"No es difícil gobernar. Basta con no ofender a las familias nobles", escribió Mencius, el filósofo chino. Y vaya que el gobierno mexicano sigue su pronunciamiento a pie juntillas, sobre todo en el terreno de las telecomunicaciones y la televisión. Ante Telmex hay que doblegarse. Ante Televisa hay que arrodillarse. Ante los concesionarios hay que hincarse. Ante los que realmente ejercen el poder en el país, la autoridad se rehúsa a actuar como tal. En lugar de imponer decisiones legítimas, las negocia. En vez de regular en nombre del interés público, termina fortaleciendo los feudos privados. El gobierno no gobierna: ruega. Eso es lo que revela el comportamiento reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante decisiones que involucran a Telmex. Esa es la debilidad que exhibe un gobierno que -en aras de no ofender- decide claudicar.
Surgen así historias de terror como la que el país acaba de presenciar en el tema de las "Áreas de Servicio Local". Desde hace más de un año, la autoridad regulatoria (la Cofetel) determinó reducir esas áreas de 397 a 197, para que los consumidores tuvieran que pagar menos llamadas de larga distancia en zonas geográficamente cercanas. El esquema existente permite que Telmex cobre más de lo que debiera y que los ciudadanos transfieran más riqueza a las arcas de la compañía de lo que les toca. Hoy una llamada de Toluca a Metepec es considerada y cobrada como una larga distancia, cuando no debería ser considerada como tal. Hoy una llamada de Texcoco al DF contribuye al abuso cotidiano que Telmex es capaz de perpetuar, porque el gobierno se lo ha permitido.
Pero como suele suceder en casos en los cuales Telmex ve afectados sus intereses, el asunto estuvo parado más de un año porque el señor Slim se amparó. Cuando la Cofetel logró que un tribunal revocara la suspensión y se pudiera avanzar en beneficio de los consumidores, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. La subsecretaria Purificación Carpinteyro le dio entrada desde su oficina a una petición de Telmex para frenar la decisión tanto del tribunal como de la Cofetel. En pocas palabras, lo que Telmex no pudo ganar en los tribunales, lo ganó con la decisión de una mujer que al entrar al puesto generó grandes expectativas que ahora defrauda. Algo legalmente improcedente se volvió procedente y benefició -nuevamente- a un interés privado por encima del interés público. Un avance a favor de los consumidores se volvió -nuevamente- un retroceso para ellos.
Y algo similar ha ocurrido en el tema de la interconexión de larga distancia y las tarifas exorbitantes que Telmex cobra a sus competidores. La Cofetel determinó bajar las tarifas después de un pleito de 10 años con el "jugador dominante"; años en los cuales los consumidores suscritos a servicios alternativos al de Telmex se han visto obligados a pagar tarifas 10 veces más altas de lo razonable. Pero otra vez la subsecretaria intervino para permitir a Telmex parar una decisión que afectaba de manera negativa sus intereses. Otra vez Purificación Carpinteyro puso en tela de juicio su reputación como funcionaria autónoma, independiente, capaz de actuar como autoridad y no como correa de transmisión de Telmex.
Ahora bien, probablemente la subsecretaria argumentaría que todo es parte de una "gran negociación" con el señor Slim que -al final del día- va a producir acuerdos. Que al concederle a Telmex ciertas cosas, logrará obtener otras. Que si ella está dispuesta a darle algo al monopolista más exitoso de México, eventualmente conseguirá que acepte ciertas decisiones regulatorias en lugar de ampararse constantemente ante ellas. Pero ese comportamiento coloca al gobierno de México en una posición precaria y contraproducente. Acaba negociando con la persona a la cual tendría que regular; acaba pidiéndole favores al hombre que debiera contener; termina claudicando ante la compañía a la que tiene obligación de sancionar. El gobierno -ya sea a través de Luis Téllez o de Purificación Carpinteyro- cede ante el chantaje del señor Slim y repite sus argumentos: si no le dan lo que quiere, dejará de invertir. Si no le permiten seguir comportándose como lo hace en el país, se irá de él. Si no le cambian el título de concesión para que pueda entrar al negocio de la televisión abierta con las condiciones que exige, demandará a la SCT.
Pero al tratar de congraciarse con quien debiera regular, el gobierno pierde de vista los costos que perpetúa para el país. La penetración de los servicios de telecomunicaciones en México sigue siendo relativamente baja, en gran medida por los obstáculos que Telmex ha colocado. El ritmo de crecimiento pronosticado de la banda ancha va a ser muy pequeño, en gran medida por los diques que Telmex ha erigido. En los últimos cinco años el nivel de inversiones en el sector ha sido bajo, comparado con el de otros países, en gran medida por la competencia que Telmex ha frenado
Y en lugar de remediar los errores que ha cometido, el gobierno los exacerba. En el pasado, tanto la SCT como la Cofetel no pudieron -o no quisieron- obligar al señor Slim a cumplir con los términos de su concesión. Aquella que se le vendió a cierto precio con la condición de que no podía ofrecer televisión. Aquella cuyos requerimientos ha ignorado una y otra vez. Pero en lugar de exigir que cumpla, el gobierno se apresta a premiarlo. Por más escandaloso que parezca, la SCT parece estar dispuesta a modificar el título de concesión de Telmex sin exigir algo sustancial a cambio. Piensa darle más al señor Slim para ver si así -por lo menos- deja de ampararse contra toda decisión gubernamental. Piensa darle más para ver si así -por lo menos- alguien logra competir contra Televisa. Como si el país no tuviera una opción mejor. Como si no hubiera otra alternativa que negociar la ley.
Como si sólo fuera posible enfrentar a los oligopolios en lugar de obligarlos a competir con un tercero como NBC. Como si no fuera viable abrir tanto las telecomunicaciones como la televisión con la licitación de una tercera cadena, y la elaboración de una nueva ley de medios, y la autoridad de un gobierno que actúa en lugar de negociar.
Al igual que cualquier empresario racional, Slim empuja hasta donde encuentra resistencia. Pero la resistencia gubernamental no se da: la subsecretaria Carpinteyro cede, el secretario Téllez calla, el presidente Calderón está ausente, la Cofetel se encuentra dividida. El gobierno dice que gobierna cuando en realidad claudica. Y dado que opta por comportarse como oveja, no sorprende que acabe devorada por el lobo. l
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