Investigadores del Congreso dicen que al menos seis figuras de los cárteles de la droga mexicanos, implicados además en el contrabando de armas hacia el país, eran informantes de las agencias norteamericanas. Mientras el FBI y la DEA les entregaba dinero, los agentes de la ATF intentaban detenerlos. Los traficantes eran “peces gordos” que siguen operando en México
Los investigadores del Congreso que dan seguimiento a Rápido y Furioso (“Fast and Furious”), una operación oficial que permitió el tráfico de armas hacia México, creen que al menos seis figuras de cárteles de la droga implicados en el contrabando también fueron pagados por el FBI, revela este día un reportaje de Los Ángeles Times.
Los investigadores han solicitado al FBI y la DEA detalles acerca de los supuestos informantes, así como por qué los agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), quienes desarrollaron la operación de “Rápido y Furioso”, no fueron informados al respecto.
El programa fue creado en noviembre de 2009 en un esfuerzo por rastrear las armas por la frontera y desentrañar las redes de los cárteles de contrabando de armas. El rastreo de armas fracasó en gran medida. Sin embargo, y cientos de armas compradas en las tiendas de Estadios Unidos fueron encontrados en escenas del crimen en México.
El escándalo ha enfurecido a funcionarios mexicanos y a algunos miembros del Congreso. Los investigadores dicen que a cerca de 2,500 armas de fuego se les permitió el flujo ilegal en México bajo el programa de la ATF, alimentando la violencia del narcotráfico.
En una carta al director del FBI, Robert S. Mueller III, los investigadores le preguntaron por qué el dinero de los contribuyentes estadounidenses pagó a los miembros de los cárteles mexicanos que han aterrorizado a la región fronteriza durante años.
“Hemos encontrado la posible participación de informantes pagados por el FBI en la operación”, escribieron el representante Darrel Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, y el senador Charles E. Grassley de Iowa, el principal republicano en el Comité Judicial del Senado. Los dos han sido los principales críticos del Congreso del programa, dice Los Ángeles Times.
“Por lo menos una persona que es supuestamente un informante del FBI podrían haber estado en contacto y conspirando con al menos uno de los sospechosos a los que la ATF sigió”, escribieron. El FBI y la DEA no informaron a la ATF sobre estos supuestos informantes. Los investigadores del Congreso y la ATF supieron más tarde que las agencias estaban pagando a miembros del cártel que la ATF quería detener.
“La operación fue concebido para obtener algunos de los peces más grandes allí”, dijo al Times un funcionario cercano a la investigación del Congreso, quien pidió no ser identificado debido a que la investigación está en curso. “Luego resultó que algunos de los que estaban siguiendo en realidad eran informantes posiblemente pagados”.
El funcionario dijo que al menos media docena de figuras de cártel estaban siendo pagados por una agencia mientras eran perseguidos por otra.
“Estamos aprendiendo más sobre ellos, y hay seis que hasta ahora conocemos. Son muchos, seguramente”, dijo el funcionario.
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