Un ministro en Los Pinos

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Porque ubicuo no es, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, tuvo que elegir el viernes 28 de noviembre entre dos reuniones en que debía participar: escogió viajar a Monterrey a encabezar el Congreso Nacional de Juzgadores del Poder Judicial Federal, y por lo tanto no asistió a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a que había sido invitado, y en donde se examinó el avance del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
A pesar de que era claro el motivo de su ausencia en el acto capitalino, hubo quien la atribuyera a la incomodidad que en el Poder Judicial había provocado la exhortación hecha días atrás por Calderón para que el Poder Judicial emprendiera su propia Operación Limpieza o se sumara a la que se vio obligada a practicar la Procuraduría General de la República. En la reunión de los magistrados y jueces federales Ortiz Mayagoitia había respondido, sin mencionar a Calderón ni referirse a su dicho, a la invitación del Ejecutivo (no carente de implicaciones suspicaces):
El ministro presidente dijo: "No somos autocomplacientes, porque creemos en el esfuerzo personal como fuente de trabajo y crecimiento. Tampoco somos puros e infalibles, por eso nos sometemos a la vigilancia y disciplina de la carrera judicial y a la observación de la sociedad". De ese modo rechazó la pretensión del Presidente de examinar y calificar la actuación de los juzgadores. Sin embargo, quizá se arrepintió del alcance de sus palabras, o le fueron pedidas explicaciones, el hecho es que el pasado jueves 4 visitó a Calderón en Los Pinos.
Aunque tanto su oficina como la Presidencia emitieron comunicados al respecto, no se informó del motivo específico del encuentro, ni de su contenido. Ambos boletines se refirieron a generalidades. Pero en el comunicado de la casa presidencial se deslizó una línea preocupante. Dice el documento que el invitado y su anfitrión "conversaron en torno al sistema de administración de justicia".
Nada tiene que conversar el Ejecutivo sobre el sistema de administración de justicia, ni el ministro presidente debe admitir que el presidente le hable del tema. Aunque en los boletines se dice que la reunión se efectuó "en un ambiente de cordialidad, con pleno respeto a la división de poderes", no lo hubo si Calderón se injirió en la competencia del poder encabezado por Ortiz Mayagoitia. Antaño, en el tiempo del presidencialismo exacerbado, el Ejecutivo no sólo proponía al Senado quién debía ser ministro, sino que determinaba quién presidiera el pleno. Y lo hacía a ojos vistas, sin rubores ni embozos. El Presidente de la República lo era, para efectos prácticos, también de la Suprema Corte. Hoy ya no es así. Conserva el Ejecutivo la facultad de proponer candidatos a integrarla. Pero tiene que proponer una terna, de la que los senadores seleccionan al ministro respectivo. Como cabeza de un poder, y como encarnación de otro, Ortiz Mayagoitia y Calderón tienen jerarquía semejante, no hay subordinación que justifique el que el ministro acuda a Los Pinos como lo hacen los miembros del gabinete. Por supuesto que no deben ser antagonistas, ni evitarse el saludo. Pero no tienen materia sustantiva que tratar porque sus atribuciones no se tocan. Ya estaba mal que al desayuno organizado para festejar el segundo aniversario de la administración calderonista asistiera Ortiz Mayagoitia (como los presidentes de las cámaras). Pero se trata de un acto protocolario, en público, en que el representante del Poder Judicial es uno más de los invitados.
En cambio, un encuentro privado a invitación del Ejecutivo y en su casa, es otro asunto. Y más si se trata de hablar de la competencia judicial, de la que, insisto, nada tiene que decir ni hacer el Presidente de la República.
El antecedente más inmediato de una visita del ministro que preside la Corte a Los Pinos marcó de mala manera esa relación. El martes santo de 2004, el 6 de abril, el presidente del tribunal constitucional se reunió con el presidente Fox, el secretario de Gobernación Santiago Creel y el procurador Rafael Macedo de la Concha. Se trataba de asegurar que el desafuero de López Obrador lo dejara fuera de la carrera presidencial. Aunque meses después, cuando se hizo público ese encuentro, Azuela reconoció haber participado en él no obstante el propósito de mantenerlo fuera de la atención pública, no admitió que su parecer hubiera sido determinante de la estrategia de Fox para dejar a López Obrador al margen de la contienda presidencial. Y sin embargo quedó claro que se le había asociado a una decisión que era dañina para la sociedad (y no sólo para su víctima directa) y con ello disminuyó la prestancia del Poder Judicial federal y de quien lo encabeza.
Como se dice de la mujer del César, que no sólo debe ser honesta sino también parecerlo, el ministro presidente de la Corte debe evitar que el trato desaprensivo con el Presidente de la República lo presente como su colaborador o como quien necesita rendirle cuentas u ofrecerle explicaciones. En 1995, Ortiz Mayagoitia fue propuesto por el presidente Zedillo para ser parte del pleno y ni siquiera por eso puede decirse institucionalmente que le debe el cargo de ministro. Por otra parte, fueron sus compañeros quienes lo eligieron en enero de 2007 para encabezar el pleno y ser, como consecuencia, también presidente del Consejo de la Judicatura. La dignidad republicana de esos encargos hace necesario que evite estar, y aun, parecer, en posición que no sea de igualdad con el Presidente de la República. l