Redacción Megáfono. Fecha: 28 diciembre, 2014
Arturo Miranda Ramírez, catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) investiga el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa y la detención-desaparición de 43 en Iguala ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, trabajo que será reunido en un libro que se publicará el próximo año.
“En mi libro digo que, tal pareciera que Peña Nieto y el gobierno federal, hablando coloquialmente escupió al cielo sin esperar que el escupitajo le cayera en la cara porque pensó que iban a encubrir los hechos y que al rato iba a quedar impune”, señaló en una entrevista el también ex integrante del grupo armado de Genaro Vázquez Rojas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR).
Afirmó que “hay una obstinación de encubrir a los verdaderos responsables de los hechos y generar un ambiente para que todo se vaya olvidando, y se les garantice impunidad”, sin embargo puede ser una medida contraproducente para el gobierno federal dado que se genera un ambiente de mayor radicalización de movimiento por Ayotzinapa.
La campaña de hacer creer que María de los Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca, ex presidente municipal, “es la cosa más falsa, sin querer decir que ellos no tuvieron nada que ver, porque, finalmente, Aguirre Rivero también estaba interesado en golpear en cualquier circunstancia a los normalistas”.
Sobre el Ejército y la policía federal afirmó que “la información que yo he recabado es que nunca estuvieron lejos de los hechos, a tal grado que amigos y compañeros míos de Iguala participaron en apoyo a los heridos para llevarlos a los hospitales y todavía presenciaron cuando los militares andaban quitándoles los celulares a los muchachos y al que se resistía lo agarraban a patadas”.
E incluso Miranda Ramírez afirma tener testimonios de que el Ejército tuvo detenidos en sus instalaciones a algunos de los estudiantes, e incluso ha confirmado la versión de que existía el plan del gobierno federal para eliminar a 17 normalistas, “fueran de la normal que fueran, porque se considera al sector más radical en contra de la política de Peña Nieto”.
El titular del Ejecutivo Federal tienen en su plan el aniquilamiento de los líderes sociales que no comulguen con su proyecto de gobierno “y vemos en Guerrero cuantos dirigentes sociales han sido asesinados; Arturo Hernández, Rocío Mesino, Raymundo Velázquez, José Luís Olivares, por citar sólo algunos”.
Pero en el caso de Iguala el gobierno no midió las consecuencias “ellos pensaron que sería como en la vieja época del PRI, que lo que el gobierno dijera esa sería la verdad y era indiscutible, pero hoy, con los grandes avances tecnológicos en el campo de la comunicación y la información, eso ya no lo pueden controlar y entonces esto trascendió a nivel mundial”.
Pero en el caso de Iguala el gobierno no midió las consecuencias “ellos pensaron que sería como en la vieja época del PRI, que lo que el gobierno dijera esa sería la verdad y era indiscutible, pero hoy, con los grandes avances tecnológicos en el campo de la comunicación y la información, eso ya no lo pueden controlar y entonces esto trascendió a nivel mundial”.
Asimismo, expresa que las principales vías de acceso a la ciudad de Iguala fueron resguardadas por la Policía Federal y el Ejército mientras se ejecutaba a los estudiantes, “no se podía entrar ni salir, la gente de Iguala ni los que venían de México, de Taxco o de Tierra Caliente, no sabían lo que estaba pasando ni porqué estaba tomada la ciudad por los soldados y la Policía Federal”.
Refutó el argumento del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que fueron los policías municipales de Iguala y sicarios de Guerreros Unidos los que sacaron de la ciudad a los estudiantes.
“Si estaba rodeado Iguala, como hay constancia de que así fue, ¿cómo es que sacaron a 43 jóvenes sin que nadie los viera, cuando por cualquier ruta que hubieran querido sacarlos tenían que pasar por un retén del Ejército y la Policía Federal?”, la conclusión a la que llega el académico es que los normalistas fueron sacados en vehículos del Ejército.
Sólo el Ejército y la Policía Federal podían mover esa noche del 26 y madrugada del 27 a los 43 estudiantes, “porque no se podían revisar ellos mismos en los retenes, sólo ellos podían matar y sacar a cuanta gente quisieran sin dejar huella y hoy son los elementos del Ejercito los que saben dónde están esos desaparecidos, o si de verdad los incineraron sólo pudo ser en hornos crematorios controlados por el Ejército”.
Además de que le consta que existen hornos crematorios en instalaciones militares porque cuando estuvo detenido-desaparecido, en los años 70, escuchaba que cuando alguno de los torturados se les moría, los jefes militares daban la orden: “quémenlo en el horno”.
Sobre los restos de Cocula que fueron identificados del estudiante Alexander Mora Venancio, “yo quiero pensar que fue trasladado de algún horno crematorio del Ejercito para aparentar que ahí (en Cocula) murieron todos”, para sostener sus hipótesis cuenta con argumentos de investigadores químicos, biólogos y médicos, que demuestran que los jóvenes no fueron incinerados en ese lugar.
Por lo que para Arturo Miranda el responsable por acción u omisión es el Batallón 27 de Iguala, no sólo de los hechos del 26 y 27 de septiembre sino de todo el contexto que se vive en esta ciudad guerrerense.
“Cuántas fosas comunes están apareciendo por todos lados, y cómo es que no se enteran los militares y la Policía Federal, cuando el estado prácticamente está en estado de sitio, por donde quiera hay cientos de militares, tanto los que vemos como los que no vemos porque andan encubiertos en la inteligencia militar y en el Cisen”.