Ordeña de gasolina

Una refundidita

Nuevas aguas profundas

Condena la CEM asalto a parroquia michoacana

El organismo destaca que la incursión en el recinto religioso
es un acto que “ofende” a la Iglesia católica, y pide a los tres niveles de gobierno evitar que se repita un hecho semejante.

Mar, 04/08/2009 - 05:02

La ceremonia religiosa comenzó el sábado a las siete de la noche, pero 20 minutos después irrumpió la fuerza pública. QuadratínMéxico.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo pública su “enérgica protesta” ante “la falta de respeto y violencia” ejercida por policías federales al irrumpir en la celebración de una misa el pasado sábado en Apatzingán, Michoacán, para detener a integrantes de La Familia.

De esta forma, la jerarquía católica se sumó a las protestas contra la realización de operativos de las fuerzas federales en los que se violan las garantías individuales.

Esta es la primera ocasión en que personal policial ingresa a un templo para detener a integrantes de bandas del narcotráfico. Por ello, el arzobispo de Michoacán, Alberto Suárez Inda, vicepresidente de la CEM, advirtió que el hecho no puede pasar “desapercibido” y debe evitarse su repetición.

Por la mañana, el Episcopado decidió emitir el comunicado de prensa, en el que expresó su malestar; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se tenía conocimiento de que el documento hubiera sido remitido de manera formal a las autoridades.

Para la CEM, la misa celebrada el pasado sábado en la parroquia del Perpetuo Socorro, ubicada en el municipio de Apatzingán, “era el acto sagrado más importante para los fieles católicos” . Por tanto, añadió, no se justifican los medios utilizados en éste u otros casos.

“Nada explica este tipo de acciones dentro de un recinto religioso y menos en estos momentos en que México es señalado internacionalmente como un país inseguro y violento”, aseguró el organismo de la Iglesia católica.

La CEM llamó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a evitar que se repitan estas conductas, sobre todo porque se realizan por aquellos que deben guardar la seguridad y el orden.

El sábado pasado, mientras se realizaba una misa con motivo de los 15 años de una joven, al menos 200 elementos de la Policía Federal irrumpieron en el templo y ordenaron a los asistentes tirarse al suelo. Las mujeres y niños fueron separados del grupo y posteriormente se les dejó en libertad.

La revisión de hombres fue más exhaustiva, pues se les solicitó identificación y al final quedaron en calidad de detenidas al menos 33 personas, quienes fueron trasladadas a la Ciudad de México la noche del domingo.

Acciones inéditas

Manuel Corral, encargado de las relaciones institucionales de la CEM, la incursión de los policías federales es un “acto que ofende” a la Iglesia mexicana.

Comentó que no hay antecedentes de que en la lucha que libran las autoridades federales contra el crimen organizado se hayan “profanado” templos para detener a presuntos narcotraficantes.

El Episcopado Mexicano manifestó también su apoyo y solidaridad a Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, y a toda la feligresía de la región, quienes “ha sufrido las consecuencias de la violencia a causa del narcotráfico en esa región”.

“En estos momentos en que la zozobra e incertidumbre asolan al país —señala la CEM—, apoyados en la fe se tiene la firme esperanza de construir un México de paz, justicia y concordia.”

En el editorial del Centro Católico Multimedia, dependiente del Episcopado, se condena el operativo y se cuestiona: “¿Cómo creer y retomar la confianza en las instituciones cuando estas mismas son las primeras encargadas en hacer todo lo posible para que ya no se les crea?

“Los hechos de Apatzingán sólo demuestran ineficacia e intolerancia de autoridades incapacitadas para ejercer las labores que el pueblo les ha encomendado. Esperamos que esto no sea un acto repetitivo y mucho menos que se vuelva un acto común, como la violencia que a diario vemos en nuestra ya de por sí golpeada nación.”

Aval a operativos

Manuel Corral, secretario ejecutivo de la CEM, aseguró que el repudio al operativo federal no significa un aval a las organizaciones criminales.

En entrevista con José Cárdenas, para Radio Fórmula, dijo que desde que se inició la lucha contra el hampa la Iglesia ha apoyado las decisiones del presidente Felipe Calderón y las acciones del Ejército.

El pasado 22 de abril, MILENIO publicó en su primera plana que el gobierno federal y la Iglesia pactaron una “colaboración” discreta contra el narco.

Ni en el PAN lo conocen...¿quién pompó diputación?

Carlos Hermosillo parece experto en el deporte de rebotar cheques

Carlos Hermosillo dirá lo que quiera, pero su deporte favorito parece ser el rebote de cheques. El ex futbolista profesional y ex candidato del PAN a diputado federal por Córdoba, Veracruz, es acusado de no pagar 60 mil pesos en salarios a promotores del voto. Nos dicen que fueron contratados para la campaña del también ex titular de la Conade, a través de Imagine Media Group, SA de CV. De acuerdo con Leyla Joel Jiménez Cruz, representante del grupo de supuestos defraudados, Enrique Nieto, del equipo de Hermosillo, llamó a 30 de ellos, los puso a trabajar, y como perdieron la elección se desentendieron. Los jóvenes fueron ante el dirigente municipal del PAN, Eduardo Illescas, y recibieron amenazas. Usted recordará que cuando iniciaron los Olímpicos de Beijing 2008 prometió premios de hasta 5 millones de pesos por medalla, y a la hora de pagarle a los taekwondoínes Guillermo Pérez y María Espinoza, y a las clavadistas Tatiana Ortiz y Paola Espinosa, rebotaron los cheques. Tres meses antes le descubrieron un acta de nacimiento apócrifa, y justo cuando se lanzó por el PAN se supo que pagó un adelanto de 500 mil dólares a la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) para traerse el Premundial… y se perdieron porque no liquidó el millón restante para la realización del evento. La FIBA le quitó la sede a México. Así se esfumaron los 500 mil dólares. Hermosillo dice ahora que debido a sus largos antecedentes, ahora los promotores buscan chantajearlo. ¿Usted le cree?



Dramático que en los últimos 18 meses hayan asesinado a 17 periodistas en México, y que 365 sufrieran actos de intimidación (Fundación Manuel Buendía). Desgarrador saber que la violencia contra comunicadores en el país sea sólo similar a la que se padece en Somalia, y que México sea ya más peligroso para los reporteros que Irak ( International News Safety Institute). Terrible es saber que las familias siguen en su tristísima marcha por los terrenos de la injusticia. La mayoría de los crímenes siguen impunes, y peor: los asesinos actúan cada vez con más brutalidad y descaro. Así se dio muerte en Guerrero al conductor y reportero de W Radio, Juan Daniel Martínez Gil, apenas el 27 de julio pasado. ¿Y la autoridad?





La captura de Miguel Ángel Beraza Villa, “La Troca”, se dio gracias a la colaboración de la DEA… según la DEA. Ayer, la directora en funciones, Michelle Leonhart, presumió a los medios la detención de este miembro de La Familia como fruto de la colaboración bilateral. Pues aunque se le debe mucho a esa oficina de EU, esta vez no. Eso nos dice una fuente. ¿Será que los agentes en México se quieren dar su taco a una semana de la llegada de Barack Obama a Guadalajara?




Apunte final: Ayer reapareció Gerardo Ruiz Mateos. Hasta un discurso dio. Le están dando juego. Bien, bien. Para aquellos que no estaban enterados, México tiene un secretario de Economía. Es él.

Percepción de desprecio

En horas del mediodía del sábado de la semana pasada, unos 60 menores, integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, procedentes de diversos puntos del país, sufrieron daños oculares y quemaduras cutáneas debido al intenso sol, combinado con la potente iluminación artificial que debieron padecer durante una presentación fuera de programa en el patio de la Secretaría de Educación Pública, a donde fueron llevados para que interpretaran, ante el titular de esa dependencia, Alonso Lujambio, diversas piezas. Los pequeños músicos no fueron atendidos sino horas más tarde, en un nosocomio especializado, en donde les informaron que las quemaduras oculares desaparecerían en unos días, y luego fueron concentrados en un hotel, en donde padecieron ceguera temporal y dolores por las quemaduras en la piel.

El imperdonable descuido y el maltrato institucional hacia los menores no parecen ser, por desgracia, hechos aislados. Cabe recordar que hace poco más de un año, a finales de mayo de 2008, una veintena de niños de primaria y secundaria se desmayaron por insolación combinada con hambre, durante una ceremonia cívica presidida por el entonces secretario de Gobernación, el extinto Juan Camilo Mouriño, en el patio central del Palacio de Cobián.

Mucho más trágica resultó la indiferencia y el desdén de los gobernantes en el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde 49 niños y niñas han muerto hasta ahora por quemaduras y asfixiados durante un incendio que, a dos meses, sigue sin ser plenamente esclarecido, y cuyos responsables institucionales y empresariales parecen haber gozado, desde entonces, de una lentitud en la procuración de justicia que se parece mucho al encubrimiento.

En los dos primeros casos mencionados, y en contraste con discursos oficiales que hablaban de la pertinencia de proteger a los niños del país y de apoyar y estimular su desarrollo físico e intelectual, los menores fueron colocados en un entorno inclemente y en un horario a todas luces inadecuado, acaso para acomodarlos a los huecos de la agenda de altos funcionarios, o bien utilizados como meros elementos escenográficos para rituales burocráticos. En el tercero se evidenció el espíritu mercantilista del programa de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual el bienestar y la seguridad física de los pequeños resultan relegados ante el afán de procurar oportunidades de negocio para los allegados al poder y sus familiares.
Resulta inevitable, a la vista de esos episodios exasperantes que refieren una suerte de maltrato infantil institucionalizado, percibir un desprecio hacia la población en general por parte del actual grupo gobernante, percepción que se fortalece si se recuerdan las historias de desdén, maltrato hospitalario y negación de atención que, durante la emergencia sanitaria de abril y mayo pasados, sufrieron pacientes que se presentaron a los hospitales del sector salud en demanda de tratamiento para la influenza recién surgida. La indiferencia se confirma si se realiza un rápido repaso de la indolencia, la tardanza y la insuficiencia con que ha actuado el gobierno federal ante la crisis económica mundial que, precisamente por eso, adquirió, en nuestro país, proporciones y profundidad mucho más graves que en otras naciones.

La irresponsabilidad y la frivolidad con que fueron tratados los jóvenes integrantes de la orquesta sinfónica el sábado pasado, constituyen conductas inaceptables y sus consecuencias no deben ser minimizadas en virtud del hecho, ciertamente afortunado, de que los daños físicos sufridos por los menores no hayan tenido, al parecer, consecuencias mayores. Por el contrario, si no se desea confirmar la percepción social arriba mencionada, debe ofrecerse a la sociedad una explicación puntual sobre lo ocurrido y deslindar las responsabilidades que correspondan entre los funcionarios que organizaron un acto tan desatinado.

Magistrados ricos, Justicia pobre : "Aluvión de prestaciones llena los bolsillos de los siete magistrados del TEPJF"

Jaime Avilés

Mientras la Secretaría de Hacienda anuncia aumentos a las tarifas de electricidad y otros servicios, para hacer frente al déficit fiscal causado por la crisis económica, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –María del Carmen Alanís Figueroa, Flavio Galván Rivera, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza, José Alejandro Luna Ramos, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López– ganan en conjunto 28 millones 816 mil 723 pesos anuales.

De acuerdo con el Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, cada uno de ellos recibe 4 millones 116 mil 646 pesos al año, o lo que es lo mismo, 343 mil 53 pesos al mes, sin mencionar que disponen de dos vehículos lujosos, dos choferes y dos celulares, o que entre todos comparten 45 niñeras y 17 cocineras.

En la página 33 del manual, sus emolumentos individuales se desglosan de la siguiente forma: “sueldo base anual”, 410 mil 486 pesos; “compensaciones garantizadas o de apoyo”, un millón 733 mil 182 pesos; “prestaciones nominales”, 837 mil 385 pesos; “prima vacacional”, 59 mil 546 pesos; “aguinaldo”, 330 mil 814 pesos, y “asignaciones adicionales”, 745 mil 233 pesos.

Estas cantidades resultan de dividir entre siete los montos de sus ingresos colectivos, tal como éstos aparecen en el citado documento, a saber: sueldo base anual, 2 millones 873 mil 405 pesos; compensaciones garantizadas o de apoyo, 12 millones 132 mil 279 pesos; prestaciones nominales, 5 millones 861 mil 695 pesos; prima vacacional, 416 mil 823 pesos; aguinaldo, 2 millones 315 mil 699 pesos, y asignaciones adicionales, 5 millones 216 mil 632 pesos.

Aunque, de acuerdo con el documento, el sueldo base de un magistrado es de 34 mil 207 pesos mensuales, en los hechos todos se embolsan una cantidad 10 veces mayor, gracias a los múltiples beneficios que les otorga su contrato, entre éstos, particularmente, las “compensaciones garantizadas o de apoyo”, mejor conocidas como “bonos”, que ellos mismos se asignan cada tres meses.

“¡Ya llegó Bonifacio, ya llegó Bonifacio!, gritan como niños chiquitos, y se hablan por teléfono, cada vez que reciben un bono”, relatan a La Jornada empleados del tribunal que pidieron la protección del anonimato para no perder su puesto de trabajo.

Los magistrados, añaden los informantes, “ganan tanto que no saben qué hacer con su dinero. Por eso tienen cuatro o cinco coches del año, aparte de los dos que les corresponden por ley, y siempre que pueden se van de viaje. Uno de ellos [José Alejandro Luna Ramos] se fue a París, pero en su oficina dejó instrucciones de que si preguntaban por él dijéramos que andaba en Guadalajara”.

Sus fantásticas ganancias –en un país de 80 millones de pobres– no desalientan, ni mucho menos, los casos de corrupción, como el del ex magistrado presidente Flavio Galván Rivera, a quien se investiga en la actualidad por haber entregado una factura de gastos por 500 mil litros de agua Electropura.

El Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios... fue aprobado el pasado 23 de febrero por Luis I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del TEPJF. Allí consta que los siete magistrados recibieron un incremento salarial de aproximadamente 240 mil pesos respecto de 2008, cuando en promedio cada uno de ellos cobraba 324 mil 860 pesos mensuales.
En el documento correspondiente a 2009 gozan de las siguientes prestaciones:

“Seguro de vida equivalente a 40 meses de percepción ordinaria”, “seguro colectivo de retiro por 25 mil pesos”, “seguro de gastos médicos mayores por el equivalente a 740 salarios mínimos mensuales”, “seguro de gastos para el cuidado de los ojos”, “seguro de separación individualizado, que se forma de lo que aporte el magistrado más una cantidad igual que aporta el tribunal, más los intereses bancarios”, “prima quincenal”, “prima vacacional”, “aguinaldo”, “pago por defunción (cuatro meses del último sueldo tabular)”, “gastos funerales”, “compensación por presidencia o decanato”, “estímulo por jubilación”, “estímulo por antigüedad”, “gastos de alimentación”, y “boletos de avión para hijos, cónyuges y acompañantes”.

Al analizar este aluvión de privilegios, los empleados del TEPJF consultados al respecto destacaron que, entre otras prestaciones, los magistrados cobran una prima especial por trabajar “en exceso”. Sin embargo, “casi nunca vienen al tribunal, siempre andan quién sabe dónde y sólo se presentan cuando hay sesión plenaria”.

En efecto, en la página 16 del Manual de percepciones... se especifica que los servidores públicos del TEPJF, entre ellos por supuesto los magistrados, recibirán una compensación extraordinaria “en retribución al desahogo de cargas de trabajo en exceso o adicionales a sus jornadas y horarios ordinarios durante los procesos electorales federales y locales, (lo) que incluye jornadas nocturnas y guardias en sábados, domingos y días festivos”.

Un magistrado, en realidad, es el coordinador de un equipo integrado por 34 personas: un asesor, un secretario particular, 11 secretarios de estudio y cuenta, cinco secretarios auxiliares, dos secretarias de oficina, 10 secretarias de ponencia, dos choferes y dos oficiales de servicio.

Los secretarios de estudio y cuenta, los que de veras redactan los proyectos de sentencia que luego discutirá el pleno del tribunal, ganan anualmente un millón 356 mil 816 pesos, en tanto una secretaria de oficina cobra 374 mil 705 pesos y una niñera 151 mil 441 pesos, salario casi idéntico al de las cocineras del Poder Judicial de la Federación.

Pese a que dentro del tribunal no hay una guardería para los hijos de los trabajadores, el presupuesto contempla el pago de 45 niñeras, que los magistrados comparten con los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los empleados del TEPJF consultados acerca de este misterioso tema, respondieron que las “nanas” prestan sus servicios a domicilio, aun cuando los magistrados en general son personas mayores o, como en el caso de la presidenta, María del Carmen Alanís, no tienen hijos.

Las cocineras, aseguran los informantes, “se aburren. Como los magistrados casi nunca van al tribunal, allí están nomás, encerradas en la cocina, esperando. La que más las usa es doña Maca [sobrenombre de María del Carmen Alanís] que a cada rato trae a comer a sus invitados”.