¿Qué mayor inseguridad que no tener para mantener a la familia ?

De la Jornada:

EditorialJuventud y desempleo


De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de la mitad de los desempleados del país –cifra que asciende a un millón 593 mil personas– está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años. Asimismo, un tercio de la población desocupada tiene estudios de bachillerato o educación superior. A la luz de estos datos, puede obtenerse el perfil general de una franja mayoritaria del desempleo en México: gente joven, en edad productiva y con un nivel de escolaridad por encima de la media nacional.

Lo anterior da cuenta, en primer lugar, de la profunda desatención gubernamental que padecen los jóvenes mexicanos, así como de la falta de compromiso de las autoridades económicas, educativas y laborales para proveer alternativas de futuro y desarrollo atractivas para ese sector de la población. Es evidente también el desplome de dos de las principales ofertas políticas del actual titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien en campaña prometió ser el “presidente del empleo” y aseguró que los jóvenes serían una parte troncal de sus programas de gobierno. En particular, el multipublicitado programa de generación del primer empleo, cuyo objetivo es, supuestamente, promover la contratación de jóvenes mediante la entrega de estímulos fiscales a las empresas –la exención de cuotas del Seguro Social, en particular–, ha resultado un rotundo fracaso: al parecer, el programa no resulta atractivo para los empleadores, pues incluso sin la erogación mencionada se mantienen una serie de obligaciones y gastos, como el pago de aguinaldo y vacaciones, que se rehúsan a absorber. Por añadidura, la política fiscal que ha adoptado el gobierno –condescendiente con los capitales financieros y los dueños de las grandes fortunas, agresiva con los pequeños contribuyentes y los sectores productivos– merma la creación de plazas laborales.

La falta de oportunidades para gran parte de la población joven y preparada en México es consistente con el modelo económico impuesto en el país desde hace más de dos décadas. En efecto, la globalización económica neoliberal exige que los llamados países en vías de desarrollo, como el nuestro, funjan como proveedores de mano de obra barata, y para ello resulta prescindible la formación académica. No obstante, la caída de la inversión extranjera en México evidencia que el modelo ha fallado incluso en esa premisa fundamental.

Por lo demás, la circunstancia hace obligatorio preguntarse hacia dónde se canaliza esa vasta porción de la población –mayoritaria en términos demográficos– que no encuentra acomodo ni horizontes de desarrollo personal. Al respecto, las estadísticas ofrecen una respuesta alarmante: las opciones parecen reducirse a la economía informal, donde más de la mitad de los jóvenes obtienen su primer trabajo; la emigración nacional e internacional –más de 200 mil abandonan el país año con año, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas– y las actividades delictivas –cuatro de cada 10 delincuentes del fuero federal son jóvenes, de acuerdo con el propio Inegi–.

Este desalentador panorama se complementa con la precaria situación que enfrentan muchos de los que logran ingresar al sector formal: raquíticos salarios, condiciones insalubres, jornadas extenuantes y nulos horizontes de superación. Bajo la estructura económica actual, en suma, el trabajo digno y bien remunerado parece ya no ser un derecho y con frecuencia se convierte en un privilegio.

El discurso de ayer de Nuestro Presidente

■ La propuesta del FAP elimina privilegios a corruptos como Romero Deschamps, afirma

Garantizan impunidad a líderes petroleros las iniciativas de Calderón y PRI: AMLO

■ Los Pinos protege al dirigente sindical a cambio de que apoye la privatización de Pemex, sostiene
Andrea Becerril (Enviada)


Ampliar la imagen En Pueblo Nuevo, Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador afirmó que las iniciativas del Ejecutivo federal y del PRI sobre la reforma de Pemex no abordan el tema de la corrupción en el sindicato petrolero.

Pueblo Nuevo, Gto., 16 de agosto. Tanto la iniciativa de Felipe Calderón como la del PRI para reformar Petróleos Mexicanos (Pemex) “legalizan la impunidad” de los dirigentes del sindicato petrolero, por eso la propuesta del Frente Amplio Progresista (FAP) incluirá medidas que acaben con los privilegios y prebendas de líderes corruptos como Carlos Romero Deschamps, destacó aquí Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que quienes encabezan el movimiento disidente en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no deben perder de vista que Romero Deschamps tiene “toda la protección de Felipe Calderón, a cambio de que respalde la privatización de Pemex”.

Prueba “contundente” de ello, recalcó el político tabasqueño, es que en la iniciativa que Calderón presentó al Senado, además de mantener a cinco representantes de ese sindicato en el consejo de administración de Pemex, les otorgan fianzas y seguros para hacer frente a acciones irregulares. Es “algo así como un blindaje jurídico para futuros Pemexgates, que se repite en la iniciativa del PRI”.

En su tercer día de recorrido por el sur de Guanajuato, López Obrador reiteró el llamado a los pobladores a sumarse a la defensa del petróleo y participar en la consulta del próximo día 24. En entrevista, se refirió a la inconformidad contra Romero Deschamps, que un día antes se manifestó en la toma del local sindical.

“La realidad es que Calderón tiene compromiso con Romero Deschamps y lo protege. Por eso en su reforma no se toca el tema de la corrupción de los dirigentes petroleros”, insistió.

Consideró que a pesar de las protestas y las evidencias de enriquecimiento escandaloso, “el usurpador mantendrá a Romero Deschamps”, de ahí que “yo le diría a los trabajadores disidentes que sigan luchando” sin perder de vista el respaldo que el cuestionado dirigente “recibe desde Los Pinos”.

Expuso que ese tema debe ser tratado en la iniciativa de reforma de Pemex que el FAP presentará, ya que no puede permitirse que sigan los dispendios y desvíos de recursos de la paraestatal mediante el organismo gremial.

Habrá, sostuvo, un planteamiento frente a la decisión de Calderón y del PRI de legalizar la impunidad con que han venido actuando los millonarios dirigentes del STPRM. La reforma “del pelele” y la que después presentó el PRI “fortalecen el poder de Romero Deschamps y le garantizan que podrá seguir con sus prácticas corruptas sin que le pase absolutamente nada”.

Asimismo, se refirió a la iniciativa de Calderón sobre la Ley Orgánica de Pemex –que el PRI copió en forma textual–, que señala en el artículo 37 que “Petróleos Mexicanos contratará a favor de los miembros del consejo de administración y del director general, los seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de posibles indemnizaciones por daños o perjuicios que llegaran a causar dichos órganos y sus organismos subsidiarios.”

López Obrador destacó que eso significa “legalizar la impunidad” de los dirigentes petroleros y es prueba de las “propuestas irresponsables” de la reforma de Calderón, ya que en el afán de garantizar que el sindicato no se oponga a la privatización del petróleo le mantienen privilegios.

“La pareja presidencial”

El “presidente legítimo”, como lo llamaron en Villagrán, Pueblo Nuevo, Huanímaro, Abasolo, Pénjamo y Cuerámaro, se encontró otra vez con denuncias de desvíos de recursos por parte de alcaldes panistas y “parejas presidenciales” que reviven a escala municipal a Vicente Fox y Marta Sahagún.

En Pueblo Nuevo, el presidente local del PRD, Carlos Ernesto Guevara, denunció que el matrimonio de José Durán González y Refugio García, ambos del PAN, controla desde hace más de 10 años la alcadía en ese municipio. En la actualidad el esposo es el presidente, pero “doña Cuquita ya anda haciendo campaña para asumir el mando en 2009”.

Por la tarde, López Obrador llegó a Pénjamo –en ese municipio ya no se ven de lejos las cúpulas ni las torres cuatas que menciona José Alfredo Jiménez en una de sus canciones–, donde son evidentes las corruptelas del alcalde Erandi Bermúdez.

El “presidente legítimo” dijo durante el mitin en la plaza central que el alcalde remodeló ese sitio con una inversión de 12 millones de pesos, pero los vecinos comprobaron que la obra costó 3 millones, por lo que “se están clavando 9 millones”.

También en Pénjamo, varios lugareños se quejaron de malos tratos de los funcionarios del PAN. Denunciaron que la ex secretaria de Desarrollo Rural Esperanza Olmedo Morfín trataba con desprecio a la gente y se le escuchó decir que los “campesinos apestosos y mugrosos” debían bañarse antes de entrar a su oficina. Ahora está en Cuerámaro y actúa igual.

“Estos panistas, además de rateros, desprecian al pueblo”, comentó López Obrador.
Este domingo concluye su gira por Guanajuato.

De la Revista Proceso

De secuestros y oportunismos
jenaro villamil

MEXICO, D.F., 12 de agosto (apro).- Quien hace la ley, pone la trampa. Esta suele ser una frase mordaz, socorrida entre abogados y criminalistas que descreen de la eficacia del “endurecimiento de las leyes” para inhibir a los delincuentes. No sólo eso. La frase también expresa el cinismo de quienes se dedican a violar la ley: a mayores penas, es más alto el rédito del negocio de la impunidad.

Esta reflexión viene a cuento ante la oleada de reacciones sociales, mediáticas y políticas que se han generado a raíz del crimen del joven Fernando Martí, sobre todo, ante la discusión paralela que se ha generado en torno a la iniciativa presidencial para aprobar la cadena perpetua a secuestradores y las sugerencias mediáticamente rentables de establecer la pena de muerte a estos delincuentes. Paradójicamente, la opinión pública no ha reaccionado favorablemente a esta campaña de “mano dura” y sí, por el contrario, le puede cobrar una factura muy alta a los intentos de utilizar de manera oportunista la conmoción social generada por el caso.

La historia de la familia Martí es brutal y no da espacio para el aliento ni el optimismo. Un grupo de secuestradores, perteneciente a La Banda de la Flor, enquistado en las estructuras policiacas capitalina y federal, extorsiona al padre de este joven de 14 años. Piden cinco millones de dólares por el rescate. Transcurren 57 días de pesadilla para la familia, conocida en el mundo empresarial y deportivo. Después de pagar una parte del rescate, el padre publica un desplegado en la prensa el 29 de julio: “Grupo La Flor yo les cumplí; llevamos dos meses esperando a nuestro hijo, tenemos dos millones de razones si nos lo regresan. Comuníquense”. La respuesta de los plagiarios fue bárbara.

El 1 de agosto fue encontrado el cuerpo de Fernando, abandonado en la cajuela de un auto en la Colonia Villa Panamericana. Tenía un mes de muerto. “Por no pagar. Atentamente: la familia”. Era el mensaje que dejaron los secuestradores. La reacción de los medios fue inmediata. Los principales periódicos revelaron que detrás de la banda estaba un grupo de agentes judiciales no sólo pertenecientes a la PGJDF, sino también a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). También se reveló que existe un testigo clave, sobreviviente, que puede desentrañar el caso. Los dueños televisivos ordenaron a sus comentaristas que leyeran tremebundos mensajes en teleprompter, en un tono de pánico moral y de sobreactuada indignación, que generó el efecto deseado: una furia social con elevados índices de rating.

Ni las Olimpiadas desplazaron esta oleada de editorialización que, como suele suceder en estos casos, simplifica en exceso y pretende que medidas exprés sean tomadas para calmar el ánimo vindicativo de las audiencias masivas.Explicable la reacción social ante la saturación mediática, el oportunismo político ha sido la parte más grosera, incluso para la propia familia Martí y para cientos de familiares de personas secuestradas que nunca recibieron ni siquiera un gesto de solidaridad o de compasión ni de las autoridades ni de los medios masivos ante sus propios casos.

El oportunismo político se ha engarzado con la polarización partidista. Este contexto ha convertido el episodio de la discusión sobre los secuestros en una competencia de exaltaciones, de medidas efectistas –que no eficaces-- y de generalizaciones peligrosas. Una de esas generalizaciones es pretender que leyes más “duras” –como si existieran leyes “blandas”-- inhibirán la ola de secuestros, acabarán con la endémica corrupción en las áreas policiacas y resolverá el problema.

Otra medida que no se ha discutido lo suficiente es convertir a ciudadanos en “espías” y guardianes de sus propios ciudadanos como una manera de sustituir la ineficacia policial. Otros datos, difundidos sobre todo en los medios impresos, revelan que la ola de secuestros y de levantotes –verdadera epidemia en las ciudades fronterizas-- no responde a una dinámica de competencia política entre el gobierno federal y el gobierno capitalino, sino a una descomposición social, económica y psicológica muy grave, para la cual no existen respuestas ni medidas fáciles.Algunos de estos datos y declaraciones merecen una revisión importante de los legisladores, antes de aprobar leyes exprés:

1.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública en el Distrito Federal calcula que al menos 413 policías forman parte de las bandas delictivas (reportaje de Patricia Dávila, Proceso, No. 1658). Pero no sólo son los policías los únicos dedicados al secuestro. Existen contadores que llevan años con las familias de empresarios, médicos y hasta trabajadores bancarios involucrados en las bandas. Se trata de un negocio inserto en la economía criminal que se ha disparado en los últimos años.
2.- Entre 2004 y 2007 el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha contabilizado 1,851 plagios. Los secuestradores exigieron 4 mil 982 millones de pesos de rescate. Sólo obtuvieron 237 millones de pesos. Sin embargo, estas cuentas no contabilizan otro rostro más pernicioso: los levantotes y secuestros exprés que han afectado, sobre todo, a entidades con fuerte presencia del narcotráfico (Durango, Chihuahua y Baja California).
3.- La vocera de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, destacó, en una entrevista con la revista Emequis, que los cuerpos policiacos e institutos de investigaciones penales carecen de estudios para saber si los secuestros realmente han crecido a partir de la “migración” de los narcos a esta industria o tienen una dinámica particular. Estos estudios bien pueden ser realizados por las comisiones legislativas antes de decidir si llevar a cadena perpetua a secuestradores va a inhibir en algo esta actividad.

En otras palabras, la ola de secuestros y de crímenes vinculados a estos hechos merece que el Estado adopte medidas radicales, pero no efímeras ni efectistas. Buscar rédito político o electoral a la inseguridad pública está demostrado que sólo es un aliciente para puestas en escena mucho más perniciosas.