La inclinación natural es la relación heterosexual, sobre todo cuando se trata de personas pensantes, indicó.
Notimex
Publicado: 30/12/2009 11:49
Morelia, Mich. Luego de la publicación de las reformas legales para permitir las bodas entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, se pronunció por que el tema sea llevado a debate.
Dijo que antes de que estas reformas empiecen a tratarse en los estados, especialistas, entre los que pudieran encontrarse antropólogos, psicólogos y filósofos, deberían discutir el tema y analizar el concepto de familia.
En entrevista, rechazó las bodas entre homosexuales, a las que incluso calificó como "antinaturales".
"Normalmente la inclinación natural es a relacionarse en manera heterosexual, con mayor razón cuando se trata de personas pensantes que son capaces de tomar decisiones, basadas en juicio recto", dijo.
Agregó que como representante de la Iglesia defiende a la familia en su concepto tradicional y dejó en claro que esta defensa va más allá de cualquier argumento religioso o dogmático.
miércoles, 30 de diciembre de 2009
¡ Qué poca madre ! "Nuevo gasolinazo a partir del 1 de enero, formaliza SHCP "
La gasolina Magna y el diesel aumentaran ocho centavos por litro y la Premium nueve, para reflejar el ajuste de 15 a 16% del IVA, estableció el subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade.
La Jornada En Línea
Publicado: 30/12/2009 19:51
México, DF. Los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como el del diesel aumentarán a partir del 1 de enero, hizo oficial el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.
El funcionario explicó que estos aumentos de 8, 9 y 8 centavos por litro respectivamente se aplicarán en concordancia con el aumento del 15 al 16 por ciento del IVA aprobado en el paquete fiscal para 2010.
Agregó que de no aplicarse estos ajustes se afectarían las finanzas del país, lo que conllevaría a determinar y establecere mayores cargas fiscales a los consumidores y los contribuyentes.
En conferencia de prensa, Made señaló que desde 2004, los precios de los combustibles en México se han mantenido por debajo de los precios en países como Estados Unidos.
CFE admite que le falta personal
Las colonias Ampliación Santiago, Santa Martha, San Miguel Teotongo e Ixtlahuacán, en la Delegación Iztapalapa, sufren por segunda ocasión en la semana, fallas en el suministro
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Miércoles 30 de diciembre de 2009
19:07 Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció que no se cuenta con trabajadores suficientes para atender con rapidez las fallas de suministro eléctrico que se reportan en la zona centro del país.
Al reportar la falta de luz, cuando una persona es atendida por empleados de la CFE, éstos indican que la empresa busca atender rapidamente las quejas o reportes ante la falta del servicio, y que se atenderá "lo más pronto posible" cualquier afectación.
Sin embargo, en el centro de llamadas, si un ciudadano reporta la falta del servicio, una hora más tarde le indican que no hay quejas registradas para la zona afectada, lo que implica que el primer reporte no está en su sistema.
El Universal constató lo anterior al reportar una falta en el suministro que ha afectado a vecinos de la delegación Iztapalapa en colonias como Ampliación Santiago, Santa Martha, San Miguel Teotongo e Ixtlahuacán.
Esta misma zona se vio afectada por un apagón de más de 10 horas el sábado pasado, y esta misma situación se presenta desde las 17:00 horas de este miércoles.
Los vecinos afectados indicaron que las fallas han sido frecuentes de octubre, sin que la CFE les haya informado hasta el momento a qué obedecen las constantes suspensiones del servicio de energía eléctrica.
degc/eal
Y la lucha sigue :
Reiteran en carta a Calderón exigencia de atender Caso ABC
Por Alejandro Matty Ortega / Dossier Politico
Dia de publicación: 2009-12-29
Lic. Felipe Calderón Hinojosa:
Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, es padre de uno de los niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo. Su hijo, Xiunelth Emmanuel contaba con 3 años y 7 meses de vida y al igual que los demás 48 niñas y niños fallecidos en el siniestro, NO DEBIÓ MORIR.
Hoy día, Manuel Rodríguez se encuentra en huelga de hambre frente al palacio de gobierno de Sonora, desde el 24 de diciembre, mientras usted y muchas otras personas, al lado de sus familias, disfrutaban de un día tranquilo y una feliz Noche buena.
Manuel Rodríguez ha dicho que lo que más duele después de la muerte de su hijo, es la indiferencia del gobierno y de la sociedad, hacia la masacre de 49 niñas y niños. Manuel sólo pide una cosa: que Felipe Calderón venga a Hermosillo y con ello demuestre que el tema no le es indiferente.
Quienes estamos convencidas y convencidos que el asesinato de 49 niñas y niños el pasado 5 de junio, fue producto de una larga cadena de corrupción, negligencia, ambición, insensibilidad, y compadrazgo de poderes, le EXIGIMOS que acuda al llamado de padres y madres afectados por el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.
La situación exige atención urgente, pues la salud de Manuel Rodríguez puede correr peligro. Demuestre que asume la responsabilidad que corresponde al cargo que ostenta. El Gobierno federal no está libre de culpa en los sucesos, y usted lo sabe.
Le esperamos en Hermosillo, Sonora, de inmediato frente a la tienda de campaña de Manuel Rodríguez Amaya, ubicada en la Plaza Zaragoza, frente al Palacio de Gobierno de Sonora.
El Movimiento por la Justicia del 5 de Junio exhorta a la comunidad a que en caso de que “deseen enviar la carta, por favor cópienla y péguenla en correo aparte dirigida a”:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx y pongan en Asunto:
"Solución Huelga de hambre Manuel Rodríguez Amaya".
En el siguiente video podrán ver cómo se encuentra Manuel:
http://www.youtube.com/watch?v=jxFiHpdNDuI
Inhabilitan a juez español que negó a pareja de lesbianas el derecho de adopción
El ultracatólico Ferrín Calamita equipara la homosexualidad con “la condición de toxicómano, pederasta, prostituta” y la pertenencia a una “secta satánica”
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 24 de diciembre de 2009, p. 32
Madrid, 23 de diciembre. Fernando Ferrín Calamita, el juez homófobo y ultracatólico que se negó a aplicar la ley que desde el año 2005 permite el matrimonio homosexual y la adopción a parejas del mismo sexo en España, fue condenado a 10 años de inhabilitación por prevaricación.
El magistrado, cuyos libros de cabecera son la Biblia y Camino –el dispensario escrito por su guía espiritual y fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer–, también tendrá que indemnizar a una pareja de lesbianas, a las que negó durante años el derecho que les concedía la ley de adoptar a la hija biológica de una de ellas.
Ferrín Calamita, casado, con siete hijos y un juez polémico desde que inició su andadura en la magistratura, en 1987, no podrá vestir la toga hasta el año 2019. El Tribunal Supremo español, el máximo órgano judicial, resolvió con una sentencia histórica una controversia polémica sobre la aplicación de la legislación aprobada en 2005 en España, que convirtió a este país en uno de los más avanzados en el reconocimiento de los derechos y las obligaciones del colectivo de homosexuales.
El alto tribunal resolvió de un plumazo varias cuestiones, sobre todo la relativa a la forma de aplicar la ley de este magistrado destinado en Murcia como juez de familia. El Tribunal Supremo afirmó que el juez Ferrín Calamita incurrió en un delito de prevaricación –el más grave que puede cometer un juez– al impedir la aplicación de la ley y quedar probado que “actuara en paralelo a una ideología jurídica o metajurídica propia o de algún sector social”, en referencia a los grupos conservadores y la jerarquía de la Iglesia católica que salieron a las calles para repudiar el reconocimiento del matrimonio homosexual e igualar en derechos y obligaciones a este colectivo, incluido el de la adopción.
El magistrado español también fue condenado a pagar una multa de 720 euros, indemnizar con 6 mil euros a la pareja de lesbianas afectadas y a pagar los costos del proceso.
Ferrín Calamita inició su carrera judicial en 1987, en Chiclana, Cádiz, donde también comenzó su polémica trayectoria: unas semanas después de asumir el cargo como juez ordenó el arresto de dos mujeres que paseaban en la playa sin la parte superior del traje de baño, con el argumento de que le “molestaban”. Esta práctica, que en ningún caso estaba prohibida por la ley, obligó a esas dos jóvenes a pasar tres días en el calabozo.
Con el paso del tiempo, este magistrado provocó la alarma en el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, por sus reiteradas afirmaciones homofóbas que escribe sin tapujos en sus resoluciones, en las que llega incluso a equiparar la homosexualidad con “la condición de toxicómano, pederasta, prostituta” y la pertenencia a una “secta satánica”.
El caso por el que fue condenado afectó a la pareja formada por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, quienes, después de varios años de relación, decidieron tener una hija por inseminación artificial, Candela. Cuando iniciaron los trámites para la adopción de la niña por parte de la madre “no biológica” se toparon con la moral del magistrado, que retrasó la aprobación del documento al reclamar informes innecesarios con el argumento de que “¿no es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?”
El Tribunal Supremo señaló que el magistrado Ferrín Calamita “no sólo realizó unas injustas resoluciones retardatorias”, sino también “un despliegue de activa obstrucción beligerante para impedir la aplicación de la ley cuando trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por la orientación sexual de la mujer”.
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 24 de diciembre de 2009, p. 32
Madrid, 23 de diciembre. Fernando Ferrín Calamita, el juez homófobo y ultracatólico que se negó a aplicar la ley que desde el año 2005 permite el matrimonio homosexual y la adopción a parejas del mismo sexo en España, fue condenado a 10 años de inhabilitación por prevaricación.
El magistrado, cuyos libros de cabecera son la Biblia y Camino –el dispensario escrito por su guía espiritual y fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer–, también tendrá que indemnizar a una pareja de lesbianas, a las que negó durante años el derecho que les concedía la ley de adoptar a la hija biológica de una de ellas.
Ferrín Calamita, casado, con siete hijos y un juez polémico desde que inició su andadura en la magistratura, en 1987, no podrá vestir la toga hasta el año 2019. El Tribunal Supremo español, el máximo órgano judicial, resolvió con una sentencia histórica una controversia polémica sobre la aplicación de la legislación aprobada en 2005 en España, que convirtió a este país en uno de los más avanzados en el reconocimiento de los derechos y las obligaciones del colectivo de homosexuales.
El alto tribunal resolvió de un plumazo varias cuestiones, sobre todo la relativa a la forma de aplicar la ley de este magistrado destinado en Murcia como juez de familia. El Tribunal Supremo afirmó que el juez Ferrín Calamita incurrió en un delito de prevaricación –el más grave que puede cometer un juez– al impedir la aplicación de la ley y quedar probado que “actuara en paralelo a una ideología jurídica o metajurídica propia o de algún sector social”, en referencia a los grupos conservadores y la jerarquía de la Iglesia católica que salieron a las calles para repudiar el reconocimiento del matrimonio homosexual e igualar en derechos y obligaciones a este colectivo, incluido el de la adopción.
El magistrado español también fue condenado a pagar una multa de 720 euros, indemnizar con 6 mil euros a la pareja de lesbianas afectadas y a pagar los costos del proceso.
Ferrín Calamita inició su carrera judicial en 1987, en Chiclana, Cádiz, donde también comenzó su polémica trayectoria: unas semanas después de asumir el cargo como juez ordenó el arresto de dos mujeres que paseaban en la playa sin la parte superior del traje de baño, con el argumento de que le “molestaban”. Esta práctica, que en ningún caso estaba prohibida por la ley, obligó a esas dos jóvenes a pasar tres días en el calabozo.
Con el paso del tiempo, este magistrado provocó la alarma en el colectivo de gays, lesbianas y transexuales, por sus reiteradas afirmaciones homofóbas que escribe sin tapujos en sus resoluciones, en las que llega incluso a equiparar la homosexualidad con “la condición de toxicómano, pederasta, prostituta” y la pertenencia a una “secta satánica”.
El caso por el que fue condenado afectó a la pareja formada por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer, quienes, después de varios años de relación, decidieron tener una hija por inseminación artificial, Candela. Cuando iniciaron los trámites para la adopción de la niña por parte de la madre “no biológica” se toparon con la moral del magistrado, que retrasó la aprobación del documento al reclamar informes innecesarios con el argumento de que “¿no es alta la probabilidad, por ejemplo, de que sea homosexual imitando el patrón que ha vivido en casa en sus años fundamentales para la formación de su personalidad?”
El Tribunal Supremo señaló que el magistrado Ferrín Calamita “no sólo realizó unas injustas resoluciones retardatorias”, sino también “un despliegue de activa obstrucción beligerante para impedir la aplicación de la ley cuando trataba de cuestionar la idoneidad para la adopción por la orientación sexual de la mujer”.
Obispos lapidarios
Carlos Martínez García
Son pródigos en insultos y descalificaciones. Los obispos, arzobispos y cardenales católicos han desatado lo más granado de su batería contra los asambleístas que en la ciudad de México aprobaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. La cuestión, para mí, es que los integrantes de la cúpula clerical católica tienen el derecho de creer en que el matrimonio sólo es tal cuando los contrayentes son heterosexuales, pero que yerran flagrantemente cuando exigen que esa creencia sea convertida en ley para imponérsela a quienes tienen otra convicción sobre el tema de las uniones homosexuales.
Furibundos clérigos lanzan imprecaciones contra personas que han decidido elegir una identidad y práctica sexual distinta a la heterosexual. Las catalogan como animales, con inclinaciones a perpetrar actos que ni los perros tienen entre sus conductas. Así lo ha declarado el obispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, al cavilar sobre el asunto: “los perros no hacen el sexo entre dos del mismo sexo; normalmente la inclinación natural es relacionarse de forma heterosexual”.
Consideraciones similares a las de Suárez Inda han sido expresadas por los cardenales Norberto Rivera y Juan Sandoval Íñiguez, así como por el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. El inefable trío no ha vacilado en zaherir, arrojar epítetos escarnecedores contra homosexuales y quienes aprobaron los matrimonios entre ellos y ellas en el Distrito Federal.
Los conspicuos funcionarios eclesiásticos católicos son ofensivos, carecen de la menor consideración hacia los “desviados”, los estigmatizan con inmisericordia, despotrican con los adjetivos más hirientes de su amplio repertorio. Nada más por sus expresiones uno se pregunta dónde queda algo de cordura para evitar proferir palabras como espadas, que tienen por objetivo eliminar simbólicamente a los otros. Congratulémonos de que no lo pueden hacer físicamente, porque la laicidad del Estado no se los permite.
Como los fariseos del Nuevo Testamento, son expertos en juzgar y denostar las conductas ajenas, pero muy comprensivos y anuentes al tratarse de las suyas. Ellos se han otorgado plena autoridad para controlar a los demás; sin embargo, defienden su coto y se indignan cuando desde fuera les son señalados los estragos causados por sus abusos. Reaccionan contra sus críticos y les atribuyen intenciones aviesas, ganas de desprestigiar a la sagrada institución eclesiástica y sus representantes. Son expertos en negar esos abusos, señalan que son invenciones de sus enemigos. Pero cuando queda demostrado que se trata de agresiones cometidas contra, por ejemplo, los infantes sometidos a abuso sexual por clérigos, entonces piden comprensión para las debilidades humanas.
Los obispos, arzobispo y cardenales del Episcopado mexicano que se han manifestado acremente contra los cambios legales que permiten las uniones homosexuales son los mismos que reaccionan con indignación ante quienes osan pedirles explicaciones por las irregularidades, o francos delitos, de correligionarios suyos.
Así sucedió al salir a la opinión pública los primeros indicios de los abusos sexuales contra infantes perpetrados por Marcial Maciel. Con celeridad salieron a la palestra, y en defensa del legionario mayor, Norberto Rivera, Onésimo Cepeda y Juan Sandoval Íñiguez. Los tres machacaron que las acusaciones eran fruto de personas con inestabilidad mental, dichos de interesados en ofender a la inmaculada institución eclesiástica, inventos de aviesos interesados en desprestigiar a un hombre de larga trayectoria en el servicio de la Iglesia católica.
A lo largo de los recientes dos años emergieron evidencias y pruebas que demostraron la sistemática agresión sexual realizada por Maciel en contra de niños y adolescentes varones. También supimos que el solícito consejero, que pedía en las filas de los Legionarios de Cristo a sus integrantes mantenerse castos y puros, procreó varios hijo(a)s y que el hecho era conocido por varios de sus subordinados en la orden religiosa.
Prefirieron callar y proteger a un hipócrita; lo hicieron para no dar argumentos a los que consideran enemigos de la Iglesia católica. Nada les importó la devastación dejada por Marcial Maciel en decenas de vidas que sufrieron sus ataques sexuales.
Los gustosos lapidarios, los que lanzan piedras con singular entusiasmo hacia los “desviados” y sus apologistas, son incansables en buscar corregir, en enderezar según su entender, a la grey fugada de los dominios clericales. Débiles en la argumentación, pero vigorosos en la acuñación de excomuniones y ofensas, los obispos católicos están fúricos porque una nueva derrota cultural se añade a su causa. Una más de una larga serie iniciada con la laicidad del Estado forjada hace siglo y medio.
Protestan en Sinaloa por incremento en los recibos de luz hasta de 300%
En algunos casos el cobro por consumo doméstico es de 5 mil pesos
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de diciembre de 2009, p. 3
Culiacán, Sin., 29 de diciembre. Alrededor de un centenar de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron un plantón frente a las oficinas de la paraestatal, en protesta por los aumentos hasta de 300 por ciento que registran los recibos de luz –todos de consumo doméstico– en la población de Los Mochis, municipio de Ahome.
Algunos de los quejosos informaron que en el anterior recibo apareció la cantidad de mil pesos, y en el más reciente de 2 mil pesos o más; otro usuario dijo que normalmente paga 800 pesos por el consumo mensual y en el recibo correspondiente a diciembre el cobro fue de 2 mil 800 pesos.
Guillermo Padilla Montiel, dirigente del Comité de Usuarios de la CFE en el Norte de Sinaloa, responsabilizó a la paraestatal de estos cobros excesivos.
Demandó a las autoridades centrales de la empresa que revisen su esquema tarifario y dejen de cometer abusos en contra de los ciudadanos, “que ya de por sí están soportando otros incrementos, como en la tortilla y el combustible”.
Sostuvo que en algunos casos los incrementos en el cobro llegan a ser hasta de 300 por ciento, ya que algunos usuarios tienen recibos recientes con cantidades de hasta 5 mil pesos.
Funcionarios de la CFE en el municipio de Ahome informaron que mientras se aclara esta situación, personal de la paraestatal no realizará cortes de energía eléctrica en las viviendas de los usuarios domésticos que no paguen el servicio.
Descartaron que dichos cobros se deban a errores en las lecturas de los medidores por parte del personal de la CFE o que los aparatos estén fallando.
El PRD, instrumento de “el maligno”: Arquidiócesis
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de diciembre de 2009, p. 22
Con la promulgación de las modificaciones a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que permiten los matrimonios homosexuales, se avala una “monstruosa ley que permitirá la adopción de menores por parejas del mismo sexo”, lamentó “profundamente” la Arquidiócesis Primada de México.
Acotó que la aprobación de estas leyes “destructivas e inmorales dejan en claro que el PRD actúa como instrumento de “el maligno”, haciendo presente en la sociedad el misterio de la iniquidad del mal, pues resulta evidente que legislar el crimen del aborto, la unión entre personas del mismo sexo, y peor todavía, el entregar a niños inocentes a la adopción de parejas del mismo sexo, atenta contra los mandatos de Dios y toda moral, y esto no puede ser aceptable para la consciencia de ningún cristiano”.
Ante esto, advirtió que las normas “inmorales e injustas carecen de toda legitimidad”, por lo que “en conciencia no pueden apoyar a sus autores bajo ninguna circunstancia, si no quieren contradecir su propia fe y entrar en su dinámica malévola y destructiva”.
Agregó que con esto “se consuma el ataque consciente y deliberado” de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, los cuales “han golpeado severamente a las familias mexicanas, al destruir sus principios y valores más apreciados y al ser insensibles a los derechos de los niños, que por esta ley serán expuestos a una tutela que les traerá graves daños sicológicos, afectivos y morales”.
La cobardía de El Yunque
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (apro).- Junto a la capilla del panteón Parque Memorial, en Naucalpan, Estado de México, en el lote 211 de la sección 1.1, se encuentra una tumba cuya austera lápida tiene inscrito un nombre y dos fechas: “Ramón Plata Moreno. 20-X-1935 24-XII-79”.
Se trata del sitio donde yacen los restos del fundador de El Yunque, la organización ultraderechista que, desde hace medio siglo, conspira desde la clandestinidad para imponer en México un proyecto autoritario, a través del Partido Acción Nacional (PAN), uno más de sus diversos instrumentos.
La fecha de su muerte inscrita en la lápida indica que la semana pasada, justamente en la Nochebuena de este 2009, se cumplieron tres décadas de que fue asesinado en la casa de sus suegros, en la calla Cienfuegos número 763, colonia Lindavista del Distrito Federal, después de regresar de un exilio en Estados Unidos, a raíz de un atentado a balazos que sufrió cuatro años antes.
El lugar donde está sepultado Plata Moreno no es casual: Está próximo al santuario de Los Remedios, donde, en 1975, hizo concentrarse ahí a centenares de miembros de El Yunque para lanzar, justamente, el “Pacto de Los Remedios”, una ofensiva contra el gobierno de Luis Echeverría, a quien catalogaba como “comunista” y “anticatólico”.
Igual que otros homicidios de miembros de El Yunque --como los de dos jóvenes en el Cerro del Cubilete, en 1975, y el de Jorge Kalfópoulos, jefe en Jalisco, y su hijo Cristos, de 10 años de edad, en 1981--, el asesinato de Plata Moreno es un crimen impune, pese a que prominentes militantes de esta organización han estado y están en posiciones relevantes en la estructura gubernamental federal para que se sancione a los responsables.
Las razones de tal omisión son diversas, entre ellas que el homicidio cometido hace tres décadas legalmente ya prescribió, pero la fundamental es que los jerarcas de la Organización Nacional de El Yunque han evitado, por todos los medios, que haya la más mínima investigación, porque eso implicaría un mayor escrutinio sobre la estructura y los fines de la misma.
Existe, inclusive, una averiguación previa en la Procuraduría General de la República (PGR) a raíz de una denuncia que formuló Lorenzo Lira García, un mando de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) que decidió proporcionar vasta información sobre el homicidio de Plata Moreno y otros crímenes, presuntamente cometidos por esa otra organización ultraderechista, muchos de cuyos miembros pertenecen también al PAN.
Sin embargo, las investigaciones no han avanzado por la reiterada oposición de los jerarcas de la Organización Nacional de El Yunque, particularmente el jefe general, Bernardo Ardavín Migoni; el jefe general emérito, José Antonio Quintana, y el jefe nacional operativo, Guillermo Velasco Arzac, quienes han impuesto a la familia de Plata Moreno la ignominiosa orden de quedarse callados ante el crimen.
El silencio sobre las razones, y los autores intelectuales y materiales del asesinato del fundador de El Yunque se justificaba porque, supuestamente, los gobiernos priistas podrían incurrir en manipulación y encubrir a los responsables, pero después de dos gobiernos federales del PAN, con miembros de El Yunque colocados en posiciones clave para el esclarecimiento cabal, no se entiende por qué la obstinación en oponerse a abrir el caso.
Menos aún se entiende el silencio –o quizá esa es la verdadera razón-- cuando ha habido tres presidentes del PAN con formación en El Yunque --Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Espino y César Nava--, y sus cuadros colman el comité nacional y los estatales.
Mandos de El Yunque murmuran, en voz baja, que el esclarecimiento del asesinato podría desencadenar una cruenta guerra con los Tecos, que todavía disponen de grupos paramilitares fuertemente armados, uno de los cuales supuestamente lo ejecutó, o con los sótanos del priismo que siguen siendo fieles a Fernando Gutiérrez Barrios, a quien también se señala como autor intelectual del crimen.
La razón puede ser otra, como lo presume Eduardo García Suárez, uno de los estrategas más allegados a Plata Moreno en Puebla y quien asegura que miembros de El Yunque traicionaron al fundador y lo “pusieron” para que fuera asesinado en la Nochebuena, en la colonia Lindavista, en 1979.
Como quiera que sea, el silencio de los mandos de El Yunque tiene nombre. Se llama cobardía.
Apuntes
Es también cobarde la conducta de Felipe Calderón: Ya no sólo no sabe cumplir su palabra de que no habría aumentos a los combustibles durante 2009, como se acreditó el sábado de la semana pasada cuando decretó un alza a la gasolina y el número 50 al diesel –lo que definí como una vileza--, sino que ahora, un día después de Navidad, ordenó otra alza a la gasolina Magna. ¿Se puede llamar de otra manera que no sea cobardía la decisión de Calderón? Yo sostengo que no, y eso mismo son los periodistas y medios que se quedan callados.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
“No te liquides. Todo es un Engaño!”
MEXICO, D.F., 27 de diciembre (UNIVERSAL).-
Ahora que concluyeron las dos etapas de liquidación que abrió el gobierno para que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se desvincularan totalmente de la paraestatal, al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se comienza a gestar un nuevo movimiento pero de ex empleados que decidieron cobrar su finiquito.Les llaman “los arrepentidos” y son ex trabajadores de LyFC que no quedaron conformes con su finiquito y que no encuentran trabajo debido a que fueron “boletinados” en las empresas del ramo, por lo que le mandan un mensaje a quienes aún no cobran su liquidación “No te liquides. Todo es un Engaño!”.
Humberto Montes de Oca, secretario del interior del SME, anunció la creación del movimiento, pues de lo que les prometió el gobierno a través del líder disidente del SME, Alejandro Muñoz, que fue recontratación, bono por liquidación con base en los años de servicio y una indemnización según a la categoría en la compañía, nada de eso ha sucedido.
Rechazo a ex trabajadores
Al contrario, denunció, todos los ex trabajadores del SME han sido “boletinados” para que no puedan ser contratados en otras empresas.“Hay compañeras que están a punto de firmar un contrato, pero las empresas las rastrean por el Seguro Social. La gente dice que no trabajó en LyFC porque si lo dices de entrada no te dan el papel para firmar, pero hay a quienes les rastrean las cotizaciones en el IMSS, y en cuanto saben que son de Luz y Fuerza les quitan el papel”, declaró Humberto Montes.Hasta el momento hay por lo menos una veintena de ex trabajadores de LyFC, según Montes de Oca, que están “arrepentidos” de haberse liquidado, porque han sido timados ya que al momento de ofrecerles su finiquito, no les tomaron en cuenta el tiempo de servicio, ni sus prestaciones, ni la categoría con la que desempeñaban sus funciones.
Si el Estado Mexicano no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, ¿para qué sirve?
El narco se quita la máscara
30 de diciembre de 2009
2009-12-30
El asesinato que cometió un grupo de sicarios —contra la familia indefensa del marino caído en la persecución de Arturo Beltrán Leyva— es un mensaje ya no para las autoridades, el gobierno de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas o rivales de otras organizaciones. Es un mensaje para todos los mexicanos, desde madres hasta hermanos, que dice lo siguiente: cualquiera que se atreva a oponerse a “nosotros” —los cárteles— ya sea por acción, palabra o incluso consanguinidad, terminará muerto junto con todos a quienes ama.
Apenas ayer, en Ciudad Juárez, un comando disparó con ametralladoras contra un camión de la Ruta 1B mientras los pasajeros abordaban la unidad. Fue una represalia porque los camioneros no pagaron las “cuotas” de protección que el crimen organizado les impuso.
Se trata en ambos casos de un escalón más hacia la cúspide de la bestialidad criminal: el narcoterrorismo. Lo que sigue, advierte la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), serán ataques contra civiles en plazas comerciales, puentes, estaciones de transporte público y celebraciones masivas. El objetivo: generar pánico para obligar a la población y a las autoridades a someterse.
La conmoción pública que ocasionó la ejecución de la familia del marino confirma las peores predicciones que se tenían desde hace años sobre la “colombianización” de México, pero lo que todavía no sucede aquí —y que sí ocurrió allá— es la indignación generalizada de la opinión pública en contra de los narcos y su identificación clara, por parte del grueso de la gente, como enemigos del pueblo. ¿Qué desencadenó en el país sudamericano dicha unión ciudadana? El asesinato del periodista Guillermo Cano en 1986, detractor de la corrupción entre la clase política y el narcotráfico, un crimen que estremeció a la sociedad colombiana porque estaba precedido de los homicidios del ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el director de la Policía Nacional. ¿Qué hace falta en México para llegar a ese hartazgo, para convencernos de una vez por todas de que los narcos no son hombres de negocios de raigambre popular cuyas hazañas son dignas de admiración, sino mercenarios que están dispuestos a matar a quien sea con tal de conservar su dinero y poder?
Es cierto que el narcotráfico en México es para cientos de miles de personas casa, vestido y comida, pero también lo es que a los líderes de ese negocio sólo les importa el pueblo en la medida en que les sirve como consumidores y carne de cañón. Nada debería tener qué ver en esa convicción la simpatía o la animadversión que tengamos por el gobierno federal y su cruzada antidorgas.
Ojalá no tengan que llegar las bombas a las escuelas y los centros comerciales para que entendamos este problema ya no como una pugna entre gobierno y rebeldes, sino como una lucha entre inocentes y asesinos.
30 de diciembre de 2009
2009-12-30
El asesinato que cometió un grupo de sicarios —contra la familia indefensa del marino caído en la persecución de Arturo Beltrán Leyva— es un mensaje ya no para las autoridades, el gobierno de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas o rivales de otras organizaciones. Es un mensaje para todos los mexicanos, desde madres hasta hermanos, que dice lo siguiente: cualquiera que se atreva a oponerse a “nosotros” —los cárteles— ya sea por acción, palabra o incluso consanguinidad, terminará muerto junto con todos a quienes ama.
Apenas ayer, en Ciudad Juárez, un comando disparó con ametralladoras contra un camión de la Ruta 1B mientras los pasajeros abordaban la unidad. Fue una represalia porque los camioneros no pagaron las “cuotas” de protección que el crimen organizado les impuso.
Se trata en ambos casos de un escalón más hacia la cúspide de la bestialidad criminal: el narcoterrorismo. Lo que sigue, advierte la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), serán ataques contra civiles en plazas comerciales, puentes, estaciones de transporte público y celebraciones masivas. El objetivo: generar pánico para obligar a la población y a las autoridades a someterse.
La conmoción pública que ocasionó la ejecución de la familia del marino confirma las peores predicciones que se tenían desde hace años sobre la “colombianización” de México, pero lo que todavía no sucede aquí —y que sí ocurrió allá— es la indignación generalizada de la opinión pública en contra de los narcos y su identificación clara, por parte del grueso de la gente, como enemigos del pueblo. ¿Qué desencadenó en el país sudamericano dicha unión ciudadana? El asesinato del periodista Guillermo Cano en 1986, detractor de la corrupción entre la clase política y el narcotráfico, un crimen que estremeció a la sociedad colombiana porque estaba precedido de los homicidios del ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el director de la Policía Nacional. ¿Qué hace falta en México para llegar a ese hartazgo, para convencernos de una vez por todas de que los narcos no son hombres de negocios de raigambre popular cuyas hazañas son dignas de admiración, sino mercenarios que están dispuestos a matar a quien sea con tal de conservar su dinero y poder?
Es cierto que el narcotráfico en México es para cientos de miles de personas casa, vestido y comida, pero también lo es que a los líderes de ese negocio sólo les importa el pueblo en la medida en que les sirve como consumidores y carne de cañón. Nada debería tener qué ver en esa convicción la simpatía o la animadversión que tengamos por el gobierno federal y su cruzada antidorgas.
Ojalá no tengan que llegar las bombas a las escuelas y los centros comerciales para que entendamos este problema ya no como una pugna entre gobierno y rebeldes, sino como una lucha entre inocentes y asesinos.
El narco va contra civiles, alerta la DEA
"Los Zetas preparan una acción para el 1 de enero".
Un informe interno de la DEA advierte que los ataques podrían suceder en Michoacán, Nuevo León, México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas e incluso el Distrito Federal
Doris Gómora
El Universal
Miércoles 30 de diciembre de 2009
politica@eluniversal.com.mx
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) alertó a México sobre la posibilidad de que los cárteles del narcotráfico ejecuten actos violentos en contra de fuerzas federales, estatales y locales, e incluso contra “blancos civiles”.
Un informe interno de la DEA advierte que los ataques podrían suceder en Michoacán, Nuevo León, México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas e incluso el Distrito Federal, en objetivos como plazas comerciales, puentes y estaciones de transporte público, como el Metro y terminales de autobuses, así como en eventos masivos de celebración por las fiestas de la época.
El reporte no precisa si las organizaciones tienen motivos en particular para llevarlos a cabo.
La Agencia destaca en su informe la amenaza que representan en estos momentos los cárteles de Sinaloa y el Golfo, La Familia Michoacana y Los Zetas, y señala a instalaciones del Ejército y de la policía en Ciudad Juárez, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, ciudad de México, Tijuana y otros lugares, donde el crimen organizado tiene bases, como blancos de ataque de los criminales.
El reporte de la DEA alude a una alerta que se hizo a México para el 1 de enero, en donde estarían involucrados Los Zetas, y hace referencia de miembros de grupos terroristas relacionados con el cártel del Golfo y Los Zetas entrando por Guatemala hacia Estados Unidos.
Desde principios de diciembre, organizaciones como Los Zetas han agredido con disparos y granadas sedes policiacas y lugares relacionados con las fuerzas federales en Guanajuato, Guerrero, Sonora, Chihuahua y Michoacán. También se han dado agresiones en comercios y autobuses de pasajeros.
La DEA plantea los posibles embates e incremento de la violencia, de diciembre a febrero de 2010, como una amenaza a los gobiernos de México y de EU.
Antonio L. Mazzitelli, representante de la ONU, dice que en este país los cárteles han recurrido al terrorismo para obligar a la población civil, y en particular a las autoridades, a lograr pactos.
Un informe interno de la DEA advierte que los ataques podrían suceder en Michoacán, Nuevo León, México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas e incluso el Distrito Federal
Doris Gómora
El Universal
Miércoles 30 de diciembre de 2009
politica@eluniversal.com.mx
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) alertó a México sobre la posibilidad de que los cárteles del narcotráfico ejecuten actos violentos en contra de fuerzas federales, estatales y locales, e incluso contra “blancos civiles”.
Un informe interno de la DEA advierte que los ataques podrían suceder en Michoacán, Nuevo León, México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas e incluso el Distrito Federal, en objetivos como plazas comerciales, puentes y estaciones de transporte público, como el Metro y terminales de autobuses, así como en eventos masivos de celebración por las fiestas de la época.
El reporte no precisa si las organizaciones tienen motivos en particular para llevarlos a cabo.
La Agencia destaca en su informe la amenaza que representan en estos momentos los cárteles de Sinaloa y el Golfo, La Familia Michoacana y Los Zetas, y señala a instalaciones del Ejército y de la policía en Ciudad Juárez, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, ciudad de México, Tijuana y otros lugares, donde el crimen organizado tiene bases, como blancos de ataque de los criminales.
El reporte de la DEA alude a una alerta que se hizo a México para el 1 de enero, en donde estarían involucrados Los Zetas, y hace referencia de miembros de grupos terroristas relacionados con el cártel del Golfo y Los Zetas entrando por Guatemala hacia Estados Unidos.
Desde principios de diciembre, organizaciones como Los Zetas han agredido con disparos y granadas sedes policiacas y lugares relacionados con las fuerzas federales en Guanajuato, Guerrero, Sonora, Chihuahua y Michoacán. También se han dado agresiones en comercios y autobuses de pasajeros.
La DEA plantea los posibles embates e incremento de la violencia, de diciembre a febrero de 2010, como una amenaza a los gobiernos de México y de EU.
Antonio L. Mazzitelli, representante de la ONU, dice que en este país los cárteles han recurrido al terrorismo para obligar a la población civil, y en particular a las autoridades, a lograr pactos.
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