillejos, del PAN. “Habrá que empezar con la Secretaría de la Función Pública”.
CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El asesinato de dos niños de 2 y 3 años junto con su padre en la ciudad de Delicias a manos de agentes estatales, desató la indignación, coraje y reclamos de justicia entre la ciudadanía que reprobó la actuación de las corporaciones que participaron en la detención de un presunto secuestrado, quien también fue abatido en el domicilio de una familia.
Karen Mundo Moreno, madre de los niños Damián y Ariel, los despidió ayer en el panteón en la colonia Terrazas y también a su esposo Gerardo Salas Iracheta, El Negro, quien estuvo acompañado por sus compañeros del centro de rehabilitación Amar Chihuahua, donde el padre de familia laboró diez años.
Los integrantes de Amar realizaron una colecta para los funerales apoyaron a Karen con un médico que estuvo presente en el sepelio.
El profesor Javier Cázares, uno de los abuelos de los menores asesinados, dio gracias a los asistentes al cementerio y al despedir a sus nietos les dijo: “No se van solos, los acompaña su papá”.
El panteón se llenó de coronas de diferentes centros de Amar de otras partes del país, de la Fundación Eduardo Trespalacios y de personas provenientes de Delicias que manifestaron su cariño y apoyo a la familia con arreglos de globos en forma de estrella o de personajes animados.
Al final del funeral soltaron globos blancos, mientras los compañeros de Gerardo Salas rezaron la Oración de la Serenidad y ofrecieron su apoyo a su esposa: “Karen, no estás sola”.
El sepelio de los niños asesinados junto con su padre. Foto: Especial
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, consideró que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales, por lo que es necesario que se investigue su actuación, mientras que el gobierno estatal insiste en que siguieron los protocolos adecuados.
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Luévano Rodríguez, manifestó que es inconcebible que los agentes ministeriales hayan disparado indiscriminadamente hacia el domicilio en el que se encontraban los niños con su papá, sin asegurarse que había vidas inocentes en peligro.
“Aunque nuestras leyes permiten en casos extremos de peligro el uso de la fuerza fatal, ésta sólo podrá ser utilizada como último recurso siempre y cuando se mantenga bajo control, permitiendo garantizar que terceras personas ajenas a los hechos no vayan a resultar lesionadas. El fiscal debió instruir a los agentes ministeriales para que aseguraran la zona, facilitaran la exclusión de los menores del lugar del enfrentamiento y si fuese necesario, incluso permitir la fuga de los presuntos responsables en aras de salvar la vida de los menores”, agregó el ombudsman.
Los hechos
El pasado jueves alrededor de las 5:30 horas, agentes de la Policía Estatal Única perseguían a Juan de Dios Carrasco Domínguez, El Gallero, quien participó en un secuestro exprés.
El presunto delincuente se refugió en la vivienda de su prima, donde estaban los niños y su papá, en el fraccionamiento Labor de San Agustín de la ciudad de Delicias.
De acuerdo con un parte oficial, Carrasco Domínguez disparó contra los agentes y éstos respondieron hasta matar primero a los niños.
La versión de los familiares de El Gallero indica que éste llamó a una prima para pedirle que llamara a los elementos del Ejército para decirles que pararan la balacera porque quería entregarse debido a que los policías ya habían matado por lo menos a uno de los niños.
La balacera no cesó y murieron además de los menores, su padre y el mismo presunto delincuente, Juan de Dios Carrasco, de 23 años.
Cuando El Gallero llamó a su prima, la familia que radica en el municipio de Rosales (cerca de Delicias) acudió al domicilio, pero los cuatro ya habían fallecido.
Para la Fiscalía este caso es un éxito porque abatieron al “secuestrador”.
Inicialmente, el fiscal general del estado Jorge Enrique González Nicolás aseguró que no habría ninguna investigación dirigida a los agentes porque éstos aplicaron los protocolos adecuados.
Sin embargo, luego de que sectores sociales y la iniciativa privada exigieron una investigación y explicación sobre el asesinato de los niños y su papá, a quienes la dependencia estatal reconoció como inocentes, el gobernador César Horacio Duarte Jáquez anunció que sí habría una investigación sobre la actuación de la policía, pero insistió en que habían liberado a una víctima de secuestro, abatido a un delincuente y detenido a otras dos personas.
Sin embargo, la liberación de la víctima había ocurrido antes de la masacre, no por la actuación de los agentes y militares.
El mismo jueves la FGE dio a conocer que con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, esclarecieron un secuestro exprés en el que el líder fue El Gallero, quien operaba en la región centro sur del estado y que fue parte de las autodefensas de Michoacán.
La dependencia informó que la Policía Estatal Única acreditó la participación de Juan de Dios Carrasco Domínguez en el secuestro exprés y anunció la detención de Deysy Alejandra Franco Robles y Horacio Domínguez Rodríguez, quienes fueron aprehendidos “dentro del término de la flagrancia” por hechos ocurridos la mañana del miércoles pasado en el rancho San Valentín, municipio de Rosales, donde privaron de la libertad a un hombre para que les entregara dinero.
La Fiscalía dio a conocer que la mujer pidió ayuda a Horacio Domínguez y a Juan de Dios Carrasco para cobrar un dinero que le debían a una persona por sus servicios como sexoservidora. Los tres se pusieron de acuerdo y se dirigieron al lugar donde radica el afectado.
Acudieron en un auto Hyunday verde, propiedad de Horacio Domínguez hasta la vivienda de la víctima, quien estaba con un amigo y amagaron a los dos con armas de fuego, luego se llevaron al hombre que buscaban y lo subieron a una camioneta Chevrolet Cheyenne negra, propiedad de éste, mientras que al otro hombre lo amarraron y lesionaron con un arma calibre .222.
Luego de que lo pasearon, exigieron dinero al hombre secuestrado, quien les dio 2 mil 500 pesos en efectivo y un cheque por 7 mil pesos, luego lo llevaron a su domicilio para que les diera más dinero.
El otro hombre que dejaron lesionado logró desatarse y pidió auxilio, lo llevaron a un hospital para su atención médica y denunció los hechos. Los agentes tuvieron conocimiento que la otra víctima secuestrada ya había sido liberada por sus captores y al entrevistarlo identificó a Juan de Dios Carrasco como uno de los agresores.
Posteriormente fueron detenidos Daisy Alejandra Franco en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Campo Real y Horacio Domínguez cuando conducía un vehículo marca Hyundai modelo 2000 color verde, de su propiedad, a la altura del río San Pedro. El detenido llevaba un arma calibre 9 milímetros marca Gesichert con un cargador abastecido con siete cartuchos, que presuntamente le había proporcionado Carrasco Domínguez.
El Gallero, informó la dependencia, fue ubicado por una persona a la que agredió en la cabeza con las cachas de un arma de fuego la madrugada del jueves, ya que lo siguió y vio que se introdujo en la calle 5 de Julio número 10 del fraccionamiento San Agustín, donde se encontraban los niños Damián y Ariel con su papá.
Deisy Franco y Horacio Domínguez fueron presentados ante un juez de Garantía de Delicias este sábado, quien les formuló imputación por el delito de secuestro. Este martes se realizará la audiencia de vinculación a proceso.
Abatido, presunto autodefensa en Michoacán
Luego de los hechos violentos en Delicias, el fiscal de la Zona Centro Sur, Octavio Ledezma, informó que El Gallero fue condenado anteriormente por un homicidio en riña el 15 de enero de 2011 en la comunidad Los Chapulines, del municipio de Rosales y fue liberado el 17 de febrero de 2014. Posteriormente se fue a Michoacán, donde se adhirió a un grupo de autodefensas y luego regresó a Delicias para dedicarse a la venta de armas.
Carrasco participó en el secuestro exprés mencionado y cuando fue abatido, le aseguraron un arsenal en el domicilio donde vivían los niños con sus padres, así como seis teléfonos celulares, una maleta con medicamentos controlados y “tachas”, cinco gramos de droga cristal, un rifle calibre .223 Panther con dos cargadores abastecidos, una metralleta Uzi calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22 Magnum, una pistola calibre 45 con cargador abastecido, una pistola 9 milímetros marca Luger con cargador abastecido y una carabina calibre 22.
