Las evasivas de Calderón

JOHN M. ACKERMAN
Hoy el presidente de la República ya no tiene por qué tomarse la molestia de presentarse personalmente para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Con las más recientes modificaciones al formato del informe presidencial, Felipe Calderón puede quedarse sentado en su escritorio para desde ahí responder tranquilamente, con el apoyo de su vasto equipo de asesores, a una serie de "preguntas parlamentarias". Con esta reforma al artículo 69 constitucional, que elimina la posibilidad de un diálogo directo entre los Poderes de la Unión, los legisladores quedan reducidos a simples preguntones sin la capacidad de interpelar al presidente o de corroborar por sí mismos la información presentada en el informe de gobierno.
El pasado 26 de noviembre, Calderón respondió a las preguntas que los senadores de la República le formularon. Desafortunadamente, las "respuestas" ofrecidas por Calderón una vez más ponen al desnudo que el compromiso del actual gobierno federal con la rendición de cuentas se queda al nivel de discurso. La baja calidad de las respuestas queda reflejada en la gran cantidad de formulaciones huecas, estadísticas generales y repeticiones de información ya incluida en el informe de gobierno. Y ello aplica no solamente para las preguntas planteadas por los partidos de oposición, sino incluso para los cuestionamientos del mismo partido en el gobierno.
Por ejemplo, la primera pregunta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) inquiere al mandatario sobre la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para el tratamiento de algunos temas relacionados con la seguridad pública. Este cuestionamiento es de la mayor importancia, ya que los legisladores deberían tener acceso pleno a la información relevante para poder ejercer su función de control y legislar en la materia. Actualmente tienen que ampararse en la Ley Federal de Transparencia como cualquier otro ciudadano para allegarse documentación fundamental para sus tareas.
Sin embargo, en su respuesta, el Poder Ejecutivo se limita a hablar de manera general de los "mecanismos de coordinación interinstitucional" incluidos en el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en su propuesta de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la supuesta "interlocución y comunicación permanentes" que el gobierno ha tenido con los legisladores. El presidente no contesta en absoluto al interrogante específico que plantean los senadores del PAN en torno a la posibilidad de establecer "un mecanismo de consulta privado y reservado" con el Poder Legislativo.
De manera similar, ante otra pregunta del PAN, el gobierno simplemente se niega a decir lo que se está haciendo para mitigar el efecto de la reducción del monto del superávit financiero gubernamental. Más adelante, ante una inquietud presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la mano en la cintura al Ejecutivo se le olvida proporcionar las proyecciones solicitadas para los siguientes cuatro años alrededor de los impactos de la política social y el futuro del empleo formal.
Las preguntas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ponen al gobierno contra la pared. Una de ellas solicita el detalle de las acciones de la Procuraduría General de la República en el seguimiento de las investigaciones de la ahora extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Sin embargo, en su respuesta, el presidente se limita a recitar algunos números sin mayor relevancia. Sin entrar en precisiones, reporta que se han girado 4 mil 521 oficios, realizado 135 peritajes, recibido 273 declaraciones e instrumentado 101 inspecciones ministeriales, entre otras estadísticas.
Otra pregunta del PRD se refiere a la constitucionalidad del mando único para la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva. El texto del cuestionamiento proporciona un análisis detallado de los problemas derivados del control centralizado que ha establecido Genaro García Luna y señala las imprecisiones en que incurrió Juan Camilo Mouriño como secretario de Gobernación durante su comparecencia en el Senado cuando se le interrogó sobre el tema. Lamentablemente, en su contestación, en lugar de ofrecer un informe sobre la situación de la policía federal y una argumentación jurídica sólida sobre la unificación de las corporaciones, el presidente sólo menciona algunos apartados de la ley que hablan de la necesidad de la "coordinación" entre las fuerzas policiacas, y defiende dogmáticamente la necesidad de utilizar todos los recursos a su alcance para enfrentar al crimen organizado.
En su momento, las "preguntas parlamentarias" fueron anunciadas con bombo y platillo como una herramienta que podría reequilibrar la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Pero parece que la política de la simulación, de dar "información" sin informar, seguirá siendo la regla.
Urge aprobar la ley reglamentaria de las reformas al artículo 69 constitucional para dar más efectividad a este proceso. Así mismo, habría que pensar en incluir disposiciones específicas en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (todavía pendiente desde el 21 de julio de 2008, de acuerdo con el transitorio de las reformas al artículo 6º constitucional) para permitir a los legisladores acceso privilegiado a la información del Poder Ejecutivo, tal y como lo ha propuesto el diputado Alfonso Suárez del Real. Así, en lugar de simplemente preguntar y conformarse con las evasivas del presidente, nuestros representantes podrán encontrar ellos mismos las respuestas completas a sus inquietudes. L