viernes, 25 de diciembre de 2015
Duarte violó la dignidad de los jubilados, dicen veracruzanos
Xalapa, Ver. Universitarios, sociedad civil, funcionarios y ex funcionarios se unieron a la protesta en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que ordenó el desalojo violento de jubilados que protestaba en su contra, por el incumplimiento en el pago de pensiones y otras prestaciones laborales.
A la concentración en plaza Lerdo se pudo observar a Agustín Basilio de la Vega, ex delegado de la SCT en Veracruz, quien consideró que estos sucesos son evidencia de que en Veracruz hay una crisis de derechos humanos y financieros.
Dijo que el gobierno federal es inconcebible que los problemas financieros rebasen la gobernabilidad "por eso implementa políticas de austeridad y trata de cubrir con los recortes que hace Hacienda las principales necesidades de un gobierno pero en Veracruz hay un desgobierno".
El ex funcionario federal también recriminó el uso excesivo de la fuerza pública y cuestionó "¿por qué no hacen uso de la fuerza pública cuando se desnudan los 400 pueblos?. No me parece coherente ese discurso".
No es parejo el gobierno
El empresario Augusto Zamora Lara también presente en la protesta, señaló que el desalojo de jubilados y pensionados nunca debió darse, “ellos son adultos mayores, que merecen todo nuestro respeto".
En entrevista el ex líder de la Coparmex recriminó también que la autoridad sea parcial en las manifestaciones: "Que diferencia del trato que se le da a los 400 pueblos o a los antorchistas y lo digo con el respeto que me merecen".
"Hay de preferencias a preferencias. A los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas".
Augusto Zamora dijo que este asunto no se va a olvidar porque “nunca nadie se había metido con la gente mayor que pudo haber sufrido un infarto o salir lesionada".
"El nivel de agresividad de estos policías. ¿Con qué objeto? Xalapa con un choque se desquicia", acotó.
El empresario añadió que es tarea de Duarte de Ochoa hacer lo concerniente no solo removiendo secretarios sino con las acciones legales para los responsables. "Flavino tomó la peor decisión"
La directora del Centro de Estudios para la igualdad de Género del Congreso del Estado, Martha Mendoza Parissi, también presente en la protesta, dijo que Flavino Ríos Alvarado tomó la decisión equivocada al ordenar el desalojo de los adultos mayores.
La ex titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres dijo que con eso se violó la dignidad de los jubilados, que exigen algo justo.
"Es un derecho que ya les corresponde y es un error que se les quisiera intimidar", señaló.
Dijo que si bien debe existir respeto a los derechos de los demás, ninguno puede estar por encima del mínimo para sobrevivir "porque algunos reciben pensiones que dan risa".
La funcionaria dijo que como ciudadana no le parece el actuar del Secretario de Gobierno, toda vez que no se está pidiendo una dádiva sino exigiendo un derecho. "Su función es garantizar el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos".
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Formal prisión a empleado de Padrés, detenido con 3.5 mdp en Sonora
Luego de valorar los elementos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público para resolver la situación jurídica del inculpado, este jueves se dictó el auto de formal prisión al implicado.
Un juzgado penal de Hermosillo, Sonora, dictó auto de formal prisión a Luis Arístides López Moreno, ex trabajador de la familia del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La determinación judicial se dictó por dicho delito en sus modalidades de posesión y transportación de recursos económicos en moneda nacional, con el propósito de ocultar, encubrir e impedir que se conozca el origen, localización, destino y propiedad de tales recursos cometidos en perjuicio de la sociedad.
En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recordó que López Moreno fue detenido por agentes de la Policía Estatal Investigadora (PEI) el 4 de diciembre, pasado en el estacionamiento de un centro comercial.
Refirió que a López Moreno, quien dijo trabajar para los hermanos Guillermo y Miguel Padrés Elías, al momento de su detención, además del dinero, se le encontraron también ocho envoltorios con la droga conocida como cristal.
El pasado 12 de diciembre fue cuando el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penalle decretó un primer auto de formal prisión por el delito de narcomenudeo, al estimar suficientes los medios de prueba aportados por la PGJE.
Asimismo, el 17 de diciembre pasado fue consignado el expediente de López Moreno por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 329 TER del Código Penal para el Estado de Sonora. (Con información de Notimex)
2015: Gobierno gastó millones en remodelaciones, tintorería y hasta en galletas
Son solo cinco ejemplos de gastos que Presidencia y dependencias federales hicieron durante 2015. Los gastos son variados, de muy alto y muy bajo costo, pero que en suma podrían significar la cantidad de dinero requerida para ampliar un hospital.
Más de 20 organismos públicos remodelaron sus edificios, oficinas y baños en 2015. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– ¿Qué se pudo hacer en México con 324 millones 173 mil 595 pesos en 2015? Esa cantidad es la necesaria para invertir en equipo de servicio para áreas operativas de Petróleos Mexicanos (Pemex) o para pagar el servicio de cómputo de tres años del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esa cantidad fue la que se invirtió en tres hospitales de atención a personas con discapacidad visual en el Estado de México; es el 60 por ciento de lo que cuesta el hospital que se construye en Cuajimalpa y es lo que se usará para ampliar el Hospital General de Chihuahua.
Todo eso pudo suceder, pero en 2015, esa cantidad de dinero se utilizó para remodelar oficinas, para gastos de Internet, comida, propaganda en medios de comunicación, en compra de automóviles con seguro y para galletas.
El año que termina tuvo un suceso que marcó el rumbo desde los primeros meses. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte al gasto público federal de 124 mil 300 millones de pesos, razón por la cual se cancelaron diversas obras públicas. Para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, también se habló de “ajustarse el cinturón”, pero los cambios, en comparación con 2015 fueron mínimos.
En un breve recuento del año, Presidencia y sus dependencias gastaron en tintorería, desayunos, fotografías, agua embotellada y papelería. Los siguientes son solo algunos ejemplos de los gastos más significativos hechos con dinero público.
REMODELACIÓN DE OFICINAS: 162 millones 57 mil 747 pesos.
Sin tomar en cuenta el dinero invertido en centros de investigación y de salud, dependencias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) remodelaron 14 oficinas con baños y lockers.
En el caso de CFE, el gasto más alto fue para la remodelación de un oficina y el área de comunicación social, por más de 2 millones cada una.
La SCT contrató un servicio de remodelación arquitectónica interior para sus oficinas por 648 mil 837 pesos y Banjercito remodeló un inmueble en Irapuato que tuvo un costo de 139 millones 757 mil 256 pesos.
La SHCP pagó 1 millón 948 mil 800 pesos por la remodelación de baños y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) remodeló un corral con 105 mil 893 pesos.
GASTOS DE PRESIDENCIA: 79 millones 875 mil 122 pesos.
La información, obtenida de los contratos públicos que se encuentran en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), arrojó pagos hechos desde la oficina de Presidencia a servicios digitales de protección y conectividad, como el pago hecho para la administración de propiedades digitales por 1 millón 800 mil pesos; para una red telefónica con telefonía digital de 785 mil 239 pesos o la gestión, coordinación y supervisión de servicios de telecomunicaciones nacionales e internacionales de 3 millones 900 mil pesos, más servicios de análisis y construcción de aplicaciones de misión crítica de 12 millones 306 mil 51 pesos.
Otros gastos hechos públicos son los servicios de traducción al inglés por 417 mil 671 pesos; o los de mantenimiento de automóviles por 1 millón de pesos o el servicio integral de transportes (autos y motocicletas) por 57 millones 275 mil 717 pesos.
En el POT también se encuentran cuatro contratos por la compra de alimentos: 102 mil 984 pesos para carne, pollo, pescados y mariscos; 261 mil 371 pesos para frutas y verduras; 47 mil 120 pesos de pan; y 158 mil 390 pesos para quesos, lácteos y embutidos.
DIFUSIÓN EN MEDIOS: 68 millones 495 mil 980 pesos.
En enero de 2015, desde Presidencia de la República salió una partida bajo el siguiente título: “Servicio de difusión en medio impreso de los materiales de la campaña ‘Acciones de Gobierno 2015’ que llevará a cabo la Secretaría de Salud en Coemisión con Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al ejercicio 2015”.
Se trata de 68 millones 495 mil 980 pesos que fueron repartidos a 29 grupos editoriales de medios impresos. La mayor cantidad que se pagó fue para Medios Masivos Mexicanos S.A. de C.V. (11 millones 741 mil 4 pesos), a la Organización Editorial Mexicana (8 millones 24 mil 384 pesos), Mac Ediciones y Publicaciones (4 millones 972 mil 684 pesos), Excélsior (4 millones 644 mil 950 pesos), El Universal (4 millones 845 mil 150 pesos), Milenio Diario (4 millones 27 mil pesos), Demos Desarrollo de Medios (3 millones 985 mil 800 pesos), El Financiero (3 millones 72 mil 597 pesos), La Crónica Diaria (2 millones 905 mil 300 pesos) yEl Economista (2 millones 71 mil 920 pesos).
PARA AUTOMÓVILES: 11 millones 616 mil 230 pesos.
En este rubro, fueron varias las dependencias que utilizaron los recursos para pagar el mantenimiento, llantas, verificación y seguro de automóviles; la cantidad fue creciendo con gastos pequeños que iban de 3 mil a 7 mil pesos, en promedio. Sin embargo, fueron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que para el pago del seguro de automóviles, camiones y camionetas, gastó 5 millones 994 mil 247 pesos y Correos de México que compró un seguro patrimonial de 3 millones 5 mil 743 pesos, los que registraron más gasto.
Por otra parte, la Administración Portuaria Integral (API), registró el mayor número de pagos para reemplazo de batería, reparación de sistema de frenado, servicio de los 100 mil kilómetros, refacciones, balatas, llantas y tenencia.
PARA GALLETAS: 2 millones 128 mil 496 pesos.
Al igual que el ejemplo anterior, esta cifra fue creciendo de a poco y fue el Instituto Mexicano de Petróleo (IMP) quien emitió los gastos más altos por galletas de surtido rico, por un total de 832 mil 176 pesos en tres contratos.
También lo hicieron la CFE (cerca de 90 mil pesos) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (52 mil 177 pesos).
Prensa libre y periodistas críticos bajo el asedio peñista.
La prensa escrita, sobre todo, sigue padeciendo tanto las subterráneas como las cínicas y abiertas embestidas homicidas de los Duarte, cuyos desgobiernos en las entidades, encabezadas por Veracruz y Chihuahua, son factor de los múltiples crímenes de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, donde el señor Miguel Ángel Mancera nos ha dado atole con el dedo. Felipe Calderón, entre paréntesis, jefe de campaña de su esposa Margarita Zavala, para hacerla candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), con la amenaza implícita de irse por la libre, acumuló más de 100 mil asesinatos. Y entre la “transición” peñista a más autoritarismo y la recuperación priísta-peñista de Los Pinos, suman más de 70 los periodistas privados de la vida por desempeñar sus tareas de información, investigación, análisis y crítica por medio de los derechos-libertades del periodismo.
La libertad de expresión, autoritariamente, y la libertad de publicar, autocráticamente, han tenido que pagar su costo de sangre. De represiones, de censura, amenazas. Y de negar publicidad si no aceptanlínea o no dedican amplios espacios al “señor presidente” como hacen en Televisa, donde por más de media hora en sus noticiarios, Peña suelta sus peroratas repetitivas. Ejercer derechos y libertades para el periodismo escrito, con sus excepciones de servilismo a los gobernantes y empresarios, tiene un costo político al ser marginada esa prensa combativa y crítica, que hace de la información veraz el cumplimiento de su deber constitucional.
El peñismo ha sido ya un mal autocrático para todas las libertades de los mexicanos. La mano dura ya es el santo y seña del presidencialismo, de los desgobernadores: Duartes, Rafael Moreno Valle, Graco Ramírez, Manuel Velasco, etcétera. Y Aurelio Nuño Mayer, el nuevo amo y señor del garrote contra los maestros disidentes. La mancuerna Nuño-Duarte en Veracruz arremetió parejo contra maestros y periodistas de todos los medios de comunicación (La Jornada, 23 de noviembre de 2015). Y en esta ocasión ventilaremos el caso de la reportera de ese diario con circulación en la capital del país: Gloria Muñoz Ramírez, quien fue víctima de un artero saqueo en su domicilio.
Activísima periodista, esa mano dura le asestó el golpe de, no un cateo, como lo manda la ley, sino un asalto, para llevarse sus trabajos de investigación. La delincuencia de los gobernantes, como pasa siempre, fue en busca de documentos e información, suponiendo que con ese infame robo del material de prensa y atropello moral y sicológico evitaría que ella diera cumplimiento a su deber y no publicara sus hallazgos; pero, claro, supusieron mal. Por supuesto, eso se ha dado en el contexto del peñismo que se ha caracterizado por su desprecio y odio a la prensa oral, audiovisual e impresa; y sobre todo a quienes han exhibido los abusos, corrupción y marginación que utiliza el peñismo como censura previa o inquisiciones administrativas y hasta judiciales para tratar de impedir el trabajo periodístico.
Durante todo el sexenio peñista, es decir, a lo largo de estos 3 años, las libertades democráticas de prensa han sufrido un intenso acoso. Y conforme avanza a su final, antes o después de su sexenio y en complicidad con los Duarte, Moreno Valle, Velasco, Ramírez, etcétera, esas represiones han ido creciendo en intensidad y cantidad. Y todo apunta a que enfrentaremos más autoritarismo y autocracia de un hombre contra la prensa y los periodistas. La escalada peñista es mucho muy grave y más que amenazante, debido a que esas amenazas se cumplen, como muestran los hechos. Ese peñismo depredador quiere una prensa a modo, a su imagen y semejanza, servil e indiferente a los problemas nacionales. Pero el periodismo guiado constitucionalmente no se doblegará a esa mano dura y ensangrentada de un infame régimen político que quiere, únicamente, una democracia “representativa”, y margina a la democracia directa del pueblo y a las libertades de expresión y publicación ejercidas por los mexicanos.
Álvaro Cepeda Neri*
*Periodista
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: DEFENSOR DEL PERIODISTA]
Mercenarios latinoamericanos en Oriente Medio
Cientos de soldados colombianos, panameños, chilenos y salvadoreños se encuentran en Yemen. No representan a sus gobiernos, ajenos a los conflictos de Oriente Medio, sino al gobierno de Emiratos Árabes Unidos que los contrató y que desde hace años construye un Ejército para luchar contra la “insurgencia” en Yemen.
Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias
Al principio, el proyecto estaba en manos de Erik D Prince, salpicado por abusos de algunos exmilitares que su empresa Blackwater contrató durante la ocupación de Irak y de Afganistán. Estas violaciones graves de derechos humanos reabrieron un debate internacional sobre la utilización de empresas militares “privadas” en conflictos armados.
En un proceso de lavado de imagen, Blackwater cambió de nombre a Xe Services y luego a Academi. Esa búsqueda de “perfil bajo” pudo conducir al abandono en Yemen para que tomaran el relevo los Emiratos Árabes que, junto a Catar y a Arabia Saudita, han adoptado estrategias militares más agresivas en la región.
La solvencia económica de estas monarquías les permite solucionar el problema de desafección de su población local al intentar crear ejércitos eficaces para luchar contra las “insurgencias” surgidas desde 2010. La predilección por estos soldados también se debe a su experiencia y sus conocimientos de guerrillas urbanas. Para los soldados latinoamericanos, una aventura yemení les permite ganar entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales, muy superiores a los 400 que ganan en Colombia.
No es nueva la contratación de soldados latinoamericanos. Casi 1 mil soldados chilenos participaron en distintas operaciones tras la invasión de Irak en 2003, contratados también por Blackwater. Algunos de estos soldados se entrenaron con el ejército de Chile en la época de la dictadura, según contaba Naomi Klein en La doctrina del shock.
También está documentada la presencia en Irak y Afganistán de “contratistas privados” nepalíes, rusos, canadienses, filipinos, chinos, ucranianos; de Pakistán, India, Turquía, Macedonia, Bosnia, Corea del Sur, Zimbabue, Bangladesh, Alemania, Irlanda, Japón, Birmanianmar, Sudáfrica y los Emiratos Árabes.
Para los soldados latinoamericanos, una aventura yemení les permite ganar entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales. En Colombia ganan sólo 400 dólares”
En este contexto, la formación de un Ejército con soldados extranjeros podría confirmar los temores de un posible resurgimiento de “mercenarios” en el escenario político global, por mucho que empresas y gobiernos huyan del término por sus connotaciones. Por eso prefieren hablar de “contratistas” y de “empresas privadas”.
Por su parte, estas empresas dedican millones de dólares en marketing para dar una imagen de eficiencia, de transparencia, de buenas prácticas e incluso de “perfil humanitario” y de “reconstrucción”. Así lo muestra la International Stability Operations Association (ISOA), que agrupa a centenares de empresas privadas.
Ante la importancia de este tema, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene desde 2005 un Grupo de Trabajo sobre la Utilización de Mercenarios, que depende del Consejo de Derechos Humanos.
Muchas de las cuestiones que preocupan a este grupo tienen que ver con la responsabilidad en casos de abusos y violaciones de derechos humanos. Llevar a un tribunal a un “contratista” por abusos o exigir responsabilidades civiles para una indemnización se convierte en una carrera de obstáculos. La utilización de soldados extranjeros por parte de empresas privadas subcontratadas por gobiernos complica la exigencia de responsabilidades. Pero se puede: el año pasado, un tribunal estadunidense condenó a cuatro empleados de Blackwater por la matanza de 17 civiles desarmados en Irak.
La utilización de soldados extranjeros por parte de gobiernos o de empresas subcontratadas plantea muchos otros problemas. Por eso no se puede dar por cerrado un debate al que deben contribuir los medios de comunicación ni deben menguar los esfuerzos de la ONU por presentar propuestas y vigilar para evitar que crezca un monstruo surgido del sueño de la razón.
Carlos Miguélez Monroy*/Centro de Colaboraciones Solidarias
*Periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]
Asedio contra la libertad de expresión
BY
La libertad de expresión está constantemente en asedio, ya sea con más regulaciones propuestas desde los grupos de poder e instrumentadas por un obediente Congreso de la Unión, o cuando a grupos o personas (léase políticos, funcionarios y empresarios, principalmente) les molesta la crítica y se quejan de violaciones a sus derechos humanos, cuando en realidad lo que no desean es la libertad de expresión que se traduce en la opinión de cualquiera sobre las acciones y actos de otros.
En los últimos días conocimos la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 6 en materia del derecho de réplica que aprobó el Congreso y que no es otra cosa más que una violación a la libertad de expresión, porque censura e intimida a los medios y limita la difusión de información, pero sobre todo inhibe la crítica periodística al pretender sancionar lo que a juicio de los tribunales afecte la imagen y la reputación de los ofendidos.
Una nota de Alfredo Méndez en La Jornada (lunes 14 de diciembre) refiere precisamente esa controversia entre especialistas, en donde unos se pronuncian porque dicha ley viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otro considera que “siempre será preferible una ley mediocre y perfectible a no tener nada o a tener que seguir soportando como ciudadanos los abusos de los comunicadores o periodistas”.
Otro hecho preocupante es cuando el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) introdujo a principios de año el “derecho al olvido”, que no es otra cosa más que obligar a los medios de comunicación a borrar de sus archivos en internet los nombres de aquellas personas, públicas o privadas, que así lo soliciten, bajo el argumento de la protección de datos personales, sin importar que en su momento estuvieran implicados en hechos de carácter noticioso.
El comisionado del Inai Joel Salas pretendió justificar a principios de año que esa resolución del Instituto “no iba en contra de la libertad de expresión”, pues, “la información no desaparece, sigue ahí en la red”. Especialistas dicen que ante este acoso en contra de la libertad de expresión lo único que nos queda es recurrir a la controversia constitucional y al juicio de amparo.
Por ello, ha sido la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que ha salido a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender la libertad de expresión en contra de la ley reglamentaria sobre el derecho de réplica.
En esta misma discusión, un destacado artículo de Flemming Rose, jefe de la sección internacional del diario danés Jyllands-Posten, publicado hace 8 días en el suplemento Ideas del diario español El País, y que tituló “El derecho a la ofensa”, hace una reflexión sobre los límites de la libertad de expresión y sostiene que “en toda democracia no puede existir el derecho a no ser ofendido”. Es decir, este periodista danés y autor de los libros La tiranía del silencio e Himno a la libertad, privilegia la libertad de las ideas y de expresión sobre los derechos particulares, que en realidad no buscan otra cosa más que exigir nuevas limitaciones a la expresión que por ahora pasa por un mal momento.
En toda democracia no puede existir el derecho a no ser ofendido: Flemming Rose. La libertad de expresión, más relevante que los derechos particulares”
En un análisis en donde aborda el sensible tema de hacer frente a una diversidad cultural y religiosa creciente sin renunciar a las libertades fundamentales como la libertad de expresión, Flemming explica que se debe ser muy cauteloso con el uso de la ley para limitarla en un supuesto esfuerzo por proteger a las minorías, y concluye que esto no será fácil, pues exigirá un cambio en la cultura del agravio y el fundamentalismo del insulto, hoy tan extendidos, porque se requerirá que se entienda el hecho de que en una democracia disfrutamos de muchos derechos: el voto, la libertad religiosa y de expresión, el derecho de reunión o la libertad de movimiento, ente otros, pero el único derecho que no deberíamos tener en una democracia es el derecho a no ser ofendidos.
Los periodistas entendemos que las libertades de expresión y de prensa no sólo son un derecho constitucional, sino que son principios básicos en una democracia que en el caso mexicano han costado vidas y libertades, pero todos lo hemos ganado y estamos dispuestos a defender esos derechos.
En el caso de Europa, Fleminng sostiene que la globalización, las nuevas tecnologías y la inmigración que va en aumento, son una invitación a legislar sobre lo que se puede decir para evitar conflictos y no herir susceptibilidades, pero eso puede conducir a una espiral sin control, de tal manera que antes de que nos demos cuenta, apenas se podrá decir nada, lo que nos llevará a una tiranía del silencio.
Es en las dictaduras, dice el periodista danés, “donde se criminaliza las palabras como si fuesen hechos y no distingue entre ellas; por eso, en los países donde no hay libertad se encarcela a los disidentes por alterar la paz pública o incitar a derribar el orden político”. Inevitablemente esto me hace pensar no sólo en la libertad de expresión que pasa por un mal momento en México, sino en la disidencia magisterial que es tratada por el gobierno como delincuencia y sus protestas son castigadas con denuncias penales y detenciones arbitrarias de líderes y seguidores que son encarcelados en penales de máxima seguridad, igual que los criminales más peligrosos del país, y todo promovido por quien fue nombrado secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, a quien la historia ya le tiene reservado un buen espacio.
Miguel Badillo*
*Periodista
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: OFICIO DE PAPEL]
El verdadero fraude electoral de Peña .- PABLO GÓMEZ
MÉXICO, DF (proceso.com.mx) El acontecimiento político mexicano más importante y trascendente del año de 2015 no fue la elección de diputados sino el fraude electoral que se realizó en esos comicios. No fue nuevo en absoluto que el PRI se quedara en menos de un tercio de la votación nacional, ni siquiera fue una sorpresa que el llamado Partido Verde, aliado de Peña Nieto, hiciera fraude con una campaña electoral anticipada para beneficiar la alianza que mantiene con el PRI. Tampoco fue tan trascendente que le hubieran arrebatado al PT siete diputados a los que tenía derecho en el momento del reparto. Lo que modificó la composición de la Cámara de Diputados fue el fraude priista directo.
Cuando el equipo de Peña Nieto diseñó la estrategia electoral para 2015 se vio precisado a abarcar varios aspectos que confluyeran en el objetivo central de obtener una mayoría de curules. Fue así que se ideó un fraude mediante la utilización de la alianza con el llamado Verde para evadir la cláusula de la Constitución que prohíbe una sobrerrepresentación mayor a ocho puntos sobre el porcentaje efectivamente alcanzado en las urnas. Esto quiere decir que si un partido tiene, por ejemplo, el 30 por ciento de la votación, no podrá tener más del 38 por ciento del total de la Cámara (500), es decir, 190 curules. Esos 8 puntos de sobrerrepresentación son una treta política para beneficiar al partido más votado, pero la treta está acotada. Así, para poner otro ejemplo, si un partido con el 30 por ciento de votos con un tope de 38 por ciento de la Cámara obtiene 190 distritos o más de mayoría relativa, entonces no participa en el reparto de curules plurinominales porque ya tiene un porcentaje artificial, es decir, el 38 en lugar del 30 por ciento que en realidad obtuvo. La única forma de ir arriba de ese 38 sería exclusivamente con diputados de mayoría relativa, es decir, elegidos cada cual en un distrito.
El PRI no podía obtener mayoría de la Cámara ni con su firme aliado. Desde mucho antes del inicio de la campaña electoral ya se advertía el resultado posible. Con tal cálculo correcto, el PRI registró más de 20 candidatos uninominales priistas como si fueran del llamado Partido Verde para que al momento de determinar la cantidad de diputados de mayoría relativa que había obtenido el mismo PRI, se contaran menos, por lo cual a ese partido se le darían más diputados plurinominales hasta llegar a su tope máximo.
Así fue, pero como los “cachirules” priistas sólo obtuvieron el triunfo en 10 distritos, entonces al PRI se le pudieron regalar diez curules de representación proporcional y no 20 como lo buscaba desde un principio.
Así fue como Peña se tomó la mayoría en la Cámara de Diputados sin tener que depender de otro de sus aliados, pero menos seguro, que es el partido que en su momento fundó Elba Esther Gordillo, pero que ahora lo regentean unos líderes sindicales venales y “empanicados” a través de unos políticos desconocidos. ¡Qué país!
Hay mutismo político. La prensa calla. Nadie habla del fraude electoral del 2015, el cual fue tan evidente que podría ser la comidilla cada vez que se aprueba algo en la Cámara de Diputados. De lo que se habla es sólo del otro fraude, el del llamado Partido Verde, con su campaña anticipada y un torrente de millones en apoyo de Peña Nieto.
Ahora bien. ¿Dónde se fraguó el fraude electoral, tanto el del PRI como el del PVEM? En primera instancia se llevó a cabo dentro del Instituto Nacional Electoral. En segundo nivel se confirmó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México no ha logrado la creación de instituciones electorales imparciales. Han transcurrido 25 años desde que se dieron los primeros pasos hacia un objetivo que no se ha podido alcanzar.
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