El gobierno calderonista ha reaccionado de manera cínica ante las evidencias publicadas sobre el proceso de militarización de México orquestado por Washington para apoderarse de los recursos estratégicos del país –del petróleo al oro–, y está ahora auspiciando la intervención del gobierno de Obama a escala local, para lo que le urge también la aprobación de su totalitaria Ley de Seguridad Nacional”.
1. Las fuerzas militares y policiacas de Estados Unidos están asumiendo en México funciones privativas del Estado mexicano y ejerciendo actos de autoridad que sólo competen en nuestro régimen constitucional a funcionarios mexicanos, y lo han hecho desde los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, por lo que Francisco Blake (secretario de Gobernación), Patricia Espinosa (titular de Relaciones Exteriores) y el vocero Alejandro Poiré mintieron abiertamente al país y a los legisladores al negarlo el miércoles 17, como lo hicieron después en sendas conferencias de prensa creyendo que engañaban a alguien al desconocer los acuerdos del gobierno panista con la Casa Blanca y tratar de minimizar la presencia de los agentes estadunidenses en México.
2. La estrategia escogida por Felipe Calderón ha sido la peor para dar respuesta a los reclamos que crecen en el país. Haciéndose el escondido, bajo pretexto de estar tomando sus vacaciones de verano en el Caribe y filmando un documental para una cadena estadunidense en el que pretende mostrarse como un deportista de elite en espeleología (Milenio Televisión, 17 de agosto), Calderón confió en que los desmentidos de Washington diciendo que Estados Unidos está sólo brindando asistencia técnica a México y “compartiendo información” (casualmente mismo discurso que la administración Johnson usó en los años 60 durante la escalada militar en Vietnam), bastarían tras una amplia campaña de desinformación en los medios para calmar el descontento, por lo que al enviar a tres de sus empleados al Congreso a negar lo revelado en los medios, creyó aplacarlo todo, cuando lo único que ha logrado es exasperar aún más a amplios sectores.
3. Las evidencias contra estas pueriles negativas son contundentes, y en México todo mundo sabe ya que la violencia fue instaurada en el país de manera artificial por el gobierno de Calderón debido a sus acuerdos con Washington: que él tiene la responsabilidad criminal por haber llevado al país a este baño de sangre con la utilización ilegal del Ejército y sus grupos paramilitares y parapoliciales.
4. La escalada de Washington en México va a toda prisa, y por eso le urge a su gobierno la aprobación de la nueva “ley”, que no sólo echaría abajo principios que salvaguardan los derechos individuales, le daría al Ejecutivo las facultades de un monarca del siglo XVIII, legalizaría la impunidad de las fuerzas armadas para hacer la guerra contra el pueblo, legitimaría un régimen de tropelías en la persecución de los delitos y abriría una vía legaloide más para la criminalización de los movimientos sociales, sino que haría más fácil en los hechos la acción de las fuerzas estadunidenses en territorio mexicano al hacer inviable al régimen federal.
5. La administración Obama no ha tardado mucho en anunciar una nueva escalada en su intervención, que estaría amparada en la nueva “ley”, y el miércoles 17, durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez durante una “visita sorpresiva” a territorio mexicano, William Brownfield (subsecretario para Asuntos de Antinarcóticos y Seguridad) confirmó lo que ya se había filtrado: a) que recursos de la Iniciativa Mérida serían canalizados directamente a estados y municipios; b) que se les entregarían a éstos directamente equipamiento militar y “otros bienes y servicios”, y c) que se empezaría a entrenar y equipar a policías estatales y municipales. Existe “una transición” de la Iniciativa Mérida, dijo, y la “nueva colaboración” (que no se sabe quién la aprobó), se ufanó, viene “a nivel estatal y municipal” (Milenio Diario, 18 de agosto).
6. Las intervenciones de Estados Unidos en los estados federales han pasado siempre por la búsqueda del desmembramiento de éstos, tratando de autonomizar a las entidades miembros (la URSS luego de 1991, Yugoslavia a partir de 1994), y México no sería la excepción. Este injerencismo se sustenta en la “doctrina Reagan” sobre lo que éste llamó “nuevo federalismo”, que preconizaba la necesidad de que en el mundo globalizado tanto Washington como las grandes corporaciones pudiesen relacionarse directamente con los gobiernos locales sin necesidad de pasar por la autoridad central, lo que impulsó Washington en México desde los años de Salinas a pesar de los obstáculos legales que hay en el marco jurídico mexicano, buscando intervenir cada vez más, en particular en los estados del norte y del Golfo.
7. En México, el narcotráfico y los delitos contra la salud son federales, y compete por lo mismo investigarlos y perseguirlos al Ministerio Público Federal y a la PGR: es decir, al gobierno federal y no a los gobiernos de las entidades, lo que muchos ignoran. Es por ello que a fin de ensanchar la vía a la intervención estadunidense en estados y municipios, el gobierno ha buscado modificar distintos cuerpos legales para tratar de involucrar a los gobiernos locales en su supuesta “guerra contra el narco”, y así se legisló hace unas semanas para hacerlos responsables del “narcomenudeo”.
8. La ideología reaccionaria de Calderón, que como los conservadores del siglo XIX detesta al Estado federal y busca destruirlo, se identifica así con las políticas expansionistas de Washington, como en muchos otros aspectos del proyecto neoliberal.
9. La intervención estadunidense a escala de los estados no se ha hecho en consecuencia esperar, y esta vez sus cómplices son los priístas. Con el operativo llevado a cabo por la policía mexiquense para detener al capo El Compayito, a todas luces dirigido por la DEA, el gobernador Peña Nieto buscaba enviar a Washington el mensaje de que de ser ayudado para llegar a Los Pinos está dispuesto a ser tanto o más obsecuente con las agencias estadunidense que Calderón: y en consecuencia, a proseguir la “guerra” en los mismos términos. El operativo falló empero no nada más por la barbarie con la que actuaron los agentes mexiquenses allanando tres domicilios de gente acomodada en Tlalpan y muchos otros de personas modestas, y violentando los derechos de muchos mexicanos, sino porque ignoró los principios centrales del régimen federal, pues la policía mexiquense no tiene atribución alguna para actuar en el Distrito Federal.
10. La gravedad de la situación es cada vez mayor, y lo que está en juego con la “guerra de Calderón” y con su “Ley de Seguridad Nacional” no sólo son los derechos de los mexicanos sino la existencia misma de México como una nación libre, por lo que no debe escatimarse esfuerzo alguno para impedirlo, sin dejar de gritarles a Calderón y a sus cómplices que: “¡Ya basta!”
