viernes, 28 de enero de 2011
Mujeres periodistas en riesgo. Sara Lovera
MÉXICO, D.F., 27 de enero (SEMlac-apro).- En los últimos cuatro años, dos mujeres periodistas perdieron la vida mientras cumplían su misión y alrededor de 20 recibieron amenazas de muerte o fueron atropelladas y perseguidas. María Esther Aguilar sigue desaparecida. Y la valiente Lydia Cacho todavía no se siente segura.
Este es el panorama que confrontan las mujeres dedicadas a esta profesión en México, lo que, en opinión de Brisa Solís, las coloca en una situación de alta vulnerabilidad.
Brisa Solís es directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el primer organismo que inició la defensa de periodistas desde la década de los setenta.
En entrevista con Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMlac), la ejecutiva de Cencos aseguró que no hay garantías ni voluntad política en México para respetar la libertad de expresión, ni para investigar los 11 asesinatos de periodistas sucedidos en 2010.
Tampoco se atienden las denuncias, pese a que existen al menos cinco instancias gubernamentales que han ofrecido su intervención para frenar la agresión contra periodistas.
Solís recordó que la periodista Anabel Hernández hizo público, el 1 de diciembre de 2010, que existe un plan para atentar contra su vida, mismo que es instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos de la Policía Federal.
Las amenazas de muerte proferidas a Hernández, autora del libro Los señores del narco, que apareció en las últimas semanas de 2010, es una muestra de la impericia y el riesgo, dijo Solís.
Esas amenazas surgieron porque la última investigación de la periodista, publicada por la prestigiosa casa editorial Grijalbo, conjetura cómo las autoridades gubernamentales, militares y policíacas están relacionadas y protegen a los cárteles de la droga en México, al tiempo que muestra alarmantes complicidades en los altos círculos políticos y empresariales.
"Puso el dedo en la llaga", afirmó Solís. Pero lo más lamentable de lo que sucede en México es que mujeres y hombres periodistas que salen a realizar su cobertura informativa a cualquier parte pueden ser objeto de arbitrariedades.
El caso de Anabel, quien ha tenido todos los foros para denunciar --como lo hizo en su momento Lydia Cacho-- es emblemático. El problema es que otras y otros comunicadores no están en la misma situación, comentó.
La directora ejecutiva de Cencos recordó que el periodista Francisco Cruz relató el caso de Selene Hernández, una colega del Estado de México que en 2008 apareció ahorcada en un hotel. Sobre ese caso no existe a la fecha información o investigación alguna.
Según las autoridades, el crimen organizado es responsable de la persecución de periodistas, pero todas las investigaciones de organismos civiles indican que en 65% de los casos las amenazas provienen de funcionarios locales, gobernadores, jefes policíacos o caciques tradicionales. Y este es el problema.
Anabel narró que, tras la publicación de su libro, su informante le aseguró haber escuchado el plan para atentar contra su vida y hacerlo pasar por un accidente automovilístico, un robo o un intento de secuestro.
La periodista, quien colabora para la revista digital Reporte Índigo, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El viernes 3 de diciembre, la PGJDF dictó medidas cautelares para Hernández, quien actualmente está protegida por escoltas.
Según Solís, ahora se pretende establecer, como sucede en Colombia o Guatemala, un mecanismo de protección permanente a los periodistas, iniciativa que se discute desde hace un año.
"Este 17 de enero las autoridades lo echaron a andar, sin formalidad alguna", denunció, luego de lo cual añadió que, además, las autoridades impidieron que en esa mesa de análisis participaran los afectados y trabajadores de la comunicación, lo que hace que esta situación se presente insegura, inconfiable y fuera de toda protección real.
Inmediatamente después reflexionó: "Nada ha detenido los ataques a periodistas" y no existe un solo caso investigado. No hay culpables detenidos ni expedientes para consultar, y eso hará que los organismos civiles, entre ellos Cencos, acudan este mismo mes a las instancias internacionales, detalló.
Solís afirmó que está en riesgo la periodista oaxaqueña Verónica Villalbazo, así como una veintena de publicaciones, amenazadas por diversas instancias locales o nacionales.
En México existen varias instancias gubernamentales para atender los problemas: una Comisión Especial en la Cámara de Diputados; una instancia especial en la Procuraduría General de la República; una visitaduría en la CNDH, y ahora este pretendido mecanismo, pero María Esther Aguilar, desparecida en Michoacán en noviembre de 2009, no aparece, y no se sabe quién la busca.
Cencos, que al mismo tiempo es un espacio de difusión para las organizaciones sociales, también ha estado en riesgo, porque desde ahí se investiga y da seguimiento a las denuncias, dijo Solís.
Y agregó que el trabajo periodístico de Hernández se ha enfocado, en los últimos años, en la documentación de actos de corrupción y abusos de poder por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genero García Luna, uno de los hombres más poderosos del gobierno y quien realiza los operativos contra el narcotráfico.
El informe 2009 de ARTICLE19 y Cencos documentó que 65% de las agresiones a periodistas provienen de funcionarios públicos. Esta situación resulta alarmante al considerar las obligaciones que en la materia ha asumido el Estado mexicano.
ARTICLE19 es una organización internacional de derechos humanos que trabaja en la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libre expresión de todas las personas.
Cencos fue la primera organización en denunciar las agresiones contra periodistas en México, y busca promover la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho individual de los periodistas, y como derecho colectivo de la sociedad en su conjunto.
Periodistas
La joven ejecutiva Brisa Solís y dos periodistas, José Reveles y Roberto Rodríguez Baños –el primero autor de varios libros especializados sobre la crisis de criminalidad y persecución que se vive en México, y el segundo coordinador de una mesa de periodistas de Capital 21, la TV por Internet del gobierno de la capital–, examinaron para SEMlac la peligrosidad de la profesión de periodista en este país.
Los tres explicaron que en México hay una fragmentación de las denuncias y los atropellos, que no sólo vulneran la libertad de expresión y ponen en riesgo a hombres y mujeres periodistas, sino que esas situaciones las viven también las mujeres y hombres integrantes del campesinado, sindicatos, organizaciones sociales y feministas.
Tal es el caso de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre pasado –pese a tener vigilancia y protección–, frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua, donde se mantenía en plantón para exigir un avance en las investigaciones sobre el asesinato de su hija Rubi, quien fue asesinada por su novio en agosto de 2008.
La ejecutiva y los dos periodistas señalaron que no existen, en esta fragmentación cobijada por el gobierno, instancias de coordinación, y unas y otras autoridades se pasan la responsabilidad.
Ante ello, urgieron a cumplir los compromisos acordados en 2003 y 2004 en diversos foros internacionales para garantizar la vida e integridad de los periodistas, crear mecanismos de diálogo y realizar investigaciones creíbles y responsables. Hasta el momento, nada se ha hecho.
De acuerdo con Rodríguez Baños, apenas el pasado lunes 17, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, dijo que el Estado mexicano tiene todos los recursos para garantizar un clima de seguridad en el país, algo que ruboriza por absolutamente falso.
Cada día, recordó, "leemos en los medios cómo caen ejecutados, cómo hay balas que matan a cualquier civil, y unos 20 mil niños han quedado huérfanos".
Por su parte, Solís ha sostenido que en el gobierno no hay sensibilidad alguna, y puso como ejemplo la falta de protección a las y los migrantes procedentes de Centroamérica, que frecuentemente son secuestrados a la vera del camino, mientras la autoridad simplemente "no hace caso".
Por ello, coincidieron en la entrevista a SEMlac, también urge crear un mecanismo social y civil integral, porque ahora, ante la confusa situación que vive México, "cada quien defiende lo que puede" en soledad o aisladamente. Y para los periodistas también hay una mesa de trabajo.
Eso, reflexionaron, hace recordar la docena de instancias creadas entre 1993 y 2004 alrededor del feminicidio en Ciudad Juárez, la veintena de recomendaciones internacionales y el anuncio de políticas públicas para recomponer el tejido social en esa ciudad fronteriza.
Sin embargo, hoy se sabe que se trata de la ciudad más peligrosa del país, donde no sólo no se ha frenado el feminicidio, sino que han sido asesinados una centena de jóvenes en casas de recuperación de drogadicción. Además, se han puesto bombas y no se puede circular.
Pronto se abrirá una casa de emergencia para periodistas perseguidos en la Ciudad de México, que será dirigida por el periodista Rogelio Hernández, quien afirmó que ya se han tocado todas las puertas, y nada pasa.
Ahora toca mantener la información y todo lo necesario para evitar el asesinato de periodistas, pero también de todas y todos los mexicanos.
Por la ''Justicia en Juárez. No más Impunidad, No más sangre, No más feminicidios'', el ayuno público aquí, en el país y en EUA
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De la Redacción | |
Ciudad Juárez, Chih., a 27 de enero de 2011
BOLETIN DE PRENSA
Jornadas camino a la justicia 29-30 enero 2011.
Al menos 50 mujeres y hombres líderes de organizaciones sociales, civiles y religiosas ayunarán en Ciudad Juárez.
Activistas en Estados Unidos, en la Ciudad de Chihuahua, en México DF., y en Cuernavaca se solidarizan y realizarán acciones simultáneas.
Hacemos un alto en el camino y nos reunimos. Ayunamos para actuar y permitir que, ante el terror creado en Ciudad Juárez y en el país, el pensamiento se aclare e integre el actuar de cada persona hacia el bienestar y el bien común. Nos juntamos para compartir desde la música, la poesía, el diálogo y toda forma de creación, la constancia de que la sociedad tenemos alternativas a la violencia y la destrucción.
Sumamos las voces en lo que nos une: la exigencia de justicia, de la verdad sobre los hechos, del desarrollo humano y no sólo económico. Definimos el camino a la justicia en el que la simulación de las autoridades de los tres niveles de gobierno no cabe, y en el que los primeros pasos deben ser garantizar la integridad, la vida y las libertades fundamentales de cada ciudadano y ciudadana de este país, de esta frontera.
Es un momento público de un proceso que lleva años, y que ante los terribles agravios de la reciente política estatal de seguridad que olvida su principal responsabilidad: la integridad y la vida de su población, se manifiesta para denunciar la impunidad, la simulación y la violencia que el propio Estado genera en contra de la población civil.
Es un acto político que a la par que denuncia propone desde el ejemplo. Quienes quedamos vivos y vivas tenemos claridad de nuestra dignidad y desde ahí nos reconocemos como creadores y creadoras de oportunidades de vida y de comunidad. Ante la criminalización de la protesta social y ante la criminalización de la vida social, tomamos el espacio público, nos reunimos, creamos y proponemos. Hacemos un acto de confianza para confrontar la violencia y la muerte en la cual nos quieren encerrar, separar, atomizar.
Estamos aquí para reivindicar la memoria de los 18 jóvenes de Villas de Salvarcar. Estamos aquí para decir que sí vemos la explotación en la que se sume a las trabajadoras y obreros y que junto con ellos demandamos alto al desarrollo económico que vila los derechos humanos y laborales. Estamos aquí retomando la exigencia libertad y de paz ante el agravio a Darío Alvarez, la exigencia de justicia y fin a la impunidad y el feminicidio de Marisela Escobedo y la sensibilidad y creatividad de Susana Chávez. Estamos aquí para decir que no hemos olvidado a las mujeres desaparecidas desde 1993 y para exigir que las queremos vivas y con nosotras. Estamos aquí para decirles a las y los miles de huérfanos que esta sociedad los acoge y los cuidará. También estamos aquí para ponernos codo con codo con cada padre y madre que ha perdido un hijo o una hija por el incumplimiento del Estado por garantizar la vida y con ellas exigimos justicia y verdad.
Estamos aquí para decirles a las y los miles desplazados por la violencia que los extrañamos y que esta es su casa. Estamos aquí para sumar coraje con las y los médicos que no dejan de atendernos a pesar de las amenazas y extorsiones que restringen su acción. Estamos aquí para acompañar y acoger a las y los migrantes que transitan por esta ciudad buscando mejores oportunidades. Estamos aquí para reconocer el aporte democrático y valiente de todas las defensoras y defensores que monitorean y exigen a las autoridades el respeto y cumplimiento de nuestros derechos. Estamos aquí para construirnos en megáfono de las y los periodistas que al darnos voz están en riesgo y exigir para ellos protección. Estamos aquí con los hombres y las mujeres indígenas, para reconocernos en ellas y exigir la garantía de todos sus derechos.
El 30 de enero de 2011 se cumple un año de la masacre de Villas de Salvarcar cuya respuesta por parte del gobierno fue el Plan todos somos Juárez. Su respuesta improvisada, sin escucha de las necesidades reales, complejas y plurales de la sociedad, enmarca los más de 3, 000 asesinatos dolosos de personas de todas las edades y clases sociales en 2010, así como los más de 300 asesinatos de mujeres en un contexto de discriminación probada en contra de las mujeres.
A un año de todos estos hechos y en el día mundial de la no violencia (30 de enero asesinato de Gandhi), expresamos que para la Paz y Justicia no hay Fronteras. Que nuestro derecho a vivir en Paz y Libertad es: vivir en una ciudad sin rejas, sin muros ni acurtelada, no queremos una ciudad armada, ni convivir con encapuchados que son hombres armados a quienes no podemos mirar a la cara, llamese militares o cualquier clase de personas armadas que imponen temor a niños, jovenes y mujeres y hombres.
Invitamos a personas y grupos, locales, nacionales e internacionales, a solidarizarse con nosotros participando en este día de ayuno y reflexión. Se propone usar un tapabocas como signo de solidaridad y protesta. Agradecemos también nos envíen cartas de solidaridad al siguiente correo electrónico: cdhpasodelnorte@hotmail.com para ser leídas durante los días de ayuno y acciones artícusticas y simbólicas.
Les agradecemos de antemano su generosa y solidaria respuesta. ¡NO MAS SAGRE! ¡NO MAS IMPUNIDAD! ¡NO MAS FEMINICIDIO
Las acciones principales son en Ciudad Juárez: · Ayuno y reflexión ciudadana que iniciará el 29 de enero a las 9:00 a.m. y terminará el domingo 30 a las 12:00 p.m. a realizarse en el monumento a Benito Juárez en Ciudad Juárez.
· Ayuno y reflexión públicos en la biblioteca de Villas de Salvárcar el sábado 29.
· Encuentro Binacional Paz y Justicia sin Fronteras a relizarse en el muro de Anapra el sábado 29 de 12:00 a 14:00 Hrs. Salida de Juárez del monumento a las 11:00 hrs. Contacto: Leticia Chavarria, Imelda Marrufo, Oscar Enríquez y Griselda Kuri. concha5512@hotmail.com , imemarrufo@hotmail.com, gkuri@planjuarez.org Teléfonos 656 2135043, 656 307 3748, 656 2057038
En Chihuahua Capital: 29 de enero ayuno en la Plaza Hidalgo contacto: Graciela Ramos : mujxmex@prodigy.net.mx , 614 410 10 19
En Distrito Federal:
· Ayuno y reflexión ciudadana que iniciará el 29 de enero a las 9:00 a.m. y terminará el domingo 30 a las 12:00 p.m. a realizarse en el monumento a Gandhi en Ciudad de México (atrás del Museo de antropología a unos pasos de Paseo de la Reforma. Contacto: jgssuarez@yahoo.com y articulaciones@estudiosecumenicos.org.mx
· 30 de enero a las 12 horas, llevaremos a la representación del estado de Chihuahua, ubicada en Río Pánuco No. 108, Colonia Cuauhtémoc, las más de 150 fotos que nos han llegado, para mostrar que esta causa es de todos y trasciende las fronteras. En este lugar, desde hace casi un mes, se lleva a cabo cada día a esa misma hora un Acto de Memoria por Marisela Escobedo (http://www.contingentetw.org/?p=138). Entrega simultanea de fotos en Juárea y DF. Contacto: H.I.J.O.S. México , tramirez@ucsj.edu.mx
En Washington: Acción en solidaridad organizado por Asociadas por lo Justo (JASS) Contacto: Marusia López Cruz de JASS Mesoamérca, marusia.jass@gmail.com
CONVOCANTES
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte,Centro de Derechos Humanos del Migrante,Centro de Pastoral Obrera,Comité Médico Ciudadano, Hermanas Siervas de los Pobres, Pacto por la Cultura, Red Mesa de Mujeres, Centro de Mujeres Tonantzin,Universidad Campesina Indígena en Red, Fundación Don Sergio Méndez Arceo,Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Organización Popular independiente, Servicio de Paz y Justicia, Servicio y Asesoría para la Paz, Movimiento ciudadano por la Paz y la vida digna de Chihuahua, Frente Democrático Campesino de Chihuahua, Mujeres por México de Chihuahua,Comunidades Eclesiales de Base,Centro de Estudios Ecuménicos, Observatorio Eclesial, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Alas,Secretariado Social Mexicano, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina,Iglesia Bautista Shalom, Colectivo Pensar en Voz Alta, Salud y Bienestar Comunitario, Revista Conspiratio, Fellowship of Reconciliation USA, Global Exchange, Frente Plural Ciudadano, Casa Promoción Juvenil Centro Nacional de Comunicación Social, Casa Amiga Esther Chávez Cano, El Camino, Cetro de Estudios Itziar Lozano, Programa Compañeros, Colectivo Comunidad Arte y Cutura. Mujeres de Pacto. Paz y Justicia sin Fronteras, Artistas y Creadores de Cd Juárez.
Parroquias: San Carlos Borromeo, Cristo Redentor, Verbo Encarnado, Jesús Obrero, San Juan Apóstol y Evangelista, Cristo Sol de Justicia, Corpus Christi, El Señor de los Milagros, Santa Cruz, Virgen de la Luz.
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¡Justicia para Ciudad Juárez, fuera los federales! Carlos Murillo González
Ya tenemos que denunciar todo lo que nos está pasando
Héctor “Teto” Murguía, alcalde de Ciudad Juárez
¿Por qué ahora sí no es aceptable la forma de actuar de la Policía Federal por el asesinato de un escolta del presidente municipal Héctor “Teto” Murguía? Este tipo de reacciones no hace otra cosa que ampliar más las diferencias entre sociedad y gobierno. Ese mismo día, unas horas antes en la colonia Chaveña agentes de la Policía Federal asesinaban a un hombre y un adolescente cuando perseguían a presuntos sicarios, además de levantar a otro ciudadano del que no se sabe nada, ¿quién va a alzar la voz por ellos, por las otras siete mil víctimas en Juárez de la "guerra" contra el narco?
Las declaraciones de Murguía en rueda de prensa mostraban su indignación y su comprensión de lo que le está sucediendo a la sociedad juarense, pero no es suficiente ¡los federales deben partir! Desafortunadamente los empresarios, partidos, políticos y gobiernos tienen amarres entre ellos más allá de las urgencias sociales y prefieren seguir en concordancia antes de dar resultados. La carnicería que están haciendo los federales en Juárez, ¿a qué obedece?, ¿por qué la saña?, ¿quién(es) están ordenando la violencia contra la ciudadanía en Ciudad Juárez?
No es cuestión de percepción, se llama realidad. En sociología existen conceptos como universo simbólico (Berger y Luckman) o imaginario colectivo (Castoriadis) para definir los significados y significantes de lo que llamamos realidad en la cotidianidad de la gente. La percepción de esa cotidianidad en lugares como Juárez, indican que la aparición de las extorsiones, secuestros, escuadrones de la muerte y violaciones a los derechos humanos coinciden con la llegada del ejército y la Policía Federal hace tres años, no hace falta ser inteligente para darse cuenta de ello. El imaginario colectivo juarense percibe también la violencia a través de los uniformes policiacos y en su universo simbólico los ubica como peligrosos.
Es lamentable el grado de barbarie donde hemos caído como sociedad, como ciudad y como país, para mantener en el poder a sanguinarios presidentes espurios (Calderón) y para que la sociedad estadounidense haga negocio a costa de nuestras vidas (drogas, armas, política). Llevamos tres años comprobando que el destino violentado de una ciudad y su gente no valen más allá de un discurso político mediocre; o sea, nada. La política del miedo implementada por gobiernos terroristas como el de Estados Unidos está siendo aplicada en México con el traidor visto bueno del gobierno panista, sus aliados priístas y demás. El gran perdedor: la sociedad mexicana. Sólo es cuestión de tiempo, de seguir las cosas así, para que todo México entre en la misma dinámica de Ciudad Juárez, Monterrey, Tamaulipas…
Se ha dicho hasta el cansancio que la “estrategia” antinarco está mal, que hay que legalizar y despenalizar las drogas, que se requieren programas preventivos, de rehabilitación y así. Pero no, se criminaliza a toda la sociedad y a las y los activistas se les aniquila considerándoseles enemigos del Estado. Solo se atiende a las exigencias de Washington y se hace caso omiso de las recomendaciones y denuncias de Amnistía Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sociedad civil no sólo no se oye, tampoco se ve ni se toma en cuenta (a menos que sea periodo electoral) tal vez porque se le considera desechable.
También es patética la reacción de apoyo al Teto por el atentado, ¿o es que en realidad iba dirigido contra él?, lo cierto es que comparado con el trato brindado a otras víctimas como estudiantes, universitarios, pequeños empresarios, mujeres, jóvenes, maestros(as), médicos(as) ha sido el silencio, la opacidad, la falta de compromiso y el descobijo: nadie de parte del gobierno, instituciones públicas (incluidas las universidades) y sociales (como los sindicatos) han brindado apoyos de verdad y optan por mantenerse vergonzosamente herméticos. Los sectores más pobres y marginados son además los que ponen la mayor cantidad de muertes, de ellos ni siquiera se habla, ¿es que acaso valen todavía menos?
Estamos en medio de una severa crisis mundial, se prevé más desempleo, escasez de alimentos y hambrunas, pérdida de derechos sociales y reordenación del orden político global. Esta situación está llevando a conflictos sociales, protestas y un descontento generalizado en aumento de numerosos países. En este país insólito llamado México, es increíble el grado de aguante de su pueblo, pero no falta mucho para que esa crisis reviente aquí también, después de casi tres décadas de neoliberalismo. Pero el daño de la enajenación a través del individualismo egoísta, el consumismo inconsciente, la educación de mala calidad, el autoritarismo y la falta de oportunidades en una sociedad de clases parece, hace difícil el despertar de las conciencias.
Los federales deben partir y Calderón enfrentar un juicio político junto con la clase político-empresarial que lo apoya.
visite: http://carmugosociologico.blogspot.com/
Carlos Murillo González
carmugo6699@hotmail.com
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Carlos Murillo González, sociólogo y maestro en ciencias sociales por la UACJ, miembro del Colegio de Sociólogas y Sociólogos de Ciudad Juárez, investigador asistente de El Colegio de Chihuahua y adherente de La Otra Campaña; es autor del Libro La Sociedad Anónima: los factores socieoeconómicos y políticos del abstencionismo en el municipio de Juárez, entre otros escritos. Su experiencia abarca la docencia, la investigación, la asesoría, el activismo y la música.
Epílogo, posdata y proemio Miguel Ángel Granados Chapa Periodista
La importancia del texto difundido el martes no radica sólo en reabrir el expediente Fernández de Cevallos, sino en que contiene un amago dirigido a todos. Por ello el comunicado se llama “Posdata y proemio”. Los integrantes del grupo que secuestró a Fernández de Cevallos no son, si nos atenemos a lo que dicen de sí mismos, delincuentes mercenarios que se retirarán a vivir de las rentas que les deje el suponemos cuantioso pago por el rescate del político panista. Avisan que pueden insistir en operaciones como la que concluyó el mes pasado, es decir ejercer la violencia “constructiva” que para esa Red, es un “recurso legítimo” que se proponen se sostenga en un “proyecto en el que su uso sea sólo un medio necesario”.
Además de teorizaciones sociológicas y reflexiones filosóficas, el nuevo comunicado de la Red contiene referencias a dos hechos concretos, uno de los cuales permite validar por primera vez sus boletines. Relatan que su víctima durante más de siete meses fue condenado a muerte, pero que se concedió al sentenciado la ocasión de solicitar la conmutación de la pena. Para ello demandaron de Fernández de Cevallos la redacción de un pedimento para salvar su vida, que el secuestrado efectivamente preparó y firmó.
Tras la lectura al aire de Posdata y proemio, el ex candidato presidencial panista telefoneó el martes por la noche al periodista José Cárdenas para hacer precisiones. Las más importantes son las dos primeras, que se refieren a este punto: “Sí fui condenado a muerte el día anterior a mi liberación”, aceptó. Y “sí solicité por escrito y con mi firma, la revocación de la sentencia de muerte”, admitió también.
Si los hechos ocurrieron en esa sucesión cronológica, quiere decir que los secuestradores estaban dispuestos a ejecutar a Fernández de Cevallos aun después de haber cobrado por su libertad, lo que revela una sevicia intolerable y contraria a los propósitos humanísticos que proclaman. O la condena a muerte fue un acto meramente ritual, destinado a obtener una carta autógrafa que haga constar el cautiverio y la petición de clemencia de la víctima. No se trató, entonces, de una conmutación en sentido estricto, que es la asignación de una pena diversa de la de muerte, consistente en el pago de una cantidad de dinero que ya había sido recibida. Haber comunicado a la víctima que sería muerta es tal vez una de las “atrocidades” que se le infirieron, según el propio líder y litigante.
Por otro lado, los secuestradores niegan haber cometido el mismo delito en la persona de Eduardo García Valseca, que permaneció en manos de sus captores durante casi tanto tiempo como el panista.
El empresario, que residía en San Miguel Allende, Guanajuato, en el momento en que comenzó su cautiverio y ahora radica en los Estados Unidos, ha insistido en que los captores de Diego y quienes lo privaron de la libertad por un lapso levemente mayor, son los mismos, aunque los ha identificado por un nombre distinto, Tendencia Democrática Revolucionaria, de la que dice es un desprendimiento del Ejército Popular Revolucionario.
En la caracterización del grupo que lo agredió, García Valseca parece estar influido por su abogado, José Antonio Ortega, un figurante que a menudo realiza sus actividades mezclando aspectos jurídicos, políticos y mediáticos. Es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una asociación civil desde donde litiga y se presenta como un adalid contra el secuestro y no como un postulante en esa materia, como puede lícitamente ostentarse.
García Valseca fue secuestrado el 7 de junio de 2007 y liberado el 24 de junio de 2008, después del pago de una cantidad menor de la originalmente demandada por sus captores. Desde entonces está en espera de que las autoridades den con los delincuentes que lo mantuvieron en un penoso cautiverio, sometido a maltratos. Su esposa, Jane Reyger, también secuestrada con él, fue devuelta a su vida cotidiana de inmediato para ocuparse de reunir el pago exigido por los captores.
No hizo únicamente eso. Fue capaz de reunir valiosa información en torno al lugar donde se hallaba su marido, y tanto ella como él mismo ofrecieron a la Policía Federal información para el esbozo de seis retratos hablados.
Hace ya tres años que concluyó el cautiverio de García Valseca y las averiguaciones sobre ese delito no han rendido fruto alguno. La Procuraduría General de la República se queja de que la Policía Federal no ha presentado a la indagación ministerial el expediente del caso.
Y tan enredada está esa corporación con ese asunto, con una dilación que se asemeja mucho a la complicidad, que el comisionado Facundo Rosas viajó la semana pasada a Austin para asegurar, por enésima vez a García Valseca que su asunto está por resolverse. Y a pedirle que no hable con los medios.
ABC, en el olvido Julio Hernández López
La traición. Luis Javier Garrido
La crisis nacional se ha ahondado al iniciar 2011 por las revelaciones de los actos indignos cometidos por Felipe Calderón que tipifican claramente el delito de traición a la patria.
1. Las nuevas filtraciones de papeles del Departamento de Estado estadunidense hechas por Wikileaks, y difundidas el lunes 24 por el diario español El País, revelan que Felipe Calderón, abdicando de sus responsabilidades y violando abiertamente la Constitución General de la República, autorizó, por un lado, a agentes de la FBI estadunidense a actuar en México interrogando a detenidos, y que por el otro solicitó en 2010 al gobierno de Barack H. Obama una intervención armada de Estados Unidos para “pacificar” Ciudad Juárez, decisiones que configuran una serie de abiertas violaciones a la Carta Magna, que lo ponen frente a la posibilidad de ser destituido bajo las más graves acusaciones.
2. Un presidente de la República, aun siendo espurio, no tiene facultad alguna para “permitir” a agentes de un Estado extranjero actuar en su territorio porque ello supone cancelar de un plumazo la soberanía nacional, de ahí el escándalo que se ha ido generando en nuestro país, ahondando la crisis nacional y las burlas a Calderón –y a México– en el extranjero. El País, que de manera continua lo ha encubierto, publica el lunes 24: “El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México”. A sus anchas, sí, se mueven los agentes de esa y de otras múltiples agencias estadunidenses, y los escándalos que están por venir son impredecibles.
3. Las revelaciones sitúan muy claramente a Felipe Calderón, mucho más que en casos precedentes, ante la posibilidad de ser acusado, en términos de los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, para destituirlo y procesarlo penalmente por el delito gravísimo de “traición a la patria”, como han empezado a señalar múltiples juristas, y no podrá salvarse de ello si no es por el apoyo de los legisladores del PRI, quienes hasta la fecha han actuado como sus cómplices. La desastrosa gestión de facto de Calderón lo ha hecho actuar en una forma indigna y servil ante los poderes del exterior, que no puede excusarse por haber llegado de manera ilegítima y con extrema debilidad a la Presidencia de la República, y que tiene pocos antecedentes en la historia nacional, pues está generando a México una situación cada vez más complicada, hundiéndolo en un desastre de enormes dimensiones.
4. La llamada “guerra contra el narco” de Calderón, que con propósitos electorales ahora busca traer con una serie de operativos insensatos al Distrito Federal, es ya repudiada por todos los sectores del país, pues ha generado una violencia de extrema gravedad, conduciendo a un baño de sangre que viola garantías individuales y sociales de los mexicanos y lesiona no sólo la vida social y la economía de México, sino que compromete el futuro del país, por lo que resulta urgente ponerle un alto de inmediato.
5. El delito de traición a la patria no es definido por la Constitución General de la República, pero es claro que un gobernante que viola abiertamente el mandato de la misma, abdica de sus responsabilidades para servir a intereses del exterior, autoriza a agentes policiacos y militares de otro país a actuar en su territorio y a asumir funciones del Estado mexicano buscando hacer de su país un Protectorado, lo ha cometido.
6. La aterrada reacción del gobierno de facto ante las evidencias presentadas por Wikileaks sobre su nueva violación al orden constitucional de la nación dio cuenta, sin embargo, una vez más, del desprecio de la gente de Acción Nacional y El Yunque a las leyes y a la soberanía de México, pero también de su ineptitud, pues los subordinados de Calderón se enredaron en una serie de mentiras. Francisco Blake (secretario de Gobernación) aceptó en Tijuana el día 24 que agentes de la FBI interrogan a migrantes centroamericanos en oficinas del gobierno mexicano, pero trató de minimizar esa intervención sentenciando que se trataba de una práctica “normal” y “legal”, como confirmó el día 26 Cecilia Romero (ex comisionada del Instituto Nacional de Migración), dando múltiples detalles de la forma en que se produce la intervención estadunidense, pero ese mismo día su sucesor, Salvador Beltrán del Río Jr., negó los hechos y calificó de falsa la información de Wikileaks (La Jornada, 27/01/11).
7. El presidente Obama ha asumido que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense tras las elecciones de 2010 lo obliga a una completa derechización de su gobierno abandonando todas sus promesas de campaña, y así ha entregado el manejo directo de la economía estadunidense (y mundial) a los ejecutivos de la banca privada, que hace un año criticaba, y se ha sometido en lo relativo a las políticas con México a las tesis de los halcones republicanos, por lo que ha perdido toda noción de respeto a las formas. La visita de Hillary Clinton (secretaria de Estado) el miércoles 23, dos días después de la divulgación de la información de Wikileaks, llamó la atención, sin embargo, no por ser el colmo del intervencionismo, sino por la docilidad con que Calderón y sus colaboradores aceptaron todas las expresiones de injerencia de la esposa de Bill Clinton, asumiendo que había venido a respaldarlos tras el escándalo de las filtraciones y más aún: a anunciar que Washington respaldaría en 2012 el continuismo panista.
8. Hillary Clinton asumió el lunes 24 su papel de defensora del régimen espurio de Calderón y de sus acciones atroces contra el pueblo de México, pero con muy poco éxito, pues cometió múltiples deslices intervencionistas en sus discursos al dictarle prácticamente al gobierno las políticas que ha de seguir en la supuesta guerra contra el narco, diciendo que “no hay otra alternativa” y al insistir en hablar en plural para subrayar que tales políticas son las de Washington, como también al declarar a la CNN que quien gane en 2012 debe seguir en la misma línea, dictando así a México su programa para los próximos años. Nada diferente a lo que hizo en su anterior viaje a Afganistán el año pasado, donde igualmente colmó de elogios al también presidente espurio Hamid Karzai y, para no variar, anunció que las políticas impuestas ahí por el Pentágono proseguirían muchos años.
9. La carta dirigida el pasado lunes 24 a Hillary Clinton por Andrés Manuel López Obrador, quien es la principal voz de oposición en México, le recordaba que la inseguridad y violencia que padecemos los mexicanos tiene su origen en las políticas económica y social de elite que han impuesto los gobiernos del PRI y el PAN en los años recientes, y le demandaba un viraje de las políticas actuales de Washington, a fin de fincarla en lo sucesivo en “el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos”.
10. El futuro de México se está jugando en este 2011, pues el país requiere entrar a la legalidad para salvar su destino, lo que no es factible con la extrema derecha entreguista y traidora en el poder.
Con guerra y todo, se duplica el consumo de cocaina en México...
Periódico La Jornada
Viernes 28 de enero de 2011, p. 12
El consumo de cocaína en México se duplicó en los pasados seis años y el de otras drogas ilegales, como la mariguana, también aumentó, a pesar de la batalla del gobierno del presidente Felipe Calderón para erradicar a las bandas de narcotráficantes, dijo el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalo
bos, durante un encuentro con corresponsales extranjeros en la ciudad de México.
No obstante, subrayó que las cifras se podrían disparar si no se combate el tráfico de estupefacientes. Se duplicó el consumo de la cocaína “en los pasados seis años; fue la droga que más aumentó”, dijo. Quienes la consumieron representan 2.5 por ciento de la población total del país (107 millones), afirmó. “Parece mucho, pero no lo es si partimos de que antes (el porcentaje) era 1.25 ahora es 2.5 por ciento; el consumo de la mariguana subió también, de 2.4 a 4.2 por ciento”, aseveró, sin precisar el número de dosis.
El funcionario agregó que en México, aproximadamente 4 por ciento de la población de 12 a 59 años alguna vez ha tenido contacto con alguna droga ilegal. “No hablo de alcohol ni de tabaco, sino de drogas ilegales (probadas) alguna vez. Pero esto puede ser una vez y nada más”. Explicó que los adictos crónicos representan 0.4 por ciento de la población, es decir, 430 mil que tienen problemas de consumo consuetudinario de drogas ilegales.
Consideró que lo anterior tampoco es un problema muy grave, porque hay países que pueden tener 20 millones de adictos crónicos. “Claro que al facilitarse el contacto con las drogas el riesgo es que esto puede crecer rapidísimo si no actuamos, por eso la importancia de las medidas que ha tomado el presidente Calderón”, enfatizó.
En 2011 la Secretaría de Salud, por conducto del Instituto Nacional de Salud Pública, tiene previsto realizar un nuevo estudio para analizar el consumo de drogas en el país.
Encabeza Sedena quejas por violaciones a derechos: CNDH
MÉXICO, DF, 27 de enero (apro).- En 2010 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se mantuvo a la cabeza con el mayor número de quejas por violaciones a garantías fundamentales, al menos mil 415, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Según el reporte entregado este miércoles al Congreso de la Unión, la CNDH recibió 16 mil 66 expedientes de queja, de los que 3 mil 927 corresponden a violaciones cometidas por dependencias del gobierno federal.
Otras instituciones del gobierno federal involucradas en la lucha contra el narcotráfico que también acumularon el año pasado denuncias por violaciones a derechos fueron: Policía Federal (PF), con 595 quejas; Procuraduría General de la República (PGR), 537, e Instituto Nacional de Migración (INM), con 389.
En cuanto al número de recomendaciones, la CNDH emitió, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, 86 exhortos dirigidos a 115 dependencias federales y estatales.
En ese rubro, también la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista con 22 recomendaciones; luego le sigue Seguridad Pública Federal (SSPF), con ocho, y seis de la Marina-Armada de México (Semar).
Las principales violaciones a derechos humanos que dieron lugar a las reconvenciones fueron: en 24 casos, trato cruel, inhumano y degradante; en 23 por prestar indebidamente el servicio público; 21, por detención arbitraria; en 11 casos se documentó tortura, y en ocho más la privación de la vida.
En cuanto a la disposición de 115 autoridades a acatar las recomendaciones, el balance fue que 50 de ellas aceptaron los exhortos, mientras que 17 se negaron a asumirlos.
Mancera y Mondragón descartan que exista un proceso para militarizar el DF... ¡ Ajá !
Sí nos informaron de las acciones de la Marina y el Ejército, señalan PGJDF y SSP
Se realizan con metas focalizadas y en puntos específicos, sostiene el procurador capitalino
Efectivos de la Secretaría de Marina durante un operativo contra la delincuencia organizada, en la calle Miguel Laurent de la colonia del Valle, en la ciudad de MéxicoFoto Alfredo Domínguez
Alejandro Cruz, Mirna Servín y Ángel Bolaños
Periódico La Jornada
Viernes 28 de enero de 2011, p. 10
Los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Manuel Mondragón y Kalb, respectivamente, descartaron que la realización de operativos por fuerzas armadas sean parte de un proceso de militarización de la ciudad.
En entrevistas por separado, afirmaron que las autoridades locales tuvieron conocimiento de las acciones realizadas por la Marina y el Ejército en varias zonas de las delegaciones Benito Juárez e Iztacalco, y existe coordinación permanente con las fuerzas federales.
Mancera sostuvo que los operativos obedecen a acciones en puntos focalizados, con fines específicos, y no corresponden a un esquema de permanencia militar en las calles de la ciudad de México.
Resaltó que las acciones realizadas en las colonias Del Valle, Nápoles y Juventino Rosas no han representado ningún riesgo para la población, además de que en todos los casos la policía capitalina ha estado pendiente de la seguridad perimetral.
No obstante, el procurador reconoció que no se les informó acerca del motivo de los operativos, pues así se estableció en los protocolos de colaboración, con la finalidad de resguardar el secreto de las investigaciones.
En tanto, fuentes policiacas señalaron que se enteran de los operativos cuando éstos se están realizando y son captados por las cámaras de seguridad, y entonces se envía personal a la zona.
Mondragón puntualizó que “no hay situación de alarma y la policía local es la que realiza 99 por ciento del trabajo para dar seguridad al Distrito Federal”.
Acerca de los operativos federales, señaló: sí, “nos enteramos, pero son de ellos, con información de ellos, con instrucciones para ellos, y nosotros simplemente nos damos por enterados. Cuando en algún momento somos requeridos, participamos; cuando no, no”, apuntó.
Por su parte, el PRD en el Distrito Federal expresó su “rechazo tajante” a cualquier pretensión del gobierno federal de militarizar la vida en la ciudad, y exigió que se informe y aclare a los capitalinos sobre las acciones que realizaron las fuerzas armadas en días recientes, porque, según la información que se ha hecho pública, no tuvieron ningún resultado.
Manuel Oropeza, presidente del PRD capitalino, dijo que tiene la convicción de que la estrategia de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado está encauzada por una política del miedo en todo el país, que no exime al Distrito Federal, aunque aquí se tenga un gobierno de izquierda con una visión distinta para enfrentar el problema.
México, sin instrumentos para enfrentar al narco, dice Gaviria
Critica la exposición mediática de capos como La Barbie y El JJ
Roberto Garduño
Enviado
Periódico La Jornada
Viernes 28 de enero de 2011, p. 7
Toluca, Méx., 27 de enero. México no tiene los instrumentos necesarios para enfrentar la guerra contra el narcotráfico, sostuvo el ex presidente de Colombia César Gaviria. Asimismo, criticó las acciones que el gobierno federal ha emprendido para enfrentar a la delincuencia organizada y consideró que no existe inteligencia y contrainteligencia para descubrir y castigar el proceso de lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, mientras la extinción de dominio continúa sin aplicarse.
Gaviria respondió a una invitación de la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, con objeto de comentar con los integrantes del grupo parlamentario del blanquiazul las acciones emprendidas por el gobierno de Colombia en el ámbito de la seguridad interna y el combate a la delincuencia organizada.
En ese contexto sugirió a México que exija a Estados Unidos la disminución del consumo de drogas, porque no habrá de resolverse el problema si no se reconoce del lado estadunidense que éste tiene origen en su territorio. Gaviria indicó que no sólo la policía ha sido penetrada por el narcotráfico, sino también se encuentran contaminadas la política y la aplicación de la justicia.
Además, criticó la exposición mediática de narcotraficantes como Édgar Valdés Villarreal y José Jorge Balderas. “¡Fue un error! Se les tiene que mostrar con camisas a rayas, un número en el pecho y esposados, para mostrar así la fuerza del Estado”. No obstante, en el único rasgo de reconocimiento al gobierno federal, justificó que la participación del Ejército Mexicano en tareas contra la delincuencia organizada no está fuera de sus funciones.
Enseguida dejó ver las que consideró fallas en que incurre la administración federal mexicana en su guerra contra la delincuencia: “Este país no está trabajando suficientemente en lavado de dinero, en lavado de activos. Se tiene que hacer un control de los negocios y la población; quién está comprando, por qué; esta es una cosa esencial para saber quién esta moviendo dinero, comprando un edificio, qué agencia está vendiendo más carros de los que debería vender a precios exorbitantes. Eso es sumamente importante. Se trata de saber qué es bien y qué es mal habido”.
El ex presidente colombiano se manifestó por la depenalización de las drogas, ya que –dijo– quienes hacen uso de ellas están enfermos, son un problema de salud y no criminal.
Agregó que una parte de los “grandes líos” en México es el prohibicionismo impuesto por Estados Unidos, que ha sido incapaz de bajar el consumo. Este país tiene que pensar en eso y tiene el derecho de exigirle a Washington mucho más en términos de armas y mucho más en términos de una política eficaz para que baje su consumo, dijo.
También se le preguntó sobre el manejo mediático de la captura y exposición en medios electrónicos de delincuentes. “Una cosa desafortunada. Delincuentes se muestran con camisa de prisioneros, con números en el pecho y esposados. Fue un error, porque con su captura se debe mostrar la fuerza del Estado. ¡Fue un error!”, insistió.
También reprobó la forma en que localmente se atribuye la penetración del narcotráfico sólo a la policía. Sostuvo que las redes de la delincuencia y el narcotráfico se han extendido a la política y a las instituciones de justicia; incluso, abundó, en todos los sectores sociales.
Como punto en favor del presidente Felipe Calderón, señaló que la participación del Ejército en actividades de combate al narcotráfico no es ilegal.
Kalimbagate, la liberación y la cárcel del reality show
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 27 de enero (apro).- Las dos grandes cadenas de televisión privada –Televisa y TV Azteca–, que se han convertido en un verdadero ministerio público, armaron este jueves un impresionante reality “en vivo y en directo” desde el Cereso de Chetumal, ante la salida del cantante Kalimba, liberado por el juez segundo de lo Penal, David Farah Godoy, al no encontrar elementos suficientes para inculparlo por el delito de violación contra una menor.
El reality que ha concentrado el rating en las dos últimas semanas de programas como Hoy (Canal 2) y Venga la Alegría (Canal 13) llegó al límite del paroxismo durante toda la mañana con “coberturas periodísticas” de los dos programas de info-entretenimiento, que se concentraron en pasar imágenes de la aglomeración en las afueras del penal quintanaorrense y especular en qué momento saldría el menudo cantante de 28 años.
“¡Kalimba, alguna declaración a los medios!”, gritó histérico un reportero de Televisa que persiguió una camioneta de donde salió alguien disfrazado del cantante, mientras que su similar de TV Azteca se acercaba a las rejas y se peleaba con la aglomeración circundante, el mismo día de visitas al penal, cuya población es de 1,053 reos.
Finalmente, cuando pudo vencer la persecución de decenas de reporteros que le hicieron honor a ese género pseudoperiodístico que es el chacaleo, Kalimba bajó la ventana de la camioneta que lo transportaba y se declaró “muy agradecido, de verdad”.
“Les quiero decir con todo mi corazón que estoy muy agradecido con todo lo que han hecho con el apoyo y con todo lo que han dado. Gracias por defenderme como si fuera su familia”.
Los conductores de Hoy, que presumieron que sólo a ellos Kalimba les dio una declaración, aplaudieron en el set televisivo, y pusieron rostros de rapto místico, como si en este escándalo se les fuera la vida… y el rating.
El enorme distractor que ha constituido el caso Kalimba tan sólo sirvió para calentar los motores de ambas televisoras, que irán a la caza de escándalos mediáticamente convenientes para demostrar el músculo en uno de los años electorales más delicados.
El caso Kalimba alcanzó notoriedad nacional a raíz de la entrevista de Carlos Loret de Mola, conductor de Primero Noticias, quien durante 30 minutos cuestionó al cantante en el tono tradicional de los talk shows. No le fue muy bien a Loret de Mola con la entrevista, pero a Televisa le fue genial con el rating generado por este caso que surgió a finales de 2010.
TV Azteca no se quedó atrás. Entrevistó a la amiga de la chica presuntamente abusada, y Rocío Sánchez Azuara, la reina de los talks shows de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, construyó su propia historia.
No sólo las televisoras y los programas radiofónicos de espectáculos se concentraron en el caso. Las secciones de especializadas de los periódicos también se pelearon por tomar una posición frente a Kalimba.
Reforma publicó este jueves una encuesta. 65% afirmó que cree que dejarán libre al cantante; 91% dijoe creer que Kalimba y su acusadora “tuvieron sexo de común acuerdo” y no fue una violación, y 88% opinó que el cantante de OV7 no debe ir a la cárcel.
El gran derrotado en este reality show es el procurador de Quintana Roo, Francisco Alor Quesada, quien convirtió el Kalimbagate en una demostración de sus trucos ministeriales. Según los abogados del cantante, se fabricaron las pruebas.
El gobernador saliente de Quintana Roo, Félix González Canto, defendió a su procurador, al afirmar que éste “actuó en consecuencia con los elementos que le fueron llegando conforme a la denuncia, a las pruebas, (y) en base a ello (sic) se consigna a un juez en su momento”.
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