Jaime Avilés
Están ocurriendo extrañas cosas en las cloacas del país, es decir, en los más altos niveles del gobierno” federal (o lo que sea). Por ejemplo, hace unos días, la casa encuestadora GEA –sí, una de las empresas particulares del director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles González Garza– reveló que en la nueva Cámara de Diputados, recién electa el pasado 5 de julio, Felipe Calderón tendrá bajo su control directo 16 legisladores, mientras Andrés Manuel López Obrador dispondrá de 29 y Enrique Peña Nieto, de 46.
La respuesta de Los Pinos, aparentemente, llegó ayer, menos de una semana después, con la noticia de que la Procuraduría General de la República “descubrió” una red de 12 bandas delictivas que desde hace 10 años se dedican a robar, adulterar y vender gasolinas y diesel. Sólo en 2008, agrega la PGR, extrajeron “casi 5 millones de barriles”, causando un perjuicio económico estimado en 9 mil 300 millones de pesos.
¿Hay una relación de causa y efecto entre ambos hechos? ¿Reyes Heroles se distrae de sus ocupaciones petroleras para difundir que ahora Calderón vale políticamente menos que López Obrador y mucho menos que Peña Nieto y, por tanto, la PGR lo amonesta insinuando que debería prestar más atención al negocio que regentea y evitar que sus empleados se lleven a casa la mercancía? Como dijo Descartes, no lo descartes...
Otra. La prensa amiga del régimen realiza un hallazgo escalofriante, inesperado, devastador. Investigaciones independientes llegan a la conclusión de que diversos actores políticos desvían los fondos del Procampo a sus propias cuentas bancarias. Más: las pesquisas ponen de relieve que esta práctica, insólita e insospechada, se realiza desde hace nueve años. ¿Por qué nadie se había dado cuenta? ¿No habrá un error en la información? ¿Estarán hablando en serio?
Todo parece indicar que sí. Es más, según fuentes bien calificadas, los economistas de Los Pinos discuten ya la forma de acabar de una vez por todas con ese foco de corrupción que es Procampo. O dicho de otro modo, como el calendario electoral quedó atrás, el “gobierno” (o lo que sea) recortará drásticamente los programas sociales en el presupuesto del año próximo.
La columna Dinero, de Enrique Galván Ochoa, informó ayer que “la producción industrial de (Japón) la segunda potencia del mundo, dio un salto impresionante en el segundo trimestre del año, creció 8.3 por ciento, el mayor estirón desde 1953. China (...) había bajado el ritmo, pero en el segundo trimestre del año retomó la ruta de desarrollo de dos dígitos. El gobierno aplicó una inyección de 586 mil millones de dólares para reactivar la economía”.
Luego de repasar los casos de Brasil y Chile, donde también hubo signos de recuperación en abril, mayo y junio, Galván subraya que “es en el mismo segundo trimestre cuando la economía de México registró una de las mayores caídas de los tiempos recientes, de 10 u 11 por ciento”.
El año pasado, cuando la crisis económica estalló en toda su magnitud, López Obrador propuso con insistencia un programa de austeridad que, mediante la reducción de salarios en los altos niveles de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, permitiría ahorrar 200 mil millones de pesos, mismos que podrían ser inyectados, como lo hicieron los chinos, a diversos sectores productivos.
Como era de esperarse, Calderón no se dio por enterado. Atado de pies y manos por sus compromisos con todos aquellos a quienes les juró servirlos de rodillas a cambio de que lo dejaran ponerse la banda presidencial, no tuvo más remedio que mantener intactos los sueldos y las faraónicas prestaciones de sus colaboradores y cómplices en el “gobierno”, en las cámaras y en la Corte. Ahora, como ya pasaron las elecciones, el presupuesto del año entrante, destinado a las actividades agropecuarias, sufrirá una drástica disminución, mientras los ingresos de los altos funcionarios del régimen serán reforzados, vamos a ver cómo, para que no sufran las consecuencias de la Ley de Salarios Máximos, que entrará en vigor en 2010.
En noviembre de 2004, después de la relección de George WC Bush a la presidencia de Estados Unidos, la columnista Amy Goodman relató en este diario una anécdota de su infancia. Contó que en su pueblo natal, cuando un perro mataba una gallina, era castigado con saña didáctica: le amarraban la gallina al pescuezo hasta que se pudriera, y andaba con ella, enfermo de repugnancia, soportando la peste, durante días. Para que nunca más lo volviera a hacer.
El “gobierno” surgido del fraude electoral de 2006 llegó a su fin el 5 de julio de 2009, hace menos de un mes. Si Calderón, a lo largo de 2007 y 2008, fue incapaz de obtener el respeto de nadie –ni del pueblo, que nunca lo reconoció como “presidente”, ni de los gobernadores priístas, que lo ayudaron a llegar a Los Pinos a cambio de impunidad absoluta–, hoy, después de la debacle, políticamente, es un fantasma.
En la metáfora de Amy Goodman, Calderón es la gallina muerta y nosotros, los ciudadanos, el perro que la traerá atada al cuello durante los próximos tres años y medio, hasta diciembre de 2012. Pero entonces tomará el poder Peña Nieto para que nada cambie por lo menos hasta diciembre de 2018, y aun después. Así es como tienen planificado el futuro inmediato las 30 familias propietarias de nuestro país, es decir, de nosotros mismos, de nuestros sueños y de nuestro destino.
Este es el significado profundo del manifiesto que López Obrador publicó el jueves, dirigido al pueblo de México. En la época del PRI-gobierno, recordó, al final de cada sexenio el presidente saliente era devorado por el sistema –sus errores, fracasos, abusos y excesos de repente salían a la luz y los repudiaba todo mundo– para que el entrante, con plena comodidad, se adueñara del escenario y renovara las esperanzas de las mayorías. Hoy está ocurriendo lo mismo, sólo que a destiempo. Después del desastre electoral del 5 de julio, afirma el político tabasqueño, “una vez más estamos siendo testigos de la recomposición del mismo régimen (...) cuando el gobierno de Calderón ni siquiera ha cumplido tres años”.
Esto “explica por qué la oligarquía impulsó, o cuando menos permitió que resurgiera el PRI y progresara la intentona de imponer a Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia de la República en 2012, para seguir manteniendo la misma política de corrupción y de privilegios”. El diagnóstico es correcto; el pronóstico, en cambio, parece difuso.
De todos los aspirantes presidenciales del PRI, Peña Nieto es el más joven. Tendrá que resistir, sin desgastarse, de aquí a noviembre de 2011, cuando tal vez lo destapen. Faltan muchos meses y muchos días. Su imposición está muy lejos de ser un designio fatal. Por eso, el manifiesto de López Obrador llama a sus seguidores a “seguir sumando a más representantes del gobierno legítimo”, esto es, a seguir construyendo una nueva fuerza política en todo el país para ganar las elecciones de 2012, echar a la basura el modelo neoliberal y desatar un proceso de transformaciones profundas a corto y a largo plazos. No es tarea fácil, pero tampoco imposible.
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