El episodio hace pertinente recordar el clima de hostigamiento, persecución y muerte que ha asolado a la familia Reyes Salazar, la cual tiene un historial de varias décadas de activismo social que incluye la oposición a un basurero tóxico en el sur de Texas, el activismo sindical en contra de las maquiladoras de la región, la lucha por el esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la denuncia por los abusos cometidos en el contexto de la militarización de esa urbe fronteriza. Desde que Juan José Reyes Reyes fue levantado y ejecutado en noviembre de 2008, la madre de éste, Josefina Reyes Salazar, emprendió una decidida campaña de denuncia y defensa de los derechos humanos ante autoridades federales y estatales, en el contexto de la cual responsabilizó a militares por la desaparición de su hijo. El activismo de Josefina Reyes continuó tras la detención de otro de sus vástagos –Manuel, acusado de vínculos con la delincuencia organizada– y, tras una temporada fuera de Distrito Bravos a consecuencia de las amenazas en su contra, fundó el Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez, y fue finalmente asesinada el 3 de enero de 2010, en un episodio que causó gran indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el país.
La tragedia familiar se acentuó en agosto del año pasado con el homicidio de Rubén Reyes Salazar, y prosiguió en febrero de 2011, cuando las hermanas de Josefina y Rubén, Marisela y Claudia Reyes Salazar, denunciaron el plagio de otros tres integrantes de la familia: Magdalena y Elías Reyes, así como Luisa Ornelas. En el contexto de las protestas realizadas por estos secuestros frente a la Fiscalía del Norte en Ciudad Juárez, fue incendiada la casa de Sara Salazar –madre de Josefina, Rubén, Marisela y Claudia– pese a estar ubicada a sólo 100 metros de un destacamento del Ejército. Poco tiempo después, el 25 de febrero, fueron hallados los cuerpos sin vida de los tres integrantes de la familia que habían sido levantados.
Con esos antecedentes, y con el precedente inmediato de lo ocurrido a Isela Hernández, es inevitable concluir que los ataques a los Reyes Salazar y su entorno social de apoyo obedecen a un designio de exterminio. La circunstancia obliga a recordar el estado de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran activistas sociales, defensores de derechos humanos y prácticamente cualquier ciudadano que decida alzar la voz y reclamar justicia; otro botón de muestra de esta circunstancia es el asesinato, en diciembre pasado, de Marisela Escobedo Ortiz, quien protestaba frente al palacio de gobierno de Chihuahua en protesta por el asesinato de su hija Rubí.
Ante el quebranto generalizado del estado de derecho en las localidades fronterizas del Valle de Juárez, y en diversos puntos del país, y ante los indicios de una campaña de aniquilación contra familias enteras, los gobiernos de los distintos niveles no pueden mantener la línea discursiva seguida hasta ahora de que la estrategia actual de combate al crimen organizado es la correcta y que no debe ser modificada. Por el contrario: la continuidad en las agresiones sufridas por los Reyes Salazar no sólo exhibe el carácter contraproducente de la política de seguridad vigente, sino también pone en entredicho su veracidad: aun suponiendo que fuera cierto el argumento de que “tomará tiempo” al Estado recuperar el control de aquellas zonas del territorio actualmente bajo dominio del crimen organizado, resulta llanamente inverosímil que las autoridades sean incapaces de dar protección cuando menos a una familia que viene siendo amenazada y agredida sistemáticamente desde hace años.
En lo inmediato, es responsabilidad insoslayable de las autoridades estatales y federales investigar las denuncias formuladas por los Reyes Salazar, sobre todo aquellas que apuntan a que los crímenes en su contra han sido perpetrados por grupos armados que operan con la anuencia de autoridades de distintos niveles. En la medida en que esto no ocurra seguirá poniéndose en evidencia el despropósito y la demagogia que representan la estrategia de seguridad en curso, y no habrá operativo, decomiso o detención que alcance para revertir este descrédito.
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