Sí somos ¿ Y...?
lunes, 8 de diciembre de 2008
Pero seguro sí iría don Lorenzo "Bimbo": Plantan líderes partidistas a Mariana Gómez
La líderesa del PAN-DF sólo se reunió con la presidenta del IEDF y consejeros electorales para suscribir un pacto de civilidad política
El Universal
Ciudad de México Lunes 08 de diciembre de 2008
15:07 Dirigentes de partidos políticos locales no asistieron a la invitación que les hiciera la dirigente panista, Mariana Gómez del Campo, con el fin de suscribir un pacto de civilidad política con miras a las elecciones del 2009.
"Los dirigentes de los demás partidos me notificaron que no podían acudir, porque tenían otros asuntos pendientes, el PRD no quiso y lamentamos mucho su decisión, porque lo que queremos es que el proceso electoral se desarrolle sin problemas ni irregularidades", señaló.
La líder del PAN-DF sólo se reunió con los consejeros electorales, con la presidenta del IEDF, Claudia Zavala, y los consejeros Ángel Díaz, Yolanda León, Carla Humprey y Fernando Díaz Naranjo, con quienes habló sobre los lineamientos para evitar actos anticipados de campañas y la posibilidad de que el IEDF promueva una reunión con el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard para los temas de propaganda e auguraciones de obras para evitar promociones políticas.
Anunció que presentará una queja ante el IFE, el IEDF, la Contraloría del DF y la Procuraduría capitalina, en contra del gobierno local por el supuesto desvío de recursos y promoción de su imagen.
Sobre el pacto de civilidad con los partidos políticos, comentó que insistirá porque es más una medida política y no está por encima de la ley.
El Universal
Ciudad de México Lunes 08 de diciembre de 2008
15:07 Dirigentes de partidos políticos locales no asistieron a la invitación que les hiciera la dirigente panista, Mariana Gómez del Campo, con el fin de suscribir un pacto de civilidad política con miras a las elecciones del 2009.
"Los dirigentes de los demás partidos me notificaron que no podían acudir, porque tenían otros asuntos pendientes, el PRD no quiso y lamentamos mucho su decisión, porque lo que queremos es que el proceso electoral se desarrolle sin problemas ni irregularidades", señaló.
La líder del PAN-DF sólo se reunió con los consejeros electorales, con la presidenta del IEDF, Claudia Zavala, y los consejeros Ángel Díaz, Yolanda León, Carla Humprey y Fernando Díaz Naranjo, con quienes habló sobre los lineamientos para evitar actos anticipados de campañas y la posibilidad de que el IEDF promueva una reunión con el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard para los temas de propaganda e auguraciones de obras para evitar promociones políticas.
Anunció que presentará una queja ante el IFE, el IEDF, la Contraloría del DF y la Procuraduría capitalina, en contra del gobierno local por el supuesto desvío de recursos y promoción de su imagen.
Sobre el pacto de civilidad con los partidos políticos, comentó que insistirá porque es más una medida política y no está por encima de la ley.
Aprendió bien de Montiel, su tío y "padrino" : Cobrará Peña Nieto casi 600 mil pesos en fin de año
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, gozará este fin de año de un aguinaldo equivalente a dos meses de sueldo, más una gratificación “especial”, prima vacacional, más su quincena normal, lo que suma casi 600 mil pesos
TOLUCA, Méx.— El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, gozará este fin de año de un aguinaldo equivalente a dos meses de sueldo, más una gratificación “especial”, prima vacacional, más su quincena normal, lo que suma casi 600 mil pesos.
Lo anterior significa que el Ejecutivo mexiquense no sólo seguirá siendo el político del momento y el de mayor popularidad entre los llamados “presidenciables”, sino también uno de los mejor pagados en el país, con ingresos mensuales sólo 10 mil pesos por abajo de los del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Considerando los ingresos netos del mandatario por 147 mil 739.75 pesos mensuales —la cantidad bruta es de 203 mil 68.80 pesos—, su aguinaldo de este año será de 295 mil 478 pesos, más una gratificación especial de 20 días; es decir, 98 mil 216 pesos, y una prima vacacional equivalente a otros 25 días de sueldo, 122 mil 777 pesos.
Así, para este fin de año el Ejecutivo local recibirá por esos tres conceptos 516 mil 471 pesos, que sumados a su quincena normal de 73 mil 869.87 pesos, hacen un gran total de 590 mil 340 pesos con 87 centavos.
También su equipo de colaboradores más cercanos, como secretarios, procurador, subsecretarios, secretarios particulares y coordinadores de la ASE y Comunicación Social, obtendrán casi medio millón de pesos cada uno.
El segundo mejor pagado, Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, cobrará este fin de año 527 mil 160 pesos, considerando que su quincena normal es de 65 mil 895 pesos.
TOLUCA, Méx.— El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, gozará este fin de año de un aguinaldo equivalente a dos meses de sueldo, más una gratificación “especial”, prima vacacional, más su quincena normal, lo que suma casi 600 mil pesos.
Lo anterior significa que el Ejecutivo mexiquense no sólo seguirá siendo el político del momento y el de mayor popularidad entre los llamados “presidenciables”, sino también uno de los mejor pagados en el país, con ingresos mensuales sólo 10 mil pesos por abajo de los del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Considerando los ingresos netos del mandatario por 147 mil 739.75 pesos mensuales —la cantidad bruta es de 203 mil 68.80 pesos—, su aguinaldo de este año será de 295 mil 478 pesos, más una gratificación especial de 20 días; es decir, 98 mil 216 pesos, y una prima vacacional equivalente a otros 25 días de sueldo, 122 mil 777 pesos.
Así, para este fin de año el Ejecutivo local recibirá por esos tres conceptos 516 mil 471 pesos, que sumados a su quincena normal de 73 mil 869.87 pesos, hacen un gran total de 590 mil 340 pesos con 87 centavos.
También su equipo de colaboradores más cercanos, como secretarios, procurador, subsecretarios, secretarios particulares y coordinadores de la ASE y Comunicación Social, obtendrán casi medio millón de pesos cada uno.
El segundo mejor pagado, Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, cobrará este fin de año 527 mil 160 pesos, considerando que su quincena normal es de 65 mil 895 pesos.
En cartera vencida, 1.5 millones de familias
Alma E. Muñoz
El “gobierno legítimo” de México consideró que al menos un millón 446 mil usuarios de tarjetas de crédito están sobrendeudados y en cartera vencida, y advirtió que el número se incrementará durante el primer semestre de 2009 con el aumento en las tasas de interés y el cada vez mayor deterioro económico.
Con base en datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la secretaría de la hacienda pública del “gobierno legítimo” resaltó que de diciembre de 2006 a septiembre de 2008 la cartera vencida del crédito al consumo, por dicha vía, creció 57 por ciento, y que el total –24 mil 584 millones de pesos– resulta 206 por ciento superior al de diciembre de 1997, “cuando los bancos que operaban en México fueron rescatados de manera ilegal y con recursos públicos” por medio del Fopabroa.
Mencionó que lo anterior cobra relevancia si se considera –tras analizar informes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros– que cada usuario posee en promedio 1.5 tarjetas de crédito, lo cual refiere que en México existen 16 millones de tarjetahabientes, cada uno con líneas de crédito revolventes de unos 17 mil pesos.
Así, “si consideramos que la cartera vencida actual de las tarjetas de crédito asciende a 24 mil 584 millones de pesos, se puede concluir que esta situación afecta ya a un millón 446 mil personas”.
CAT de casi 100%
Aunado a este análisis, la instancia que encabeza Mario di Constanzo refirió que hasta el 17 de noviembre pasado, el costo anual de esas tarjetas (CAT, que se paga por cualquier tipo de crédito e incluye tasa de interés, comisiones, seguros, gastos de apertura, entre otros) tuvo un mínimo de 56.2 por ciento (Santander Light) y un máximo de 99.9 (Santander Black).
Con ello, apuntó, “si una persona actualmente tiene una deuda de 17 mil pesos en cualquiera de estas tarjetas de crédito, al cabo de un año, suponiendo que la liquide, habrá pagado entre el principal (su deuda) y los intereses y gastos, en el caso de la menos costosa, 26 mil 548 pesos, y en el de la más, 33 mil 988 pesos”.
Señaló que el CAT de una tarjeta de crédito emitida por Banamex Citibank en Estados Unidos es de 9 por ciento, y en México de 75. En España, el de BBVA-Bancomer es de 25 por ciento, y aquí de 79.7; en Canadá, el de Scotiabank Inverlat es de 18 por ciento, y en México de 59, y en Inglaterra, el de HSBC es de 16 por ciento y aquí de casi 70.
El “gobierno legítimo” de México consideró que al menos un millón 446 mil usuarios de tarjetas de crédito están sobrendeudados y en cartera vencida, y advirtió que el número se incrementará durante el primer semestre de 2009 con el aumento en las tasas de interés y el cada vez mayor deterioro económico.
Con base en datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la secretaría de la hacienda pública del “gobierno legítimo” resaltó que de diciembre de 2006 a septiembre de 2008 la cartera vencida del crédito al consumo, por dicha vía, creció 57 por ciento, y que el total –24 mil 584 millones de pesos– resulta 206 por ciento superior al de diciembre de 1997, “cuando los bancos que operaban en México fueron rescatados de manera ilegal y con recursos públicos” por medio del Fopabroa.
Mencionó que lo anterior cobra relevancia si se considera –tras analizar informes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros– que cada usuario posee en promedio 1.5 tarjetas de crédito, lo cual refiere que en México existen 16 millones de tarjetahabientes, cada uno con líneas de crédito revolventes de unos 17 mil pesos.
Así, “si consideramos que la cartera vencida actual de las tarjetas de crédito asciende a 24 mil 584 millones de pesos, se puede concluir que esta situación afecta ya a un millón 446 mil personas”.
CAT de casi 100%
Aunado a este análisis, la instancia que encabeza Mario di Constanzo refirió que hasta el 17 de noviembre pasado, el costo anual de esas tarjetas (CAT, que se paga por cualquier tipo de crédito e incluye tasa de interés, comisiones, seguros, gastos de apertura, entre otros) tuvo un mínimo de 56.2 por ciento (Santander Light) y un máximo de 99.9 (Santander Black).
Con ello, apuntó, “si una persona actualmente tiene una deuda de 17 mil pesos en cualquiera de estas tarjetas de crédito, al cabo de un año, suponiendo que la liquide, habrá pagado entre el principal (su deuda) y los intereses y gastos, en el caso de la menos costosa, 26 mil 548 pesos, y en el de la más, 33 mil 988 pesos”.
Señaló que el CAT de una tarjeta de crédito emitida por Banamex Citibank en Estados Unidos es de 9 por ciento, y en México de 75. En España, el de BBVA-Bancomer es de 25 por ciento, y aquí de 79.7; en Canadá, el de Scotiabank Inverlat es de 18 por ciento, y en México de 59, y en Inglaterra, el de HSBC es de 16 por ciento y aquí de casi 70.
Clausuran vecinos las obras del paso a desnivel de Paseo de la Reforma y Palmas
Denuncian la presencia de un grupo de choque cerca de un campamento de vigilancia
Habitantes de Lomas de Chapultepec, Virreyes, Polanco, Popotla e Irrigación clausuraron simbólicamente la construcción del paso a desnivel en Palmas y Reforma, y exigieron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que suspenda de manera definitiva los seis proyectos viales que promueve la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, tras señalar que son diez las leyes que se infringen con estas obras.
Alejandro Álvarez, representante legal de los inconformes, detalló que desde hace un par de meses se promovió una acción pública ante el mandatario local para que se suspendieran las actividades relativos a la construcción de los deprimidos hasta que se informe a los habitantes sobre dichos proyectos y se contará con los estudios pertinentes.
Sin embargo, explicó que venció el plazo para que la autoridad respondiera, por lo que se configura la afirmativa ficta, es decir, que se debe hacer cumplir la ley y dar luz verde a la petición vecinal.
A su vez, el presidente del comité vecinal Lomas de Chapultepec-Virreyes, Luis Rodríguez, manifestó que los ciudadanos están dispuestos a defenderse de las agresiones de las autoridades que no los representan. “Si la señora quiere ser candidata y necesita dinero, no sé si lo puede sacar de aquí, pero no lo hará”, apuntó.
Por separado, la asociación Urbanitas, integrada por habitantes de la delegación Miguel Hidalgo, anunció que este día solicitará la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que envíe observadores a los puntos donde se encuentran instaladas las carpas de protesta por los deprimidos viales que se pretende construir en Palmas y Reforma, así como en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, tras detectar en la zona a un grupo de choque, presuntamente al servicio de las autoridades delegacionales.
En un comunicado, la agrupación dijo que pedirá a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) estar atenta para garantizar y salvaguardar la seguridad de los vecinos que se han inconformado con los proyectos viales.
Detalló que desde hace unos días un grupo de por lo menos 40 personas, encabezadas por los hermanos Claudio y Héctor González, comenzaron a rondar el campamento instalado en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional.
Ante ello, los vecinos responsabilizaron a Cuevas Barrón de cualquier agresión física que pudieran sufrir ellos, y los demás integrantes de las organizaciones que se encuentran en esos lugares.
Ante ese conflicto entre vecinos y autoridades delegacionales, la diputada local por esa demarcación, Margarita Martínez Fisher, manifestó su desacuerdo con la realización de obras que no estén consensuadas con la gente.
En entrevista, la legisladora del PAN convocó a las partes a ser “mesuradas” y “tolerantes” y ceder para que puedan establecerse canales de comunicación, pero consideró fundamental que todas aquellas “manos” que se metieron en el conflicto y tienen abiertos intereses político-partidistas, se hagan a un lado para que pueda irse tejiendo la solución a ese problema.
Habitantes de Lomas de Chapultepec, Virreyes, Polanco, Popotla e Irrigación clausuraron simbólicamente la construcción del paso a desnivel en Palmas y Reforma, y exigieron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que suspenda de manera definitiva los seis proyectos viales que promueve la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, tras señalar que son diez las leyes que se infringen con estas obras.
Alejandro Álvarez, representante legal de los inconformes, detalló que desde hace un par de meses se promovió una acción pública ante el mandatario local para que se suspendieran las actividades relativos a la construcción de los deprimidos hasta que se informe a los habitantes sobre dichos proyectos y se contará con los estudios pertinentes.
Sin embargo, explicó que venció el plazo para que la autoridad respondiera, por lo que se configura la afirmativa ficta, es decir, que se debe hacer cumplir la ley y dar luz verde a la petición vecinal.
A su vez, el presidente del comité vecinal Lomas de Chapultepec-Virreyes, Luis Rodríguez, manifestó que los ciudadanos están dispuestos a defenderse de las agresiones de las autoridades que no los representan. “Si la señora quiere ser candidata y necesita dinero, no sé si lo puede sacar de aquí, pero no lo hará”, apuntó.
Por separado, la asociación Urbanitas, integrada por habitantes de la delegación Miguel Hidalgo, anunció que este día solicitará la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para que envíe observadores a los puntos donde se encuentran instaladas las carpas de protesta por los deprimidos viales que se pretende construir en Palmas y Reforma, así como en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, tras detectar en la zona a un grupo de choque, presuntamente al servicio de las autoridades delegacionales.
En un comunicado, la agrupación dijo que pedirá a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) estar atenta para garantizar y salvaguardar la seguridad de los vecinos que se han inconformado con los proyectos viales.
Detalló que desde hace unos días un grupo de por lo menos 40 personas, encabezadas por los hermanos Claudio y Héctor González, comenzaron a rondar el campamento instalado en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional.
Ante ello, los vecinos responsabilizaron a Cuevas Barrón de cualquier agresión física que pudieran sufrir ellos, y los demás integrantes de las organizaciones que se encuentran en esos lugares.
Ante ese conflicto entre vecinos y autoridades delegacionales, la diputada local por esa demarcación, Margarita Martínez Fisher, manifestó su desacuerdo con la realización de obras que no estén consensuadas con la gente.
En entrevista, la legisladora del PAN convocó a las partes a ser “mesuradas” y “tolerantes” y ceder para que puedan establecerse canales de comunicación, pero consideró fundamental que todas aquellas “manos” que se metieron en el conflicto y tienen abiertos intereses político-partidistas, se hagan a un lado para que pueda irse tejiendo la solución a ese problema.
Dinero. Enrique Galván Ochoa
Dinero
Enrique Galván Ochoa
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/tarjetas/
■ Recuento de daños en la Bolsa de Valores
■ Las pérdidas superan el billón
■ La congruencia
Hoy tendrá lugar en el hotel Camino Real la 19 Convención del Mercado de Valores. Reunirá a un millar de personas que tienen que ver con la crisis bursátil, financiera y económica de los meses recientes. El año pasado se realizó en octubre, en esta ocasión fue demorada lo más que se pudo en espera de que mejorara la situación, pero ya faltan tres semanas y días para que concluya el año, y difícilmente habrá una recuperación. El telón de fondo es la devaluación de casi 40 por ciento de la moneda. En la convención anterior, el presidente de la bolsa, Guillermo Prieto Treviño, se congratulaba del éxito de los derivados financieros, “a tal grado que MexDer fue distinguido este año como el Mercado de Derivados Emergente de 2007 por la revista Futures and Options World”. Jubilosamente decía: “tenemos un amplio menú de productos que incluye contratos de futuro sobre Cetes, peso-dólar, TIIE, IPC, los Bonos M a tres y 10 años, el euro y la UDI, así como futuros de swaps de tasas”. Sólo que el mercado fue contaminado por la especulación, los sacadólares apostaron contra el superpeso cuando se necesitaban menos de 10 unidades para comprar un billete verde. El poco escrupuloso presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, y otras autoridades reguladoras se hicieron de la vista gorda, el tronido de la Comer mostró la enormidad de la crisis y ahora el Banco de México ha tenido que subastar casi 15 mil millones de dólares tomados de la reserva internacional para tapar el agujero.
El desplome
El joven presidente de la Bolsa presumía que el índice de precios había subido a 32 mil 136 puntos, y el valor de las empresas alcanzaba 4.6 billones de pesos. Al viernes pasado había caído a 20 mil puntos y la pérdida se estimaba en mas de un billón –deberá precisarla Prieto Treviño. Otro dato que informará es el saldo de la inversión extranjera; lo oculta desde el pasado agosto sin otro motivo aparente que no revelar a la opinión pública su disminución. Por mucho tiempo los vaivenes bursátiles sólo interesaban a los que estaban metidos en el ajo y uno que otro diletante que se sentaba en una mesa de Sanborns a leer la página financiera de los diarios. Sin embargo, hoy atañe a los trabajadores. El gobierno permitió que las administradoras de los fondos para el retiro (Afore) jugaran en la bolsa y han tenido pérdidas por más de 60 mil millones de pesos.
Abonando facturas
Prominentes empresarios de la bolsa apoyaron al candidato Felipe Calderón para llegar a la Presidencia. Hoy lo tendrán como invitado en su convención, hará la declaratoria inaugural. No los ha abandonado un momento. Hace días entregó a uno de los suyos, el director del Centro de Estudios del Sector Privado, Héctor Rangel Domene, la conducción de la banca de desarrollo, Nafin y Bancomext. Ya había dado autorización para que ambas instituciones avalaran préstamos a las grandes compañías que andaban en aprietos; tal vez para obviar trámites acabó entregándoselas en paquete. Si no pagan los créditos los cubrirían Nafin o Bancomext, y tal vez tendríamos un nuevo Fobaproa, pero silencioso, sin que fuera necesario debatir la constitucionalidad de convertir deudas privadas en deuda pública.
Decepcionados
Abundarán las sonrisas, los apretones de manos, los abrazos, los deseos fervorosos de que pase ya el efecto Martini… y se encomendarán a Obama, aunque simpatizaron con Hillary y McCain secretamente. Calderón volverá a Los Pinos con la certeza de que estos empresarios no organizarán caceroladas ni agitarán a la clase media en su contra, como lo habrían hecho si otro estuviera en la Presidencia, sobre todo después de una estrepitosa devaluación, el reguero de sangre que han dejado 7 mil ejecuciones en dos años más el dolor de los secuestros que han enlutado las familias de algunos encumbrados personajes. Y los hombres de negocios también regresarán a sus oficinas, caída la noche, cuando concluya la convención, con un ánimo que todos los días se extiende más: no supo gobernar el PAN, es hora de que vuelva el dinosaurio.
e@Vox Populi
Asunto: congruencias
Senador Navarrete: en relación con su discurso por la muerte de Carlos Abascal, quisera comentarle que en la historia universal han existido muchos hombres que desde su juventud fueron congruentes con su pensamiento conservador. Así, Adolfo Hitler, congruente con sus ideas de derecha, creó y construyó los campos de concentración donde asesinó a miles de judíos. Augusto Pinochet, en congruencia con sus ideas, asesinó a Salvador Allende y creó uno de los estados más terroríficos en la historia del mundo. ¿A ellos también les rendirán honores?
José Manuel Rodríguez/Coyoacán
R: Lo tupido del maizal no deja ver con claridad a los de la izquierda motherna.
Asunto: tasa cero
Me llamaron varias veces de Scotiabank para ofrecerme tasa cero en la liquidación de mi deuda (unos 20 mil pesos, de los cuales no he caído en mora). Las mensualidades a 24 meses salen inferiores a los mínimos que estoy pagando, ¿no suena muy bonito para ser cierto? ¡Ah! Una condición: debo someterme a “una firma electrónica” que consiste en declarar telefónicamente mis datos (dirección, RFC, etcétera), los cuales van a ser grabados. La oferta parece ser buena, pero como el lobo nunca ha ayudado a las ardillas, ¿qué me aconsejas?
Jorge Luis Saldívar/Distrito Federal
R: Se te adelantó Santa Claus. Una oferta así no se piensa dos veces. ¿Hay modo de que te la hagan por escrito?
Enrique Galván Ochoa
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://dinero.tv/tarjetas/
■ Recuento de daños en la Bolsa de Valores
■ Las pérdidas superan el billón
■ La congruencia
Hoy tendrá lugar en el hotel Camino Real la 19 Convención del Mercado de Valores. Reunirá a un millar de personas que tienen que ver con la crisis bursátil, financiera y económica de los meses recientes. El año pasado se realizó en octubre, en esta ocasión fue demorada lo más que se pudo en espera de que mejorara la situación, pero ya faltan tres semanas y días para que concluya el año, y difícilmente habrá una recuperación. El telón de fondo es la devaluación de casi 40 por ciento de la moneda. En la convención anterior, el presidente de la bolsa, Guillermo Prieto Treviño, se congratulaba del éxito de los derivados financieros, “a tal grado que MexDer fue distinguido este año como el Mercado de Derivados Emergente de 2007 por la revista Futures and Options World”. Jubilosamente decía: “tenemos un amplio menú de productos que incluye contratos de futuro sobre Cetes, peso-dólar, TIIE, IPC, los Bonos M a tres y 10 años, el euro y la UDI, así como futuros de swaps de tasas”. Sólo que el mercado fue contaminado por la especulación, los sacadólares apostaron contra el superpeso cuando se necesitaban menos de 10 unidades para comprar un billete verde. El poco escrupuloso presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, y otras autoridades reguladoras se hicieron de la vista gorda, el tronido de la Comer mostró la enormidad de la crisis y ahora el Banco de México ha tenido que subastar casi 15 mil millones de dólares tomados de la reserva internacional para tapar el agujero.
El desplome
El joven presidente de la Bolsa presumía que el índice de precios había subido a 32 mil 136 puntos, y el valor de las empresas alcanzaba 4.6 billones de pesos. Al viernes pasado había caído a 20 mil puntos y la pérdida se estimaba en mas de un billón –deberá precisarla Prieto Treviño. Otro dato que informará es el saldo de la inversión extranjera; lo oculta desde el pasado agosto sin otro motivo aparente que no revelar a la opinión pública su disminución. Por mucho tiempo los vaivenes bursátiles sólo interesaban a los que estaban metidos en el ajo y uno que otro diletante que se sentaba en una mesa de Sanborns a leer la página financiera de los diarios. Sin embargo, hoy atañe a los trabajadores. El gobierno permitió que las administradoras de los fondos para el retiro (Afore) jugaran en la bolsa y han tenido pérdidas por más de 60 mil millones de pesos.
Abonando facturas
Prominentes empresarios de la bolsa apoyaron al candidato Felipe Calderón para llegar a la Presidencia. Hoy lo tendrán como invitado en su convención, hará la declaratoria inaugural. No los ha abandonado un momento. Hace días entregó a uno de los suyos, el director del Centro de Estudios del Sector Privado, Héctor Rangel Domene, la conducción de la banca de desarrollo, Nafin y Bancomext. Ya había dado autorización para que ambas instituciones avalaran préstamos a las grandes compañías que andaban en aprietos; tal vez para obviar trámites acabó entregándoselas en paquete. Si no pagan los créditos los cubrirían Nafin o Bancomext, y tal vez tendríamos un nuevo Fobaproa, pero silencioso, sin que fuera necesario debatir la constitucionalidad de convertir deudas privadas en deuda pública.
Decepcionados
Abundarán las sonrisas, los apretones de manos, los abrazos, los deseos fervorosos de que pase ya el efecto Martini… y se encomendarán a Obama, aunque simpatizaron con Hillary y McCain secretamente. Calderón volverá a Los Pinos con la certeza de que estos empresarios no organizarán caceroladas ni agitarán a la clase media en su contra, como lo habrían hecho si otro estuviera en la Presidencia, sobre todo después de una estrepitosa devaluación, el reguero de sangre que han dejado 7 mil ejecuciones en dos años más el dolor de los secuestros que han enlutado las familias de algunos encumbrados personajes. Y los hombres de negocios también regresarán a sus oficinas, caída la noche, cuando concluya la convención, con un ánimo que todos los días se extiende más: no supo gobernar el PAN, es hora de que vuelva el dinosaurio.
e@Vox Populi
Asunto: congruencias
Senador Navarrete: en relación con su discurso por la muerte de Carlos Abascal, quisera comentarle que en la historia universal han existido muchos hombres que desde su juventud fueron congruentes con su pensamiento conservador. Así, Adolfo Hitler, congruente con sus ideas de derecha, creó y construyó los campos de concentración donde asesinó a miles de judíos. Augusto Pinochet, en congruencia con sus ideas, asesinó a Salvador Allende y creó uno de los estados más terroríficos en la historia del mundo. ¿A ellos también les rendirán honores?
José Manuel Rodríguez/Coyoacán
R: Lo tupido del maizal no deja ver con claridad a los de la izquierda motherna.
Asunto: tasa cero
Me llamaron varias veces de Scotiabank para ofrecerme tasa cero en la liquidación de mi deuda (unos 20 mil pesos, de los cuales no he caído en mora). Las mensualidades a 24 meses salen inferiores a los mínimos que estoy pagando, ¿no suena muy bonito para ser cierto? ¡Ah! Una condición: debo someterme a “una firma electrónica” que consiste en declarar telefónicamente mis datos (dirección, RFC, etcétera), los cuales van a ser grabados. La oferta parece ser buena, pero como el lobo nunca ha ayudado a las ardillas, ¿qué me aconsejas?
Jorge Luis Saldívar/Distrito Federal
R: Se te adelantó Santa Claus. Una oferta así no se piensa dos veces. ¿Hay modo de que te la hagan por escrito?
Cierran más de mil firmas en un año; desaparecen 189 mil empleos
Las empresas dadas de baja, sólo en los sectores industrial y de comercio, informa el IMSS
Se dejaron de crear 225 mil puestos en el sector manufacturero, afirma el líder de Canacintra
■ En 2009 sólo se generarán 150 mil plazas, equivalentes a 12.5% de las necesarias en un año
Erika Duarte
En los 12 meses pasados cerraron mil tres empresas, 89 por ciento en la industria de la transformación, el sector que más puestos de trabajo genera en el país y más ha perdido desde octubre de 2007, al rebasar 189 mil plazas canceladas, revelan cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con los datos del IMSS reportados ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de patrones dados de alta al décimo mes del año pasado era de 124 mil 717, frente a 123 mil 823 de 2008; es decir, 894 empresas transformadoras suspendieron actividades, mientras el número de desempleados en el rubro alcanza 189 mil 372 en los pasados 12 meses. El sector manufacturero contribuye con una cuarta parte del producto interno bruto (PIB).
Al mismo tiempo, en el sector comercio de la economía formal cerraron 109 empresas, toda vez que en octubre de 2007 estaban registradas ante el IMSS 250 mil 147 y para el mismo mes de este año el número se redujo a 250 mil 38, para llegar a más de mil empresas dadas de baja ante el Seguro Social sólo en los ramos industrial y de comercio.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Miguel Marón Manzur, indicó que dentro de la industria –que comprende las actividades manufactureras, extractivas y de construcción–, el sector manufacturero es uno de los más afectados, pues durante este año se han perdido 64 mil empleos y se dejaron de crear 225 mil.
Recordó que en los tres meses anteriores no se ha contratado nueva mano de obra y el rubro ha tenido el crecimiento más lento en los tres años recientes; enfatizó que los dos últimos meses de 2008 han sido los más complicados por los efectos de la crisis.
Advirtió que el panorama para 2009 es más preocupante, debido al bajo nivel de crecimiento previsto, que según el gobierno será de 1.8 por ciento del PIB, pero de acuerdo con analistas no llegará a 0.5 por ciento.
El bajo crecimiento de la economía, agregó, provocará menor creación de empleos, que se espera será de unos 150 mil puestos, cifra que representa sólo 12.5 por ciento del millón 200 que se requieren al año en el país.
Por ello, apremió a las autoridades a impulsar el mercado interno, mediante las compras del gobierno a empresas establecidas en el país y, sobre todo, el acceso a financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más de 99 por ciento de las 4 millones 100 mil unidades económicas en el país.
Se dejaron de crear 225 mil puestos en el sector manufacturero, afirma el líder de Canacintra
■ En 2009 sólo se generarán 150 mil plazas, equivalentes a 12.5% de las necesarias en un año
Erika Duarte
En los 12 meses pasados cerraron mil tres empresas, 89 por ciento en la industria de la transformación, el sector que más puestos de trabajo genera en el país y más ha perdido desde octubre de 2007, al rebasar 189 mil plazas canceladas, revelan cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con los datos del IMSS reportados ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de patrones dados de alta al décimo mes del año pasado era de 124 mil 717, frente a 123 mil 823 de 2008; es decir, 894 empresas transformadoras suspendieron actividades, mientras el número de desempleados en el rubro alcanza 189 mil 372 en los pasados 12 meses. El sector manufacturero contribuye con una cuarta parte del producto interno bruto (PIB).
Al mismo tiempo, en el sector comercio de la economía formal cerraron 109 empresas, toda vez que en octubre de 2007 estaban registradas ante el IMSS 250 mil 147 y para el mismo mes de este año el número se redujo a 250 mil 38, para llegar a más de mil empresas dadas de baja ante el Seguro Social sólo en los ramos industrial y de comercio.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Miguel Marón Manzur, indicó que dentro de la industria –que comprende las actividades manufactureras, extractivas y de construcción–, el sector manufacturero es uno de los más afectados, pues durante este año se han perdido 64 mil empleos y se dejaron de crear 225 mil.
Recordó que en los tres meses anteriores no se ha contratado nueva mano de obra y el rubro ha tenido el crecimiento más lento en los tres años recientes; enfatizó que los dos últimos meses de 2008 han sido los más complicados por los efectos de la crisis.
Advirtió que el panorama para 2009 es más preocupante, debido al bajo nivel de crecimiento previsto, que según el gobierno será de 1.8 por ciento del PIB, pero de acuerdo con analistas no llegará a 0.5 por ciento.
El bajo crecimiento de la economía, agregó, provocará menor creación de empleos, que se espera será de unos 150 mil puestos, cifra que representa sólo 12.5 por ciento del millón 200 que se requieren al año en el país.
Por ello, apremió a las autoridades a impulsar el mercado interno, mediante las compras del gobierno a empresas establecidas en el país y, sobre todo, el acceso a financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más de 99 por ciento de las 4 millones 100 mil unidades económicas en el país.
La columna de hoy de Julio Hernández
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Germán describe a Felipe
■ Pero acusa a los priístas
El comisionado de Los Pinos para asuntos partidistas, Germán Martínez, pidió este sábado a la elite blanquiazul “respaldo” para los proyectos políticos y electorales del calderonismo “en esta hora crítica en el (sic) que nos jugamos el futuro”. Siempre obsesionado con parecer teóricamente profundo y verbalmente ingenioso, el desmerecido dirigente formal del panismo prefirió en esta parte la crudeza, al advertir que se ha “descuidado la construcción, que siempre había sido nuestra, de un federalismo responsable y cooperativo; no hemos sido capaces de armonizar las atribuciones, competencias y recursos de los tres niveles de gobierno, y esa falta genera problemas de gobernabilidad y está poniendo en riesgo a nivel local la fortaleza de nuestra democracia”.
La culpa de tal situación, sin embargo, no correspondería al jefe de Martínez, el licenciado Calderón, presente en esa sesión del consejo nacional panista, sino radica en que las debilidades institucionales, expresadas en las disputas recaudatorias y distributivas del dinero público y en una “fragmentación del poder”, han permitido que “el PRI, varios gobernadores del PRI, las estén usando para chantajear a la Federación, para restaurar privilegios, para mantener el gasto corriente, para conservar la inactividad fiscal sin generar ingresos propios y depender de la Federación para cumplir obligaciones y regresar, en algunos casos, a gobiernos caciquiles”.
Además de constituir una forma de pelea arreglada entre dos (PAN y PRI) para dejar fuera del ring al Perreducho (el PRD de los Chuchos) y a otras expresiones electorales de izquierda, es decir, al lopezobradorismo, el diagnóstico del cachorro felipista es una terrible acusación a quien, encaramado en la cúspide formal del poder institucional, debería frenar e impedir esas desviaciones y retrocesos. Pero el propósito del plúmbeo Germán era descargar una parte de la culpa que retóricamente se adjudicó por los fracasos electorales del saliente año y colocar a su patrón y paisano como inexplicable víctima de los “malosos” tricolores. Contando con la aprobación gestual del antedicho licenciado Calderón desde el podio partidista, Martínez planteó que “el PAN no debe seguir por la ruta de la comodidad compartida con gobernadores que intentan usar los recursos federales para apuntalar proyectos federales”.
El posterior discurso del propio Calderón habría de confirmar que hay una hipocresía electoral en curso, uno de cuyos rasgos más notables es la insistencia felipista en vincular los presuntos logros de su administración con las necesidades electorales de 2009, cuando el PAN-gobierno quisiera conseguir una mayoría de diputados federales que le permita continuar con su ronda de “reformas” hasta ahora impulsadas, entre chantajes, en alianza con el PRI ahora coyunturalmente repudiado. El sábado panista reciente, Calderón dedicó su alocución oficial a explicar que no intervendrá en los procesos electorales, aunque la mayor parte de sus reiterativas parrafadas pretendieron establecer los nexos entre sus logros administrativos presuntamente importantísimos con la visita ciudadana a las urnas el año venidero.
Astillas
La elección de candidato panista a gobernar San Luis Potosí se realizó ayer, pero el desenlace político se tejió un día antes, el sábado de consejo nacional panista en el que, según nota en La Jornada de Andrea Becerril y Roberto Garduño, el secretario de Gobernación se reunió con quien acabaría siendo el aspirante en vías de ser derrotado, el senador Eugenio Govea, quien días atrás había lanzado graves acusaciones a su adversario, Alejandro Zapata Perogordo, de utilizar recursos públicos para la campaña interna. Govea, poco conocido a nivel nacional, pero con trabajo de base en ciertas regiones de la entidad, no presentó formalmente ninguna de sus graves acusaciones –presuntamente constitutivas de delitos– ante ninguna autoridad, ni partidaria ni judicial, mientras Zapata Perogordo cerraba su ciclo de proselitismo lanzando un “no al chantaje” que, aunque no tenía destinatario expreso, parecía una respuesta directa al activismo mediático del mencionado Govea, que el sábado ya no realizó tareas públicas y días atrás había anunciado que este lunes se reintegraría al Senado. La “charla” sabatina del secretario de Gobernación con el presuntamente insurrecto Govea hizo que éste se viera “más tranquilo”, según la nota antes mencionada, además de que “Gómez Mont aprovechó para hablar con el gobernador de la entidad, Marcelo de los Santos, ya que preocupa al gobierno de Calderón que el panismo de San Luis quede dividido”. Zapata Perogordo queda en condiciones de ganar la próxima gubernatura, sobre todo por falta de propuestas opositoras viables, pues el PRI naufraga entre pleitos internos, con un diputado federal jamás visto antes en tareas políticas relevantes en la entidad, Jesús Ramírez Stabros, habilitado por Emilio Gamboa como aspirante a “ganar” presencia en la entidad, y el senador Carlos Jiménez Macías, cuya carrera política ha tenido más piso en la capital del país que en SLP. Del PRD ni siquiera hay indicios de algún interesado que con cierto nombre y capital político pudiera aceptar la candidatura a gobernador… El caso específico de Vicente Fox da pleno sustento a la propuesta que en estos días presentará al Senado el perredista Ricardo Monreal, para que los candidatos a presidir el país sean sometidos a exámenes de salud mental y haya una mínima garantía técnica de que en caso de llegar al máximo cargo nacional lo puedan desempeñar en términos que no sean patológicos. Lo malo es que la política mexicana ha estado llena de ejemplares que ante tales exigencias no habrían tenido oportunidad de presidir al país, gobernar los estados, dirigir municipios y representar formalmente a los ciudadanos en las cámaras legislativas federales y estatales…Y, mientras Carstens sigue manejando tecnicismos catarrientos, ¡hasta mañana, con las autoridades federales dosificando criminalmente los incidentes del caso de Silvia Vargas!
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Germán describe a Felipe
■ Pero acusa a los priístas
El comisionado de Los Pinos para asuntos partidistas, Germán Martínez, pidió este sábado a la elite blanquiazul “respaldo” para los proyectos políticos y electorales del calderonismo “en esta hora crítica en el (sic) que nos jugamos el futuro”. Siempre obsesionado con parecer teóricamente profundo y verbalmente ingenioso, el desmerecido dirigente formal del panismo prefirió en esta parte la crudeza, al advertir que se ha “descuidado la construcción, que siempre había sido nuestra, de un federalismo responsable y cooperativo; no hemos sido capaces de armonizar las atribuciones, competencias y recursos de los tres niveles de gobierno, y esa falta genera problemas de gobernabilidad y está poniendo en riesgo a nivel local la fortaleza de nuestra democracia”.
La culpa de tal situación, sin embargo, no correspondería al jefe de Martínez, el licenciado Calderón, presente en esa sesión del consejo nacional panista, sino radica en que las debilidades institucionales, expresadas en las disputas recaudatorias y distributivas del dinero público y en una “fragmentación del poder”, han permitido que “el PRI, varios gobernadores del PRI, las estén usando para chantajear a la Federación, para restaurar privilegios, para mantener el gasto corriente, para conservar la inactividad fiscal sin generar ingresos propios y depender de la Federación para cumplir obligaciones y regresar, en algunos casos, a gobiernos caciquiles”.
Además de constituir una forma de pelea arreglada entre dos (PAN y PRI) para dejar fuera del ring al Perreducho (el PRD de los Chuchos) y a otras expresiones electorales de izquierda, es decir, al lopezobradorismo, el diagnóstico del cachorro felipista es una terrible acusación a quien, encaramado en la cúspide formal del poder institucional, debería frenar e impedir esas desviaciones y retrocesos. Pero el propósito del plúmbeo Germán era descargar una parte de la culpa que retóricamente se adjudicó por los fracasos electorales del saliente año y colocar a su patrón y paisano como inexplicable víctima de los “malosos” tricolores. Contando con la aprobación gestual del antedicho licenciado Calderón desde el podio partidista, Martínez planteó que “el PAN no debe seguir por la ruta de la comodidad compartida con gobernadores que intentan usar los recursos federales para apuntalar proyectos federales”.
El posterior discurso del propio Calderón habría de confirmar que hay una hipocresía electoral en curso, uno de cuyos rasgos más notables es la insistencia felipista en vincular los presuntos logros de su administración con las necesidades electorales de 2009, cuando el PAN-gobierno quisiera conseguir una mayoría de diputados federales que le permita continuar con su ronda de “reformas” hasta ahora impulsadas, entre chantajes, en alianza con el PRI ahora coyunturalmente repudiado. El sábado panista reciente, Calderón dedicó su alocución oficial a explicar que no intervendrá en los procesos electorales, aunque la mayor parte de sus reiterativas parrafadas pretendieron establecer los nexos entre sus logros administrativos presuntamente importantísimos con la visita ciudadana a las urnas el año venidero.
Astillas
La elección de candidato panista a gobernar San Luis Potosí se realizó ayer, pero el desenlace político se tejió un día antes, el sábado de consejo nacional panista en el que, según nota en La Jornada de Andrea Becerril y Roberto Garduño, el secretario de Gobernación se reunió con quien acabaría siendo el aspirante en vías de ser derrotado, el senador Eugenio Govea, quien días atrás había lanzado graves acusaciones a su adversario, Alejandro Zapata Perogordo, de utilizar recursos públicos para la campaña interna. Govea, poco conocido a nivel nacional, pero con trabajo de base en ciertas regiones de la entidad, no presentó formalmente ninguna de sus graves acusaciones –presuntamente constitutivas de delitos– ante ninguna autoridad, ni partidaria ni judicial, mientras Zapata Perogordo cerraba su ciclo de proselitismo lanzando un “no al chantaje” que, aunque no tenía destinatario expreso, parecía una respuesta directa al activismo mediático del mencionado Govea, que el sábado ya no realizó tareas públicas y días atrás había anunciado que este lunes se reintegraría al Senado. La “charla” sabatina del secretario de Gobernación con el presuntamente insurrecto Govea hizo que éste se viera “más tranquilo”, según la nota antes mencionada, además de que “Gómez Mont aprovechó para hablar con el gobernador de la entidad, Marcelo de los Santos, ya que preocupa al gobierno de Calderón que el panismo de San Luis quede dividido”. Zapata Perogordo queda en condiciones de ganar la próxima gubernatura, sobre todo por falta de propuestas opositoras viables, pues el PRI naufraga entre pleitos internos, con un diputado federal jamás visto antes en tareas políticas relevantes en la entidad, Jesús Ramírez Stabros, habilitado por Emilio Gamboa como aspirante a “ganar” presencia en la entidad, y el senador Carlos Jiménez Macías, cuya carrera política ha tenido más piso en la capital del país que en SLP. Del PRD ni siquiera hay indicios de algún interesado que con cierto nombre y capital político pudiera aceptar la candidatura a gobernador… El caso específico de Vicente Fox da pleno sustento a la propuesta que en estos días presentará al Senado el perredista Ricardo Monreal, para que los candidatos a presidir el país sean sometidos a exámenes de salud mental y haya una mínima garantía técnica de que en caso de llegar al máximo cargo nacional lo puedan desempeñar en términos que no sean patológicos. Lo malo es que la política mexicana ha estado llena de ejemplares que ante tales exigencias no habrían tenido oportunidad de presidir al país, gobernar los estados, dirigir municipios y representar formalmente a los ciudadanos en las cámaras legislativas federales y estatales…Y, mientras Carstens sigue manejando tecnicismos catarrientos, ¡hasta mañana, con las autoridades federales dosificando criminalmente los incidentes del caso de Silvia Vargas!
La Jornada pone el dedo en la llaga : "¿Quiénes deben ser rescatados?"
Es claro, a estas alturas de la crisis económica global, que el Estado mexicano deberá empeñar una considerable proporción de sus recursos para la reactivación del mercado interno y para la atenuación de los efectos más desastrosos del desarreglo financiero mundial. Ya ni los neoliberales más fundamentalistas ni las cúpulas empresariales ponen en duda que sólo la presencia del sector público podrá sacar al conjunto de las economías del marasmo al que fueron llevadas por la desenfrenada especulación y por la obsesión de los capitales financieros internacionales con las ganancias inmediatas.
Está pendiente de determinar, en cambio, el monto y el orden de prioridades en el que se aplicarán las inversiones de recursos públicos en nuestro país, y de las decisiones que se adopten en este sentido dependerá la viabilidad de la estrategia contra la crisis.
La inercia ideológica del grupo gobernante, que se remonta a las presidencias de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, apuntaría en automático al rescate de los grandes consorcios financieros, comerciales, industriales y de servicios que se encuentren en aprietos a consecuencia de sus actividades especuladoras, de su opacidad interna o de la ineficacia de sus directivos. Es posible, pues, que se intente desde el poder público una nueva oleada de salvamentos, con cargo al erario, de entidades privadas, como ocurrió en el pasado con los bancos, las autopistas, los ingenios y las líneas aéreas, en lo que constituyó un círculo cerrado de corrupción: tales empresas llegaron a ser insostenibles por las prácticas indebidas en que incurrieron, y su rescate representó una oportunidad de negocios turbios para logreros que se hicieron con propiedades que el gobierno remató a precios irrisorios. El caso más indignante fue el del Fobaproa-IPAB, legalizado por los legisladores priístas y panistas, en cuyo contexto se llevaron a cabo desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados y que la sociedad sigue pagando.
Las operaciones de rescate requeridas han de ir dirigidas, en cambio, a los sectores de la población más golpeados por la crisis: los pequeños deudores que se ven rebasados en su capacidad de pago en razón de las alzas en las tasas de interés, los que han perdido o perderán su empleo u ocupación, las pequeñas empresas que ven amenaza su subsistencia, los migrantes mexicanos que se ven obligados a volver al país porque se les han cerrado las posibilidades de trabajo en territorio estadunidense, y quienes han perdido una parte importante de su ahorro para el retiro.
Es sabido que en el ámbito de las pequeñas empresas se genera la mayor parte de las fuentes de trabajo en el país, y resulta por ello procedente darles prioridad en los programas que se pongan en marcha para paliar los efectos del actual desbarajuste financiero.
En cuanto a los cientos de miles de ciudadanos que se han quedado sin empleo –en México o en Estados Unidos–, su circunstancia no les es imputable; son, por así decirlo, víctimas inocentes de la crisis.
Otro tanto ocurre con los pequeños deudores, a quienes el incremento de intereses lleva a una situación desesperada de la que no son, de manera alguna, responsables.
Por lo que hace a los trabajadores que han experimentado pérdidas por el manejo de sus fondos de retiro, cabe señalar que las autoridades tienen ante ellos una responsabilidad inexcusable, pues decisiones gubernamentales profundamente inmorales y repudiables los obligaron a depositar los recursos de sus pensiones en cuentas sobre las cuales no tienen ningún control y con las cuales se toleró y hasta se alentó la especulación bursátil, a sabiendas de que se ponían en riesgo los recursos para el retiro de millones de personas.
Si en la circunstancia presente el Ejecutivo federal actúa con sensibilidad social y sentido de país, tendrá ante sí la oportunidad de remontar en alguna medida su propio desgaste; en caso contrario complementará la crisis económica con un descontento que puede crecer hasta grados insospechados.
Está pendiente de determinar, en cambio, el monto y el orden de prioridades en el que se aplicarán las inversiones de recursos públicos en nuestro país, y de las decisiones que se adopten en este sentido dependerá la viabilidad de la estrategia contra la crisis.
La inercia ideológica del grupo gobernante, que se remonta a las presidencias de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, apuntaría en automático al rescate de los grandes consorcios financieros, comerciales, industriales y de servicios que se encuentren en aprietos a consecuencia de sus actividades especuladoras, de su opacidad interna o de la ineficacia de sus directivos. Es posible, pues, que se intente desde el poder público una nueva oleada de salvamentos, con cargo al erario, de entidades privadas, como ocurrió en el pasado con los bancos, las autopistas, los ingenios y las líneas aéreas, en lo que constituyó un círculo cerrado de corrupción: tales empresas llegaron a ser insostenibles por las prácticas indebidas en que incurrieron, y su rescate representó una oportunidad de negocios turbios para logreros que se hicieron con propiedades que el gobierno remató a precios irrisorios. El caso más indignante fue el del Fobaproa-IPAB, legalizado por los legisladores priístas y panistas, en cuyo contexto se llevaron a cabo desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados y que la sociedad sigue pagando.
Las operaciones de rescate requeridas han de ir dirigidas, en cambio, a los sectores de la población más golpeados por la crisis: los pequeños deudores que se ven rebasados en su capacidad de pago en razón de las alzas en las tasas de interés, los que han perdido o perderán su empleo u ocupación, las pequeñas empresas que ven amenaza su subsistencia, los migrantes mexicanos que se ven obligados a volver al país porque se les han cerrado las posibilidades de trabajo en territorio estadunidense, y quienes han perdido una parte importante de su ahorro para el retiro.
Es sabido que en el ámbito de las pequeñas empresas se genera la mayor parte de las fuentes de trabajo en el país, y resulta por ello procedente darles prioridad en los programas que se pongan en marcha para paliar los efectos del actual desbarajuste financiero.
En cuanto a los cientos de miles de ciudadanos que se han quedado sin empleo –en México o en Estados Unidos–, su circunstancia no les es imputable; son, por así decirlo, víctimas inocentes de la crisis.
Otro tanto ocurre con los pequeños deudores, a quienes el incremento de intereses lleva a una situación desesperada de la que no son, de manera alguna, responsables.
Por lo que hace a los trabajadores que han experimentado pérdidas por el manejo de sus fondos de retiro, cabe señalar que las autoridades tienen ante ellos una responsabilidad inexcusable, pues decisiones gubernamentales profundamente inmorales y repudiables los obligaron a depositar los recursos de sus pensiones en cuentas sobre las cuales no tienen ningún control y con las cuales se toleró y hasta se alentó la especulación bursátil, a sabiendas de que se ponían en riesgo los recursos para el retiro de millones de personas.
Si en la circunstancia presente el Ejecutivo federal actúa con sensibilidad social y sentido de país, tendrá ante sí la oportunidad de remontar en alguna medida su propio desgaste; en caso contrario complementará la crisis económica con un descontento que puede crecer hasta grados insospechados.
No distraeré la defensa de la economía popular por asunto electoral: AMLO
Ya habrá tiempo de hablar sobre los comicios del próximo año, señaló el "presidente legítimo".
Fabiola Martínez, enviada
Publicado: 07/12/2008 16:49
Autlán de Navarro, Jal. Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va a “distraer” en asuntos electorales y dedicará toda su energía en defender la economía popular, la cual se agravará el próximo año, al grado que la gente no tendrá recursos para pagar la luz o el gas.
“Vamos a hablar de los procesos electorales en su tiempo. Ya habrá tiempo, ahora no me voy a distraer. Nos dedicaremos a defender al pueblo ante la crisis”, señaló durante la penúltima gira de este año, dentro de su recorrido por todos los municipios del país.
El ex candidato presidencial llamó a la gente a tomar previsiones porque el año entrante no habrá crecimiento económico ni el millón de empleos adicional que demanda la población joven cada año.
En cambio, dijo, se acentuará la carestía en los precios de productos y servicios de consumo generalizado.
Fabiola Martínez, enviada
Publicado: 07/12/2008 16:49
Autlán de Navarro, Jal. Andrés Manuel López Obrador dijo que no se va a “distraer” en asuntos electorales y dedicará toda su energía en defender la economía popular, la cual se agravará el próximo año, al grado que la gente no tendrá recursos para pagar la luz o el gas.
“Vamos a hablar de los procesos electorales en su tiempo. Ya habrá tiempo, ahora no me voy a distraer. Nos dedicaremos a defender al pueblo ante la crisis”, señaló durante la penúltima gira de este año, dentro de su recorrido por todos los municipios del país.
El ex candidato presidencial llamó a la gente a tomar previsiones porque el año entrante no habrá crecimiento económico ni el millón de empleos adicional que demanda la población joven cada año.
En cambio, dijo, se acentuará la carestía en los precios de productos y servicios de consumo generalizado.
¡ Negando a su mami ! : "PAN no irá en alianza en 2009 ni existe vínculo con Gordillo: Espina"
El partido no está a la sombra de nadie; no se tiene ninguna relación con esa persona, aseguró el panista.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 07/12/2008 13:00
México, DF. El Partido Acción Nacional (PAN) está por encima de cualquier sombra, vínculo o relación con algún personaje de la vida política del país en particular, afirmó el presidente de la Comisión de Elecciones del partido, José Espina.
"Nosotros no tenemos de qué preocuparnos como partido político de la sombra de nadie, puesto que no se tiene ningún vínculo ni relación con esa persona", dijo en respuesta a si pesaba al instituto la sombra de la presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
En conferencia de prensa, rechazó que su partido vaya hacer alianzas en 2009 y reiteró la propuesta para el Instituto Federal Electoral (IFE) sea quien establezca, en un acto de autoridad, las medidas que deben cumplir los partidos y candidatos para "blindar" los comicios.
Aclaró que como partido político "nosotros seguimos siendo independientes, autónomos y creo que Acción Nacional a lo largo de su historia ha demostrado fortaleza institucional".
Sin embargo, señaló que el gobierno federal es quién debe decidir la manera como establece sus relaciones con todos los actores sociales y políticos del país.
En el auditorio Carlos Septién García de la sede nacional panista, reconoció que al partido le ha quedado claro que las divisiones en su interior son factores que inciden en el resultado electoral, por tanto, un proceso electoral puede ser atribuido en su resultado positivo o negativo a un sólo factor.
"Todos los procesos electorales son multifactoriales y lo ha reconocido la dirigencia del partido y, ayer, el Consejo Nacional en pleno", expuso Espina Von Roehrich.
"Cuando hay división interna hay una afectación directa sobre los resultados electorales y, por lo tanto, se ha planteado como una prioridad fundamental contribuir al fortalecimiento de la unidad interna", abundó el panista.
Por otra parte, planteó que si bien al IFE se le dotó de los suficientes "dientes" para hacer su tarea en 2009, las circunstancias actuales exigen un pronunciamiento para definir lo que partidos y candidatos deberán cumplir, para evitar la infiltración de intereses ajenos.
Esto, añadió, tiene el propósito del fortalecimiento y la consolidación del sistema democrático del país y "nadie se puede quedar al margen de contribuir" a ese objetivo; "y los procesos electorales son la mejor oportunidad para lograr ese propósito".
Sobre si hubo alguna recomendación para que el PAN se distancie del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró que las decisiones que asumió el Comité Ejecutivo Nacional fueron sobre la estrategia y la forma en que se elegirán a los candidatos para los diferentes puestos de elección popular en los comicios federales.
"Tampoco hubo ninguna propuesta al CEN respecto a establecer alguna alianza electoral el próximo año y si no se resolvió en el Consejo, creo que ya no habrá tiempo para que pueda darse de Acción Nacional", expuso.
En lo que respecta al ámbito federal, el presidente de la Comisión de Elecciónes comentó, hasta este momento no hay ninguna autorización para este asunto.
Sobre el recibimiento que el Consejo Nacional del PAN otorgó a Manuel Espino y Vicente Fox, Espina Von Roehrich opinó que es el mismo que se le dio a los cuatro ex dirigentes que asistieron al evento, esto es, a Luis H. Alvarez, Luis Felipe Bravo Mena y Felipe Calderón Hinojosa, este último en su calidad de presidente de México.
Destacó que en ese instituto político no se acostumbran los "jalones de orejas", porque se respeta la dignidad de las personas, en particular de los miembros del partido.
Antes, Espina Von Roehrich tomó protesta a los comisionados electorales en los estados donde habrá comicios coincidentes el próximo año, es decir Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y México, así como el Distrito Federal.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 07/12/2008 13:00
México, DF. El Partido Acción Nacional (PAN) está por encima de cualquier sombra, vínculo o relación con algún personaje de la vida política del país en particular, afirmó el presidente de la Comisión de Elecciones del partido, José Espina.
"Nosotros no tenemos de qué preocuparnos como partido político de la sombra de nadie, puesto que no se tiene ningún vínculo ni relación con esa persona", dijo en respuesta a si pesaba al instituto la sombra de la presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales.
En conferencia de prensa, rechazó que su partido vaya hacer alianzas en 2009 y reiteró la propuesta para el Instituto Federal Electoral (IFE) sea quien establezca, en un acto de autoridad, las medidas que deben cumplir los partidos y candidatos para "blindar" los comicios.
Aclaró que como partido político "nosotros seguimos siendo independientes, autónomos y creo que Acción Nacional a lo largo de su historia ha demostrado fortaleza institucional".
Sin embargo, señaló que el gobierno federal es quién debe decidir la manera como establece sus relaciones con todos los actores sociales y políticos del país.
En el auditorio Carlos Septién García de la sede nacional panista, reconoció que al partido le ha quedado claro que las divisiones en su interior son factores que inciden en el resultado electoral, por tanto, un proceso electoral puede ser atribuido en su resultado positivo o negativo a un sólo factor.
"Todos los procesos electorales son multifactoriales y lo ha reconocido la dirigencia del partido y, ayer, el Consejo Nacional en pleno", expuso Espina Von Roehrich.
"Cuando hay división interna hay una afectación directa sobre los resultados electorales y, por lo tanto, se ha planteado como una prioridad fundamental contribuir al fortalecimiento de la unidad interna", abundó el panista.
Por otra parte, planteó que si bien al IFE se le dotó de los suficientes "dientes" para hacer su tarea en 2009, las circunstancias actuales exigen un pronunciamiento para definir lo que partidos y candidatos deberán cumplir, para evitar la infiltración de intereses ajenos.
Esto, añadió, tiene el propósito del fortalecimiento y la consolidación del sistema democrático del país y "nadie se puede quedar al margen de contribuir" a ese objetivo; "y los procesos electorales son la mejor oportunidad para lograr ese propósito".
Sobre si hubo alguna recomendación para que el PAN se distancie del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró que las decisiones que asumió el Comité Ejecutivo Nacional fueron sobre la estrategia y la forma en que se elegirán a los candidatos para los diferentes puestos de elección popular en los comicios federales.
"Tampoco hubo ninguna propuesta al CEN respecto a establecer alguna alianza electoral el próximo año y si no se resolvió en el Consejo, creo que ya no habrá tiempo para que pueda darse de Acción Nacional", expuso.
En lo que respecta al ámbito federal, el presidente de la Comisión de Elecciónes comentó, hasta este momento no hay ninguna autorización para este asunto.
Sobre el recibimiento que el Consejo Nacional del PAN otorgó a Manuel Espino y Vicente Fox, Espina Von Roehrich opinó que es el mismo que se le dio a los cuatro ex dirigentes que asistieron al evento, esto es, a Luis H. Alvarez, Luis Felipe Bravo Mena y Felipe Calderón Hinojosa, este último en su calidad de presidente de México.
Destacó que en ese instituto político no se acostumbran los "jalones de orejas", porque se respeta la dignidad de las personas, en particular de los miembros del partido.
Antes, Espina Von Roehrich tomó protesta a los comisionados electorales en los estados donde habrá comicios coincidentes el próximo año, es decir Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y México, así como el Distrito Federal.
Marcela Gómez Salce: A puerta cerrada
Segob: coopelan o cuello…
Lunes, 8 Diciembre, 2008
• ¿Desalojo en Cananea?
• El PAN y sus trastornos psicológicos
Se combate con gran desventaja, mi estimado, cuando se lucha contra los que no tienen nada que perder. Famosas palabras para comenzar la alborotada semana las escupidas por el desdibujado líder panista Germán Martínez el fin de semana, en el marco de su Consejo Nacional, al afirmar que el año próximo el adversario será el PRI de siempre.
Chingón.
¿Se habrá referido el disfuncional de Germán al mismo PRI con el que lograron hacer el arreglón más importante en 2006 para la entronización, por la puerta de atrás (ni modo), de Felipe en Los Pinos? O ¿será el mismo PRI al que este PAN de estos últimos sexenios le ha pirateado su magnífico estilo de utilizar el poder para atropellar la ley en toda la extensión de la palabra..? ¿El mismo PRI que redactó el simpático manual utilizado durante más de siete décadas…y con la llegada del psicológicamente trastornado ranchero, modificado en su última versión?
Notable, no le parece..?
Sobre todo porque el problema de estos panistas en el poder (embriagados del no poder) es que no tienen el talento, el conocimiento, el oficio ni las cicatrices políticas de varias de las lacritas tricolores que han sabido cómo ser la bisagra ideal. Han sabido desplegar el arte de negociar que, ante un Gymboree de rehenes improvisados y hormonalmente alterados personajes (from top to bottom), se antoja bastante elemental. Y botones de temerarias pendejadas sobran ya en el interior del putrefacto calderón.
El asunto del conflicto con el sindicato minero, como diría un clásico, no tiene madre.
Sobre todo, mi estimado, porque en política no hay coincidencias y la llegada del nuevo titular de Bucareli ha despejado las dudas de cómo se moverá el pandero (no sólo al ritmo de la grillita de los hermanos Zavala) de la Segob en una de sus divertidas vertientes: Golpear a los rivales de los clientes de su otrora célebre despacho.
Nada como que Gómez Mont avale la nueva embestida del (des)gobierno contra Gómez Urrutia y su cúpula sindical con detenciones —hechas sobre las rodillas—lanzando el mensaje que coopelan o cuello, hojaldras. Aquí la nueva política es... no hacer política (fuck that) y al diablo con negociar salidas a los atropellos, arbitrariedades, complicidades y excesos de Grupo México, de Germán Larrea, y ahora Altos Hornos, de Alonso Ancira. Vamos a prenderle fuego a la pradera sindical y veremos de qué cuero salen más correas.
La estrategia es que se armen los madrazos antes de que los aliados de Barack Obama, el poderoso sindicato de los USW, lleguen a Washington, lugar donde hace unos días tuvieron estupenda encerrona y sí, con la pena y aunque no lo parezca… el caso de los mineros está sobre la mesa internacional (CIDH) y sí… será un dolor de… muelas para el trío de pasados de Felipe, Javier y Fernando.
Este último a punto de estrenarse (con su distintiva mecha corta, talante, por supuesto, de moda sexenal) en la plaza si, como anuncia un atractivo y confidencial informe, la Policía Federal ya se prepara para entrar a recuperar, por tercera vez, Cananea.
¡¡¡Venga!!!
Justo cuando la SSP federal estrena al general Javier del Real (¿en el organigrama bajo las órdenes de un civil… como García Luna? (¡¿who´s the rocket scientist, la leyenda urbana de Tello Peón?!), nada como poner a nuestra fuerzas armadas para la foto (¿¡máaas?!) vendiendo la brillante idea para reprimir a (chingadazos, o ¿hay de otra?) mineros que no tienen nada más que perder. En momentos donde la paz social es sólida, no hay crisis ni desempleo, el valor de los commodities, incluido el cobre, van viento en popa, los salarios alcanzan para vivir mejor y se respira un clima de seguridad total.
Sí, amable lector, nada como planear el golpe económico en diciembre, congelando las cuentas sindicales de los mineros para asfixiarlos. Comprobando que entre líderes de sindicatos hay niveles, yes? Mandar el tubazo antes de que comiencen las renegociaciones de los contratos colectivos de trabajo la primera semana de enero y poner a todos los demás revoltosos en la sintonía federal de que, como se dijera en una amena reunión en Washington, the mexican government is a disguised dictatorship.
Mientras tanto, prepárese para una semanita infernal, ya que mañana marcharán varios poderosos sindicatos en apoyo a los mineros de Gómez Urrutia, a la liberación de Carlos Pavón y Juan Linares y al respeto por la autonomía sindical, en una primera fase de resistencia sumada a los diversos paros escalonados que podrían llegar a un paro nacional.
Porque las señales avisan que, para el (des)gobierno de Felipe, los aplastan ahora o… nunca.
gomezalce@aol.com
Lunes, 8 Diciembre, 2008
• ¿Desalojo en Cananea?
• El PAN y sus trastornos psicológicos
Se combate con gran desventaja, mi estimado, cuando se lucha contra los que no tienen nada que perder. Famosas palabras para comenzar la alborotada semana las escupidas por el desdibujado líder panista Germán Martínez el fin de semana, en el marco de su Consejo Nacional, al afirmar que el año próximo el adversario será el PRI de siempre.
Chingón.
¿Se habrá referido el disfuncional de Germán al mismo PRI con el que lograron hacer el arreglón más importante en 2006 para la entronización, por la puerta de atrás (ni modo), de Felipe en Los Pinos? O ¿será el mismo PRI al que este PAN de estos últimos sexenios le ha pirateado su magnífico estilo de utilizar el poder para atropellar la ley en toda la extensión de la palabra..? ¿El mismo PRI que redactó el simpático manual utilizado durante más de siete décadas…y con la llegada del psicológicamente trastornado ranchero, modificado en su última versión?
Notable, no le parece..?
Sobre todo porque el problema de estos panistas en el poder (embriagados del no poder) es que no tienen el talento, el conocimiento, el oficio ni las cicatrices políticas de varias de las lacritas tricolores que han sabido cómo ser la bisagra ideal. Han sabido desplegar el arte de negociar que, ante un Gymboree de rehenes improvisados y hormonalmente alterados personajes (from top to bottom), se antoja bastante elemental. Y botones de temerarias pendejadas sobran ya en el interior del putrefacto calderón.
El asunto del conflicto con el sindicato minero, como diría un clásico, no tiene madre.
Sobre todo, mi estimado, porque en política no hay coincidencias y la llegada del nuevo titular de Bucareli ha despejado las dudas de cómo se moverá el pandero (no sólo al ritmo de la grillita de los hermanos Zavala) de la Segob en una de sus divertidas vertientes: Golpear a los rivales de los clientes de su otrora célebre despacho.
Nada como que Gómez Mont avale la nueva embestida del (des)gobierno contra Gómez Urrutia y su cúpula sindical con detenciones —hechas sobre las rodillas—lanzando el mensaje que coopelan o cuello, hojaldras. Aquí la nueva política es... no hacer política (fuck that) y al diablo con negociar salidas a los atropellos, arbitrariedades, complicidades y excesos de Grupo México, de Germán Larrea, y ahora Altos Hornos, de Alonso Ancira. Vamos a prenderle fuego a la pradera sindical y veremos de qué cuero salen más correas.
La estrategia es que se armen los madrazos antes de que los aliados de Barack Obama, el poderoso sindicato de los USW, lleguen a Washington, lugar donde hace unos días tuvieron estupenda encerrona y sí, con la pena y aunque no lo parezca… el caso de los mineros está sobre la mesa internacional (CIDH) y sí… será un dolor de… muelas para el trío de pasados de Felipe, Javier y Fernando.
Este último a punto de estrenarse (con su distintiva mecha corta, talante, por supuesto, de moda sexenal) en la plaza si, como anuncia un atractivo y confidencial informe, la Policía Federal ya se prepara para entrar a recuperar, por tercera vez, Cananea.
¡¡¡Venga!!!
Justo cuando la SSP federal estrena al general Javier del Real (¿en el organigrama bajo las órdenes de un civil… como García Luna? (¡¿who´s the rocket scientist, la leyenda urbana de Tello Peón?!), nada como poner a nuestra fuerzas armadas para la foto (¿¡máaas?!) vendiendo la brillante idea para reprimir a (chingadazos, o ¿hay de otra?) mineros que no tienen nada más que perder. En momentos donde la paz social es sólida, no hay crisis ni desempleo, el valor de los commodities, incluido el cobre, van viento en popa, los salarios alcanzan para vivir mejor y se respira un clima de seguridad total.
Sí, amable lector, nada como planear el golpe económico en diciembre, congelando las cuentas sindicales de los mineros para asfixiarlos. Comprobando que entre líderes de sindicatos hay niveles, yes? Mandar el tubazo antes de que comiencen las renegociaciones de los contratos colectivos de trabajo la primera semana de enero y poner a todos los demás revoltosos en la sintonía federal de que, como se dijera en una amena reunión en Washington, the mexican government is a disguised dictatorship.
Mientras tanto, prepárese para una semanita infernal, ya que mañana marcharán varios poderosos sindicatos en apoyo a los mineros de Gómez Urrutia, a la liberación de Carlos Pavón y Juan Linares y al respeto por la autonomía sindical, en una primera fase de resistencia sumada a los diversos paros escalonados que podrían llegar a un paro nacional.
Porque las señales avisan que, para el (des)gobierno de Felipe, los aplastan ahora o… nunca.
gomezalce@aol.com
Oficial: en dos años, 6 mil 943 ejecutados
La mayoría de esos asesinatos fueron ajustes internos o entre cárteles.
Ixtapan de la Sal.- En los dos primeros años de este sexenio la violencia del narcotráfico ha dejado un saldo de 6 mil 943 personas ejecutadas, casi todas por vínculos con la delincuencia organizada, lo que incluye policías, reveló el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Explicó que el aumento de los asesinatos en 2008 (hasta el 25 de noviembre la cifra fue de 3 mil 985, 34 por ciento más que en 2007) es consecuencia de las pugnas internas de cárteles y de la lucha que libran por el control de territorios ante la ofensiva del gobierno federal.
Durante el Foro de Especialistas Internacionales en Inteligencia y Seguridad, el funcionario dijo que la disputa por las zonas de trasiego y distribución de droga se tornó más violenta porque los sicarios se convirtieron en los jefes operativos de las organizaciones criminales.
“En la mayoría de cárteles, los sicarios que se encontraban en el tercer nivel de la estructura eliminaron a los mandos del segundo nivel y asumieron el liderazgo, por lo que el control interno y entre grupos rivales se tornó más violento”, agregó.
Al nuevo perfil de esos mandos se suma la lucha que libran estos grupos. El funcionario señaló que el cártel de Juárez está en guerra con el de Sinaloa, mientras este último está confrontado con los Los Zetas, que ha sufrido fracturas internas porque algunas células se separaron del cártel del Golfo.
En tanto, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, también tuvo una escisión y sus principales operadores, los hermanos Beltrán Leyva, crearon su propia organización y se asociaron con algunas células de Los Zetas, añadió.
Integrantes de la organización de los Beltrán Leyva también se aliaron con miembros del cártel de Tijuana para enfrentar al Chapo. En tanto, otra célula de los zetas es rival del grupo conocido como La Familia, del que antes eran socios.
Esta guerra dejó 475 ejecutados en los primeros 25 días de noviembre, de acuerdo con el recuento oficial de la SSP federal.
García Luna detalló que 39 por ciento de los asesinatos ocurridos el mes pasado se debieron a “ajustes internos” de bandas; 33 por ciento a la “confrontación entre cárteles”; 20 por ciento está relacionado con “acciones contra autoridades por incumplimientos con la delincuencia organizada” y 8 por ciento con “acciones contra las autoridades que cumplieron con sus funciones”.
Las ejecuciones por enfrentamientos entre cárteles en noviembre se dieron de la siguiente manera: 35 por ciento por la pugna del de Juárez contra el de Sinaloa; 35 por ciento del de Sinaloa contra la alianza Beltrán Leyva-zetas; 24 por ciento por el enfrentamiento de los Beltrán Leyva contra el de Sinaloa; 5 por ciento por la lucha de este último cártel con Los Zetas y 1 por ciento por los desencuentros entre La Familia y Los Zetas.
De las víctimas contabilizadas por la SSP federal el mes pasado, 44 por ciento no fueron identificadas, mientras en 29 por ciento de casos se carece de información para determinar el motivo de la muerte. Sólo en 27 por ciento se tiene indicios que permiten perfilar las causas del asesinato.
El titular de la SSP federal sostuvo en la reunión que en el caso de las víctimas no identificadas las familias de éstas ignoran que estaban ligadas al crimen organizado, pero prefieren no reclamar los cuerpos para evitar una investigación judicial.
Recuento de MILENIO
La cifra de ejecutados en el sexenio ascendió a 7 mil 969 al cierre de noviembre, de acuerdo con el cálculo que lleva a cabo MILENIO. Según este ejercicio, en lo que va del año han ocurrido 5 mil 24 asesinatos.
Sólo en noviembre se reportaron 701 narcoasesinatos, lo que convierte a ese mes en el más sangriento en lo que va de la administración de Felipe Calderón, superando el récord alcanzado en octubre, cuando el número de hechos violentos fue de 669.
En el mes de referencia, la entidad más violenta fue Chihuahua, con 225 asesinatos, que representan 36 por ciento del total nacional. Las entidades que ocupan el segundo y tercer lugar en este rubro son Baja California y Sinaloa, con 170 y 91 casos, respectivamente. Estas entidades concentran 75 por ciento de las muertes violentas.(México/Redacción)
“Simple conteo” de la PGR
El 14 de octubre pasado, MILENIO publicó que el número de ejecutados, según la PGR, hasta esa fecha era de 3 mil 725. Sin embargo, la Dirección General de Comunición Social de la dependencia federal precisó un día después que no se trataba de una cifra oficial, sino de un “simple conteo realizado por el área de Síntesis de esta Dirección General, a partir de lo que difunden los propios medios de comunicación”.
Se informaba que hasta el 13 de octubre pasado la entidad más violenta era Chihuahua, con mil 169 (31 por ciento), seguido de Sinaloa, con 615, y Baja California, con 313.
El recuento de MILENIO refería entonces que la cifra de muertes violentas era 3 mil 863 ejecutados, 28 por ciento más que el número de ejecutados en el mismo periodo de 2007.(México/Redacción)
Ignacio Alzaga
Ixtapan de la Sal.- En los dos primeros años de este sexenio la violencia del narcotráfico ha dejado un saldo de 6 mil 943 personas ejecutadas, casi todas por vínculos con la delincuencia organizada, lo que incluye policías, reveló el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Explicó que el aumento de los asesinatos en 2008 (hasta el 25 de noviembre la cifra fue de 3 mil 985, 34 por ciento más que en 2007) es consecuencia de las pugnas internas de cárteles y de la lucha que libran por el control de territorios ante la ofensiva del gobierno federal.
Durante el Foro de Especialistas Internacionales en Inteligencia y Seguridad, el funcionario dijo que la disputa por las zonas de trasiego y distribución de droga se tornó más violenta porque los sicarios se convirtieron en los jefes operativos de las organizaciones criminales.
“En la mayoría de cárteles, los sicarios que se encontraban en el tercer nivel de la estructura eliminaron a los mandos del segundo nivel y asumieron el liderazgo, por lo que el control interno y entre grupos rivales se tornó más violento”, agregó.
Al nuevo perfil de esos mandos se suma la lucha que libran estos grupos. El funcionario señaló que el cártel de Juárez está en guerra con el de Sinaloa, mientras este último está confrontado con los Los Zetas, que ha sufrido fracturas internas porque algunas células se separaron del cártel del Golfo.
En tanto, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, también tuvo una escisión y sus principales operadores, los hermanos Beltrán Leyva, crearon su propia organización y se asociaron con algunas células de Los Zetas, añadió.
Integrantes de la organización de los Beltrán Leyva también se aliaron con miembros del cártel de Tijuana para enfrentar al Chapo. En tanto, otra célula de los zetas es rival del grupo conocido como La Familia, del que antes eran socios.
Esta guerra dejó 475 ejecutados en los primeros 25 días de noviembre, de acuerdo con el recuento oficial de la SSP federal.
García Luna detalló que 39 por ciento de los asesinatos ocurridos el mes pasado se debieron a “ajustes internos” de bandas; 33 por ciento a la “confrontación entre cárteles”; 20 por ciento está relacionado con “acciones contra autoridades por incumplimientos con la delincuencia organizada” y 8 por ciento con “acciones contra las autoridades que cumplieron con sus funciones”.
Las ejecuciones por enfrentamientos entre cárteles en noviembre se dieron de la siguiente manera: 35 por ciento por la pugna del de Juárez contra el de Sinaloa; 35 por ciento del de Sinaloa contra la alianza Beltrán Leyva-zetas; 24 por ciento por el enfrentamiento de los Beltrán Leyva contra el de Sinaloa; 5 por ciento por la lucha de este último cártel con Los Zetas y 1 por ciento por los desencuentros entre La Familia y Los Zetas.
De las víctimas contabilizadas por la SSP federal el mes pasado, 44 por ciento no fueron identificadas, mientras en 29 por ciento de casos se carece de información para determinar el motivo de la muerte. Sólo en 27 por ciento se tiene indicios que permiten perfilar las causas del asesinato.
El titular de la SSP federal sostuvo en la reunión que en el caso de las víctimas no identificadas las familias de éstas ignoran que estaban ligadas al crimen organizado, pero prefieren no reclamar los cuerpos para evitar una investigación judicial.
Recuento de MILENIO
La cifra de ejecutados en el sexenio ascendió a 7 mil 969 al cierre de noviembre, de acuerdo con el cálculo que lleva a cabo MILENIO. Según este ejercicio, en lo que va del año han ocurrido 5 mil 24 asesinatos.
Sólo en noviembre se reportaron 701 narcoasesinatos, lo que convierte a ese mes en el más sangriento en lo que va de la administración de Felipe Calderón, superando el récord alcanzado en octubre, cuando el número de hechos violentos fue de 669.
En el mes de referencia, la entidad más violenta fue Chihuahua, con 225 asesinatos, que representan 36 por ciento del total nacional. Las entidades que ocupan el segundo y tercer lugar en este rubro son Baja California y Sinaloa, con 170 y 91 casos, respectivamente. Estas entidades concentran 75 por ciento de las muertes violentas.(México/Redacción)
“Simple conteo” de la PGR
El 14 de octubre pasado, MILENIO publicó que el número de ejecutados, según la PGR, hasta esa fecha era de 3 mil 725. Sin embargo, la Dirección General de Comunición Social de la dependencia federal precisó un día después que no se trataba de una cifra oficial, sino de un “simple conteo realizado por el área de Síntesis de esta Dirección General, a partir de lo que difunden los propios medios de comunicación”.
Se informaba que hasta el 13 de octubre pasado la entidad más violenta era Chihuahua, con mil 169 (31 por ciento), seguido de Sinaloa, con 615, y Baja California, con 313.
El recuento de MILENIO refería entonces que la cifra de muertes violentas era 3 mil 863 ejecutados, 28 por ciento más que el número de ejecutados en el mismo periodo de 2007.(México/Redacción)
Ignacio Alzaga
Un ministro en Los Pinos
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Porque ubicuo no es, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, tuvo que elegir el viernes 28 de noviembre entre dos reuniones en que debía participar: escogió viajar a Monterrey a encabezar el Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial Federal, y por lo tanto no asistió a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a que había sido invitado, y en donde se examinó el avance del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
A pesar de que era claro el motivo de su ausencia en el acto capitalino, hubo quien la atribuyera a la incomodidad que en el Poder Judicial había provocado la exhortación hecha días atrás por Calderón para que el Poder Judicial emprendiera su propia Operación Limpieza o se sumara a la que se vio obligada a practicar la Procuraduría General de la República. En la reunión de los magistrados y jueces federales Ortiz Mayagoitia había respondido, sin mencionar a Calderón ni referirse a su dicho, a la invitación del Ejecutivo (no carente de implicaciones suspicaces):
El ministro presidente dijo: "No somos autocomplacientes, porque creemos en el esfuerzo personal como fuente de trabajo y crecimiento. Tampoco somos puros e infalibles, por eso nos sometemos a la vigilancia y disciplina de la carrera judicial y a la observación de la sociedad". De ese modo rechazó la pretensión del Presidente de examinar y calificar la actuación de los juzgadores. Sin embargo, quizá se arrepintió del alcance de sus palabras, o le fueron pedidas explicaciones, el hecho es que el pasado jueves 4 visitó a Calderón en Los Pinos.
Aunque tanto su oficina como la Presidencia emitieron comunicados al respecto, no se informó del motivo específico del encuentro, ni de su contenido. Ambos boletines se refirieron a generalidades. Pero en el comunicado de la casa presidencial se deslizó una línea preocupante. Dice el documento que el invitado y su anfitrión "conversaron en torno al sistema de administración de justicia".
Nada tiene que conversar el Ejecutivo sobre el sistema de administración de justicia, ni el ministro presidente debe admitir que el presidente le hable del tema. Aunque en los boletines se dice que la reunión se efectuó "en un ambiente de cordialidad, con pleno respeto a la división de poderes", no lo hubo si Calderón se injirió en la competencia del poder encabezado por Ortiz Mayagoitia. Antaño, en el tiempo del presidencialismo exacerbado, el Ejecutivo no sólo proponía al Senado quién debía ser ministro, sino que determinaba quién presidiera el pleno. Y lo hacía a ojos vistas, sin rubores ni embozos. El Presidente de la República lo era, para efectos prácticos, también de la Suprema Corte. Hoy ya no es así. Conserva el Ejecutivo la facultad de proponer candidatos a integrarla. Pero tiene que proponer una terna, de la que los senadores seleccionan al ministro respectivo. Como cabeza de un poder, y como encarnación de otro, Ortiz Mayagoitia y Calderón tienen jerarquía semejante, no hay subordinación que justifique el que el ministro acuda a Los Pinos como lo hacen los miembros del gabinete. Por supuesto que no deben ser antagonistas, ni evitarse el saludo. Pero no tienen materia sustantiva que tratar porque sus atribuciones no se tocan. Ya estaba mal que al desayuno organizado para festejar el segundo aniversario de la administración calderonista asistiera Ortiz Mayagoitia (como los presidentes de las cámaras). Pero se trata de un acto protocolario, en público, en que el representante del Poder Judicial es uno más de los invitados.
En cambio, un encuentro privado a invitación del Ejecutivo y en su casa, es otro asunto. Y más si se trata de hablar de la competencia judicial, de la que, insisto, nada tiene que decir ni hacer el Presidente de la República.
El antecedente más inmediato de una visita del ministro que preside la Corte a Los Pinos marcó de mala manera esa relación. El martes santo de 2004, el 6 de abril, el presidente del tribunal constitucional se reunió con el presidente Fox, el secretario de Gobernación Santiago Creel y el procurador Rafael Macedo de la Concha. Se trataba de asegurar que el desafuero de López Obrador lo dejara fuera de la carrera presidencial. Aunque meses después, cuando se hizo público ese encuentro, Azuela reconoció haber participado en él no obstante el propósito de mantenerlo fuera de la atención pública, no admitió que su parecer hubiera sido determinante de la estrategia de Fox para dejar a López Obrador al margen de la contienda presidencial. Y sin embargo quedó claro que se le había asociado a una decisión que era dañina para la sociedad (y no sólo para su víctima directa) y con ello disminuyó la prestancia del Poder Judicial federal y de quien lo encabeza.
Como se dice de la mujer del César, que no sólo debe ser honesta sino también parecerlo, el ministro presidente de la Corte debe evitar que el trato desaprensivo con el Presidente de la República lo presente como su colaborador o como quien necesita rendirle cuentas u ofrecerle explicaciones. En 1995, Ortiz Mayagoitia fue propuesto por el presidente Zedillo para ser parte del pleno y ni siquiera por eso puede decirse institucionalmente que le debe el cargo de ministro. Por otra parte, fueron sus compañeros quienes lo eligieron en enero de 2007 para encabezar el pleno y ser, como consecuencia, también presidente del Consejo de la Judicatura. La dignidad republicana de esos encargos hace necesario que evite estar, y aun, parecer, en posición que no sea de igualdad con el Presidente de la República. l
Porque ubicuo no es, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, tuvo que elegir el viernes 28 de noviembre entre dos reuniones en que debía participar: escogió viajar a Monterrey a encabezar el Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial Federal, y por lo tanto no asistió a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a que había sido invitado, y en donde se examinó el avance del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
A pesar de que era claro el motivo de su ausencia en el acto capitalino, hubo quien la atribuyera a la incomodidad que en el Poder Judicial había provocado la exhortación hecha días atrás por Calderón para que el Poder Judicial emprendiera su propia Operación Limpieza o se sumara a la que se vio obligada a practicar la Procuraduría General de la República. En la reunión de los magistrados y jueces federales Ortiz Mayagoitia había respondido, sin mencionar a Calderón ni referirse a su dicho, a la invitación del Ejecutivo (no carente de implicaciones suspicaces):
El ministro presidente dijo: "No somos autocomplacientes, porque creemos en el esfuerzo personal como fuente de trabajo y crecimiento. Tampoco somos puros e infalibles, por eso nos sometemos a la vigilancia y disciplina de la carrera judicial y a la observación de la sociedad". De ese modo rechazó la pretensión del Presidente de examinar y calificar la actuación de los juzgadores. Sin embargo, quizá se arrepintió del alcance de sus palabras, o le fueron pedidas explicaciones, el hecho es que el pasado jueves 4 visitó a Calderón en Los Pinos.
Aunque tanto su oficina como la Presidencia emitieron comunicados al respecto, no se informó del motivo específico del encuentro, ni de su contenido. Ambos boletines se refirieron a generalidades. Pero en el comunicado de la casa presidencial se deslizó una línea preocupante. Dice el documento que el invitado y su anfitrión "conversaron en torno al sistema de administración de justicia".
Nada tiene que conversar el Ejecutivo sobre el sistema de administración de justicia, ni el ministro presidente debe admitir que el presidente le hable del tema. Aunque en los boletines se dice que la reunión se efectuó "en un ambiente de cordialidad, con pleno respeto a la división de poderes", no lo hubo si Calderón se injirió en la competencia del poder encabezado por Ortiz Mayagoitia. Antaño, en el tiempo del presidencialismo exacerbado, el Ejecutivo no sólo proponía al Senado quién debía ser ministro, sino que determinaba quién presidiera el pleno. Y lo hacía a ojos vistas, sin rubores ni embozos. El Presidente de la República lo era, para efectos prácticos, también de la Suprema Corte. Hoy ya no es así. Conserva el Ejecutivo la facultad de proponer candidatos a integrarla. Pero tiene que proponer una terna, de la que los senadores seleccionan al ministro respectivo. Como cabeza de un poder, y como encarnación de otro, Ortiz Mayagoitia y Calderón tienen jerarquía semejante, no hay subordinación que justifique el que el ministro acuda a Los Pinos como lo hacen los miembros del gabinete. Por supuesto que no deben ser antagonistas, ni evitarse el saludo. Pero no tienen materia sustantiva que tratar porque sus atribuciones no se tocan. Ya estaba mal que al desayuno organizado para festejar el segundo aniversario de la administración calderonista asistiera Ortiz Mayagoitia (como los presidentes de las cámaras). Pero se trata de un acto protocolario, en público, en que el representante del Poder Judicial es uno más de los invitados.
En cambio, un encuentro privado a invitación del Ejecutivo y en su casa, es otro asunto. Y más si se trata de hablar de la competencia judicial, de la que, insisto, nada tiene que decir ni hacer el Presidente de la República.
El antecedente más inmediato de una visita del ministro que preside la Corte a Los Pinos marcó de mala manera esa relación. El martes santo de 2004, el 6 de abril, el presidente del tribunal constitucional se reunió con el presidente Fox, el secretario de Gobernación Santiago Creel y el procurador Rafael Macedo de la Concha. Se trataba de asegurar que el desafuero de López Obrador lo dejara fuera de la carrera presidencial. Aunque meses después, cuando se hizo público ese encuentro, Azuela reconoció haber participado en él no obstante el propósito de mantenerlo fuera de la atención pública, no admitió que su parecer hubiera sido determinante de la estrategia de Fox para dejar a López Obrador al margen de la contienda presidencial. Y sin embargo quedó claro que se le había asociado a una decisión que era dañina para la sociedad (y no sólo para su víctima directa) y con ello disminuyó la prestancia del Poder Judicial federal y de quien lo encabeza.
Como se dice de la mujer del César, que no sólo debe ser honesta sino también parecerlo, el ministro presidente de la Corte debe evitar que el trato desaprensivo con el Presidente de la República lo presente como su colaborador o como quien necesita rendirle cuentas u ofrecerle explicaciones. En 1995, Ortiz Mayagoitia fue propuesto por el presidente Zedillo para ser parte del pleno y ni siquiera por eso puede decirse institucionalmente que le debe el cargo de ministro. Por otra parte, fueron sus compañeros quienes lo eligieron en enero de 2007 para encabezar el pleno y ser, como consecuencia, también presidente del Consejo de la Judicatura. La dignidad republicana de esos encargos hace necesario que evite estar, y aun, parecer, en posición que no sea de igualdad con el Presidente de la República. l
La prisa y las grillas hunden a Calderón
JESUSA CERVANTES
La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal.
Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas.
Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad.
Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD.
El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont.
El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso.
Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros.
Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales.
"Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución."
Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.
Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados.
El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia.
Cambio de señales
Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular.
La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara.
"Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente.
"Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio."
En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación.
"Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera."
A tropezones
En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista.
El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados.
Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura:
"Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI."
La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont.
De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial.
Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad.
"Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro.
"Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución."
Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum.
Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum.
Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros.
"Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina.
En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública.
La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales.
Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.
La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal.
Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas.
Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad.
Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD.
El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont.
El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso.
Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros.
Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales.
"Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución."
Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia.
Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados.
El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia.
Cambio de señales
Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular.
La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara.
"Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente.
"Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio."
En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación.
"Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera."
A tropezones
En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista.
El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados.
Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura:
"Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI."
La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont.
De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial.
Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad.
"Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro.
"Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución."
Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum.
Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum.
Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros.
"Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina.
En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública.
La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales.
Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.
Las evasivas de Calderón
JOHN M. ACKERMAN
Hoy el presidente de la República ya no tiene por qué tomarse la molestia de presentarse personalmente para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Con las más recientes modificaciones al formato del informe presidencial, Felipe Calderón puede quedarse sentado en su escritorio para desde ahí responder tranquilamente, con el apoyo de su vasto equipo de asesores, a una serie de "preguntas parlamentarias". Con esta reforma al artículo 69 constitucional, que elimina la posibilidad de un diálogo directo entre los Poderes de la Unión, los legisladores quedan reducidos a simples preguntones sin la capacidad de interpelar al presidente o de corroborar por sí mismos la información presentada en el informe de gobierno.
El pasado 26 de noviembre, Calderón respondió a las preguntas que los senadores de la República le formularon. Desafortunadamente, las "respuestas" ofrecidas por Calderón una vez más ponen al desnudo que el compromiso del actual gobierno federal con la rendición de cuentas se queda al nivel de discurso. La baja calidad de las respuestas queda reflejada en la gran cantidad de formulaciones huecas, estadísticas generales y repeticiones de información ya incluida en el informe de gobierno. Y ello aplica no solamente para las preguntas planteadas por los partidos de oposición, sino incluso para los cuestionamientos del mismo partido en el gobierno.
Por ejemplo, la primera pregunta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) inquiere al mandatario sobre la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para el tratamiento de algunos temas relacionados con la seguridad pública. Este cuestionamiento es de la mayor importancia, ya que los legisladores deberían tener acceso pleno a la información relevante para poder ejercer su función de control y legislar en la materia. Actualmente tienen que ampararse en la Ley Federal de Transparencia como cualquier otro ciudadano para allegarse documentación fundamental para sus tareas.
Sin embargo, en su respuesta, el Poder Ejecutivo se limita a hablar de manera general de los "mecanismos de coordinación interinstitucional" incluidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en su propuesta de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la supuesta "interlocución y comunicación permanentes" que el gobierno ha tenido con los legisladores. El presidente no contesta en absoluto al interrogante específico que plantean los senadores del PAN en torno a la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" con el Poder Legislativo.
De manera similar, ante otra pregunta del PAN, el gobierno simplemente se niega a decir lo que se está haciendo para mitigar el efecto de la reducción del monto del superávit financiero gubernamental. Más adelante, ante una inquietud presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la mano en la cintura al Ejecutivo se le olvida proporcionar las proyecciones solicitadas para los siguientes cuatro años alrededor de los impactos de la política social y el futuro del empleo formal.
Las preguntas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ponen al gobierno contra la pared. Una de ellas solicita el detalle de las acciones de la Procuraduría General de la República en el seguimiento de las investigaciones de la ahora extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Sin embargo, en su respuesta, el presidente se limita a recitar algunos números sin mayor relevancia. Sin entrar en precisiones, reporta que se han girado 4 mil 521 oficios, realizado 135 peritajes, recibido 273 declaraciones e instrumentado 101 inspecciones ministeriales, entre otras estadísticas.
Otra pregunta del PRD se refiere a la constitucionalidad del mando único para la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva. El texto del cuestionamiento proporciona un análisis detallado de los problemas derivados del control centralizado que ha establecido Genaro García Luna y señala las imprecisiones en que incurrió Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación durante su comparecencia en el Senado cuando se le interrogó sobre el tema. Lamentablemente, en su contestación, en lugar de ofrecer un informe sobre la situación de la policía federal y una argumentación jurídica sólida sobre la unificación de las corporaciones, el presidente sólo menciona algunos apartados de la ley que hablan de la necesidad de la "coordinación" entre las fuerzas policiacas, y defiende dogmáticamente la necesidad de utilizar todos los recursos a su alcance para enfrentar al crimen organizado.
En su momento, las "preguntas parlamentarias" fueron anunciadas con bombo y platillo como una herramienta que podría reequilibrar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Pero parece que la política de la simulación, de dar "información" sin informar, seguirá siendo la regla.
Urge aprobar la ley reglamentaria de las reformas al artículo 69 constitucional para dar más efectividad a este proceso. Así mismo, habría que pensar en incluir disposiciones específicas en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (todavía pendiente desde el 21 de julio de 2008, de acuerdo con el transitorio de las reformas al artículo 6º constitucional) para permitir a los legisladores acceso privilegiado a la información del Poder Ejecutivo, tal y como lo ha propuesto el diputado Alfonso Suárez del Real. Así, en lugar de simplemente preguntar y conformarse con las evasivas del presidente, nuestros representantes podrán encontrar ellos mismos las respuestas completas a sus inquietudes. L
Hoy el presidente de la República ya no tiene por qué tomarse la molestia de presentarse personalmente para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Con las más recientes modificaciones al formato del informe presidencial, Felipe Calderón puede quedarse sentado en su escritorio para desde ahí responder tranquilamente, con el apoyo de su vasto equipo de asesores, a una serie de "preguntas parlamentarias". Con esta reforma al artículo 69 constitucional, que elimina la posibilidad de un diálogo directo entre los Poderes de la Unión, los legisladores quedan reducidos a simples preguntones sin la capacidad de interpelar al presidente o de corroborar por sí mismos la información presentada en el informe de gobierno.
El pasado 26 de noviembre, Calderón respondió a las preguntas que los senadores de la República le formularon. Desafortunadamente, las "respuestas" ofrecidas por Calderón una vez más ponen al desnudo que el compromiso del actual gobierno federal con la rendición de cuentas se queda al nivel de discurso. La baja calidad de las respuestas queda reflejada en la gran cantidad de formulaciones huecas, estadísticas generales y repeticiones de información ya incluida en el informe de gobierno. Y ello aplica no solamente para las preguntas planteadas por los partidos de oposición, sino incluso para los cuestionamientos del mismo partido en el gobierno.
Por ejemplo, la primera pregunta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) inquiere al mandatario sobre la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para el tratamiento de algunos temas relacionados con la seguridad pública. Este cuestionamiento es de la mayor importancia, ya que los legisladores deberían tener acceso pleno a la información relevante para poder ejercer su función de control y legislar en la materia. Actualmente tienen que ampararse en la Ley Federal de Transparencia como cualquier otro ciudadano para allegarse documentación fundamental para sus tareas.
Sin embargo, en su respuesta, el Poder Ejecutivo se limita a hablar de manera general de los "mecanismos de coordinación interinstitucional" incluidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en su propuesta de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la supuesta "interlocución y comunicación permanentes" que el gobierno ha tenido con los legisladores. El presidente no contesta en absoluto al interrogante específico que plantean los senadores del PAN en torno a la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" con el Poder Legislativo.
De manera similar, ante otra pregunta del PAN, el gobierno simplemente se niega a decir lo que se está haciendo para mitigar el efecto de la reducción del monto del superávit financiero gubernamental. Más adelante, ante una inquietud presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la mano en la cintura al Ejecutivo se le olvida proporcionar las proyecciones solicitadas para los siguientes cuatro años alrededor de los impactos de la política social y el futuro del empleo formal.
Las preguntas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ponen al gobierno contra la pared. Una de ellas solicita el detalle de las acciones de la Procuraduría General de la República en el seguimiento de las investigaciones de la ahora extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Sin embargo, en su respuesta, el presidente se limita a recitar algunos números sin mayor relevancia. Sin entrar en precisiones, reporta que se han girado 4 mil 521 oficios, realizado 135 peritajes, recibido 273 declaraciones e instrumentado 101 inspecciones ministeriales, entre otras estadísticas.
Otra pregunta del PRD se refiere a la constitucionalidad del mando único para la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva. El texto del cuestionamiento proporciona un análisis detallado de los problemas derivados del control centralizado que ha establecido Genaro García Luna y señala las imprecisiones en que incurrió Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación durante su comparecencia en el Senado cuando se le interrogó sobre el tema. Lamentablemente, en su contestación, en lugar de ofrecer un informe sobre la situación de la policía federal y una argumentación jurídica sólida sobre la unificación de las corporaciones, el presidente sólo menciona algunos apartados de la ley que hablan de la necesidad de la "coordinación" entre las fuerzas policiacas, y defiende dogmáticamente la necesidad de utilizar todos los recursos a su alcance para enfrentar al crimen organizado.
En su momento, las "preguntas parlamentarias" fueron anunciadas con bombo y platillo como una herramienta que podría reequilibrar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Pero parece que la política de la simulación, de dar "información" sin informar, seguirá siendo la regla.
Urge aprobar la ley reglamentaria de las reformas al artículo 69 constitucional para dar más efectividad a este proceso. Así mismo, habría que pensar en incluir disposiciones específicas en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (todavía pendiente desde el 21 de julio de 2008, de acuerdo con el transitorio de las reformas al artículo 6º constitucional) para permitir a los legisladores acceso privilegiado a la información del Poder Ejecutivo, tal y como lo ha propuesto el diputado Alfonso Suárez del Real. Así, en lugar de simplemente preguntar y conformarse con las evasivas del presidente, nuestros representantes podrán encontrar ellos mismos las respuestas completas a sus inquietudes. L
Gobernar para claudicar. DENISE DRESSER
"No es difícil gobernar. Basta con no ofender a las familias nobles", escribió Mencius, el filósofo chino. Y vaya que el gobierno mexicano sigue su pronunciamiento a pie juntillas, sobre todo en el terreno de las telecomunicaciones y la televisión. Ante Telmex hay que doblegarse. Ante Televisa hay que arrodillarse. Ante los concesionarios hay que hincarse. Ante los que realmente ejercen el poder en el país, la autoridad se rehúsa a actuar como tal. En lugar de imponer decisiones legítimas, las negocia. En vez de regular en nombre del interés público, termina fortaleciendo los feudos privados. El gobierno no gobierna: ruega. Eso es lo que revela el comportamiento reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante decisiones que involucran a Telmex. Esa es la debilidad que exhibe un gobierno que -en aras de no ofender- decide claudicar.
Surgen así historias de terror como la que el país acaba de presenciar en el tema de las "Áreas de Servicio Local". Desde hace más de un año, la autoridad regulatoria (la Cofetel) determinó reducir esas áreas de 397 a 197, para que los consumidores tuvieran que pagar menos llamadas de larga distancia en zonas geográficamente cercanas. El esquema existente permite que Telmex cobre más de lo que debiera y que los ciudadanos transfieran más riqueza a las arcas de la compañía de lo que les toca. Hoy una llamada de Toluca a Metepec es considerada y cobrada como una larga distancia, cuando no debería ser considerada como tal. Hoy una llamada de Texcoco al DF contribuye al abuso cotidiano que Telmex es capaz de perpetuar, porque el gobierno se lo ha permitido.
Pero como suele suceder en casos en los cuales Telmex ve afectados sus intereses, el asunto estuvo parado más de un año porque el señor Slim se amparó. Cuando la Cofetel logró que un tribunal revocara la suspensión y se pudiera avanzar en beneficio de los consumidores, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. La subsecretaria Purificación Carpinteyro le dio entrada desde su oficina a una petición de Telmex para frenar la decisión tanto del tribunal como de la Cofetel. En pocas palabras, lo que Telmex no pudo ganar en los tribunales, lo ganó con la decisión de una mujer que al entrar al puesto generó grandes expectativas que ahora defrauda. Algo legalmente improcedente se volvió procedente y benefició -nuevamente- a un interés privado por encima del interés público. Un avance a favor de los consumidores se volvió -nuevamente- un retroceso para ellos.
Y algo similar ha ocurrido en el tema de la interconexión de larga distancia y las tarifas exorbitantes que Telmex cobra a sus competidores. La Cofetel determinó bajar las tarifas después de un pleito de 10 años con el "jugador dominante"; años en los cuales los consumidores suscritos a servicios alternativos al de Telmex se han visto obligados a pagar tarifas 10 veces más altas de lo razonable. Pero otra vez la subsecretaria intervino para permitir a Telmex parar una decisión que afectaba de manera negativa sus intereses. Otra vez Purificación Carpinteyro puso en tela de juicio su reputación como funcionaria autónoma, independiente, capaz de actuar como autoridad y no como correa de transmisión de Telmex.
Ahora bien, probablemente la subsecretaria argumentaría que todo es parte de una "gran negociación" con el señor Slim que -al final del día- va a producir acuerdos. Que al concederle a Telmex ciertas cosas, logrará obtener otras. Que si ella está dispuesta a darle algo al monopolista más exitoso de México, eventualmente conseguirá que acepte ciertas decisiones regulatorias en lugar de ampararse constantemente ante ellas. Pero ese comportamiento coloca al gobierno de México en una posición precaria y contraproducente. Acaba negociando con la persona a la cual tendría que regular; acaba pidiéndole favores al hombre que debiera contener; termina claudicando ante la compañía a la que tiene obligación de sancionar. El gobierno -ya sea a través de Luis Téllez o de Purificación Carpinteyro- cede ante el chantaje del señor Slim y repite sus argumentos: si no le dan lo que quiere, dejará de invertir. Si no le permiten seguir comportándose como lo hace en el país, se irá de él. Si no le cambian el título de concesión para que pueda entrar al negocio de la televisión abierta con las condiciones que exige, demandará a la SCT.
Pero al tratar de congraciarse con quien debiera regular, el gobierno pierde de vista los costos que perpetúa para el país. La penetración de los servicios de telecomunicaciones en México sigue siendo relativamente baja, en gran medida por los obstáculos que Telmex ha colocado. El ritmo de crecimiento pronosticado de la banda ancha va a ser muy pequeño, en gran medida por los diques que Telmex ha erigido. En los últimos cinco años el nivel de inversiones en el sector ha sido bajo, comparado con el de otros países, en gran medida por la competencia que Telmex ha frenado
Y en lugar de remediar los errores que ha cometido, el gobierno los exacerba. En el pasado, tanto la SCT como la Cofetel no pudieron -o no quisieron- obligar al señor Slim a cumplir con los términos de su concesión. Aquella que se le vendió a cierto precio con la condición de que no podía ofrecer televisión. Aquella cuyos requerimientos ha ignorado una y otra vez. Pero en lugar de exigir que cumpla, el gobierno se apresta a premiarlo. Por más escandaloso que parezca, la SCT parece estar dispuesta a modificar el título de concesión de Telmex sin exigir algo sustancial a cambio. Piensa darle más al señor Slim para ver si así -por lo menos- deja de ampararse contra toda decisión gubernamental. Piensa darle más para ver si así -por lo menos- alguien logra competir contra Televisa. Como si el país no tuviera una opción mejor. Como si no hubiera otra alternativa que negociar la ley.
Como si sólo fuera posible enfrentar a los oligopolios en lugar de obligarlos a competir con un tercero como NBC. Como si no fuera viable abrir tanto las telecomunicaciones como la televisión con la licitación de una tercera cadena, y la elaboración de una nueva ley de medios, y la autoridad de un gobierno que actúa en lugar de negociar.
Al igual que cualquier empresario racional, Slim empuja hasta donde encuentra resistencia. Pero la resistencia gubernamental no se da: la subsecretaria Carpinteyro cede, el secretario Téllez calla, el presidente Calderón está ausente, la Cofetel se encuentra dividida. El gobierno dice que gobierna cuando en realidad claudica. Y dado que opta por comportarse como oveja, no sorprende que acabe devorada por el lobo. l
Surgen así historias de terror como la que el país acaba de presenciar en el tema de las "Áreas de Servicio Local". Desde hace más de un año, la autoridad regulatoria (la Cofetel) determinó reducir esas áreas de 397 a 197, para que los consumidores tuvieran que pagar menos llamadas de larga distancia en zonas geográficamente cercanas. El esquema existente permite que Telmex cobre más de lo que debiera y que los ciudadanos transfieran más riqueza a las arcas de la compañía de lo que les toca. Hoy una llamada de Toluca a Metepec es considerada y cobrada como una larga distancia, cuando no debería ser considerada como tal. Hoy una llamada de Texcoco al DF contribuye al abuso cotidiano que Telmex es capaz de perpetuar, porque el gobierno se lo ha permitido.
Pero como suele suceder en casos en los cuales Telmex ve afectados sus intereses, el asunto estuvo parado más de un año porque el señor Slim se amparó. Cuando la Cofetel logró que un tribunal revocara la suspensión y se pudiera avanzar en beneficio de los consumidores, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. La subsecretaria Purificación Carpinteyro le dio entrada desde su oficina a una petición de Telmex para frenar la decisión tanto del tribunal como de la Cofetel. En pocas palabras, lo que Telmex no pudo ganar en los tribunales, lo ganó con la decisión de una mujer que al entrar al puesto generó grandes expectativas que ahora defrauda. Algo legalmente improcedente se volvió procedente y benefició -nuevamente- a un interés privado por encima del interés público. Un avance a favor de los consumidores se volvió -nuevamente- un retroceso para ellos.
Y algo similar ha ocurrido en el tema de la interconexión de larga distancia y las tarifas exorbitantes que Telmex cobra a sus competidores. La Cofetel determinó bajar las tarifas después de un pleito de 10 años con el "jugador dominante"; años en los cuales los consumidores suscritos a servicios alternativos al de Telmex se han visto obligados a pagar tarifas 10 veces más altas de lo razonable. Pero otra vez la subsecretaria intervino para permitir a Telmex parar una decisión que afectaba de manera negativa sus intereses. Otra vez Purificación Carpinteyro puso en tela de juicio su reputación como funcionaria autónoma, independiente, capaz de actuar como autoridad y no como correa de transmisión de Telmex.
Ahora bien, probablemente la subsecretaria argumentaría que todo es parte de una "gran negociación" con el señor Slim que -al final del día- va a producir acuerdos. Que al concederle a Telmex ciertas cosas, logrará obtener otras. Que si ella está dispuesta a darle algo al monopolista más exitoso de México, eventualmente conseguirá que acepte ciertas decisiones regulatorias en lugar de ampararse constantemente ante ellas. Pero ese comportamiento coloca al gobierno de México en una posición precaria y contraproducente. Acaba negociando con la persona a la cual tendría que regular; acaba pidiéndole favores al hombre que debiera contener; termina claudicando ante la compañía a la que tiene obligación de sancionar. El gobierno -ya sea a través de Luis Téllez o de Purificación Carpinteyro- cede ante el chantaje del señor Slim y repite sus argumentos: si no le dan lo que quiere, dejará de invertir. Si no le permiten seguir comportándose como lo hace en el país, se irá de él. Si no le cambian el título de concesión para que pueda entrar al negocio de la televisión abierta con las condiciones que exige, demandará a la SCT.
Pero al tratar de congraciarse con quien debiera regular, el gobierno pierde de vista los costos que perpetúa para el país. La penetración de los servicios de telecomunicaciones en México sigue siendo relativamente baja, en gran medida por los obstáculos que Telmex ha colocado. El ritmo de crecimiento pronosticado de la banda ancha va a ser muy pequeño, en gran medida por los diques que Telmex ha erigido. En los últimos cinco años el nivel de inversiones en el sector ha sido bajo, comparado con el de otros países, en gran medida por la competencia que Telmex ha frenado
Y en lugar de remediar los errores que ha cometido, el gobierno los exacerba. En el pasado, tanto la SCT como la Cofetel no pudieron -o no quisieron- obligar al señor Slim a cumplir con los términos de su concesión. Aquella que se le vendió a cierto precio con la condición de que no podía ofrecer televisión. Aquella cuyos requerimientos ha ignorado una y otra vez. Pero en lugar de exigir que cumpla, el gobierno se apresta a premiarlo. Por más escandaloso que parezca, la SCT parece estar dispuesta a modificar el título de concesión de Telmex sin exigir algo sustancial a cambio. Piensa darle más al señor Slim para ver si así -por lo menos- deja de ampararse contra toda decisión gubernamental. Piensa darle más para ver si así -por lo menos- alguien logra competir contra Televisa. Como si el país no tuviera una opción mejor. Como si no hubiera otra alternativa que negociar la ley.
Como si sólo fuera posible enfrentar a los oligopolios en lugar de obligarlos a competir con un tercero como NBC. Como si no fuera viable abrir tanto las telecomunicaciones como la televisión con la licitación de una tercera cadena, y la elaboración de una nueva ley de medios, y la autoridad de un gobierno que actúa en lugar de negociar.
Al igual que cualquier empresario racional, Slim empuja hasta donde encuentra resistencia. Pero la resistencia gubernamental no se da: la subsecretaria Carpinteyro cede, el secretario Téllez calla, el presidente Calderón está ausente, la Cofetel se encuentra dividida. El gobierno dice que gobierna cuando en realidad claudica. Y dado que opta por comportarse como oveja, no sorprende que acabe devorada por el lobo. l
BAJO RESERVA
La alianza electoral de Elba Esther Gordillo y Germán Martínez está a punto de caer al barranco
La alianza electoral de Elba Esther Gordillo y Germán Martínez está a punto de caer al barranco. El líder del PAN tenía el aval del Comité Ejecutivo Nacional para explorar y cerrar coaliciones con Nueva Alianza, rumbo a los comicios de 2009, pero no hubo humo blanco con el partido de la profesora. Durante el Consejo Nacional, don Germán borró el tema del acuerdo con el Panal a nivel federal. Los azules dejaron una puerta de emergencia para dialogar con la maestra sobre candidaturas comunes en los estados. Hasta ahora se conoce que doña Elba Esther negocia en dos pistas: no suelta la posibilidad de ir con algunos panistas y está por amarrar algunos puestos con el PRI. ¿Quién ganará la partida? Seguramente, la presidenta del SNTE.
Políticos mexicanos se cuelgan hoy la medalla de conocer a integrantes del gabinete del presidente electo de EU, Barack Obama. El gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, es brother de Bill Richardson, designado secretario de Comercio. El dirigente perredista Jesús Ortega viajó la semana pasada a Puebla para dialogar y tomarse la foto con don Bill. Ahora, el mandatario sonorense, Eduardo Bours, no cabe de gusto por la reunión que tuvo este fin de semana con la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, próxima secretaria de Seguridad Interna (Homeland Security). Está de moda ser un político mexicano con obamistas de cerca, a la vista.
Hay una nueva estación radial en el DF. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento se le conoce como radio bocinas. Verónica Ortiz, esposa del diputado perredista Javier González Garza y actual responsable de Código DF, la radio por internet del gobierno del Distrito Federal, abrió una nueva etapa en la comunicación con la instalación de un DJ y un par de bocinas en la pista de hielo, para animar a la gente que acude al Zócalo, en lugar de crear una programación para promover las actividades del gobierno local, como se lo pidió el jefe de Gobierno de la ciudad. Nos cuentan que una persona cercana a Marcelo Ebrard visitó la Secretaría de Cultura para poner un poco de orden en casa.
Al pie de la letra se cumplió una de las últimas voluntades de don Carlos Abascal y ninguno de sus familiares acudió al homenaje que rindieron los panistas al ex secretario de Gobernación. No hubo cambio de planes en la familia Abascal: el hijo del panista contrajo nupcias, como estaba programado.
La alianza electoral de Elba Esther Gordillo y Germán Martínez está a punto de caer al barranco. El líder del PAN tenía el aval del Comité Ejecutivo Nacional para explorar y cerrar coaliciones con Nueva Alianza, rumbo a los comicios de 2009, pero no hubo humo blanco con el partido de la profesora. Durante el Consejo Nacional, don Germán borró el tema del acuerdo con el Panal a nivel federal. Los azules dejaron una puerta de emergencia para dialogar con la maestra sobre candidaturas comunes en los estados. Hasta ahora se conoce que doña Elba Esther negocia en dos pistas: no suelta la posibilidad de ir con algunos panistas y está por amarrar algunos puestos con el PRI. ¿Quién ganará la partida? Seguramente, la presidenta del SNTE.
Políticos mexicanos se cuelgan hoy la medalla de conocer a integrantes del gabinete del presidente electo de EU, Barack Obama. El gobernador panista de Morelos, Marco Antonio Adame, es brother de Bill Richardson, designado secretario de Comercio. El dirigente perredista Jesús Ortega viajó la semana pasada a Puebla para dialogar y tomarse la foto con don Bill. Ahora, el mandatario sonorense, Eduardo Bours, no cabe de gusto por la reunión que tuvo este fin de semana con la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, próxima secretaria de Seguridad Interna (Homeland Security). Está de moda ser un político mexicano con obamistas de cerca, a la vista.
Hay una nueva estación radial en el DF. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento se le conoce como radio bocinas. Verónica Ortiz, esposa del diputado perredista Javier González Garza y actual responsable de Código DF, la radio por internet del gobierno del Distrito Federal, abrió una nueva etapa en la comunicación con la instalación de un DJ y un par de bocinas en la pista de hielo, para animar a la gente que acude al Zócalo, en lugar de crear una programación para promover las actividades del gobierno local, como se lo pidió el jefe de Gobierno de la ciudad. Nos cuentan que una persona cercana a Marcelo Ebrard visitó la Secretaría de Cultura para poner un poco de orden en casa.
Al pie de la letra se cumplió una de las últimas voluntades de don Carlos Abascal y ninguno de sus familiares acudió al homenaje que rindieron los panistas al ex secretario de Gobernación. No hubo cambio de planes en la familia Abascal: el hijo del panista contrajo nupcias, como estaba programado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
La historia de la familia Ramírez es casi como de película. El matrimonio Ramírez compuesto por Enrique Ramírez Miguel y María Villalón...
-
El encargado de despacho de la PGJEM, Alfredo Castillo, explicó que el cuerpo de la niña tardó en emitir un olor fétido debido a que su cue... -
El voto de castigo. Cartón: Rocha MÉXICO, D.F. (Proceso).- México es un claro ejemplo de la indisociable relación entre una demo...
